Martina Ferretto^[2]

Introducción

Poner el acento en el aborto clandestino como hecho social permite visibilizar la trama de violencias en que la práctica ocurre. (Campagnoli, 2021, p. 25)

¿Cómo se entretejen las acciones colectivas por el aborto voluntario en una región como América Latina y el Caribe? ¿Qué sucede con esos tejidos capaces de cruzar fronteras, lenguas y hasta normas? ¿Es posible hablar de un movimiento social transnacional a raíz de las luchas por la despenalización y la legalización del aborto? Pues, de momento, tenemos una premisa fáctica, la cual sostiene que la disputa por transformar marcos interpretativos, normativos y de sentido con respecto al derecho a decidir si interrumpir un embarazo o no es una de las causas que logra aunar voluntades intergeneracionales, intersectoriales e interseccionales. Gracias a la construcción de todos los feminismos es posible comprender las múltiples fases y aristas que encarnan las movilizaciones por esta demanda, cuyas características nos permitirán conocer más de cerca un fenómeno que cobró una visibilidad y un protagonismo único en los últimos años. Sobre este aspecto, resulta importante explicitar que dicha visibilidad responde a una suerte de iceberg, como analogía para caracterizar que se pudo “salir a la superficie” de tal modo, gracias a todo ese trabajo subterráneo que logró forjarlo y que aún hoy, pese a la pandemia, la exacerbada precarización y los nuevos ciclos de movilización, se sostiene.

La concepción del aborto como un derecho entrecruza varios aspectos de la estructura de reglas de juego que moldean nuestras sociedades que tiene que ver con prácticas profundamente arraigadas de la cultura patriarcal en interdependencia con el colonialismo y el sistema capitalista (Bellucci, 2014; Federici, 2010). Cuando la voluntad de abortar se ubica en relación con un derecho como la autonomía de decidir sobre esa interrupción, dicha estructura de opresión sobre los cuerpos tutelados implosiona. Abortar como acto de ejercer un derecho debe entenderse desde esta complejidad. En este sentido, y de acuerdo a la investigación de Sanseviero en su libro Condena, tolerancia, negación:

Definimos el aborto, en primer lugar, como un hecho social denso y complejo que ocurre en el contexto de relaciones de poder de distinto tipo: de género, económicas, legales-jurídicas; conlleva elementos del campo de la salud, de la sexualidad, de la moral y la ética, de los significados de la maternidad. Su complejidad está dada porque no se trata de la sumatoria de planos y relaciones, sino que el aborto ocurre en la intersección y articulación de esos diferentes planos y sistemas de relaciones. (2003, p. 18)

En este sentido, la práctica del aborto no debe reducirse a una cuestión del ámbito privado o un asunto individual ni a un abordaje exclusivo desde la salud, dado que en el proceso social del aborto, se ponen en evidencia las múltiples violencias que van desde el plano material al simbólico simultáneamente. Desarticular la dicotomía entre lo público y lo privado para reivindicar que “lo personal es político” habilita la comprensión del carácter político –y de control– en la que se somete a la corporalidad, el ejercicio de la sexualidad, así como de la maternidad (Campagnoli, 2021). Reconocer la penalización del aborto como una violencia sexual, entonces, implica ese reconocimiento social de que el hecho ya no es privado sino que es privativo de las libertades bajo la regulación pública.

Legalizar o despenalizar el aborto no modifica automáticamente dicha estructura de opresión, pero establece un piso mínimo de condiciones que habilitan la disputa de sentidos en una misma línea, puesto que pone en el centro de la discusión la desigualdad sexual estructural e interseccional que existe entre varones, mujeres y otras identidades no binarias. Esta desigualdad es consecuencia de un sistema de prácticas históricamente arraigadas, que reproducen la cultura de dominación de unos cuerpos sobre otros. Estas prácticas están, a su vez, institucionalizadas bajo reglas y normas, formales e informales, configuradas como dispositivos de control para mantener un orden en detrimento de las mujeres en su mayoría, dado que están sesgadas de esas mismas condicionalidades de género interseccional (MacKinnon, 1995). No basta con la creación o impugnación de normas si no se altera dicha desigualdad estructural, pero son necesarias para reducir vulneraciones, violencias y muertes evitables, entre otras argumentaciones que pueden variar de acuerdo a las particularidades de cada localidad.

Este trabajo parte del hecho de que las movilizaciones sociales, en general de protesta frente a la violación de los derechos humanos, especialmente aquellas que apelan a la garantía y a la extensión de la ciudadanía, operan e interpelan tanto en el terreno “doméstico” (nacional) como en el ámbito internacional (Jelin, 2003; McAdam et al., 1996; Tarrow, 1997). Pues, en particular, las movilizaciones por la despenalización del aborto, al menos desde los años noventa, se han propuesto en este sentido, de expresión y presión articulada multinivel de movilización. El objetivo de este capítulo busca mostrar ese entretejido social feminista, intergeneracional, interseccional e intersectorial de disputa política, que conforma lo que llamamos la acción colectiva transnacional por el derecho al aborto, en particular en América Latina y el Caribe, que tiene un entramado histórico singular, como veremos. Hablamos de derecho al aborto, entendido como el acceso a la autonomía para decidir interrumpir o continuar un embarazo, de forma libre, igualitaria, informada, voluntaria y deseada.

Las luchas trasnacionales por el reconocimiento de la autonomía para abortar, en un marco de despenalización o legalización, pueden formar parte de uno o varios movimientos y procesos sociales, heterogéneos en formas y estrategias, pero unificados bajo un repertorio semejante y una demanda puntual común: legalizar y despenalizar el aborto en todos los países que lo tienen restringido y limitan el pleno desarrollo y goce de la salud sexual y reproductiva. Derechos que son parte integral de los derechos humanos fundamentales, por lo que la negación, la violación y la vulneración de su reconocimiento constituyen el antagonismo conflictivo, en tanto socavan la autonomía de mujeres y otras personas con capacidad de abortar.

En este marco, desde finales del siglo XX, y con mayor intensidad en los últimos diez años, debido al boom de las redes sociales, la dimensión transnacional de los movimientos y luchas sociales ha cobrado una relevancia notoria en los medios masivos de comunicación y en los estudios profesionales, académicos y de divulgación, particularmente con referencia al movimiento feminista. Los orígenes de los estudios transnacionales de dichos procesos de acción colectiva se ubican hacia finales de los años ochenta, cuando las teorías de los movimientos sociales y la disciplina de las relaciones internacionales se entrecruzan (De la Torre, 2011). Es posible apreciar esta suerte de escenario de confluencia teórica, a razón de la nueva complejidad que asume el plano global, por un lado, cuyo aspecto más relevante tiene que ver con una mayor institucionalización a partir de las agencias de Naciones Unidas y los bloques regionales que se estaban gestando al calor del fin de la Guerra Fría. En paralelo, por otra parte, la emergencia de “un nuevo tipo de activismo” bajo el compromiso y la solidaridad común entre actores que comparten ideas, intereses y propósitos entre distintos países (Keck & Sikkink, 2000; Khagram et al., 2002; Nadelmann, 1990). Estos eventos producen a su vez una importante transformación en el plano global, a partir de la incorporación de nuevos y diversos actores, como la sociedad civil articulada transnacionalmente que lleva una voz conjunta y ocupa lugares en instancias de negociación de acuerdos, por ejemplo, como fueron en aquellos años las conferencias internacionales de ciertos temas –principalmente sociales– del sistema de Naciones Unidas, en que se habilitó la participación de actores no estatales, tanto de la sociedad civil como del ámbito privado. En definitiva, se complejiza el mapa actoral de los procesos porque los Estados^[3] pierden la centralidad unilateral en la construcción de normas y consensos y en la administración y gestión de lo público que otorga una mayor complejidad de las dinámicas y, por consiguiente, de los análisis. Es decir, las estrategias, movilizaciones y construcción de normas no quedan alojadas únicamente en el plano nacional, hay efectos e impactos que pueden darse en diferentes escalas de poder.

