J. L. Borges decía que la ausencia de camellos revela la autenticidad del Corán: es un texto que tienen sus raíces en una cultura donde se da por sentada la existencia de los camellos. En la misma lógica, sostiene agudamente Coronil (1997, pág. 21) que “en la teoría social contemporánea occidental ignorar la naturaleza muestra la medida en que la apropiación masiva de los recursos naturales de los cuales depende el mundo moderno se asume como un hecho de la vida”. Añade este autor que la observación de Borges expresa una dinámica milenaria entre la sociedad y la naturaleza, mientras que la segunda refleja un ascenso abrupto de una perspectiva de corto plazo que amenaza el futuro de la naturaleza y la humanidad.

La idea de la transición a un modo de acumulación posextractivista es una expresión notoria de la tesis arraigada en aquella visión de la naturaleza como último refugio para escapar del subdesarrollo y la pobreza. Se da por sentado que las riquezas que esconden los ecosistemas, los amazónicos en particular, compensarán la pérdida de los ingresos del Estado como consecuencia de un “agotamiento eminente” de las reservas de petróleo y, al mismo tiempo, la explotación de esa riqueza permitirá mitigar la destrucción ambiental causada por cerca de medio siglo de explotación petrolera. Estas son las dos razones básicas que explican la emergencia durante los últimos años de un sentimiento sobre la necesidad de una transición hacia un nuevo modelo o patrón de desarrollo. Esta necesidad se revela aún más urgente simplemente porque, después de una década de un mesianismo prometedor de cambio, se ha constatado el costoso fiasco de la promesa salvadora montada alrededor del salto de la economía hacia un imaginario de tecnologías convergentes: nano-, bio-, infotecnologías. Así, una “nueva ilusión desarrollista” empieza a emerger, esta vez centrada alrededor de tres elementos: la mercantilización de las culturas y del paisaje mediante un desarrollo masivo del (eco)turismo; la explotación de la biodiversidad mediante la “cacería de genes” o bioprospección y la ecoforestería o el reconocimiento del mercado por las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales se practican el cultivo, el procesamiento y el transporte de ciertos productos tropicales. Estas ideas han pasado a formar parte de lo que Leach y Mearns (1996, pág. 6) denominan la “sabiduría convencional”, un conjunto de ideas simplistas e ingenuas aceptadas como moneda corriente y que han pasado a formar parte del conjunto de conceptos e ideas que manejan nuestros intelectuales, políticos, activistas ambientales y no pocos investigadores y profesores en las universidades.

En realidad, bioprospección, ecoturismo y agroforestería son alternativas que se inscriben y responden a la lógica del proyecto de neoliberalización de la naturaleza, proyecto que penetra a nivel global, ronda círculos empresariales, políticos y ambientales y peligrosamente está contagiando a la academia. Aquí encontramos los ingredientes que alimentan todo ese proceso de escalada de mercantilización de la naturaleza: creación de mercados, capital natural, bien financiero, flujo de ingresos; es decir, un proceso que busca transformar las relaciones biofísicas-sociales-culturales en mercancías para ser vendidas o compradas por aquellos con suficiente dinero (Villavicencio, 2020). Frente a esta arremetida, queremos insistir en dos circunstancias que no pueden ser ignoradas. La primera tiene que ver con la degradación de la naturaleza como efecto directo e inmediato de las tres estrategias señaladas. La bioprospección, como acertadamente señala Escobar (1999), no es sino “una forma de bioimperialismo que terminará por erosionar la biodiversidad puesto que toda biotecnología depende de la creación de mercados uniformes de mercancías”. El turismo, bajo cualquiera de sus formas, es un fenómeno global de masas con efectos catastróficos para los entornos naturales. Por último, la agroforestería, de una u otra manera, implica la “modernización” de los sistemas sociales y productivos de los campesinos y su integración en los mercados de exportación. Todo esto tiene impactos negativos sobre el tejido social y efectos nocivos para la integridad de los ecosistemas que se quiere proteger.

La segunda circunstancia tiene que ver con el modelo de acumulación que se pretende sustituir. Sostenemos que las nuevas modalidades de explotación intensiva de la naturaleza irían configurando una forma de organización socio-territorial del espacio geográfico. Una red de rutas de bioprospección, enclaves turísticos y zonas de agroforestería determinarían una topología territorial moldeada por centros de poder externos y que tienden a reproducir internamente las atrofiantes dislocaciones centro-periferia. De esta manera, los rasgos dominantes del extractivismo convencional (degradación de la naturaleza, creación de enclaves, dependencia de sectores primario exportadores controlados por transnacionales y la territorialización del espacio de acuerdo a la dinámica de estos sectores) son los elementos centrales de un modelo al que se quiere ver como una fase que lo supera, una suerte de “postextractivismo”, cuando en realidad se trata de una intensificación y penetración del capital en espacios de la naturaleza. De ahí que si tiene sentido atildarle un calificativo a este nuevo régimen social-económico- ecológico, el más apropiado sería el de neoextractivismo.

