Un análisis de los movimientos sociales desde la perspectiva de la acción colectiva, las condiciones de exclusión y las organizaciones de la sociedad civil

Verónica Soto Pimentel^[1], Matías Reiri^[2] y Agustina Gradin^[3]

Introducción

Las ciencias sociales de aquí y de allá se han interrogado sobre el orden social desde diferentes paradigmas, marcos interpretativos y teorías. La pregunta siempre estuvo puesta desde diversos ángulos en los procesos de cambios sociales. Y ¿cómo se transforma la sociedad? Por medio de la acción colectiva. Las personas vivimos en sociedad y es gracias a la interacción con otras/os que se construye, y por lo tanto se transforma, el orden social. Obviamente, este proceso de interacción está enraizado en las relaciones de poder, y se encuentra mediado por las instituciones. En sociedades profundamente desiguales como las nuestras, las acciones colectivas de protestas que se expresan en el espacio público, ya sea en las “calles” o en las “redes”, son un indicador de la conflictividad social que los modelos de acumulación y distribución generan. Las dinámicas de movilización de la sociedad civil, expresada en los conflictos sociales, entendidas como acciones colectivas de protesta, nos permiten mirar el qué y el cómo de los movimientos sociales, sus agendas, sus repertorios de acción, sus alianzas y sus propuestas.

Diferentes trabajos de investigación analizaron estas dinámicas en los últimos años en Argentina, focalizando la mirada en el conflicto laboral como expresión de las disputas por la distribución de la renta socialmente producida, es decir, en la puja distributiva (Rubel, Artese y Tapia, 2017; Marticorena y D´Urso, 2020; Becher, 2020; Natalucci et al., 2020; Nava y Grigera, 2022). Sobre protestas y conflictividad social se destacan, además de los clásicos trabajos de Schuster (2005), Schuster et al. (2005, 2006) y Scribano y Schuster (2004), los más recientes de Rubel, Artese y Tapia (2017), Rebón (2018 y 2019), Gamallo (2020), Rebón y Gamallo (2021), y Natalucci y Stefanetti (2022), entre otros.

Haciendo foco en actores específicos de la conflictividad argentina, otros autores describieron los procesos de movilizaciones relativos al conflicto por la megaminería y por los trabajadores de apps en el periodo 2020-2021 (Pesquero Bordón, 2021; Delfino y Classen, 2021). Lenguita (2021) y Singer (2022) avanzan en el análisis de los repertorios de acción feministas en nuestro país. Roldán (2019) enfoca su análisis a las formas de acción colectiva de las juventudes a partir del caso de la Marcha de la Gorra en Córdoba. Y Wahren y Guerreiro (2020) proponen un recorrido sobre las acciones de protestas de las luchas campesinas en Argentina desde la perspectiva de los movimientos sociales.

Como se ha visualizado en trabajos previos (Gradin, Soto Pimentel y Reiri, 2022; Soto Pimentel, Gradin y Reiri, 2021a, 2021b, 2022a, 2022b, 2022c, 2023a, 2023b), entre los actores colectivos que más hechos de protesta protagonizaron en el período que va desde fines del 2019 hasta 2023 se encuentran los movimientos sociales. De esto se desprende que se trata de un actor de suma relevancia para la comprensión de la dinámica de la conflictividad en Argentina. En esta línea, trabajos como los de Gradin (2018b), Gradin, Rofman y Rosa (2021), Campana (2022) y Ferrari Mango (2022) han señalado la productividad y la capacidad de innovación social para generar redes de acompañamiento tanto de las organizaciones sociales en términos amplios, como de las y los vecinos de los diferentes territorios de la Argentina en tiempos de aislamiento, que tuvieron incidencia en la contención de la conflictividad social durante este período.

La asunción de la Alianza Frente de Todos a fines del año 2019 significó un cambio sustancial en los conflictos sociales de Argentina^[4]. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)^[5], el ajuste estructural de la economía se encontró con un fuerte proceso de resistencia social (Gradin y Soto Pimentel, 2020; De Piero y Gradin, 2020; Gradin y De Piero, 2018; Gradin, 2018b, 2017; Varela, 2017). Durante ese período, como señalamos en trabajos anteriores (Gradin y Soto Pimentel, 2018a, 2018b, 2020; Soto Pimentel y Gradin, 2019), la sociedad argentina asistió a un proceso de movilización social y de alta conflictividad. Esta característica, sin embargo, es una constante de nuestra sociedad en diferentes momentos de la historia reciente, tanto durante gobiernos neoliberales, como durante aquellos autoidentificados como progresistas. Como señalan Fillieule y Tartakowsky (2015), el regreso democrático de la década de los ochenta institucionalizó a “la calle” como recurso usualmente utilizado cada vez por más actores y en medios sociales cada vez más diversos. Desde entonces las movilizaciones en espacios públicos han sido una constante en nuestro país. Sin embargo, a partir de la asunción del gobierno macrista, las demandas sociales y la conflictividad se desplazaron de cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos (mediante las cuales las organizaciones demandaban más derechos y más institucionalización) a la defensa de derechos sociales y contra el deterioro de la calidad de vida, promovido por la lógica económica del tardo neoliberalismo (García Delgado y Gradin, 2016).

En este marco general, el objetivo de este artículo es analizar la conflictividad social en Argentina a partir del análisis de los hechos de protesta, sus actores, demandas y formas de acciones colectivas registradas por medios de comunicación nacional, durante el período que va desde el 11 de diciembre del 2019 hasta el 30 de junio del 2023, en el marco de la gestión del gobierno de Alberto Fernández. A diferencia de trabajos anteriores, en este capítulo pondremos el foco en las protestas llevadas a cabo por movimientos sociales debido a su protagonismo en el período analizado, con el fin de problematizar las formas de manifestación y articulación de este actor en nuestro país que, en este período, ha atravesado la pandemia del COVID-19, las diferentes medidas sanitarias y sociales implementadas frente a este nuevo escenario global, la crisis política de la coalición gobernante y la crisis social, económica e inflacionaria.

Para ello presentamos la información construida por el Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural de la FLACSO Argentina (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Argentina) a partir del relevamiento de “hechos de protesta” registrados en las versiones digitales de dos diarios nacionales, Clarín y Página 12, entre el 11 de diciembre de 2019 y el 30 de junio del 2023.

A continuación, presentamos la estrategia teórico-metodológica utilizada en nuestra investigación, que consiste, por una parte, en una definición de los movimientos sociales a partir de tres fuentes interpretativas: la perspectiva de la acción colectiva, la definición de organizaciones de la sociedad civil y la condición de exclusión como eje constitutivo de este actor en América Latina; por otra parte, se describe la técnica de selección y análisis de los casos (fuentes de información y conteo sistemático) y se presentan las variables que componen el Protocolo de caracterización de los hechos de protesta. Posteriormente, desarrollamos la descripción y la sistematización de datos, dando cuenta de la dinámica de la conflictividad social protagonizada por los movimientos sociales en el período señalado. Finalmente, en las conclusiones, se proponen algunas reflexiones generales a la luz de nuestros principales hallazgos, a la vez que problematizamos la definición de movimiento social presentada en el marco teórico y su pertinencia para la caracterización de los movimientos sociales en Argentina.

Estrategia teórico-metodológica

Como señalamos en la Introducción, el objetivo de este capítulo es analizar la conflictividad social ocurrida en Argentina desde el inicio del gobierno del Frente de Todos hasta el primer semestre del 2023, poniendo el foco en los hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales. Para ello, en este apartado, enunciaremos qué entendemos por movimiento social para posteriormente detallar la estrategia metodológica de análisis.

Hacia una definición de los movimientos sociales en Argentina y América Latina

¿Qué entendemos por movimientos sociales? Para responder a esta pregunta primeramente tenemos que hacer una advertencia. Como señalan diversos autores, en la actualidad, no hay una definición unívoca y certera de movimiento social ni tampoco hay un acuerdo amplio entre los teóricos “sobre lo que es exactamente un movimiento, sobre lo que se puede calificar como un nuevo tipo de movimiento y sobre el significado de un movimiento social distinto a un partido político o un grupo de interés” (Cohen y Arato, 2000, pp. 556-557). Más bien se trata de un concepto polisémico e indeterminado que resulta “de las confrontaciones teóricas que despierta, por un lado, y de los diferentes contextos sociohistóricos que inspiran su uso, por el otro” (Seoane, Taddei y Algranati, 2018, p. 5), como también “de los escenarios concretos en lo que se inscribe la reflexión de la misma” (Seoane, Taddei y Algranati, 2018, p. 6).

Entre esta polisemia conceptual, en este capítulo optamos por una definición de movimientos sociales que recupera algunos aspectos de las corrientes teóricas más clásicas y de las perspectivas latinoamericanas, de modo tal de ajustar esta categoría a la realidad de la región. En concreto, proponemos una noción que se nutre de tres fuentes interpretativas: 1) la definición de acción colectiva de la perspectiva de la protesta social de Tilly (1978) y otros autores; 2) el concepto de organizaciones de la sociedad civil desde la perspectiva sociopolítica de De Piero (2020), entre otros; y 3) la condición de exclusión como eje constitutivo de los movimientos sociales en América Latina desde la perspectiva de Tapia (2008) en diálogo con otros trabajos.

En lo concerniente a la acción colectiva, pareciera haber en el campo de estudio de los movimientos sociales una especie de “piso compartido” respecto a que algunas características básicas de este actor se desprenden de esta definición. Por ello, en primer lugar, comprenderemos a los movimientos sociales en el marco del análisis de la acción colectiva que, según Tilly (1978), tiene cinco componentes. El primero de ellos consiste en los intereses, es decir, las ganancias y las pérdidas que una población puede experimentar como resultado de la interacción con otros grupos. Un segundo componente es la organización, que se refiere a los aspectos de la identidad común y de la estructura unificadora que más afecta la capacidad del grupo para actuar por sus intereses. La movilización, como tercer componente, es el proceso por el cual cada grupo adquiere control sobre los recursos necesarios para la realización de una acción o intereses comunes (fuerza de trabajo, bienes, armas, votos, etc.). La movilización también refiere al proceso por medio del cual un grupo va de la pasiva colección de individuos hacia una participación activa en la vida pública. El cuarto componente de la acción colectiva son las oportunidades, es decir, la relación que tiene un grupo con el mundo que lo rodea y sus cambios, los cuales puede representar amenazas para los intereses de un grupo u oportunidades para actuar por esos intereses. Dentro de las oportunidades se identifican tres elementos: el poder, la represión y las oportunidades/amenazas. Por último está la dimensión de la acción colectiva, que consiste en que las personas actúen en conjunto en búsqueda de intereses comunes y que es resultado de las combinaciones cambiantes entre todos los componentes anteriores.

Estas características de la acción colectiva no son exclusivas de los movimientos sociales. De hecho, el propio Tilly (1978) menciona que la unidad de análisis de la acción colectiva son los movimientos sociales, pero también los grupos (población que tiene alguna estructura común y comparte creencias, y cuyas acciones son resultado de esa combinación de estructura y creencias; un ejemplo es el análisis de la clase trabajadora); y los eventos (puede ser una revolución, una ceremonia, una confrontación, o una clase de eventos, tales como ataques a un albergue, demostraciones o revoluciones en general; el análisis de uno o varios eventos se centra en las poblaciones y las creencias en la medida en que están directamente relacionadas con los eventos).

