Vicente A. Galli

¡Muchas gracias Silvia y Alejandra! He aprendido mucho con la lectura del libro. Con la activación de varias derivas y recuperaciones retroactivas de memorias y vivencias he resignificado y movilizado cartografías personales que, por supuesto, son las vivencias en mi actualidad de aquellas marcas y recuerdos.

Comenzando mi tarea, no me supongo llegando a conclusiones; creo que estoy más en la línea de aportar comentarios y reflexiones que puedan ayudar al lector a ubicar sus propias elaboraciones y estimularse con ellas para la relectura crítica de partes seleccionadas, o elegidas al azar, revisando el texto ya leído.

Es clave la “Introducción”, útil para releer. Al integrar narraciones intimistas con comprensiones conceptuales de nuestras estructuraciones subjetivas como sujetos de cultura, en ella las autoras brindan una clave fundamental para la comprensión de la obra en su conjunto y en sus intimidades elaborativas. La narración, como “compañeras de ruta” en el campo de la salud mental, de la historia fundacional del libro, con el que construyen una plataforma de relanzamiento y condensación de conocimientos compartibles para continuar luego sus tareas y andares, invita al lector a ubicarse en actitud de diálogo con sus propuestas de análisis de los diez años trascurridos desde la sanción de la LNSM. Destaco cómo el análisis y las herramientas que encuentran para pensar y narrar incluyen sus subjetividades, sus memorias directas, las narrativas de otros, sus saberes conceptuales, lazos sociales, creencias y muchos componentes más que ubican ligados a ese nuevo campo que se fue abriendo en las ciencias sociales. Y su postura, como investigadoras desde la universidad pública en la época en la que se fue dando la fecundación y resignificación del campo de la salud mental desde el de los derechos humanos.

Tomando lo que dije sobre cómo invitan al diálogo, parece sensato explicitar desde dónde veo y hablo. Yo provengo de épocas anteriores, cuando el campo de la salud mental aún no tenía ese nombre, aunque retroactivamente se lo reconozca como tal. “Mental” aparece en 1948 en la clásica definición de salud en el texto de Constitución de la OMS, cuando dice “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o falta de salud” (OMS, 2006). En Argentina, en el marco del gobierno de facto de la llamada “Revolución Libertadora”, en 1955 se crearon el Instituto Nacional de Salud Mental, las primeras carreras de Psicología del país y el primer Servicio de Psicopatología en un hospital general, cuyo jefe fue Mauricio Goldenberg. En cuanto al ámbito científico gremial, en 1959 se fundó la Federación Argentina de Psiquiatras, que encaró políticamente las reformas en salud mental dirigidas por psiquiatras reformistas que luchaban contra la cultura psiquiátrica manicomial^[1].

Comencé mis andares por el campo de la salud mental en 1962 trabajando justamente en el equipo de Mauricio Goldenberg. También en esos años inicié mi formación psicoanalítica. Explico esto para ubicar mis fuentes y mapeos originarios, en los que ya estaban en juego en nuestros objetivos los derechos, que en esa época no los pensábamos desde los derechos humanos sino en relación con los de ciudadanía, trabajo, dignidad y proyectos de futuro apoyados eficaz y solidariamente cuando fuera necesario. Es decir, algo que no se da en la cultura psiquiátrica manicomial que, además, trasiega sus convicciones y estigmatizaciones a muchas institucionalizaciones de la cultura. En esa época pensábamos que para terminar con los manicomios primero teníamos que llenar el territorio de opciones alternativas de promoción de salud, prevención de daños, asistencias y rehabilitaciones, y que al mismo tiempo se trabajara adentro de los manicomios con las transformaciones. Que recién entonces convenía pensar en cerrarlos por ley (como se hizo años después en Río Negro, que sancionó la Ley Provincial de Salud Mental 2440/1991, con la prohibición de existencia de hospitales monovalentes, cuando ya habían vaciado el de Allen y provisto a la provincia de dispositivos en casi todos sus lares, una tarea que comenzó en 1985). Luego llegaron los años de Terrorismo de Estado, de 1976 a 1983, después la recuperación democrática, de 1984 a 1989, y las primeras políticas públicas de derechos humanos, que posibilitaron ir entendiendo mejor los efectos del terrorismo de Estado. En esos años, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, estuve a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental. Se reconoció el papel señero que desarrollaron y defendieron las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura, que resistieron al arrasamiento y anomia generalizados en las épocas del apogeo del pánico paralizante. Hasta que esos derechos se fueron ubicando como faro reorientador y resignificador de muchas luchas dispersas, y ahora convergen sinérgicamente encarados en su marco.