Las fronteras entre lo nacional e internacional se traslucen y surgen como intermediarios clave a escala regional, especialmente para la negociación de reglas, consensos y soluciones a problemas comunes (Herz, 2013; Rosenau, 1995). Fue la época en que se produjo una proliferación de actores-bloques^[4] como respuesta defensiva a la nueva globalización del capital para diversos objetivos, principalmente económicos a través de tratados o acuerdos de libre comercio, pero no los únicos. También surgieron actores en redes de promoción y defensa para la incidencia política desde la sociedad civil (Keck & Sikkink, 2000). Ejemplos de estos últimos son la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (RSMLAC)^[5], el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red de Educadoras Populares (REP), la Red de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Campaña 28 de septiembre (28S) por nombrar las más destacadas de esos años en la región.

Estos actores en coordinación y articulación transnacional tienen la capacidad de generar estrategias para mantener movilizaciones sociales que traspasan las fronteras estatales y que inciden en el ámbito público y político para la transformación social deseada (Khagram et al., 2002, p. 8 citado en De la Torre, 2011, p. 47). Es decir, hablamos de un movimiento social transnacional entendido por estas características y como proceso político, en donde los actores involucrados buscan y tienen la capacidad para modificar las reglas estructurales de juego. Esto es, por medio del despliegue de estrategias, de manera colectiva, que cuestionan las relaciones de poder en busca de una mayor igualdad en las condiciones de existencia. Y asimismo hablamos de lucha social porque en el proceso se buscan mínimas garantías, mientras el orden vigente siga reproduciendo la desigualdad. Estos procesos no pueden estudiarse de manera aislada. En otras palabras, es el contexto el que condicionará la forma y el tiempo en los que se dará el despliegue de las estrategias de movilización, cuya forma es la que construyen un repertorio y las estructuras de movilizaciones generadas mediante las articulaciones y coordinaciones entre los actores (Tarrow, 2005). De esta forma, se enmarca en la acción colectiva en una escala transnacional porque hay una estructura de movilización en que los actores se organizan y conectan, con el fin de lograr objetivos previamente acordados para ejecutarse por medio de las fronteras estatales.

En este sentido, el presente capítulo busca reflexionar sobre los interrogantes enunciados al comienzo, acerca del entramado de estrategias y organización en torno a la igualdad, libertad y autonomía reproductiva, situando el foco en las trayectorias de las articulaciones latinoamericanas y caribeñas en defensa del aborto voluntario. Tomando como principal antecedente de movilización los acuerdos sobre esta demanda en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño (San Bernardo, 1990), hasta los últimos acontecimientos de 2022 alrededor de este tema. En particular, los casos de graves retrocesos como la revocación de Roe contra Wade en Estados Unidos, así como de importantes avances logrados en Colombia y México^[6]. Dichos acontecimientos tienen una vigencia que será mencionada en el apartado de las conclusiones, dado que se considera pertinente conocer las coyunturas que interpelan a quienes habitamos en la región, que pueden, además, sentar precedentes a nivel global, como el caso actualmente tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca Justicia para Beatriz^[7] y se enfrenta contra el Estado de El Salvador, por las consecuencias de la penalización, criminalización y prohibición absoluta del aborto.

Para tal fin, se plantea la siguiente estructura. En primera instancia, se recuperan los principales antecedentes y desarrollos teóricos sobre la acción colectiva transnacional (ACT) para abordar, en particular, aquella que disputa el reconocimiento del derecho al aborto voluntario en el marco de los consensos sobre la autonomía reproductiva, comprendida aquí como prerrequisito indispensable para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, de acuerdo a sus metas. La atención estará puesta en la trayectoria del movimiento de mujeres, feministas y de la diversidad, que ha dado lugar a la conformación de articulaciones transnacionales como la fecha y la Campaña del 28 de septiembre por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe (ALyC) cuyas experiencias han sido exportadas en forma y han instalado la demanda a nivel mundial.

Seguidamente, se observa el fenómeno particular de las luchas por el aborto en ALyC, desde una perspectiva sociohistórica, latinoamericanista e internacionalista, para analizarlo bajo el paraguas de los debates contemporáneos de la acción colectiva en una escala transnacional (Della Porta & Tarrow, 2005). Cabe aclarar el lugar situado de quien escribe, que forma parte activamente de las movilizaciones y organizaciones en torno a este fenómeno desde hace algunos años. Sin adentrarnos en las posibles ventajas y desventajas de esta característica cuando se investiga, el trabajo busca y propone un ejercicio analítico-reflexivo, entre teoría y práctica, para observar las configuraciones de la acción colectiva transnacional que se dan en un plano más allá^[8] del Estado, frecuentemente considerado como el actor privilegiado en los estudios tanto de los movimientos sociales como de las relaciones internacionales, por contar con un marco institucional más definido. Sin embargo, es posible hallar marcos institucionales en otros niveles de gobierno, a escala regional, mediante bloques de integración, foros de cooperación y acuerdos de gobernanza, así como a escala global, principalmente bajo las negociaciones de reglas y consensos mediante los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. De algún modo, esta apreciación de ir más allá de un Estado, tiene que ver con que no son los únicos interlocutores de las acciones colectivas transnacionales y por consiguiente, tampoco son sus únicos destinatarios. El caso que vamos a analizar pone de manifiesto que las acciones colectivas transnacionales trazan horizontes políticos que van más allá del límite de lo posible, sobre todo para alcanzar lo colectivamente deseable.

Finalmente, el resultado de este análisis espera ofrecer una respuesta a las preguntas planteadas y una caracterización de los elementos que componen al fenómeno bajo estudio, así como también provocar más líneas de indagación sobre un tema como son las articulaciones feministas y el aborto voluntario, como autonomía de las mujeres y otras identidades sobre su cuerpo-territorio, desde un abordaje reivindicativo, ya que a menudo persiste en un lugar estigmatizado y controversial.

Acción Colectiva Transnacional: una estrategia ancestral

El desarrollo teórico sobre lo que hoy conocemos y llamamos acción colectiva trasnacional (ACT) se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las primeras articulaciones en torno a las campañas abolicionistas de la esclavitud, los movimientos anti-aparthaid^[9], contra el imperialismo colonial, en favor al sufragio femenino y la lucha por la paz^[10]. Un rasgo común de estos movimientos en algún sentido es que apelan a lo que más tarde será institucionalizado como el marco de los Derechos Humanos a pesar de las divergencias en los contextos históricos (Klotz, 2002). Lo particular de este primer momento de construcción del conocimiento, en torno a la ACT, tiene que ver con que las acciones que se desprenden durante estos procesos están centradas en la interpelación de la política nacional. Aunque la demanda traspasa las fronteras, son los Estados los principales interlocutores y destinatarios. Esta característica irá mutando y confluyendo con nuevos marcos institucionales frente a las subsiguientes etapas de globalización del capital y revoluciones tecnológicas. Especialmente de las telecomunicaciones, que permitirán fortalecer otras plataformas transnacionales de acción colectiva, como las regionales y globales que ofrecen otro tipo de comunidad política y, por consiguiente, de estructura de oportunidades (McAdam et al., 1996; Oberschall, 1997).

