Disputas públicas por el sentido del conflicto

Andrea Belén Rodríguez

Introducción

El 22 de abril de 1982 alrededor de 150 personas se reunieron en el Monumento a San Martín, en pleno centro de la ciudad de Neuquén, con carteles que decían “No a la violencia, sí a la Paz”, “Si querés la paz, defiende tu vida” y “Todo hombre es mi hermano”, entre otros. La “Marcha por la Paz” había sido convocada por la Coordinadora de Grupos Juveniles Cristianos de la Iglesia Católica local, con el objetivo de demandar una resolución pacífica al conflicto desatado a partir del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas veinte días antes, y finalizó con una misa en la catedral que reunió alrededor de 500 personas. Entre los asistentes, además de los jóvenes católicos, se encontraban los integrantes de las filiales locales de dos organismos de derechos humanos: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Todos ellos se movilizaron desde el monumento hasta la catedral coreando “No a la violencia, sí a la paz”, y “Malvinas sí, guerra no”.

Durante la movilización, hubo una discusión con integrantes de una de las CGT regionales, de las 62 Organizaciones Peronistas y del Movimiento Nacional Justicialista, que se ubicaron muy cerca de allí para distribuir panfletos belicistas. Los volantes tenían una imagen del mapa de Argentina con las islas en su interior; un fusil cruzaba el mapa en diagonal y también una lanza que se clavaba en un león rendido con la bandera inglesa en su lomo. Si bien el altercado no pasó a mayores, para la diócesis neuquina fue suficientemente significativo como para emitir un comunicado en el diario regional, explicando lo que había sucedido y denunciando la “mala intención” de quienes se habían “infiltrado” en el acto para difundir panfletos con posturas contrarias a la movilización.^[1]

Este incidente constituye uno de los momentos en los que se pueden advertir las disputas públicas por el sentido de la guerra y la paz que atravesó a la sociedad neuquina durante los 74 días del conflicto. Es decir, este acontecimiento de fines de abril fue un momento en el que se cristalizaron las diversas y, por momentos, opuestas actitudes frente la guerra que adoptaron dos actores clave de la sociedad y política local: la Iglesia católica y las organizaciones gremiales ligadas a una corriente del Partido Justicialista (PJ).

Anclándose en este incidente como momento de visibilización pública de esas disputas, en el capítulo me propongo reconstruir las diversas interpretaciones de la guerra y de su resolución que configuraron dichos actores, que se encarnaron en comportamientos concretos de movilización en apoyo o en oposición al conflicto. Para historizar sus posicionamientos, el trabajo se basa en diversas fuentes escritas: principalmente el diario Río Negro –el principal periódico de la región–, pero también en publicaciones propias de la Iglesia católica neuquina (Revista Comunidad) y en memorias publicadas por testigos de la época.

A lo largo del capítulo, procuro analizar los sentidos y prácticas que la Iglesia católica y el movimiento obrero organizado desplegaron durante el mismo, teniendo en cuenta sus trayectorias históricas. En tal sentido, busco comprender las acciones de los actores en sus propias lógicas e historia y situándolas en la arena sociopolítica local, pero sin dejar de considerar las entidades y redes nacionales en las que estaban insertos, que en ocasiones los condicionaron o por lo menos encuadraron dentro de ciertos márgenes su accionar. Asimismo, en tanto realizo un seguimiento de las actitudes de esos actores a lo largo de los 74 días del conflicto, procuro identificar cambios en los mismos y/o momentos de mayor y menor exposición pública de cada uno en función de las micro-coyunturas del conflicto.

Esta investigación se enmarca en la historia sociocultural de la Guerra de Malvinas, una perspectiva que ha renovado el campo de los estudios sobre el conflicto hace más de 20 años. A diferencia de la historia militar tradicional que se centra en los aspectos más técnicos de la contienda, o el enfoque político que lo reduce a mera estrategia de legitimación de la dictadura, la historia sociocultural de la guerra se centra en las experiencias, identidades y memorias de aquellos sujetos atravesados por el conflicto bélico, tanto los combatientes, como sus familiares, allegados, vecinos y las sociedades contendientes en general.^[2]