Describo esto respondiendo a la implícita invitación de ellas, de escucharlas y seguirlas en sus mapeos comprometidos desde nuestra propia subjetividad, también comprometida en los efectos de su lectura. Para mí, anotar lo de recién es explicitar lo que entiendo como rasgos de generaciones distintas en los “ambientes” de ideas y experiencias en los contextos epocales de sus desarrollos de miradas sobre el campo.

A diez años de la promulgación de la LNSM y en el año en que su Decreto Reglamentario dice que no deberían continuar existiendo los hospitales monovalentes (manicomios), producen este libro, que es una crónica-relato desde sus perspectivas como actoras e investigadoras durante ese período. En el título incluyen la idea de que el texto responde a unas “coordenadas para una cartografía” y luego, en el final de cada capítulo, hablan de “trazos cartográficos” como recurso metodológico y estilístico ligado a las cartografías sociales, que permiten construir en comunidad perspectivas globales a través de un accionar participativo y, por lo tanto, transformador por sí mismo en poder identificar nuevos objetos y datos que se incorporan como ingredientes activos en las pujas por el poder.

Quiero destacar la coherencia y armonía de las maneras de incluir autores, citas, referencias documentales y periodísticas, a los que hacen hablar directamente en el texto mismo, dan ambientación de trabajo en conjunto, en comunidad, de producción de relatos y definiciones. En ese sentido, logran escribir un tratado imprescindible sobre la periodización que eligen. Que ofrecen humildemente. No se presentan como las que saben, sino como coordinadoras y catalizadoras de muchos saberes y opiniones que en conjunto producen el producto final… que no existiría sin ellas. Explicitan que nunca investigaron solitariamente sino en producciones colectivas, interdisciplinarias e intergeneracionales. Se entiende de ello que resulta que el estilo escriturario académico y de investigación logra al mismo tiempo ser equivalente a las maneras de coordinación de asambleas comunitarias o talleres de reflexión sobre quehaceres y posibilidades. Lo que no opaca sus evidentes compromisos y posiciones personales en el libro que así logran plasmar. Un texto destinado a ser de lectura imprescindible para quienes quieran entender, conocer, problematizar y seguir comprometidos con la salud mental.

Como vimos, el libro está organizado en tres coordenadas mayores que referencian la cartografía, y de cada una de ellas, sin ilusión ni alusión a querer abarcarlas por completo, iré destacando algunas particularidades y reflexiones. Más precisamente, voy a ligar aspectos de lo que van describiendo con experiencias y recuerdos míos desde el campo de lucha, en las distintas ubicaciones según las épocas, reflexionando, obviamente, con conceptualizaciones digeridas e ideologías incorporadas. La secuencia y los ordenamientos elegidos por las autoras tienen muy logradas congruencia e integración. Es imprescindible percibir sus ejes de sentido, que pueden no notarse acabadamente en una primera mirada, pero sí aparecen en las redigestiones de la lectura.

