Una vez finalizada la dictadura cívico militar en Argentina, en 1983, paulatinamente se reinstaló un importante proceso de discusiones, disputas y debates en la arena pública –entendida como “el lugar de ajuste recíproco y de ordenamiento expresivo de los comportamientos” (Cefaï, 2012: 9)–, que puso en evidencia una situación violatoria de los derechos humanos en el campo de la salud mental. Concebimos este contexto histórico como un punto de inflexión en la construcción de un problema público que comenzó bajo la idea de una injusticia (Boltanski, 2000; Cefaï, 2011) y que, progresivamente, aglutinó actores (Testa, 2007) del campo de los derechos humanos y de la salud mental.

En la Argentina, la lucha por la recuperación de la memoria, el juicio y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad producidos por la última dictadura cívico militar, así como la lucha bajo la consigna de “Aparición con vida de los 30.000 detenidos/desaparecidos” y la recuperación de la identidad de los nietos, hijos de desaparecidos, consolidaron movimientos locales de resistencia que instituyeron una “nueva configuración de la praxis, no sólo en la región, sino a nivel mundial” (Raffin, 2006: 208). Estos organismos comenzaron a transitar la continuidad de sus reclamos desde una perspectiva de lucha por la recuperación de los derechos de las poblaciones vulnerables (Lorenzetti, 2009), y entre ellas, de las personas con sufrimiento psíquico. Tal como afirma Ana Dinerstein, estos movimientos “ayudaron a la recuperación de la concretez de aquello que había sido forzado a sumergirse en un mundo de abstracción e irrealidad” (Dinerstein, 2001: 13, cursivas del original).

Así, la interacción entre estos dos campos se produjo en un espacio que institucionalizó la construcción de un problema público: la violación de los derechos humanos de las usuarias y los usuarios de servicios de salud mental. Siguiendo a Luc Boltanski, esta construcción de un problema público depende de la capacidad de los ciudadanos de trascender sus intereses particulares y dirigirse hacia un objetivo de bien común (Boltanski; 2000: 31). Lo público lo enmarcamos, tal como lo expresa Daniel Cefaï, como “una forma extraña de vida colectiva que emerge alrededor de un problema siendo al mismo tiempo parte de él” (Cefaï, 2012: 4).

En este sentido, se constituye como central el proceso de publicización del reclamo sobre las condiciones de vida de los sujetos internados en grandes instituciones monovalentes. A partir de la publicación y divulgación del libro Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Mental Disability Rights Internacional (CELS y MDRI, 2008), y de las acciones que ocurrieron a partir de este en un horizonte de enmarques y contraenmarques (Nardacchione y Acevedo, 2013), la violencia institucional hacia las personas con padecimiento psíquico se instaló en la agenda del Estado.

El proceso de publicización que se llevó a cabo en este contexto consistió en sortear las fronteras de lo público y lo privado, donde lo privado se convirtió en lo público. El problema de la violación de los derechos humanos de las usuarias y los usuarios de los servicios de salud mental, especialmente aquellos vinculados a largos períodos de internaciones en los hospitales monovalentes, se consolidó en el reclamo legítimo por parte de diversos actores de la sociedad civil vinculados al campo de derechos humanos. La publicización resulta “de la composición de pequeñas elecciones, razonamientos y decisiones en entornos, y según experiencias y acciones que habilitan y restringen las formas de compromiso de los actores” (Cefaï; 2012: 26).

En este contexto se fundó un nuevo orden de situación en nuestro país, con actores que irrumpían en el campo de la salud mental y generaban una arena pública con marcas en los incipientes procesos des/institucionalizadores. Desde nuestra mirada, entendemos la des/institucionalización como perspectiva ideológica dentro del campo de la salud mental en la cual los abordajes, por fuera de las instituciones de secuestro, son pensados, construidos, instituidos y legitimados. En este sentido, la barra invertida supone la necesidad de sustitución de viejas lógicas institucionales, pero, necesariamente, la creación de nuevas institucionalidades (Faraone, 2012a)^[1].

Así, los derechos humanos trascendieron su manifestación como orden jurídico para ubicarse en el lugar de una idea fuerza capaz de provocar la potencia de actores o agentes en el devenir social (Stolkiner, 2010; Stolkiner y Ardila, 2012). Armando Bauleo dice: “la salud mental y los derechos humanos no sólo van de la mano sino también se intrincan e interinfluyen siendo difícil señalar prioridades o distinguir los límites entre ambas” (Bauleo, 2007: 40).