Entonces ¿qué diferencia a los movimientos sociales de otros protagonistas de la acción colectiva? Tilly, en su libro De la movilización a la revolución, los define como “un grupo de personas identificadas por su compromiso con una serie particular de creencias. (…) también significa comúnmente una acción” (1978, p. 10). Más tarde, el autor enriquece esta definición afirmando que “para el siglo veintiuno, las personas a lo largo del mundo reconocen el término de ‘movimiento social’ como un llamado de atención, como un contrapeso al poder opresivo, como la suma de acción popular contra un amplio rango de injusticias”^[6] (Tilly y Wood, 2020, p. 5). En este sentido, el autor define a los movimientos sociales como una forma particular de política contenciosa:

Contenciosa en el sentido que los movimientos sociales implican la formulación colectiva de reivindicaciones que, de realizarse, entrarían en conflicto con los intereses de otros; política en el sentido de que los gobiernos de un tipo o del otro figuran de algún modo en la formulación del reclamo, sea como demandantes, objetos de los reclamos, aliados de los objetos, o monitores de la contienda. (McAdam, Tarrow y Tilly; Tilly y Tarrow, 2015)^[7] (Tilly y Wood, 2020, p. 6)

A propósito de que partimos del supuesto de que los movimientos sociales se distinguen de los partidos políticos, los movimientos revolucionarios de los años sesenta y setenta y las organizaciones de trabajadores tradicionales asociados con las relaciones capital/trabajo y el trabajo asalariado, podemos observar como una segunda fuente interpretativa la definición de organizaciones de la sociedad civil (OSC). Siguiendo a Cohen y Arato (2000) y a De Piero (2020), los movimientos sociales pueden definirse como actores dentro de la sociedad civil que nuclean diferentes organizaciones, activistas y agendas, y, por ende, podemos comprenderlos como redes de organizaciones de la sociedad civil que contienen y atraviesan transversalmente a una heterogénea y compleja trama de acciones colectivas.

Las OSC se constituyen en una esfera de interacción social entre la economía (sociedad económica) y el Estado (sociedad política), y pueden ser de diversa índole (como la familia, las asociaciones, los movimientos sociales, y las formas de comunicación pública). Otra característica de las OSC es que son “grupos plurales y autónomos de las acciones estatales y del mercado” (De Piero, 2020, p. 48), es decir, no tienen como objetivo principal la dominación política o participar directamente del poder del Estado, ni acumular capital o participar en la producción económica, ni tampoco tienen como fin primario controlar y manejar el Estado o el mercado (Cohen y Arato, 2000; De Piero, 2020).

Ahora bien, esto no implica que estén escindidos de estas esferas de la sociedad, ya que

sus intervenciones se manifiestan e influyen en el campo de lo político, lo económico, lo social y la cultura en términos generales, al trabajar y buscar la representación de los derechos, del espacio público, de tradiciones y opciones culturales o sociales, constituyendo a su vez las prácticas propias de la vida de los ciudadanos. (De Piero, 2020, p. 48)

Por otra parte, la relación de las OSC con el mercado y el Estado no es por definición de oposición. Esta última surge cuando las esferas de mediación de la sociedad económica y política fracasan o cuando las instituciones de estas sociedades “sirven para aislar el proceso de toma de decisiones y a quienes deciden de la influencia de las organizaciones e iniciativas sociales, y de las formas de discusión pública” (Cohen y Arato, 2000, p. 10). En la línea de las relaciones de colaboración entre las OSC y el Estado, es interesante destacar que una característica particular de los movimientos sociales en la región, y particularmente en la Argentina, es su participación política en experiencias de gestión de lo público, tanto a nivel local como a nivel subnacional y nacional. Su vinculación con alianzas de gobierno en diferentes coyunturas históricas recientes, y su participación directa en la gestión pública de áreas de políticas sustantivas a sus demandas es una dimensión particular de estos actores colectivos que se pueden ver tanto en los movimientos de la economía popular (Soto Pimentel y Gradin, 2023; Gradin, 2018a) y en los movimientos de derechos humanos como en los movimientos feministas, entre otros. Esta maduración de los movimientos sociales como mediadores sociopolíticos entre el Estado y la sociedad es una característica propia de la región, que tensiona también las dinámicas de protestas y conflictividad durante el período analizado.

A partir de esta definición, entonces, diremos que en cuanto parte de las OSC, los movimientos sociales se distinguen de las organizaciones de la sociedad política, como los partidos políticos, y de las organizaciones de la sociedad económica, como las organizaciones de producción y distribución en el marco de la economía formal y las relaciones capital/trabajo (como los sindicatos, sociedades de comercio, movimiento obrero, sociedades empresarias, etc.), pues no buscan primordialmente el control del Estado o del mercado, aunque no se encuentran escindidos de ellos, y pueden tener una relación de conflicto o colaboración con estas esferas.

Esta noción, sin embargo, requiere de mayores precisiones, en cuanto, para el caso argentino, algunos movimientos sociales que no forman parte del sistema económico o político tienen intereses primarios para intervenir tanto en el Estado como en el mercado. Sin ir más lejos, la existencia de los movimientos de la economía popular congregados en un sindicato que representa sus intereses, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la participación de referentes de movimientos sociales dentro de la estructura política del Estado y del Parlamento (Soto Pimentel y Gradin, 2023), y la presentación de una candidatura presidencial emanada de los movimientos sociales (Juan Grabois de la UTEP), podría hacer tambalear esta primera delimitación.

A efectos de evitar lo anterior, tomamos las reflexiones de Seoane, Taddei y Algranati (2018), quienes afirman que si bien los movimientos sociales no forman parte de la sociedad política o económica, no están exentos de los conflictos laborales o del trabajo ni, agregamos, de los conflictos políticos y de representación. En este sentido, una tercera fuente interpretativa para definir a este actor colectivo son las condiciones que explican dichos conflictos. Dentro de la literatura, identificamos que la condición de exclusión es una dimensión tremendamente significativa en la dinámica de los movimientos sociales en América Latina.

Diferentes autores han considerado la cuestión de la exclusión a la hora de analizar los movimientos sociales. Luis Tapia (2008), por ejemplo, afirma que en las sociedades neoliberales, los movimientos sociales nacen como respuestas a los conflictos sobre las formas de acumulación y distribución de riqueza, y sobre las disputas en la construcción de consensos, y que cuando la política institucional no da respuestas a las problemáticas de exclusión económica, es desbordada por la sociedad civil, y por lo tanto por los movimientos sociales. Tarrow (2011) los define como “una colectividad excluida que mantiene una interacción sostenida con las élites económicas y políticas en busca del cambio social” (citado en Almeida, 2020, p. 25). De Piero afirma que los movimientos sociales “están vinculados a demandas y derechos de sectores que sufren algún nivel de exclusión y que plantean su acción colectiva en términos emancipatorios” (2020, p. 34). En directa relación con estos puntos, Almeida (2020) identifica tres componentes distintivos de los movimientos sociales: la movilización colectiva y sostenida (esto permite distinguir a los movimientos sociales de una manifestación casual o esporádica protagonizada, por ejemplo, por un grupo de vecinos y vecinas o la ciudadanía en general); la exclusión social (que puede ser por razones económicas, culturales, de género, raza, políticas, etc.); la exposición a amenazas reales o percibidas de perjuicios sociales, económicos, políticos y ambientales (como la discriminación, el desempleo, la contaminación, etc.), que motiva a las personas a “unirse para lanzar una campaña de movimiento social, sobre todo cuando los canales institucionales no permiten resolver el tema en cuestión. También puede producirse la oportunidad de reducir perjuicios de larga data, como décadas de discriminación o de explotación económica (Tarrow, 2011)” (Almeida, 2020, p. 28).

Nos parece importante, sin embargo, tematizar y desarrollar la condición de exclusión y la perspectiva emancipatoria que explican, según estos autores, el origen y los objetivos de un movimiento social en el caso de América Latina y, en particular, en el caso de Argentina. Esto nos parece fundamental para distinguir a los movimientos sociales de aquellas organizaciones conservadoras y liberales, muy vigentes en la actualidad, que de algún modo se sienten discriminadas o excluidas como causa de la garantía de derechos a otros grupos sociales determinados, tales como los grupos pro-vida o en contra de la legalización del aborto o contrarios a lo que denominan la “ideología de género” (Flood, 2021; Stefanoni, 2021; Morresi, S., Saferstein, E. y Vicente, M., 2020).

En este marco, en primer lugar, asociamos la condición de exclusión a las dificultades para el ejercicio de los derechos humanos o la ausencia de instrumentos que permitan garantizar su cumplimiento. Otra forma de mencionarlo es, quizás, aquello que señala Tapia cuando afirma que los movimientos sociales por lo general hablan de aquello que no tiene lugar en la sociedad, de aquello ausente pero deseable y “cuya consecución se busca y conquista en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos existentes” (Tapia, 2008, p. 56).

Parte de esta condición de exclusión está delimitada dentro de las teorías de los nuevos movimientos sociales (NMS), que ponen el foco en el análisis de aquellos movimientos cuyas demandas están asociadas a la garantía de derechos posmateriales (por razones identitarias, simbólicas y culturales), y que se distinguen de las demandas asociadas a formas clásicas de movilizaciones arraigadas en cuestiones materiales y en las relaciones capital/trabajo (disputas salariales, habitacionales, sanitarias, etc.). Los NMS irrumpen en el espacio público, primero en Estados Unidos y Europa y posteriormente en América Latina, no como consecuencia de las crisis económicas o normativas de los procesos de modernización, sino más bien de las condiciones de la posmodernidad o de la sociedad postindustrial. Entre estos grupos están los movimientos medioambientales, de los derechos de los consumidores, los movimientos anti guerra y por la paz, los movimientos por los derechos civiles, antirracistas, de la libertad sexual, de la igualdad de género, etc. En el caso especial de América Latina, los NMS también incluyeron aquellos que lucharon por la garantía y la defensa de los derechos humanos y contra la desaparición forzada de personas en el contexto de dictaduras y gobiernos autoritarios.

Sin embargo, Seoane, Taddei y Algranati (2018) afirman que la definición de NMS tiene limitaciones para el análisis de los movimientos sociales en América Latina, en cuanto deja fuera y oculta la cuestión social o las problemáticas de clases (que quedan asociadas al movimiento obrero o revolucionario) y también enmascara la dominación colonial que aún pervive en nuestra región. En este marco, proponen “abordar la relación entre los conceptos de ‘movimiento social’ y clases sociales en referencia a los campos de disputa abiertos por las transformaciones recientes en los capitalismos latinoamericanos” (p. 11).

Un aspecto clave es la consideración de los procesos de implementación y crisis del neoliberalismo en la región en los años noventa y primera década del 2000, y que pueden ser extendidos a la actualidad en cuanto explican condiciones de exclusión que exceden este lapso histórico. Así, lo que caracterizó a los movimientos sociales del período fue su identificación con la desposesión:

Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, su trabajo o sus condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituían en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, sin trabajo, sin techo), de las condiciones sobre las que se erigía la opresión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas). (Seoane, Taddei y Algranati, 2018, p. 8)

La continuidad de estas problemáticas hasta la actualidad en la región tiene que ver con que el neoliberalismo forma parte de la reproducción del capitalismo moderno y sus lógicas de acumulación por desposesión que siguen vigentes. Tener esto en consideración permite retomar la problemática de la cuestión social y de la concentración de la riqueza (que había sido desplazada por la teoría de los NMS) como factores determinantes en la constitución de parte de los movimientos sociales de Argentina y la región, y que profundizan las desigualdades y por lo tanto la exclusión de las mayorías populares. Estos movimientos sociales expresan parcialmente estas tensiones mediante demandas de defensa y ampliación de los derechos humanos materiales, como el derecho a la tierra y al hábitat, al trabajo y a los cuidados, etcétera.

Retomando las reflexiones de Luis Tapia, en definitiva, podemos señalar que los movimientos sociales se configuran cuando

la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil como en el del estado, y se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y del gobierno. (Tapia, 2008, p. 55)

Los movimientos sociales son interpretados como una forma de política excedente, como desborde, en el sentido en que se originan, por una parte, cuando las formas estatales “no enfrentan ni resuelven el conflicto distributivo y el de la producción del consenso en torno al orden político y social” y, por otra, cuando se experimenta y politiza algún “tipo de escasez o pauperización causadas por los principios de distribución existentes” (Tapia, 2008, p. 58).

