La Comisión Pro Defensa de Bella Vista y su lucha comunitaria en tiempos de dictadura (1968-1970)

María Celia Bravo^[1]

La política azucarera de la denominada “Revolución argentina” (1966-1973) desató la mayor crisis azucarera experimentada por la provincia de Tucumán en el siglo xx.^[2] La decisión estatal de intervenir y desmantelar ingenios afectó a los pueblos desarrollados en su territorio. En ese contexto, se formaron las Comisiones Pro Defensa (CPD), que adquirieron protagonismo al postular la defensa de las fuentes de trabajo –en especial la CPD de Bella Vista–, en cuanto actuaron como representantes de las poblaciones afectadas. En ese carácter exigieron la apertura de las fábricas cerradas y la continuidad de aquellas amenazadas con la clausura, el cobro de salarios y de indemnizaciones adeudadas por las empresas, la radicación de nuevas plantas industriales para paliar la desocupación, la construcción y el cuidado de caminos rurales, entre otros reclamos.^[3] La variedad de demandas expresaba las aspiraciones de los distintos actores locales, y la resolución de estas exigía la interlocución con funcionarios nacionales y provinciales y con empresarios para resolver o reparar los daños sociales consumados.

La Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC) dependiente del Ministerio de Bienestar Social, creada durante la dictadura de Onganía, pretendía sustituir la política por un diálogo gubernamental circunscripto a agrupaciones locales (comisiones vecinales, cooperativas, ligas de padres de familia, expresiones del municipio, barrio o departamentos). El objetivo era reorganizar la vinculación del Estado con asociaciones que agrupaban a distintos sectores, especialmente de bajos recursos, que se consideraban expresiones genuinas de la comunidad.^[4] De esta forma, el gobierno de facto aspiraba a reemplazar a los suprimidos partidos políticos –responsables del desorden social y de las conductas facciosas– por la participación comunitaria a nivel vecinal con el objetivo de despolitizar las demandas y desmovilizar a la población. Esta línea de acción fue defendida por el sector nacionalista, una de las dos almas de la Revolución argentina –siguiendo la expresión de Carlos Altamirano–, que convivía con un sector liberal cuyo vocero era Julio Alsogaray (respaldado por la banca, las grandes corporaciones industriales, la Sociedad Rural), sector que sostenía la racionalización y modernización del aparato productivo, la atomización de los sindicatos, el congelamiento de salarios, la supresión de la indisciplina obrera (Gomes, 2011).

El discurso comunitario de las CPD reveló capacidad para articular a los distintos actores de la localidad y su zona de influencia. El núcleo de las peticiones se fundó en la defensa de la unidad fabril, entendido como la defensa del lugar común resultado de una construcción social centenaria, expresión de un legado histórico, colectivo y emotivo que otorgaba fundamento a la vida de los pueblos, compelidos a la decadencia o a la desaparición por el cierre de los ingenios debido a las decisiones adoptadas por la dictadura. Estos significados politizaron el conflicto social y desafiaron las políticas azucareras consideradas injustas y antisociales, sentido popular compartido que constituyó el núcleo de la acción colectiva.

El proyecto comunitarista del Onganiato se diferenciaba sustancialmente de las representaciones comunitarias de las CPD, que expresaban organizaciones sociales de carácter local, promotoras de demandas y movilizaciones para interpelar al Estado nacional y provincial ante políticas consideradas injustas. El hecho de que se adjudicaran distintos significados al concepto de “comunidad” no constituyó un obstáculo para que se entablara una interlocución entre las CPD y la SEPAC, en cuanto las primeras fueron identificadas como organizaciones locales no partidarias. En la línea de interpelación al Estado y sus funcionarios, se destacó la CPD de Bella Vista, que en 1969 alcanzó reconocimiento público cuando el nuevo titular de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), Ángel Gallardo, declaró que en cada fábrica amenazada se adoptaría el método de lucha de la CPD de Bella Vista.^[5]

¿Por qué esta entidad fue destacada como un modelo exitoso de resistencia popular? El trabajo procura responder este interrogante al analizar las prácticas y los valores esgrimidos por la CPD de Bella Vista, identificados con la defensa del lugar y asociados con la continuidad de la fábrica. Este propósito desafiaba el curso de la política azucarera e interpelaba las prácticas autoritarias y violentas de la dictadura. La resistencia popular local se sustentó en la fortaleza de relaciones construidas entre los distintos actores del pueblo. La trama relacional se expandió territorialmente al articular sus actividades con asociaciones provinciales y nacionales. A su vez, esta lógica de trabajo requería la interlocución sistemática con funcionarios de diferentes niveles.

El principal resultado de la CPD de Bella Vista fue la formación de la Cooperativa de Producción (en adelante CP), que realizó las zafras de 1969 y 1970 mediante un contrato de locación y servicios celebrado con la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La cooperativa de trabajo reformuló las relaciones sociales en el ámbito local, en cuanto su acción se circunscribió a la gestión del funcionamiento fabril, motor económico del pueblo. Su administración se caracterizó por el estricto cumplimiento de las normativas laborales, por la construcción de un fondo para la compra de acciones de los trabajadores enmarcado en un proyecto cooperativo destinado a adquirir el ingenio. Esta perspectiva se abandonó con la creación de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA) en 1970 y con la solicitud de la CPD Bella Vista de incorporar el ingenio homónimo a la novel empresa. Tales objetivos facilitaron la cohesión comunitaria.

El enfoque utilizado postula la elaboración de un análisis situado que nos permite emplear el concepto de “lugar”, entendido como una territorialidad historizada, sustentada en una trama de relaciones modeladas por una prolongada experiencia social, que contribuyó a la configuración de identidades locales, forjadas por el sentido de apego y pertenencia (Tuan, 1979: 387-427). Bajo esta óptica, las identificaciones locales desarrolladas en torno al territorio no son irrelevantes, sino que, por el contrario, constituyeron el escenario –trastocado por la crisis azucarera– que enmarcó la acción colectiva al implementar nuevos repertorios de protesta a nivel comunitario. En ese sentido, se postula que la CPD impulsó la politización popular y local y que sus protestas confluyeron en un movimiento antidictatorial más amplio, expresado en la rebelión provincial conocida como el Tucumanazo (1970).

Cierre de ingenios, repliegue sindical y descrédito de la patronal del ingenio Bella Vista

Entre 1967 y 1968, las localidades azucareras padecieron el cierre violento de once ingenios. Algunos establecimientos se clausuraron en el marco de la ley 16.926 de 1966.^[6] No obstante, durante 1967, el grupo Gettas-Fiad logró la restitución de la empresa Bella Vista bajo la condición de anular su cupo de producción de 7.000 toneladas de azúcar para cancelar su deuda con el Banco Provincia. Por su parte, el presidente de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), Emile Nadra, consiguió la reapertura de los ingenios La Florida y La Trinidad; a cambio de este beneficio, se comprometía a desmantelar las fábricas Lastenia y Nueva Baviera.^[7]

En rigor de verdad, la mayoría de los ingenios fueron clausurados a través de convenios suscriptos entre la Secretaría de Industria y Comercio de la nación, el gobierno de la Provincia y las empresas propietarias. De esta forma se cerraron los ingenios San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucía, Mercedes, San Ramón, Lastenia, Nueva Baviera, Santa Ana y Esperanza.^[8] Los convenios firmados no resolvían las deudas de la empresa con los trabajadores ni con los cañeros, solo apuntaba a regularizar la situación morosa de los industriales con el Estado nacional y provincial. En paralelo, se puso en marcha el plan de racionalización industrial previsto para Tucumán, centrado en el recorte del cupo de producción provincial que implicaba el funcionamiento de las fábricas por debajo de su capacidad, la consecuente debacle económica de los establecimientos y sus cierres por falta de ayuda bancaria. Tal política tenía como objetivo la concentración del parque industrial tucumano y se fundaba en la premisa de incapacidad del empresariado tucumano que se evidenciaba en fábricas obsoletas y en su impericia para gestionar la crisis de sobreproducción azucarera.^[9]

El cierre de 11 ingenios dislocó la estructura productiva de la agroindustria, dejó como saldo 8.126 desocupados entre obreros y empleados de fábrica, cifra que debe ampliarse por la reducción del personal de surco, estimada en 32.077 trabajadores (Canitrot y Sommer, 1972: 21-26). También deben computarse los 9.123 productores de caña (conocidos como cañeros chicos) cuyo cupo fue confiscado compulsivamente por la ley 17.163 de 1967. Se los expulsó de la actividad y se les otorgó una compensación menor a las acordadas para los industriales y los productores que voluntariamente cedieron sus cupos.^[10] El colapso de la agroindustria afectó a la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) y a la Federación Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) –organizaciones que nucleaban a los principales sectores subalternos de la actividad– por la reducción abrupta de sus afiliados.^[11]