Para la década de los años sesenta y setenta, para el norte global que encabeza la institucionalización del sistema internacional bajo el marco de Naciones Unidas y sus diversas agencias especializadas por temas o regiones, se consolida. Esto produce una plataforma clave de disputa por el reconocimiento y la ampliación de ciudadanía, en particular para las mujeres, pues serán instancias fundamentales donde llevar e incidir en la acción colectiva transnacional. En este contexto se configuran organizaciones y movimientos en defensa del ambiente, la igualdad de género y los Derechos Humanos que apoyan la consolidación de las organizaciones internacionales, particularmente aquellas que habilitan la participación de la sociedad civil en las Conferencias ONU, como fueron las que abordaron el tema de las mujeres desde 1975, las de Derechos Humanos y las de Población y Desarrollo. Estos espacios serán las plataformas de lanzamiento de dichas articulaciones coordinadas en la arena pública transnacional, como por ejemplo Amnistía Internacional, Greenpeace o Isis Feminista.

Las formas que asumieron esas organizaciones dependieron de los objetivos y los recursos que se tuvieron, es decir, las más formalizadas en términos de estructura de conformación fueron las organizaciones no gubernamentales, como las que mencionamos arriba (ONG), por un lado. Por otro, están las llamadas Comunidades Epistémicas definidas por buena parte de la literatura de las Relaciones Internacionales (Haas, 1992) como aquellas integradas por redes de expertos profesionales y técnicos que conforman grupos de interés, con el fin de influenciar directamente en la opinión pública, instalar temas e incidir en las políticas públicas internacionales. Dos ejemplos de las más relevantes en referencia al análisis aquí planteado son, en primer lugar y en el marco de las Naciones Unidas, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW en inglés) creada en 1946, como órgano que formuló convenciones para reducir las desigualdades en desmedro de las mujeres. Una de las más destacadas es la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés. En segundo lugar, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social (UNRISD siglas en inglés) creado en el año 1963, el cual produjo conocimiento respecto al rol de las mujeres en el desarrollo económico y social a partir de diversos enfoques, más conocidos como “Mujeres en el Desarrollo; Mujer, ambiente y desarrollo; y género y desarrollo” (WID, WED, GAD en inglés). La primera corriente de pensamiento se originó por un grupo de profesionales del “desarrollo femenino” en Estados Unidos a finales de los años sesenta y principio de los setenta, los cuales sostenían que la modernización tenía un impacto diferencial entre varones y mujeres, por lo que el desarrollo debía mejorar sus derechos y su estatus por medio de su integración a la economía productiva (Tinker, 1990). Este enfoque de las mujeres en el desarrollo se conoce más por sus siglas en inglés de Women In Development (WID) y por haber desafiado a los supuestos del desarrollo económico desde el enfoque de bienestar, destacando la importancia de las mujeres para las economías, principalmente aquellas que eran esencialmente agrícolas como los países de África Subsahariana (Boserup, 1970). Este enfoque enfrentó serios limitantes y efectos contraproducentes que obligaron a repensar la fórmula. En pocas palabras, la visión de este enfoque fue acotada y fracasó principalmente por pensar a las mujeres de manera aislada, sin problematizar las relaciones sociales con respecto a los varones y desconoció el trabajo en el hogar, llamado doméstico. La reducida visión de las mujeres como madres y esposas impidió el acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y generó consecuencias no esperadas, como un mayor deterioro de la vida de las mujeres (Goetz, 1994; Miller & Razavi, 1995; Wolkowitz et al., 1981). Esto habilitó dos nuevos enfoques: el GAD (Gender and Development) y, el enfoque WED (Women, Environment and Development). Éste último fue inspirado por mujeres rurales activistas contra la deforestación del sur global. Las académicas, tradujeron esta resistencia desde una visión teórica en que las mujeres, como principales administradoras ambientales, podrían aportar a la ecuación entre desarrollo económico y medio ambiente (Resurrección, 2017). El pasaje a la conceptualización del género en los debates internacionales y desde los estudios del desarrollo se realizó por medio de dos perspectivas de investigación distintas. Una desde un enfoque más económico, que refería a los roles de género y a partir de la cual se consolida la economía feminista; y otro más sociológico que analiza las relaciones sociales. Este último fue el que instó a las agencias de desarrollo a que adoptaran una perspectiva sensible al género.

Esos enfoques evidencian y cuestionan las formas en que la mujer “tipo” ha sido concebida en las fórmulas del desarrollo y bajo los roles que –reconocidos y valorizados o no– son más funcionales de acuerdo a cada contexto. No es casual que cuando se estaba produciendo un marco de legalidad del aborto en varios países centrales, en el ámbito académico se estaba cuestionando el rol de la mujer-esposa-madre como la única forma de pensar a las mujeres en sociedad.

Posteriormente, durante los años del fin de la Guerra Fría, el escenario para la ACT tuvo principalmente dos aspectos centrales. Por un lado, el sistema internacional bajo el paraguas de las Naciones Unidas contaba con una batería de declaraciones de derechos, que se configuran como importantes instrumentos de compromisos para los Estados que firman y especialmente ratifican^[11]. Y por otro lado, la nueva multipolaridad del sistema, a propósito de la pérdida de centralidad unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica y la emergencia de otras superpotencias como China, trae consigo una diversificación y multiplicación de actores y, consecuentemente, de repertorios de acción a escala global. Es este contexto de auge de actores, instituciones y canales de participación el que la acción colectiva transnacional aprovecha. Las Conferencias sectoriales de Naciones Unidas habilitaron construir definiciones de temas y consolidar agendas, en materia de Derechos Humanos en general, pero especialmente sobre la situación diferencial de las mujeres, en favor de la igualdad y contra las violencias por motivos de género. Por ejemplo, en el informe de la Conferencia Mundial sobre Población de 1965 en Belgrado, el debate en torno al aborto voluntario como medida de control de la fecundidad fue sustancial para, más adelante, comprender por qué se refiere al ejercicio de un derecho, y a tener los recursos de todo tipo, especialmente de la enseñanza y la información, para poder elegir responsablemente cuándo y cuántos hijos tener, o no.

En este contexto, los interlocutores y destinatarios de la ACT no fueron sólo los Estados nacionales en instancias intergubernamentales, sino que también los organismos internacionales y regionales que pasan a tener un rol mucho más relevante y protagónico durante estos años. En términos de gobernanza, como plano de negociación de reglas y consensos multinivel y multiactoral, se configura durante esos años el nivel regional como una instancia provechosa para articular y negociar marcos de interpretación más eficaces, es decir, un nuevo escenario para el cambio social que se busca. Estas nuevas plataformas de apelación e interpelación para la ACT operan como una suerte de estructura múltiple de oportunidades políticas, en tanto complementarias y no excluyentes (Klandermans, 1997; Oberschall, 1997; Botto, 2004; Tarrow, 2005).

