La protesta de 1968 en San Pablo

Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera^[2]

“Causó destrozos una manifestación obrera. Previamente se ofició una misa a raíz de 97 despidos”. Estos fueron los titulares con los que el diario La Gaceta se refirió a la movilización que tuvo lugar en el ingenio San Pablo el domingo 7 de enero de 1968.^[3] En un clima signado por una generalizada crisis azucarera, la exoneración de casi un centenar de obreros promovió una movilización comunitaria que comenzó con una misa a cargo del vicario parroquial, Raúl Sánchez, en el local del sindicato obrero y culminó con una nutrida manifestación que recorrió las calles del pueblo para arribar a la parroquia. El oficio religioso y el liderazgo que asumieron los curas en defensa de la comunidad condensaron la articulación entre sindicalismo y catolicismo, convirtiendo a la acción colectiva del San Pablo en una emblemática expresión de los sentidos que adquirió la protesta, al calor de la participación y convergencia de estos actores.

Estos acontecimientos nos sitúan en una de las 16 fábricas tucumanas que no cerraron a mediados de los sesenta. Permite, de ese modo, preguntarnos por las experiencias comunitarias que no estuvieron signadas por el dramatismo de la clausura, pero fueron blanco de las políticas de racionalización diseñadas por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía con el apoyo de sectores empresariales. Así, analizar la dinámica de uno de los ingenios más importantes del parque industrial tucumano en los complejos años sesenta permite reponer las acciones de protesta del sindicato de base, el rol de los sacerdotes en la crisis y el posicionamiento patronal en el concierto empresarial, dimensiones que contribuyen a complejizar el mapa de la conflictividad azucarera tucumana.

Este análisis situado en el ingenio San Pablo reviste, por diversos motivos, una gran riqueza sociopolítica. Por un lado, invita a preguntarnos por el papel desempeñado por los sacerdotes en el cruce de la magnitud de la crisis y el clima posconciliar de la Iglesia, escenario en el que –no exento de incertidumbres– estos actores rediscutieron su rol comunitario y social. Este conflicto permite indagar, asimismo, cómo el sindicato de base se apropió de la renovada politización del catolicismo para defenderse de los embates de la racionalización asumida por la patronal y, por tanto, contribuye a explorar los particulares sentidos y formas que asumió la protesta. Finalmente, los conflictos de enero de 1968 en el San Pablo brindan indicios para repensar el posicionamiento de los Nougués –familia propietaria del ingenio– frente a los lineamientos de las medidas azucareras nacionales y la definición de su política laboral. El texto se organiza en cuatro apartados. Los dos primeros analizan, desde una perspectiva relacional, la trayectoria de los Nougués, el sindicato de base y los curas previamente al conflicto de 1968. Esta mirada permite explorar sus experiencias en estrecho diálogo con la construcción del entramado comunitario del que eran protagonistas y en relación con diversos actores provinciales y nacionales, clave para comprender la compleja coyuntura analizada –especialmente, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA)–, las corporaciones empresarias y la jerarquía eclesiástica. El tercer apartado estudia la conflictividad social desatada en enero de 1968 para poner el foco en la articulación entre sindicalismo y catolicismo desde una escala local. Finalmente, el texto examina las repercusiones del conflicto del 68 en las trayectorias sindicales, sacerdotales y patronales.

El prolegómeno de la crisis de 1968: políticas patronales, conflictividad obrera y respuestas sindicales

Los despidos y la precarización laboral, decisiones asumidas por los propietarios del San Pablo entre fines de 1967 y principios de 1968, se inscribieron en una coyuntura marcada por “el colapso de la actividad azucarera”. Este proceso reconoce en 1965 una fecha clave pero su gestación debe situarse a partir de 1955 (Bravo, 2017: 203).^[4] En el contexto de esta profunda crisis, es necesario analizar la conflictividad del ingenio San Pablo a partir de una mirada relacional que integre las medidas patronales que, al menos desde 1959, atentaban contra la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores del ingenio, las respuestas sindicales frente a la crisis, y el posicionamiento de los Nougués a lo largo de los años sesenta, convergencia de dimensiones que otorga mayor capacidad explicativa a las modalidades de protesta y el apoyo que concitaron entre diversos actores sociales.

El esfuerzo de entrelazar estas dimensiones a lo largo de una década nos permitirá comprender la compleja trama sociopolítica en la que se inscribió la conflictividad del San Pablo en 1968. La primera medida antiobrera llegó en noviembre de 1959, ocasión en la que el secretariado de FOTIA denunció que los Nougués habían enviado el telegrama de preaviso a 100 trabajadores, lo que configuraba un “verdadero despido en masa”.^[5] A escasos meses de esa decisión, el sindicato de base se declaró en estado de alerta para enfrentar el cambio de modalidad laboral “impuesto a determinado personal” y la suspensión de las tareas culturales. Finalmente, la dirigencia obrera aceptó “por única vez” el traslado de puestos fabriles y, en razón de la reducción de las labores, aprobó la distribución de trabajo en las colonias del San Pablo.^[6] En octubre de ese mismo año, la comunidad laboral fue nuevamente conmovida con el envío de 122 telegramas de preaviso a trabajadores temporarios, decisión que la patronal justificó por la adopción de tecnología y la modernización del ingenio. Así, la utilización de gas para la combustión de las calderas, la automatización de las centrífugas y la adquisición de maquinarias para el cosido de bolsas y pesajes implicaron una drástica reducción del personal.^[7]

Las tensiones entre obreros y patrones se reeditaron en enero de 1964, a raíz de las disímiles interpretaciones vinculadas a la implementación del sábado inglés^[8], y se agudizaron en diciembre de ese año frente a un cambio en la modalidad horaria fabril, que fue rechazado por el sindicato. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el secretario general, Miguel Lazarte, dispuso el retiro del personal del ingenio, actitud que la patronal consideró como un agravio que conllevó al despido del dirigente sindical. La conflictividad se profundizó con la toma del ingenio por parte de los trabajadores y concluyó con la intervención del gobierno provincial y la revisión de la exoneración de Lazarte, a quien finalmente se le impuso una sanción disciplinaria.^[9] Un obrero de fábrica recordó años después la toma del ingenio en contra de este despido: “Lo querían echar porque no los dejaba que la manoseen a la gente como ellos quieran y discutía. No quería el jefe que esté, entonces ahí se armó, se hizo un piquete rápido, silenciosamente” (Centurión, 2000: 96).

Lazarte lideraba el sindicato de obreros de fábrica y surco del ingenio San Pablo desde mayo de 1963, cuando ganó las elecciones por un amplio margen de votos.^[10] Su figura representaba una renovación en la conducción del sindicato local, de un perfil más abierto y una “militancia comunitaria”, que revelaba la pertenencia a distintos ámbitos de sociabilidad.^[11] En efecto, Lazarte había consolidado su trayectoria local en el espacio deportivo y religioso. Fue un reconocido director técnico de básquet y en 1955, bajo su dirección, el seleccionado tucumano masculino de ese deporte se consagró campeón argentino. Asimismo, participó de la sociabilidad parroquial al desempeñarse en distintas oportunidades como vocal de la comisión pro fiestas patronales, en la que se encargaba de la sección “juegos populares y deportivos”.^[12] Tras dejar la actividad deportiva, en 1961 inició su militancia gremial y, al cabo de dos años, se convirtió en el principal dirigente sindical de San Pablo. Lazarte lideró la filial local hasta principios de la década de 1970 y ocupó distintos cargos en el consejo directivo de FOTIA desde 1965 en adelante, cuando Atilio Santillán asumió como secretario general de la federación.^[13]