Durante 1967 y 1968, las huelgas y protestas obreras fueron reprimidas de manera violenta, lo que provocó muertes, heridos y detenciones. El ejemplo emblemático del uso de la fuerza aconteció en enero de 1967 en el pueblo de Bella Vista. La policía cargó con armas de fuego contra los trabajadores reunidos en el lugar para participar de la huelga y movilización convocada por FOTIA. Durante los tumultos, murió Hilda Guerrero de Molina, alcanzada por una bala de la policía. Se trataba de la esposa de un trabajador despedido del ingenio de Santa Lucía, madre de cuatro hijos y participante de las protestas obreras. Su nombre se convirtió en un símbolo de las luchas azucareras y en un testimonio de la violencia desplegada por la dictadura para sofocar el conflicto social.^[12]

El hostigamiento gubernamental al sindicalismo azucarero se reflejó en la anulación de la personería sindical de FOTIA durante varios años, situación que impidió a su dirigencia el acceso a los fondos gremiales. Las dificultades para revertir el cierre de las fábricas, la desocupación y el hostigamiento del gobierno profundizaron las diferencias entre la dirigencia fotiana y debilitaron a la organización obrera. En octubre de 1967, la creación de la Federación del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT) supuso un duro golpe para FOTIA, al institucionalizar las tensiones entre obreros de fábrica y de surco existentes desde la fundación de la organización.

Ante el fracaso de las medidas de protesta y la pérdida de derechos laborales, la dirección de FOTIA recomendaba actuar con cautela, adoptar medidas en función de los problemas de cada establecimiento, sin descuidar la difícil situación social de los ingenios cerrados y teniendo en cuenta las sombrías perspectivas de la zafra de 1968 (se temía la paralización de 10 unidades fabriles y nuevos cierres). Asimismo, proponía alinear las protestas azucareras con la de los restantes sectores populares afectados.^[13] Un sector discordante reclamaba la renuncia del consejo directivo de la federación y proponía declarar el estado de alerta para enfrentar de manera frontal la política azucarera.^[14]

En abril de 1968, tomó consistencia un sector disidente que exigió la renuncia de la dirección de FOTIA, responsable de inmovilizar al gremio, del retroceso de las condiciones laborales y de la pérdida del poder adquisitivo del salario.^[15] Los impulsores pertenecían a sindicatos de ingenios en actividad que cerraron filas con los directivos de las empresas.^[16] Las divergencias se resolvieron en abril de 1968 con la renuncia indeclinable del consejo directivo liderado por Atilio Santillán, referente sindical de Bella Vista.^[17] Detrás de la “falta de acción” imputada a la dirección azucarera, gravitaron las diferencias entre los sindicatos de ingenios cerrados y los de fábricas en funcionamiento, y a esto se le agregó la división del sindicalismo provincial entre vandoristas y ongaristas, en cuanto el secretariado renunciante asumió la representación de la CGTA.^[18]

La renuncia del consejo directivo debilitó la capacidad operativa de FOTIA para enfrentar de manera orgánica la defensa de las fuentes de trabajo, reclamo obrero que recayó en las organizaciones de base.^[19] En lo sucesivo, la posibilidad de revertir la difícil situación de los pueblos (por la clausura o posibilidad de cierre de los ingenios) dependió de la consistencia de las relaciones sociales construidas a nivel local, de la convicción de su dirigencia, de la confianza social depositada en las CPD, y de las identificaciones sociales y locales generadas en la protesta.

Como ya se adelantó, los ingenios fueron cerrados a través de convenios negociados por un sector del empresariado con la Secretaría de Industria y Comercio de la nación y el gobierno de la provincia. El resto de los industriales observó imperturbable la clausura de un porcentaje considerable del parque fabril azucarero (estimado en 40 % de su capacidad productiva) con el inconfesable propósito de apropiarse de los cupos de producción sustraídos a los ingenios cerrados.^[20] Tal comportamiento desató el repudio obrero, que se expresó a veces de manera anónima, y en otras ocasiones como reacciones violentas de la población desesperada.^[21]

El efecto social más destacado de esta política nacional –que incluyó a los industriales como partícipes necesarios– fue el torrente de desempleados que convulsionó la sociedad tucumana. Para paliar el desastre social, el gobierno publicitó un precipitado plan de colonización destinado a propiciar la diversificación productiva, propuesta presentada como la solución a la crisis tucumana. La negociación de la deuda de los industriales se saldó en parte con la transferencia al Estado de alrededor de 10.500 ha, que serían utilizadas para venderlas con facilidades entre los extrabajadores de la industria azucarera.^[22]

El descrédito social de la sociedad José Gettas y Elias Fiad afloró desde el momento en que la familia fundadora García Fernández, agobiada por problemas financieros, sueldos impagos y deuda con cañeros y proveedores, vendió el 75 % de su paquete accionario a ese grupo.^[23] La nueva patronal no tenía trayectoria industrial, su fortuna devenía del comercio mayorista, del cultivo de caña, y como comercializadores de azúcar y alcohol (Saleh de Canuto y Budeguer, 1979: 66-67). Se distinguió por la cercanía con el gobernador de facto, Fernando Aliaga García, quien le otorgó fondos de la coparticipación federal para el financiamiento de la zafra, primer ingenio que consiguió ese privilegio.^[24] La nueva firma desarrolló una política antiobrera centrada en el despido de personal, el refuerzo de la vigilancia en el espacio de trabajo, la suspensión de la provisión de leche a los menores y el desconocimiento de los fueros gremiales a la dirigencia de base, además de mantener impagas las deudas con los obreros.^[25]

Asimismo, el desempeño de la sociedad Gettas-Fiad estuvo marcado por el escándalo y las sospechas de corrupción. La denuncia más resonante la realizó el segundo jefe de la delegación de la Dirección General Impositiva (DGI), Humberto Medina^[26], quien acusó a la firma de actuar como testaferro del grupo Salimei. El exministro de Economía habría urdido una trama ilegal para apoderarse de las fábricas intervenidas. La ramificación de las complicidades implicó a Aliaga García, quien habría recibido 70 millones de dólares por la restitución del ingenio a la sociedad Gettas y Fiad, cuya misión era el vaciamiento de la empresa para depreciar el precio de sus acciones.^[27] El grupo Salimei estaba implicado por la compra del 51 % de las acciones del ingenio San Antonio, operación realizada después de declarada la quiebra. La denuncia sobre la relación de este grupo con la firma Gettas y Fiad no llegó a demostrarse en la Justicia. No obstante, la investigación de la DGI constató otro delito, la fabricación de azúcar negro, al encontrar en el ingenio 170.000 bolsas sin numeración y recibos millonarios sin firmas.^[28] Por tal motivo, se prohibió el movimiento comercial del ingenio, y el titular de la DNA, Juan Virgilio Pinali, renunció al resultar implicado en esta operación delictiva.^[29]

La investigación iluminó las maniobras de evasión impositiva de la patronal, conducta que alimentó sospechas del vaciamiento de la empresa y fue denostada por los bellavisteños como conducta inmoral y antisocial, en cuanto se mantenían deudas millonarias con trabajadores y cañeros. En ese contexto, el despido de 15 delegados de sección del ingenio provocó la protesta obrera a la que se sumaron los comerciantes locales, afectados por los atrasos de los pagos de los trabajadores, su principal clientela.^[30] Al clamor local, se unieron los curas de las parroquias del área azucarera, de los cuales 18 de ellos integraron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), formado en diciembre de 1967, que acompañó las demandas de los trabajadores.^[31] En consecuencia, la represión del gobierno se descargó sobre las prácticas religiosas, al reprimir la procesión de San José Obrero (patrono de Bella Vista) que se realizaba el 1 de mayo en el pueblo. Los gases lacrimógenos y bastonazos propinados por la policía impidieron el tradicional acto religioso y dejaron como saldo numerosos heridos (entre ellos, el sacerdote Amado Dip) y varios detenidos, además de dañar la imagen del santo que encabezaba la procesión.