De este modo, la investigación sobre los actores globales incrementa, y da lugar al establecimiento de una tipología de la ACT según las lógicas que puede asumir y que también pueden ir variando. Pues no son tipos ideales, sino una forma de distinguir a las diversas configuraciones que puede tener una ACT. Siguiendo a Kagrahm, Riker y Sikkink (2002), dichas lógicas se diferencian conforme a los niveles de vinculación entre actores, más o menos cohesionado y de niveles de movilización que tengan. Estas pueden ser de tipo no gubernamentales (ONG), como mencionamos más arriba; de redes de activistas para la incidencia (advocacy) (RTA); coaliciones transnacionales (CT) y movimientos sociales transnacionales (MST).

Las ONGT se conforman mediante grupos privados, voluntarios, sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover alguna forma de cambio social. Esta configuración de ACT cuenta con un alto nivel de formalización y profesionalismo y, a diferencia de los otros tipos, cuenta con personería jurídica y personal remunerado, lo que le permite acceder a un estatus consultivo en el sistema ONU^[12]. En relación con los niveles de movilización, es relativo según sus objetivos, no obstante, es posible afirmar que han colaborado en estrategias de impacto que pueden considerarse de movilización aunque no implique un número importante de personas sino más bien una intervención en el espacio público. En cambio, las últimas tres tipologías corresponden a las posibles configuraciones que asumen también actores no estatales, pero desde su activismo coordinado y articulado sobre tácticas compartidas. Las diferencias se encuentran en los niveles de formalidad y objetivos. No es lo mismo contar con personal contratado y remunerado que personas organizadas de manera voluntaria y autogestiva bajo convicciones por una misma causa. Esto no significa, sin embargo, que no puedan estar articuladas de igual modo o para mismos propósitos y estrategias compartidas. Las RTA de algún modo se encuentran en el extremo opuesto (no excluyente) del primer caso, ya que son las más informales, y la centralidad está puesta en el intercambio de información y servicios (ya sean estrategias, técnicas, etc.) entre el grupo de activistas, que se vincula sin un contrato formal, pero comparten valores y discursos (Keck & Sikkink, 2000). En el caso de las CT su coordinación de tácticas se caracteriza por ser más persistente y duradera en el tiempo respecto a las RTA, ya que buscan elaborar estrategias coordinadas y compartidas para generar el cambio social y que pueden ser institucionales o no. La vinculación se forja porque construyen algún grado de identidad colectiva transnacional (Klandermans, 1997).

Por último, en una suerte de extremo descriptivo indefinido, se ubican los MST por ser los más difíciles e inusuales de la ACT debido a la complejidad de observación y estudio como unidad de análisis dentro de la rigurosidad científica de construcción de conocimiento^[13]. La característica principal de esta lógica de ACT tiene que ver con la movilización de un gran número de personas con objetivos y solidaridades comunes que cuentan con la capacidad de generar acciones coordinadas a partir de sus bases transnacionales, con repertorios de acción colectiva que suelen ser de tipo disruptivas y bajo modalidades de protestas. A pesar de la complejidad y lo inusitado de esta configuración de ACT, se considera que una de las experiencias más cercanas y emblemáticas por sus características es el movimiento de mujeres y feministas. Fueron los estudios de autoras como Cabezas González (2014b), Chen (2004), Celiberti, Valdés y Sikkink (en Jelin et al., 2003), entre otras, conocedoras de este MST, que sistematizaron sus repertorios de acción colectiva transnacional. Con especial énfasis en las experiencias latinoamericanas que se destacan por sus trayectorias como un valioso acumulado histórico. En la actualidad no sólo se sostienen encuentros creados desde los años ochenta sino que se han multiplicado y diversificado, como los EFLAC, Venir al Sur y la Asamblea de Feministas del Abya Yala, por nombrar algunas, e incluso se han imitado en otras latitudes, como es el caso de la Campaña 28 de septiembre.

Lo interesante de estas últimas tres formas que puede asumir la ACT es que no necesariamente tienen que considerarse de modo excluyente, sino que por el contrario están vinculadas de acuerdo a los objetivos y las estrategias que se propongan, de acuerdo a los contextos que se presentan o generan también. Y a su vez, esa complementariedad puede variar según los ciclos de movilización, por las configuraciones que se decidan en cada grupalidad, apelando e interrelacionando esas tácticas compartidas que las vinculan.

Por último, pero no menos importante, hay que señalar que al interior de las lógicas de ACT también existen asimetrías y problemas. En gran medida, a causa de que la falta de una estructura vertical y jerarquizada de autoridades, a diferencia de otros formatos de activismo social y político más tradicionales, como son los partidos o sindicatos por ejemplo, implican otros esfuerzos organizativos sin poner en riesgo las solidaridades compartidas. La jerarquía está en la horizontalidad constructiva. Un ejemplo muy claro es la forma y el tiempo para la toma de decisiones colectivas y la resolución de controversias, porque la construcción de consensos y definiciones conlleva más tiempo en comparación con una decisión unilateral de un grupo pequeño jerarquizado. Y sobre el éxito o las configuraciones “más exitosas”, no se determinan con una receta única o una lógica específica, sino que dependerá de muchos factores que pueden variar según el contexto histórico y los objetivos. En cada caso, la generación de cambios normativos y culturales es un medidor esencial que puede colaborar en la tarea de sistematizar resultados de la ACT para evaluar qué objetivos cumplió y qué mejorar en adelante.

Así, pues, a continuación presentamos las dinámicas alrededor de la ACT por el aborto voluntario en ALyC, para observar las configuraciones que fueron adquiriendo a lo largo de los años, en particular en el último lustro y medio, y qué reflexiones nos dejan.

¡Alerta que camina la lucha abortista por América Latina!

Arroz con leche, yo quiero abortar, en condiciones dignas en el hospital.

Con misoprostol, con intervención, de la forma que quiera, es mi decisión.

En América Latina y el Caribe, la recuperación de los sistemas democráticos permitió una reactivación del tejido social, organizado para múltiples disputas en la arena política multinivel. Especialmente las redes de defensa de los derechos humanos que, inherentemente desde su constitución, tienen un carácter transnacional. En parte por la institucionalización de los derechos humanos a nivel global y en parte gracias a los antecedentes de las alianzas de mujeres y feministas desde principios del siglo XX (Cabezas González, 2014a; Friedman, 2009; Gargallo, 2004). En dicho contexto, surgen las articulaciones por la legalización y despenalización del aborto que hasta la actualidad no sólo se sostienen sino que se multiplican, incluso más allá de la región.