En particular, en tanto la Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico internacional declarado por una dictadura militar, para esta investigación resultan nodales los aportes de dos historiografías que apuntan a pensar los comportamientos sociales en conflictos bélicos o en contextos autoritarios. Por un lado, los estudios pioneros de John Horne (1997) sobre las movilizaciones en la Gran Guerra, en los que analiza las convocatorias realizadas por el Estado para movilizar a la ciudadanía en torno a determinados valores y objetivos, como así también las diversas acciones desplegadas por distintos actores para contribuir al esfuerzo de guerra. Por otro lado, la historiografía de actitudes sociales en contextos autoritarios, que propone centrarse en los comportamientos sociales de la “gente corriente”,^[3] y sus relaciones múltiples y fluctuantes con el mundo del Estado, el poder y la política (Lvovich 2018). Si bien el capítulo no se atiene estrictamente a esa propuesta, por lo menos en el caso del movimiento obrero ya que –por las fuentes elegidas– se enfoca en sus cúpulas y dirigencias, esa perspectiva ha sido central para pensar los cambios, variabilidades e incluso contradicciones de los comportamientos de los actores sociales en función del contexto represivo, del relajamiento o endurecimiento de los controles, entre otras variables.

Por último, el capítulo se organiza en cuatro apartados. El primero reconstruye brevemente “el despertar de la sociedad civil” (Quiroga 1994) a partir de 1980/1981 en Neuquén, situándolo en la coyuntura nacional, con el objeto de presentar los actores colectivos que son el objeto de estudio de la presente investigación. Por su parte, los dos apartados siguientes se focalizan en cada uno de los actores en pugna desde principios de abril hasta la “Marcha por la Paz”. Así, en un comienzo, se centra en el comportamiento durante la guerra de las dos CGT regionales en la que se hallaba dividido el movimiento obrero: la peronista y la no alineada. Luego, reconstruye la actitud de la Iglesia católica neuquina frente al conflicto, focalizando no solo en el obispado, sino también en el clero y los jóvenes laicos. Finamente, en un cuarto apartado analiza los posicionamientos públicos de esos actores tras el incidente producido en la “Marcha por la Paz”, tratando de rastrear sus actitudes y los momentos de mayor o menor exposición hasta la derrota.^[4]

Neuquén antes de la guerra de Malvinas: la reorganización social y política

El conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur fue declarado por la última dictadura militar argentina, que se hallaba en el poder desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Para 1982, luego de seis años de gobierno, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional estaba atravesando una profunda crisis de legitimidad. Desde 1980, el descalabro económico y los conflictos internos entre las FF.AA. habían abierto las puertas para que los cuestionamientos al régimen comenzaran a difundirse públicamente en forma paulatina. Para 1982 el movimiento obrero ya había comenzado a reorganizarse, divisándose dos líneas internas –la “confrontacionista” CGT y la conciliadora Intersectorial CNT 20–, y se había manifestado en las calles eludiendo o enfrentando los controles policiales (desde la primera huelga en 1979). Los organismos de derechos humanos (DD.HH.) que denunciaban las desapariciones de miles de ciudadanos en el interior y exterior del país habían adquirido cada vez más visibilidad. En el marco del “diálogo político” abierto por el presidente Roberto Eduardo Viola en 1980, los partidos políticos tradicionales –hasta entonces suspendidos– habían empezado a recomponerse y a tener cierta presencia pública y al año siguiente se habían agrupado en la Multipartidaria para negociar una apertura política lo antes posible. Incluso, distintas manifestaciones culturales de resistencia habían comenzado a ocupar diversos ámbitos (Novaro y Palermo 2003, 388-400; Franco 2018; Alonso 2018).

Esa paulatina descomposición del régimen también se vivió en Neuquén a partir de fines de 1980 y comienzos de 1981. Tengamos presente que en Neuquén las Fuerzas Armadas y de Seguridad desplegaron el mismo sistema represivo que en el resto del territorio nacional. Aun cuando no era considerada una zona prioritaria para la “lucha contra la subversión”, dada la escasa presencia de organizaciones político-militares, la provincia también se incluyó en las redes represivas, desplegando el mismo dispositivo que combinaba allanamiento públicos y estruendosos, con centros clandestinos de detención, como “La Escuelita” (Scatizza 2016). Como respuesta a esa represión, en forma muy temprana se organizaron organismos de DD. HH. con el amparo del obispado neuquino.