La violenta represión desatada durante una expresión religiosa tradicional conmocionó a los bellavisteños y a la población tucumana en general. El episodio fortaleció un sentimiento generalizado de indignación e injusticia canalizado por los curas del MSTM, que exigieron al vicario la excomunión del gobernador, del ministro de gobierno y el jefe de policía. Para atenuar el descontento clerical y popular, el nuevo mandatario, Roberto Avellaneda, ordenó una suerte de reparación al autorizar la procesión suprimida, que se realizó el 6 de mayo presidida por Víctor Gómez Aragón, vicario capitular.^[32]

En junio de 1968, Raimundo Ongaro viajó a Tucumán con el objetivo de fortalecer la CGTA representada en la provincia por Benito Romano.^[33] En consonancia con el nuevo repertorio de protesta implementado por la confederación, dirigentes fotianos participaron en un acto organizado por los estudiantes en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán en protesta por la intervención de las universidades.^[34] El descontento a las políticas de la dictadura articulaba nuevos actores (sacerdotes, estudiantes y la dirigencia cegetista opositora), cuyas presencias prácticas amplificaron el impacto público de los actos de protesta realizados en los pueblos azucareros.

En noviembre de ese año, la situación económica del ingenio Bella Vista se tornó insostenible. A pesar de las ayudas económicas del gobierno de la provincia, la empresa debía a su personal 93 millones de pesos, correspondientes a los salarios de agosto, septiembre y octubre, además del aguinaldo y las vacaciones de 1967.^[35] La magnitud del pasivo parecía confirmar el rumor de vaciamiento de la fábrica. Ante la quiebra inminente, la sociedad Gettas-Fiad abandonó subrepticiamente las instalaciones del ingenio sin hacer ninguna declaración. El vacío dejado por la deserción empresarial fue llenado por los trabajadores que ocuparon la fábrica para custodiar sus bienes e instalaciones. En esa situación extrema, se formó la CPD de Bella Vista.

La CPD de Bella Vista y su discurso: la defensa del lugar como sustento de la acción colectiva

Por iniciativa de la dirigencia sindical, el 22 de noviembre, en el Colegio San José se reunió una asamblea (integrada por obreros, empleados, cañeros, comerciantes, profesionales y representantes de las asociaciones locales) de la que surgió formalmente la CPD. Fue presidida por el párroco Francisco Hilario Albornoz, y su composición no solo era policlasista, sino que expresaba además diferentes trayectorias políticas y asociativas. La adscripción del sindicato obrero al peronismo era manifiesta, aunque un lugar prominente lo ocupaba Manuel Valeros, exdiputado de la UCRI. La nómina de integrantes incluía a referentes locales de la Acción Católica como Raúl Oscar Chabán, en tanto la presidencia la desempeñaba el párroco, figura respetada en el pueblo por su capacidad de mediador social.^[36]

La inquietud desatada por el potencial cierre del ingenio, la conducta delictiva de la patronal agravada por la deserción de sus funciones empresarias, y la política destructiva del gobierno nacional que proponía la transformación del complejo agroindustrial en una simple destilería con la consiguiente reducción de la mano de obra, promovieron la articulación de los grupos locales en torno a la defensa de la fuente de trabajo, asociada con la vida del pueblo. Este propósito implicaba proteger un espacio situado, generador de valores y prácticas sociales con las que se identificaba a los pobladores.^[37]

El manifiesto de la CPD fundamentaba su reclamo en la historia del pueblo y de su progreso asociada al funcionamiento del ingenio, presentado como su principal fuente de riqueza. Tal historial precedía el memorial de reclamos de la CPD, primer documento que distribuyó a las autoridades provinciales. Su título, ¿Por qué debe mantenerse el ingenio de Bella Vista?, se iniciaba con tres sugestivos epígrafes: “No defendemos una empresa en particular”, “Exigimos mantenimiento de la fuente de trabajo”, “Ocupación, seguridad social, estabilidad de la población, educación para todos, explotación integral de la caña de azúcar, son los objetivos de la CPD” (Salazar y Valeros, 2012: 161). Estos definían el campo de actuación de la comisión al defender la utilización integral del complejo agroindustrial, proyecto que implicaba el uso articulado de las distintas secciones fabriles y productivas, camino inverso al marcado por la política del gobierno.^[38] Tal visión expresaba el carácter popular del proyecto de la CPD, inclusivo en términos sociales y productivos, esquema defendido por la dirigencia sindical de base, cuya principal premisa era la defensa irrestricta del ingenio, entendido como el lugar que daba vida al pueblo de Bella Vista.

El ingenio homónimo era presentado como uno de los complejos agroindustriales más importantes de la provincia, con 8.000 ha de cañaverales servidos por riego, explotados bajo la modalidad de colonias.^[39] Entre los medios de producción, destacaba el ferrocarril Decauville, que circulaba a través de 60 km para acarrear materia prima y el equipamiento alcanzado en la sección agrícola, con capacidad para implementar la mecanización de la cosecha. Esta nueva forma de realizar la zafra era presentada por técnicos y empresarios de la década de 1960 y 1970 como ejemplo de innovación tecnológica y racionalización productiva. La fábrica estaba equipada con maquinaria moderna, dotada de una destilería y una fábrica de papel accionada con bagazo. Tales características revelaban la presencia de un complejo agroindustrial articulado, en tránsito a la diversificación fabril sobre la base de la explotación azucarera, que no podía ser reemplazado por los pequeños emprendimientos publicitados por el gobierno de facto. Al respecto, el memorial mencionaba la instalación de una fábrica de pilas en el pueblo vecino de Lules, cuya presencia no podía compensar en materia de contratación de mano de obra el cierre del ingenio Mercedes. Su paralización había destruido el tejido social de las localidades de Mercedes, Ceibal y Monte Grande, además de dislocar la economía de Lules, su pueblo de cabecera, por los estragos de la desocupación y la emigración (Salazar y Valeros, 2012: 163). Tales ejemplos de poblaciones de ingenios cerrados constituían una enseñanza para los bellavisteños y marcaban el sentido de las demandas de la CPD.

En 1968 el ingenio tenía un plantel de 550 obreros y empleados estables y de 14.000 trabajadores temporarios, además de recibir la cosecha de 9.000 productores de caña de azúcar que contrataban alrededor de 2.000 obreros de surco.^[40] En lo relativo a sus servicios sociales, el complejo agroindustrial sostenía un hospital equipado con consultorios, un club de empleados y obreros, escuelas en el pueblo y en las colonias, un estadio de fútbol con tribunas para 2.000 espectadores y 300 casas para empleados y trabajadores que recibían agua y luz de la empresa (Schleh, 1944: 86). La defensa del lugar asociado al ingenio, custodiado por los trabajadores y los vecinos de Bella Vista, se extendía también hacia otras actividades productivas subsidiarias: 21 talleres, 180 comercios, 10 pequeñas fábricas de pan y soda, que expresaban las especificidades sociales y económicas del pueblo.

En esa línea, Bella Vista se presentaba a sí misma como una sociedad progresista, orgullosa de su desarrollo. El documento vanagloriaba sus asociaciones culturales, educativas y el servicio bancario que condensaban el esfuerzo colectivo local alcanzado por la colaboración de la anterior patronal, la familia García Fernández, que mantuvo esa práctica como política de la empresa. Los 7.827 ciudadanos del pueblo de Bella Vista (sumados a los 12.426 del área rural) habitaban un lugar modelado por edificaciones y urbanizaciones, resultado de la interacción de las relaciones sociales locales en clave fomentista (Schleh, 1944: 329). El edificio más importante era la iglesia San José Obrero, comenzada en 1895 por iniciativa de la familia García Fernández, cuya construcción fue continuada por el esfuerzo de los cañeros que participaron en el financiamiento de la obra con la donación de una carrada de caña. En 1947 la jurisdicción se transformó en parroquia, y en 1961 su radio de influencia social se amplió, a instancias de las gestiones del cura Francisco Hilario Albornoz, quien fundó el colegio San José, único instituto de enseñanza secundario de la zona. Otro punto culminante de la urbanización del pueblo fue la construcción de la plaza San Martín en 1932, emplazada en terrenos donados por García Fernández. El paseo fue remodelado en 1961 por la Comuna Rural y ornamentado por iniciativa de los vecinos, que contribuyeron con el busto del prócer.^[41]

La radicación de instituciones estatales, sumada a la apertura de casas comerciales, reformuló el funcionamiento del pueblo y modeló las prácticas sociales y los vínculos cotidianos de los vecinos.^[42] Las marcas estatales y las obras de urbanización transformaron el espacio en lugares concretos dotados de identidad, que expresaban las relaciones sociales construidas^[43] y obraban como campos de cuidado, generadores de sentidos de apego y pertenencia.^[44] La vida asociativa formal de Bella Vista se nutrió con estas edificaciones sencillas que alojaron la creación de la biblioteca popular Marco Avellaneda en 1915, el ateneo estudiantil Sarmiento, el Círculo de Salesianos San José, el Club Social, que contaba con un elenco teatral, el Centro Juvenil Cultural, además de otras entidades (Salazar y Valeros, 2012).