Sin desconocer el contexto de crisis azucarera que se vivía en la provincia a principios de los sesenta, es preciso subrayar que los despidos y el endurecimiento de las condiciones laborales fueron tomados por una de las fábricas más modernas y con mayor capacidad de molienda del parque industrial tucumano (después del ingenio Concepción). Y, a pesar de lo fragmentario de la información, no es un dato menor señalar que en 1960-1961 los propietarios del San Pablo anunciaron a sus accionistas una ganancia neta de 50 millones; entre 1962 y 1963, duplicaron la molienda con la instalación de 11 centrífugas –la que alcanzó las 8.000 toneladas diarias– (Gaignard, 2011: 198) y, en esa misma fecha, la revista La Industria Azucarera anunciaba que el ingenio era uno de los que iniciaba la mecanización de la cosecha.^[14] El perfil empresarial de los Nougués era diverso: además de controlar el 63 % de las acciones del ingenio tucumano La Providencia, poseían un heterogéneo patrimonio agroindustrial fuera de la provincia; eran propietarios del ingenio Las Palmas (ubicado en Chaco) y de un dominio forestal y azucarero en Abra Grande (Salta); tenían importantes intereses en la Compañía Sudamericana de seguros Aconcagua; participaban en la explotación de la Patagonia con la compañía de navegación Perez Companc y se unieron a los Méndez Behety en sus negocios subsidiarios en la Patagonia (Gaignard, 2011: 199-200; Taire, 2006: 73-74). También poseían explotaciones ganaderas, entre ellas, 40.000 cabezas de ganado en Formosa, y desde 1963 conformaron sociedades con invernadores de Santa Fe para engorde y terminación de novillos (Taire, 2006: 73-74).

A medida que avanzó la década, al compás de la política de racionalización azucarera respaldada y alentada por los industriales de Salta y Jujuy en alianza con algunos empresarios tucumanos, los conflictos laborales fueron in crescendo.^[15] Así, en marzo de 1966, frente al incumplimiento del pago de haberes y derechos sociales a los trabajadores de la finca Lules, propiedad de los Nougués, los obreros del ingenio decidieron solidarizarse con los de surco y “retirar toda colaboración a la empresa”. La respuesta de la patronal fue contundente: el cierre del ingenio y el despido del personal de fábrica, actitud que FOTIA tildó como una “represalia” por la solidaridad de los obreros del ingenio con los de surco.^[16] Luego del golpe de Estado de junio de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, el que modificaría sensiblemente la conformación del parque industrial tucumano, 1967 comenzó con una huelga obrera en defensa de las condiciones laborales y la reafirmación del compromiso sindical de “hacer respetar las leyes laborales y las conquistas obreras”, anticipando que no aceptarían “la vulneración de ningún principio legal y de los derechos obreros”. Sin embargo, el año concluiría con el despido de 97 trabajadores.

En este contexto de preocupaciones, centrar la atención en los años 1966 y 1967 resulta un mirador privilegiado para repensar las múltiples implicancias de la política patronal y la conflictividad social en un ingenio que no cerró, pero cuyas tensiones laborales y empresariales ayudan a complejizar el panorama de la crisis azucarera de mediados de los años sesenta. En efecto, la oscilación de los niveles de producción en el período aludido, el balance de los ejercicios del ingenio y las decisiones vinculadas a la administración del personal contribuyen a reponer el mosaico de experiencias que modelaron la crisis azucarera, cuya dinámica entrelazó, de múltiples formas, el destino de las fábricas que cerraron y de las que, si bien no lo hicieron, estuvieron signadas por los despidos y la conflictividad laboral.

El directorio del San Pablo argumentó que la magra cosecha de 1967, que había alcanzado “mínimas fuera de lo común” por la limitación legal, las heladas y otras circunstancias, los obligó –en “uso del derecho” de la legislación vigente– a poner en marcha su plan de racionalización “preparado con todo el cuidado que él merece en atención a los ponderables valores en juego”.^[17] Sin desconocer esta realidad, el informe económico realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Tucumán sobre el ingenio San Pablo afirmaba que, desde 1960, solamente en los dos últimos ejercicios, es decir, en los de los años 1966 y 1967, se había producido una apreciable pérdida, pero ello no desequilibraba la “tendencia productiva de la empresa”. El estudio precisaba que el impacto de las pérdidas había “conmocionado a los directivos de la fábrica” y conducido a tomar la drástica medida del despido del personal para reducir los costos de explotación, en clara alusión a los 97 despidos de fines de 1967. Finalmente, señalaba la necesaria inyección de un crédito especial a largo plazo para que el ingenio saliera del ahogo financiero, para lo cual debían contribuir los trabajadores y el gobierno nacional.^[18] Por su parte, FOTIA advirtió que los despidos eran “la aplicación del plan secreto del monopolio azucarero nacional” dirigido por varios industriales, referencia que aludía a una supuesta alianza de los Nougués con los empresarios azucareros del norte, indicio que a futuro y con nuevas fuentes sería importante recuperar.^[19]

Esos años de 1966-1967 fueron clave para la redefinición de la política azucarera a partir de la adopción de “un régimen regulado por el estado nacional en todos sus aspectos (producción, industrialización y comercialización)” que determinaría el colapso del parque industrial tucumano (Bravo, 2017: 204). Inscrita en la crítica mirada de los empresarios azucareros del norte, la primera medida de “racionalización” fue impulsada, en agosto de 1966, por el ministro de Economía Néstor Salimei a través del decreto n.° 16.926, que decidió la intervención de 7 ingenios azucareros de la provincia con el propósito de desmantelarlos y cerrarlos.^[20] Para 1968 las fábricas cerradas eran 11, lo que implicó el colapso de alrededor de un 40 % del parque industrial tucumano, la pérdida de 50.000 puestos de trabajo y el éxodo de más de 200.000 habitantes. En febrero de 1967, el golpe de gracia sobre la industria tucumana se completó con la sanción del decreto ley n.° 17.163, que fijó cupos de producción a partir de la definición de tres “zonas territoriales” (Tucumán; Salta y Jujuy; Santa Fe, Chaco y Misiones), medida que “restringió la molienda de los cañeros independientes y avanzó en la limitación de la producción azucarera” de Tucumán. Esta normativa alentó la “concentración de la producción cañera en beneficio de los industriales y grandes cañeros a través de la expropiación de cupos (por oferta y por incautación) con el objetivo de orientar a los pequeños cañeros a la diversificación productiva”. Asimismo, la ley fijó la cantidad de toneladas a producir en la zafra de 1967 (750.000 toneladas) y prohibió la instalación de nuevos ingenios en el país y la ampliación de la capacidad industrial de los existentes, aunque permitió la fusión o el traslado de la capacidad industrial de producción entre ingenios de una misma zona productiva siempre que el resultante no fuera superior a la suma de las que individualmente correspondían a cada ingenio (Bustelo, 2017: 226).^[21]

El cruce entre la ley de cupos de 1967 y la molienda del San Pablo de 1968 permite suponer que fue uno de los ingenios beneficiados con “el traslado de la capacidad industrial” entre fábricas de una misma zona productiva: el salto de su capacidad de molienda y de producción de azúcar fue significativo, y la convirtió en la más importante de la década del sesenta.^[22] Si bien ese pico no se sostuvo en los años posteriores, constituye un indicio que podría recuperarse en futuras investigaciones para repensar el posicionamiento de los Nougués en el mapa azucarero nacional, la incidencia de factores coyunturales, como la asunción de José María Nougués como ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia en 1968 y su posterior involucramiento en la conformación de un bloque empresarial –creado en 1969– para defender a los ingenios tucumanos.^[23] Al mismo tiempo, la capacidad productiva del San Pablo debe ser presentada en perspectiva, es decir, en relación con otros ingenios tucumanos que “aumentaron su producción en un grado incluso superior al incremento en los propios ingenios del Norte”. En este sentido, entre 1965 y 1973, el Concepción aumentó su producción en un 115,8 %, La Trinidad, en un 101,8 %, y el Santa Rosa, en un 90,3 %, mientras que el San Pablo lo hizo en un 49 % (Nassif, 2016: 113-114 y 625).

