Asociacionismo, política y formas de protesta en Bella Vista (1943-1968)

Leandro Lichtmajer^[2]

En un libro publicado con motivo de los cincuenta años del Cordobazo, Mónica Gordillo invitó a repensar la “excepcionalidad” del evento que conmovió a la sociedad argentina a finales de la década de 1960. Propuso, en efecto, considerar

[…] un mayo que no se circunscribe a Córdoba, que no empieza ni termina en Córdoba, a pesar de que el 29 y 30 de mayo dejaron perplejos a la mayor parte de los participantes y observadores, dándole el carácter de un acontecimiento excepcional.

Entre las estrategias metodológicas fecundas para revisar el carácter “episódico” de dichas protestas, Gordillo, imbuida por la literatura sobre acción colectiva desde la perspectiva de la sociología histórica, planteó la posibilidad de “extender y flexibilizar las temporalidades y los paradigmas explicativos, en la medida en que ello permita una mejor comprensión de los condicionantes que llevaron a distintos sujetos a implicarse en la acción y convertirse en agentes de cambio”. Esta propuesta no solo resulta estimulante para revisitar el ciclo de insurrecciones urbanas desarrolladas en la Argentina a finales de los sesenta, sino que marca un rumbo posible para repensar la compleja relación entre “excepcionalidad” y “regularidad” de episodios de movilización y protesta en otros espacios y coyunturas (Gordillo, 2019: 14-19).

En Tucumán, la segunda mitad de la década del sesenta se caracterizó por una sostenida efervescencia social forjada al calor de la debacle de la agroindustria azucarera. El punto cúlmine del proceso de deterioro de la principal actividad económica provincial fue la intervención y clausura de once establecimientos llevada a cabo por el Onganiato entre 1966 y 1968. Los efectos sociales de dichas medidas se plasmaron en la desocupación, pauperización y migración masiva de miles de tucumanos y tucumanas. Ante ese escenario, en los pueblos azucareros se fraguaron diversas formas de confrontación y articulación social, entre las que se destacaron las comisiones prodefensa formadas en 14 localidades (Bravo y Lichtmajer, 2019; Santos Lepera y Sánchez, 2019). Estas experiencias antecedieron las protestas desarrolladas en San Miguel de Tucumán entre 1969 y 1972 (los “Tucumanazos”), cuyo carácter urbano y capitalino, así como su masividad y la centralidad del componente obrero-estudiantil, les otorgaron mayor visibilidad en las investigaciones sobre este período (Sigal, 1973; Pucci, 2007; Kotler, 2007; Ramírez, 2008; Crenzel, 2014; Nassif, 2016).

En Bella Vista, sede del segundo establecimiento azucarero más importante de Tucumán, el “comisionismo defensivo” tuvo un hito clave a finales de 1968, cuando la Comisión Pro-Defensa (CPD) movilizó a amplios sectores de la comunidad y tendió lazos con un caleidoscopio de actores a escala provincial y nacional. La gravitación de dicha entidad se extendió hasta 1970 y, a contramano del resto de las CPD, logró salvar el ingenio. En un abordaje previo, analizamos la trayectoria de la entidad bellavisteña, delimitando sus liderazgos, sus repertorios de protesta y sus alianzas. En las consideraciones sobre las “condiciones locales” que signaron la trayectoria de la CPD, el estudio aludió –de manera tangencial– a la relevancia del denso entramado institucional, asociativo y político del colectivo bellavisteño, que modeló una “particular trama comunitaria que cobró relieve ante la coyuntura crítica de mediados de los sesenta” (Bravo y Lichtmajer, 2019: 69).

Este texto recupera y profundiza esa idea. En efecto, propone una genealogía de las tramas asociativas locales y examina las formas de articulación que se observaron en la comunidad bellavisteña en el mediano plazo. Esto supone reconocer la centralidad de diferentes actores –tales como las organizaciones sindicales de obreros y empleados, el asociacionismo católico, las entidades comerciales, educativas y agrarias y las dirigencias partidarias– de fuerte relevancia a finales de los sesenta. El texto argumenta que la CPD fue tributaria de una tradición de articulaciones locales de largo aliento, cuyas implicancias en la movilización de los actores comunitarios, la construcción de liderazgos y el despliegue de una gimnasia organizativa forjada durante décadas se visibilizaron en la crisis del ingenio.

La perspectiva local de análisis busca entrecruzar las reflexiones sobre la vida asociativa, las configuraciones espaciales y las trayectorias de organizaciones y dirigentes comunitarios en interrelación con tramas más amplias. No propone, en efecto, “domesticar la especificidad” ni postular la “unicidad” de lo local, pensándolo tanto en su propia lógica como en su interrelación con experiencias construidas allende sus fronteras, “en una escala que va desde lo global hasta lo regional o nacional”.^[3] En un sentido complementario, nuestra perspectiva busca dialogar con la mirada de Doreen Massey sobre las percepciones del “lugar” y sus implicancias en las luchas políticas desarrolladas en una localidad determinada. Massey cuestionó las interpretaciones que postularon el carácter esencialista de la noción de “lugar”, recuperando su matriz dinámica y su apoyatura en un conjunto de relaciones sociales, que no son solo internas a los locales, sino que los conectan con lo global. Frente a quienes postularon que el “poder motivacional de la tradición” es sinónimo de reacción contra el cambio –desde un punto de vista conservador– Massey sostuvo que la tradición supone, ante todo, el reconocimiento del carácter histórico de un lugar, en un sentido dinámico y conflictivo, que busca establecer conexiones entre prácticas presentes y pretéritas.^[4] Como veremos, estas nociones pueden ponerse en juego a la hora de reflexionar sobre la trayectoria de la comunidad bellavisteña.

La construcción de tramas asociativas y sus transformaciones durante el primer peronismo

Las investigaciones sobre los pueblos azucareros tucumanos subrayaron su “configuración dicotómica” definida por la presencia de dos ejes articuladores: la “villa” y el “ingenio” (Sánchez, 2019; Gutiérrez y Santos Lepera, 2019). El proceso formativo de Bella Vista se amoldó a esa caracterización, en cuanto la localidad nació “dividida” por las vías del ferrocarril, que “separaban el pueblo en dos mitades con características diferentes, la del ingenio y la de la villa, dicotomía que ayudaba a la consolidación de identidades” (Salazar y Valeros, 2012: 430). La estación creada en 1876 constituyó un vector formador del espacio urbano de la villa cívica, mientras que el otro eje dinamizador del territorio bellavisteño –el ingenio– fue fundado en 1882 por los inmigrantes españoles José y Manuel García Fernández. El establecimiento se posicionó a comienzos del siglo xx como el segundo más importante de la provincia por su capacidad de fabricación de azúcar, sitial que mantuvo hasta la década de 1960. Bajo la conducción de Manuel (h), tras la muerte de su progenitor en 1923, se modeló un poderoso complejo agroindustrial caracterizado por alcanzar la mayor integración vertical posible en la provincia, al concentrar fabricación y cultivo en una sola firma.^[5]

La expansión fabril y el desarrollo de la villa cívica se retroalimentaron, erigiendo al poblado de Bella Vista en un núcleo central del complejo agroindustrial tucumano en razón de su capacidad productiva, su volumen poblacional y su denso entramado político-asociativo. De acuerdo al censo de 1895, residían en Bella Vista 947 habitantes, cifra que, boom azucarero mediante, se incrementó a 6.223 en 1914. Este salto convirtió a la localidad en el segundo centro urbano de la provincia.^[6] Por entonces, el establecimiento fabril empleaba a un total aproximado de 400 obreros permanentes y 1.200 trabajadores temporarios. El crecimiento del personal obrero y la expansión demográfica local siguieron un curso sostenido durante las décadas siguientes. En 1945 el ingenio empleaba alrededor de 2.200 obreros permanentes (1.700 de surco y 500 de fábrica) y 2.000 obreros temporarios, mientras que la localidad contaba con 8.352 habitantes.^[7] Esta cifra la ubicaba en el cuarto lugar a nivel provincial, por detrás de la Capital, Tafí Viejo y Concepción. Bella Vista era, por otra parte, el pueblo azucarero más populoso de la provincia, seguido por Santa Ana, sede del establecimiento homónimo (7.286).

El ingenio y la villa mantuvieron una diferenciación espacial que se expresó en la fisonomía social y laboral y en las prácticas de sociabilidad. En ese marco, los conflictos y las disputas no estuvieron ausentes. Mientras que el territorio del ingenio –que abarcaba el establecimiento fabril y el distante entorno rural de las colonias agrícolas– dependía directamente del ritmo de la actividad azucarera, su incidencia en la villa confluía con otros movimientos pautados por el funcionamiento institucional, educativo y comercial de la comunidad bellavisteña.

La etapa fundacional de la villa se caracterizó por una febril expansión comercial –protagonizada por una floreciente comunidad de inmigrantes, con predominio árabe–, la ampliación del aparato estatal (Registro Civil, Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Higiene y Fomento, Oficina de Correos y Telégrafos), la creación de instituciones educativas y culturales (escuelas, biblioteca popular) y la fundación de un templo católico. Paralelamente, al influjo de la patronal, se visibilizó la ampliación de servicios y prestaciones mediante la construcción de viviendas destinadas al personal permanente y temporario, la creación de un hospital, un cementerio y la fundación de escuelas en el predio del ingenio y las colonias. En consonancia con un fenómeno que abarcó al conjunto de los pueblos azucareros, entre las décadas de 1910-1930 se produjo una expansión del casco urbano, alentado por la creación de un conjunto de barrios obreros –en razón de los cambios en la legislación laboral y el establecimiento de un tercer turno de trabajo–. En ese marco se conformaron ámbitos de sociabilidad e instituciones de fuerte relevancia en la vida comunitaria, tales como el Club Sportivo Bella Vista y el Club Social para empleados y obreros, ambas iniciativas solventadas por el establecimiento. Por su parte, la creación de una plaza pública, en terrenos cedidos por la empresa en 1932, desplazó a la estación del ferrocarril como centro neurálgico de la sociabilidad bellavisteña (Gutiérrez y Santos Lepera, 2019).