La CPD solicitó audiencia con las autoridades provinciales y nacionales, a las que ratificó su voluntad de gestionar pacíficamente soluciones en nombre del pueblo. Al mismo tiempo, realizó movilizaciones locales y peregrinaciones religiosas destinadas a incorporar a su causa al conjunto de la población. El primer triunfo consistió en la aceptación de su representatividad comunitaria por parte de los funcionarios de la dictadura. El carácter apartidario de la comisión (dirigida por el párroco y un pequeño fabricante local, secundados por profesionales como secretarios, acompañados discretamente por el sindicalismo en las distintas vocalías) permitió el reconocimiento de la organización. El gobierno provincial subrogó a la empresa para abonar los salarios adeudados al personal del ingenio, obligación que cumplió a fines de diciembre. La CPD agradeció públicamente la decisión oficial y levantó la orden (que circulaba entre la población bellavisteña) de negarse a censarse hasta tanto se solucionara el problema del ingenio.^[45]

La Dirección Nacional de Azúcar (DNA), institución que entendía en materia azucarera, mantuvo la política de Salimei fundada en la reducción de unidades fabriles en Tucumán, criterio que auguraba un futuro sombrío para el ingenio. Incluso interrogó a los industriales tucumanos sobre su contribución ante un eventual cierre de la fábrica. La respuesta no se hizo esperar. El sector animado por un “espíritu de colaboración” se comprometió a contratar 200 trabajadores de la fábrica para paliar la desocupación.^[46] La CPD de Bella Vista se opuso enérgicamente a ese tipo de asistencia empresarial, calificándola de “fraude”, y denunció que el verdadero propósito consistía en el vaciamiento laboral del establecimiento, en cuanto contrataba a los operarios más eficientes y formados, con capacidad para hacerla funcionar. Afirmaba que este tipo de ofrecimiento contribuía a la despoblación y obedecía a conductas empresariales desleales y regresivas (captación de los mejores recursos humanos) que atentaban contra la existencia del pueblo.^[47] Por su parte, los restantes sindicatos azucareros de base consideraron contradictoria la conducta patronal que suspendía y despedía arbitrariamente a su propio personal, mientras que se comprometían públicamente a absorber 200 trabajadores del ingenio Bella Vista.^[48]

En esa coyuntura la CPD organizó un acto público de carácter provincial y pacífico por realizarse el 15 de enero de 1969 para reclamar por la actividad de la fábrica. Mientras el gobernador Avellaneda transmitía a la CPD que el gobierno nacional no modificaría la política azucarera, el párroco replicó que el problema no se circunscribía a los 500 trabajadores de la fábrica, por el contrario, afectaba a una ciudad de 20.000 habitantes.^[49] En ese marco, reiteró la necesidad de que el gobierno nacional saldara la deuda de la empresa con los cañeros. Las autoridades provinciales estaban asediadas por distintas demandas: pago de aguinaldo a los trabajadores de Esperanza, marcha en Aguilares (donde se había formado una CPD) a la que asistió el propietario, Simón Padrós, para reclamar por la continuidad de la empresa. El diario matutino más importante de la provincia, La Gaceta, consideraba en su columna de opinión que la posible clausura del ingenio Bella Vista sería el “golpe más cruento” infligido a las rentas provinciales (si se comparaba con el impacto económico de los ingenios ya cerrados) estimado en $ 450.000.000 al año.^[50] Tales argumentos conmovieron a la población de la provincia y contribuyeron a que el gobierno autorizara la realización del acto.

La concentración del 15 de enero en Bella Vista se organizó cuidadosamente. La CPD repartió volantes destinados a concientizar a la población.^[51] El texto interpelaba al comerciante, al cañero, al profesional, al trabajador, al vecino a movilizarse en la defensa del pueblo, territorio entendido como espacio de pertenencia e identidad comunitaria. Explicaba la difícil disyuntiva de los pobladores: se luchaba por el funcionamiento del ingenio (concebido como la totalidad del complejo agroindustrial) o de lo contrario el pueblo de Bella Vista moriría como comunidad. El discurso adoptaba una veta emotiva en clave local que otorgaba fundamento a la acción colectiva del pueblo, centrado en el resguardo de las realizaciones construidas. En consecuencia, el éxito de la concentración dependía de la activación de la trama de relaciones locales, reflejada en la adhesión de los comerciantes del pueblo, que cerraron sus negocios para asistir a la concentración.

La intensa actividad de la CPD trascendió los vínculos locales al conseguir el respaldo de numerosas asociaciones de carácter empresario, sindical, católico, educativo, cultural, profesional, de base cañera y vecinal. ^[52] La órbita de actuación de las redes asociativas adheridas era variada, incluía diferentes manifestaciones del universo gremial azucarero de distintas localidades de la provincia y de otras regiones productivas, asociaciones sindicales, empresarias y profesionales de actuación provincial y organizaciones de proyección nacional que comprometieron el envío de sus delegaciones. Algunos comunicados como el de la CGTA politizaron el significado del acto de Bella Vista: “Salvar la fábrica no es solo ganar una batalla contra el monopolio azucarero, sino también señala un camino de lucha que deben tomar los trabajadores de todos los ingenios amenazados por el cierre”.^[53] La adhesión de la central obrera reivindicaba la lucha colectiva como metodología, propósito que requería de la articulación con nuevos sectores sociales para enfrentar la política dictatorial. Entre los apoyos, se filtró la invitación de la ex-Junta Justicialista de Famaillá a los peronistas instándolos a participar en el acto.^[54] Este aval revelaba la participación furtiva de actores políticos, cuyas redes contribuyeron a la masividad de la protesta.

El acto resultó un éxito de asistencia, estimada por la Policía en más de 10.000 personas. Hicieron uso de la palabra 11 oradores: por la CPD, Manuel Valeros y Atilio Santillán; dos delegados por las cooperativas cañeras y UCIT; un representante de FOTIA y otro por los sindicatos azucareros de base; Benito Romano como delegado regional de la CGTA; un representante de FEIA; un delegado por el Centro de Comerciantes Minoristas de Famaillá; un representante de ATEP; un delegado por la Juventud Obrera Católica; el sacerdote René Nieva en representación del decanato arquidiocesano de Famaillá y los STM.^[55] La CPD había anunciado la presencia de Raimundo Ongaro, que no participó del acto; posteriormente, se supo que al secretario general de la CGTA se le impidió el acceso a la provincia.

Acto de la Comisión Pro-Defensa del Ingenio Bella Vista, 15 de enero de 1969. Los carteles aluden a las articulaciones provinciales y nacionales forjadas por la CPD, así como al carácter popular de la protesta y su desafío a las prácticas autoritarias del gobierno. Fuente: Archivo del diario La Gaceta (Tucumán).

Manuel Valeros de la CPD insistió en la inminente destrucción social del pueblo debido al cierre del ingenio Bella Vista y destacó el carácter local de la protesta. Por su parte, Santillán se refirió a la agresiva propuesta del gobierno de cerrar la fábrica y abandonar los cañaverales, para dejar en funcionamiento solo la destilería. Benito Romano dedicó su discurso al carácter depredador del aventurerismo empresarial que tomaba créditos bancarios mientras lanzaba la fábrica a la destrucción, y como respuesta proponía la formación de un amplio frente social contra el gobierno. A su turno, los representantes cañeros, sindicales y católicos se explayaron sobre el carácter antisocial e injusto de la política azucarera del gobierno.^[56] Las palabras de los oradores asociaban la defensa del ingenio con la salvación del pueblo, y estos elevaron sus críticas al empresariado tucumano y a las políticas desarrolladas por el gobierno provincial y nacional. La magnitud de la concurrencia y el carácter pacífico de la protesta reflejaban el éxito de la propuesta, en cuanto exhibía una sólida unidad local y respaldo provincial y nacional. Se trató del primer acto opositor realizado en la provincia. Paradójicamente había sido autorizado por el gobierno y tuvo una masiva participación. En consecuencia, la reacción local, proyectada al ámbito provincial y nacional, emitió un fuerte mensaje crítico a las políticas antisociales de la dictadura. El conflicto no se circunscribía solo a la causa obrera, sino comunitaria, de carácter local.^[57]