En suma, entre 1959 y 1968 es posible advertir que la familia Nougués asumió una política orientada a disminuir el personal (tanto de fábrica como de surco) y cercenar derechos laborales. Esta avanzada se inscribió en el contexto de una profunda crisis azucarera marcada por las pujas interregionales, los oscilantes niveles de producción del ingenio y los imperativos de una política de “racionalización y eficacia”, pregonada desde el gobierno nacional en sintonía con los intereses de los ingenios salto-jujeños.

Ser cura en una comunidad en crisis: compromiso social en el clima de renovación conciliar

Tras los despidos efectuados a finales de 1967, la población de San Pablo decidió movilizarse con el objetivo de repudiarlos. Para ello, buscaron el apoyo de Raúl Sánchez, sacerdote a cargo de la parroquia por la ausencia del cura titular Pedro Wurschmidt, quien se encontraba en el campamento de verano que organizaba la entidad. Los acontecimientos de San Pablo trascendieron en la prensa provincial y nacional, debido al apoyo que los sacerdotes del pueblo brindaron a los obreros despedidos con un fuerte discurso opositor a las políticas del gobierno y de la patronal. Analizar el liderazgo de los curas en la protesta y a la parroquia como centro de las acciones de resistencia supone preguntarse por el rol de los sacerdotes en la población local, los vínculos que construyeron con el sindicato obrero y los propietarios del ingenio y el impacto de las transformaciones de la Iglesia introducidas bajo el Concilio Vaticano ii.

Raúl Sánchez había cursado sus estudios de Teología en el seminario Mayor de Córdoba, donde conoció a profesores como Erio Vaudagna, Nelson Dellaferrera y Enrique Angelelli. Este último se convirtió en rector de esa institución en 1963, decisión que se hizo eco del manifiesto interés de un grupo de seminaristas que seguían las sesiones del Concilio Vaticano ii y querían incorporar las novedades a su formación. Las asambleas del Concilio se desarrollaron entre 1962 y 1965 y generaron amplias expectativas entre un sector del clero al proponer una actualización de la Iglesia al mundo moderno.^[24] Entre ese grupo se encontraba Sánchez, quien recordaba haber participado de la experiencia del seminario cordobés de “puertas abiertas”, que les permitía salir y trabajar en los barrios obreros junto a los curas párrocos (Diana, 2013: 203).^[25] Tras su regreso a Tucumán, en mayo de 1966, fue designado como vicario cooperador en la parroquia de San Pablo, donde se desempeñaba como párroco titular Pedro Wurschmidt. Bajo su gestión, la parroquia había atravesado, desde finales de la década de 1950, un proceso de reformas dirigidas a ubicar a la iglesia en el centro de las actividades sociorreligiosas. Al calor de las lecturas de las experiencias europeas, Wurschmidt impulsó una renovación parroquial y formuló el concepto de “parroquia abierta”, basado en la idea de integrarla a la vida social del pueblo.^[26]

De ese modo, desde la parroquia se impulsó una amplia tarea comunitaria articulada alrededor de los proyectos de educación y vivienda: hacia mediados de los 60, funcionaba un colegio parroquial, un Hogar Emaús de ancianos, un comedor popular, un cine parroquial y clases diarias de catequesis en las colonias agrícolas y en los barrios obreros del ingenio.^[27] También funcionaba la Escuela de Doctrina, que lo hacía de forma paralela a los grupos de catequesis y consistía en organizar en el centro de los barrios (ya sea en una plaza o en un campo abierto) una proyección con filminas para explicar la doctrina católica, reuniones en las que se juntaba “mucha gente” y que culminaban con algún convite. Desde 1957, la parroquia también organizaba los campamentos de verano destinados a los niños de San Pablo, quienes pasaban los meses de vacaciones en la montaña con actividades recreativas y formación religiosa.^[28] Junto a esas obras, se fundaron dos cooperativas, una de crédito (1966), cuyo objetivo era colaborar con el “progreso” del pueblo, y una de viviendas (1967). Esta última se propuso construir 300 casas en un terreno propiedad de los Nougués cuya compra había sido gestionada por el párroco.^[29] Desde esta perspectiva, en la década de 1960 la parroquia se convirtió no solo en un lugar de encuentro, recreación y sociabilidad religiosa, sino que fue también una institución central en la dinámica del pueblo “donde se tramitaban experiencias colectivas de distinto tipo” (Barral, 2019: 156). Como señala María Elena Barral, el modelo de parroquia y de “comunalización católica”, que integraba desde el punto de vista socioespacial a quienes vivían en ese territorio, formaba parte de una propuesta de larga data de la Iglesia que persistía aún en la década de 1960. Asimismo, el perfil de sacerdocio definido por las “obras” tampoco era nuevo; sin embargo, en ese contexto fue adquiriendo aristas renovadas al calor del compromiso social potenciado por el Concilio Vaticano ii.^[30]

Pedro Wurschmidt bendice las tribunas del club San Pablo. Fuente: Archivo La Gaceta (Tucumán).

Para llevar adelante la gestión de las obras sociales, Wurschmidt había recurrido a la colaboración de los propietarios del ingenio San Pablo. Apelar a los sectores patronales para conseguir apoyos y recursos de distinto tipo para sus proyectos era una práctica arraigada entre los curas. La decisión de convertir al templo de la villa del pueblo en parroquia a mediados de 1954 y la designación de Pedro Wurschmidt como primer cura párroco comportaron importantes cambios en las iniciativas y las actividades religiosas.^[31] Desde principios de la década de 1960, Wurschmidt expresó en sus cuadernos las críticas a la familia Nougués y dio cuenta de la relación conflictiva que mantenía con Miguel Alfredo Nougués, presidente del directorio de la empresa propietaria. En sus anotaciones sobre las subvenciones que recibía la Iglesia, el ingenio solo aportaba un monto para el sostenimiento de la Banda de Música y para asistencia social. En las oportunidades en que había intentado recurrir a la colaboración de la empresa para impulsar alguna de las obras de la parroquia, Wurschmidt se había encontrado con dilaciones y negativas. En mayo de 1966, después de reunirse con Alfredo Nougués y no conseguir su apoyo para la fundación de una escuela técnica en el pueblo, escribió:

En realidad, haciendo un poco de memoria, toda vez que hemos querido hacer algo confiados en la participación de la Compañía o del directorio no se logró nada. Si fue el campamento, el colegio, el Hogar, la Cooperativa de vivienda, nunca se comprometieron sino que ayudaron cuando les convenía […] sostener una obra con impuestos deducidos no significa cumplir con el Evangelio.^[32]

Como alternativa, Wurschmidt se propuso recurrir al sindicato obrero local y conseguir su apoyo para la fundación de la escuela-fábrica. El cura párroco sabía que podía contar con el aval de Miguel Lazarte para dicha iniciativa y le pidió que “interviniera y presionara” a la patronal.^[33] Más allá de las tensiones, Wurschmidt siguió negociando con los Nougués los aportes necesarios para sus proyectos. No obstante, la conflictividad obrera, intensificada a partir de las políticas del gobierno de Onganía, incidió en esa relación de manera definitiva. En el recuerdo del sacerdote tercermundista Amado Dip, el perfil de sacerdocio que forjó Wurschmidt rompió con la asociación de dos mundos, “el del cura social y el católico de las donaciones”: “Peter [en alusión a Wurschmidt] no amainaba porque le dieran plata para sus planes. Llegó un momento en el que esos dos mundos no pudieron seguir juntos” (Martín, 2013: 320). Ese momento al que se refería fue enero de 1968, cuando los sacerdotes de San Pablo apoyaron la protesta obrera tras los despidos del ingenio.