Las configuraciones en torno a la ACT por el derecho al aborto voluntario en América Latina y el Caribe nos retrotraen a los largos años ochenta durante el período de quiebre, que mencionamos anteriormente, cuando se produce la consolidación de las instituciones del sistema internacional, se da la transición de las crisis mundiales suscitadas durante los setenta y el proceso alrededor del fin de la Guerra Fría que estructuran la antesala del siglo XXI. Tales procesos, como vimos, ocasionaron una multiplicación y diversificación del sistema internacional, bajo el paraguas de Naciones Unidas principalmente y por la incorporación de nuevos y más actores, presentes en la arena global de negociaciones. Las repercusiones de este período en la región tuvieron que ver con dos aspectos principales. Por un lado, el retorno de los sistemas democráticos de gobierno en países atravesados por las dictaduras militares-cívico-eclesiásticas habilitó el regreso de activistas políticas y sociales que pudieron exiliarse y seguir la lucha donde se refugiaron, para sobrevivir a los terrorismos de Estado, como el legado de Julieta Kirkwood, que escribió su obra en plena dictadura chilena, dejando una frase célebre como bandera: “no hay democracia sin feminismo”^[14]; y, en paralelo, la instalación de modelos económicos neoliberales, como receta para alcanzar el desarrollo rumbo al milenio, propició el escenario como una ventana de oportunidad para el movimiento de mujeres y feministas, que advertía las consecuencias negativas de las políticas macroeconómicas, particularmente en desmedro de las personas más empobrecidas, cuya situación profundizó las desventajas y las brechas de desigualdad y precarización, incluidas las de género.

Frente a este contexto, se impulsaron diversas articulaciones a nivel regional. Aquí mencionaremos dos de los hitos más relevantes para el presente trabajo, que son la decisión de las activistas regionales presentes en la Conferencia Internacional de Copenhague en 1980 de crear un espacio de Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño (EFLAC), que se llevó a cabo el año siguiente en la ciudad de Bogotá; y la conformación de redes de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) en 1984, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en 1987 y la Red de Educación Popular entre Mujeres en 1988. En 1990 también se crea la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual, lo que supone una proliferación de articulaciones para abordar políticamente y de manera coordinada diversos temas de una agenda común a escala global mediante la política nacional (Valdés, 2003). Es decir, diversas organizaciones y activistas de los países, reunidas en un mismo espacio para intercambiar información y recursos, buscan incidir internacionalmente para generar presión y cambios normativos a escala nacional.

De acuerdo, como vimos, a los antecedentes de la ACT que tiene como principal interlocutor y destinatario a los Estados nación por ser un marco institucional más definido, en comparación con otros, esta etapa de proliferación de marcos institucionales en la arena internacional se presenta de manera crucial para pensar las configuraciones de la acción colectiva. Pues los años noventa son testigos de las consecuencias de esta mayor institucionalidad que dio lugar al resurgimiento y la emergencia de nuevos bloques regionales, que se configuran en lugar protagónico de intermediación entre los Estados y el sistema internacional, habilitando asimismo un nuevo escenario de incidencia y disputa para la acción colectiva transnacional feminista y por el aborto voluntario. Un ejemplo de esto fueron las articulaciones para la incidencia de feministas en 1993, en la Conferencia de Viena de Derechos Humanos, donde se disputó la inclusión y especificidad de la violencia contra la mujer y la conceptualización de violencia sexual, ambas vulneraciones reconocidas como violatorias de los derechos humanos básicos y fundamentales para una vida digna. Este proceso coincidió y se trasladó a los preparativos de una Convención para erradicar las violencias contra las mujeres, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Gracias a la organización y articulación detrás de esos preparativos se logró una normativa icónica como la Convención Belém do Pará (1994) para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. En su artículo 1 define que la violencia contra la mujer es entendida como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (CBDP, 1994, s/p)^[15]. Ambas instancias dan cuenta de cómo la acción colectiva transnacional opera más allá de los Estados, con el objetivo de producir un efecto boomerang entre los niveles de interlocución del modelo de incidencia (Sikkink, 2003).

Así, durante el quinto EFLAC de 1990, en San Bernardo, Argentina, se produce la definición de estrategias colectivas y coordinadas, de manera transnacional, para las luchas por la despenalización y legalización del aborto en la región. Por un lado, se acuerda una fecha que será el 28 de septiembre, propuesta por las compañeras de Brasil. Esa fecha se conformó como el día de acción para convocar movilizaciones en cada país con el objetivo de incidir en tal demanda y, a su vez, sirvió para el armado de una Campaña regional con el mismo nombre (la 28S) que coordine y articule a las organizaciones que estarían enfocadas en este tema puntual. Dicha coordinación será itinerante entre las organizaciones y los países, traspasando el mando de Encuentro a Encuentro. El lema de la elección de la fecha conmemorativa expresaba “Libertad de vientres. Libertad de esclavos. Legalización del aborto, libertad de la mujer para decidir”^[16].

De acuerdo a las categorías que vimos en el apartado anterior, y dependiendo de determinados contextos, la Campaña será principalmente una configuración de ACT como red, es decir, con el principal objetivo de intercambiar recursos e información por medio de puntos focales, organizaciones y grupos de activistas coordinadas. Su formalización estará más ligada a los distintos momentos que irá atravesando, en cuanto a las organizaciones que asuman la coordinación, ya que es de manera itinerante. Los contextos políticos y los recursos van mutando e impactarán, a su vez, en la construcción, el fortalecimiento y el sostenimiento de una identidad colectiva.

En el proceso de conformación de la Campaña 28S, las estrategias para llevarla a cabo en simultáneo se establecieron a partir de la Declaración de dicho encuentro. Allí se pautaron objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los primeros tenían que ver con la creación de comisiones por el Derecho al Aborto en cada país o con el apoyo y el fortalecimiento de las comisiones ya existentes. En segunda instancia, se propuso lograr amplificar el marco de apoyo de las mujeres y feministas de todos los países, incluso donde ya contaban con el derecho en la práctica y en sus luchas por mantenerlo vigente. Es decir que la lucha para lograr la descriminalización del aborto voluntario no era sólo una agenda sectorial o de nicho de las mujeres o de las feministas, sino que se abrazaba como una causa de derechos humanos por el arco sociopolítico plural de las sociedades a favor de los derechos de las mujeres. Por último, en términos transnacionales se propuso hacer campañas “conjuntamente en nuestro continente para lograr ejercitar este derecho en forma legal, no clandestina, segura y digna para cada una de nosotras”, y que se incorporaran los Derechos Reproductivos, incluyendo el aborto, en los planteamientos de todas las organizaciones e instituciones de defensa de Derechos Humanos.

Del mismo modo, se vio reflejada la capacidad de incidencia de las redes que mencionamos previamente y sus estrategias, tanto en la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994 como la de Mujeres del año siguiente, en Beijing. Y posteriormente en las iniciativas regionales, tales como la habilitación de nuevos y más canales de participación de la sociedad civil en los diversos bloques y organismos regionales. Entre los eventos más destacados de dichas articulaciones, se encuentra la estrategia y herramienta creada en el año 2000 en el marco de la OEA, por medio de las coaliciones de actores de organizaciones de la sociedad civil transnacional que lanzaron una Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Con el objetivo de lograr un instrumento para la garantía de estos derechos humanos fundamentales, la propuesta establecía que la autonomía reproductiva se consideraba a partir de que

todas las personas tienen el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsable en relación con su reproducción; incluyendo el derecho a decidir si tener o no tener hijos biológicos o adoptados; a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos; a no procrear y a constituir diversas formas de familias. (Art. 17, Cap. IV)

Y a su vez, se planteaba que debía respetarse la integridad de la persona en el ejercicio de las prácticas reproductivas:

