Trayectoria organizativa de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta, Colombia (1953-2023)

Nicolás Espinel^[2] y María Juliana Flórez Flórez^[3]

Colombia llega a la segunda década del milenio cargando a cuestas 60 años de conflicto armado interno. En distintas fases y con variadas intensidades, ese conflicto ha involucrado a múltiples actores armados: estatales, guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, carteles de narcotráfico y, más recientemente, bandas de crimen organizado asociadas a la extorsión. Las víctimas han sido alrededor de 9 millones, incluyendo 450 mil asesinadas, el 80%, civiles (Comisión de la Verdad, 2022). En esta población civil, sobre todo de zonas rurales (que cubren la mayor parte del territorio nacional) han recaído los crímenes de guerra y de lesa humanidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Esa larga e ininterrumpida historia de guerra –advierte Chernick (1996)– también ha sido una larga y fragmentada historia de intentos por negociar la paz. Algunos parcialmente alcanzados, otros infructuosos y otros tantos incumplidos. En esa historia, el 2016 fue un punto de inflexión: se firmaron los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (en Adelante FARC-EP) y el gobierno nacional, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos. A partir de ese momento, se instaura oficialmente un escenario propicio para que fueran escuchadas las organizaciones de víctimas del conflicto armado, que desde hace varias décadas venían luchando. Algunas, incluso, pudieron participar en las mesas de negociación celebradas en la Habana con la aspiración de que sus propuestas fueran incorporadas al acuerdo final de paz. Esos acuerdos también significaron el reconocimiento de las agendas de acompañamiento a víctimas por parte de diversos actores: academia, sociedad civil, iglesia de base, agencias de cooperación internacional y algunos sectores del Estado.

El cambio de gobierno nacional en 2018 supuso un retroceso abrupto en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Existe consenso tanto en los análisis estatales como en los de la sociedad civil de que hubo un fortalecimiento de poderes paraestatales asociados al control territorial y el narcotráfico transnacional y que su contracara fue una exacerbación de la violencia contra líderes sociales (cfr. Comisión de la Verdad, 2022; INDEPAZ, 2022). Según reportes de INDEPAZ (2022), a lo largo de este gobierno fueron asesinados 957 líderes, lideresas y defensores/as de DDHH. El sistemático silenciamiento de estos asesinatos, junto a la militarización de la vida cotidiana, la criminalización del derecho a la protesta y las denuncias de corrupción asociadas, entre otras cosas, al robo de los recursos para la paz, fueron algunos de los detonantes de dos paros nacionales. Si las movilizaciones de noviembre de 2019 se sintonizaron con las acontecidas por esos meses tanto en América Latina y el Caribe como en otros lugares del planeta, las de abril de 2021 mostraron la persistencia de la lucha.

Este capítulo es escrito en un clima de “esperanza en vilo” por el inicio en el 2022 del primer gobierno de izquierda en el país, abiertamente declarado a favor de la paz. Una esperanza que también pende de un hilo por los actuales controles de actores armados que amenazan de nuevo la vida rural en Colombia. El trabajo se suma a las muchas investigaciones que durante las últimas tres décadas se han puesto a la tarea de reconstruir la historia de organizaciones colectivas del país documentando, por un lado, su quiebre, como una de las más insidiosas expresiones del conflicto armado, y, por otro, su digna persistencia.

Nos centramos en la historia de la Unión de Mujeres Demócratas, inicialmente impulsada por el Partido Comunista Colombiano en los años cincuenta para organizar a nivel nacional el actuar político de las mujeres y que, más adelante, con mayor autonomía, ha ido trazando su propio camino de lucha.

El objetivo del capítulo es analizar la trayectoria organizativa de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta cuya lucha estaría rondando hoy los 70 años. Sería un primer acercamiento investigativo a la organización centrado en el departamento del Meta y, más específicamente, en la región del Alto Ariari donde la organización ha tenido mucha fuerza y, además, convergen su agenda de lucha y nuestra agenda investigativa.

Dividimos el texto en cuatro apartados. El primero inscribe la tarea de reconstrucción de las trayectorias organizativas en la necesidad de contrarrestar el riesgo de deshistorizar las luchas, cada vez más presente en Colombia, por la oenegización que impregna las dinámicas cotidianas de las víctimas del conflicto armado. El segundo expone asuntos del método cualitativo que seguimos y los acuerdos con la organización. El tercero analiza la trayectoria organizativa de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta (en adelante, UMD-M) destacando el sentido político que bajo cinco formas ha adquirido su trabajo: reproductivo, de formación organizativa y electoral, comunitario, de representación política y de tejido de memoria colectiva. El último apartado asoma el camino investigativo por seguir.

Sobre el riesgo de deshistorizar las luchas en el Alto Ariari

La región del Alto Ariari ha sido una de las más castigadas por el conflicto armado en Colombia. La crueldad con la que a mediados de los ochenta llegó la violencia a la región no ocurrió sobre un manto en blanco, no fue una violencia sin razón. En gran parte, fue motivada por el alto nivel organizativo (en su mayoría de origen comunista) que desde finales de los setenta había convertido a la región en un bastión de la vida campesina y que, más adelante, en los ochenta, la habían posicionado como un referente de gobierno local alternativo con amplio apoyo popular. Muchos sectores económicos y políticos tradicionales vieron en la ebullición de este movimiento político un enemigo vestido de rojo que amenazaba sus intereses.