Aunque la expansión urbana tendió a desdibujar la frontera física entre el ingenio y la villa, en razón de una localidad crecientemente integrada, en el imaginario local pervivió la diferenciación simbólica entre ambos espacios. En ese sentido, la política expresó las dinámicas autónomas, aunque mutuamente relacionadas, entre la villa y el ingenio. Desde la década de 1920 hasta el peronismo, la política bellavisteña estuvo pautada por la actuación de García Fernández (h), quien ocupó sucesivamente los cargos de diputado provincial, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán. Como un profeta en su tierra, García Fernández recibió un respaldo contundente del circuito electoral de Bella Vista, y las redes locales tejidas en torno a su figura involucraron a los actores locales (empleados, trabajadores, funcionarios) en diferentes formas e instancias de la política. El conservadurismo, principal competidor del radicalismo, fue liderado por un grupo de comerciantes acomodados y productores cañeros con arraigo en la villa. Esta condición les permitió desplegar una acción política en paralelo a las redes de interacción lideradas por García Fernández (Lichtmajer y Gutiérrez, 2017). La localidad tuvo, asimismo, una presencia de los partidos socialista y agrario, lo cual reveló un grado de competencia interpartidaria mayor al observado en otros circuitos de ingenios azucareros durante el período de entreguerras (Lichtmajer, 2020a).

La irrupción del peronismo reformuló las tramas locales merced al proceso de sindicalización de obreros y empleados y a la transformación de la escena político-partidaria. Al calor del impulso organizativo promovido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en marzo de 1944 se creó el Sindicato Obrero del Ingenio Bella Vista, entidad que tuvo un rol vertebral en la fundación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), fundada en junio de 1944. El renovado empoderamiento obrero abrevó en las experiencias de reciprocidad y solidaridad del colectivo trabajador bellavisteño, cuyos intentos de constituir una organización gremial se habían topado históricamente con las resistencias de la patronal (Gutiérrez, Lichtmajer y Santos Lepera, 2016).

La dinámica de la organización comenzó en las fábricas y se irradió hacia los surcos. Una vez constituido, el Sindicato Obrero eligió un delegado general para las colonias e incentivó la elección de un representante en cada una de ellas. Así se intensificaron las acciones destinadas a sumar ese importante contingente agrícola, el más numeroso y postergado del mundo azucarero. La nutrida presencia de este segmento laboral fue un capital disputado por la dirigencia, en cuanto su apoyo fue decisivo en las contiendas electorales y en la consolidación de liderazgos sindicales. La expansión territorial del gremio bellavisteño sintetiza la configuración de este campo de fuerzas. En la elección de la Comisión Directiva de mayo de 1945, participaron 313 socios, mientras que la llevada a cabo dos meses más tarde reportó 1.691 votantes, sobre un total estimado en 3.000 afiliados, incremento sustentado en la incorporación de los trabajadores agrícolas.^[8] La representación de ambos segmentos laborales, con estatus y demandas diferenciados, permeó en las trayectorias de los sindicatos de ingenio y enfrentó a sus dirigencias a la compleja tarea de contener al heterogéneo colectivo obrero bajo una única institución representativa (Gutiérrez, 2013).

El movimiento de agremiación bajo aliento estatal también incluyó a los empleados, que crearon en 1945 la filial local de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), entidad provincial fundada ese mismo año. El proceso de organización diferenciado ratificó el disímil posicionamiento de empleados y obreros en la estructura laboral azucarera, lo cual tenía implicancias no solo en la conflictiva relación entre ambos actores, sino también en sus formas de interacción con la patronal y en el lugar que ocupaban en la escala social local. Al influjo del naciente movimiento peronista, también se organizaron los cañeros, plantadores independientes que tenían una larga presencia en la zona y protagonizaron, desde comienzos de siglo, luchas sociales para defender intereses sectoriales. Estas prácticas denotaban una larga tradición asociativa que se reformuló en 1945 con la formación de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), representante de los pequeños y medianos propietarios (Gutiérrez, 2013).

Las transformaciones introducidas durante el primer peronismo abarcaron también al ámbito cultural y estudiantil –actor relegado en una localidad que carecía de instituciones de enseñanza media y superior–, al fundarse el Ateneo Estudiantil de Bella Vista (1952) y el Centro Cultural José Manuel Estrada (1953). En el campo de la sociabilidad católica, la creación de la parroquia de San José Obrero, en 1945, con la consecuente radicación del cura párroco, dinamizó las tramas asociativas de la feligresía de Bella Vista y zonas aledañas. Finalmente, el estatus administrativo de la comunidad bellavisteña y la forma de gobierno local se modificaron al reemplazarse la histórica figura de la Comisión de Higiene y Fomento por la de Comuna Rural, en el marco de una reorganización administrativa emprendida en 1950 (Salazar y Valeros, 2012; Vidal Sanz, 2017).

Desfile conmemorativo de la independencia argentina realizado en Bella Vista el 9 de julio de 1946. La imagen permite apreciar un sector de la villa cívica (de fondo). Fuente: Revista La Fundación, N° 1.

En el terreno político, el peronismo reformuló las lealtades locales al cuestionar la urdimbre tejida por la patronal y dar cauce a formas renovadas de representación a través de las sucesivas organizaciones partidarias creadas desde finales de 1945. El repliegue público del propietario del ingenio y su alejamiento de las filas radicales fue sintomático de un nuevo clima de época, en el que las prácticas políticas locales ganaron en autonomía frente a la patronal. Su expresión más nítida fueron los resultados electorales, terreno en el que el peronismo arrasó, confinando al radicalismo a un lugar marginal. Bajo el amplio paraguas del peronismo, convergieron los liderazgos sindicales con figuras emanadas del funcionariado cívico y el influyente sector comercial local. Aunque el notable peso cuantitativo y simbólico otorgaba a las dirigencias obreras credenciales suficientes para reclamar la conducción del emergente movimiento político, a tono con una tendencia cara al gremialismo azucarero tucumano, esta pretensión no fue avalada por las autoridades provinciales y nacionales del peronismo, que encapsularon la influencia sindical (Rubinstein, 2006). Sobre ese telón de fondo, la construcción del peronismo bellavisteño se fraguó bajo un grado inusitado de conflictividad si se lo compara con el período de entreguerras, signado por la hegemonía radical y la preeminencia de las redes de interacción lideradas por García Fernández.

Las fronteras entre el ingenio y la villa permearon el proceso de conformación del peronismo en la localidad. La puja por la conducción del movimiento fue protagonizada por Felipe B. Sosa –secretario general del sindicato obrero– y Fernando Riera –joven representante del funcionariado local, ungido durante el gobierno de facto–.^[9] La popularidad de Sosa entre los trabajadores, sobre todo el contingente de obreros de surco, no tuvo un correlato en las organizaciones partidarias del peronismo en la localidad, dominadas por Riera. Este, a su vez, tendió lazos con un sector de los trabajadores opositores al liderazgo de Sosa.^[10] Las elecciones de 1946 generaron una encarnizada disputa por ocupar las listas legislativas departamentales del Partido Laborista. Riera, apoyado por las autoridades del Partido Laborista en la provincia, obtuvo el primer lugar y fue ungido diputado provincial, mientras que Sosa se candidateó por una fracción disidente, sin alcanzar representación.

Lejos de clausurarse en ese episodio, las disputas por el control de las filas locales del peronismo se reeditaron a lo largo del bienio 1946-1947. Durante una medida de fuerza decretada en abril de 1947, los afiliados del sindicato “coaccionaron en forma amenazante a los comerciantes de la villa para que cerraran sus negocios” en adhesión al paro, incidentes que cesaron con la intervención de la fuerza pública.^[11] Las tensiones se agudizaron al rechazar Riera un proyecto de creación de una cooperativa de consumo para obreros impulsado por el sindicato, lo cual llevó a Sosa a acusar al diputado de “proteger a los comerciantes turcos de la localidad” en razón de que su padre era “dueño de un negocio en la villa”. Para moderar la virulencia de la acusación, cuyas connotaciones étnicas lindaban con un tono xenófobo, Sosa aclaró que “no era enemigo de los comerciantes extranjeros de la villa”, pero sí de “las actitudes inescrupulosas” que estos cometían.^[12] A pesar de este matiz, desde la perspectiva del secretario del sindicato, la representación territorial del ingenio se solapaba con la representación del colectivo obrero, atribuyendo a Riera la defensa de intereses particulares de su familia y del sector comercial con arraigo en la villa. En efecto, la acusación del secretario era sintomática de las tensiones constitutivas del peronismo en la localidad y se nutría de la histórica frontera simbólica entre la villa y el ingenio.^[13] En su defensa, Riera desmintió las acusaciones y atribuyó a Sosa la voluntad de engañar “a las gentes sencillas de las colonias”, en referencia a los trabajadores de surco, que en las manifestaciones insultaron a los vecinos y apedrearon comercios “sembrando el terror entre los tranquilos habitantes de la villa”.^[14]

En alianza con las dirigencias sindicales opositoras a Sosa, Riera socavó su liderazgo a través de diferentes mecanismos que incluyeron desde denuncias de malversación de fondos hasta la creación de un sindicato paralelo. Tras denunciar un boicot de Riera, Sosa renunció a la presidencia del sindicato en agosto de 1947.^[15] En ese contexto conflictivo, las elecciones internas del Partido Peronista (septiembre de 1947), ofrecieron al expresidente del gremio una nueva oportunidad para disputar el liderazgo de Riera. Apuntalado desde la conducción partidaria a nivel provincial y nacional, el diputado triunfó ampliamente en la contienda, confinando a Sosa a un lugar marginal de las filas del movimiento a nivel local. Por entonces, la figura de Riera estaba en franco crecimiento, proceso que reconoció un hito clave en su unción como gobernador (1950-1952) y su proyección a las esferas nacionales del movimiento (Lichtmajer, 2017).