En síntesis, la conceptualización de movimientos sociales que acá ocuparemos para identificar a este actor en las fuentes de información de conflictos se compone de los siguientes elementos:

• Constituyen una forma de acción colectiva, en la que las personas actúan en conjunto buscando intereses comunes.
• Tienen una identidad común y una estructura unificadora, cuentan con recursos para movilizarse y participar activamente de la vida pública. Se enfrentan a amenazas y aprovechan oportunidades que emergen de su relación con el mundo que lo rodea.
• Formulan reivindicaciones, que pueden entrar en conflicto con los intereses de otros actores, y se relacionan con los gobiernos, que pueden ser sus adversarios o sus aliados.
• Pertenecen a la esfera de la sociedad civil, ya que su propósito no es participar directamente de la competencia electoral ni de los procesos de acumulación privada de capital. Sin embargo, no se encuentran escindidos de las esferas política y económica de la sociedad, y forman parte de los conflictos de clase, de distribución de la riqueza y de representación política y de construcción de consensos.
• Su relación con el Estado es compleja, ya que varía desde la confrontación directa por medio del reclamo y la demanda, hasta la participación política en diferentes espacios de gestión pública y en alianzas político partidarias de gobierno.
• Su movilización es colectiva y sostenida en el tiempo, se enfrentan a amenazas de perjuicios sociales y emergen de condiciones de exclusión social que pueden ser de diferente tipo, vinculadas a la falta de garantía de derechos humanos materiales o posmateriales (es decir, por razones identitarias, culturales, políticas, económicas, sociales, coloniales, etcétera).
• Buscan la transformación social y la emancipación para romper con las condiciones de exclusión propias de la región latinoamericana y que explican los conflictos de los que forman parte.

Metodología

Para abordar la conflictividad social protagonizada por los movimientos sociales durante el período que va desde el 11 de diciembre de 2019 y el 30 de junio del 2023, hemos llevado a cabo un monitoreo de los “hechos de protestas” o “las protestas” protagonizadas por este actor, como unidad de análisis de nuestro objetivo de estudio (Almeida, 2020). La técnica de análisis se basó tanto en el conteo sistemático de los hechos de protesta y sus formas como en el análisis cualitativo de éstas desde una perspectiva macrosocial e histórica relacional.

El análisis de los hechos de protesta es adecuado para nuestros objetivos, pues constituye un método sobresaliente en los estudios de los movimientos sociales, deriva del análisis de contenidos (Rucht et al., 1999; Koopmans, 2002, citados en Almeida, 2020) y “suministra información sobre la ‘acción colectiva distintiva en pos de una meta explícita mediante el uso de medios confrontativos, disruptivos, o incluso violentos’” (Rucht y Ohlemacher, 1992, p. 77, citado en Almeida, 2020, p. 73), entre otras dimensiones analíticas. Esta metodología nos permitió construir una muestra de hechos sociales que ilustran las principales características de la conflictividad social protagonizada por los movimientos sociales durante 2019 y 2023. Ahora bien, solo tuvo fines analíticos y, por lo tanto, los datos no son exhaustivos, excluyentes ni categóricos. En este sentido, esta cuantificación nos sirvió para ponderar las diferentes acciones colectivas, lo que nos permitió visualizar las principales características de la conflictividad social durante el período de tiempo seleccionado.

Por otra parte, y como señalamos, nos interesa interpretar estos datos cuantitativos adoptando una mirada sociopolítica, que incluya una perspectiva macrosocial e histórica relacional. Ello implica analizar la conflictividad a partir de su manifestación en hechos de protesta, interpretándolos como aquellas formas de acción directa (organizada o espontánea) que emergen cuando se combinan una serie de elementos estructurales y coyunturales que explican su irrupción (Auyero, 2002a, 2000b; Pérez y Rebón, 2012). Entre estos elementos, debemos destacar el aumento y la concentración del malestar social y la disconformidad resultante de las contradicciones estructurales del orden social; la ausencia o deficiencia coyuntural de canales institucionales de procesamiento de la disconformidad; y la existencia de condiciones políticas y sociales que reducen los costos de la acción directa o aumentan sus beneficios. Estos elementos serán, entonces, también parte central del análisis cuantitativo de las protestas protagonizadas por los movimientos sociales.

Para construir el monitoreo de la conflictividad social protagonizada por los movimientos sociales durante el período estudiado, siguiendo a Almeida (2020), dividimos el análisis de los hechos de protesta en dos etapas: la selección de artículos publicados en una o varias fuentes noticiosas y la codificación y el análisis de dichos artículos según un protocolo diseñado previamente.

Respecto a la primera etapa, el monitoreo está basado en el registro de hechos de protestas cubiertos por periódicos nacionales de Argentina. Cabe destacar que, como señala Almeida (2020), los periódicos tienen tres propiedades que los dotan de un atractivo especial para el abordaje de los movimientos sociales: continuidad, amplia cobertura y fiabilidad. Continuidad debido a la extensión de su cobertura durante períodos prolongados, amplia cobertura porque ofrecen la ventaja de captar actividades de los movimientos sociales más diversos y, por último, fiabilidad y estandarización porque los periódicos publican reiteradamente el mismo tipo de artículos para informar sobre el mismo tipo de eventos (Almeida, 2020).

Sin embargo, también es preciso mencionar que los periódicos poseen tres sesgos cruciales en el abordaje que nos proponemos: la intensidad, la proximidad y la ideología (Almeida, 2020). El sesgo de intensidad se vincula con la magnitud de una protesta, ya que los periódicos suelen ser más propensos a cubrir protestas multitudinarias, violentas o disruptivas. Por su parte, el sesgo de proximidad está relacionado con las protestas que son geográficamente cercanas a la sede de un periódico, lo que genera que los hechos de protesta de las grandes ciudades reciben mayor cobertura que los de las zonas rurales o ciudades más pequeñas. Con respecto al sesgo ideológico de los periódicos, este depende de los propietarios y de la dirección editorial. En términos generales, los periódicos conservadores suelen ser más propensos a cubrir movimientos conservadores, como los antiinmigrantes, los antiabortistas y las movilizaciones de la derecha cristiana, y por su parte, los periódicos progresistas se inclinarían por los movimientos más afines a la izquierda, como el sindicalismo y el ambientalismo (Almeida, 2020).

En los datos aquí analizados es posible identificar sesgos de proximidad e intensidad, debido a que visualizamos en ambos diarios una mayor preponderancia de los conflictos desplegados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por ser el centro político del país. Así también, aun cuando algunas movilizaciones son descritas por estos periódicos como de “alcance nacional”, sólo se identifica su versión en Buenos Aires, omitiendo sus réplicas en las distintas provincias. Por esta razón, el análisis no pretende ser exhaustivo de la conflictividad social a nivel nacional, ya que reconocemos que las dinámicas de protestas provinciales y locales tienen poca cobertura mediática.

Por otra parte, para evitar el sesgo ideológico de los periódicos, hicimos una selección de estos basada en su nivel de difusión y su alcance geográfico, y sus tendencias ideológicas y políticas diversas. En este marco, los hechos de protesta analizados fueron relevados a partir de un monitoreo de las noticias sobre conflictos sociales llevados a cabo por movimientos sociales que aparecieron en dos de los principales periódicos de Argentina, a saber, las versiones digitales de Clarín y Página 12. Escogimos estos periódicos por su mayor nivel de audiencia en relación con el campo ideológico al que pertenecen. Así, por ejemplo, Clarín es uno de los periódicos nacionales con mayor nivel de difusión y audiencia dentro del espectro de medios de comunicación escritos, factible de ser asociado a los sectores medios y altos de la sociedad; su línea editorial es más cercana a la actual oposición del gobierno de Fernández, incluidos los representantes de Cambiemos. Por su parte, Página 12 es uno de los medios digitales de mayor audiencia en el país y de alcance nacional, y su línea editorial es más progresista y con una tendencia a favorecer y destacar las decisiones políticas de gobiernos cercanos al campo nacional y popular, alineándose mayormente, en el período analizado, al oficialismo.

En relación con la segunda etapa del análisis, es importante señalar que el protocolo es una herramienta fundamental que permite diferenciar y caracterizar las protestas en varias dimensiones que pasamos a detallar a continuación (Almeida, 2020).

En primer lugar, definimos los hechos de protestas o protestas como aquellas manifestaciones colectivas en el espacio público que portan una demanda y un repertorio de acción (Tilly, 1978). En este sentido, identificamos un hecho de protesta cuando

un grupo, actor o movimiento expresa una situación de malestar colectivo de manera hostil a través de demandas y medidas de presión más o menos violentas contra alguna instancia pública o privada a la que consideran responsables de dicha situación. (Calderón, 2011, p. 85)

Clasificamos los hechos de protesta según diferentes variables que presentaremos a continuación, para recortar y visibilizar los temas o clivajes que generaron mayor nivel de conflictividad durante el período. Para ello utilizamos diversas clasificaciones que construimos en diferentes informes de nuestro observatorio (Gradin y Soto Pimentel, 2018a, 2018b, 2020; Soto Pimentel y Gradin, 2019; Gradin, Soto Pimentel y Reiri, 2022; Soto Pimentel, Gradin y Reiri, 2021ª, 2021b, 2022ª, 2022b, 2022c, 2023ª, 2023b), algunos elementos del libro Los conflictos sociales en América Latina, compilado por Fernando Calderón (2011), y definiciones proporcionadas por Tilly (1978) y Almeida (2020).

Una primera variable analizada fue el conflicto al que pertenecen las demandas expresadas en cada hecho de protesta. Esto se identificó según los protagonistas de cada hecho de protesta y las consignas por ellos/as esgrimidas, que “expresan sus identidades, intereses, producciones y orientaciones, y que corresponden a las relaciones sociales involucradas y a los intereses de poder en juego” (Calderón, 2011, p. 342). Entre los diferentes campos de conflictos, identificamos los asociados a las siguientes demandas y sectores: laboral, derechos humanos, educativo, sociales, feminista y disidente, medio ambiente, ideológico/político, tierras, seguridad, intervención estatal en el mercado, prestación de servicios de salud y vivienda.

Con los conflictos laborales nos referimos a demandas por la mejora de condiciones laborales, salariales, reincorporación de trabajadores/as despedidos, defensa de puestos de trabajo, etc. Con derechos humanos nos referimos a las demandas asociadas a su violación, reconocimiento o respeto. Las demandas asociadas al ámbito educativo en cualquiera de sus niveles o que involucren a algún actor de la comunidad educativa corresponden a los conflictos educativos. Los conflictos sociales refieren a la satisfacción de necesidades básicas en sectores populares, asociadas, por ejemplo, a las “emergencias” alimentaria, laboral, habitacional, sanitaria. El feminista y disidente refiere a los conflictos relativos a la defensa y la garantía de los derechos de las mujeres y colectivos LGTGQ+, y contra la violencia machista, en sus diferentes expresiones. Los conflictos medioambientales son aquellos generados por problemas en el uso de los recursos naturales y por el deterioro de la calidad ambiental debido a acciones específicas. Los conflictos ideológico políticos refieren a las pugnas entre facciones, en general entre partidos políticos, grupos internos que los conforman o sectores afines, alrededor de visiones políticas contrapuestas que son llevadas al plano del enfrentamiento. Los conflictos denominados Tierras refieren a demandas vinculadas a la disputa de tierra y territorios entre dos o más actores, pedidos de otorgamiento u ocupaciones ilegales de territorios o infraestructuras agrarias con la intención de apoderarse de ellos para uso propio. El conflicto sobre Seguridad está asociado a demandas por la falta de protección de la población frente a hechos delictivos, y por la garantía de seguridad y justicia de los ciudadanos afectados. Por Intervención Estatal en el mercado nos referimos a conflictos generados por aquellas políticas estatales que intentan regular la empresa privada y el mercado con el objetivo de subsanar deficiencias propias del funcionamiento económico de la sociedad en favor del bien común. Por último, los conflictos relativos a insuficiencias en las condiciones de los servicios de salud, su infraestructura, prestaciones y trabajadores, los identificamos como Prestación de servicios de salud, y aquellos relacionados con el acceso a la vivienda, al conflicto “Vivienda”.