A la violencia que, según veremos luego, desembocó en el genocidio de un partido político, le siguió en los noventa la embestida de los grupos paramilitares y una alta presencia estatal marcada por la militarización y la estigmatización de las comunidades. Se trató de una estrategia estatal y paraestatal basada en el terror ejemplarizante, como lo dejó saber recientemente uno de los máximos comandantes de estos grupos, Salvatore Mancuso, en audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuando relató la masacre del Aro perpetrada bajo su mando en 1997: “Uno pone en práctica no solamente un teatro de operaciones, sino la puesta en escena de un teatro de terror”^[4].

Paradójicamente, la llegada a principios del milenio de la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, fue la época más dura para las comunidades^[5]. En ese período las fuerzas del Estado lograron efectivamente reducir la presencia de la guerrilla con un alto costo: el territorio fue literalmente vaciado, dejándolo a merced de ejércitos armados y el campesinado estigmatizado, por considerarlo afín a las guerrillas.

Con el componente social de la Seguridad Democrática fueron desplegándose en la región intervenciones sociales gestionadas por diversas ONG, agencias de cooperación, laboratorios de paz, etc., enfocadas tanto en remediar la situación de quienes habían sido victimizadas durante el conflicto armado, como en insertar dinámicas de progreso en la región. El Ariari, como otras tantas zonas rurales del país, fue una de las más sobreintervenidas por ese tipo de entidades.

De ahí la pertinencia de tomar de los debates feministas la crítica a la oenegización que hace Sonia Álvarez. La autora le cuestiona al feminismo latinoamericano el riesgo de reducir sus luchas a las demandas de las ONG en tanto estas pueden terminar funcionando como un mecanismo de construcción de la sociedad civil dentro de los regímenes de gubernamentalidad contemporáneos, con el grave efecto de despolitizar a los movimientos sociales (Álvarez, 2001). Siguiendo esta crítica, en una investigación previa, “Ser juicioso, portarse bien”. ONGización, apropiaciones y usos cotidianos en el Ariari, departamento del Meta (Espinel, 2016), propusimos que la tendencia a la oenegización de las luchas de la región del Ariari tiene el efecto de representar a las víctimas del conflicto armado desde unas ideologías de la ausencia que articulan tanto el espacio (como territorio vacío) como a los sujetos (como entes pasivos, sin historia de lucha); ambas representaciones terminan por legitimar la necesidad de intervención de las ONG.

En el primer caso, la representación del territorio como espacio vacío, zona violenta y roja se asocia a la ausencia del estado o de unos principios civilizatorios que están por llegar. En este caso, las ONG reiteran la idea del territorio vacío que –en términos de Margarita Serge (2011)– reproduce el Estado colombiano al representar como revés de la nación (andina, letrada y urbana) a grandes extensiones vacías, salvajes, caóticas y en mora de ser integradas a la nación. La paradoja de esta representación la explica muy bien un campesino de El Castillo cuando aclara que los constantes bombardeos durante las operaciones militares del Estado en su guerra contra las FARC, efectivamente, fueron una forma del Estado colombiano de hacer presencia en una región aparentemente vacía.

En el segundo caso, la representación pasiva de las víctimas reproduce la idea de quienes habitan el territorio como salvajes, caníbales sin dios ni civilización, bandoleros, criminales, ateos comunistas y otra miríada de formas de nombrar que complementan la producción del espacio geográfico. Imposible olvidar que, tras los bombardeos a campamentos de las FARC en marzo de 2021 en el departamento de Guaviare, el entonces ministro de defensa, Diego Molano, justificó el haber hecho caso omiso a la presencia de menores de edad en el campamento calificándolos de “máquinas de matar” ^[6]. La víctima, como categoría producida y performada por el aparato socio-jurídico, al ser usada como único referente de quienes sufrieron la violencia tiende a eclipsar otras dimensiones de su vida, trayendo el grave riesgo de despojarlas de su agencia política.

Con esta lectura de la doble representación de vacío de espacio y sujetos, ampliamos la crítica de Álvarez al considerar que la oenegización no sólo despolitiza las luchas, sino que además las deshistoriza. Allí donde las ONG colonizan las dinámicas cotidianas, pareciera que nunca hubiera habido luchas sociales. Como si de un tajo se pudieran borrar las luchas de ocupación y apropiación del territorio muy anteriores a la entrada de las instituciones de cooperación. A la vez, pareciera que las comunidades no tendrían más pasado que el de su evento victimizante. La nueva gramática de territorios vacíos y sujetos pasivos que trae consigo la oenegización de la vida cotidiana en regiones como la del Alto Ariari podría terminar siendo funcional a las prácticas de violencia política que intentaron borrar las trayectorias políticas de las organizaciones. De ahí nuestro interés por contrarrestar ese riesgo de deshistorizar las luchas reconstruyendo la trayectoria organizativa sostenida por la UMD-M durante siete décadas.

Asuntos de método y acuerdos con la UMD-M

El análisis de la trayectoria organizativa de la UMD-M que presentamos en este capítulo es el primer paso de un ejercicio investigativo mucho más amplio de sistematizar su historia. Para darle sentido al ejercicio en su totalidad, fueron necesarias muchas conversaciones compartidas –usando la expresión de Donna Harraway, 1991– que iniciamos desde agosto de 2022 en encuentros puntuales con lideresas de la organización y también en eventos institucionales de víctimas del conflicto armado celebradas tanto en Villavicencio (capital del departamento del Meta) como en municipios de la región del Alto Ariari: el Castillo. Como equipo de investigación, abrimos reflexiones del sentido y el ritmo de la investigación de manera que pudiéramos cuidar tanto el vínculo con la organización como el nuestro propio. Algunas de esas reflexiones fueron registradas en notas de campo que nos permitieron darle forma al análisis presentado.