La centralidad del sindicato obrero en las tramas locales, en el marco de las transformaciones acaecidas durante la década peronista, alternó episodios de conflictividad con instancias de articulación y construcción de solidaridades. Las relaciones entre los sindicatos de obreros y empleados del ingenio son reveladoras de este juego de tensiones y alianzas. La lógica de agremiación diferenciada y el disímil posicionamiento de ambos actores en la estructura laboral desalentaron las acciones conjuntas, que se observaron excepcionalmente, en coyunturas donde las demandas superaban la singularidad de sus planteos sectoriales. Observados de manera aislada y esporádica, estos episodios reconocieron en la gran huelga azucarera de octubre-noviembre de 1949 un grado de articulación inédito.

En el marco de la gran huelga azucarera, la designación de una Comisión Intergremial con representación de empleados y trabajadores tuvo un carácter disruptivo al poner en escena, por primera vez desde su creación, una confluencia de las organizaciones representativas de ambos sectores laborales.^[16] A nivel provincial, los cargos de presidente y vicepresidente de la comisión quedaron en manos de dirigentes bellavisteños: en el primero fue designado Felipe Sosa, en representación de la Comisión Directiva de FOTIA, y en el segundo, Máximo Vergara, presidente de FEIA y empleado del ingenio Bella Vista.^[17] Con el fin de apuntalar las medidas de fuerza y coordinar las acciones en cada establecimiento, se constituyeron filiales de la Comisión Intergremial por ingenio, respetando las cuotas de representación de empleados y trabajadores fijada por la entidad central.^[18] Durante los sesenta días que duró la medida de fuerza, las protestas localizadas arreciaron en Bella Vista, erigido en uno de los principales núcleos de activismo y adhesión a la huelga.^[19]

El desgaste de la medida de fuerza, sin embargo, socavó las solidaridades al interior del colectivo de empleados y obreros. En Bella Vista, los primeros retornaron al trabajo a fines de noviembre, en desobediencia al mandato de la conducción provincial de FEIA. La huelga fue levantada luego de decretarse un importante aumento salarial y la intervención y el retiro de la personería jurídica de FOTIA y FEIA, medidas que fueron acompañadas por las acusaciones de Perón contra un conjunto de dirigentes de los trabajadores y empleados, señalados con nombre y apellido en un discurso radial emitido en todo el país.^[20] Los grupos de obreros leales al sindicato mantuvieron en Bella Vista un estado de movilización y protesta que se plasmó en acciones de resistencia contra la decisión del gobierno nacional. Tras conocerse la intervención a FOTIA y a sus filiales, se organizó una manifestación de 1.500 obreros de surco procedentes de las colonias agrícolas, a los que se sumaron algunos trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Dicho contingente intentó dirigirse hacia San Miguel de Tucumán, lo cual fue sofocado por la acción policial.^[21] Más allá de su abrupto final, la huelga de 1949 tuvo la singularidad de expresar un grado de articulación inédito y la acción conjunta de las entidades de trabajadores y empleados.

En un contexto signado por la expansión de las tramas asociativas, la huelga no concitó el apoyo de otros actores (comerciantes, sociabilidad católica, cañeros). Las autoridades locales del partido, identificadas con el liderazgo de Riera y afines a la línea del gobierno provincial, tampoco se pronunciaron públicamente, lo cual podría interpretarse como una falta de compromiso con la trascendental medida de fuerza. En ese marco, el desenlace de la huelga favoreció a las dirigencias identificadas con el Poder Ejecutivo. Los dirigentes sindicales designados por la intervención minimizaron la matriz contestataria que se observó durante los años previos y, de ese modo, partido y sindicato tendieron a actuar en conjunto, desdibujándose la conflictividad que caracterizó a la etapa inicial del peronismo en el poder.^[22]

Sin desmedro de los ciclos de conflicto que jalonaron la trayectoria del peronismo en Bella Vista, la década 1945-1955 puede interpretarse globalmente como una etapa de revitalización de las dinámicas locales en la que los pobladores de la villa y del ingenio, identificados mayoritariamente con el oficialismo, participaron en la vida comunitaria a través de distintas entidades políticas, gremiales, culturales, agrarias y juveniles.

En tal sentido, las transformaciones en las tramas asociativas bellavisteñas se enmarcaron en la conceptualización de Omar Acha, quien atribuyó al movimiento fundado en 1945 la conformación de una “sociedad política” compuesta por un amplio abanico de individuos y organizaciones que mediaron entre la sociedad civil y las instituciones estatales, sobre la cual descansó la capacidad de movilización peronista (Acha, 2004). La hipótesis que atribuyó al peronismo un rol aglutinante en la comunidad bellavisteña forma parte del imaginario local. En palabras de Manuel Valeros, abogado y dirigente comunitario de larga trayectoria en la localidad, el peronismo “sirvió para cohesionar a la población, fortaleciendo su espíritu comunitario”.^[23] En relación con la patronal, “salvo algunos episodios aislados”, referencia que probablemente aluda a la huelga de 1949 o los conflictos internos del peronismo, dicho actor contribuyó a una “convivencia pacífica” que no afectó esencialmente el “espíritu comunitario de la población” (Salazar y Valeros, 2012: 154). En efecto, aunque el peronismo desafió algunas de las formas de deferencia social promovidas por la patronal, incluso durante los picos de tensión (expresados en las huelgas y en otro tipo de medidas) no se quebró la relación con la familia propietaria y se mantuvieron los lazos comunitarios fraguados durante esos años, legado que tuvo fuertes implicancias en la trayectoria posterior.^[24] En la localidad bellavisteña la “sociedad política” peronista reconoció en las dirigencias sindicales y partidarias dos engranajes clave de una dinámica más amplia que incorporó a múltiples actores identificados con el movimiento político que irrumpió en escena a mediados de los cuarenta.

Recambio generacional, nuevos liderazgos y formas de articulación (1955-1964)

La etapa abierta con el golpe de Estado de 1955 tuvo implicancias múltiples en el espacio bellavisteño. En el terreno gremial, la intervención a las filiales de FOTIA (comienzos de 1956) condujo a la designación del trabajador calificado Salvador Oviedo al mando del Sindicato Obrero de Bella Vista. Aunque formó parte del grupo fundador del gremio en 1944, diferentes testimonios coinciden en señalar a Oviedo como un dirigente ajeno al peronismo e identificado con la UCR, organización a la que no perteneció formalmente (su hijo, Dante Oviedo, fue un importante dirigente radical de la localidad en las décadas de 1950-1960). Asimismo, se atribuye a Oviedo una actitud contemporizadora con el gremialismo peronista desplazado por la “Revolución Libertadora”, al no expresarse en Bella Vista los episodios de violencia, hostigamiento y persecución que se observaron en otros espacios.^[25] Se trata, en ambos casos, de datos relevantes para dimensionar las consecuencias del cambio de régimen en el espacio bellavisteño. La conducción de un dirigente ajeno al peronismo iba a contrapelo de un rasgo constitutivo del gremio local. Aunque moderada por la actitud contemporizadora de Oviedo, la percepción de que el golpe de Estado implicó un retroceso y una derrota para la dirigencia peronista surcó a la dirigencia local durante la intervención del sindicato.^[26]

En una dirección semejante, puede interpretarse el derrotero de Fernando Riera, líder del Partido Peronista de Bella Vista. El exgobernador fue detenido en diciembre de 1955 a instancias de la Comisión Provincial de Investigaciones y trasladado al penal de Caseros, donde permaneció hasta 1957. La pérdida del control del sindicato y el encarcelamiento del principal exponente del peronismo “político” en Bella Vista fueron sintomáticos del cambio de rumbo que supuso la “Revolución Libertadora” en la escena local.

Con el transcurso de los meses, sin embargo, la situación comenzó a revertirse y el peronismo recuperó parte del terreno perdido. En julio de 1957, el proceso de normalización de FOTIA por parte de las autoridades de facto, que habilitaron el llamado a elección de autoridades mediante el voto de los afiliados, permitió al peronismo recuperar el control del sindicato bellavisteño. La lista triunfante, que se enfrentó a la impulsada por Oviedo, fue encabezada por dos dirigentes gremiales desplazados por la intervención de 1949: el secretario general, Francisco Perdiguero, y el delegado ante FOTIA, Rolando González.^[27] Esto abona a las hipótesis que interpretaron la prohibición de las dirigencias peronistas, en el marco de la “Revolución Libertadora”, como punto de partida para el retorno de los núcleos expulsados luego de la gran huelga azucarera de 1949 (Centurión, 2003; Díaz Cisneros, 2018).