En tal sentido, a diferencia de la gran mayoría de la jerarquía católica –cuya actitud frente al terrorismo de Estado se caracterizó por ser ambigua y tardía–,^[5] el obispo de Nevares se comprometió tempranamente en la denuncia de las violaciones a los DD. HH. que ocurrían en la región mediante la publicación de comunicados y en sus homilías, así como intentó averiguar el paradero de los detenidos mediante tratativas privadas. Más aún, durante la dictadura militar, su accionar se caracterizó por ser un escudo bajo cuya protección buscaron refugio familiares de desaparecidos, migrantes, militantes políticos, gremiales y sociales, y en general aquellos perseguidos por el régimen. Incluso, el obispo y otros sacerdotes neuquinos impulsaron la organización de las filiales locales de la APDH (en 1976) y posteriormente de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y amparó la constitución de Madres de Plaza de Mayo, entidad surgida luego de la guerra a partir del accionar de un grupo de mujeres que participaban en la Comisión.^[6]

La actitud de la Iglesia local respecto a la dictadura se comprende si tenemos en cuenta que la diócesis de Neuquén había surgido en 1961 encabezada por Monseñor Jaime de Nevares,^[7] en una coyuntura marcada por la renovación eclesial tras el Concilio Vaticano II. El compromiso con el cambio y la adopción de una pastoral renovada inscripta en la “opción por los pobres” se tradujo en un posicionamiento junto a los sectores marginados de la sociedad y en acciones concretas de acompañamiento de protestas sociales y de distanciamiento, e incluso oposición, al poder político. En particular, desde mediados de los ‘70, cuando el espiral represivo iba in crescendo, e incluso en los “años de plomo” de la dictadura, el accionar del obispo se caracterizó por la defensa de los DD. HH.

Entonces, en Neuquén, la centralidad de los actores católicos en la denuncia de la represión hizo del catolicismo un aliado clave, que actuó como fuente, facilitador y potenciador del movimiento pro DD. HH. a nivel local, prestándole sus estructuras y recursos. Como afirma Azconegui (2012, 258), el accionar del obispo y la red de relaciones articuladas en torno a la diócesis local no solo proporcionó contención sino también habilitó un espacio para hacer política, en un momento caracterizado por la privatización de la sociedad y de la vida política. De hecho, durante la dictadura, los organismos de DD. HH. resignificaron las celebraciones católicas para pedir por los desaparecidos y desde 1980 estas agrupaciones comenzaron a movilizarse públicamente en distintos espacios céntricos de la ciudad por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, siempre con el acompañamiento y al amparo de integrantes de la diócesis local.

Por su parte, en el marco del “diálogo político” abierto por el gobernador de facto Domingo Trimarco en 1980, algunas organizaciones políticas se comenzaron a reorganizar, una tarea ardua tras los embates de la represión. Luego de la aparición de la multisectorial Convergencia –que reunía a título personal a referentes políticos, gremiales y patronales para luchar por la normalización institucional–, en 1981 los partidos políticos tradicionales conformaron la Multipartidaria provincial con el objeto de demandar –entre otras cuestiones– no solo por el restablecimiento del Estado de derecho, la reafirmación de los principios federalistas y el cambio en el rumbo económico, sino también una respuesta por el destino de los desaparecidos –a diferencia de la entidad nacional–. De todas formas, la Multipartidaria neuquina tuvo una errática trayectoria dados los conflictos continuos entre los representantes del PJ y el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido hegemónico de la provincia (Azconegui s/f; García 2018).^[8]

A esas tensiones, el PJ sumaba sus propias dificultades para reorganizarse a nivel provincial (que en parte replicaban las enfrentadas a nivel nacional en un partido profundamente dividido desde los ‘70 y aún más por la crisis desatada tras la muerte del líder), que ponían más escollos al funcionamiento de la Multipartidaria. Es que el PJ provincial acarreaba los efectos no solo de la suspensión de las actividades en dictadura sino de la mala elección en 1973, tras el aplastante triunfo del MPN. En 1981, la corriente sindical y política hegemónica del Movimiento Nacional Justicialista (vinculada a las 62 Organizaciones Peronistas) decidió intervenir el partido provincial con la figura de Alberto Nievas, peronista ortodoxo con estrechos vínculos con el régimen militar. De esta forma, desconocía el trabajo que estaban llevando adelante jóvenes militantes con cierta adscripción en la Juventud Peronista en los ‘70, que estaban reorganizando el partido desde un posicionamiento opositor a la dictadura y buscando una mayor democratización del movimiento. Esa corriente continuó militando en el partido, en otros espacios como el Ateneo Arturo Jauretche y el Centro de Estudios Neuquinos, y se opuso férreamente al accionar centralista y conservador de Nievas (Favaro 2018; Rafart 2016 y 2019).