Durante los años previos, Pedro Wurschmidt había apostado a la construcción horizontal de poder entre los curas de las parroquias vecinas, caracterizadas también por la presencia de ingenios azucareros en su jurisdicción. Desde principios de la década del 60, Wurschmidt fue el impulsor de las reuniones de los párrocos del departamento de Famaillá que más tarde formarían el Decanato de Famaillá –integrado por las parroquias de Bella Vista, Lules, San Pablo, Santa Lucía y Famaillá–, en las que se discutieron las reformas conciliares y su adaptación a la realidad tucumana.^[34] Las iniciativas de los curas concitaron la atención del obispo Juan Carlos Aramburu, a quien le cuestionaban la reticencia a incorporar las reformas del Concilio en la Iglesia tucumana, pujas que quedaron suspendidas con el traslado de Aramburu a la Arquidiócesis de Buenos Aires en junio de 1967. De ese modo, la Iglesia tucumana quedó a cargo del vicario capitular Víctor Gómez Aragón, situación que, en adelante, otorgó un margen de acción más amplio a los sacerdotes reformistas.

La desocupación creciente y la conflictividad social agudizada después del golpe de Estado de 1966 interpelaron a los sacerdotes del Decanato de Famaillá. Hacia mediados de 1967, en una de las reuniones que sostenían periódicamente, Raúl Sánchez planteó la necesidad de comprometerse con los “problemas temporales”.^[35] Por su parte, Pedro Wurschmidt había regresado de un viaje por los principales países de Europa y, tras leer el documento papal Populorum Progressio (1967), reflexionó sobre su rol en San Pablo:

No estamos ya para “administrar la iglesia” desde el momento que administrar significa una actitud conservadora y estática… ¿en qué consiste la evangelización? Y a la vez surge otro interrogante, ¿no se ha recomendado en el concilio que debemos apacentar, regir y gobernar? […]. Por otra parte ciertas inquietudes de orden social inquietan permanentemente mi espíritu al ver la miseria, falta de trabajo, desigualdades e injusticias que pienso si no sería evangelizar ocuparse de estos problemas y buscarles solución.^[36]

En ese contexto, el obispo de Avellaneda, Gerónimo Podestá –con quien Wurschmidt sostenía vínculos estrechos–, visitó Tucumán para dictar una conferencia sobre la mencionada encíclica papal de Paulo vi.^[37] El evento, al que asistió “mucho público”, contribuyó a difundir los principales postulados de la encíclica dirigida a los pueblos “en vías de desarrollo”, que planteaba el problema de la pobreza y la desigualdad de las naciones.^[38] Al término de la conferencia, directivos de FOTIA se entrevistaron con Podestá, le plantearon la situación crítica de los trabajadores y consiguieron el compromiso del obispo de ocuparse del tema.^[39] Wurschmidt difundió la encíclica en San Pablo y esta se discutió en las reuniones del Decanato. La parroquia se convirtió también en un espacio de debate en el que las nuevas lecturas del Evangelio y las ideas conciliares fueron un marco de interpretación de la realidad socioeconómica, que permitieron concebir un sentido de “injusticia” denunciado con el apoyo de sacerdotes y católicos. En diciembre de 1967, frente a la amenaza de despidos a obreros del ingenio, Wurschmidt escribió cartas al presidente de la empresa y al administrador de la fábrica para advertir sobre los problemas de esa política y publicó un artículo en El Vocero –publicación parroquial– en tono crítico contra la patronal.^[40] En la misa dominical, el párroco reforzó sus críticas a la empresa, lo que causó “gran revuelo” entre la familia propietaria y sus colaboradores más estrechos.^[41]

Ese mismo diciembre de 1967, vía Pedro Wurschmidt, los sacerdotes tucumanos tomaron conocimiento del Manifiesto de los 18 Obispos del Tercer Mundo, al que adhirieron con su firma 12 curas de la diócesis.^[42] Tal como recordó Amado Dip, Wurschmidt fue el contacto inicial para organizar posteriormente el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en la diócesis: “Cuando recibimos la invitación ya había un grupo muy fuerte con experiencia de apoyar a las comunidades y a los gremios que resistieron al cierre de ingenios” (Martín, 2013: 308). Como lo reconocía Dip, el colectivo sacerdotal nació íntimamente ligado a la situación social derivada de la crisis azucarera y el conflicto de San Pablo fue el acontecimiento que propició su fundación, iniciativa que lideró Wurschmidt. A principios de febrero de 1968, 18 sacerdotes se reunieron en la parroquia de San Pablo junto al vicario general Gómez Aragón con el objetivo de considerar la situación de la provincia y emitir un documento en el que puntualizaron la coyuntura socioeconómica por la que atravesaba la jurisdicción, con críticas al gobierno y a los efectos producidos por el Operativo Tucumán.^[43] De ese modo, los acontecimientos de San Pablo tuvieron repercusiones, también, más allá de las fronteras eclesiásticas. El rol de los sacerdotes en la protesta, su defensa de los trabajadores y la justificación de los actos de resistencia generaron un debate público sobre el compromiso sacerdotal y derivaron en un conflicto abierto entre la Iglesia y el gobierno provincial.

El conflicto de 1968: trayectorias y solidaridades entre el sindicato de base y la Iglesia católica

La movilización comunitaria en protesta por el despido masivo de obreros en diciembre de 1967 no tardó en llegar. En ausencia del cura párroco, Raúl Sánchez no olvidaría el clima de efervescencia del día previo a la movilización del 7 de enero, cuando, estando en la parroquia, “y a través de la celosía de la ventana”, observó –con la luz apagada para que no pudieran divisarlo– a los trabajadores enfurecidos, “gritando, exigiendo justicia”. Muchos años después, recordaría el temor que se apoderó de él al pensar que esa gente podía quemar la iglesia y el inmediato alivio que sintió cuando vio que, en lugar de seguir hacia la parroquia, doblaron en dirección al sindicato. Sin embargo, el sosiego concluyó esa misma tarde, cuando un grupo de dirigentes del sindicato llegó al templo y le preguntó: “¿Qué va a hacer usted? ¿Nos va a acompañar?”. Relató Sánchez: “No sé si por convicción, por conveniencia o por miedo les dije que sí, que cuenten conmigo […]. Y ese fue el comienzo […] ya nunca me quedaron dudas de cuál era el camino a seguir”.^[44] En el recuerdo de Sánchez, la presión de la población local fue decisiva en su participación en la protesta.

A las 9:15 horas del domingo 7 de enero de 1968, convocado por el sindicato de obreros de fábrica y surco del ingenio San Pablo, Sánchez dio inicio –en el local gremial– a una misa para impetrar por la solución del conflicto laboral que conmovía a la comunidad: el despido de 97 trabajadores, decisión tomada por la patronal a fines de diciembre del año anterior. La realización de la misa dominical en el local del sindicato fue subrayada por el propio cura como el disparador de los acontecimientos que le siguieron.

No era la primera vez que se celebraba una misa fuera del templo parroquial. De hecho, por motivos banales si se quiere, se celebraban misas de campaña […] en un estadio, en un club de fútbol, la misa de iniciación de la zafra en el ingenio, el día del 25 de mayo. Pero a diferencia de esos oficios, esta vez “era un día domingo” y en lugar de celebrar la misa en la parroquia la realicé en el sindicato. Pareciera como que ese ha sido el puntapié inicial de esto que después terminó siendo una tragedia, porque esto después no tuvo fin.^[45]

Sánchez no se equivocaba al nombrar las aristas desafiantes que comportó el oficio religioso: se trataba de la misa dominical celebrada en la sede sindical sin el permiso necesario de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, como también reconocía el sacerdote, no era la primera vez que el oficio de una misa tenía como objetivo acompañar el reclamo de trabajadores o pedir por la solución de los problemas locales,^[46] y esa vez, frente al pedido de ayuda del sindicato para luchar por las fuentes de trabajo, se vio “prácticamente obligado a acompañarlos” y a replantear su misión como sacerdote (Diana, 2013: 205). En el momento del Evangelio de aquella misa emblemática, el cura se refirió extensamente al “derecho de los trabajadores para defender sus legítimas aspiraciones”. Seguidamente, se explayó sobre “los alcances sociales” de la encíclica papal Populorum Progressio, cuyos postulados no eran desconocidos para la población de San Pablo, y finalizó “censurando, a la vez, el sistema económico liberal”.^[47] En ese contexto, la homilía de Sánchez se convirtió en un “instrumento de la lucha política”, en una forma de “exhibición de los consensos y de los conflictos” de la comunidad (Barral, 2019: 157).