También llevamos a cabo tres entrevistas con lideresas de la UMD-M para precisar el sentido y el alcance del ejercicio general y de esta primera etapa. Asimismo, con el fin de tejer vínculos de confianza con la organización, durante un año hemos estado haciendo trabajo voluntario como profesores en la escuela de alfabetización de la organización (sobre la que hablaremos luego); las reflexiones con las alumnas de la escuela también sirvieron para contextualizar este ejercicio de análisis. Por último, participamos en la última asamblea departamental (agosto de 2023) como acompañantes de las elecciones internas, momento que aprovechamos para presentar el sentido de este ejercicio investigativo.

Para el proceso investigativo más amplio, acordamos seguir un método cualitativo que destaque los sentidos que las propias activistas le dan a su trayectoria organizativa, con un alcance descriptivo (en tanto buscamos recoger con detalle los hitos que marcaron esta trayectoria) y una temporalidad de tipo transversal (que en retrospectiva recoja las experiencias de las activistas en momentos únicos en los que se propicia su resignificación). Ahora bien, para esta primera etapa de reconstrucción de la trayectoria organizativa, nos centramos en la técnica de documentación de fuentes secundarias. Tales fuentes fueron de dos tipos: una, los testimonios recogidos por el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad en el Informe final, especialmente en el Capítulo Orinoquia (como se denomina a la gran región donde se ubica el departamento del Meta y la región del Alto Ariari); la otra fuente secundaria fueron las publicaciones sobre la UMD-M recogidas en un estado del arte realizado entre febrero y abril de 2023 y para el cual revisamos bases de datos tanto académicas como de prensa (escrita, radial y audiovisual). Hay que notar que estas últimas constituyen el mayor volumen de información^[7].

Ambos tipos de fuentes son valiosas por reconocer a la UMD en la tupida red de organizaciones afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, arrojan información muy puntual ya sea sobre la organización y algunas activistas como víctimas del conflicto armado (Cervantes, 2008; Canal Capital, 2012; CNMH, 2015; Hernández, 2016; CNMH, 2018a; CNMH, 2018b; Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, 2019; Torres, 2020; Semanario Voz, 2021; Comisión de la Verdad, 2022 y Comisión Interclesial de Justicia y Paz, 2022), ya sea sobre la escuela de alfabetización y algunos proyectos productivos como intento de la organización por reactivarse (Semanario Voz, 2017; Corzo, 2022; Peña 2022; Lara, 2023 y Ortiz, s.f.). Por eso, la necesidad de que este primer análisis logre hilar esas referencias puntuales y sueltas en un relato de corte histórico que ofrezca un contexto más detallado y amplio del accionar de la UMD-M. Como equipo de investigación, la decisión de limitarnos a fuentes documentales también nos puso en el ritmo pausado que la organización marca para su proceso de auto indagación.

Análisis. Trabajos políticos en la trayectoria organizativa de la UMD-M

El análisis que presentamos a continuación reconstruye la trayectoria organizativa de la UMD-M. Como en una investigación previa (con una organización de mujeres de la Sabana de Bogotá), nuestro ámbito de análisis fue la trayectoria, entendida como: “el entramado de experiencias producto de relaciones sociales históricas, no lineales, con rupturas y continuidades” (Flórez, Ramón y Gómez, 2019, p. 91). Derivamos esa noción de dos campos de estudio. Por un lado, con los estudios críticos de las migraciones asumimos que las trayectorias, como explica Margarita Echeverri (2010), denotan un entramado de relaciones que, en las fronteras de la vida cotidiana, con sus respectivos altibajos y en un continuo atar y desatar, van tejiendo las experiencias de quienes migran. Desde esta idea, además de los logros de la UMD-M, nos interesa rastrear los altibajos, tejidos y destejidos que también han dado forma a su trayectoria organizativa. Por otro lado, seguimos los estudios biográficos para resaltar con Francisca Gutiérrez (2010 c.p. Gómez, 2015) que la noción de trayectoria es útil al mostrar que el compromiso de activistas con una causa colectiva no es algo dado por sentado, sino que, muy al contrario, requiere un esfuerzo sostenido a lo largo de sus vidas^[8]. En tal sentido, asumimos que la trayectoria de lucha ha sido trazada, pero también arduamente sostenida por las activistas. Siguiendo ambas inspiraciones, en esta investigación delimitamos la trayectoria organizativa como el ámbito a partir del cual proponemos un primer análisis de la UMD-M.

Como referentes de análisis de esa trayectoria organizativa, tomamos las variadas formas que ha adquirido su trabajo político. Por trabajo entendemos lo que la gente hace para vivir (Gibson-Graham, 2010; Gibson-Graham, Cameron y Healy, 2017). Con el énfasis puesto en la categoría trabajo buscamos compensar la sobrerrepresentación de las víctimas del conflicto armado como sujetos pasivos para empezar, más bien, a abrir espacios de representación alternativos que destaquen lo que han hecho para mantener la vida de la organización y, por medio de ella, la de sus territorios. En este punto, nuestro análisis es afín al de Gladys Tzul (2016) cuando se toma el trabajo colectivo o k’ax k’ol como referente práctico del modo como el movimiento Maya de Guatemala articula formas de gobierno local capaces de regular el cuidado de los comunes en ese territorio.