Reelegido en dos oportunidades por el voto de los afiliados, Perdiguero se mantuvo al frente del sindicato hasta 1963. A tono con su trayectoria personal, su liderazgo del sindicato recuperó algunos rasgos del derrotero sindical previo a la intervención de 1949. Al igual que Sosa, Perdiguero tuvo su principal apoyatura entre los trabajadores de surco, colectivo cuyas demandas fueron priorizadas, y expresó su adhesión a la conducción en diferentes oportunidades.^[28] La entidad ensayó, asimismo, sucesivas instancias de articulación con los empleados del ingenio. En las medidas de fuerza adoptadas bajo la conducción de Perdiguero, se sintetizaron conflictos localizados y acciones a nivel provincial, en el marco del sostenido deterioro de la actividad agroindustrial que se observó desde mediados de la década de 1950. Entre 1958 y 1959, las organizaciones gremiales de trabajadores y empleados reclamaron conjuntamente a la patronal por los servicios médicos prestados por el ingenio, insuficientes para satisfacer las crecientes demandas del colectivo laboral.^[29] Estos acercamientos fructificaron en la gran huelga que trabajadores y empleados de toda la provincia llevaron a cabo contra la política azucarera del gobierno frondizista entre julio-agosto de 1959 (Romano, 2009).

La medida de fuerza, inédita en su capacidad articuladora, alineó a FOTIA y FEIA en un frente común a nivel provincial, posición replicada por los sindicatos bellavisteños. En ese sentido, si la alianza entre ambas organizaciones gremiales reeditaba uno de los rasgos dominantes de la protesta concretada diez años antes, los apoyos de una multiplicidad de actores locales otorgaron a esta medida de fuerza un componente distintivo, al involucrar a la comunidad en su conjunto y revelar un grado novedoso de articulación. De acuerdo a las crónicas locales de la huelga, las actividades comerciales y bancarias se “paralizaron por completo” en adhesión “a las reclamaciones de los obreros azucareros”, se cancelaron los servicios de transporte de pasajeros que conectaban a la localidad con San Miguel de Tucumán y se suspendió la atención en las oficinas de la administración pública (Comuna Rural, Juzgado de Paz). La huelga abarcó también a las escuelas de jurisdicción provincial y nacional, que suspendieron sus actividades.^[30]

Paralelamente a las acciones de protesta y expresión de demandas sectoriales, las organizaciones de trabajadores y empleados confluyeron en esta etapa con un conjunto de actores locales movilizados en torno a demandas comunitarias de largo aliento, tales como la creación de un colegio secundario, la fundación de un hospital público bajo control estatal y la elevación de Bella Vista al rango municipal.^[31] En ese marco cobró relieve el asociacionismo católico liderado por el cura Francisco Albornoz, al mando de la parroquia de Bella Vista desde 1958. A la par que promovió nuevas vías de participación de la feligresía bellavisteña, plasmadas en la inauguración de una filial de la Juventud Obrera Católica (JOC), Albornoz desplegó un sólido activismo en el terreno cultural y educativo.^[32] El cura encabezó las gestiones para la inauguración del primer establecimiento de enseñanza secundaria de Bella Vista, creado bajo administración parroquial en 1961. Esta iniciativa contó con el apoyo de un amplio conjunto de “instituciones sociales, culturales, deportivas, religiosas y vecinos”, incluido el sindicato de empleados del ingenio, que formaron una Comisión Pro Colegio Parroquial con el fin de gestionar la apertura del establecimiento.^[33] Cabe señalar, no obstante, que el sindicato obrero no formó parte de la comisión ni expresó públicamente su adhesión a la iniciativa. La presencia del diputado de la Unión Cívica Intransigente (UCRI) Manuel Valeros en la Comisión Pro Colegio ofreció un canal de intermediación clave con los poderes provinciales, en cuanto la iniciativa requería del apoyo estatal a través de subsidios y habilitaciones. La interlocución con los poderes públicos, liderada por Valeros y otros referentes de los partidos con asiento en la localidad, también permitió la concreción del hospital público (1961) y, sobre todo, la ley de municipalización (1966), corolario de gestiones desarrolladas desde finales de los años cincuenta (presentación de proyectos de ley, reuniones con representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), campañas locales de concientización). A diferencia de las gestiones en torno al colegio, la creación del hospital y la municipalización fueron apoyadas por el sindicato obrero.^[34]

El protagonismo de las dirigencias partidarias locales, encabezadas por Valeros, constituyó otra faceta clave del dinamismo político de esta etapa. El diputado ucrista era uno de los principales emergentes de una escena política reformulada tras el golpe de Estado de 1955, en razón de la proscripción peronista, la división del radicalismo y una mayor competencia interpartidaria. En el seno de la UCR, los núcleos intransigentes fueron liderados por una camada de dirigentes jóvenes que desplazaron a los referentes forjados durante la etapa de García Fernández. Tras las elecciones de convencionales constituyentes de julio de 1957, que ratificaron la hegemonía peronista a través del voto en blanco, la UCRI bellavisteña promovió una audaz estrategia de incorporación de sectores del movimiento derrocado, enmarcada en el ensayo “integracionista” del radicalismo a nivel provincial y nacional. Las incorporaciones más resonantes de la UCRI local fueron el exsecretario general del sindicato, Felipe B. Sosa, y el exministro de gobierno durante la gestión Riera, Ramón Bustos, junto a otros dirigentes peronistas de la villa y el ingenio (Lichtmajer, 2014).

Ante un mapa electoral fragmentado, la UCRI bellavisteña sacó ventaja en las elecciones de 1958 y capitalizó el ascenso del líder del partido a nivel provincial, Celestino Gelsi, a la gobernación. En los comicios de 1960, en consonancia con el debilitamiento de la estrategia integracionista y el retroceso de la UCRI a nivel provincial, el partido cedió terreno en Bella Vista. Se ubicó en el tercer lugar, por detrás del voto en blanco y los apoyos cosechados por el partido Defensa Provincial Bandera Blanca.^[35] Esta organización se sustentaba electoralmente en la villa cívica y era liderada por un prestigioso miembro de la comunidad árabe local, Eduardo Yubrin.^[36] La UCRI se recuperó durante el bienio final de Gelsi en el poder (1960-1962), lo cual permitió a sus dirigencias sobrevivir a la debacle frondizista y mantener un lugar influyente en la escena partidaria local, por detrás del peronismo.

Principal animador de la escena local, el movimiento derrocado en 1955 atravesó los ciclos de proscripción y participación limitada que pautaron la vida política hasta 1966 (Lichtmajer, 2020b). El control del sindicato otorgó al peronismo bellavisteño una apoyatura clave en razón del lugar estratégico del gremio en la vida política local y de su creciente influencia dentro del movimiento derrocado, a tono con el proceso observado en escala provincial y nacional. La centralidad del sindicalismo contrastaba con la intermitencia de las filas partidarias, cuyo accidentado derrotero se movió al ritmo de los ciclos de apertura y clausura definidos por los gobiernos civiles y militares desarrollados entre 1955 y 1966. A pesar de las dificultades de la dirigencia partidaria por sostener una participación constante y de la creciente influencia del sindicalismo dentro del movimiento, la construcción de liderazgos locales precisó combinar los apoyos de ambas ramas del movimiento, en sintonía con lo observado entre 1945-1955.

La primera organización partidaria “oficial” del peronismo tras el golpe, el Partido Justicialista (1958-1959), fue liderado en Bella Vista por un exdirigente sindical de filiación rierista, que había ocupado el cargo de delegado comunal hasta 1955.^[37] Tras el impasse de 1960, signado por el voto en blanco, en las trascendentales elecciones de marzo de 1962 el peronismo se dividió en los partidos Blanco y Laborista. En sintonía con los liderazgos sindicales bellavisteños previos a 1949, Perdiguero se opuso a las dirigencias “oficiales” referenciadas en Riera. El exgobernador era por entonces una figura de alcance nacional y uno de los principales interlocutores con Perón en el exilio.

A pesar de no ocupar cargos formales en las organizaciones políticas del peronismo durante el frondizismo, Riera mantuvo un lugar influyente en las esferas de decisión a nivel provincial y expresó las posiciones mayoritarias del movimiento en Tucumán. En 1960 promovió el voto el blanco, a tono con la directiva de Perón desde el exilio. Dos años más tarde, su candidatura a gobernador fue apoyada por el expresidente, por los organismos de conducción del peronismo a nivel nacional (Consejo Coordinador y Supervisor, 62 Organizaciones) y por las organizaciones sindicales provinciales. En ese marco obtuvo los electores necesarios para ser reelecto gobernador, aunque la anulación de los comicios decretada por el PEN clausuró esa posibilidad. La popularidad del exgobernador en Bella Vista se visibilizó tanto en el “caluroso recibimiento” del que fue objeto, al visitar la localidad durante la campaña electoral, como en las fuertes adhesiones cosechadas por el Partido Laborista en los comicios.^[38] En las antípodas de Riera, la performance electoral del Partido Blanco debilitó la posición de Perdiguero en las filas peronistas locales.^[39] La derrota de Perdiguero marcaba, al igual que lo sucedido con sus antecesores entre 1946-1949, los límites con los que se topó el gremialismo bellavisteño a la hora de rubricar un pasaje de la arena sindical hacia el terreno político y las dificultades para construir liderazgos disidentes de las conducciones partidarias locales.