Asimismo, el movimiento obrero neuquino también empezó a reorganizarse hacia 1980, en una coyuntura de reactivación de los gremios a nivel nacional, en parte por la crisis económica y también por la limitada apertura política llevada a cabo en forma infructuosa por el gral. Viola. Entre diciembre de 1980 y febrero del año siguiente, gremialistas peronistas organizaron la CGT regional de hecho, que comenzó a funcionar fuera de los márgenes legales.^[9] Desde sus orígenes, la central estuvo liderada por el ferroviario Celestino Sagaceta, un sindicalista de larga trayectoria en la región, que había sido diputado en el tercer gobierno peronista y que tenía una fuerte vinculación con las 62 Organizaciones Peronistas y con la corriente interna del PJ que respondía al interventor Nievas.

Sin embargo, a poco de andar, los conflictos al interior de la CGT, provocados sobre todo por la disputa histórica entre el PJ y el MPN por la representación del movimiento obrero, llevaron a una fractura y a la conformación de otra central paralela a principios de 1982, justo antes del desembarco en Malvinas. La nueva central se declaraba apartidaria, aunque estaba liderada por José Sifuentes, un gremialista de SMATA con amplias vinculaciones con el MPN. Y justificaba su creación por profundas diferencias con la otra central por su distanciamiento con las necesidades e intereses de las bases, y su estrecha vinculación peronista –lo que le restaba independencia en su accionar–. Así, la decisión de declarar apartidaria a la central seguía el propósito de evitar desvirtuarse en sus objetivos “tratando de defender y de poner en claro hacia la opinión pública de todo lo que nos compete como trabajadores”, como expresaba el mismo Sifuentes.^[10]

Ambas CGT habían adoptado lineamientos políticos bien distintos, enmarcados en dinámicas tanto locales –como veíamos– como nacionales. En cuanto a las articulaciones con el movimiento obrero nacional, las dos centrales estaban vinculadas a la CGT liderada por Saúl Ubaldini, la fracción férreamente opositora al gobierno y explícitamente peronista, a diferencia de la conciliadora Intersectorial CNT-20.^[11] Sin embargo, solo la CGT dirigida por Celestino Sagaceta adhería a ella y asumía la identidad peronista, mientras que la otra central se declaraba “no alineada” y se limitaba a sumarse a las movilizaciones y planes de lucha convocadas por la central nacional (Azconegui s/f).

De hecho, ambas se plegaron al plan de lucha por “Pan, paz y trabajo” convocado por la central nacional el 30 de marzo de 1982, pero en acciones separadas: mientras la CGT peronista realizó una misa en la catedral presidida por el obispo, la CGT no alineada optó por movilizarse a la plaza central, en un claro gesto de desafío al régimen. Sin embargo, finalmente el acto no llegó a concretarse porque el despliegue de efectivos fue suficiente para dispersar la concentración, a diferencia de lo sucedido en distintos lugares del país, en los que la represión se desató con dureza.^[12] En el comunicado de la CGT peronista en el que expresaba su repudio a la represión aparecen claramente los cuestionamientos de la entidad al régimen militar:

El proceso se ha descompuesto totalmente; a su falta de consenso se ha sumado hoy una terrible debilidad; ha demostrado no poder soportar la verdad y por eso quiso a cualquier precio ahogar la voz del pueblo que en definitiva es la voz de la verdad.