El gobierno provincial anunció que el problema de Bella Vista sería considerado personalmente por Onganía el 29 de enero. Durante ese lapso de tiempo, advertía que sería reprimida cualquier actividad organizada por la CPD. En un clima de tensa expectativa, la comisión hizo público un comunicado firmado por el cura Albornoz titulado “Bella Vista no está dispuesta a morir como comunidad, ni ha de seguir la suerte lamentable de los pueblos tucumanos que han sucumbido por el cierre de los ingenios que constituían su única fuente de vida y de trabajo”. Anunciaba que los actos de la CPD se realizarían pacíficamente y aclaraba el significado de la conflictividad imperante: “la violencia resultante derivaría de aquellos dispuestos a impedir las legítimas exteriorizaciones de un pueblo que tiene un solo reclamo: paz y trabajo”.^[58]

La capacidad confrontadora de la CPD fue recibida con atención por la población tucumana. La prensa informaba que el gobierno provincial utilizaba la situación de Bella Vista para sensibilizar a las autoridades nacionales sobre la crisis social. La CPD había elevado al presidente de facto su proyecto de trasformar el ingenio en una cooperativa gestionada por los trabajadores y cañeros, además de retomar el cultivo de caña de azúcar en las tierras de la fábrica. Recordaba que la compañía azucarera Gettas-Fiad debía a las instituciones estatales alrededor de 2.800 millones de pesos, de los cuales debían deducirse 220 millones por los salarios adeudados. Estimaba que el precio de venta del complejo agroindustrial no superaría los 1.500 millones de pesos y, por lo tanto, proponía al gobierno que se podía documentar la deuda en 15 años, con el objetivo de mantener en funcionamiento la fuente de trabajo y beneficiar a una población de 25.000 personas. Se trataba de una propuesta enmarcada en el ideal comunitarista del gobierno nacional, fundada en un discurso a las entidades cooperativas, que debían estar apoyadas técnica y económicamente por organismos nacionales, como fue el caso de Campo Herrera.^[59]

La CPD alcanzó su primera victoria de envergadura cuando se anunció un convenio entre la compañía azucarera y el DINIE, entidad que pasaba a administrar los bienes de la empresa.^[60] En esa línea, la DNA se comprometió a enviar un técnico a inspeccionar la planta fabril y determinar los costos de las reparaciones necesarias para la realización de la cosecha. La CPD propuso al gobierno nacional asumir la dirección de la zafra y que los organismos competentes le aseguraran un cupo de molienda obtenido del prorrateo de las restantes empresas de Tucumán.^[61]

El salvataje del ingenio era un tema complejo que precisaba de la intervención del gobierno nacional. Ante la dilación, la CPD anunció una marcha de los bellavisteños a San Miguel de Tucumán, sin distingos de sexo y edad. En consecuencia, convocaba a hombres, mujeres y niños a acompañar a las autoridades de la comisión en la entrega de una propuesta de funcionamiento de la fábrica al gobernador y para solicitar la pronta solución al problema del ingenio. La marcha sería encabezada por integrantes de la CPD, representantes de las fuerzas vivas, de instituciones sociales, culturales, gremiales, educativas y religiosas, que portarían una gran bandera argentina, símbolo del patriotismo del pueblo de Bella Vista y de sus derechos como parte de la comunidad argentina.^[62]

El documento que convocaba la marcha puntualizaba los esfuerzos de la CPD por advertir a las autoridades nacionales y provinciales respecto de la gravedad del problema que se cernía sobre el pueblo por el posible cierre del ingenio. Reseñaba las acciones realizadas, ponderaba el acto multitudinario del 15 de enero y enfatizaba la voluntad de la comunidad bellavisteña de proseguir con los reclamos, vinculados con su supervivencia como comunidad. Reconocía los pasos positivos iniciados por el gobierno nacional: el pago de sueldos a los trabajadores subrogando los derechos de la empresa, el compromiso del gobierno de asumir la administración a través del DINIE y la caución de las acciones de la empresa propietaria al CIFEN. Sin embargo, esas medidas no significaban acciones definitivas y de fondo generaba un estado de incertidumbre en la población.^[63]

En marzo, integrantes de la CPD viajaron a Buenos Aires para discutir con el director de la DNA, Guillermo Arrenechea, el problema de la contratación de caña con cupo. Las operaciones de compraventa de materia prima ya habían sido concertadas por las fábricas tucumanas y se contaba con un estrecho margen de tiempo para realizar las reparaciones en el ingenio ante la inminencia de la zafra. El director de la DNA aclaró que se había decidido la continuidad del ingenio solo por un año; el gobierno facilitaría los medios necesarios, pero la CPD debía asumir la responsabilidad de gestionar la fábrica a través de una sociedad constituida a tal efecto.^[64] Una segunda reunión en la Secretaría de Industria y Comercio abrió margen para resolver el problema. Se anunció sobre la posibilidad de arrendar el ingenio a una organización jurídica motorizada por la CPD.^[65] Ante esta posible solución, la CPD suspendió la marcha hasta el arribo de los integrantes que realizaban las negociaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

El 24 de marzo, la CPD envió una carta al secretario de Industria y Comercio, Jorge Raúl Peyceré, a fin de informarle que la entidad estaba abocada a la organización jurídica de una cooperativa de trabajo que tomaría a su cargo el arriendo del ingenio para la realización de la zafra. Daba detalles de la inspección de los técnicos enviados por la DNA y del informe de las reparaciones necesarias, que debían gestionarse con celeridad para afrontar la molienda. Al efecto, solicitaba al organismo la oficialización del convenio celebrado el 28 de enero por la compañía azucarera Gettas-Fiad, que entregaba en caución sus acciones al CIFEN y la administración del complejo agroindustrial, al DINIE. Consideraba que otorgar un carácter legal a lo actuado constituía una condición necesaria para la formación de la sociedad cooperativa, y además reclamaba el cumplimiento de los recursos financieros necesarios para la realización de la zafra.^[66]

A medida que transcurría el tiempo, la situación del pueblo de Bella Vista se agravaba por la acumulación de los salarios adeudados a los trabajadores y la falta de respuestas concretas. En ese contexto, Lisandro Caballero denunció el incumplimiento del gobierno; según su criterio, las autoridades solo simulaban una solución, pero no adoptaban medidas concretas. Se retrasaba la reunión de la asamblea de accionistas que debía ratificar el convenio suscripto por la empresa, no habían comenzado los trabajos de reparación, no se adelantaron fondos para la contratación de materia prima, ni se habilitaron cupos especiales de caña para la molienda.^[67]

La declaración constituyó el detonante que activó la movilización del pueblo de Bella Vista a la ciudad capital y el traslado de la CPD a la Casa de Gobierno provincial para requerir una solución definitiva. Fueron recibidos por el ministro de Economía, José María Nougués, quien se comunicó con Peyceré. El funcionario anunció el depósito de fondos para cubrir el atraso de los salarios de los trabajadores del ingenio, a condición de que la población depusiera toda actitud de presión contra el gobierno. El comunicado del gobierno provincial indicaba que el Banco de la Provincia había anticipado 145 millones de pesos para saldar parte de la deuda con los trabajadores y anunciaba un pedido de fondos al CIFEN de 200 millones destinados a resolver el problema del ingenio.^[68] Urgidos por una solución, trabajadores y vecinos emprendieron la marcha hacia San Miguel de Tucumán, que recorrió más de 5 km por la ruta. La columna interceptó un tren carguero para continuar el trayecto, pero la marcha fue detenida por una gran cantidad de efectivos policiales, que apuntaron a los bellavisteños con armas de fuego para impedirles el paso. En esa coyuntura, la CPD anunció el pago de los salarios atrasados y solicitó a la población que regresara al pueblo.^[69]

La forma que asumió el salvamento del ingenio comenzó a definirse en abril, cuando la Caja Popular de Ahorros anunció que sería la administradora del ingenio. Sin embargo, la renuencia de los directivos de la institución de absorber el personal bajo su dependencia y la directiva del gobierno nacional respecto de la gestión de la fábrica por parte de una entidad cooperativa modificaron el diseño de explotación del complejo agroindustrial. En abril, en un contexto de indefiniciones, la asamblea del pueblo de Bella Vista, convocada por la CPD, votó por unanimidad la creación de una cooperativa de producción denominada Bella Vista para garantizar el funcionamiento del ingenio.