En la primera coordenada las autoras son claras al explicitar que ponen el énfasis en los procesos que se dieron luego del advenimiento de la democracia, en 1983, cuando se consolidaron actores y organismos oriundos de los derechos humanos que fueron incluyendo la problemática de los ciudadanos anomizados en los manicomios y se convirtieron en nuevos actores de valor fundamental en el campo de la salud mental. Queda implícito en el texto que no es lo único existente en el campo, que ya al ser definido como escenario de luchas incluye todos los componentes vinculados al conjunto de actividades con responsabilidades de cuidados en el fomento, protección, conservación, restablecimiento y rehabilitación de la salud mental de las personas y los grupos humanos. Esto es, con prácticas respetuosas y cumplidoras de objetivos compatibles con los valores y objetivos de la salud mental, así como con todos los componentes históricamente más estabilizados y poderosos que se le oponían, cuyo baluarte máximo de incumplimiento está en el manicomio y todas sus lógicas derivadas, y que no se limitan a estos, sino que trascienden diversas institucionalizaciones de la organización social. Creo interesante sintetizar este desarrollo al recordar cómo se constituyó, por la Reglamentación de la Ley, la CONISMA, ubicada en la Jefatura de Gabinete de Ministros, presidida por el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación e integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Además, por las Secretarías de Niñez, Adolescencia y Familias, la SEDRONAR y el INADI. ¡Sí!, todas esas. Un conjunto de reparticiones del Estado tiene lugar allí porque los contenidos de todas sus tareas atañen a problemáticas vinculadas a la salud mental, de la que eran componentes antes que la Ley los reuniese.

Es un campo muy amplio^[2]. Y las autoras lo saben. Ellas van resaltando e iluminando los trazos cartográficos definidos por la unión del campo de los derechos humanos con el de la salud mental. En ese trayecto, indirectamente o nítidamente, van ubicando muchos de los actores individuales o corporativos que se oponen. Al describir las vicisitudes que desarrollan en cada eje, en la “Introducción” los describen dramáticamente como

Trazos cartográficos que no pueden dejar de interrogarnos acerca de la violencia sobre los cuerpos y la subjetividad, la desintegración social, la pérdida de lazos sociales propias del modelo asilar, pero que lo trascienden. Formas de desmantelamiento presentes también en muchas prácticas cotidianas en el campo de la salud mental.

La enumeración y descripción de los ordenamientos referenciales y de los espacios en y desde los que se producían las acciones es amplia y enriquecedora. En el período de tiempo de 1984 a 1989 que incluyen, en el que fui director nacional de Salud Mental y estuve vinculado a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no tenía conocimiento completo de todo lo que hacían los distintos grupos. Ellos tampoco sabían todo lo que generábamos en la Dirección en relación con todos sus temas. Había una profunda y bien ganada desconfianza de las actividades desarrolladas por los organismos del Estado. Hacia 1985, previamente a poner en funcionamiento el programa Servicio de Reparación de Víctimas de Terrorismo de Estado, invité a todos los equipos asistenciales de todos los organismos de derechos humanos a tener una reunión en el Ministerio. Concurrieron varios representantes de cada uno de todos los equipos que existían. Fue una reunión entrañable, profunda y muy difícil. Aun conociéndonos bastante cercanamente con muchos de ellos, les parecía muy extraño e inadecuado lo que yo planteaba y lo de reunirnos en el Ministerio les resultaba incómodo y amenazador. Estaba todavía muy encarnado el terror en todo lo estatal. Hubo que esperar hasta 2009 para que la creación estable del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, hiciera que esas reuniones fueran confortables.

Luego de mi paso por la Dirección Nacional siguieron las experiencias demoledoras de la década de 1990, el retorno a las políticas neoliberales y el arrasamiento de gran cantidad de avances progresistas en todo lo estatal, para llegar a la época del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se dio comienzo activo a políticas públicas de derechos humanos, asumiendo las búsquedas de Memoria, Verdad y Justicia en continuidad desarrollada y explicitada con lo que mantuvieron en todos esos años previos los organismos de derechos humanos que, nacidos en y del arrasamiento y el terror, habían continuado su lucha y ejercicio durante los noventa. Esa continuidad histórica sostenida con tenacidad fértil es la que las autoras toman cuando se va construyendo su conjunción con el campo de la salud mental. Después de los doce años de gobierno kirchnerista entramos en un nuevo período neoliberal, que hizo desmantelamientos y daños mayúsculos en mucho menor tiempo y mayor amplitud que en otros anteriores. Claro que también había mayor experiencia y continuidades sólidas para las resistencias, cimentadas en las experiencias habilitadas en el período anterior para los entretejidos entre los dos campos, que, pese a todos los daños, continuaron desarrollándose por donde podían.