Todas las personas tienen el derecho a la libertad e integridad física, psíquica y moral en el ejercicio de sus prácticas reproductivas. Ninguna persona deberá ser sometida a:

a) Embarazo forzado

b) Maternidad forzada

c) Esterilización forzada
d) Intervenciones quirúrgicas o de otro tipo que inhiban, restrinjan o impidan las capacidades reproductivas. (Art. 23, Cap. IV)^[17]

La primera década de los años 2000 estuvo marcada por estas acciones sociales colectivas, de construcción de campañas, comisiones, fortalecimiento de redes y coaliciones para tener cada vez más presencia en las estructuras de oportunidades, es decir, que puedan generar incidencia en las diversas plataformas de negociaciones transnacionales. Recordemos también que fueron esos años donde se renovaron los esfuerzos para la construcción de una identidad regional. Por ejemplo, en Sudamérica, mediante el relanzamiento del Mercado Común del Sur “social y productivo” (MERCOSUR) y la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Ambos bloques con confluencia ideológica en sus ejecutivos nacionales, así como de apoyo y participación social. A través del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud (ISAG) y el consejo de salud sudamericano (CSS) de la UNASUR, se discutió de qué manera aplicar políticas sanitarias comunes y estratégicas. En estos primeros años del siglo, aunque la mención relativa a los derechos sexuales y reproductivo en términos institucionales tuvo más reticencias, estuvieron presentes los esfuerzos para instalar la importancia de atender y coordinar políticas de salud sexual y reproductiva. En el Mercosur se creó una Comisión Intergubernamental para atender conjuntamente estos asuntos en donde participaron Estados miembro y asociados de Sudamérica y en donde Argentina y Uruguay tuvieron un rol clave de liderazgo. Si bien la participación de la sociedad civil en este ámbito estaba más restringida, no es casualidad que los países líderes dentro del bloque sean los que mayores avances tuvieron en la agenda de derechos sexuales y reproductivos de la mano del activismo político feminista en estos asuntos. Tal vez como acción colectiva transnacional este caso se presente de un modo estirado conceptualmente, no obstante, es válido para interpretar las réplicas, para decirlo de algún modo, que suscita la acción colectiva transnacional en otro plano sobre aborto.

El ISAG como centro de investigación y promoción de políticas de salud a nivel regional ha tenido un posicionamiento llamativo en comparación con otros procesos, principalmente para generar consensos entre todos los Estados miembros. Desde 2016 se interiorizó en los asuntos de la desigualdad sexual y reproductiva, consideró al aborto seguro desde un enfoque de derechos y la necesidad de prevenir y reducir los embarazos en la adolescencia. Lo interesante de esta iniciativa es que en términos sudamericanos busca conciliar la heterogeneidad de posturas con los estándares sobre el tema a nivel global en el marco de la Organización Mundial de la Salud (Leone, 2019). Del mismo modo que el ejemplo del Mercosur, pese a la debilidad del vínculo con la sociedad civil que no tenía canales de participación institucionalizados como otros organismos con mayor estructura como la OEA, por ejemplo y que la iniciativa del bloque UNASUR terminó siendo desarticulada, resulta útil para interpretar las múltiples formas que tienen los impactos de la ACT por el aborto voluntario en la región, así como también para indagar en futuras investigaciones.

Estos ejemplos regionales que mencionamos nos ayudan a evidenciar los factores diferenciales entre la primera y segunda década del siglo XXI. Para llegar a una mayor visibilización e incidencia en los distintos posicionamientos políticos en torno al aborto, hubo que pasar el año 2011. El auge de la Primavera Árabe y el boom de la tecnológica de las comunicaciones configuran la escena como una nueva globalización que supone formas novedosas de articulación transnacional. Formas de “enredarnos” de un modo más dinámico e inmediato. Las campañas en torno al 28 de septiembre y la propia Campaña 28S dieron un salto “transatlántico” para asumirse como una fecha internacional y transformarse en una articulación global de lucha por este derecho. Fue en 2011 que organizaciones europeas adoptan la misma estrategia de coordinación a nivel global mediante la campaña de acción por el aborto seguro “un grito global por el aborto legal”. Cabe mencionar que la internalización de la fecha no reemplazó la dinámica regional, sino que buscó complementarse. Sin embargo, las sinergias entre una y otra fueron oscilando, pues lamentablemente en ocasiones la internacionalización de una estrategia no se condice con la construcción de instancias de articulación a igual escala, debido a distintos factores, recursos e intereses. Pese a estas cuestiones, que elijo pensar como desafíos, sin duda las herramientas de la telecomunicación global fueron de muchísima ayuda.

El efecto de este boom en las comunicaciones, levantamientos y protestas sociales se refleja en las formas en que se impulsan las convocatorias globales. Por ejemplo, volviendo al registro regional durante los años posteriores a 2011, se produjo el fenómeno Ni Una Menos en Argentina en 2015 y luego en 2016 el Paro Internacional, instancias en que la bandera por el derecho al aborto ganaba popularidad. Tengamos en cuenta que aún para el común de la sociedad el aborto seguía estando en los márgenes de los debates y los reclamos generalizados. Estos sucesos fueron una suerte de antesala para los acontecimientos en 2017 durante el XIV EFLAC en Montevideo, Uruguay, precisamente durante la asamblea de la 28S, donde se define unificar el símbolo de lucha por el aborto en la región y en el mundo con el pañuelo verde y las insignias de cada campaña local respectivamente, que supuso el reconocimiento de una identidad colectiva. Esta decisión tuvo que ver con el rol que asumía a nivel regional la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina a partir de la marcha federal que convocó el 28 de septiembre de ese año y que fue ampliamente mediatizada poniendo el tema del aborto en la tapa de los principales medios de comunicación y sentando las bases decisivas para la despenalización social en el país. Si antes el aborto era una palabra cargada de estigma social y pudor individual, después de 2017 pasó a ocupar la escena central en la vida cotidiana, estaba presente en todos lados. Por esta razón se acordó en dicha asamblea el traspaso de la coordinación de la Campaña 28S en manos de la Campaña por el Derecho al Aborto de Argentina. El proyecto de ley presentado por la Campaña por séptima vez consecutiva en el Congreso logró su primer tratamiento legislativo al año siguiente, durante el 2018, y fue el mayor reflejo de la despenalización social, pues pese al rechazo en la Cámara de Senadores, hubo una victoria muy clara en el plano sociocultural. Y su consiguiente efecto fue posicionarse como variable electoral para la contienda presidencial de 2019.

El año 2018 podemos considerarlo bisagra a partir de la estructura de movilización lograda en Argentina que produjo cuatro hechos clave para la ACT por la legalización del aborto. Por un lado, la expansión y masificación de la causa dio lugar a una renovación del impulso del movimiento, que tomó forma en lo que hoy conocemos como Marea Verde. Se llamó así a las movilizaciones por el aborto en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Durante el tratamiento legislativo argentino, se articuló con múltiples colectivos de todo el mundo para pedir apoyo, desde medios internacionales que publicaron titulares sobre la Marea Verde hasta las famosas intervenciones, en espacios públicos o en distintos eventos, de levantar los pañuelos verdes al grito de algún canto por el aborto legal, que se llamaron “pañuelazos”.