Luego de hacer alusión a la represión en distintos puntos del país, indicaba

[…] que las detenciones de casi la totalidad de los dirigentes nacionales, no impedirán las medidas de fuerza que se han de tomar. Las regionales de la CGT marcharán sin duda, a la resistencia en la lucha por las reivindicaciones obreras y aún más se nos está llevando a emprender el camino de la clandestinidad y es allí donde seremos invencibles.^[13]

Entonces, ambas centrales regionales tenían en común que se habían alzado contra el régimen militar, cuestionando no solo sus políticas económicas, sino también la falta de libertades y demandando el regreso a un Estado de derecho y la normalización sindical. Sin embargo, sus posicionamientos político-ideológicos eran bien diferentes, no solo por sus alineamientos político-partidarios –como vimos– sino también por sus lecturas del pasado reciente. La CGT peronista se presentaba como fiel “al mandato histórico de Vandor y de Rucci” y descalificaba la experiencia de “Ongaro y su pandilla”.^[14] Es decir, si en líneas generales e ideales podríamos identificar dos grandes corrientes sindicales opuestas que habían fragmentado el movimiento obrero en los ‘70 –la ortodoxa, centralista y verticalista que se limitaba a luchar por reivindicaciones laborales, y la combativa y más democrática, que además de esas cuestiones sectoriales, luchaba por otros objetivos políticos más generales (Etchemendy 2010)–, la central peronista neuquina se inscribía en el legado histórico de la primera. De hecho, la segunda corriente había sido calificada como “subversiva” por las FF. AA. –y por las propias autoridades del Movimiento Nacional Justicialista (Franco 2011)–, y perseguida y asesinada, en muchos casos con la colaboración de los líderes sindicales ortodoxos (Basualdo 2013).^[15] Teniendo presente esta cuestión, no sorprende que esta central reivindicara la “lucha antisubversiva” como el único triunfo del régimen militar^[16] e incluso tras la guerra no adhiriera a ninguna de las movilizaciones de los organismos de DD. HH. para demandar justicia. En cambio, la CGT no alineada se sumaría a cada una de esas multitudinarias marchas con un discurso fuertemente crítico.^[17]

En esta coyuntura nacional y local de “despertar de la sociedad civil” (Quiroga 1994) con un tono fuertemente crítico al régimen militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional buscó en el desembarco en las Islas Malvinas la forma de revertir su crisis de legitimidad, en tanto esa acción estaba basada en una causa nacional apropiada por amplísimos sectores sociales (Guber 2001). A simple vista, la estrategia pareció exitosa: las múltiples muestras públicas de apoyo al desembarco que se sucedieron en todo el territorio nacional parecieron dar cierto respiro al régimen. ¿Cómo impactó esta nueva coyuntura en los posicionamientos y prácticas asumidas por los sectores que se habían opuesto de forma diversa a la dictadura? ¿La apelación a la causa nacional implicó el silenciamiento de sus reclamos o buscaron otras estrategias para continuar con sus demandas en la nueva situación abierta por el 2 de abril? ¿Cuáles fueron los sentidos que construyeron sobre el desembarco y la guerra y qué prácticas desplegaron en consecuencia?

A continuación, exploraré estos interrogantes haciendo foco en dos actores que para los años 1980 y 1981 se presentaban como opositores a la dictadura. Como vimos, se trata de dos colectivos que podríamos ubicar en los extremos opuestos del amplio arco de actitudes disidentes a la dictadura. Por un lado, un movimiento obrero fragmentado y en recomposición, que en parte estaba representado por dos centrales: una no alineada –con gran grado de movilización y que terminó en una férrea oposición a la dictadura en todos los frentes– y la CGT peronista, que cuestionaba al régimen por su política económica y su falta de normalización institucional, pero con el que compartían su interpretación de la “lucha antisubversiva” como un logro incuestionable de las FF. AA. Por otro lado, la Iglesia católica neuquina, fuertemente marcada por el catolicismo renovador, que impugnaba al régimen desde sus inicios por las violaciones a los DD. HH. y la conculcación de libertades, además de la crisis económica.