De la gestión local a la administración nacional: la cooperativa de producción Bella Vista y la formación de CONASA

La cooperativa de producción (CP) fue presentada como el resultado exitoso de la “titánica lucha” del pueblo de Bella Vista, que había conseguido hacer realidad la zafra de 1969.^[70] En esa línea, para la CPD la formación de una sociedad cooperativa constituía un “acto de fe y de coraje” de la comunidad bellavisteña, en cuanto abría un camino para la recuperación del ingenio, el lugar en disputa, que expresaba el nexo de las relaciones sociales y económicas locales. La CP incorporó como socios a los obreros de fábrica, los empleados y los miembros de la CPD. El Consejo de Administración de la sociedad estaba integrado por miembros de la CPD, se incorporó a Vito Mercado, representante de FEIA, y se mantuvo la participación del sindicato obrero (referenciados en las figuras de Julio César Lescano, Atilio Santillán y Víctor Ocaranza), de los comerciantes, profesionales, cañeros y vecinos.^[71]

La CPD solicitó al gobierno nacional que la cooperativa asumiera de manera directa el arriendo del ingenio y se anulara el rol de la Caja Popular como institución locataria ante el DINIE, por tratarse de un organismo que se había desprendido de los ingenios bajo su órbita. Esta decisión la invalidaba para cumplir ese rol.^[72] Sin embargo, la DNA firmó el contrato de locación con la Caja Popular de Ahorros, que a su vez suscribió un contrato de sublocación con la flamante cooperativa de producción Bella Vista, con el objetivo de realizar las reparaciones de la fábrica. En consecuencia, la CP asumió un papel activo en el alistamiento del ingenio, mientras que la CPD mantuvo su rol de interlocutora con las autoridades nacionales y provinciales para lograr una solución definitiva a la situación del ingenio. En el ámbito fabril, los directivos de la cooperativa se reunían dos veces en la semana con los jefes de sección para evaluar la marcha de los trabajos y definir los insumos y repuestos necesarios que se gestionaban ante el administrador del ingenio designado por la Caja Popular de Ahorros (Salazar y Valeros, 2012: 151).

Hacia abril de 1969, la desolación social era notoria en el área de los ingenios cerrados donde crecía la emigración; incluso algunas industrias creadas por el Operativo Tucumán habían fracasado económicamente, como fue el caso de Textil Escalada.^[73] El sector cañero estaba extenuado por la morosidad de los ingenios, la expropiación del cupo y la caída del precio de la materia prima, factores que alentaron la concentración de la tierra, con la consiguiente expulsión de la actividad de los pequeños productores (Bravo, 2020). La tensión social no menguaba en Bella Vista, donde volvían a acumularse los sueldos atrasados del personal (se debía cuatro meses de salarios) que continuaba presentándose al trabajo para preparar el establecimiento en vista de la inminente zafra. La CPD solicitó a DNA la regularización de los pagos y advirtió a su titular Raúl Peyceré: “La demora en la ejecución de las medidas no ha permitido que en Bella Vista imperara el clima de tranquilidad, indispensable para la superación del problema social”.^[74] Finalmente, el 2 de mayo, la Caja Popular de Ahorros tomó posesión del ingenio Bella Vista.^[75]

El 1 de mayo, FOTIA reclamó la restitución de su personería mientras anunciaba formalmente la adhesión a la CGTA. En ese contexto, 24 sacerdotes adheridos al MSTM se sumaron al festejo del 1 de mayo emitiendo un mensaje de solidaridad con los trabajadores. El 2 de mayo, la federación azucarera eligió una nueva conducción, presidida por Ángel Basualdo como secretario general, quien se desempeñaba como dirigente del ingenio San Juan, cercano a la Democracia Cristiana. En su primera declaración, definió que el accionar de FOTIA estaba centrado en impedir el cierre de nuevos ingenios y en la gestión de los reclamos de los exobreros por las deudas pendientes en los establecimientos cerrados.

No obstante, fueron los reclamos a nivel local generados por las distintas CPD los que jaquearon al gobierno provincial, que no estaba en condiciones de reprimir los actos organizados por estas entidades en las distintas localidades azucareras.^[76] Estas protestas confluyeron con la agitación agraria impulsada por UCIT para conseguir la restitución de los cupos expropiados y con los actos callejeros de los estudiantes por la privatización de los comedores universitarios, cuya protesta se registró de manera contundente en Corrientes y Rosario. La concatenación de estos conflictos estalló con fuerza en Córdoba, donde la rebelión popular conocida como Cordobazo, protagonizada fundamentalmente por el movimiento obrero y el estudiantil, controló una parte considerable de la ciudad, atestando un golpe definitivo a la dictadura de Onganía (Gordillo y Brennan, 1994; Brennan, 1996).

En Tucumán, la protesta popular adquirió menor envergadura, pero se registraron numerosos actos callejeros. La policía reprimió con palos y gases una marcha del silencio organizada por los estudiantes universitarios que posteriormente participaron de un acto en FOTIA. Al día siguiente, se apedreó la Casa de Gobierno y se registraron choques violentos de estudiantes con la policía, mientras los jóvenes eran auxiliados por los vecinos. Durante la huelga del 30 de mayo convocada por las centrales obreras, se produjeron incidentes en Tafí Viejo, Banda del Río Salí, mientras que en Bella Vista se organizó una marcha de 2.000 personas, que manifestaron su descontento en las calles del pueblo.^[77]

Los conflictos locales y provinciales se articulaban y desafiaban a la dictadura militar. Los ecos de esas protestas determinaron la renuncia de los gobernadores. En Tucumán, Avellaneda fue reemplazado en julio por el coronel Jorge Nanclares, quien fue considerado persona no grata por la CGT debido a su participación en el cierre de los ingenios como funcionario de la DNA.^[78] En ese contexto, la CPD de Bella Vista insistió ante el flamante mandatario de facto que el Estado, en su condición de principal acreedor, ordenara la liquidación de los bienes de la antigua patronal Gettas-Fiad (ingenio, cañaverales, destilería, fábrica de papel) para venderlos a largo plazo, con bajo interés, a la sociedad cooperativa. Asimismo, solicitaba la asignación de un cupo de caña para el funcionamiento del ingenio, la creación de una escuela agroindustrial y la realización de obras de vialidad.^[79]

Las gestiones de la comisión consiguieron la firma de un nuevo contrato de la CP con la Caja Popular para la realización de la zafra y el otorgamiento de un cupo especial de caña. El acto de comienzo de la cosecha constituyó una ceremonia emotiva; la fábrica estaba engalanada con un gran cartel que decía “Este ingenio es nuestro, no lo dejaremos morir”.^[80] La leyenda resumía el sentimiento comunitario local, cuya pertenencia se cifraba en el funcionamiento del ingenio, motor de vínculos sociales y emocionales, que se planteaba en términos de pertenencia colectiva. En esa línea, la CPD fundamentó su programa para salvar el ingenio en estos términos: “Estamos dispuestos a evitar la caída de una de las mejores y más eficientes fábricas de Tucumán. Esto se logrará mediante soluciones definitivas y de fondo”. Reiteraba como solución la venta del ingenio a la cooperativa y concluía el documento de la siguiente forma: “Bella Vista, entera, unida y decidida está dispuesta a reactualizar su lucha de 1968 y 1969, en ese momento para evitar el cierre (del ingenio), hoy queremos una solución definitiva”.^[81] El discurso subrayaba la centralidad de la acción colectiva local, requisito indispensable para que la CP asumiera la propiedad del complejo azucarero.

En octubre la CPD insistió en la liquidación del pasivo de la Compañía Azucarera Bella Vista SA (de Gettas-Fiad) previa verificación de los créditos tomados y en la transferencia del paquete accionario al CIFEN en calidad de principal acreedor. Cumplido ese paso, la comisión demandaba la sanción de un decreto nacional que unificara las deudas de la empresa con los organismos estatales y autorizara la venta a largo plazo (con bajo interés) a una nueva sociedad anónima a formarse. Se pensaba que debía estar integrada por el Estado provincial, las entidades autárquicas acreedoras de la firma Gettas-Fiad, con participación de todos los trabajadores y cañeros, sobre la base de un porcentaje igualitario por sector. A medida que se pagaran las deudas con el Estado, este organismo podía reducir su participación hasta desvincularse de la sociedad.^[82] La búsqueda de una solución de fondo que permitiera a la cooperativa acceder a la propiedad del ingenio apremió a la CPD, que solo había logrado una salida precaria, el funcionamiento del ingenio por un año. La compra del complejo agroindustrial Bella Vista estaba fuera de las posibilidades económicas de la cooperativa, solo podía lograrse con la intervención del gobierno nacional según el programa trazado por la comisión.