Siguiendo a Elizabeth Jelin, los movimientos de derechos humanos colocaban al Estado en el centro de las demandas y reclamos como garante de los derechos básicos (Jelin, 2003). En este contexto, diferentes actores inscriptos en esta perspectiva asumieron la lucha por una sociedad sin manicomios y por prácticas inclusivas.

Tal como describe Silvia Faraone (2012a), estos actores se pueden configurar en tres órdenes diferenciales: los pertenecientes al campo gubernamental; los vinculados a los organismos de la sociedad civil que surgieron en el marco de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar y fueron ampliando su espacio de lucha por otros conjuntos sociales vulnerados de sus derechos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el CELS, entre otros; y los pertenecientes a organizaciones que surgieron al interior del campo de salud mental y desde allí instalaron el problema de la violación a los derechos fundamentales de las personas con padecimiento psíquico.

En este último grupo se pueden diferenciar múltiples actores que impulsaron el nuevo paradigma. Entre los que tuvieron un mayor nivel de visibilidad en las arenas políticas en el contexto histórico previo a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), podemos cartografiar los siguientes espacios:

• Organizaciones vinculadas fuertemente a la temática de los derechos humanos y la salud mental, como la Asociación por los Derechos de la Salud Mental (ADESAM).
• Espacios universitarios, tales como las cátedras libres de derechos humanos de diferentes unidades académicas, especialmente, la perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las cátedras de salud mental con enfoque de derechos humanos de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las maestrías y doctorados en salud mental de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad de Córdoba, entre otros tantos ámbitos académicos.
• Organizaciones que surgieron al interior de las instituciones monovalentes a partir del trabajo con usuarias y usuarios y que en sus recorridos afianzaron prácticas innovadoras con fuerte impronta en procesos des/institucionalizadores. El desarrollo de estas prácticas dejó huellas en la fundación del campo de los derechos humanos, en particular, a los vinculados a la población internada en grandes instituciones. Se pueden destacar el Frente de Artistas del Borda^[2], la Radio la Colifata y el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Dr. José A. Esteves, en la provincia de Buenos Aires.
• Redes de usuarias, usuarios y familiares, como la Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos de las Personas con Padecimiento Mental, la Asociación Argentina de Ayuda a las Personas que Padecen Esquizofrenia y su Familia, y la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios de Salud Mental (APUSSAM).
• Organizaciones fundadas por los propios trabajadores como el Foro de Salud Mental, conformado por veinte instituciones de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley N.º 448 de Salud Mental de la CABA, el Movimiento de Trabajadores de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe y La Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba, que constituyó el antecedente del actual Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. También se fortalecieron algunos espacios sindicales, tales como el Instituto de Estado y Formación de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores del Estado.

Esta breve descripción no tiene la intención de ser exhaustiva, reconocemos su limitación al omitir un importante número de instituciones provinciales y locales que desde sus prácticas cotidianas abonaron, en el contexto previo a la LNSM, por los derechos humanos de las usuarias y los usuarios de los servicios de salud mental y aportaron desde sus experiencias a la sanción de la norma.

Organizaciones e instituciones pioneras

Más allá de la mencionada limitación, creemos pertinente detenernos en algunas instituciones, organizaciones y movimientos que responden a cada uno de los tres órdenes señalados y trazar pequeñas líneas sobre su accionar. Entre estos espacios se encuentran las redes de usuarios, usuarias y familiares, que dada la importancia de sus voces serán desarrollados en el capítulo “Las voces de usuarias, usuarios y familiares”.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

A partir de 2003, con la gestión de gobierno de Néstor Kirchner, el Estado argentino incluyó a los derechos humanos como un aspecto central de la política de gobierno. Así, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, impulsó a través de su Secretaría de Derechos Humanos un conjunto de acciones que consagraron y reglamentaron derechos fundamentales, entre ellos, aquellos vinculados a la población con padecimiento psíquico. Un documento de este organismo estableció que estas personas “representan un grupo prioritario para la política de esta Secretaría dado que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos” (Secretaría de Derechos Humanos, 2007: 7).