Con el foco puesto en el sentido político del trabajo buscamos resaltar las múltiples texturas que ha ido adquiriendo la trayectoria trazada de manera autónoma y creativa por las mujeres de la organización a lo largo de estos años; este énfasis es clave considerando que el accionar de la UMD-M suele leerse como subsidiario del Partido Comunista Colombiano.

Así, a partir de estos referentes analizamos la trayectoria organizativa de la UMD-M destacando el sentido político que bajo cinco formas ha adquirido su trabajo: reproductivo, de formación organizativa y electoral, comunitario, de representación política y de tejido de memoria colectiva.

Trabajo de reproducir la vida

Los cincuenta en Colombia fueron años de persecución política azuzada por el discurso de la amenaza comunista. Esta persecución tuvo como telón de fondo la confrontación armada que durante más de tres décadas sostuvieron los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Efectivamente, durante estos años de confrontación las guerrillas liberales más radicales y los grupos afines al Partido Comunista Colombiano habían ganado terreno social y político en las zonas rurales del país. Por eso mismo, la persecución política recayó con más fuerza sobre esa población que era principalmente campesina.

En 1954, el dictador Generalísimo Gustavo Rojas Pinilla declaró proscrito el comunismo (mediante el Acto Legislativo Número 6). Con esta prohibición política se recrudeció la persecución a organizaciones campesinas afiliadas a ese partido; sencillamente, las negociaciones con grupos guerrilleros de la época excluían la posibilidad de diálogo con sectores comunistas. Anular las fuerzas comunistas y liberales más radicales de paso favoreció el pacto entre el Partido Conservador y los sectores más moderados del Partido Liberal, en el llamado Frente Nacional. Con ese pacto se declara el cese de la confrontación armada, en plena amnistía se anula físicamente a líderes comunistas y liberales radicales, se saca del poder al dictador, y ya sin tantas barreras, se establece un gobierno de alternancia bipartidista (que dura hasta 1974).

Ante la violenta respuesta de las fuerzas estatales, en especial con la operación lanzada en 1964 contra los marquetalianos (grupo alzado en armas que funda la FARC-EP), el campesinado organizado se vio obligado a formar las famosas columnas de marcha de la colonización armada que muy bien describe Alfredo Molano; grupos de gente campesina marchó en columna atravesando páramos y selvas húmedas y fueron desgajándose en grupos más pequeños para instalarse a lo largo del camino: “El objetivo central fue proteger a cientos de familias campesinas de los ataques del ejército y refugiarse en zonas que, por su tradición, garantizaban su protección” (Molano, 1980, p. 286).

Una de las características esenciales de las columnas de marcha fue la presencia de mujeres. Como señala la Comisión de la Verdad en su capítulo dedicado a la Orinoquia (2022), muchas huyeron con sus hijos, pues sus esposos habían sido asesinados o permanecían en las filas guerrilleras para resistir el embate militar. Fueron esas familias campesinas rotas por la guerra las que principalmente llegaron gotereadas a las columnas. De este modo, empezó un proceso de colonización hacia el oriente del país que se descolgó por la cordillera y se ubicó en sitios como el Alto Ariari, donde fundaron Medellín del Ariari.

Este proceso de colonización permitió –según Oscar Londoño, 1989– ocupar poco a poco tierras baldías, repartirlas y organizarse de modo que procuraron, por un lado, formar comunidades políticamente afines y, por el otro, garantizar el acceso a la tierra; un esquivo deseo que ya había fracasado en las tierras más fértiles de las cordilleras acaparadas por grandes hacendados.

Ya instaladas en las nuevas tierras, hubo la convencional división sexual del trabajo; mientras los hombres salían a buscar trabajo, recorrer grandes distancias para vender sus productos o “partijar” (compartir el trabajo) con los vecinos de las fincas, las mujeres tendían a permanecer largas temporadas en las casas a cargo de tareas de cuidado: cocina, limpieza, crianza y atención de mayores y enfermos, partería y sanación, entre otros. A la par realizaron tareas de autoabastecimiento, al encargarse de huertas, cultivos y cría de animales. Entre una y otra, muchas veces sacaron el hacha para abrirse camino en la selva y poder agrandar la propiedad. Este conjunto de labores son trabajo reproductivo en el sentido reivindicado por ciertos feminismos (socialista-marxista, anarquistas y comunitario) de garantizar la reproducción material y simbólica de la vida humana y no humana.

Las reflexiones de Silvia Federici (2010, 2013) al respecto fueron pioneras en cuestionarle al feminismo de izquierda la centralidad que en su lucha tiene en el trabajo productivo como única fuente de valor, obviando la riqueza derivada del ámbito reproductivo y, por tanto, terreno de explotación y resistencia. En esta investigación, diríamos que las tareas rutinarias y silenciosas de, una y otra vez, cocinar, limpiar, cuidar, criar, cultivar, y otros trabajos reproductivos que recaen principalmente en mujeres, en el Alto Ariari han sido una fuente de riqueza tan importante como la derivada del trabajo productivo del minifundio campesino reivindicado por sindicatos de la región. Como veremos luego, la sobrecarga de este tipo de trabajo en las mujeres y su condición no remunerada han sido objeto de debate por parte de la UMD-M en el ámbito urbano.

Por el momento, insistimos en el carácter intrínsecamente político de este tipo de trabajo. El feminismo comunitario es claro al respecto cuando amplía la mirada del marxismo ortodoxo al considerar que mucho más radical que la contradicción capital-trabajo es la contradicción capital-vida (Gutiérrez, Linsalata y Navarro, 2016). Desde esta óptica, la lucha política no se orienta solamente a superar la dominación del capital sobre el trabajo, sino, de manera mucho más amplia, a impedir que la vida sea supeditada al capital.