La segunda variable considerada fue tipo de acción colectiva^[8], la cual “enfatiza la naturaleza de la interacción entre otros grupos y el grupo cuya acción estamos clasificando”, que depende de los “reclamos que los actores colectivos están afirmando en su acción” (Tilly, 1978, pp. 143-144). A partir de ello, distinguimos dos tipos de acción colectiva: las reactivas y las propositivas. Las primeras son acciones que expresan una reacción o resistencia frente a una acción gubernamental, civil o del mundo privado. Son acciones consistentes “en esfuerzos grupales para reafirmar derechos establecidos cuando alguien más los cuestiona o viola”^[9] (1978, p. 145). Las propositivas, en cambio, son aquellas que “hacen valer derechos de grupo que no se han ejercido previamente” (1978, p. 147) y que, por ende, expresan una demanda o problemática no visibilizada en el espacio público o la agenda de gobierno, o dan a conocer una propuesta de solución que emerge de quienes protagonizan la acción, y que puede traducirse en una política pública o un proyecto de ley. Esta conceptualización permite iluminar un aspecto soslayado en el análisis de los conflictos sociales, relacionado con aquellos procesos de movilización generados a partir de propuestas propias de la sociedad. El carácter constructivo del conflicto social, su capacidad de generar transformaciones (siempre parciales e imperfectas) del sistema social se puede rastrear por medio de esas manifestaciones (Soto Pimentel y Gradin, 2022).

Otra variable analizada fue el repertorio de acción para registrar las formas de acción implementadas en cada conflicto. Utilizamos las siguientes categorías: corte de calles o de rutas; paro de actividades del actor convocante; toma u ocupación de espacios públicos; acciones “simbólicas cotidianas”, es decir, que toman una acción cotidiana como símbolo de una molestia o reclamo (abrazo, banderazo, bocinazo, camarazo, frazadazo, pañuelazo, ruidazo, etc.); acciones simbólicas populares, es decir, acciones que simbolizan necesidades básicas insatisfechas o visibilizan otras formas de vida social, económica y política (ollas populares, feriazos, semillazos, verdurazos, panazos); movilización de manifestantes de un lugar a otro (marchas, caravanas); concentración de personas u organizaciones de la sociedad civil en un solo lugar; acciones en contexto de encierro referidas a las estrategias de visibilización de demandas protagonizadas por personas privadas de libertad en cárceles (motines, huelgas de hambre, etcétera).

El tipo de actor colectivo es otra de las variables para describir los hechos de protesta, la cual definimos sobre la base de la principal demanda que se expresa en estos, y en el caso de manifestaciones en las que participa más de un actor, determina la clasificación el principal actor convocante. Si bien acá nos focalizaremos en los movimientos sociales, vale la pena señalar que considerando esta definición identificamos otros actores que aparecen en el relevamiento de datos, algunos más clásicos e históricos, y otros que emergen con la contingencia y el devenir del contexto social. Así, podemos mencionar como ejemplos de otros actores colectivos a los trabajadores (englobando a todo el abanico sindical), las mujeres y disidencias, PYMEs y pequeños comerciantes, ciudadanía, grandes empresarios o industriales, comunidad educativa y científica, personas privadas de libertad y partidos políticos.

Por su parte, la variable objetivo de la demanda se refiere a la institución, organismo o individuo al cual se encuentra principalmente dirigida la demanda. Las categorías que componen dicha variable son: Estado nacional, Estado provincial, Estado local, empresas privadas (nacionales o internacionales), institución educativa, institución de salud, actor o institución de la sociedad civil (grupo, movimiento, organización, etc.), empresas del Estado y otro.

Respecto de la repercusión del conflicto, la variable alcance se propone indicar cuál ha sido el grado de difusión que el hecho alcanzó. Para ello las categorías que permiten diferenciar el alcance son: local/territorial, provincial y nacional.

La ubicación refiere al nombre específico del lugar del conflicto que, en esta base de datos, se compone de provincia y municipio. A los fines de este abordaje, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también será comprendida como parte de la provincia de Buenos Aires en términos geográficos.

En cuanto a la variable represión, hace referencia al hecho de si hubo o no intervención de alguna de las fuerzas de seguridad del Estado (federal, provincial, local o fuerzas armadas) en el conflicto haciendo uso de la violencia. En ese sentido las categorías que hacen a esta variable son dos: sí o no.

Por último, incorporamos en este análisis la variable sobre si la demanda estaba asociada o no a la crisis sanitaria del COVID-19. Esta variable analítica fue relevante no sólo por el clima de época que permea el período analizado, sino también porque nos permitió comprender la conflictividad social en términos holísticos, en el sentido de poder reflexionar sobre aquellas causas estructurales o de fondo que persisten en la sociedad y que pueden verse agravadas o no con determinadas crisis de orden contingente. Estas cuestiones podemos asociarlas a “temas arraigados tanto a nivel histórico como sociopolítico: la exclusión, injusticias, demandas por la identidad, la autonomía y la necesidad de un nuevo pacto social” (Calderón, 2011, p. 85).

A partir de estas variables se registraron y sistematizaron 390 hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales, identificados en el monitoreo de medios de comunicación con el objetivo de construir una muestra que nos permitió caracterizar la conflictividad social durante el periodo analizado. La recolección de datos se realizó durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. A partir del rastreo manual de noticias de las secciones de política y sociedad en las versiones digitales de los diarios nacionales Clarín y Página 12, se construyó una planilla de sistematización que permitió establecer las categorías de cada variable para cada hecho de protesta identificado. A continuación, presentaremos y discutiremos estos datos construidos a la luz de las variables propuestas y sus categorías.

Análisis de datos 2023

A continuación exponemos los principales resultados del análisis de los datos de hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales. Para ello, describimos la conflictividad social según: 1) la participación de este actor dentro de la dinámica de movilización general y su evolución en el período analizado; 2) las demandas y áreas de conflictos que se visibilizaron mediante las protestas; 3) los tipos de acción colectiva, los repertorios de acción y la represión; 4) la ubicación y alcance de las protestas y 5) la relación entre el nivel de movilización y la pandemia por el COVID 19.

1. Dinámica de la movilización social de los movimientos sociales y su evolución en el tiempo

Entre el 11 de diciembre de 2019 y el 31 de julio de 2023 se identificó un total de 1061 hechos de protesta, de los cuales 390 fueron protagonizados por movimientos sociales.

Como se observa en el Gráfico Nº 1, los movimientos sociales fueron el actor más relevante en la conflictividad general del período analizado, representando un 37% del total de los hechos de protesta, seguido por los trabajadores con un 23%, la ciudadanía con un 21% y la comunidad educativa con un 11%. El 8% restante fueron llevados a cabo por partidos políticos, mujeres y disidencias, pequeños y grandes actores del sector privado, personas privadas de libertad y fuerzas de seguridad.

El actor “movimientos sociales” se encuentra compuesto por un conjunto heterogéneo de agrupaciones formadas por personas con una identidad común y una estructura unificadora, que poseen intereses, cuentan con recursos para movilizarse y participar activamente de la vida pública.

En el presente relevamiento se han identificado 173 movimientos sociales. Entre los que alcanzaron mayor relevancia por haber protagonizado un gran número de hechos de protesta se puede identificar a aquellos que hemos agrupado en la categoría “de oposición al gobierno” que ha encabezado un 24,5% del total de hechos de protesta llevados a cabo por movimientos sociales y entre los que se destacan movimientos como la Unidad Piquetera, el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST Teresa Vive), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros movimientos sociales de izquierda o con tendencias políticas que se opusieron explícitamente al gobierno nacional del Frente de Todos durante el periodo analizado. Por otra parte, representando un 13,4% del total de hechos de protesta, se encuentran los movimientos sociales que hemos agrupado en la categoría “oficialistas” por explicitar su apoyo, algunas iniciativas del Frente de Todos. Entre ellos se encuentran la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros. Varias de estas organizaciones participaron durante este período de diferentes espacios de gestión del Estado Nacional y de políticas y programas sociales como ya analizamos en otros trabajos (Soto Pimentel y Gradin, 2023).

Fuera de esta dicotomía se encuentran otro tipo de movimientos sociales que no explicitan un apoyo ni un rechazo al gobierno, como los organismos de derechos humanos, el colectivo de discapacidad, el Frente Milagro Sala y la Unión de Trabajadores de la Tierra, entre otros.

Gráfico Nº 1: Porcentaje de hechos de protesta según actor colectivo (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 1061)

Fuente: Elaboración propia.

El protagonismo de los movimientos sociales se repite en casi todos los semestres^[10] analizados (ver Gráfico Nº 2). La excepción se da en el segundo semestre de 2020, cuando el protagonista de la movilización social es la ciudadanía (33%), seguida por los trabajadores (27%). En un informe anterior, señalamos que esta disminución podría estar relacionada con la focalización de los movimientos sociales a su trabajo en los territorios más afectados por la pandemia y las medidas de aislamiento. En cambio, las acciones colectivas anticuarentena protagonizadas por la ciudadanía y las demandas por mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en el sector salud, fueron las que ocuparon la calle mayormente (Gradin, Soto Pimentel y Reiri, 2022).

Gráfico Nº 2: Porcentaje de hechos de protesta según actor colectivo y semestre (Periodo: 11/12/2019-20/6/2023. Total: 1061)

Fuente: Elaboración propia.

Así también, para todos los semestres analizados, la tendencia en la distribución de protestas llevadas a cabo por movimientos sociales se encuentra, en general, en consonancia con la dinámica de conflictos general. De hecho, si observamos el Gráfico Nº 3, el segundo semestre de 2022 fue el período con mayor conflictividad social general, teniendo lugar el 19.6% de los conflictos relevados entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2023. Esta tendencia se repite en el caso de los movimientos sociales, cuyo nivel más alto de conflictos fue en el mismo período, representando el 22.1% de los hechos de protestas protagonizados.

Por otra parte, observamos que desde el primer semestre del año 2020 hasta el primer semestre de 2022, hay un incremento de la conflictividad social general y de la protagonizada por los movimientos sociales, siendo el porcentaje de hechos de protesta protagonizados por estos superior al porcentaje general.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2021, cuando la cantidad de conflictos en general disminuyó, la frecuencia de protestas protagonizadas por movimientos sociales aumentó respecto del semestre anterior. Posterior a ello, el porcentaje de protestas general y de la protesta protagonizada por los movimientos sociales tiene una tendencia similar: disminuye para el primer semestre de 2022, incrementa el semestre siguiente y vuelve a disminuir para el primer semestre de 2023.

En este período las demandas estuvieron particularmente vinculadas con cuestiones sociales, y los actores más relevantes dentro de los movimientos sociales fueron los movimientos piqueteros y de desocupados de los partidos de izquierda, que llevaron a cabo acciones conjuntas a partir de las cuales surgiría el principal movimiento piquetero opositor al gobierno nacional: Unidad Piquetera.

Se destaca en este período la marcha federal piquetera a fin de reclamar al Gobierno Nacional mayor asistencia social. Esa marcha dio surgimiento a la Unidad Piquetera, que como mencionamos anteriormente, fue un frente piquetero nucleado por las principales organizaciones sociales de izquierda del país, protagonista de la conflictividad social en el período abordado. Por su parte, los movimientos sociales como la UTEP se orientaron a realizar reclamos a grandes empresas y a brindar apoyo al gobierno nacional, como en el banderazo a favor del proyecto de renta inesperada. Otras grandes movilizaciones que marcaron este período fueron las de pedido de liberación de Milagro Sala, encabezadas por la Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala.