Misa oficiada en el sindicato por el P. Raúl Sánchez (San Pablo, 8 de enero de 1968). Fuente: Archivo del diario La Gaceta (Tucumán).

Terminada la misa, los asistentes se movilizaron por las calles del pueblo liderados por el secretario general del sindicato, Lazarte, el cura Sánchez y los integrantes de la comisión directiva del gremio. Desde una camioneta, Lazarte convocaba a los vecinos a sumarse a la protesta, cuyo recorrido implicó pasar por la comisaría hasta llegar al ingenio. En las inmediaciones de la fábrica tuvieron lugar los primeros hechos de violencia, que comenzaron con la rotura de focos del alumbrado público y siguieron con blancos específicos: las casas de dos empleados jerárquicos, el mayordomo Pastor Brandán y el jefe mecánico Ezzio Tesari, a quien “a viva voz se responsabilizó por las cesantías”.^[48] La vivienda de Brandán fue el epicentro de la violencia; a las pedradas y los disparos al aire de armas de fuego, les siguieron la rotura de la verja de hierro y el ingreso de algunos manifestantes al domicilio, quienes –siguiendo la crónica del diario– arrojaron a la calle unos muebles. “Cometidos estos desmanes, los autores se sumaron nuevamente a la columna, cuya marcha no había sido detenida”.^[49]

Los blancos de los ataques que tuvieron lugar ese día se reconocen en repertorios de confrontación previos, especialmente los asociados a las huelgas declaradas por los sindicatos de base durante los años cuarenta y cincuenta.^[50] En 1968, las pedradas contra las viviendas del mayordomo y el jefe mecánico –el particular ensañamiento contra la casa de quien consideraban el responsable de las exoneraciones– fueron parte, como en otras ocasiones, de la protesta obrera. Esto se observó especialmente en la forma en que capitalizaron la geografía compartida, signada por la proximidad de las viviendas de los trabajadores con la de los propietarios y el personal administrativo y jerárquico de la fábrica. Entre otras implicancias, esa conectada territorialidad permitía amedrentar a la patronal y sus colaboradores en el seno de sus propios hogares.

La movilización culminó con la impronta religiosa con la que había nacido, en cuanto, en la cercanía de la iglesia parroquial, tuvo lugar un acto público en el que pronunciaron discursos Lazarte, el cura Sánchez y el asesor legal del sindicato, Guillermo Garmendia. El sindicato se declaró en estado de sesión permanente y alrededor de las 12 horas comenzó la desmovilización. Luego de la protesta, las detenciones no se hicieron esperar. La Policía dispuso el arresto por 30 días de Lazarte, Garmendia y el dirigente sindical pentecontés Molina, a diferencia de Sánchez, a quien se decidió tomarle una declaración para aclarar su intervención en los sucesos. A los primeros se los acusó de no haber gestionado la autorización policial para realizar la movilización, “con el agregado de que en su transcurso se proferían gritos hostiles y agresivos alterando el orden y la tranquilidad públicos”.^[51] Los detenidos apelaron la decisión policial ante el juez y recuperaron la libertad, pero al unísono se les abrió un sumario penal por los delitos de violación de domicilio y daño intencional, decisión que se completó con la detención de cinco obreros que habían participado de la movilización.

Como sucedió en otros conflictos laborales, las mujeres del San Pablo se sumaron a la protesta obrera. En tal sentido, la movilización por las calles de los pueblos azucareros en defensa de los derechos laborales, la redacción de escritos que comitivas de mujeres llevaban a los periódicos para publicitar las demandas, o la búsqueda de intermediarios (interventores y gobernadores) para contribuir a la resolución de los conflictos eran repertorios que históricamente habían contado con la activa participación de las madres, hijas y esposas de los obreros.^[52] El 7 de enero de 1968, luego de la misa, las mujeres enarbolaron banderas argentinas y, junto a sus hermanos, maridos e hijos, muchos de ellos niños, se apropiaron de las calles del pueblo para demandar por los despidos y exigir la resolución del conflicto. Este recorrido se imbricó con otra instancia que también reconocía experiencias previas: la redacción de un manifiesto que un grupo de mujeres, en este caso, acercó al gobernador Aliaga García para obtener su intermediación y lograr la reincorporación de los obreros despedidos. El ejercicio de peticionar, presente en las protestas obreras de los años cuarenta y cincuenta, reconoce en 1968 el uso de un novedoso lenguaje. En el escrito, las mujeres refirieron al “drama” que vivían en sus hogares, consecuencia de la “refinada crueldad” empresarial, diciendo: “No hay mayor infortunio que la pérdida de la fuente de ingreso de los hombres que dependemos”. Y continuaron su presentación afirmando:

La empresa no procedió con justicia, ni con humanidad al despedir a sus obreros. También decimos que la eliminación de los mismos no fue un acto de vital necesidad para la firma. No conocemos con certidumbre la magnitud de sus recursos pero seguras estamos que son cuantiosos y múltiples. Si los patrones hubiesen visto en sus obreros algo más que un elemento económico hubieran reparado en que son hombres que cargan sobre sí la responsabilidad de cuidar la supervivencia de sus familiares, hubieran recurrido a sus sólidas reservas preservando con ello la vida, la moralidad y la seguridad de nuestros hogares. Era lo menos que podían hacer quienes han recibido por generaciones la contribución de los trabajadores en la forma de una fortuna que les dio holgura, seguridad y poder a los propietarios de la fábrica.

Finalmente, remarcaron que, con el cura Sánchez, “ejemplo de amor y fraternidad cristiana”, participaron de la marcha convertida en un “grito desgarrado de quienes sufren verdaderamente el peligro de la miseria y el hambre” y se mostraban sorprendidas de que el poder público “no haya comprendido el valor de nuestra actitud, tan humana, tan cristiana, que estamos seguras tiene la aprobación de Dios”.^[53]

En la entrevista ofrecida al diario La Gaceta el día anterior a la protesta obrera, los curas de San Pablo justificaron del mismo modo la medida de fuerza.^[54] En efecto, reafirmaron su compromiso con los trabajadores del ingenio y explicaron que Sánchez había actuado “como un pastor de la Iglesia que acompaña a sus fieles en defensa de sus derechos que creen violados por una injusticia”. En sus declaraciones, los curas criticaron el trato policial y se quejaron frente al gobierno por el comunicado político que pedía “tranquilidad y sosiego”: “¿Cómo puede haber tranquilidad después de que casi un centenar de obreros fueron privados de su fuente de subsistencia?”. Por su parte, Sánchez explicó: “Como cristiano y como sacerdote no puedo permanecer indiferente ante la situación desgraciada en que se encuentran las familias de los obreros despedidos en el ingenio San Pablo”. Así, en la justificación de la protesta por parte de las mujeres y los curas, subyacía un mismo ideario filiado en las nuevas lecturas del Evangelio y la encíclica Populorum Progressio, fuente de legitimación a la que recurrieron los distintos actores involucrados en los disturbios. La idea de “injusticia”, “humanidad” de los obreros o de “actitud cristiana” frente a los atropellos fueron tomando forma al calor de los debates, lecturas comunes y sermones dominicales, instancias en las que la mediación de los curas contribuyó a forjar un clima de preocupaciones, sentidos de la injusticia y compartidos discursos que convirtieron al catolicismo en un “recurso de la política” (Barral, 2019: 158).