En el mismo documento se estableció que entre las problemáticas que históricamente han afectado a estos grupos se podían considerar con especial preocupación: la gran cantidad de personas internadas por períodos terapéuticamente indeterminados (cronicante en buena medida); la carencia y/o falencia de servicios de atención primaria y de modelos descentralizados de atención, con inequidad en el acceso a los servicios y prestaciones de salud mental; la vulneración de derechos por parte de las agencias policiales y judiciales al considerar a quien tiene padecimiento psíquico como objeto de tutela en lugar de como sujeto de derecho; y la fragilidad del marco ético en que se desarrollaban las prácticas asistenciales, por ejemplo, en la excesiva medicación farmacológica como respuesta automática a los más diversos cuadros clínicos (Secretaría de Derechos Humanos, 2007).

Este diagnóstico llevó a la Secretaría de Derechos Humanos, por primera vez, a implementar políticas vinculadas a las problemáticas de violación de derechos en el campo de la salud mental. A partir de una iniciativa de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de esta Secretaría, en 2006 se conformó la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos^[3]. Su rol fue central para la consolidación de un actor estratégico intersectorial que actuara en la promoción de una política pública en el ámbito de la salud mental que incluyera la perspectiva de derechos humanos, e impulsara transformaciones institucionales tendientes a la aplicación de buenas prácticas en este campo (OPS, 2011).

La Mesa Federal se propuso promover los lineamientos de la Declaración de Caracas (OPS, 1990) y tuvo como eje de trabajo la creación de un espacio que articulara diferentes instancias de ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, a favor de generar políticas estatales con garantía en los derechos humanos en el campo de la salud mental. Las principales estrategias se dirigieron a generar líneas de acción directas e indirectas en procesos de capacitación y de asistencia técnica en salud mental, con especial atención en temas vinculados a la estigmatización y discriminación de las personas con sufrimiento psíquico. La Mesa Federal apuntaba, además, a un trabajo intersectorial entre salud, desarrollo social y justicia.

Si bien este espacio comenzó teniendo un importante centralismo de la CABA, se fueron generando espacios de descentralización que llevaron a desarrollar algunas reuniones y mesas de trabajo en diversas regiones del país, a fin de fortalecer organizaciones locales.

La Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos funcionó hasta 2015, momento en que se interrumpió con el inicio de la gestión de gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, debemos destacar que luego de la sanción de la LNSM tuvo un importante protagonismo: en 2011, con motivo del cumplimiento de un año de su sanción, organizó una serie de actividades, y en 2014 publicó el texto “Prácticas inclusivas en salud mental y adicciones con enfoque de derechos humanos” (Mesa Federal e INADI, 2014). En este texto se socializaron experiencias y prácticas inclusivas que contenían los ejes: salud mental y comunidad; vida y comunidad; y arte, trabajo y salud mental.

La Secretaría de Derechos Humanos también ocupó un rol central en el desarrollo del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, creado por decreto presidencial en 2009. Este centro lleva el nombre de quien fue uno de los actores que ha enhebrado, en toda su trayectoria, los derechos humanos y la salud mental, instando a pensar el sufrimiento desde una perspectiva ético-política (Ulloa, 2011). El Centro Ulloa, como se lo conoce, tiene por finalidad la atención a víctimas tanto del terrorismo de Estado como de otras situaciones provocadas directamente por agentes del Estado que, en ejercicio abusivo de sus funciones, hubieran generado violaciones a los derechos humanos; en este sentido incluyó, entre sus acciones, las vinculadas a las usuarias y los usuarios de los servicios de salud mental. A partir de 2015 sus funciones tuvieron una transformación importante, y así los procesos sostenidos con personas víctimas del terrorismo de Estado, tanto en el abordaje psicoterapéutico como el de acompañamiento durante los juicios, se vieron afectados por el despido de profesionales vinculados a esta área. Asimismo, se dificultaron las tareas de capacitación en las provincias para el acompañamiento y las evaluaciones, como aquellas acciones desarrolladas directamente en el campo de los derechos humanos en salud mental.

Otro actor central, entre los pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el proceso aquí narrado, fue el INADI, creado en 2003. A partir del área de salud de este organismo se estableció como línea de acción prioritaria la temática de la salud mental y el uso problemático de drogas. Luego de la sanción de la LNSM, el rol de esta institución en el campo de la salud mental se fortaleció hasta constituirse en un actor principal en el proceso de reglamentación, y luego generando un trabajo conjunto con otros organismos y agrupamientos de la sociedad civil para la implementación y los cambios que la ley requería en el marco de la elaboración de propuestas de políticas públicas en la materia y de las capacitaciones en torno al nuevo modelo de atención. Asimismo, fue un actor importante en el marco del Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad Electoral, que brindó apoyo técnico a las campañas de documentación de las personas usuarias de los servicios de salud mental y por su derecho a votar (INADI, 2011).

Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo

En 2002, la Asociación instituyó uno de los movimientos de salud mental y derechos humanos más importantes del ámbito nacional y latinoamericano: el Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. En la presentación del primer encuentro se estableció que

[…] la salud mental en el marco de la lucha por la defensa de los derechos humanos convoca para recuperar las nuevas subjetividades de nuestro tiempo apuntando las prácticas grupales, institucionales y colectivas que rescatan el ser histórico social (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2002).

Desde entonces, y hasta 2016, en las distintas ediciones fueron convocados un conjunto de actores pertenecientes a diversos campos sociales para participar en el Comité de Honor y el Comité Científico^[4] así como para la organización de conversatorios y conferencias^[5]. Los congresos estuvieron acompañados por distintas actividades artísticas y culturales que produjeron, además de un hecho académico, un espacio donde las márgenes disciplinares trascendieron lo propio (interno) del campo de la salud mental, para conformar un ámbito en el cual se cuestionaron las prácticas de control social (Pavarini, 1994a, 1994b; Pitch, 1996). Además, contaron con un sinnúmero de precongresos realizados en distintas provincias argentinas, países limítrofes y España. En cada edición se incrementó el número de trabajos presentados, lo que dio muestra de una amplia producción nacional y latinoamericana relacionada con prácticas de salud mental y derechos humanos. En 2007, coincidentemente con el trigésimo aniversario del nacimiento de Madres de Plaza de Mayo, se realizó el V Congreso y en la introducción de su programa se plasmó el significado de la construcción de ese espacio colectivo:

Inicio formal que relanza multiplicidad de encuentros académico-políticos acaecidos durante todo el año en diversidad de lugares que han cobijado singularmente los procesos de construcción colectiva que nos sostiene como trabajadores de salud mental y militantes de derechos humanos. […] Ámbito de intercambio, socialización, debate, gestión de vínculos, praxis; nacimiento y materialización de utopías activas fundadas en el respeto, la solidaridad, el sostén riguroso de las diferencias y las producciones populares revolucionarias. […] Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos que emerge de los 30 años de lucha insurgente de las Madres de Plaza de Mayo y que los colectivos combativos, que mantienen las praxis rebeldes de emancipación, recrean con su participación activa (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2007).

En ese quinto encuentro se creó el Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional, que fue dando marco a múltiples expresiones sociales, culturales, políticas, ideológicas y científicas centradas tras un objetivo común, la búsqueda y creación de prácticas alternativas (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2007). Para este movimiento, la desmanicomialización fue entendida como la supresión del manicomio como institución asilar, custodial. Por eso, las márgenes del movimiento no se agotaron en la temática del manicomio, sino que trascendieron hacia otros dispositivos que conformaban lógicas manicomiales. Estaba integrado por actores pertenecientes a diferentes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales y su consigna se resumió en la frase “por una sociedad sin manicomios”.

Los congresos de salud mental y derechos humanos de Madres de Plaza de Mayo constituyeron un espacio de debate central en el transcurso del proceso parlamentario, así como durante la redacción y discusión de los proyectos para una Ley Nacional de Salud Mental. Fue en ellos donde múltiples voces de movimientos sociales y de usuarias y usuarios aportaron su mirada al entramado de la norma. Tal fue la participación e involucramiento de la Asociación que el día de la sanción de la LNSM, en su sede, se llevaron a cabo festejos por este logro, del que participaron todos los actores comprometidos con esta.

En el Congreso de 2013 se impulsó la discusión en torno al plan nacional de salud mental y se creó un espacio para su construcción colectiva.