Ahondan las autoras en la descripción de las normativas internacionales y su acogida en la LNSM, en el sentido de generar un radical cambio de lógica en los procesos de elaboración de políticas. Ya no se trataba de personas con necesidades de ser asistidas, sino sujetos con derechos que deben ser atendidos. Por lo tanto, que demandan obligaciones exigibles que deben ser cumplidas. Yo acoto que, en ese sentido, la LNSM nos desafió a todos. Aun a los que estamos de acuerdo con ella. Porque veníamos acostumbrados a entender lo que planteábamos como lo alternativo, para lo que buscábamos masa crítica de apoyos y experiencias concretas que fueran ejemplares de buenas prácticas. Con la LNSM se invirtió la lógica. Desde las perspectivas de los derechos humanos lo que plantea es lo legal y los que tienen que transformarse son los que no la cumplen. Como señalaron las autoras, se originaron profundas diferencias y luchas entre dos éticas contrapuestas: las que parten de considerar que los objetos a encarar son las enfermedades mentales –que surgieron junto con crear la equivalencia con las enfermedades físicas y la creación de los manicomios como lugar de descarga y ocultamiento de sufrimientos y miserias–, y las que propugnan, desde los postulados de la salud mental, que se trata de atender personas en sus contextos, con particular cuidado con aquellos que tienen mayores sufrimientos, y con abordajes múltiples y respetuosos de los derechos en los procesos de atención, que deben integrar personas, entorno e historias.

En la segunda coordenada, las autoras encaran la tarea de aprehender los elementos que hacen a las políticas públicas en el marco de la LNSM para tener injerencia activa en las pujas entre lo tradicionalmente instituido y lo que pugna en constituirse en instituyente y desplazarlo. Toman como eje para su análisis la descripción crítica de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Salud desde 2010 hasta la actualidad, principalmente centrada en las sucesivas gestiones de la DNSMyA, restituida en ese año luego de su descategorización en 1990. Sobre algunas de ellas voy a comentar mi punto de vista.

La gestión de Yago Di Nella fue de importancia fundamental por su tesón, capacidades de decisión y de organización de múltiples grupos de trabajos. Parece interesante señalar que eso acaeció en un Ministerio de Salud que no era armónico con esas pujanzas. El mayor apoyo político y la posibilidad de contar con financiaciones facilitadoras del armado de los equipos de la DNSMyA y de muchos equipos en varias provincias, tanto para trabajar en salud mental y adicciones en hospitales generales como en dispositivos habitacionales, provenía del respaldo y el financiamiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto queda respaldado por la coincidencia temporal entre el cambio de titular de esa Jefatura y el final de Di Nella en su cargo. Es un claro ejemplo de la importancia de los apoyos políticos y de financiaciones para que las capacidades técnicas de gestión creativa puedan sostenerse y desarrollarse.

En el otro extremo, en la gestión de Andrés Blake en los dos primeros años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, se dio todo lo contrario. También muy apoyado políticamente, claro que para romper todo lo que tuviera que ver con el cumplimiento de la LNSM y su Decreto Reglamentario, mostró dramáticamente el encono, desprecio y odio por los marcos legales y la validación de los usuarios del sistema de salud mental como sujetos de derecho. Fue durante su gestión que el Ministerio tomó un proyecto de cambios para el Decreto Reglamentario, sobre la base de una propuesta de la Asociación de Médicos Municipales, que trastocaba totalmente el espíritu y la letra de la LNSM. Por suerte, el cambio de ministros de Salud interrumpió la inminente firma en Presidencia, ya que el entrante escuchó las voces que se habían alzado en contra, realizó más consultas y decidió no innovar^[3]. Era el comienzo de la gestión de Luciano Grasso en la DNSMyA.