Gráfico Nº 3: Distribución porcentual de hechos de protesta general (Total: 1061) y de movimientos sociales (Total: 390) según semestre
(Periodo: 11/12/2019-30/6/2023)

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la dinámica de los movimientos sociales, cabe destacar que los agrupados dentro de la categoría de “oposición” al gobierno llevaron a cabo, en términos generales, un mayor número de hechos de protesta (92) respecto de los oficialistas (51). Esto podría deberse a que, en una primera etapa, los movimientos sociales afines al gobierno se orientaron a la realización de tareas de asistencia, principalmente en el período que duró el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) por el COVID-19 entre 2020 y 2022. Por su parte los movimientos sociales opositores se movilizaron mayoritariamente durante todo el período que se mantuvieron las restricciones ASPO y DISPO, con la excepción del mes de octubre del 2020.

En el Gráfico N° 4 se puede evidenciar lo mencionado anteriormente, destacando que diciembre del 2022 fue el mes con mayor número de hechos de protesta llevados a cabo por movimientos sociales oficialistas y opositores. En este período la conflictividad estuvo signada por la exigencia al gobierno nacional de resolución de los problemas de los titulares del Potenciar Trabajo así como el pedido de mayor asistencia a los barrios populares.

Gráfico Nº 4: Distribución mensual de hechos de protesta según tipo de movimiento social opositor (Total: 95) y oficialistas (Total: 52)
(Período: 11/12/2019-20/6/2023)

Fuente: Elaboración propia.

2. Demandas y conflictos visibilizados por los movimientos sociales en los hechos de protesta

Otra variable por analizar en los hechos de protestas son las demandas de los movimientos sociales, las cuales refieren a los reclamos concretos que visibilizan en el espacio público. Lo haremos según área de conflicto de la demanda y objetivo al que se dirigen.

En el Gráfico Nº 5, identificamos que en el período analizado, las principales áreas de conflicto al que pertenecen las demandas enarboladas por los movimientos sociales fueron las cuestiones sociales (31%), seguidas por la defensa de los derechos humanos, que representan el 18%. Otras áreas de conflicto relevantes del período fueron el feminismo y las disidencias (15%), el medio ambiente (10%) y el ideológico/político (7%). Por otra parte, el 6% de los hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales pertenecieron al conflicto de tierras, y el 4% al conflicto laboral. Por último, el 9% restante de las protestas se distribuyeron según conflictos por el acceso a la vivienda, por la intervención del Estado en el mercado, la prestación de servicios de salud, la educación y la seguridad.

Gráfico Nº 5: Porcentaje de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según área de conflicto al que pertenece la demanda (Periodo: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de las protestas según área de conflicto, como se puede observar en el Gráfico Nº 6, tuvo variaciones según los semestres analizados. A su vez, las demandas atribuidas a dichos conflictos fueron diversas y también fueron cambiando o no según el contexto epocal. A continuación describimos la dinámica de la conflictividad de las cuatro áreas más relevantes del período y sus respectivas demandas.

Respecto de las cuestiones sociales, podemos observar que desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2021, las protestas asociadas a este área de conflictos fueron en aumento, yendo del 15% al 34%. Durante el año 2020, la principal demanda estuvo asociada a pedidos de alimentos al Estado para abastecer los comedores sociales, debido al recrudecimiento de la emergencia alimentaria por las medidas de aislamiento por el COVID-19. A partir de 2021, si bien esta demanda fue una constante, se le sumaron nuevas, como los pedidos por vacunas contra el COVID-19 y, relacionadas con el incremento inflacionario y la crisis económica, por aumentos en los cupos de planes sociales de trabajo, ajustes en los montos de los ingresos, trabajo digno y genuino y disminución de precios en los alimentos de la canasta básica.

Si bien en el segundo semestre de 2021 hay una disminución de los conflictos sociales (26%), estos vuelven a incrementarse en el segundo semestre de 2022, alcanzando un 41% del total de conflictos protagonizados por los movimientos sociales. Este incremento coincide con los cambios de titulares del Ministerio de Desarrollo Social (Juan Horacio Zavaleta en agosto de 2021 y Victoria Tolosa Paz en octubre de 2022), pero también con un cambio de mirada del gobierno nacional respecto de los planes sociales asociados a trabajos comunitarios. Se pone en discusión, por una parte, la “terciarización de los planes sociales”, es decir, que los movimientos sociales jueguen un rol de “intermediarios” en la entrega de beneficios, bajo sospecha de malas prácticas por parte de estos actores. Por otra parte, se plantea la necesidad de recortar y reemplazar estos planes, convirtiéndolos en una asistencia social transitoria y de puente para que las personas que los reciben transiten hacia empleos formales. Esta discusión, que adoptó tanto el oficialismo como la oposición, y la efectiva suspensión y “baja” de beneficiarios y beneficios podrían explicar el incremento de la conflictividad por cuestiones sociales en este semestre.

Finalmente, entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, hay una disminución de las demandas sociales, que representan sólo el 36% y 31% de las protestas de los movimientos sociales, respectivamente.

Respecto a las demandas pertenecientes a los conflictos por la defensa y garantía de los derechos humanos, los reclamos identificados son contra hechos de violencia institucional, a favor de la libertad de presos políticos y conmemoraciones por violaciones a los derechos humanos. En términos de distribución temporal, observamos que las demandas asociadas a este conflicto iniciaron el primer semestre de 2020 representando el 15% de las protestas, porcentaje que fue disminuyendo hasta el primer semestre de 2021, cuando alcanza a representar un 4%. Este tipo de movilizaciones adquiere mayor visibilidad a partir del segundo semestre de 2021, cuando pasan a representar el 19% de las protestas. Esta tendencia continúa (a excepción del segundo semestre de 2022 con un 15%) hasta el primer semestre de 2023 cuando las protestas cuyas demandas pertenecen al conflicto derechos humanos alcanzan el 40%.

En el período analizado, hay tanto eventos específicos y contingentes que desencadenan los picos de protesta de esta área de conflictos, como eventos históricos que los movimientos sociales deciden conmemorar junto con otros actores colectivos. En el primer caso, identificamos pedidos de justicia por hechos no aclarados, como la muerte de Santiago Maldonado, la libertad de Milagro Sala, o la aprobación de una nueva constitución por el Parlamento en la Provincia de Jujuy, cuyo contenido, según los movimientos sociales, criminaliza la protesta social y restringe el derecho a la movilización. Este último evento coincide con el incremento de porcentaje en el primer semestre de 2023. En el segundo caso, las protestas representan actos conmemorativos por el 24 de marzo, los combatientes de Malvinas y el estallido social producto de la crisis sistémica 2001-2002.

Las protestas relacionadas con el conflicto feminista y disidente se mantuvieron constantes y sobre el 20% del total de protestas protagonizadas por los movimientos sociales hasta el segundo semestre de 2021, cuando tienen una caída significativa al 9%. Posteriormente, ese porcentaje casi se duplica en el primer semestre de 2022, para luego disminuir hasta representar un 8% en 2023. Aquí, la demanda principal ha sido el reclamo contra la violencia machista y patriarcal y pedidos de justicia por femicidios o casos de abuso sexual y violencia de género. Le siguen las demandas por una mayor asistencia del Estado en las políticas públicas para la promoción de la equidad de género y una vida libre de violencia, y la legalización de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Las protestas que acuñaron esta última demanda se dieron principalmente durante el 2020, lo que coincide con la discusión y aprobación de la Ley IVE en diciembre de 2020. Por otra parte, en el resto de los semestres se identifican algunas demandas con alta visibilidad pública como fueron las protestas por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años desaparecido en marzo de 2021 tras una entrevista laboral; las marchas del orgullo LGBTIQ+ y de #Niunamenos; y las protestas en demanda del cumplimiento efectivo de la ley IVE.

Por último, las protestas protagonizadas por los movimientos sociales asociadas al conflicto medioambiental durante el período analizado se mantuvieron entre el 9% y el 15% en todos los semestres, a excepción del primer semestre de 2023, cuando sólo representan el 2% de las protestas. Los reclamos identificados fueron contra la contaminación o el uso indiscriminado de recursos naturales. Por ejemplo, movimientos sociales protestaron contra las reformas a la ley 77.222 en Mendoza, que habilita el uso de sustancias químicas en la megaminería, y por la defensa del agua, la que se ponía en peligro por dicha ley. Un caso similar fueron las movilizaciones en Chubut contra la asamblea legislativa que quería ir contra la ley 5001 que prohíbe la megaminería. Una de las consignas fue “Agua para la producción, no para la megaminería”.

Otras protestas fueron en reclamo de los incendios ocurridos en Rosario, que afectan la flora y fauna de los humedales del Delta del Paraná y ponen en peligro a la población que vive en la zona. En este caso también se pidió por una mayor asistencia del Estado para combatir los incendios y por la pronta aprobación de la ley de protección de humedales. Por último estuvieron las demandas en rechazo al proyecto inmobiliario que se construirá en la Reserva Ecológica Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gráfico N° 6: Porcentaje de hechos de protestas protagonizados por movimientos sociales, según semestre y área de conflicto
(Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

Para todos los casos (conflictos llevados a cabo por movimientos sociales y conflictos en general) el principal actor demandado fue el Estado Nacional. Sin embargo, el porcentaje de protestas con este objetivo fue mayor en el caso de los movimientos sociales (60%) que en el total general (41%). El segundo actor demandado por los movimientos sociales fue el Estado provincial (17%) y luego el local (14%). Esto significa que el 91% de las protestas tienen como objeto al Estado en cualquiera de sus niveles.

Las empresas privadas también fueron un objetivo de las demandas de este actor, con un 4% de los hechos de protestas dirigidos a ellos.

Si observamos las protestas dirigidas al Estado, en sus tres niveles, según área de conflicto, podemos afirmar que, a excepción de las demandas laborales y por el acceso a la vivienda, para el resto de los conflictos el principal interlocutor es el Estado Nacional. Los conflictos ideológicos políticos están en un 89% dirigidos al Estado Nacional. Entre ellos, la mitad corresponde a manifestaciones en apoyo al gobierno nacional (por ejemplo, respaldos a decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández y una en respaldo de la vicepresidenta Cristina Ferández de Kirchner), algunas son expresiones en oposición al acuerdo con el FMI (3), en rechazo al proceso judicial que se desarrolló con Cristina Fernández de Kirchner (1). Por último, el 75% de los conflictos por cuestiones sociales estuvo dirigido al Estado Nacional, y están relacionados con las demandas ya tematizadas en este informe (ver Gráfico Nº 7).

Respecto de las protestas dirigidas al Estado Provincial (ver Gráfico Nº 7), llama la atención que sólo el 5% de las demandas sociales tienen a este actor como principal interlocutor. En cambio, el 37% de las demandas feministas y de las disidencias, el 31% en defensa y garantía de los derechos humanos, el 25% del conflicto educativo, el 23% de los conflictos medioambientales y el 20% de los conflictos por el acceso a tierras están dirigidas al Estado Provincial.

En el caso de los conflictos que tienen como objetivo al Estado local, llama la atención que el 56% de las demandas por acceso a la vivienda y el 50% de los reclamos laborales comprometen a este nivel estatal (ver Gráfico Nº 7). En el primer caso, aparece el reclamo al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la defensa y garantía de los derechos laborales de los “manteneros” (vendedores ambulantes), como trabajadores de la economía popular, y contra la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra ellos; y contra el despido de trabajadores de la economía popular relacionados con la recolección de basura y limpieza de veredas. En el segundo caso, las protestas están dirigidas también al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el reclamo concreto es contra los desalojos habitacionales en barrios populares.