El debate sobre el extractivismo se sitúa en dos niveles que tienden a reforzarse mutuamente. Uno corresponde a la esfera de la economía y el desarrollo con su argumentación discursiva a la que nos hemos referido en la primera parte del presente trabajo. El otro nivel tiene que ver con los efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas. Sostenemos enfáticamente que el verdadero debate sobre el extractivismo debe partir de la existencia de dos realidades que no pueden ser disociadas y alrededor de las cuales debe centrarse cualquier discusión y elección de políticas. La primera tiene que ver con el hecho de que las actividades extractivas pueden afectar a grupos sociales determinados. El despojo de tierras y la expulsión forzada de poblaciones campesinas, la conversión de formas tradicionales de propiedad en derechos de concesiones, la supresión de formas alternativas de producción y consumo y la afectación de modos de vida de comunidades son consecuencias de proyectos extractivos concretos. La segunda realidad tiene que ver con la degradación ambiental, concretamente con los impactos sobre la biodiversidad, el agua y el suelo, en muchos casos irreversibles. Frente a estas dos realidades, el deterioro de los términos de intercambio, la maldición de los recursos o la enfermedad holandesa, entre otros, son temas irrelevantes.

El error de focalizarse en criterios económicos para evaluar la pertinencia de la explotación de los recursos mineros y energéticos radica en que al reducir el problema a un problema económico este es construido como un asunto de asignación de flujos de dinero, en lugar de plantear el problema en su verdadero ámbito, el de los valores inherentes a las dos realidades arriba referidas. En el primer caso estaríamos, en esencia, frente a un problema de optimización de recursos; en el segundo, el problema es de carácter deontológico o kantiano (Sagoff, 2008). Esta segunda perspectiva requiere nuevos conceptos, criterios y modelos para la toma de decisiones; es decir, un marco de referencia en el que el conocimiento científico instrumental se conjuga con una visión “sistémica, sintética y humanista” (Funtowicz, 1993) en la elección de cursos alternativos de acción. Este tema es abordado en el segundo capítulo de la presente sección.

La teoría científica y la evidencia empírica son condiciones necesarias para una política ambiental racional. Los problemas de la capa de ozono, el calentamiento global, la acidez de los océanos y la pérdida de biodiversidad, entre otros, ni siquiera podrían formularse (peor aún, debatirse) sin el vocabulario y el conocimiento científico. Está fuera de discusión la necesidad de la ciencia para entender y responder a los problemas que plantea la interacción naturaleza-sociedad. Sin embargo, no se puede interpretar y formular políticas ambientales únicamente a partir de “evidencias” científicas. La ciencia no es suficiente: “la insuficiencia, falibilidad y revisabilidad de los descubrimientos científicos, en sí mismos, implican la incertidumbre epistemológica de la ciencia” (O’Neill, 1993, pág. 141). Se requieren principios, valores y criterios que puedan guiar nuestras decisiones a través de una nueva condición basada en hipótesis de incertidumbre, control parcial y pluralidad de legítimas perspectivas; un nuevo enfoque bajo el cual las incertidumbres no son ignoradas, sino manejadas; los valores no son supuestos, sino explicitados y el modelo de argumentación científica no consiste en la deducción formalizada, sino en el diálogo interactivo.

Se trata, en definitiva, de aplicar el conocimiento científico en un nuevo contexto, aquel de la ciencia posnormal bajo la cual los problemas son analizados en términos de incertidumbre en cuanto al conocimiento y complejidad en cuanto a la ética. Sostenemos en el capítulo final que el debate sobre el extractivismo debe salir de los estrechos márgenes de una ideología economicista-neoliberal para resituarse en el plano de un mundo de contradicciones, valores en conflicto y legitimidad de perspectivas. La legitimidad de perspectivas emerge de lo que el filósofo B. Echeverría llama “la construcción espontánea del mundo de la vida” (1998, pág. 38) o lo que Thompson y sus colegas ven como “un conjunto de preferencias y adherencia a ciertos valores que legitiman determinadas formas de vida” (Thompson et al., 1990). Una reflexión sobre la emergencia de estas visiones y cómo ellas se expresan en diferentes actitudes hacia la naturaleza y el riesgo se revelan necesarias para entender el fenómeno extractivista y, sobre todo, para tender puentes que faciliten y el diálogo y el debate entre posiciones muchas veces de apariencia irreconciliable.