Al mismo tiempo, en segundo lugar, se dio una renovación de las solidaridades regionales y de todas partes del mundo que colaboraron con la conformación de nuevas alianzas por la misma causa, de nuevas grupalidades que se conformaron y por ende de nuevos repertorios de la ACT, además de fortalecer las ya existentes. Por ejemplo, gracias a la agilidad comunicacional que otorgan las redes sociales, se produjeron diversos y múltiples apoyos frente a un avance o retroceso en los distintos lugares, con hashtags unificados. Es el caso de cuando se volvió a tratar la despenalización en Chile en 2021, de los continuados esfuerzos de las compañeras de República Dominicana por las tres causales al igual que en Andorra, o del apoyo a las acciones en Centroamérica, como los casos de criminalización en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.

A partir de esto, en tercer lugar, se reforzaron ideas y creencias compartidas, ya que no sólo se busca despenalizar la práctica del aborto voluntario sino también generar condiciones para que su legalización garantice el acceso de forma integral y universal para quienes así lo soliciten. Y por último, el discurso, los lemas y los argumentos compartidos que sustentan la estructura de movilización de esta ACT también fueron impulsados por la construcción de la Campaña argentina y el triple lema “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, como consignas integrales de una exigencia al Estado de legalizar el aborto por ser una cuestión de derechos humanos, de salud pública, igualdad, justicia social y una deuda de la democracia^[18]. En algunos lugares, en otras organizaciones, y hace unos años, otro lema que se ha construido sobre la base del primero es “educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir”.

En este sentido y como vimos, no obstante al rechazo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores de Argentina en 2018, la ACT que se produjo en torno al proceso nacional dio cuenta de una victoria que fue la despenalización social del aborto que mencionamos párrafos más arriba. Es decir, “el aborto salió del clóset”, todo el mundo estaba hablando del aborto y eso dio lugar al fortalecimiento de alianzas, estrategias y solidaridades a nivel global, no sólo para apoyar el proceso de Argentina sino también para sensibilizar, concientizar y responsabilizar a los Estados sobre la urgencia de resolver una problemática mundial de esta magnitud. Estas exigencias también fueron posibles gracias al articulado sectorial como por ejemplo en ámbitos de salud y de educación. Las redes de profesionales de la salud y de docentes por el derecho al aborto, las socorristas en Red y la red de cátedras universitarias permitieron generar contenido para disputar a nivel nacional pedagogías de cambio que fueron utilizadas en otros países. “Sacar de la clandestinidad pedagógica el derecho al aborto” es parte del entramado que produce despenalización social. Referirse al aborto como un ejercicio de la autonomía y del deseo es quitarle ese lugar de castigo, vergüenza y estigma.

Por tanto, se pone de manifiesto una interacción de estructuras de oportunidades políticas multinivel (nivel subnacional, nacional, regional e internacional), en donde la estructura de movilización otorga y genera nuevos incentivos que masifican la interpelación y por consiguiente la convocatoria, que no sólo será de organizaciones, agrupaciones y colectivos sino también de personas independientes autoconvocadas, también consideradas solidaridades individuales que suman para visibilizar la causa. Sumarse a la manifestación por el derecho al aborto podía hacerse desde distintos lugares de pertenencia, enunciación y visibilización. Y este aspecto es un elemento diferenciador en cuanto al repertorio de movilización, donde ya no responde a una fórmula más unificada de partidos políticos u organizaciones partidarias sino también de columnas en una marcha o intervenciones artísticas autogestivas. Asimismo, la interacción entre actores también será estratégica de acuerdo a las distintas configuraciones de la ACT. Es decir, las redes a partir del intercambio de información, experiencias y recursos; las coaliciones, a partir de la coordinación de tácticas para incidir en la opinión pública por medio de las alianzas entre periodistas, comunicadores y/o en instituciones formales como la negociación de normas, así como también en ámbitos más informales como “la calle”; todo eso se complementa con el elemento del movimiento social que está presente en diversos espacios públicos como plazas, universidades, escuelas, teatros, cines u hospitales e incluso mediante los “redazos” que tuvieron que reemplazar la presencialidad durante el aislamiento por el COVID-19. Una suerte de manifestación virtual de centenares de personas conectadas en un mismo sitio para expresarse por la causa. Esto significó a su vez un desafío, pues la conectividad no reemplaza la presencialidad principalmente porque no todas las personas tienen los mismos recursos para acceder a ella.

Para mencionar algunos ejemplos, además de lo que ocurrió en Argentina en 2018, hay que mencionar la despenalización del aborto hasta la semana doce en Irlanda a fines de ese año, en Corea del Sur en 2019, en Polonia y Argentina en 2020, en México en 2021 y en Colombia y los Estados Unidos en 2022, a pesar de que el primero fue a favor de los derechos y el segundo un retroceso. Estos son ejemplos de la ACT en torno a procesos que aunque suceden en el plano nacional, están conectados en un plano “más allá del Estado”. Pues lo que sucede en un país impacta en los otros directamente, ya sea manifestando la solidaridad por el logro o la amenaza o bien mediante charlas, encuentros, reuniones para una acción conjunta. Eso lo podemos ver en el pedido de Justicia por Beatriz contra el Estado de El Salvador, elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022, pero recién en marzo del presente año (2023) se iniciaron las audiencias públicas, y se estima para diciembre obtener la sentencia. Mientras tanto, las articulaciones por medio de las redes sociales, las iniciativas virtuales de acompañamiento, difusión y pedido de apoyo mediante adhesiones e interpelaciones mediáticas, así como la presentación de instrumentos legales como los amicus^[19] para apoyar el caso, son claves para momentos de definiciones como estos. Fundamentalmente para una región como Centroamérica y el Caribe, que tiene las leyes más restrictivas y privativas respecto a estos derechos humanos. Por tanto, son múltiples, diversos y dinámicos los componentes que hacen al entretejido de las acciones colectivas por el aborto voluntario en una región como América Latina y el Caribe, y justamente son estas características no estáticas y plurales las que otorgan la capacidad de cruzar fronteras, lenguas y hasta normas en pos de objetivos comunes y localizados.

Conclusiones

La fortaleza de tus ancestras te alertan, aborto libre como forma de resistencia.

Que no te mientan, que no te mientan, únete a la lucha sin culpa sin vergüenza,

así es, hermana, entre nosotras nos acompañamos, nos cuidamos […]

haciendo del feminismo la opción cotidiana.
(Yela Quim, 2020)^[20]

Hasta aquí pudimos demostrar que el activismo transnacional por el derecho a la autonomía reproductiva tiene una trayectoria de más de treinta años y tiene múltiples objetivos interdependientes. Para nombrar al menos dos de los principales, podemos decir que tienen que ver, por un lado, con un objetivo político-cultural para liberar de estigmas y tabúes la práctica del aborto, que sucede con mayor frecuencia de lo que imaginamos y creemos, y que somete psicológica, física, sexual y económicamente a quienes deciden interrumpir un embarazo no deseado/inviable y no tienen condiciones seguras ni sanitarias, sino que deben atravesar la clandestinidad o maternidades forzadas; y así dotar de autonomía a todas las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar y abortar, como una fuente fundamental de igualdad. Cabe destacar, además, que la penalización y criminalización del aborto y la falta de servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a la educación integral y a métodos anticonceptivos, atentan contra la vida y la integridad de niñas y adolescentes principalmente. Según datos de la Organización Panamericana de Salud (2022), las complicaciones a causa del embarazo y el parto entre los 15 y 19 años son la segunda causa de muerte a nivel mundial^[21]. Y además, llevar adelante un embarazo sin desearlo es considerado trato cruel e inhumano de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecido en 1998.