Respecto a los conflictos en que se pide mayor intervención del Estado sobre el Mercado, el segundo interlocutor más relevante son las empresas privadas (ver Gráfico Nº 7). Las empresas privadas a las que están dirigidas las protestas representan casi en su totalidad a supermercados, y el reclamo es contra la suba de precios en alimentos o contra de los supermercados como “formadores de precio” (especuladores).

Gráfico N° 7: Porcentaje de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según objetivo y conflicto al que pertenece la demanda (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

3. Caracterización de los tipos de acción colectiva, repertorios de acción y represión

En este apartado caracterizamos la acción colectiva según el tipo (reactiva o propositiva), repertorios y si la protesta fue o no reprimida.

Los conflictos llevados a cabo por movimientos sociales fueron, al igual que en la muestra general (75%), mayoritariamente reactivos (73%), es decir, fueron una respuesta a acciones o decisiones de actores públicos, privados o de la sociedad civil que afectaron algunos de los derechos de sus integrantes y que buscan reafirmarlos cuando alguien más los cuestiona o viola. El porcentaje de acciones propositivas realizadas por este actor fue del 25%, porcentaje que se encuentra por encima del de la media de la conflictividad social total (17%).

La distribución anteriormente mencionada, como se puede observar en el Gráfico Nº 8, se repite en todas las áreas de conflicto de las demandas enarboladas por los movimientos sociales, siendo la que tiene menor distancia entre acciones reactivas y propositivas, las protestas por una mayor intervención del Estado en el mercado (57% y 43% respectivamente) y el conflicto feminista y disidente (58% y 42% respectivamente).

Entre las acciones propositivas con mayor representatividad estuvieron las demandas asociadas a tierras (36%), prestación de servicios de salud (33%), defensa de derechos humanos (32%) y laboral (29%). Le siguen el educativo y medioambiental (25% cada uno), vivienda (22%), ideológico/político (21%) y cuestiones sociales (16%).

Gráfico N° 8: Porcentaje de hechos de protesta según tipo de acción colectiva y conflicto al que pertenece la demanda
(Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

Muchas de las demandas asociadas a acciones reactivas ya las hemos descrito en este informe, por lo que nos concentramos en describir las propositivas. Dentro de éstas, encontramos que algunas de las protestas tuvieron como objetivo visibilizar problemáticas que no estaban presentes en el espacio público o no eran parte de la agenda de gobierno. Por ejemplo, están aquellas que dan cuenta de femicidios y travesticidios o hechos de violencia o discriminación de género, aquellas que presentan en el espacio público la relevancia y el aporte de los trabajadores de la economía popular, la necesidad de despenalizar el uso del cannabis medicinal y de extender la licencia de “paternidad” que actualmente es de dos días, y la inclusión de personas con condiciones del espectro autista, entre otras. En este grupo también se identifican protestas que pretenden poner en la agenda pública el problema de los arrendatarios para poder alquilar, producto de los altos costos y aumentos por la inflación, la necesidad de urbanización de villas y de la situación de emergencia alimentaria que se vive en barrios populares. Otro tanto son las acciones conmemorativas que buscan visibilizar eventos que aún no han sido resueltos o en los que no ha habido una reparación para las víctimas, casos de gatillo fácil (abuso de las fuerzas de seguridad) o de contaminación ambiental.

Por último, identificamos acciones propositivas en las cuales se presentan en el espacio público proyectos sociales y proyectos de ley que tienen como objetivo solucionar algunas de las problemáticas que afectan a quienes integran o representan los movimientos sociales. Entre ellas podemos mencionar:

• La Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, colaborando en el proceso de visibilización de la problemática, y el diseño de la ley que se aprobó en diciembre de 2020.
• La Ley del cupo laboral travesti-trans en la administración pública o Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins, impulsada por los movimientos Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina y aprobada en julio de 2021.
• La Ley de acceso a la tierra impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas. Busca, entre otras, la creación de créditos blandos para que quienes se dedican a la agricultura familiar y agrícola sean propietarios de sus tierras.
• La Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo impulsada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), organizaciones ambientales y cooperativas, y presentada en el Congreso en julio de 2021. Busca mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras y el medio ambiente, mediante la responsabilización extensiva al productor de los envases.
• La Ley de Etiquetado Frontal, impulsada por diferentes movimientos relacionados con la salud. Busca garantizar el derecho a la alimentación adecuada, a la salud y a la información. Fue aprobada en 2021.
• La ley de personas y familias en situación de calle, impulsada por movimientos sociales oficialistas. Buscó realizar un censo nacional del grupo y construir una red de centros de integración para que las personas/familias puedan salir de la calle.
• La ley contra la violencia institucional impulsada por “Madres en Lucha”, organizaciones por los derechos humanos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Propone crear un registro de agentes de seguridad que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y capacitaciones para prevenir la violencia institucional y de género, con el fin de que no mueran más “pibes” bajo el control de las fuerzas de seguridad.
• Diversas leyes para promover el abastecimiento de alimentos sanos y a precios justos motorizadas por la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MnciST), movimientos que conforman la Mesa Agroalimentaria. Entre las leyes están la de acceso a la tierra, de arrendamientos rurales; de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar; de segmentación de las políticas impositivas agrarias; y de Financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.

En el marco de los hechos de protesta llevados a cabo por los movimientos sociales agrupados en las categorías de oficialistas y opositores, como se observa en el Gráfico Nº 9, el tipo de acción colectiva mayoritario para ambos fue el reactivo. Sin embargo, el caudal de hechos de protesta propositivos fue mayor entre los movimientos sociales oficialistas respecto de los opositores.

Gráfico N° 9: Cantidad de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales opositores y oficialistas según tipo de acción colectiva (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 147)

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el repertorio de acción más utilizado por las organizaciones sociales (ver Gráfico Nº 10), al igual que en la conflictividad social en general, fue la movilización la más recurrente (49%), seguida por la concentración (17%) y por el corte (10%).

Gráfico N° 10: Porcentaje de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según repertorios de acción
(Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

Si observamos la Tabla Nº 1, podemos señalar que en la relación entre tipo de acción colectiva y repertorio de acción, las acciones simbólicas/populares son utilizadas en un 63% para hacer demostraciones propositivas, a diferencia del resto de los repertorios de acción que son utilizados mayormente para protestas reactivas. En el primer caso se llevan a cabo acciones como los “pescadazos”, “verdurazos” o “canoazos”, en las cuales los movimientos sociales, por medio de la venta de alimentos sanos a bajo costo o gratis, visibilizan que se puede disminuir la inflación en la venta de estos productos, mejorando las condiciones laborales y de producción de las y los trabajadores.

Tabla Nº 1: Porcentaje de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según repertorio de acción y tipo de acción colectiva (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

	Tipo de acción colectiva
Repertorios de acción	Propositiva	Reactiva	Total
Concentración	31%	69%	100%
Corte	3%	97%	100%
Movilización	24%	76%	100%
Paro	50%	50%	100%
Simbólico-cotidianas	44%	56%	100%
Simbólico-populares	63%	38%	100%
Toma/ocupación espacios públicos	23%	77%	100%
Otros	43%	57%	100%
Total	27%	73%	100%

Fuente: elaboración propia.

De los hechos de protesta llevados a cabo por movimientos sociales, un 9.5% fueron reprimidos, mientras que el restante 90.5% no lo fueron.

Del total de los hechos de protesta que fueron reprimidos, según los datos expresados en el Gráfico Nº 11, aquellos vinculados con tierras (24%) y con vivienda (22,22%) fueron los que más represión recibieron. En el primer caso, fueron demandas, entre otras, de comunidades originarias por la recuperación de territorios mapuche. En el segundo caso, la represión estuvo asociada a movimientos que defendieron a personas que fueron desalojadas de sus viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el contrario, los conflictos relacionados con las cuestiones educativas, feministas y disidencias, intervención del Estado sobre el mercado y seguridad no fueron reprimidos.

Gráfico N° 11: Porcentaje de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según si fueron reprimidos
(Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las modalidades de acción más reprimidas, cabe mencionar la toma/ocupación de espacios públicos (22,86%), mientras que los cortes (15,79%) le siguen en segundo lugar. Es importante señalar que estas estrategias coinciden con aquellas que los medios de comunicación criminalizan por considerarlas las más violentas.

Por último, dentro del porcentaje de protestas reprimidas, el objetivo del 43% fueron los gobiernos provinciales; y las protestas más relevantes, como señalamos, fueron las contrarias a la nueva Constitución aprobada en la Provincia de Jujuy. El objetivo del 24% de las protestas reprimidas fue el Estado Nacional y otro 22% los Estados locales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora).

4. Ubicación y alcance de los hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales

La provincia con mayor cantidad de hechos de protesta llevados a cabo por movimientos sociales fue la Provincia de Buenos Aires (296), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la ciudad con mayor cantidad de conflictos en el período abordado (249).

Mapa N° 1: Ubicación de los hechos de protesta protagonizados por los movimientos sociales (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Fuente: elaboración propia.

En consonancia con la presencia de la Ciudad de Buenos Aires como la ciudad que alberga la mayor cantidad de hechos de protesta, cabe destacar que los conflictos que tuvieron lugar en dicha ciudad han logrado tener mayoritariamente un alcance nacional en términos de cobertura periodística.

Las ciudades capitales de las provincias son los espacios donde se manifiestan mayor cantidad de hechos de protesta aunque hay excepciones cuando esas protestas escalan a niveles provinciales o nacionales. A su vez puede visualizarse en el Mapa Nº 1 una fuerte presencia de conflictividad en la provincia de Jujuy, principalmente en su ciudad capital, debido a hechos de protesta vinculados con el pedido de liberación de Milagro Sala, pero principalmente aquellos desencadenados por el rechazo a la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales a partir de junio del 2023. Otra de las provincias que se destaca por su conflictividad fue Río Negro, debido a los hechos de protesta vinculados con reclamos de tierras por parte de comunidades mapuche y con las movilizaciones por la apertura del camino para acceder al Lago Escondido llevadas a cabo por la Séptima Marcha por la Soberanía.

Por último, el 18% de las protestas tuvieron un alcance local o territorial, y el 12% un alcance provincial en términos de cobertura periodística, como se expresa en la Tabla Nº 2.

Tabla Nº 2: Alcance de los hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales (Período: 11/12/2019-30/6/2023. Total: 390)

Alcance	Número de hechos de protesta	Porcentaje de hechos de protesta
Local/territorial	70	17.9%
Nacional	275	70.5%
Provincial	45	11.5%
Total	390	100%

Fuente: elaboración propia.

5. Niveles de movilización y COVID-19

Uno de los acontecimientos que atravesó la cotidianeidad de las personas a nivel mundial, incluida la conflictividad social, fue la pandemia desencadenada por el COVID-19 que, entre otras cosas, significó una reducción casi total de la actividad en el espacio público a partir de medidas de aislamiento y, luego, de distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

En este sentido, como visualizamos anteriormente, la dinámica de los hechos de protesta se encontró atravesada por las medidas de aislamiento representando una baja en la conflictividad social en los años 2020 y 2021. A su vez, cabe destacar que los hechos de protesta llevados a cabo en esos años se vincularon estrechamente con las medidas llevadas a cabo por el gobierno ya que es en este período que comienza a manifestarse un nuevo tipo de movilización, iniciado por ciudadanos no organizados, con afinidad política por las nuevas derechas y que orientaron sus esfuerzos a reclamar en contra de la cuarentena, en contra de la provisión de vacunas y por la “apertura de las aulas”, en referencia al establecimiento de la educación virtual por parte de los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, se estableció una variable para analizar si los hechos de protesta se vinculan o no con el COVID-19. Como se puede ver en el Gráfico Nº 12, la conflictividad social de los años 2020, 2021 y el primer semestre de 2022 se encontró marcada por las protestas vinculadas con el COVID.