Centro de Estudios Legales y Sociales

El equipo de salud mental del CELS funciona desde 1982 en el marco de abordajes a personas con padecimiento psíquico, producto de múltiples consecuencias del terrorismo de Estado^[6]. Sin embargo, incrementó sus acciones en salud mental en 2008, cuando publicó junto al Mental Disability Rights Internacional, el informe ya señalado, Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (CELS y MDRI, 2008), donde se presentaron los resultados del estudio realizado entre junio de 2004 y julio de 2007, en el que se documentaron violaciones a los derechos humanos contra las 25.000 personas que se encontraban asiladas en las instituciones psiquiátricas argentinas^[7]. Como apuntó Alfredo Kraut, esta publicación tuvo una impronta significativa, ya que puso en escena la problemática de la institucionalización masiva como consecuencia de decisiones políticas equívocas, que se traducían en una mala asignación de los recursos gubernamentales y en la ausencia de planificación en políticas específicas para proveer la atención a la salud mental centrada en la comunidad (Kraut, 2008). En este sentido, Vidas arrasadas reinstaló en la agenda del Estado la problemática de la salud mental, la cual había sido invisibilizada a partir de la década de 1990.

Consecuentemente, el informe hace principal hincapié en la violación sistemática de los derechos humanos y en la necesidad de creación de dispositivos alternativos y sustitutivos a las instituciones asilares. Asimismo, planteó como principales recomendaciones al Poder Ejecutivo la necesidad de revisión de todas las internaciones, de implementar programas nacionales para desarrollar servicios de salud mental de atención comunitaria, de promover mayores recursos a la unidad coordinadora de salud mental, de apoyar el desarrollo de movimientos de defensa de derechos dirigidos por las usuarias y los usuarios del sistema de salud y de desarrollar planes de capacitación del personal. Para el Poder Legislativo, ya en ese momento, recomendó la urgencia de sancionar una ley marco nacional. Al Poder Judicial le solicitó que se investigaran las muertes acaecidas en instituciones de salud mental y que se estableciera un protocolo de investigación para cualquier muerte que pudiera ocurrir en el futuro; y al Ministerio Público le pidió que se garantizara una defensoría gratuita y eficiente de las personas internadas, lo que luego se concretó en el art. 22 de la Ley 26.657.

El CELS incorporó por primera vez, en su informe de derechos humanos de 2005, un capítulo de salud mental: “Violencia y abandono en la Unidad Psiquiátrica Penal N.º 20 del Hospital Borda”. También se refirió al tema en 2007 con “Los derechos humanos y la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Una transformación necesaria”, y en 2009 con el capítulo “El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de los servicios de salud mental”.

Siguiendo esta línea, el CELS se constituyó en un actor central en el proceso de debate en ambas cámaras legislativas, para lo que elaboró, en agosto de 2009, un documento en el que hizo referencia a los contenidos mínimos necesarios para una legislación desde una perspectiva de derechos humanos.

En los años siguientes a la sanción de la LNSM se fue consolidando su participación en el campo de la salud mental y afianzando el desarrollo de informes y acciones específicas. En 2015 incorporó el capítulo titulado “El desafío de implementar la Ley Nacional de Salud Mental. Avances y deudas en el camino hacia el cambio de paradigma y el cierre de los manicomios”, en el cual se estableció la necesidad de enfrentar múltiples desafíos para que la norma sancionada se tradujera en políticas con capacidad de generar un cambio real en la vida de las personas; este texto concluye diciendo que “la Ley Nacional de Salud Mental puede ser letra muerta si no existen prácticas institucionales que lleven adelante el proceso de trasformación” (CELS, 2015a: 515). Ese mismo año el CELS publicó “Cruzar el muro. Desafíos y propuestas para la extensión del manicomio” (CELS, 2015b), un informe con una fuerte impronta propositiva que incluyó recomendaciones y propuestas estratégicas para las políticas públicas.

Asociación por los Derechos en Salud Mental

ADESAM fue otro actor activo en el proceso de discusión parlamentaria del proyecto de la LNSM. Comenzó como proyecto en 2002 y tomó cuerpo institucional tres años más tarde con la conformación de un grupo de profesionales de diferentes disciplinas del campo de la salud mental.

Coordina acciones, prácticas y políticas en salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos en un espacio de fortalecimiento de lazos comunitarios y personales. También se avoca a la promoción de la sustitución de los hospitales monovalentes por servicios con base en la comunidad, apostando a un cambio cultural que destierre la idea instalada de la necesidad de aislamiento de las personas con padecimiento psíquico.