Como locataria, la CP adoptó como premisas de acción la custodia del patrimonio económico-social simbolizado por la fábrica y su personal. En esa dirección, privilegió el pago puntual de los haberes y habilitó las licencias por enfermedad, cuyos plazos se ampliaron a los fijados por la ley. Asimismo, se aprobaron anticipos de sueldos y préstamos por fallecimiento de familiares y, ante el estado de necesidad social, se autorizó el pago de salarios atrasados a los trabajadores de campo (deudas de la anterior patronal), con el argumento de que tales erogaciones serían restituidas cuando la empresa saldara las sumas adeudadas.^[83] También se dispuso la donación de 20.000 pesos a la parroquia, suma destinada a la formación de un comedor para niños y ancianos desamparados. Se concedió un préstamo de 1.100.000 pesos al sindicato de fábrica y surco para la compra de un inmueble destinado a oficiar de sede gremial y para la reparación de la camioneta del sindicato. Este importe se devolvería mediante el descuento de un porcentaje de los haberes de los trabajadores.^[84] Otra preocupación de la entidad fue asegurar el servicio de asistencia médica a sus asociados y la provisión de medicamentos.

Durante su primer año, el balance de la CT alcanzó la utilidad de 35.737.245 pesos, monto al que debía agregarse el valor de las acciones en curso de integración, ambos rubros representaban un activo social de 43.817.245 pesos. Se trataba de un resultado económico inédito que nunca habían alcanzado las organizaciones cooperativas de la provincia. Los beneficios derivaban de los buenos términos del contrato de locación suscripto con la Caja Popular de Ahorros, de las donaciones de sueldos de los socios y de las horas extras que se abonaron como simples con el consentimiento de los trabajadores. El beneficio social revelaba la magnitud del esfuerzo colectivo de los trabajadores para salvar la fábrica que se sentía propia y la conducción acertada del consejo de administración que privilegió las demandas sociales de los asociados.

La CP recomendaba a la asamblea de socios mantener intacto el activo social (una vez cubierto el fondo de reserva legal) para destinarlo a la integración de los trabajadores en una nueva sociedad que sería la encargada de administrar el ingenio.^[85] Por otra parte, la locación a la CP representó para la Caja Popular de Ahorros una utilidad de más de 150.000.000 de pesos que contrastaba con los contratos a pérdida suscriptos por la institución.^[86]

A comienzos de 1970, FOTIA y un sector de los industriales organizados en una nueva sociedad, Asociación de la Industria Azucarera Tucumana (AIAT), solicitaron al gobierno que, en la zafra de ese año, rigiera la cupificación por ingenio, propuesta rechazada por Onganía.^[87] Se implementó un régimen azucarero que establecía un sistema rápido para el pago de la materia prima. Asimismo, se determinó que los ingenios deudores serían traspasados al Estado para ser explotados directamente por el gobierno.^[88] Asimismo, se declaró al DINIE en estado de liquidación, noticia que generó inquietud entre el sector industrial y aceleró cambios en la estructura empresarial azucarera, debido al apremio por saldar sus deudas con el organismo.^[89]

Portada de la Memoria y Balance del segundo ejercicio de la Cooperativa de Producción Bella Vista Ltda, 1971. Fuente: Archivo de la Comisión Pro-Defensa de Bella Vista.

En mayo de ese año, se definió el verdadero alcance de esta política con la creación de la Compañía Nacional Azucarera SA (CONASA), empresa estatal destinada a explotar la industria, el comercio y los subproductos derivados de la caña de azúcar (ley 18.685). Una segunda ley expropiaba los ingenios La Trinidad, La Florida y Santa Rosa (ley 18.686), mientras que otra decretaba la intervención de las plantas fabriles para entregarlas en locación a CONASA (ley 18.687).^[90]

La noticia cambió drásticamente el panorama azucarero porque introducía al Estado nacional como un jugador de peso. Para la provincia, la presencia de una empresa estatal administradora de tres ingenios podía constituir el punto de partida para la regularización de la agroindustria tucumana. En efecto, la demanda de volúmenes significativos de materia prima podía contribuir a normalizar el mercado cañero y al elevar el precio de la materia prima. Asimismo, el régimen laboral azucarero podría estabilizarse con el pago de salarios en tiempo y forma. La figura de CONASA, cuyos estatutos contemplaban la asociación con sectores de la producción y el trabajo, se acercaba de manera imperfecta a la demanda de FOTIA de 1967 que defendía la nacionalización de las empresas, con participación obrera en el directorio. No obstante, ninguno de los actores azucareros ignoraba que esta creación clausuraba la política azucarera de Salimei centrada en el cierre de ingenios; por el contrario, proponía valorizar y poner en valor un grupo de ingenios tucumanos en bancarrota.

Sin embargo, la primera reacción de los actores estuvo signada por la desconfianza hacia esta nueva sociedad estatal. Peyceré, quien dejó su cargo de titular de la DNA para dirigir CONASA, anunció (para conseguir el respaldo del sector cañero) que la flamante empresa sería una garantía de pago a término para los productores. Por su parte, FOTIA y FEIA recibieron con recelo los anuncios de la empresa, en cuanto se informó que la incorporación de los trabajadores de la CAT se efectuaría sin el reconocimiento de la antigüedad laboral, y además se notificó sobre el desconocimiento de las deudas de la anterior administración.^[91] A su vez, el Centro Azucarero Argentino, influenciado por los directivos del ingenio Ledesma, deploró la creación de la empresa estatal dado que se “restaban posibilidades económicas a las fuentes de trabajo más capacitadas y mejor administradas”.^[92] El resquemor obrero con CONASA se mitigó en julio de 1970, cuando se reconoció la antigüedad de los trabajadores al aprobarse un pedido conjunto de FOTIA y FEIA.^[93]

Un efecto del Cordobazo y de las rebeliones populares en las distintas provincias se expresó en la radicalización del conflicto social y en la aparición de un nuevo actor, referenciado en las acciones guerrilleras, inspiradas en el horizonte abierto por la Revolución cubana.^[94] En ese contexto, el gobierno relajó su política antiobrera al anunciar el pago de los salarios adeudados por la CAT y por la firma Gettas-Fiad, que se efectuó a través del CIFEN. Asimismo, se amplió en 37.000 toneladas el cupo provincial azucarero y se reforzó el cupo específico para CONASA.^[95]

El nuevo gobernador Carlos Imbaud (4/09/1970-18/02/1971) recibió a la CPD de Bella Vista, que había logrado iniciar tardíamente la zafra en julio de ese año, bajo la gestión de la CP. Sin embargo, la solución de fondo del ingenio seguía sin resolverse, y su funcionamiento alentó la presentación realizada por ocho cooperativas cañeras que proponían hacerse cargo de la fábrica. La CPD denunció a esos productores que no habían aportado su materia prima durante la zafra de 1969, cuando se precisaba de manera imperiosa el aporte cañero de la zona. En consecuencia, declaraba que el pueblo “defendería cuantas veces fuera necesario un patrimonio que les pertenecía” y agregaba que “CONASA era una garantía para el futuro de Bella Vista, dado que podía integrar fábrica y campo para la explotación integral de sus riquezas y asegurar la participación cañera y del trabajo en paridad, sin ventajas y privilegios para nadie”.^[96]

La integración de la fábrica a CONASA fue considerada por la CPD y el sindicato obrero, que resolvieron aprobar su incorporación. Juzgaban que solo se había logrado el funcionamiento del ingenio en condiciones precarias, continuaban improductivas 7.000 ha de cañaverales, con la consiguiente desocupación de los trabajadores de surco. En un volante explicativo sobre el problema del ingenio, la CPD sostenía: “O Bella Vista se mantiene estática o Bella Vista lucha por soluciones de fondo que levanten el complejo azucarero y aseguren las condiciones de progreso del pueblo”.^[97] La solución que representaba CONASA fue cuestionada por un comunicado anónimo que denunciaba a los “dirigentes conservadores dialoguistas Santillán y Caballero”, al tiempo que proponía la vía “combativa seguida por los compañeros en lucha en Córdoba, los maestros, el ingenio Providencia, los ingenios cerrados, los ferroviarios de Tafí Viejo, etc.”.^[98] En respuesta a tales imputaciones, la CPD sostenía la unión férrea de la comunidad de Bella Vista y desechaba toda posibilidad de división y luchas intestinas, que podían conspirar con el objetivo de salvar al ingenio.^[99]

El dilema se definió en octubre, cuando la CPD solicitó formalmente la incorporación del ingenio Bella Vista a CONASA. En esa línea rechazó la propuesta de Imbaud, quien proponía la administración provincial del ingenio:

… la tucumanización de soluciones a las que alude el gobernador no importa otra cosa que la transferencia a la provincia de todas las dificultades acumuladas por funcionarios irresponsables. Ni Tucumán está en condiciones de soportar tan tremenda carga, ni los trabajadores asociarse a las tremendas pérdidas, cuando no a las trampas acumuladas. El gobierno de la nación, con la creación de CONASA, ha puesto en marcha el único instrumento apto para dar solución radical al problema y no se comprende ahora cómo se puede retroceder frente a las tensiones de quienes son los únicos responsables de la crisis.^[100]

La CPD defendía la solución nacional para resolver los problemas del ingenio y rechazaba las propuestas de carácter local o provincial porque carecían de la capacidad económica suficiente para poner en valor de manera integral el complejo agroindustrial. Esta posición tomó consistencia cuando FOTIA y FEIA, demandaron la incorporación de los ingenios San Juan y Bella Vista a CONASA.^[101] La decisión fue respaldada por la CPD Bella Vista, que organizó un acto para impulsar la incorporación de ambas fábricas a la empresa estatal.