Y por otro lado, el objetivo de la ACT por el aborto tiene que ver con la negociación de normativas vinculantes, es decir, promover el reconocimiento formal del derecho por medio de la despenalización y la legalización de la práctica mediante legislaciones, políticas públicas e implementaciones efectivas como piso mínimo esencial de condiciones para alcanzar el primero de ellos. Es decir, retomando el legado de Simone de Beauvoir, los avances y los retrocesos no son definitivos, lo que supone un activismo constante, tanto para vigilar que se cumpla con las normas alcanzadas, como para profundizar en los cambios futuros, socioculturales. Los feminismos, por las lentes que otorgan, nos enseñan que a cada paso los derechos que se alcanzan deben no sólo defenderse constantemente sino que además deben ser profundizados, extendidos y potenciados. En una entrevista que le hicieron en 1975, Simone de Beauvoir advirtió que los derechos deben ser siempre vigilados y protegidos, pues bastará una crisis de cualquier índole para que vuelvan a ser cuestionados. Sobre este aspecto, desde las experiencias de lucha transfronteriza e interseccional por el derecho al aborto voluntario, sabemos que el compromiso de alterar las realidades injustas no se detiene en las definiciones de los marcos estatales, sino que precisan traspasar todas las fronteras, especialmente aquellas que demarcan lo posible de lo deseable. Las acciones colectivas transnacionales habilitan el corrimiento de esos límites y configuran nuevos escenarios de posibilidad.

En este sentido, el entretejido que representan las acciones colectivas por el aborto voluntario en una región como América Latina y el Caribe implica reflexionar sobre las formas en que un grupo numeroso de personas preocupadas por un mismo asunto y situadas en una misma periferia suman esfuerzos para alcanzar un propósito colectivo, reivindicativo. Dicho de este modo pareciera más fácil de lo que en verdad es, sin embargo, como hemos visto, son luchas de largo aliento, y queda un largo camino por andar todavía. No obstante, la potencia de las organizaciones y redes a favor del derecho al aborto se evidencia al observar, por un lado, aquellas que se articulan para suplir las ausencias del Estado pese a los riesgos que supone actuar en la clandestinidad y la ilegalidad, como son las redes de acompañamientos feministas y socorristas, por ejemplo. Y por otro lado, aquellas que lo hacen también para interpelar las estructuras, ya sea denunciando, cuestionando o modificando los marcos valorativos y de sentidos que impregnan la sociedad. Ambos niveles de actuación de esas articulaciones logran lo que se ha nombrado como despenalización social del aborto, es decir, quitarle peso al estigma y darle lugar a la reivindicación del deseo y la elección como parte sustancial de la autonomía, los derechos y las libertades fundamentales.

Esos tejidos, que hemos caracterizado como intergeneracionales, intersectoriales e interseccionales, de la ACT por el derecho al aborto voluntario, se logran gracias al trabajo de los feminismos, que de por sí, se produce bajo una concepción transfronteriza. Ya que se importa y exporta cotidianamente de forma visible cómo fue el proceso de Argentina en 2018 y todo el apoyo internacional recibido; o bien de un modo más invisible/imperceptible, como puede ser el famoso “de boca en boca”, de personas activistas o estudiantes que convocan a una organización o a otra activista a hablar de la experiencia que tuvo en un determinado lugar en interdependencia con otros. Esa analogía del “iceberg” que mencionamos al comienzo pone de manifiesto lo que representan los ciclos de movilización y, por consiguiente, los ciclos de construcción para esa implosión en la superficie.

Dicho de otro modo, entendiendo que “no es el embarazo lo que otorga sentido al aborto, sino la decisión de abortar lo que devela el significado que tiene ese embarazo para esa mujer en ese momento” (Sanseviero, 2003, p. 20), se configuran, proponen, formulan estratégicamente las ACT por el aborto voluntario. Volviendo entonces a las preguntas planteadas en la introducción, en relación con las primeras, hemos demostrado cómo se producen y entraman los tejidos y los múltiples elementos que la conforman. Ahora bien, respecto a si es posible hablar de un movimiento social transnacional a raíz de las luchas por la despenalización y legalización del aborto, a partir de las experiencias en esta latitud del mundo, no considero que haya respuestas cerradas o definitivas sino que forman parte de una historia en movimiento, con trayectorias acumulativas y de construcción permanente.

Se buscó recuperar la relevancia que implican las luchas sociales por mayor igualdad, en busca de justicia y paz en una región periférica como lo es América Latina y el Caribe, donde las políticas extractivistas socavan cada vez más la posibilidad de existencia y resistencia para una vida digna de ser vivida. Cualquier esfuerzo “a pulmón” en situaciones de precariedad cuestan el doble para sostener las voluntades, por cuestiones materiales obvias. Pero son, al mismo tiempo, esas articulaciones y redes las que muchas veces sostienen la posibilidad de sobrevivir ante tanta precariedad. El reconocimiento de esos esfuerzos ante las falencias, ausencias y negligencias de las instituciones gubernamentales, resulta imperativo.

Son esos tejidos que cruzan fronteras, idiomas y quiebran el límite de lo permitido y lo posible para irrumpir con el deseo de aquello que se busca alcanzar. Y así renovar la fuerza, sucesivamente hasta “que todo sea como lo soñamos”, diremos algunas personas, pero también puede ser en sentido inverso. Es decir, mientras las condiciones materiales, simbólicas y culturales sean injustas, las luchas no se detienen. Y la disputa por la autonomía reproductiva es nodal en esta concepción del mundo, atravesado por las desigualdades estructurales.

Bajo estas reflexiones, planteamos que es posible hablar de un movimiento social transnacional conformado por las múltiples y diversas luchas por la despenalización y legalización del aborto, en particular en una región como ALyC, que cuenta con una singularidad destacada como son las tradiciones de los encuentros, la conformación de redes y articulaciones “más allá” de los Estados. Pensémoslo, por ejemplo, con lo que pasó en los Estados Unidos, actor por demás relevante en la región por su condición de hegemón, con poder de daño material: al quitar el reconocimiento constitucional del derecho al aborto, pusieron de manifiesto la necesidad de estar vigilantes en todo momento cuando se trata de nuestros derechos. Y pese a una articulación menor con los Estados Unidos y los activismos estadounidenses, apenas se conoció la decisión de la Corte, fueron muchos los puntos de movilización en la región para mostrar apoyo y fuerza.

Tal vez sea apresurado hacer una conexión directa entre el suceso norteamericano y lo que está pasando en El Salvador con el pedido de justicia para Beatriz, pero debe tenerse presente. Esperemos que el transcurso de los hechos por venir sea renovador de las esperanzas, entre tantas situaciones lamentables de existencia que se viven en estos años. Los procesos no son lineales, pero sí acumulativos, y desde hace muchos años las acciones colectivas transnacionales defensoras del aborto voluntario, como vimos, trascienden los límites de lo posible para crear nuevas estructuras de oportunidades, en múltiples niveles.

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Enlace de interés

Especialmente para seguir la causa de Beatriz y adherir al pedido de justicia sugiero seguir las redes sociales y páginas @Beatrizvses (Beatriz vs. El Salvador).

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