En este marco, un vínculo fortalecido y sostenido con actores de la desinstitucionalización italiana le otorgó a ADESAM un modelo de funcionamiento vinculado a actividades concretas de inclusión de los sujetos con padecimiento psíquico en la vida colectiva. Así, fueron algunos de los miembros de ADESAM quienes llevan adelante el PREA del Hospital José A. Esteves (Cáceres et al., 2009). ADESAM y PREA coordinaron en conjunto dos proyectos: la revista Mente Libre, sobre salud y cultura, y la cooperativa gráfica Made in Libremente. Ambas iniciativas formaron parte de los emprendimientos socio-productivos que ADESAM desarrolló con financiación de la Unión Europea, en el marco del Proyecto Dignidad, que proponía la promoción e implementación de actividades para el ejercicio de la ciudadanía de las usuarias y los usuarios de servicios de salud mental.

Por otro lado, un dispositivo por demás creativo instituido por ADESAM fue el “Patas para Arriba”, un espacio iniciado en 2008 que, a través de actividades culturales y deportivas –como ferias, conciertos y peñas, campeonatos de fútbol, fiestas populares y talleres de murga, candombe, circo y plástica–, se pronunció contra el estigma y la discriminación, y a favor de la integración social de las personas con padecimiento psíquico. Estos encuentros se desarrollaron en diversas plazas de la CABA, con el objetivo de realizar una actividad pública de gran visibilidad e impacto en la comunidad y se pusiera de manifiesto la problemática del encierro crónico y la restitución de derechos humanos de las usuarias y los usuarios.

Frente de Artistas del Borda

Nació en 1984 a través de la manifestación del arte como herramienta de denuncia y transformación social de artistas internados y externados en el Hospital Dr. José T. Borda. Los integrantes definen este movimiento como una instancia que busca hacer arte de calidad, que ayude a transformar la realidad del hospital psiquiátrico produciendo efectos en tres sentidos: subjetivo, institucional y social (Sava, 2008). Funda sus prácticas en la idea de la creatividad como una actividad liberadora sobrepasando los límites de los muros manicomiales. A través de la presentación artística de las obras y su circulación en diferentes ámbitos, se intenta romper la muralidad simbólica del hospicio, con la intención de generar vínculos hacia la comunidad (Bang, 2014).

Si bien sus orígenes estuvieron vinculados a la consolidación de un espacio de lucha dentro de los hospitales psiquiátricos ante la represión y la violencia que allí existían, rápidamente se reconfiguró con el objetivo de salir de estas y politizar la problemática existente (Ferigato, Sy y Resende Carvalho, 2011). En 2003, el Frente consolidó un espacio nacional junto a otros artistas internados y fundó la Red Nacional de Arte y Salud Mental. También participa activamente como miembro fundador de los Festivales Latinoamericanos de Artistas internados en Hospitales Psiquiátricos.

El trabajo cotidiano, coordinado al menos por un artista y un psicólogo, es desarrollado a través de talleres tales como el de desmanicomialización, plástica, música, mimo, teatro, teatro participativo y circo. En este proceso hay una profunda hermandad con otras organizaciones que venían instituyendo instancias des/institucionalizadoras, y desde estos múltiples espacios se constituyó en un actor con participación activa de usuarias y usuarios de salud mental en la difusión para la sanción de la LNSM tanto a nivel nacional como internacional.

Radio La Colifata

Es una organización no gubernamental que desarrolla actividades en el área de investigación y brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios en salud. La Colifata surgió como una columna de expresión y de opinión de usuarios y ex usuarios del Hospital Dr. José T. Borda en una FM comunitaria del barrio de San Andrés, donde la idea desde un principio era poder incluir la voz de aquellos que habían sido excluidos socialmente. Fue creada en 1991 se constituyó en la primera radio en el mundo en transmitir desde los jardines de un hospital neuropsiquiátrico (Olivera, 2005).

La Colifata trabaja en pos de producir conocimiento en el cruce de campos de la salud mental, los medios de comunicación y los derechos humanos, y desarrolla espacios concretos de intervención para trabajar en la disminución del estigma social y la promoción de recursos simbólicos en las usuarias y los usuarios. Se propone favorecer los procesos de creación de lazos sociales y fortalecer la autonomía hacia una vida social integrada en el marco del ejercicio de los derechos ciudadanos.

La radio constituyó una iniciativa en la cual las usuarias y los usuarios tuvieron un lugar relevante en el apoyo y difusión de los eventos que surgían en torno al proyecto de LNSM. Tal es así que en el momento de su promulgación, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en la Casa Rosada a las participantes y los participantes de la radio. En ese encuentro conversaron sobre la nueva legislación, el derecho a la vivienda y a la participación política de las usuarias y los usuarios (puntualmente el derecho al voto). Como muestra de cariño, las colifatas y los colifatos recitaron poemas y le otorgaron a la presidenta el título honorífico de “Colifata Ilustre”.