Sobre ese telón de fondo, las elecciones del sindicato (mayo de 1963) enfrentaron al secretario general Perdiguero con Atilio Santillán, figura ascendente en el mapa político-sindical de Bella Vista. Se trataba de un joven trabajador del ingenio que se inició tempranamente en la militancia vecinal, a través de las organizaciones del ámbito deportivo, estudiantil y cultural.^[40] Esta faceta, desplegada desde mediados de los años cincuenta, se combinó con una activa participación en las 62 Organizaciones y las filas partidarias del peronismo. En las elecciones sindicales de abril de 1961, con 25 años de edad, Santillán presentó una lista opositora a la conducción de Perdiguero, que finalmente obtuvo el segundo lugar.^[41] A contrapelo del secretario general del sindicato, Santillán construyó una relación fluida con el rierismo y las organizaciones partidarias del peronismo bellavisteño. En las elecciones de marzo de 1962, Santillán fue electo convencional constituyente del Partido Laborista por el departamento Famaillá, aunque la anulación de los comicios le privó el acceso a dicho cargo. A fines de ese año, Santillán fue ungido secretario general de la filial bellavisteña del Partido Justicialista, reorganizado tras la proscripción frondizista.^[42] El flamante líder partidario expresó su lealtad a los “mandos naturales” del peronismo, encarnados en Tucumán por el bellavisteño Amado Juri, cuñado de Riera y perteneciente a su círculo político. Ratificó, de ese modo, su capacidad de recrear un modelo de dirigente que, sin perder el eje de actuación en el mundo gremial, construyó una relación armónica con las conducciones político-partidarias del peronismo local, a contrapelo de Perdiguero, histórico contendiente del rierismo.^[43]

Santillán condensó, asimismo, una sólida formación político-sindical con un carisma y una oratoria elaborada y punzante que lo destacaron entre sus pares y contrastaron con el secretario saliente. De acuerdo a Rolando González, lugarteniente de Perdiguero, este era un dirigente

campechano […] de línea recta, que ha peleado bien en defensa de los trabajadores, y que no aflojaba cuando era necesario no aflojar […] muy querido, muy respetado en el gremio […] pero […] no ha sido un hombre de muchas luces.^[44]

Apuntalado sobre esas bases múltiples, Santillán venció en mayo de 1963 al secretario en funciones.^[45] En el crecimiento de las adhesiones, que pasaron de 387 a 893 en un lapso de dos años, influyeron los apoyos que obtuvo entre los trabajadores de surco, cuyo notable peso cuantitativo lo erigía en un actor clave en la dinámica electoral. La mudanza de lealtades hacia Santillán en los surcos fue trascendental para la derrota de Perdiguero, como lo reconocía años más tarde el propio González.^[46] El control de la poderosa filial bellavisteña permitió a Santillán ocupar un rol protagónico en FOTIA. En un contexto de fuertes disputas intestinas, a tono con las divergencias que surcaban al sindicalismo peronista a lo largo del país, se alineó con las posiciones más confrontativas dentro de la Federación. Fue un activo promotor de las medidas de fuerza adoptadas por FOTIA en julio de 1963, en el contexto de los comicios nacionales y provinciales en los que se proscribió al peronismo, así como de las huelgas enmarcadas en el plan de lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT) (1963-1964). En las elecciones sindicales de noviembre de 1964, Santillán fue reelecto al mando del sindicato bellavisteño, lo que revalidó su liderazgo entre los trabajadores de fábrica y surco.^[47]

La diversidad de esferas de acción y pertenencias sintetizadas en la trayectoria de Santillán son fecundas para recuperar la mirada de Simona Cerutti sobre el carácter relacional, contextual y móvil del proceso de construcción de categorías de análisis sociales. La perspectiva de Cerutti rehúye las definiciones rígidas (por tipos representativos de “órdenes sociales” –en las sociedades de antiguo régimen– o por categorías socioprofesionales). En su lugar, propone una mirada contextual y dinámica, que pondera su carácter múltiple en función de las diferentes coyunturas y esferas de acción desplegadas, sucesiva y alternativamente, en el territorio (Cerutti, 1995).^[48] Esta perspectiva puede iluminar la trayectoria de Santillán, donde confluyen adscripciones múltiples (vecino, trabajador del ingenio, dirigente estudiantil, deportivo, cultural, sindical y partidario, etc.). Discernible con cierta claridad en su caso, en razón de una trayectoria de renombre y una proyección a escala provincial y nacional, esta lógica no fue ajena a los demás individuos aquí recuperados (Riera, Sosa, Valeros, Albornoz, Mercado, entre otros), cuyos derroteros se construyeron sobre la base de pertenencias móviles y dinámicas en razón de las coyunturas y las tramas en las que se referenciaron.

La Comisión Intersindical frente a la crisis del ingenio. Acciones defensivas locales, tensiones provinciales (1965)

La profunda crisis de la industria azucarera tucumana desarrollada entre 1964-1965 afectó severamente al ingenio Bella Vista (Bravo, 2017). El establecimiento enfrentaba un proceso de descapitalización que le impidió afrontar la zafra y cumplir las obligaciones con los actores productivos: debía dos meses de salario, aguinaldo y vacaciones a obreros y empleados, además de mantener importantes deudas con los cañeros. Como respuesta a esta situación, en enero de 1965, una asamblea de empleados y trabajadores definió la toma de la fábrica y el desalojo de los propietarios en reclamo por el pago de haberes. En un contexto de fuertes confrontaciones entre el colectivo obrero y la patronal, las articulaciones entre ambos segmentos laborales se reflotaron al formalizarse, al igual que en 1949 y 1961, una Comisión Intersindical liderada por las autoridades de los gremios de empleados y trabajadores. A diferencia de las experiencias anteriores, sin embargo, la Intersindical de 1965 tuvo un carácter sostenido en el tiempo y se extendió hasta 1968, cuando fue reemplazada por la Comisión Pro-Defensa.

La grave situación del ingenio alentó las articulaciones de la Intersindical con los actores comunitarios que adhirieron a la protesta. Los comerciantes amplificaron la práctica instaurada en 1959, al combinar el cese de actividades con la donación de mercadería a los ocupantes de la fábrica, contribuyendo al sostenimiento de la protesta.^[49] Las dirigencias locales de la UCRI y la Juventud Peronista también adhirieron a la toma.^[50] En el nivel provincial, las solidaridades con la protesta abarcaron a las representaciones legislativas de la UCRI y el Partido Demócrata Cristiano, opositoras a la gestión, que elevaron los reclamos de pronta resolución al gobernador Lázaro Barbieri (UCR del Pueblo) y al presidente Arturo Illia. Los apoyos del ámbito sindical, por su parte, emanaron de la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y de FOTIA, que propuso la incautación del ingenio y la formación de un directorio constituido por obreros, empleados y cañeros con participación del Estado.^[51]

El compromiso del asociacionismo católico con la protesta se manifestó a través de diferentes acciones. La filial local de la JOC señaló que la adopción de “medios que no son precisamente apropiados”, en referencia a la toma del ingenio, se justificaba en razón de la insensibilidad empresaria y el “derecho natural” de los trabajadores a reclamar “lo necesario para la vida propia y la de su familia”, posición inspirada en los mensajes del papa Pío xii y la encíclica Mater et Magistra de Juan xxiii.^[52] En el marco de la toma del ingenio, el cura Albornoz ofició una misa en la que rogó por la pronta solución del problema salarial. Del oficio “participó casi la totalidad de la población” y culminó con una procesión presidida por la imagen de San José, santo patrono de Bella Vista.^[53]

Apuntalada por el multitudinario apoyo a la medida de fuerza, la Comisión anunció la “segunda etapa del plan de lucha”, que consistía en una “gran movilización de las fuerzas vivas”. De esa forma, procuraba ensanchar las bases de apoyo a la protesta y plasmarla en nuevas acciones masivas. En tren de expresar su descontento, la Intersindical recibió en custodia las libertas de enrolamiento de los trabajadores, los empleados y sus familias para que determinaran si iban a ser “quemadas en plaza pública como señal de protesta”, acción que suponía una abierta impugnación al sistema de representación política.^[54]

La amplia construcción de solidaridades no implicó, sin embargo, la ausencia de tensiones y conflictos con otros actores afectados por la crisis. A poco de iniciarse la toma, la Intersindical repelió a un grupo de productores cañeros que, patrocinados por UCIT, intentaron ingresar al establecimiento para reclamar por el pago de materia prima, aunque no objetó que los productores realizaran la protesta en los portones del ingenio.^[55] Al definir los contornos de la medida de fuerza, excluyendo a las reivindicaciones cañeras, la Intersindical buscaba priorizar el reclamo salarial y diferenciarse de un actor cuyo rol en la estructura productiva había generado históricas tensiones con los trabajadores, en particular con los obreros de las fincas cañeras (Bravo, 2017). En el terreno partidario, la adhesión a la medida manifestada por la Juventud Comunista provincial también fue objeto del rechazo de la Intersindical.^[56] Asimismo, la entidad “repudió enérgicamente” las comunicaciones de solidaridad de la Delegación Regional de la CGT y de la conducción de FEIA por considerarlas tardías (se emitieron a las tres semanas del conflicto). En estas tensiones pesaban menos la puja de intereses sectoriales (cañeros) o las diferencias político-ideológicas (Juventud Comunista) que las disputas al interior de los órganos de representación de empleados y trabajadores. En el primer caso, la filial bellavisteña era opositora a la conducción de la Federación, conflicto que derivó en su desafiliación de la organización provincial.^[57] La Delegación Regional de la CGT, por su parte, era conducida por el dirigente panadero Andrés Addur, de filiación vandorista, y mantenía un público enfrentamiento con FOTIA. Esta disputa incidió en el ambiguo respaldo a la medida de fuerza de los trabajadores bellavisteños, situación que fue denunciada por el sindicato local y contribuyó a las presiones de FOTIA para desplazar a Addur, en febrero de 1965, y su reemplazo por un representante de la Federación.^[58]