Gráfico N° 12: Distribución semestral de hechos de protesta protagonizados por movimientos sociales según si la demanda está asociada con el COVID-19 (Período 11/12/2019-30/6/2023: Total: 390)

Fuente: Elaboración propia.

En el caso particular de los movimientos sociales, las protestas que representaron demandas asociadas al COVID llegan hasta el segundo semestre de 2021. Junto con ello, según la información recopilada, este tipo de demandas no superaron a aquellas que no estuvieron relacionadas con la pandemia, como sí ocurrió en el ciclo de protestas general en el primer semestre de 2021.

Si bien mayoritarios, los conflictos ideológico-políticos no fueron los únicos que se vincularon estrechamente con la pandemia y las políticas llevadas a cabo a raíz de esta. Los reclamos por mejores condiciones laborales por parte de los trabajadores de la salud, los pedidos de mayor asistencia del Estado por parte de las organizaciones sociales para poder hacer una cuarentena digna y los reclamos de las personas privadas de la libertad por las condiciones de hacinamiento en las cuales cumplían su condena a pesar de la pandemia fueron algunos de los hechos de protesta que alcanzaron mayor relevancia en este período.

Reflexiones finales

A lo largo de este escrito, nos hemos propuesto describir y caracterizar la dinámica de movilización social protagonizada por los movimientos sociales en Argentina, entre 2019 y 2023, desde una perspectiva macrosocial e histórica, que nos permita comprender la conflictividad social de este actor en el contexto del devenir social, político y económico del período.

Como señalamos en la introducción, los acontecimientos que marcan la acción colectiva emergen de la combinación de elementos estructurales y coyunturales que los explican, y esto no es la excepción para los movimientos sociales. En efecto, marcan las movilizaciones cuestiones estructurales, tales como la pobreza y la desigualdad social relacionada con una crisis económica e inflacionaria creciente y de larga data o las desigualdades de género y la violencia machista, y eventos coyunturales tanto a nivel global como nacional, como la pandemia por el COVID-19, decisiones o acciones del gobierno nacional de Alberto Fernández (2019-2023), de gobiernos provinciales y locales, casos de violación a los derechos humanos, catástrofes medioambientales, entre otros. La relevancia de un análisis de este tipo es que nos permite aproximarnos a una visión de la acción colectiva de los movimientos sociales tanto en un contexto general, como en un proceso que se va desarrollando al alero de diferentes acontecimientos, que van marcando la agenda de este actor, y a quienes lo componen, de forma holística y a su vez segmentada.

Los movimientos sociales tuvieron un importante protagonismo en la acción colectiva general del período analizado. En efecto, fueron los principales propulsores de protestas en casi la totalidad de los semestres observados, enarbolando un amplio espectro de demandas, reclamos y propuestas. Según ello, podemos señalar que los intereses de este actor y las disputas que por ellos impulsaron con otros grupos de la sociedad, estuvieron vinculados a las 13 áreas de conflictos enumeradas; los hechos de protestas más cuantiosos y persistentes en el tiempo fueron los relativos a las cuestiones sociales, problemáticas que se extendieron y potenciaron a partir de los efectos de la pandemia y las medidas preventivas que incidieron en la dinámica productiva del país. Es decir, parte importante del trabajo de los movimientos sociales está vinculado a solucionar de manera sistemática al menos tres problemáticas estructurales que vive el país: el hambre, la falta de acceso a la vivienda y la falta de acceso al trabajo digno, como dieron cuenta los datos sistematizados. Más allá de las cuestiones sociales, hubo protestas que estuvieron vinculadas, como señalaba Tilly, a otras materias que se consideran injustas, como, por ejemplo, las protestas por casos de violación a los derechos humanos, de desigualdad y violencia de género, y atentados contra el medio ambiente, para mencionar sólo algunas. Estas áreas de conflictos expresan reivindicaciones que entran en conflicto con otros actores o intereses económicos y políticos, y que tienen que ver con la redistribución de ingresos (en el caso de las cuestiones sociales), el cuidado del medio ambiente por sobre el lucro, cambios culturales para la igualdad de género y garantía de derechos de mujeres y diversidades que disputan con sectores más conservadores de la sociedad, y contra la criminalización de la protesta como herramienta del Estado para justificar la represión y la violación de los derechos humanos.

Junto con ello, los movimientos sociales protagonizaron acciones contenciosas que, además de formular reivindicaciones que colisionan con los intereses de otros actores sociales, se vincularon de alguna u otra manera con los gobiernos (Tilly, 2020), aunque no únicamente. En efecto, si bien pusieron como blanco de sus protestas en forma casi total al Estado, en sus niveles nacional, provincial y local, también pusieron como interlocutores a los actores del sector privado. Sus demandas tuvieron como fin manifestarse e influir en los campos político y económico para plantear transformaciones sociales o soluciones a problemáticas concretas. Asimismo, según los datos recabados, las manifestaciones dirigidas al Estado no sólo expresaron una relación de oposición, sino también de colaboración, lo que se observa en las demandas ideológico/políticas descritas. No es el caso, sin embargo, de las protestas dirigidas a los supermercados, las cámaras empresariales y las empresas de transporte, las cuales claramente expresaron una relación de conflicto entre estos actores y los movimientos sociales.

Esta capacidad de los movimientos sociales de dirigir sus protestas tanto al Estado como al mercado podría explicar la autonomía que estos tendrían respecto de los actores que componen estos dos ámbitos. En efecto, como se problematiza en la sistematización de datos, las protestas de los movimientos sociales atravesaron una gran diversidad de grupos, entre los cuales se encuentran aquellos que agrupamos en la categoría “afines al gobierno”, y que incluso formaron parte de su gestión. Sin embargo, esta afinidad no impidió que estos se sumaran a manifestaciones en contra de medidas del Ejecutivo, como fue la discusión sobre la legitimidad de los movimientos sociales para administrar los planes sociales y la reducción de estos, o demandas por mejoras sociales debido a los problemas de pobreza y déficit habitacional que persisten en los barrios populares. En este sentido, podemos señalar que si bien, según los datos recolectados, los movimientos sociales no forman parte de la sociedad política o económica, no están exentos de los conflictos laborales y políticos, los cuales emergen cuando las esferas de mediación entre ellos fracasan (Cohen y Arato, 2000; De Piero, 2020; Seoane, Taddei y Algranati, 2018).

Respecto a las condiciones de exclusión que explican tanto el sustento de sus demandas y propuestas como la motivación al cambio social, podemos decir que estas se originan en la falta de mecanismos de inclusión material y simbólica, principalmente, y en acciones o eventos que arriesgan la garantía de los derechos humanos en general. Para observar esta dimensión, tomamos en primer lugar la variable tipo de acción colectiva, que da cuenta del carácter reactivo o propositivo de las protestas. Según estos datos, las acciones que expresan reacciones a eventos o decisiones buscaron reafirmar derechos establecidos cuando fueron cuestionados o violados. Algunas de estas protestas enarbolaron reclamos estructurales, como el ya mencionado conflicto feminista y disidente, de larga data, los reclamos por tierra de las comunidades mapuche, o reclamos coyunturales, como aquellos contra el alza en el precio de los alimentos o reacciones contrarias a las decisiones del gobierno nacional.

Por otra parte, las acciones propositivas tuvieron como fin visibilizar eventos que no están presentes en el espacio público, derechos de grupos que no se han ejercido previamente o propuestas de solución a problemáticas que afectan a los integrantes de los movimientos sociales o las personas que representan. En el primer caso, identificamos estrategias de visibilización de hechos de violencia de género con casos emblemáticos como la desaparición de Tehuel, de la emergencia alimentaria que se vive en las villas, o protestas por la legalización del cannabis medicinal o la exigencia de políticas de inclusión de personas con condición del espectro autista, por mencionar sólo algunas. En el segundo caso, por medio de las protestas, los movimientos sociales también dieron a conocer, aunque en un menor porcentaje, una serie de proyectos de ley para solucionar y garantizar una heterogeneidad de derechos, tales como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo digno para trabajadores y trabajadoras de la economía popular y personas travesti trans, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho a una vida sin violencia institucional, el derecho a alimentos sanos y a precios justos, y los derechos humanos de las personas en situación de calle.

Las acciones reactivas y propositivas permiten ver en concreto en qué medida y en relación con qué materias, las protestas expresan, por una parte, la incapacidad de los canales institucionales para resolver una problemática social, cultural, económica o política, y cómo ello se expresa en la conculcación de determinados derechos. A su vez permite observar la persistencia o no de la exclusión como eje constitutivo de los conflictos que protagonizan los movimientos sociales. Por otra parte, permiten describir cómo los movimientos sociales desbordan los lugares estables de la política, como señalaba Tapia (2008), tensionando los criterios y formas de distribución de la riqueza, o de los principios de organización social, estatal y gubernamental. Esto, planteamos acá, se puede interpretar sobre todo en las acciones propositivas donde las organizaciones, ante la ausencia de representación política de sus demandas o la falta de visibilización de éstas en el espacio público, construyen sus propios proyectos de transformación social y buscan incidir con ellas en el sistema político, económico y social, mediante, por ejemplo, proyectos de ley que son presentados en el Congreso.

En términos de los repertorios de acción más utilizados por los movimientos sociales para visibilizar sus demandas, y en sintonía con una larga tradición histórica de movilización popular en el país, esta herramienta aparece como la más preponderante en relación con otros repertorios posibles como la concentración, el corte o el paro, que le siguen a la movilización en términos de relevancia. Aquí cabe destacar que el período analizado estuvo marcado por las medidas de aislamiento y distanciamiento, lo que implicó un importante proceso de desmovilización entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, que afectó principalmente a los movimientos sociales afines al gobierno debido a que orientaron sus esfuerzos a reforzar los mecanismos de asistencia en el marco de la pandemia. Esto también tuvo incidencia en los movimientos sociales opositores aunque en menor medida y sin implicar una completa desmovilización.

La preponderancia de la movilización aún en un contexto signado por la reducción de la circulación en la vía pública muestra que “la calle” no sólo sigue siendo el recurso más utilizado cada vez por más actores, sino también que hay una institucionalización de esta para visibilizar las demandas (Fillieule y Tartakowsky, 2015). Esto no se explica únicamente por las trayectorias previas de movilización social y la alta conflictividad del período 2015-2019 sino también por la crisis social, económica e inflacionaria que atraviesa Argentina y que ha incrementado las demandas de los movimientos sociales.

En sintonía con esta institucionalización de la calle y con la legitimidad construida en torno a la movilización social, el nivel de hechos de protesta reprimidos no ha sido mayoritario, y la represión fue más relevante en tomas, ocupaciones y cortes y no en las movilizaciones. Esto se debe en parte a que estos primeros repertorios de acción suelen ser criminalizados por los medios de comunicación por considerarlos violentos y, muchas veces, en detrimento de la propiedad privada.

Cabe destacar que el alcance de los hechos de protesta, es decir, el grado de difusión que alcanzaron, se encuentra vinculado con la preponderancia otorgada por los medios de comunicación monitoreados al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como el espacio geográfico que alberga la mayor cantidad de hechos de protesta. En este sentido, los conflictos que tuvieron lugar en el AMBA han logrado tener mayoritariamente un alcance nacional en términos de cobertura periodística. Esto responde en gran medida al sesgo de intensidad que implicó la elección de dos periódicos radicados en la Ciudad de Buenos Aires que no sólo les atribuyen a los conflictos que allí ocurren una mayor relevancia, sino que también muchas veces ignoran que los hechos de protesta que ocurren en el AMBA tienen réplicas en el interior del país.

Para finalizar, sobre la base de los datos recolectados, queremos reflexionar acerca de la definición de movimiento social que expusimos en el marco teórico y metodológico. Dicha conceptualización parte de tres fuentes interpretativas: la acción colectiva, las organizaciones de la sociedad civil, y la condición de exclusión. Para ello, miramos la protesta como forma de expresión de estas dimensiones de los movimientos sociales en el espacio público.