Movimiento de Trabajadores de Salud Mental de Santa Fe

Se consolidó a partir del año 2001 en el marco de la organización del Primer Encuentro de Trabajadores de Salud Mental de esa provincia, aunque su génesis data de mediados de la década de 1990, con la consolidación de la experiencia de la Colonia Oliveros, conformando una praxis de gestión e intervención en la “nueva política en salud mental” (Amarante, 2006: 123). Se constituyó por fuera de las estrategias sindicales existentes en el ámbito sanitario y se caracterizó por no contar con una estructura vertical. Fue una manifestación concreta de nuevas formas de acción colectiva (Svampa, 2007; Retamozo, 2011) que, por un lado, ponían en escena el agotamiento de un régimen institucional –en este caso la institución Colonia Oliveros, pero que la trascendía en términos políticos– y, por otro, planteaban la posibilidad de sumar a las demandas sociales, propias de la crisis estructural de ese momento, una demanda históricamente silenciada: los derechos vulnerados de las usuarias y los usuarios de los servicios de salud mental, especialmente, los institucionalizados (Faraone, 2013a).

Tuvo una profunda hermandad con el movimiento de trabajadores de salud mental brasilero; el vínculo se dio a través de la relación que sus integrantes mantenían con actores pertenecientes al campo de la salud colectiva y de la salud mental de Brasil: entre otros, con Rosana Onocko Campos, médica rosarina residente en ese país, Gastón de Sousa Campos y Paulo Amarante. Sin embargo, el recorrido de aquel movimiento fue diferente al santafesino y, si bien sus objetivos tienen grandes puntos de encuentros, su construcción y consolidación histórica los diferencia sustancialmente, a la vez que los nutre. También, el movimiento santafesino se relacionó con distintos movimientos de derechos humanos, particularmente, con el de Madres de Plaza de Mayo. Fue miembro fundador del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional, en el cual tuvo un rol activo en la discusión del proyecto de LNSM.

Primer trazo cartográfico

Las organizaciones, instituciones y los movimientos aquí mencionados trazaron importantes transformaciones, especialmente en lo que se refiere a la aparición de nuevas formas de lucha, nuevos actores y temas involucrados en la arena pública. Entendemos que han constituido una impresionante fuente simbólica (Scribano y Schuster, 2001) que, desde una lógica acción colectiva, colocaron demandas y reclamos vinculados a la violación de los derechos humanos de las usuarias y los usuarios de servicios de salud mental.

Siguiendo a Maristella Svampa, los actores que emergieron previamente a la LNSM resultaron novedosos en dos sentidos. Por un lado, expresaron una nueva politización de la sociedad a través de hacer públicas temáticas y conflictos que tradicionalmente se habían considerado propios de la vida privada (respeto por la diferencia, rechazo por los modelos disciplinadores, etcétera), y por otro, surgieron como portadores de nuevas prácticas orientadas a la construcción de organizaciones más flexibles y democráticas (Svampa, 2005). Así, los actores aquí enunciados se convirtieron en importantes portavoces (Boltanski, 2000; Cefaï, 2011) que lograron modelar las denuncias y visibilizar las demandas por la violación sistemática de los derechos de las personas con sufrimiento psíquico.

El recorrido de este capítulo nos permitió prestar atención a la conformación dinámica de estos colectivos, que no son estáticos, sino que permanentemente se están recomponiendo, y en los cuales, paulatinamente, las usuarias y los usuarios de servicios de salud mental comenzaron a tener mayor participación e involucramiento.

Sin embargo, volvemos a remarcar que los actores aquí graficados no son los únicos, ya que hubo un conjunto importante de muchos otros que actuaron en diversas provincias del país. Pero también, y no queremos dejar de mencionar esto, hubo otro conjunto de actores y colectivos efímeros que se armaron y desarmaron en situaciones determinadas o sucesos puntuales. Siguiendo a Cefaï (2012), estos públicos efímeros son públicos que en un momento aparecen como espectadores o público latente que luego se moviliza y se vuelve activo. Las competencias que poseen en tanto actores y las experiencias previas les permitió colocar en la arena pública al campo de la salud mental como un campo en disputa y a la sanción de una ley como una necesidad imprescindible.

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