Como lo revelaba la amplia trama de solidaridades articuladas en torno a la protesta, el problema del ingenio trascendía la órbita laboral para proyectarse a la comunidad en su conjunto e involucrar a diversos actores del medio provincial. La medida de fuerza se mantuvo hasta fines de febrero, al anunciarse el pago parcial de las deudas salariales y el comienzo de la zafra, a través de un préstamo del Banco Nación que el gobernador Barbieri gestionó ante el PEN. Días antes del anuncio, FOTIA había amenazado con la “ocupación de las fábricas de la provincia” si no se atendían las reivindicaciones de la Intersindical.^[59]

Los posicionamientos de los actores políticos, sindicales y gubernamentales frente a la protesta bellavisteña se enmarcaban, asimismo, en un contexto provincial signado por los comicios legislativos (provinciales y nacionales) y las elecciones de autoridades de FOTIA, programados para marzo de 1965. En la contienda legislativa, se impuso Acción Provinciana, partido que reunió a los sectores dominantes del peronismo provincial, incluida una importante representación de FOTIA y las dirigencias políticas referenciadas en Riera y Juri (candidato a diputado nacional en primer término y presidente del partido, respectivamente).^[60] En Bella Vista se reeditó la correlación de fuerzas favorable al peronismo y la UCRI ocupó el segundo lugar.^[61] El aceptable desempeño electoral del radicalismo, en contraste con su repliegue a nivel provincial, ratificó la centralidad de las dirigencias locales de la UCRI y habilitó la reelección de Valeros.^[62] Conjuntamente a los casos mencionados, la presencia de la dirigencia bellavisteña en las listas legislativas fue múltiple y diversa.^[63] Por su parte, en las elecciones de FOTIA, el cargo de secretario general recayó en Atilio Santillán, que se convirtió en el dirigente más joven en ocupar ese cargo en la historia de la Federación. Su encumbramiento se concretaba tras liderar la filial bellavisteña por un bienio, gestión que culminó con la protesta de la Intersindical. Paralelamente a su acción en el campo gremial, en el terreno político-partidario Santillán mantuvo una sólida adhesión al peronismo “oficial” y fue un activo protagonista de la campaña electoral de Acción Provinciana, a la par de Riera y Romano. En efecto, las transformaciones en la representación política y gremial revelaban la fortaleza de las redes locales y su capacidad para proyectarse al ámbito provincial.

Mientras tanto, hacia finales de 1965, la situación de la fábrica se descalabraba. La incertidumbre respecto al futuro del establecimiento reeditó las tramas de articulación locales y generó nuevos episodios de protesta, cuya virulencia y radicalidad fueron en ascenso. Al anunciarse el cambio de titularidad del establecimiento, en noviembre de 1965 los “comerciantes mayoristas y minoristas” de la localidad convocaron a una asamblea de “vecinos, obreros y empleados del ingenio y dirigentes gremiales” que resolvió constituir una comisión especial para recabar información sobre la situación del ingenio. El control de la comisión por parte de la UCRI, de cuyo seno procedían los tres miembros, le otorgaba un sesgo partidario definido y revelaba una acción en paralelo a las poderosas tramas locales del peronismo, situación refrendada por la ausencia de las autoridades del sindicato obrero (Bravo y Lichtmajer, 2019).^[64] Paralelamente, la Intersindical resolvió tomar de rehén al nuevo administrador, el coronel Eduardo Escudé, hasta que la empresa no solucionase “los problemas de pago”.^[65]

En ese marco se produjo el asesinato del dirigente obrero Camilo González, miembro de la Comisión Directiva del sindicato, cuando trataba de calmar a un grupo de zafreros de origen santiagueño que reclamaban sus haberes. La muerte de González exacerbó el clima social a lo largo de la provincia. El féretro fue trasladado a la casa de gobierno de San Miguel de Tucumán, centro del poder político provincial, y exhibido en la explanada como señal de indignación generalizada. Santillán, en nombre de FOTIA, atribuyó el hecho a “la explotación oligárquica de la clase trabajadora” y a “la inutilidad de un gobierno” que no sabía “solucionar los problemas sociales”.^[66] Para mitigar el clima social, la legislatura votó la ley de expropiación, incautación y ocupación de ingenios.^[67] Acto seguido, y con el establecimiento bellavisteño bajo control de la Intersindical, el PE anunció su expropiación. Se trataba de una medida audaz, aunque emanada de un gobierno provincial cuya debilidad constitutiva, visible desde su acceso al poder en 1963, se fue acentuando a medida que transcurrieron los meses. Hacia fines de 1965, cuando se definió la expropiación, el gobierno de Barbieri se encontraba en franco proceso de disgregación, con múltiples frentes de conflicto abiertos y una imposibilidad por enderezar el rumbo político de la provincia (Lichtmajer, 2017).^[68]

Se abrió en ese marco una disputa legal por el control del ingenio que involucró a la Comisión, la cual resolvió no entregarlo hasta tanto los nuevos propietarios exhibieran documentación que acreditara la compra. Con este acto los trabajadores tomaban “posesión” de la empresa, desconociendo legitimidad a los nuevos dueños. Las resistencias en su contra se acentuaron con el transcurso de los meses, al incumplirse las promesas realizadas a los trabajadores y evidenciarse severas irregularidades en el manejo de la empresa.

El cierre del ingenio y las formas del “comisionismo defensivo” (1966-1968)

El forcejeo por el control del ingenio se interrumpió abruptamente en agosto de 1966, cuando la dictadura militar liderada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de 7 ingenios azucareros de Tucumán, entre ellos el Bella Vista, con el objetivo de cerrarlos o desmantelarlos por considerarlos ineficientes.^[69] La intempestiva decisión adoptada por el PEN abrió un nuevo capítulo en la larga sucesión de articulaciones locales fraguadas en torno al devenir del ingenio.

Tras la publicación del decreto se formó una Comisión Pro Ingenio Bella Vista (también llamada Comisión Vecinal Pro Sostenimiento del Ingenio). En consonancia con la efímera entidad formada en noviembre de 1965, la Comisión Pro Ingenio fue impulsada por las “fuerzas vivas” (asociaciones comerciales, deportivas y gremiales) de la localidad, que convocaron a una asamblea de vecinos para “defender el mantenimiento de la única fuente de trabajo del lugar”.^[70] Formaron la Comisión Pro Ingenio el exdiputado provincial Valeros (presidente), el titular del gremio de empleados del ingenio (FEIA, José Vito Mercado), un representante de los productores cañeros (Adib Rasuk), un obrero calificado del establecimiento agroindustrial (Dante Oviedo) y el cura párroco (Albornoz). La participación de estos actores, permeados, a su vez, por múltiples adscripciones locales, amplió las bases de la Comisión, ensanchando los apoyos recibidos a fines de 1965. En particular, la presencia del cura, así como de Mercado, dirigente de Acción Católica, tendió puentes con el asociacionismo católico, representado en la asamblea por la Parroquia San José Obrero y la Juventud Obrera Católica. Aunque ensanchada respecto a su antecesora, la composición de la entidad reeditaba dos rasgos de su antecesora de noviembre de 1965: por un lado, la ausencia de representantes del sindicato obrero, nucleados en la Comisión Intersindical, en paralelo a la Comisión Pro Ingenio; por el otro, el protagonismo de las dirigencias radicales locales encarnadas en Valeros y Oviedo.^[71]

En la asamblea constitutiva, se buscó destacar la “amplia colaboración de los sectores afectados: cañeros, obreros, comercio, todos dispuestos a sacrificar sus propios intereses a fin de que el problema tenga solución satisfactoria”.^[72] En ese marco, el documento fundacional calificó el cierre del ingenio como “un crimen económico”, en cuanto se trataba de una “fábrica eficiente, ubicada en zona de óptimos rendimientos”. En consecuencia, según la comisión, la clausura se justificaba en ingenios “obsoletos cuyos costos técnicos de fabricación resultan antieconómicos o que por su posición geográfica deban trabajar con materias primas de bajos rendimientos”. La propuesta concreta era mantener el establecimiento como “base para la expansión industrial” mediante la explotación de productos subsidiarios del azúcar (bagazo, alcoholes, ron, cera, plásticos, etc.).^[73] De modo que la comisión utilizó la argumentación oficial, centrada en la eficiencia, para diferenciar a Bella Vista de otros establecimientos y lograr la supervivencia de la fábrica, objetivo primordial de la entidad.

En ese marco, la comisión manifestó disposición para intervenir en los debates y las gestiones en torno al destino de la fábrica. Formó parte de la comitiva oficial que, encabezada por el gobernador de facto Fernando Aliaga García, visitó la fábrica en septiembre de 1966. Sin embargo, la voluntad de la comisión de erigirse en interlocutora de las autoridades naufragó y, tras participar de las gestiones para asegurar la continuidad de la fábrica, la entidad se desarticuló. Las causas de este desenlace no son claras, aunque puede inferirse que el logro de su principal objetivo, mantener la fábrica en funcionamiento, sumado a la poca receptividad de las autoridades a hacerla parte de la gestión del ingenio, contribuyeron a él.