Si comenzamos el análisis por esta forma de trabajo, no es únicamente porque sea una de las practicadas actualmente por las mujeres de la UMD-D. Es, sobre todo, porque, incluso antes de su constitución, el trabajo reproductivo llevado a cabo –principal, aunque no únicamente– por mujeres y niñas (que luego formaron esa organización) fue sustrato para que se garantizara la continuidad de la vida durante el desplazamiento de miles de familias campesinas en los sesenta y ya después durante su instalación en el Alto Ariari; rearmar los hogares perdidos por esa primera expulsión de sus tierras o darles continuidad a los vínculos comunitarios (que la gente traía consigo, construyeron durante la travesía o crearon al ocupar las nuevas tierras) fueron algunas de las complejas tareas reproductivas indispensables para configurar un territorio propio.

Trabajo de formación organizativa y electoral

La literatura especializada en el Alto Ariari asume que la persistencia entre la población campesina de las formas organizativas del Partido Comunista de Colombia (en adelante, PCC) fue un mecanismo que garantizó la consolidación de un territorio en las selváticas faldas de la cordillera. Ciertamente, bajo la orientación del partido se creó el sindicato agrario (SINTRAGRIM), llegaron agrupaciones juveniles (JUCO) e infantiles (Pioneritos) y la organización de mujeres que es objeto de estudio en este capítulo (UMD). Por ese alto nivel organizativo era difícil destejer lo político de lo cotidiano. Así lo deja ver el siguiente relato:

Aquí llegaba uno y lo primero que tenía que hacer era formar parte de la Junta de Acción Comunal. Lo segundo, había un sindicato agrario, también tocaba que uno hiciera su parte. Yo venía de al lado de Viotá; yo trabajé en la Juventud en la JUCO. Cuando eso, todo era muy organizado. Por eso el Estado quiso acabar con estas regiones, porque eran muy organizadas. (Comisión de la Verdad, 2022, p. 78).

Como parte de este tejido tupido de organizaciones, en 1953 fue fundada a nivel nacional la Asociación Democrática de Mujeres Colombianas que, seis años más tarde, en 1959, pasó a denominarse Unión de Mujeres Demócratas (en adelante, UMD). Su trabajo estuvo dirigido a la formación organizativa y electoral que, en el sentido de Hurtado, Paladino y Vommaro (2018), podríamos definir como la inversión de esfuerzos, recursos y tiempo para aumentar y enriquecer el accionar político; en este caso, el del PCC. Así, además de aportar a la militancia, las activistas del partido, tanto campesinas como urbanas, contribuyeron a la formación de otras mujeres. Las primeras como parte de núcleos familiares políticamente organizados; las segundas bajo el signo de una formación electoral y, algunas veces, como compañeras de líderes de izquierda. Algunas veces, las parejas o familias eran enviadas a otros lugares del país a cumplir con estas tareas de formación. Bajo esta dinámica, el Ariari y, en general, el Meta y el oriente colombiano se convirtieron en referentes de procesos organizativos (Comisión de la Verdad, Capítulo Orinoquia, 2022).

Aunque de la fundación de la UMD en el departamento del Meta (en adelante, UMD-M) no hay registro preciso, sí se especifica que entre sus lideresas pioneras estuvieron: Teresa Matiz de Prada, Asunción Vargas y Celmira López (CNMH, 2015). También se sumó Luz Odilia León, quien después sería una de las primeras mujeres concejalas de El Castillo (Cifuentes, 2006). Ya para la década del sesenta, era común que al trabajo reproductivo se superpusiera el trabajo de formación organizativa y electoral.

Esta sobrecarga no estuvo exenta de tensiones con el partido. Tal y como indica un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), el nacimiento de la UMD se entendió como un espacio para que las esposas de dirigentes del Partido Comunista “apoyaran” la causa; una comprensión que expresa el típico gesto reduccionista del marxismo ortodoxo para el cual toda lucha debe subordinarse a la de clase. Así lo recoge Vilma Penagos en su libro Mujeres en resistencia: 

El Partido creó en el año 60 la Unión de Mujeres Demócratas a lo largo y ancho del país y los congresos eran de armas tomar y el movimiento campesino incidía mucho en el corazón de esa organización. Yo fui su primera secretaria por 20 años. Fue una organización poderosa del Partido, no de las mujeres, del Partido. (Penagos, 2016, p. 85).

La subordinación fue especialmente clara en las elecciones de 1957, cuando después de varios años de lucha sufragista, las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto. Por ese entonces, explican Luna y Villareal (1994), se asumió que el trabajo de las organizaciones de mujeres del país –incluido el de la UMD– estaría dirigido a formar la opinión política de las esposas de obreros y población campesina. Muy seguramente no fue un momento fácil para ellas, pues el ejercicio de su ciudadanía se limitó a votar, mas no a representar. Así, en el caso de la UMD, a la tensión de hacer el trabajo de formación organizativa y electoral en un escenario anticomunista se pudo haber sumado el sinsabor de la instrumentalización en las votaciones.

Trabajo comunitario

Los sesenta y los setenta vinieron con sus desfases sobre la posición de las mujeres en estas luchas, alejándose abiertamente del papel de soporte de los esposos para empezar a retar de manera más abierta las estructuras patriarcales hegemónicas y, aún bajo tensiones, buscar más autonomía dentro del espacio político que brindaba el partido.