Tras las declaraciones de los sacerdotes, que recibieron el apoyo del sindicato de San Pablo y de actores como la juventud de Acción Católica y la Liga de Estudiantes Humanistas, el gobierno de la provincia elevó una protesta a las autoridades de la Iglesia tucumana. En una carta enviada al vicario Gómez Aragón, que fue reproducida en medios de prensa locales y nacionales, Aliaga García criticó duramente la actuación del cura Sánchez. Desde su perspectiva, no solo había sido el “encabezador [sic] de una manifestación tumultuosa”, sino que continuaba en una “campaña de agitación de la opinión pública y alzamiento contra las autoridades naturales encargadas de la preservación del orden”. Por último, señalaba su desacuerdo con la imprudente declaración pública de los sacerdotes, que estaba “muy lejos de constituir una obligación emergente de su cargo”.^[55] La carta del interventor, por un lado, obligó a que la autoridad eclesiástica se pronunciase sobre el conflicto y, por otro, dividió las aguas en la opinión pública, poniendo en el centro del debate el rol de los sacerdotes en los conflictos sociales.^[56]

La respuesta del vicario capitular generó amplias expectativas en la prensa y finalmente se hizo pública cinco días después, lo que originó aún más polémicas. Lejos del tono moderado que se esperaba de la autoridad eclesiástica, la respuesta enviada al gobierno estuvo dirigida a defender el accionar de Sánchez y del clero comprometido con la defensa de los obreros azucareros. El extenso escrito, con pasajes sumamente críticos de la situación provincial y de la política económica del gobierno, finalizaba justificando la participación del cura de San Pablo en la protesta: “En este caso, el origen de los desórdenes denunciados no está ni en la intención del sacerdote ni en su presencia en una caravana, sino en las injusticias que sufre el pueblo”.^[57]

La carta rápidamente traccionó apoyos en el espectro opositor al gobierno a nivel provincial y nacional. Distintos sectores del ámbito sindical, estudiantil y político expresaron su solidaridad con los sacerdotes tucumanos y reivindicaron la carta del vicario como una forma de legitimar sus críticas a la dictadura de Onganía. Del mismo modo, la Juventud Peronista se manifestó a favor del “reencuentro entre el pueblo y la Iglesia” promovido por el clero tucumano en su decidida defensa de los “humildes, desamparados y oprimidos”^[58]. A ellos se sumaron el delegado nacional del peronismo en Tucumán, Miguel Correa, la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera, la Juventud Universitaria Católica, la Liga de Estudiantes Humanistas, el Movimiento de Unidad Reformista, la Juventud Obrera Católica y los jóvenes de Acción Católica.

Desde Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su solidaridad con el documento emitido por Gómez Aragón y subrayó la valiente posición de los sacerdotes, al tiempo que citó los conceptos de la encíclica papal para protestar por las políticas del gobierno. Así, a partir de los sucesos de San Pablo, “ya nadie en el país puede ignorar lo que está pasando en Tucumán. Millares de trabajadores y sus familias se encuentran inexorablemente condenados al hambre por un gobierno frío e insensible a sus más mínimas demandas”.^[59] La CGT regional también se solidarizó con el cura Sánchez por su valiente y decidida actuación en favor de la clase obrera y subrayó la contestación del vicario capitular al gobierno provincial, al considerar que ambas acciones hablaban “con marcada elocuencia de lo justo y legítimo de la acción obrera que trajo como consecuencia tan lamentables hechos”.

El texto recuperaba expresiones de la nota de Gómez Aragón y de la encíclica Populorum Progressio para concluir exigiendo al gobierno un cambio en su política económica destinado a garantizar la plena ocupación y la expansión, al tiempo que a los Nougués les recordaba que el sacrificio de la “vapuleada clase trabajadora” tenía “sus límites de tolerancia: todo sacrificio debe venir acompañado de equidad y equilibrio entre las partes en litigio”.^[60]

El respaldo a la nota del vicario Gómez Aragón adquirió su más contundente apropiación en la nota que el sindicato del San Pablo le entregó a este, en la que señalaba que ella representaba una “ajustada y sabia” aplicación de la encíclica a las dramáticas circunstancias de las clases humildes de Tucumán:

Vuestra palabra abrirá nuevas y fecundas posibilidades en el esfuerzo constante de la clase obrera por obtener una vida más digna y más libre. Nada tan justo como la afirmación contenida en el documento capitular: “Un pueblo que no grita su esclavitud es un pueblo sin destino y sin futuro”. Ella condensa el espíritu que siempre animó a los trabajadores que hicieron de la rebeldía una exigencia permanente de su existencia, en el propósito por desterrar para siempre el hambre, la postergación y la miseria social”.^[61]

Así, el catolicismo “como lenguaje y contenido de la política” asumió una función contestataria en clave comunitaria que el sindicalismo hizo propia y fue esencial en la definición de la acción colectiva y la lucha política del San Pablo. La experiencia de esta comunidad azucarera ayuda a comprender la forma en que “las instituciones, agentes y creencias provenientes del catolicismo fueron parte de los recursos de la política” y, por ende, permite reponer cómo los curas recuperaron las demandas y los sentidos de lo justo de sus comunidades bajo el clima posconciliar y cómo, en un mismo movimiento, el sindicalismo se valió de esa politización del catolicismo para fortalecer y legitimar sus reclamos (Barral, 2019: 157-158). En tal sentido, ambos actores articularon una sinergia que resulta clave para comprender la conflictividad de fines de los años sesenta en el San Pablo y en muchos otros pueblos jaqueados por la crisis y la desocupación.

El día después: derivaciones del conflicto, tensiones sindicales y estrategia empresarial

A un mes del conflicto, y sin que este se hubiera resuelto, los propietarios del San Pablo profundizaron la crisis laboral al pasar a temporarios a 81 trabajadores de surco que revestían como permanentes. Atilio Santillán, secretario general de FOTIA, calificó la decisión como “una nueva provocación de la empresa” dirigida no solo contra los trabajadores, sino contra el poder público, en cuanto la decisión llegaba mientras las partes realizaban, con la mediación del gobierno, tratativas para solucionar los despidos. Lazarte precisó que el cambio de modalidad implicaba un despido indirecto, ya que los obreros perdían los derechos asociados a la condición de estables, entre ellos la vivienda.^[62] En medio de la conmoción por los despidos y el endurecimiento de la política laboral asumida por los empresarios, el San Pablo fue el epicentro de la formalización del MSTM en la provincia, apuesta que reconocía el liderazgo de Wurschmidt como un referente del catolicismo posconciliar y como una figura comprometida en la defensa de los obreros.

Según la prensa, “acicateados por el deterioro de las poblaciones aledañas a los ingenios”, los curas de esas parroquias se reunieron en San Pablo el 4 de febrero para fijar posición sobre el problema de la desocupación y la pobreza. Del encuentro trascendió la decisión de elaborar un documento público en el que convocarían a dar una “respuesta más real al problema de Tucumán” y a señalar “adecuadamente y directamente las obligaciones de los empresarios que se pretenden cristianos”.^[63] De ese modo, concluyeron que, si bien “se buscó solucionar la situación financiera de la industria azucarera, no se tuvo en cuenta la situación de los obreros”. Del encuentro participó también el vicario general, y, entre las resoluciones adoptadas, figuró la adhesión al Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo. Tal adhesión dio lugar a la conformación del MSTM en Tucumán, colectivo de sacerdotes que, en adelante, mantuvo reuniones periódicas, redactó documentos conjuntos sobre la situación de la provincia y apoyó a los obreros azucareros en distintos conflictos locales. Pedro Wurschmidt fue el coordinador de los curas tercermundistas en el NOA –delegado regional del movimiento– y participó de los distintos encuentros nacionales.