En noviembre de 1970, estalló la rebelión popular conocida como Tucumanazo, donde el descontento social afloró de manera masiva en el marco de la convocatoria de un paro lanzado por las dos CGT. Adhirieron sindicatos que organizaron diversos actos de protesta en Tafí Viejo y en las áreas azucareras. En esa oportunidad, la ciudad de San Miguel de Tucumán fue conmovida por las luchas callejeras protagonizadas por los estudiantes universitarios y secundarios.^[102] Una de las consecuencias del Tucumanazo se reflejó en los cambios en la política azucarera expresados en la aprobación de las demandas de FOTIA, FEIA y la CPD de Bella Vista. Al mes siguiente, en diciembre de 1970, el gobierno nacional concretó el arrendamiento de los ingenios Bella Vista y San Juan por parte de CONASA, con el propósito explícito de preservar ambas fuentes de trabajo.^[103] El traspaso a la empresa estatal cerraba el ciclo funesto de la política azucarera centrado en el cierre de ingenios, y, de la mano de la empresa estatal, comenzaba otro tendiente a la recuperación de la actividad azucarera provincial.

Con la integración del ingenio Bella Vista a CONASA, llegaba a su término la función de la CPD. La entidad que representó y condujo a la comunidad local culminaba un complejo itinerario de lucha, sustentado en redes provinciales y nacionales, en un contexto nacional signado por la realización de acciones colectivas de diferentes niveles de intensidad. La lógica del accionar de la CPD se asentó en la unidad del pueblo, movilizado a nivel local, y en la interlocución o confrontación con las autoridades con el objetivo de resolver la difícil situación del ingenio. Este derrotero local confluyó con el ascendente movimiento popular de carácter antidictatorial que cambió el curso de la historia de la provincia y la nación al habilitar como horizonte el juego político electoral.

Conclusiones

La complejidad de la crisis azucarera de Tucumán generada por el cierre de los ingenios admite varias lecturas. La historiografía provincial explicó esta etapa desde la óptica del movimiento obrero y estudió la secuencia recorrida por el sindicalismo azucarero tucumano. Este abordaje se justifica no solo porque la clase obrera recibió los efectos sociales más perniciosos generados por la clausura de las fuentes de trabajo, sino también porque resistió a través de huelgas y movilizaciones las políticas azucareras de la dictadura.

En este trabajo se postula que las políticas azucareras de la dictadura aspiraron a destruir un modo de producción azucarera específicamente tucumano, al determinar el cierre de unidades fabriles consideradas ineficientes, con la consiguiente expulsión de miles de pequeños productores cañeros para reformular el monocultivo y la estructura agraria de la provincia fundada en la pequeña y mediana propiedad. En esa dirección, se destruyó la fisonomía económica y social azucarera que sustentaba el movimiento de los pueblos conformados en torno a los ingenios con sus pequeñas industrias y actividades conexas. En consecuencia, los efectos nocivos de esta política alcanzaron a una multiplicidad de actores sociales: trabajadores, cañeros, comerciantes, vecinos, pequeños fabricantes, profesionales, párrocos de las localidades azucareras situadas a la vera de los ingenios.

Los significados de la resistencia multiclasista de las diferentes localidades del interior de la provincia se revelan en su especificidad si se contempla el problema azucarero desde una perspectiva local. Ese enfoque permite reconstruir las identificaciones y los sentidos que modelaron el discurso y las formas de interpelación de la CPD de Bella Vista para convocar la movilización de la población local en la defensa de la fuente de trabajo. El ajuste espacial del foco de observación no implica desconocer el contexto provincial y nacional; por el contrario, lo condensa, en cuanto el espacio local es tributario de las marcas dejadas por los efectos de dichas políticas. La resistencia a ellas generó una dinámica de articulación con diversos grupos de carácter provincial y nacional y con mediadores sociales, que amplificaron la acción colectiva local.

La noción del lugar como territorio específico de observación permitió diluir el criterio jerárquico que por lo general prioriza la perspectiva nacional y provincial, sin contemplar la conflictividad particular de los espacios locales. El trabajo propone entablar diálogos simultáneos para establecer los sentidos de las nuevas prácticas de confrontación y las formas de interpelación a las autoridades que revelaban los significados de la creciente politización local generada por la acción colectiva.

En esa línea de análisis, el trayecto de la CPD de Bella Vista ilumina las acciones de resistencia local que se identificaron con la defensa de la fuente de trabajo y de los paisajes sociales configurados por las transformaciones económicas y sociales pretéritas. Las instituciones construidas revelaban los lazos de los bellavisteños con la empresa de la tradicional familia propietaria del ingenio (García Fernández), que colaboró con las fuerzas vivas del pueblo en la construcción de espacios sociales como la plaza, el cementerio, el mercado, la iglesia, las escuelas y las instituciones culturales, sociales y deportivas. El desembarco de una nueva patronal cuyas prácticas ilegales fueron motivo de escándalos económicos de alto impacto, combinada con el despliegue de una política antiobrera, constituyeron el detonante para la organización comunitaria, referenciada en la CPD, que adoptó como objetivo la salvación de la totalidad del complejo agroindustrial. La solución, presentada como el único horizonte de futuro posible, estaba asociada a la lucha como comunidad para evitar el camino de la migración y la disolución de los pueblos, cuyos ingenios habían sido cerrados.

A diferencia de entidades similares, la CPD de Bella Vista contó con el respeto y la confianza del conjunto de los vecinos. Su composición incluía al sindicato obrero, los comerciantes, cañeros, profesionales y vecinos, presididos por el cura párroco, mediador de importante ascendencia en el pueblo. Su perfil discursivo centrado en la defensa de la comunidad guardaba ciertas reminiscencias con el imaginario comunitarista propiciado por la dictadura de Onganía, pero se diferenciaba por el carácter popular y aglutinante de las medidas defendidas por la CPD centradas en el funcionamiento del ingenio y en el cumplimiento de las normativas laborales.

La Cooperativa de Trabajo expresó la preeminencia de las necesidades locales al priorizar las demandas de sus cooperados. En efecto, el buen resultado económico se fundó en el compromiso de los socios obreros que donaron parte de su salario para la formación de una nueva empresa que los incluyera como parte propietaria. También gravitó el buen desempeño administrativo y el prestigio del consejo de administración, cuyo balance y propuestas de inversión fueron aprobados por la asamblea de socios. Esta práctica de transparencia y honestidad contribuyó cohesionar los lazos de pertenencia de los trabajadores (socios de la cooperativa) con la CPD, que ejerció su función mediadora con las autoridades nacionales y provinciales.

Las rebeliones populares acaecidas entre 1969 y 1970 contribuyeron al cambio de la política azucarera, que se expresó en la ampliación del cupo provincial y en la formación de CONASA. En ese contexto, la CPD de Bella Vista asumió (junto con FOTIA y FEIA) que la clave de la estabilidad del pueblo dependía del Estado nacional, con fortaleza económica suficiente para la puesta en funcionamiento de la integridad del complejo agroindustrial. La incorporación del ingenio Bella Vista a CONASA cerró el ciclo de actuación de la CPD, cuya gestión había trazado una trayectoria enraizada en el espacio local que interpelaba al Estado nacional para asegurar soluciones de fondo que garantizaran el funcionamiento del ingenio y los cañaverales circundantes. La empresa estatal, creada originariamente para salvar los ingenios de la CAT, posteriormente incluyó a otras unidades fabriles con problemas económicos, como Bella Vista, San Juan y Arno de Santa Fe, por lo que se transformó en la principal productora de azúcar del país.

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