Con el transcurso de los meses, la radicalización de la crisis azucarera y la visibilización de las graves consecuencias del cierre de ingenios recrudecieron la situación social en la provincia. En diciembre de 1966, se realizaron comicios de las filiales de FOTIA, ratificándose el liderazgo provincial de Santillán y el de sus aliados en Bella Vista.^[74] En enero de 1967, la Federación anunció un plan de lucha para repudiar la política azucarera y forzar su rectificación, medidas de fuerza que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Aliaga García.^[75] En ese contexto conflictivo, se produjo, en las calles de Bella Vista, el asesinato de la dirigente peronista Hilda Guerrero de Molina, esposa de un obrero despedido del ingenio Santa Lucía. A poco más de un año del asesinato de González, la muerte de Molina generó un nuevo proceso de conmoción social en la localidad, que fue escena de enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, y tuvo notables repercusiones a nivel provincial y nacional (Nassif, 2016; Bravo y Lichtmajer, 2019).

La reacción represiva del gobierno forzó el repliegue de FOTIA, cuya personería gremial fue suspendida en marzo de 1967. La embestida contra la dirigencia sindical de FOTIA se reforzó con la formación, en octubre de ese año, de la Federación de Obreros de Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT), entidad que aspiraba a representar a los sindicatos de surco y estaba liderada por Norberto Campos, un opositor a la conducción de Santillán. El cisma de Campos debilitó a FOTIA y tuvo eco entre las dirigencias de numerosas filiales, que adhirieron a la entidad y desafiaron a las autoridades vigentes. Se trataba, por cierto, de un hecho inédito en la trayectoria de la Federación, que conllevaba un desafío frontal a la autoridad del secretario general de la entidad. Debilitado en el frente provincial, Santillán logró mantener la unidad en la filial bellavisteña, desenlace que puede atribuirse a su fuerte predicamento en la localidad y a la capacidad de las dirigencias gremiales del ingenio por neutralizar los atisbos secesionistas entre los obreros de surco.

Sobre ese telón de fondo, los retrocesos en las condiciones laborales y los despidos en los ingenios se profundizaban en la provincia, tornando dramáticos los niveles de desocupación y pauperización a lo largo y ancho del espacio azucarero. En este panorama sombrío, nuevos actores contribuyeron a impulsar la resistencia obrera y amplificaron las articulaciones locales en torno a la defensa del ingenio. En este proceso tuvieron injerencia dos dimensiones centrales de la dinámica político-sindical a nivel nacional: la creación de la Confederación General de Trabajadores de los Argentinos (CGTA) y la del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). El padre Albornoz, párroco de Bella Vista, fue uno de los adherentes del MSTM en Tucumán (Santos Lepera y Folquer, 2017: 118).^[76] Por su parte, FOTIA, presidida por Santillán, participó activamente en la creación de la central sindical. Estos vínculos influyeron en los pronunciamientos y las acciones locales contra los nocivos efectos sociales de la política azucarera, que recrudecieron a lo largo de 1968.

En un contexto signado por las incertidumbres respecto al futuro de la fábrica, la patronal buscó avanzar sobre las organizaciones gremiales con el fin de desarticular los focos locales de resistencia. En febrero de 1968, la empresa despidió a 7 dirigentes del sindicato de empleados, incluido su secretario general. En presencia del sacerdote Albornoz, una asamblea de empleados y asesores jurídicos de la entidad llamó a reforzar las acciones conjuntas con el sindicato obrero e invitó “a la Iglesia y las fuerzas vivas a solidarizarse con los trabajadores despedidos”.^[77]

Dos meses más tarde, la empresa suspendió a los miembros de la Comisión Directiva del sindicato obrero, acusados de cometer “injurias a los intereses de la empresa, relajar la disciplina en el lugar y hora del trabajo efectuando reuniones por cuestiones ajenas a las gremiales y paralizar las actividades”.^[78] La acusación aludía a la campaña pública de la Comisión Directiva, que difundió sus demandas en los medios de prensa y solicitó una audiencia con las autoridades provinciales para reclamar una solución frente a la situación del establecimiento, enumerando los graves efectos que la crisis provocaba en la comunidad (ausentismo escolar, cierre de comercios, etc.).^[79] Los dirigentes obreros recibieron el apoyo de Víctor Gómez Aragón, máxima autoridad de la Iglesia tucumana, que intercedió ante las autoridades provinciales para hacer oír los reclamos del sindicato local.^[80]

El 1 de mayo de 1968, CGTA y FOTIA organizaron una misa en la parroquia de Bella Vista. Durante el oficio, hicieron uso de la palabra el sacerdote Amado Dip, miembro fundador del MSTM, Julio Rodríguez Anido, el asesor legal del sindicato de Bella Vista, y el dirigente Lorenzo Pepe de la CGTA. El oficio debía finalizar con la tradicional procesión de San José Obrero, pero la policía dispersó la columna propinando bastonazos, gases y tiros de revólver. Se registraron numerosos heridos, entre ellos Dip.^[81]

Al conocerse a finales del año 1968 la abultada deuda de la patronal con los trabajadores, las conjeturas sobre la posibilidad del cierre definitivo del ingenio crecieron en intensidad. El descrédito público de los propietarios y los sombríos pronósticos respecto al futuro de la fábrica precipitaron la formación de la CPD. En trabajos anteriores, detallamos el derrotero de esta singular experiencia de confrontación contra la dictadura de Onganía y los rasgos centrales –tales como la masividad de sus acciones de protesta, su capacidad para aglutinar al colectivo bellavisteño y su prolongado funcionamiento– que la convirtieron en una expresión exitosa del ciclo de “comisionismo defensivo” desarrollado en Tucumán a finales de la década de 1960 (Bravo y Lichtmajer, 2019).

Marcha de la población de Bella Vista hacia San Miguel de Tucumán en apoyo a las gestiones de la CPD con el gobierno provincial, 26 de marzo de 1969. En lo alto (de espaldas) se observa a Manuel Valeros, secretario de la CPD. Fuente: Archivo del diario La Gaceta (Tucumán).

Intervenido el sindicato y clausurada la actividad partidaria, la CPD se propuso representar un sujeto colectivo, el “pueblo de Bella Vista”, a partir de la cooperación de las distintas redes locales en función de un objetivo común. Fue presidida por el cura párroco, acompañado por representantes del sindicato de obreros y empleados, representantes del asociacionismo católico, comerciantes, profesionales, pequeños industriales y cañeros.^[82] Adoptó una organización eficiente al formar distintas subcomisiones (de organización, prensa y propaganda, de movilización, de finanzas y de productores cañeros). El plantel nucleado en la CPD traía consigo una relevante tradición de activismo comunitario, en cuanto el grueso de sus miembros había participado de las instancias previas. A diferencia de su antecesora de 1966, así como de otras formas de articulación comunitaria, el vector sindical tuvo una activa participación en la CPD. Esta presencia fue relevante al ofrecerle experiencias de lucha y confrontación, facilitar el apoyo de las dirigencias gremiales nacionales, en particular la conducción de la CGTA, y confluir con una dinámica popular que aglutinó a distintos sectores. Esta trayectoria diferenció, por ejemplo, a la CPD bellavisteña de la Comisión Pro Defensa del ingenio San Ramón, signada por las disputas entre la dirigencia sindical y los demás actores comunitarios (Santos Lepera y Sánchez, 2019).

La participación de las dirigencias sindicales no debe opacar, sin embargo, la nutrida trayectoria de activismo comunitario del resto de sus miembros, que habían participado –de manera eventual o constante– en las instancias detalladas más arriba. En efecto, la trayectoria de la CPD resultaba inescindible de una gimnasia asociativa que la antecedió y que enmarca su derrotero en un vasto ciclo de articulaciones locales, colectivo amplio del que el sindicalismo era tan solo uno de los engranajes. El liderazgo del sacerdote legitimó la entidad, alentó la participación de las esferas provinciales y nacionales del MSTM y modeló las prácticas sociales adoptadas, que adquirieron un sentido confrontador. En sintonía con esto, el asociacionismo católico tuvo presencia en la CPD y desplegó un rol activo durante las protestas. Paralelamente, la lógica multisectorial de la entidad (comerciantes, cañeros, profesionales e industriales locales) robusteció los canales de intermediación locales y provinciales. Su capacidad aglutinante no debe hacernos soslayar, por otra parte, la ausencia de representación de colectivos como las mujeres y el estudiantado. Si bien ambos grupos no habían tenido relevancia en las formas de articulación previas, enmarcando su ausencia en la CPD dentro de una tradición más amplia, su activa participación en las acciones de protesta marca una disonancia entre el activismo de sus miembros y la nula representación en la entidad que coordinó la resistencia local.

Por otro lado, un factor minimizado por las interpretaciones previas fue la relevancia del vector partidario en el potencial articulador de la CPD (Valeros y Salazar, 2012; Nassif, 2016).^[83] Aunque la entidad tenía un carácter apartidario, el anclaje de sus miembros en las organizaciones políticas locales, prohibidas desde septiembre de 1966 por el gobierno de Onganía, constituye una variable de relevancia para explicar su capacidad para articular las acciones colectivas. En sus filas coexistían los líderes de las tres organizaciones más influyentes de la vida política local: peronismo (Santillán, Corbalán y Lescano), UCRI (Valeros) y Defensa Provincial Bandera Blanca (Yubrin). La inédita confluencia de las dirigencias partidarias puede explicarse tanto por la gravedad de la amenaza que se cernía sobre el ingenio, cuyo cierre dejaría a la comunidad sin su principal fuente de sustento, como por la suspensión de la competencia partidaria, en razón de la prohibición definida por el gobierno de facto. El frontal cuestionamiento a la representación partidaria que desplegó el Onganiato, sintetizado en la consigna del “tiempo político” como estadio final de la Revolución argentina, desdibujó sine die las esferas de competencia entre las organizaciones (De Riz, 2000). En ese contexto, la necesidad de “despartidizar” a la CPD contribuyó a que las dirigencias políticas confluyeran en una misma entidad. Al desdibujarse el horizonte de disputa, pudieron aunar esfuerzos en pos de una causa común como la defensa del ingenio.