Desde la dinámica de la conflictividad social examinada, es posible señalar que los movimientos sociales constituyen efectivamente una forma de acción colectiva sostenida en el tiempo, en la que sus integrantes actúan en conjunto buscando intereses comunes de diversa índole, expresados en el espacio público mediante diferentes repertorios de acción y con niveles de alcance local, provincial y nacional. Esto es observable no sólo mediante las demandas y propuestas enarboladas en las protestas, sino también en la identificación de los aproximadamente 173 movimientos sociales que las protagonizaron en el período analizado, cada uno con su identidad y estructura unificadora (ver Anexo). Si bien no podemos identificar o indagar en este aspecto, podemos suponer que la capacidad de estos movimientos sociales de participar y movilizarse activamente deviene de la posesión de recursos materiales y simbólicos, a la vez que de una evaluación (más o menos mentada) de las amenazas y las oportunidades que se presentan en el mundo que los rodea y que determina la decisión de aparecer o no en el espacio público. Esto, sin duda, puede ser un aspecto de indagación en futuros estudios.

Por otra parte, las reivindicaciones planteadas en los hechos de protestas entran en conflicto con los intereses de otros grupos de la sociedad y también expresan, en ocasiones, la relación con los gobiernos, sea como adversarios o aliados.

En consideración a la condición de exclusión como eje constitutivo de los movimientos sociales en América Latina, tanto el tipo de demandas expresadas en los hechos de protesta, como los actores que las protagonizan dan cuenta de este punto, y es importante considerar que no todos los factores que la explican tienen la misma ponderación dentro de los datos recabados. Así por ejemplo, si las cuestiones sociales emergen como las demandas más significativas, las cuestiones relativas a la acción de comunidades originarias o movimientos que representan sus intereses tienen menor visibilidad en la muestra de datos. Probablemente esto se deba a que efectivamente, los movimientos sociales de este último tipo sean menos en Argentina, pero este diferencial podría verse amplificado por los sesgos que contiene el trabajar con periódicos (proximidad, intensidad e ideología).

En consonancia con los datos recogidos, la perspectiva que define a los movimientos sociales como organizaciones de la sociedad civil es la que genera algunas preguntas que ponen en tensión la pertinencia de esta noción para definirlos en el caso de Argentina. En efecto, si se observa el listado de organizaciones que componen este actor, es posible afirmar que entre ellos no se encuentran partidos políticos ni movimientos revolucionarios como los de las décadas de 1960 y 1970; tampoco organizaciones que buscan la acumulación y reproducción de capital ni que representan los intereses de los trabajadores inscritos en la relación capital/trabajo. A su vez, mantienen cierta autonomía con la clase política en cuanto algunas de las movilizaciones expresan la capacidad de protestar en oposición a los gobiernos, independientemente de la relación de aliados o adversarios que tengan los movimientos sociales con ellos.

Ahora bien, ¿es posible afirmar que este actor no forma parte de la sociedad política o económica porque sus objetivos no buscan controlar el Estado o el mercado? ¿No estar exentos de los conflictos de representación política o laboral no los hace también sujetos de dichas esferas de la sociedad? Por medio del análisis de las protestas sociales y los grupos que las protagonizan podemos señalar que en algunos casos los movimientos sociales identificados no sólo buscan incidir en, sino que también forman parte del sistema político y económico, cuestionando con ello las formas institucionales de organización social y de representación política. Algunos de los movimientos sociales que componen la muestra, como señalamos anteriormente, formaron parte del gobierno de Alberto Fernández mediante cargos en la gestión pública y tuvieron cargos de representación popular en el Parlamento, como Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Economía Social durante la gestión del Frente de Todos. A su vez, otros movimientos sociales forman parte de partidos políticos de escala nacional, como el Polo Obrero (Partido Obrero), el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (Movimiento Socialista de los Trabajadores) o Barrios de Pie (Libres del Sur).

En esta línea de análisis, las protestas del tipo simbólico popular y simbólico cotidianas, que se identificaron durante este período, dan cuenta de la participación de algunos movimientos sociales en la esfera económica ya que expresan formas alternativas de producción y reproducción de la vida a partir de experiencias de la economía popular, la agricultura familiar o agroecológica, y los cuidados comunitarios, entre otros.

El carácter propositivo de sus demandas y de sus formas de protestas, que señalamos durante este capítulo, dan cuenta de la politización de estos actores colectivos y de su potencialidad en la construcción de mediaciones sociales a nivel territorial y comunitario. Parte de sus demandas buscaron el reconocimiento político y social como actores clave, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, mediante la presentación de proyectos de ley, y en la gestión de las políticas públicas, reflejado, por ejemplo, en las protestas relativas al control del Programa Potenciar Trabajo. Por otra parte, las demandas de movimientos sociales que representan a trabajadores de la economía popular (como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Unión de Trabajadores de la Tierra, las organizaciones de recicladores, manteros, etc.) apuntaron a su reconocimiento político y social como actores clave en la producción económica y reproducción de la vida, que aun cuando han sido expulsados de las relaciones capital/trabajo, buscan de igual modo controlar las relaciones de producción del capitalismo desde otras lógicas diferentes de las dinámicas de acumulación y concentración de riquezas neoliberales que generan desigualdad social. En consecuencia, nos encontraríamos frente a un actor que participa de la producción económica y del poder político. Ahora bien, nos parece importante recalcar que ello ocurre como excedente, al decir de Tapia, en tanto toca a aquello que no tiene lugar en la sociedad o que desborda los lugares estables de la política, pero que es deseable, buscando su realización reformando los espacios políticos existentes. Esto sin embargo, y sobre la base de los datos sistematizados, no es una característica de todos los movimientos sociales identificados, pero sí de parte de ellos.

Trabajar sobre la caracterización y el análisis de los movimientos sociales como OSC reviste un desafío que se puede seguir desarrollando en futuras investigaciones. Acá hemos planteado, de manera preliminar, que si bien los movimientos sociales se distinguen de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y de acumulación de capital, ello no excluye necesariamente el deseo por participar y controlar las esferas políticas y económicas ni la posibilidad de que se vinculen de manera fluida con los actores que sí forman parte de estas esferas. Por el contrario, cuando las protestas reflejan fines de este tipo, lo que observamos es un deseo por transformar dichos espacios en función de superar las injusticias sociales que denuncian y visibilizan en el espacio público. Estas dos cuestiones pueden ser comprendidas como la dimensión propositiva de los movimientos sociales y de sus formas de acción colectiva de protesta, y es ahí donde consideramos es fundamental poner el foco de análisis de las ciencias sociales.

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Anexo: listado de movimientos sociales

Movimientos sociales

19 y 20 de diciembre

Agrupación 17 de noviembre

AMMAR

Ana María Villarreal

Árboles de San Telmo

Arriba los que Luchan

Asamblea del Agua del Norte Neuquino

Asamblea El Algarrobo

Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta Curi

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD)

Asociación Buenos Aires sin TAS (Tracción A Sangre)

Asociación Civil Azulado

Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia

Asociación de Madres de Plaza de Mayo

Asociación de Vendedores Libres

Autocultivo Juventud Roca

Banquemos

Barrios de Pie

Barrios Históricos Vivos

Basta de Mutilar Nuestros Árboles

Bloque Obreros por el Socialismo

Bloque Piquetero Nacional

Bloque Social por el Trabajo

CADH (Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos)

Campaña Ciudadana Paternar

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina

Carreros y Recicladores (FACCyR)

Casa de la Mujer

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro Gaucho de Maimará

Centro Gaucho de Tilcara

Cogollos del Oeste

Colectivo Actrices Argentinas

Colectivo de Discapacidad

Colectivo por la Libertad de Marcos Bazán

Comisión de Trabajo y Consenso del Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Club Atlético”

Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale

Comunidad Lafken Winkul Mapu

Comunidad Mapuche Quemquemtrew

Comunidad Wichí de la Localidad Misión Nueva Pompeya

Confederación Mapuche de Neuquén

Convocatoria Segunda Independencia

Cooperativa Nueva Generación

Coordinadora Basta de Falsas Soluciones

Coordinadora Contra la Impunidad Policial

Coordinadora de Asambleas Basta es Basta

Coordinadora de Organizaciones Populares

Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju)

Correpi

Corriente Clasista y Combativa (CCC)

Corriente Villera

Cuba MTR

Curas en la Opción por los Pobres

Empujando Límites

En Defensa de las Playas Públicas

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Encuentro Plurinacional de Mujeres

Espacio Político AIRES Caba

Ex Combatientes de Malvinas

Familiares de Luciano Arruga

Familiares de Santiago Maldonado

Federación Argentina de Cartoneros

Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe)

Federación de Trabajadores por la Economía Social

Federación Nacional Campesina (FNC)

FeNaT

FETRAES

Flores de Diversidad

FOB –La Libertaria

Frente Barrial 19 de diciembre

Frente de Lucha Piquetero

Frente de Organizaciones de Base (FOB)

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Frente Milagro Sala

Frente Orgullo y Memoria

Frente Patria Grande

Frente Popular Darío Santillán (FPDS)

Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA)

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

H.I.J.O.S.

Inquilinos Agrupados

Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA)

Izquierda Latinoamericana

Kolina

La Barriada

La Boca Resiste y Propone

Liberación Popular

Libres del Sur

Liga Argentina por los Derechos Humanos

lof Winkul Lefken Mapu

Madres de Personas con Consumos Problemáticos

Madres Protectoras de Adultos Sobrevivientes de Abusos Sexual en su Infancia (ASI)

Madres y Padres del Dolor

Malón de la Paz

Mamá Cultiva

Marcha del Orgullo

Marcha Mundial de la Marihuana

MAREA Feminismo Popular

Masa Crítica

Mesa Agroalimentaria

Mesa de Trabajo y Consenso del Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE “Olimpo”

Mesa Organizadora por la Aparición con Vida de Tehuel

MIDO

MIDO – MAR

Movimiento 29 de mayo

Movimiento Barrial de Trabajadores (MBT)

Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)

Movimiento de los Pueblos

Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir

Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Movimiento Evita

Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)

Movimiento Marabunta

Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MnciST)

Movimiento Popular La Dignidad

Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)

Movimiento Territorial de Liberación (MTL)

Movimiento Trabajo y Humildad (MTH)

Movimiento Resistencia Popular (MRP)

Movimiento socialista de los trabajadores –Teresa Vive (MST-TV)

Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón

Movimiento Territorial de Liberación (MTL) Rebelde

Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) 12 de abril

Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) por la Democracia Directa

Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar

Mujeres en Lucha

Multisectorial Humedales

Mumalá

Ni Una Menos

No Más Presos x Cultivar Zárate

Nuestramérica

Nuevo Espacio Peronista (NEP)

Organización Clasista Revolucionaria (OCR) –Resistencia Popular

Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar

ONG Padres Organizados

Organización 17 de noviembre

Organización 24 de marzo

Organización Brilla de Azul

Organización Cannabicultores del Sur

Organización de Trabajadores para la Liberación (OTL)

Organización Mapuche

Organización Paritaria Social y Popular

Organización René Salamanca

Padres Autoconvocados con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Pañuelos en Rebeldía

Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE)

Partido Piquetero

Peronismo Militante

Polo Obrero

Polo Obrero Tendencia

Proyecto 7

Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS)

Red de Asociaciones de Inquilinos

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir

Red Río Luján

Resistencia Popular

Séptima Marcha por la Soberanía

Serpaj

Sindicato de Vendedores Ambulantes

TGD Padres TEA

Toma “La fuerza de las mujeres”

Tupac Amaru

Unidad Piquetera

Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

Vecinos Sin Techo

Vecinos Unidos de Boedo

Veteranos de Malvinas

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