Del capítulo “La persistente violencia institucional: las venas abiertas del campo de la salud mental” realzo el efecto contrastante que produce con el capítulo anterior, que se refería a las variaciones en las políticas públicas. Homologando el célebre título de Galeano, hacen una dolorosa incursión por el modo en que, así como siguen sangrando las venas abiertas de América Latina, lo siguen haciendo también las de nuestro campo, como cruel invariante que parece quedar fuera de la temporalidad.

Lo que también destaco en esta coordenada es la ponderada descripción de las vicisitudes de las prácticas alternativas y sustitutivas al manicomio, que ayuda a entender y derivar que la hegemonía del modelo hospitalocéntrico queda dramatizada en la manera de definir esas prácticas por oponerse a él y no por sus valores propios. Queda claro que muchas de ellas parten de alternativas al encierro de los que ya lo están padeciendo, como instancias intermedias hacia un retorno a la comunidad, a “mitad de camino” en ese recorrido. Y lo que falta es poder jerarquizar y centralizar la mirada sobre nuevos dispositivos originales y creativos surgidos en el territorio, ubicables dentro de la estrategia de atención primaria, cuyos despliegues están bastante entrecortados y empobrecidos por las políticas predominantes en el sector salud en general y por la complejidad mayor que tiene crear artesanalmente nuevos dispositivos estimulantes del desarrollo mental, ocupacional, socializadores y generadores de proyectos de futuro distintos. Claro que falta porque todavía hay poco para mostrar sobre eso.

En la primera parte de la tercera coordenada, al incorporar los dispositivos previstos en la Ley y en su Decreto Reglamentario como garantes de derechos, al reconocerlos como “actores sociales” desde antes de describir sus funcionamientos, las autoras rescatan válidamente que están logrando entrar en la agenda política, haciéndose oír y consolidando efectos en sus gestiones. Esto es, que las personas que los constituyen cumplen sus objetivos institucionales sin burocratizaciones anulantes, sosteniéndose aún en épocas de malos vientos para el cumplimiento de sus tareas. Es un capítulo para estudiar cuidadosamente.

Voy a hacer una deriva asociativa, aprovechando parte de lo que desarrollan. Me refiero a los que son dispositivos originados y/o alojados en el Ministerio Público de la Defensa: el Órgano de Revisión Ley Nacional de Salud Mental 26.657, la Unidad de Letrados Art. 22 de la Ley 26.657 y la Unidad de Letrados de Personas Menores de Edad Art. 22 de la Ley 26.657. A pesar de las vicisitudes e interrupciones que se dieron en las políticas del Ministerio de Salud, aunque los afectaron porque variaban las condiciones en terreno y aparecían mayores obstáculos, ellos tenían continuidad en sus objetivos, respaldo legal y tareas a desempeñar. Es algo semejante a lo que en algunas de las páginas anteriores hablaba de la continuidad en las luchas por los derechos humanos, que surgieron en medio del terror, enfrentándolo y sosteniéndose a través del tiempo, aun con varias épocas de retornos a la persecución y a la descalificación. Por el contrario, los equipos de trabajo asistencial de salud mental, en esas interrupciones, sufren fracturas y desilusiones en las posibilidades de acción y de capacitación. Tanto los de responsabilidades de conducción como, fundamentalmente, los de los mismos sistemas asistenciales. Esas interrupciones en las continuidades existenciales profesionales, en los procesos identificatorios y en los proyectos vitales, dejan marcas e interrumpen trayectos.

La culminación del libro con las voces de las usuarias y los usuarios de los servicios de salud mental y de sus familiares no sólo son un fresco sincero, son el testimonio de su lugar de actores imprescindibles a ser tomados en cuenta como miembros activos en las tomas de decisiones en el interior del campo de la salud mental.

El campo de la salud mental sigue dinámicamente abierto y continuando en sus luchas. Ahora enriquecido con el libro de Silvia Faraone y Alejandra Barcala.

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