A contramano de las experiencias previas, la confluencia de las dirigencias partidarias, permeadas, a su vez, por múltiples adscripciones locales, y su estrecha interlocución con los líderes sindicales locales reforzó el potencial articulador de la CPD. Asentada una amplia trama de apoyos, y rehuyendo deliberadamente las distinciones territoriales, sectoriales o políticas, la CPD pudo arrogarse el rol de representante de la comunidad para guiarla en las acciones de resistencia colectiva.

Consideraciones finales

Explorar el asociacionismo, la política y las formas de articulación locales de la comunidad de Bella Vista en el mediano plazo permitió situar la experiencia de la Comisión Pro Defensa del ingenio en una trama mayor. Este ejercicio –por definición parcial y acotado– procuró bosquejar una genealogía de los ciclos de protesta y activismo desplegados en la localidad, ponderando las tradiciones, los liderazgos y las formas de organización en los que abrevó la oposición al cierre del ingenio, en un contexto signado por la debacle de la agroindustria tucumana y la movilización popular en oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía.

El robustecimiento de la capacidad productiva del ingenio, el incremento poblacional y la expansión urbana en el marco del boom azucarero desarrollado en Tucumán desde el último tercio del siglo xix alentaron en Bella Vista una temprana construcción de tramas asociativas. En una etapa signada por una febril expansión –del casco urbano, de los ámbitos de sociabilidad, de los servicios y prestaciones brindados por la patronal–, la dinámica local se robusteció a través de un amplio abanico de actores e instituciones. Desde el punto de vista territorial y simbólico, el espacio bellavisteño fue pautado sobre la base de una configuración dicotómica, definida por la presencia de dos ejes articuladores situados en la “villa” y el “ingenio”. A tono con otros puntos del cordón agroindustrial azucarero, esta diferenciación se expresó en la fisonomía social y laboral y en las prácticas políticas.

La irrupción del peronismo trastocó las tramas comunitarias al reformular, bajo nuevas coordenadas, las experiencias de las décadas previas. La dinámica de la organización corporativa abarcó a trabajadores, empleados y cañeros, componentes centrales de la estructura productiva, cuyos intentos por formar entidades de representación sectorial se toparon con las históricas resistencias de la patronal. Por su parte, la sociabilidad católica local también encontró en el primer peronismo una etapa propicia para desarrollarse, al calor de la expansión de la institución eclesiástica en la provincia. Los reacomodamientos y el cambio en la correlación de fuerzas alentados por el peronismo también permearon el terreno político. La reformulación de las lealtades partidarias cuestionó la urdimbre tejida por la patronal y dio cauce a formas renovadas de representación colectiva. En ese marco, las dinámicas históricamente diferenciadas entre el ingenio y la villa modelaron el proceso de conformación del peronismo bellavisteño y se proyectaron en la conflictiva construcción de liderazgos locales. La puja entre las dirigencias sindicales y políticas, característica de la etapa formativa de ese movimiento a lo largo del país, tuvo un anclaje territorial y simbólico localmente situado, que se nutrió de las tradiciones encarnadas en los dos polos constitutivos de la comunidad. La huelga azucarera de 1949, verdadero parteaguas en la trayectoria del peronismo tucumano, fue sintomática de estas tensiones, al condensar tanto un episodio inédito de articulación entre trabajadores y empleados, como la dificultad por comprometer en sus demandas a las dirigencias partidarias y los sectores comerciales locales. Hacia la década de 1950, sin embargo, las asperezas de la etapa formativa se desdibujaron y las redes partidarias y sindicales confluyeron bajo los parámetros de la “sociedad política” que caracterizó a la etapa final del ciclo peronista a lo largo del país. Al influjo del Estado, se generó una activa participación comunitaria a través de entidades políticas, gremiales, culturales, agrarias y juveniles. En la localidad bellavisteña, la “sociedad política” peronista reconoció en las dirigencias sindicales y partidarias dos engranajes clave de una dinámica más amplia, que incorporó a múltiples actores identificados con ese movimiento político.

La reformulación de la vida gremial y política, como consecuencia del golpe de Estado, y los efectos de la crisis de la actividad azucarera permearon la trayectoria comunitaria entre 1955 y 1964. Se trató de una etapa signada por la emergencia de nuevos liderazgos, que vehiculizaron un recambio generacional y la construcción de formas novedosas de articulación. Las renovadas solidaridades se manifestaron tanto en las medidas de fuerza sindicales –tales como la huelga de 1959 contra la política azucarera frondizista–, como en la gestión de demandas comunitarias de largo aliento (creación de un colegio secundario, fundación de un hospital público bajo control estatal, elevación de Bella Vista al rango municipal). Mientras que la alianza entre empleados y trabajadores en 1959 reeditó uno de los rasgos dominantes de la protesta acaecida una década antes, los apoyos de una multiplicidad de actores otorgaron a la trascendental medida de fuerza contra el frondizismo un componente distintivo, al fortalecer su anclaje comunitario. Aunque el grado de cohesión no fue uniforme, lo cual denotaba tanto las diferencias entre los participantes como la fuerza aglutinante de cada demanda, la mirada general del período revela un robustecimiento de las formas de articulación y la delimitación de un conjunto de liderazgos que tuvieron una injerencia notable en el derrotero posterior. Protagonizaron este activismo dirigentes de extracción diversa desde el punto de vista político-partidario, adscriptos a múltiples ámbitos de la vida comunitaria (asociacionismo católico, sindicatos de trabajadores y empleados, organizaciones de comerciantes y cañeros, etc.).

En 1965, la profundización de la crisis azucarera y la amenaza del cierre de la fábrica, con la consecuente debacle local, impactaron en las formas de articulación y protesta. Si bien algunas modalidades no fueron novedosas, tales como la Comisión Intersindical de trabajadores y empleados formada a comienzos de ese año –la cual reeditaba prácticas de 1949 y 1961–, sí lo fueron sus alcances, implicancias y potencial aglutinante. Mientras que la gimnasia asociativa de los años previos delineó un repertorio de acciones, un elenco dirigente y un entramado de relaciones que se reflotaron a mediados de los sesenta, la magnitud de la crisis y sus ritmos específicos fueron pautando la concatenación de experiencias que antecedieron a la CPD de finales de la década. Así, lo que a primera vista se asemeja a un ciclo ascendente, que atravesó un conjunto de estadios intermedios hasta llegar al clímax de fines de 1968 y comienzos de 1969, podría interpretarse desde una lógica pendular. Esto se observó tanto en la trayectoria de la Comisión Intersindical –dominada por los sindicatos de trabajadores y empleados–, como en la de la Comisión Pro Ingenio (1966) –hegemonizada por las dirigencias partidarias, cañeras y comerciales–. En dichas entidades, la amplia construcción de solidaridades no suprimió las tensiones y conflictos, así como la representación dispar de los actores afectados por la crisis.

A la luz de tales experiencias, la CPD se distinguió por su capacidad para aglutinar los distintos actores locales en función de un objetivo común, la defensa del “pueblo de Bella Vista”, amenazado por la crisis de su principal fuente laboral y engranaje económico. El contexto era propicio en el marco del movimiento de “comisionismo defensivo” que floreció a nivel provincial y concitó el apoyo de numerosos actores (tales como la CGTA y el MSTM) involucrados en la resistencia al Onganiato, inserto, a su vez, en un escenario nacional signado por una creciente conflictividad social. Sin embargo, para comprender la formación y trayectoria de la CPD, es vital tanto reconocer los aires de familia con las experiencias previas y las Comisiones Pro Defensa desplegadas simultáneamente en otros ingenios, como individualizar sus rasgos propios.

En efecto, si la capacidad de reunir bajo una difusa pertenencia comunitaria a sectores y actores diversos no era una práctica ajena a las formas de articulación pretéritas, con presencia del asociacionismo católico, la representación sindical de los empleados del ingenio, comerciantes, cañeros y “fuerzas vivas”, la adhesión de la dirigencia sindical obrera –cercada, hostigada y dividida por la política oficial– fue una marca relevante de la CPD. Otro rasgo distintivo, fruto de un particular contexto institucional, fue la inédita confluencia de las dirigencias políticas locales bajo el paraguas de la CPD. La suspensión de la competencia partidaria y el frontal cuestionamiento que el Onganiato llevó adelante desdibujaron las históricas fronteras entre las organizaciones y permitieron a sus dirigencias aunar esfuerzos en pos de la defensa del ingenio. Aunque la distinguieron respecto a las experiencias previas, la participación de las dirigencias sindicales y partidarias no debe hacernos perder de vista un rasgo clave de la CPD: la consistente tradición de activismo comunitario allí cristalizada, que trascendía ambas esferas para involucrar un colectivo amplio y diverso.

Recapitulando, puede afirmarse que las formas de articulación desplegadas frente a la crisis del ingenio Bella Vista se ubicaron en el cruce entre lo excepcional y lo habitual, entre lo episódico y lo cotidiano. En su puesta en marcha, entraron en juego tradiciones locales de largo aliento, la amenaza cada vez más palpable de una debacle económica y social generalizada en el cordón agroindustrial tucumano y un contexto propicio para la movilización popular.

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