El siguiente relato de Omar Mauricio Velázquez (2019), hijo de una pareja socialista activa en la Medellín de los setenta, narra una conversación entre su padre y su madre –de la UMD- que da cuenta de esta nueva tensión:

—Oíste [cuentan…] que ustedes van a ir a la marcha. 

—Sí, ¿por qué? —respondió mi mamá. 

Por un momento, hubo un silencio que solo se rompía con los gritos de la plazoleta de La Veracruz, los pitos de los buses y el cordón del teléfono con el que mi papá jugaba. 

—¿Por qué se les metió la idea de ir con nosotros a la marcha? —continuó mi papá. 

—¿Por qué no? 

—Mirá, te vas… Se van a exponer a un bolillazo, a una batida y a esas cosas que son de hombres. 

El relato biográfico de Omar Velázquez continúa evocando el “tu-tu-tu” como señal inequívoca del fin de la llamada y el recuerdo de una madre resuelta que no solo había tirado el teléfono al padre, sino que ese día había comenzado a forjarse como líder. El autor también recuerda que luego, en su juventud, comprendió el infame apodo que, tal y como nos ratificaron las activistas del Meta en su última asamblea, los sindicalistas habían derivado de las siglas UMD para referirse despectivamente a sus compañeras de lucha: las húmedas.

Durante estos años, las tensiones internas no impidieron a la UMD tener un amplio radio de impacto. Además del trabajo reproductivo y del de formación organizativa y electoral, las mujeres de la organización desarrollaron trabajo comunitario, entendido –en el sentido de Gibson-Graham, Cameron y Healy, 2017– como labores colectivas que defienden, protegen, amplían o crean un bien común. En su trayectoria, las lideresas de la UMD-M no sólo participaron, sino que también organizaron y lideraron esos trabajos. Específicamente, en el Alto Ariari llevaron a cabo acciones comunales y de gestión local. Para eso, se afincaron en la experiencia que a principios de la colonización habían ganado en las Juntas de Acción Comunal:

A mí como siempre me ha gustado el liderazgo, empezamos a organizar grupos de trabajo para el pueblito. No teníamos escuela, entonces hicimos la Marcha del ladrillo y entre toda la comunidad los cargaban. Unos aportaban ladrillo, otros trabajos, con el fin de hacernos una escuela ¡Y la hicimos! (Comisión de la Verdad, Capítulo Orinoquia, 2022, p. 78). 

Ya para los setenta la UMD-M tenía sedes en los diferentes municipios del Meta y hasta en la capital del vecino departamento del Guaviare. En la región del Ariari, los municipios El Castillo y Vistahermosa fueron algunos de los núcleos de acción más fuertes. El trabajo de formación electoral continuó adquiriendo un talante de mayor autonomía, pero siempre dirigido a interpelar a la comunidad:

Me metí en las Mujeres Demócratas. Empezamos a formarnos. ¿Qué es lo que siempre hemos tratado de buscar a través de incidencias de cosas? Un reconocimiento del Estado, una igualdad de derechos. No es posible que una mujer trabaje más que un hombre y gane menos. No es posible que se le prive de tantos derechos que nos han vulnerado. Entonces nosotros siempre hemos querido sensibilizar a la comunidad de que la mujer también vale, eso es lo que a mí me gusta. (Comisión de la Verdad, Capítulo Orinoquía, 2022, p. 79)

El liderazgo de la UMD-M había contribuido a consolidar políticamente el territorio y garantizar la seguridad de quienes llegaban a buscar refugio. Se trató de un gran logro considerando que en 1978 el gobierno nacional –en cabeza de Julio Cesar Turbay– instauró el Estatuto de Seguridad, como régimen penal de seguridad con el que buscó contrarrestar la movilización social, tras los exitosos paros cívicos de 1977^[9]. Fue una respuesta obtusa y violenta del gobierno, que evidenció, entre otras cosas, la precariedad del contrato social colombiano, el fortalecimiento de los movimientos sociales y la creciente influencia de las guerrillas que empezaban a imaginarse en el poder. La represión en todo el país, como era de esperarse, marcó un período de recrudecimiento y radicalización. No en vano fue el momento en que los grupos guerrilleros FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron un crecimiento más pronunciado. Varias zonas rurales del oriente colombiano, incluida la del alto Ariari, atestiguaron la llegada de cultivos ilícitos (marihuana primero y coca después) y la narcotización tanto de la sociedad como de las diferentes capas políticas y productivas. Bajo esas arduas dinámicas el sentido político del trabajo de la UMD-M tomó un matiz aún más complejo.

Trabajo de representación política

En 1984 parecía conjurarse el peligro del Estatuto de Seguridad. Ese año se firman los Acuerdos de la Uribe, precisamente en el Meta, entre el gobierno nacional del presidente Belisario Betancur y las FARC. Ambas partes se comprometían a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno de Colombia. Como parte de los acuerdos, se propuso fundar el partido Unión Patriótica (en adelante, UP) como una plataforma que recogería a excombatientes de la FARC y del PCC, así como a activistas de múltiples corrientes políticas que apoyaban la paz en el país.

Con el tiempo, ese nuevo partido tomó distancia de la dirigencia política del PCC y de la influencia de las FARC al abogar por el abandono de la lucha armada. Con el grueso del apoyo popular, logró una amplia participación política a nivel nacional y rápidamente se convirtió en un referente de alternativa política en el país. En el Meta su mayor base fue campesina. La UMD entró a apoyar de lleno el proceso de paz y en el Ariari sus líderes fueron militantes de la UP.