La imagen de una Iglesia “en conmoción” impactó en la sociedad debido a la “intensa expectativa” creada por la reunión de los sacerdotes de parroquias obreras que habían “asumido la defensa de los trabajadores desocupados de la provincia”, lo cual influyó en la designación inmediata de un nuevo arzobispo para la Arquidiócesis de Tucumán.^[64] El día 10 de febrero se anunció el nombre de Victorio Blas Conrero, un sacerdote proveniente de la diócesis de Córdoba definido como “progresista pero moderado”. No obstante, su designación tenía como objetivo apaciguar los ánimos del grupo de sacerdotes posconciliares, caracterizados por la prensa como “rebeldes” y “voceros de los problemas de los trabajadores”.^[65] Tras conocer la designación, el grupo liderado por Wurschmidt debió postergar la publicación del documento que estaban preparando y, a pedido del vicario Gómez Aragón, debieron “atemperar su ímpetu aperturista” para no comprometer la tarea inicial del nuevo arzobispo.^[66]

El conflicto de San Pablo también tuvo repercusiones inmediatas en el plano gremial. Según la prensa, “sirvió para acortar distancias entre el sindicato de ese ingenio y FOTIA”.^[67] En efecto, Santillán convocó a una conferencia de prensa para tratar el problema obrero en San Pablo y brindar el apoyo de la Federación. Tales gestos no lograron subsanar las críticas extendidas entre un sector de la dirigencia azucarera –entre ellos, el sindicato del San Pablo– contra el consejo directivo de FOTIA, al que acusaban de “inacción” frente a las políticas de la dictadura. La gestión de Atilio Santillán enfrentaba, por un lado, las tensiones internas, especialmente visibles en la creación de la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT) a fines de 1967, la que había debilitado a la organización, y las pujas entre ingenios en actividad y fábricas cerradas.^[68] Por otro, la federación no fue ajena al impacto de la división en la Confederación General del Trabajo (CGT) de los sectores liderados por Augusto Vandor y Raimundo Ongaro, a lo que se sumaban los embates del gobierno expresados en la suspensión de la personería gremial y el congelamiento de los fondos de la organización. FOTIA fue clave en el armado de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), fundada a fines de marzo de 1968 y caracterizada por su posición combativa frente a la dictadura.

En contraste con la imagen del poderoso sindicato de años precedentes, FOTIA se encontraba bajo una situación crítica en la que acuciaban distintos frentes. La creciente desocupación producto del cierre de ingenios, los despidos masivos en fábricas activas y, por ende, la drástica pérdida de afiliados y el déficit que quebrantaba a la Federación delineaban el escenario complejo en el que se movía la dirigencia sindical.^[69] Surcada por esas dificultades, a las que se sumaban las acusaciones cruzadas por las posturas asumidas frente al gobierno, el CD de FOTIA renunció en abril de 1968 en respuesta al pedido presentado por 11 sindicatos, entre los que se encontraba el San Pablo.^[70] El nuevo consejo provisional, presidido por Miguel Lazarte, asumió a principios de mayo y mostró visos de continuidad con la gestión anterior. Apenas conformado, se alineó con la CGTA de Ongaro, llamó a la “unidad de las bases” y se propuso reintegrar a los sindicatos del surco.^[71] Pero, por otro lado, en abierta crítica con el consejo renunciante, llamó a accionar el “plan de lucha” votado en diciembre de 1967.

La visita de Ongaro a Tucumán en el mes de junio de 1968 fue el escenario para reafirmar la alianza de los actores que articularon un frente opositor a la dictadura de Onganía. En San Pablo, fue recibido en el local sindical por dirigentes de FOTIA, encabezados por Lazarte y Benito Romano, delegado de la CGT Regional, acompañados por el sacerdote Raúl Sánchez, cuya actitud comprometida fue destacada por los presentes. Al día siguiente, Ongaro se reunió con un grupo de sacerdotes en la parroquia de San Pablo. Si bien no trascendieron los temas que abordaron ni los nombres de los curas que participaron, en la entrevista que Ongaro brindó a La Gaceta exteriorizó su apoyo a los “curas obreros”. Se refirió a ellos como “verdaderos ejemplos de cristianismo” y destacó “la iglesia renovada de los 300 sacerdotes de Córdoba, San Luis, Resistencia, de Monseñor Gómez Aragón y de los curas Dip y Sánchez”.^[72] Wurschmidt dejó constancia en sus cuadernos de la reunión que los curas mantuvieron con Ongaro en San Pablo y se alegró por la similitud entre las “ideas fundamentales y básicas” del MSTM y la confederación obrera. Se refirió al líder de la CGTA como un “hombre extraordinario, providencial y bien intencionado” que hablaba con “claridad y sinceridad”. Como conclusión de ese encuentro, escribió: “El sistema no camina. Hay que obstaculizar y denunciar las violencias del gobierno y la oligarquía, preparar el ambiente para el cambio”.^[73]

En la conformación de un frente político opositor a lo largo de 1968, el acercamiento entre la CGTA y el MSTM resultó clave, al que se sumaron las organizaciones estudiantiles, actores que participaron activamente de las protestas obreras y modificaron “la forma de confrontación con la dictadura” (Bravo y Lichtmajer, 2019: 79). Tal como había ocurrido en San Pablo a principios de enero, los sacerdotes y, con cada vez mayor compromiso, los estudiantes acompañaron las movilizaciones en las comunidades afectadas por la crisis. En ellas, las comisiones pro defensa –integradas por los actores comunitarios, como dirigentes sindicales, obreros, comerciantes, sacerdotes y productores cañeros, entre otros– adquirieron un lugar central en la organización de las protestas y en la mediación de las demandas frente al gobierno. Entre 1968 y 1969, estas formas de resistencia local ganaron visibilidad como la instancia más directa y enérgica de oposición a la dictadura. El dinamismo de la organización local contrastó con el fracaso de la huelga decretada por FOTIA en el mes de julio, medida que tuvo “escasa adhesión” entre los obreros de fábrica y surco y puso en cuestionamiento la capacidad de la Federación de defender los puestos de trabajo. En efecto, después de esa medida, y ante la imposibilidad de llevar adelante el “plan de lucha”, Lazarte perdió protagonismo en el Consejo Directivo de FOTIA, pero continuó liderando el sindicato de San Pablo hasta el golpe de Estado de 1976.^[74]

La opción de la resistencia local fue refrendada por Ongaro en su segunda visita a San Pablo, en febrero de 1969. En esa oportunidad, “exhortó a los trabajadores a constituir comisiones de defensa, con el fin de defender las fuentes de trabajo y los derechos sociales y formar un frente opositor”.^[75] Su visita a Tucumán tenía ese propósito: la “formación de comisiones de defensa” que realizasen “actos de protesta, manifestaciones y reclamos populares”, organización destacada como la “única fórmula” frente al “fracaso de las acciones individuales”. La presencia del vicario parroquial junto a Ongaro, al que los dirigentes se refirieron como “el compañero-cura Sánchez”, confirmó el apoyo del grupo de sacerdotes tercermundistas a la CGTA.

Ese mismo año, el posicionamiento de los Nougués en el mapa azucarero nacional asumiría una franca y pública oposición frente a los empresarios del norte. Así lo expresó su participación en la creación, en agosto de 1969, de la Asociación de Industriales Azucareros de Tucumán (AIAT), entidad que también conformaron los ingenios La Florida, La Trinidad, Santa Rosa, Cruz Alta, Leales, San Juan, Aguilares, Marapa, Providencia y Ñuñorco. Esta “fracción industrial empresaria opositora”, la que representaba el 70 % de la capacidad productiva tucumana, era conducida por el exministro de Economía José María Nougués y por Emilie Nadra, presidente de la CAT (Pucci, 2007: 208).^[76] En abierta confrontación con los ingenios del norte y sus socios tucumanos, la AIAT publicó una solicitada en la que reclamaba el aumento del cupo de producción para Tucumán, medida que debía complementarse con “otras de orden económico y financiero”. Asimismo, enfatizaba el desacuerdo frente a la agresiva campaña liderada, especialmente, por los ingenios del norte en detrimento de la industria tucumana y concluía afirmando su “irrenunciable decisión de luchar” y defender a todas las fábricas azucareras en funcionamiento. Para la AIAT, la defensa del derecho y la necesidad de subsistencia de los ingenios tucumanos dependía “no solo de la convivencia armónica y la paz social” de la provincia, “sino del verdadero y legítimo interés económico de todo el país”.^[77]

Este posicionamiento corporativo y defensivo de la agroindustria tucumana en el que participaron los Nougués coincidió con una nueva amenaza laboral en el ingenio San Pablo. Así, en octubre de 1969, el sindicato denunció que los directivos habían “empezado a hacer circular versiones sobre supuestos deterioros financieros a fin de preparar el camino de despido masivo del personal”. Al igual que en enero de 1968, el sindicato interpretó la posición patronal como “un plan frío y calculadoramente planeado desde años atrás, de desprenderse de obreros para reducir los costos de producción agravando ilegítimamente las tareas del personal” que subsistiría, lo que suponía “preparar a la empresa para la competencia monopolista entre los grandes grupos azucareros del país”.^[78] De esta forma, la amenaza de continuar con el plan de racionalización en la fábrica fue interpretada por el sindicato en el marco de las pujas con los grupos más concentrados del parque industrial argentino y, en ese contexto, los obreros se declararon en estado de alerta.