Gracias a su articulación con sindicatos agrarios y su amplio trabajo comunitario, lograron movilizar y cuidar recursos que permitían llevar a cabo las reuniones, las movilizaciones y las marchas de la UP. Además, durante este período intensificaron su trabajo político con una autonomía mucho mayor a la que habían alcanzado en la década previa: lograron ocupar cargos del gobierno local. El caso emblemático fue el de María Mercedes Méndez, quien logró ganar la alcaldía de El Castillo en 1988. Cuando la UP apenas empezaba a cosechar sus primeros logros en las justas electorales de 1986 y 1988, su genocidio a nivel nacional anunció un nuevo ciclo de violencia.

En 1990 diecisiete lideresas de la UMD-M (que militaban en la UP) habían caído por balas paraestatales. En 1992, en la fatídica masacre de Caño Sibao, fuerzas paraestatales asesinaron a María Mercedes Méndez (alcaldesa saliente), William Ocampo Castillo (alcalde electo), Rosa Peña Rodríguez (tesorera municipal), Ernesto Sarralde (asesor agrícola) y Antonio Agudelo (funcionario de la Alcaldía).

Esta década fue un largo episodio de silencio en la trayectoria organizativa de la UMD-M. El vínculo con el PCC se hizo tenue, y el fantasma paramilitar permaneció junto con las amenazas y el violento control de las comunidades. Fue imposible sostener las variadas formas de trabajo, excepto la de reproducir la vida. En ese trabajo se concentraron los esfuerzos de las activistas. La violencia directa fue reemplazada por un ambiente de incertidumbre, la acción colectiva se recogió a sus propios espacios, y las lideresas que quedaban se retrajeron a sus hogares o limitaron su acción a las veredas y a instancias específicas de gobierno local (Juntas de Acción Comunal).

Trabajo de tejer memoria colectiva

El genocidio de la UP trajo un doble ejercicio de borramiento de la trayectoria organizativa atravesado por el miedo y el silencio obligado. Como lo señala uno de los testimonios de la Comisión de la Verdad:

Queda uno desvinculado, más que el miedo mío, era el de la gente. A los compañeros les daba miedo recibirlo a uno en su casa, y que uno fuera a barrios populares no les gustaba. Decían: “acá es que los buscan”. Por la situación llega uno con las manos vacías, sin trabajo, no conoce uno a nadie, no tiene amigos en ese miedo (…) El terror cumplió en parte su objetivo: las organizaciones se desvanecieron en el miedo y las dirigentes entonces se fueron alejando y se fue acabando; ya no había asesoría, ya no hubo nada. Entonces ya uno se queda quieto. (Comisión de la Verdad. Capítulo Orinoquia, 2022, p. 113) 

Bien fuera por el desplazamiento, el aniquilamiento, el simple miedo a este o la mera necesidad de sobrevivir, las mujeres demócratas dejaron de reunirse, hacer fiestas, organizar eventos, formarse, revisar en grupo los estatutos, etc. La amenaza de aniquilación que caracterizó a este nuevo ciclo de violencia política debe leerse en clave cotidiana. La ruptura de la vida diaria, hasta entonces tan impregnada del tejido político, supuso también que los procesos organizativos fueran casi exterminados.

Faltaba lo peor. Como ya lo señalamos, con el nuevo milenio vino la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y con ella otra época muy dura. Las operaciones militares coordinadas por grupos paramilitares con la fuerza pública estuvieron dirigidas a controlar los sitios históricos de las FARC, incluidos los de la región del Alto Ariari.

Desde 2002, en las zonas rurales fueron comunes retenes de control de paso instalados por militares y paramilitares. Allí se confiscaban alimentos, medicamentos o dinero so pretexto de estar destinados a la guerrilla; los retenes también se convirtieron en lugares de desaparición de cientos de personas. Muchas veces fueron las mujeres las que bajaron de las montañas hacia los cascos urbanos para comprar la remesa (el mercado de víveres), pues los hombres estaban frecuentemente amenazados, bajo acusación de ser insurgentes. La típica tarea campesina de caminar los potreros para atender el ganado o las siembras significaba un enorme riesgo, pues cualquiera podía retenerlos para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate. La desaparición forzada se convirtió en uno de los principales modos de violencia en la región.

Ni que hablar de los bombardeos y los combates que se presentaban sin aviso y obligaban a las familias a refugiarse debajo de sus camas o en las orillas de la carretera. Con el miedo vino el éxodo forzado a las ciudades y el vaciamiento del territorio, quedando solo unas pocas familias. El 6 de febrero de 2004, María Lucero Henao, lideresa de la UMD-M, y su hijo fueron asesinados en Puerto Esperanza por paramilitares bajo la acusación de ser guerrilleros. Ese asesinato fue decisivo para el desplazamiento masivo de la población campesina de Puerto Esperanza y las veredas cercanas hacia Bogotá, Villavicencio y otros centros poblados de la región. En 2009, ex paramilitares confesaron que el asesinato se debió a las cartas que la activista enviaba a la vicepresidencia exigiendo la presencia estatal para contrarrestar el control paramilitar en la región (CNMH, 2015).

A Villavicencio llegaron familias enteras con lo poco que les quedaba empacado en maletas y costales. Se ubicaron en invasiones a tierras del Estado que poco a poco se convirtieron en campamentos de lona verde y madera, para después transformarse en las grandes barriadas populares como La Nohora y La Reliquia. Allí también llegaron las ideas que entre velas y murmullos sobrevivieron. En esas barriadas, se reagrupó poco a poco la UMD-M. En su exilio forzado, las sobrevivientes, muchas ya hijas o nietas de las primeras fundadoras, en medio de la clandestinidad y el desarraigo, sostuvieron el espíritu de la organización. En 2006 empezaron a constituirse nuevos comités de trabajo.

En este punto de la trayectoria organizativa de la UMD-M parecía haberse perdido el horizonte político; o más bien, parecía que hubieran logrado aniquilarlo. Pero el desarraigo organizativo de los noventa y principios del nuevo milenio también fue testigo de la conversión de los liderazgos hacia el tejido de la memoria colectiva. Muy en sintonía con otras organizaciones del país, la figura de las defensoras de los derechos humanos y de las víctimas se convirtió en un referente de la tarea de tejer la memoria colectiva^[10].

En este tránsito, algunas abandonaron por completo el ejercicio político y se refundieron en la seguridad del anonimato. Otras de las antiguas lideresas empezaron a formar e integrarse a redes de apoyo y solidaridad, así como a otras organizaciones que visibilizan la situación de la persecución, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la precariedad. Empezaron a organizar para tramitar sus denuncias y ser reconocidas como víctimas del conflicto armado, también empezaron a apoyar mujeres con situaciones similares (Ortiz, sin fecha). Se encontraron para empezar a tejer y recuperar referentes identitarios de su territorio, así como para crear otros en sintonía con la nueva condición de haber sido otra vez expulsadas del territorio construido con tanto esfuerzo.

En medio de los reclamos, se encontraron ante la dificultad de que algunas no sabían leer ni escribir; una barrera que expresa las paradojas patriarcales de haber formado a otras sin atender su propia formación. En este momento para la trayectoria de la UMD-M, fue clave la alianza con el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals-Borda con el que hasta entonces habían canalizado reclamos de verdad como víctimas del conflicto armado colombiano. Con su solidaridad, en 2018 abrieron la Escuela de Alfabetización Celmira López; título con el que rinden homenaje a una de las fundadoras de la UMD-M. Mediante este proceso educativo, ellas y otras mujeres en situación de vulnerabilidad han procurado un espacio propio para educarse. Entre dictados, lecturas, ensayos, sumas y restas, han empezado nuevamente a conversar, reunirse, bailar… La escuela también ha sido un escenario para reflexionar conjuntamente sobre la sobrecarga en las mujeres del trabajo reproductivo; su carácter silencioso, rutinario, simbólicamente subvalorado y materialmente no remunerado, ha sido parte de los debates de la escuela. Es un punto de su trayectoria en el que el trabajo reproductivo comienza a considerarse, como bien dice Federici, tanto en un terreno de resistencia como de explotación y sufrimiento.

El trabajo de memoria colectiva también ha incluido la búsqueda de familiares desaparecidos. Esta se ha constituido en un referente que permite la recomunalización del espacio político y la emergencia de nuevos lugares de lucha y defensa de sus derechos. Es un espacio profundamente diferente y con condiciones de posibilidad muy disímiles de las que permitieron la articulación de la UMD-M, pero en donde esta encuentra un nicho para actualizarse y re-existir.

Caminos por recorrer

A lo largo del texto reconstruimos la trayectoria organizativa que durante siete décadas recoge las condiciones de articulación de la UMD-M, así como sus rupturas y sus reacomodos. Destacamos el sentido político que bajo cinco formas adquirió su trabajo: reproductivo, de formación electoral, comunitario, de representación política y de tejer memoria colectiva.

Si bien la articulación inicial de la UMD-M se debió al PCC, por las complejas texturas que fue adquiriendo su trayectoria organizativa, sus diversos trabajos terminaron siendo de manera autónoma una piedra angular para producir las riquezas políticas en el Alto Ariari; tal riqueza se expresó en un fuerte tejido social, así como en la organización del territorio a partir de minifundios campesinos con formas de administración y gobierno altamente localizadas. Esta mayor autonomía no significó una desvinculación del PCC, del cual siguieron siendo parte activa.

El análisis de esta trayectoria organizativa también evidencia que algunas de esas formas de trabajo han operado superponiéndose con las demás (como el trabajo comunitario y el tejido de memoria colectiva); que otras, tras las rupturas, han cumplido ciclos dando paso a reacomodos que le han dado continuidad al proceso (como la formación electoral y la representación políticas); y, finalmente, que una de ellas ha sido continua, incluso durante las rupturas, y también sustrato de las demás posibilitado así los reacomodos (el trabajo reproductivo).

En un trabajo posterior, ya con fuentes primarias, esperamos profundizar en el análisis de esta trayectoria organizativa a la luz del propio testimonio de las activistas de la UMD-M, así como poner sus relatos en diálogo con el modelo de análisis cíclico de despojos y comunes que propusimos para mostrar cómo las organizaciones, en este caso del Alto Ariari, han logrado crear y defender sus comunes en pleno conflicto armado (Flórez, Espinel y Quiceno, 2022). Puntualmente, nos interesa conocer los despojos que tuvieron que afrontar las mujeres de la UMD-M, así como las prácticas concretas mediante las cuales intentaron defender y reconstruir esos comunes.

Darle continuidad a esta indagación será otra forma de acompañar a la UMD-M bajo la actual situación de control territorial por parte de actores armados que está cobrando nuevamente fuerza en varias regiones rurales de Colombia, incluida la del Alto Ariari. Ante la violenta subida de entonación patriarcal, esperamos que el compromiso de las mujeres con trazar su propia historia tenga la centralidad política que merecen.

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