Lejos de disiparse, la conflictividad laboral arreció nuevamente un año después, cuando, en octubre de 1970, la fábrica fue tomada por 500 trabajadores, quienes solicitaron la intervención del gobernador de la provincia para concretar una audiencia con la patronal y el sindicato. La causa de la toma no solo era el reclamo por el pago de una quincena adeudada y el inminente vencimiento de otra, sino el sombrío panorama del ingenio. En este sentido, a la demanda por la estabilidad de los obreros, se le sumaba el pedido de informe sobre la causa del déficit que produciría la zafra, “cuánta azúcar había almacenada, cómo fue financiada la zafra, qué problemas hubo en julio por los cuales la cosecha se inició tardíamente, la causa de la pérdida de cupos y la falta de medicamentos en el hospital”, tanto como los problemas de los cañeros con la patronal.^[79] Los peligros inmediatos que encerraba la mala cosecha fueron sintetizados por el trabajador Francisco Herrera, quien señaló:

Los que hemos tomado la fábrica nos hacemos responsables de toda la situación, ya que consideramos que el déficit que ha producido la zafra nos causará muchos problemas, a pesar de que el ingenio San Pablo es uno de los más modernos del mundo.^[80]

La merma en las zafras de 1969-1970, en contraste con los excepcionales rendimientos de 1968 (véase cuadro n.°1), despertó la alarma obrera al convertirse en una amenaza para la estabilidad y la preservación de los niveles de empleo. Las exigencias del sindicato para conocer la deficitaria molienda –entre las que señalaron la pérdida de cupos– brindan indicios para interpretar la postura defensiva de los Nougués y su incorporación a la AIAT. En esta coyuntura tuvo lugar la conformación de la Comisión Pro Defensa de la fuente de trabajo del ingenio San Pablo, en la que participaron los delegados obreros del sindicato, representantes de la filial local de la FEIA, de la parroquia, de la escuela, del centro vecinal, de la Junta de Agua Potable, así como de los clubes deportivos y profesionales y de “otros sectores del quehacer comunitario”. La “necesidad de defender la fuente de trabajo y el futuro de la comunidad” fue el factor aglutinante, que permitía “adelantar la posibilidad cierta de una movilización popular efectiva, vigorosa y responsable para la defensa de la hoy amenazada localidad de San Pablo”.^[81]

De ese modo, inspirada en la experiencia de las comisiones que ya funcionaban en otras localidades, la Comisión Pro Defensa fue motorizada por el sindicato, reunió a los actores de la comunidad, y en adelante representó las demandas locales. Sin embargo, cabe precisar que las denominaciones que asumió el comisionismo sintetizaron las experiencias que formaron parte de la aguda crisis azucarera de los años sesenta. Así, mientras que la Comisión Pro Defensa de la fuente de trabajo del ingenio San Pablo cifró su preocupación en los despidos, en otros pueblos se crearon la Comisión Pro Defensa del ingenio Bella Vista o la Comisión Pro Defensa de Villa Quinteros, cuyas denominaciones remitían a la salvaguarda de la fábrica y de la supervivencia del pueblo. La forma de nombrarlas nos advierte de la complejidad de la crisis y de la diversidad de escenarios derivados de ella.

Consideraciones finales

A modo de síntesis, situarnos en un ingenio que no cerró –uno de los más modernos y de mayor capacidad productiva de la provincia– permite complejizar el escenario del colapso azucarero tucumano de los años sesenta, en cuanto posibilita recuperar la conflictividad laboral y la política empresarial frente a la prolongada crisis agroindustrial. Es decir, ayuda a ponderar la diversidad de experiencias, las que sobrepasaron la clausura de las fábricas azucareras, a partir del golpe de Estado de 1966, y convocaron a distintos actores de esas comunidades, que conformaron un arco de resistencia que rebasó a los obreros nucleados en los sindicatos de FOTIA.

Uno de los actores protagónicos de esta experiencia fueron los sacerdotes, quienes asumieron la defensa de los puestos de trabajo en el ingenio San Pablo de una forma activa y ocuparon un lugar clave en la protesta obrera. Este protagonismo abrevó en el tradicional rol de los curas como mediadores comunitarios y en las transformaciones posconciliares de la Iglesia católica, las que profundizaron sus vínculos con la clase obrera. En ese contexto, el compromiso social de los curas se volvió inescindible de la acción política. De ese modo, la experiencia de San Pablo sentó un precedente en las modalidades que, en adelante, adquiriría la defensa de los pueblos azucareros entre 1968 y 1969. Los párrocos de los pueblos con ingenios cerrados ganaron protagonismo al presidir las comisiones de defensa de las fuentes de trabajo, mediar en las negociaciones con el gobierno y las empresas, participar de movilizaciones y encabezar las protestas. Sus figuras convocaron a distintos sectores y con su presencia legitimaron movilizaciones y reclamos. Su pertenencia al colectivo nucleado en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo les dio un marco de contención, así como visibilidad y apoyo de sus pares de otras diócesis. La demanda de sus comunidades los interpeló a liderar la protesta, definiendo una alianza entre curas, obreros y diversos actores comunitarios que contribuyó a la cohesión y legitimidad de la resistencia local y la convirtió en una alternativa opositora a la dictadura y viable para enfrentar la crisis.

Tal como ha sido señalado en balances historiográficos recientes, el rol de la Iglesia y el catolicismo forma parte de una agenda pendiente en los estudios sobre las movilizaciones de finales de la década de 1960 (Gordillo, 2019; Barral, 2019). De esta forma, la experiencia de San Pablo contribuye a repensar los vínculos entre la Iglesia y los sindicatos obreros y la necesidad de ponderar su gravitación en el ciclo de protestas y acciones colectivas.

Finalmente, en este escenario, incorporar las políticas empresariales de los Nougués implica sumar un actor clave en el desencadenamiento y desarrollo de la crisis azucarera. Poco estudiado, el posicionamiento empresarial resulta central para conocer las implicancias de las políticas laborales de los ingenios que cerraron y de los que no lo hicieron, las posibles alianzas con sus pares de las provincias del norte (donde se ubicaban los ingenios más concentrados y beneficiados por la dictadura de Onganía) y su incidencia en las políticas públicas provinciales.

En suma, la apuesta por un estudio localmente situado de la crisis azucarera tucumana posibilita no solo adentrarnos en la diversidad de experiencias desplegadas, sino que contribuye a desarmar sentidos historiográficos instalados. Entre ellos, discutir el papel desempeñado por los sindicatos de FOTIA –desdibujado en algunos estudios precedentes– para enfatizar, como en el caso de San Pablo, que el sindicato de base conservó su rol como representante de los obreros y mediador con el gobierno provincial y la patronal. Por tanto, si bien en el contexto de crisis despuntó el papel de los curas en la resistencia, este protagonismo tuvo lugar de forma articulada con la dirigencia sindical. Asimismo, esta perspectiva de análisis muestra el escenario de conflictividad social en un ingenio que no cerró, pero que adoptó políticas de despido masivo, cuyo impacto en las poblaciones amerita ser analizado en diálogo con otras fábricas que siguieron en actividad. Finalmente, esta investigación situada posibilitó reconstruir las trayectorias de los distintos actores desde una perspectiva relacional, horizonte propuesto en este libro para complejizar las miradas de la crisis.

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