El movimiento obrero organizado y sus grados de apoyo al conflicto bélico

El 2 de abril de 1982 las dos CGT regionales se manifestaron públicamente sobre el desembarco en las Islas, a tono con las masivas concentraciones que se produjeron no solo en Capital Federal sino también en otros espacios del país.^[18] A diferencia de otras tantas entidades sociales y políticas neuquinas que se limitaron a difundir sus avales mediante comunicados públicos, las dos centrales decidieron ir más allá, movilizándose en un espacio central de Neuquén –la Plaza Roca– pero en forma separada. Mientras la CGT peronista se sumó con una pequeña delegación al acto oficial organizado por el gobierno provincial –suspendiendo la muestra de adhesión propia–, la otra central optó por llevar adelante un acto aparte en el que, así como expresó su apoyo a la “recuperación” por la justicia de la causa soberana, no dejó de manifestar sus cuestionamientos a la dictadura militar.^[19]

Entonces, el mismo 2 de abril ya aparecen indicios de las distintas actitudes frente a la guerra y el régimen militar que adoptarían las dos centrales de trabajadores. Sin dudas, esos diversos comportamientos guardaban coherencia con sus posicionamientos político-ideológicos y con el espacio que asumieron en el movimiento obrero neuquino y nacional. Considerando sus trayectorias, no resulta sorprendente que durante la guerra la CGT peronista apareciera más estrechamente vinculada al régimen militar en una adhesión total y sin grises al desembarco, mientras que la otra regional también daba su aval, pero tratando de mantener un mayor distanciamiento con el gobierno de facto. Estos distintos comportamientos se desplegaron por parte de actores que en 1982 se autodenominaban opositores a la dictadura.

Sin embargo, tras el 2 de abril, si bien las dos centrales abrieron un “paréntesis” en la lucha hasta que se resolviera el conflicto –al igual que los dos agrupamientos nacionales (CGT e Intersectorial CNT-20)–, José Sifuentes aprovechó el acto por Malvinas que realizó la regional que dirigía, junto a la Coordinadora de Gremios Estatales, para recordar sus otros reclamos y aclarar el propio posicionamiento. En la búsqueda por disipar posibles críticas o malentendidos a su respaldo, Sifuentes comenzaba manifestando:

Somos los mismos que el día 26 izamos la bandera nacional en el camino a Loma de Lata, en un acto de soberanía. Somos los mismos que fuimos obligados a desalojar la plaza Roca en la jornada del día 30. Somos los mismos que repudiamos la acción violenta del aparato represivo montado contra nuestros compañeros…^[20]

Una vez explicitado el lugar desde donde se paraban –opositor al régimen–, explicaban que el congelamiento temporal del plan de lucha se debía a su respaldo a la causa justa de soberanía, ya que los trabajadores no solo estaban dispuestos a “defender sus conquistas gremiales y sociales” sino que “con todo fervor patriótico” se ponían a disposición de las autoridades para contribuir como fuese a “la defensa de la soberanía nacional”.^[21]

En cambio, la CGT peronista, además de adherir al acto oficial, en el que habían intercambiado saludos con las autoridades militares, días después emitió un comunicado junto a las 62 Organizaciones y al Movimiento Nacional Justicialista que respondía a la intervención, que era mucho más categórico en su apoyo al desembarco y se destacaba por la ausencia de cuestionamiento al régimen o el sostenimiento de sus reclamos. El comunicado expresaba que los tres agrupamientos habían decidido solidarizarse con las FF. AA. y deponer “todo problema coyuntural”, ya que la urgencia de la situación así lo demandaba. Y desarrollaban su interpretación del conflicto y la posible evolución del mismo:

Invocamos a Dios nuestro señor ilumine a quienes por 150 años no supieron interpretar las pacientes reclamaciones argentinas y la hagan deponer toda agresión, por otra parte digna de una mejor causa, y no obliguen al derramamiento de sangre, que de seguro –por la nobleza propia del soldado argentino, como lo hicieron en nuestras islas– si lo exigieran las circunstancias, lo harán en las tierras y mares del sur para reafirmar una vez más que la patria vive en cada argentino.^[22]

El posicionamiento de la central demostraba no sólo un pleno apoyo al accionar militar, ya que la justicia estaba del lado argentino tras años de negociaciones pacientes y estériles, sino que además consideraba que la paz únicamente era posible si Gran Bretaña no respondía. Es decir, tras el desembarco en el archipiélago no había nada que negociar ya que las FF. AA. argentinas habían asumido el “legítimo derecho de […] restituir a la integración global de su territorio las partes usurpadas en 1833”.^[23] Por ende, la única posibilidad de evitar un enfrentamiento bélico y el consecuente derramamiento de sangre era si Gran Bretaña aceptaba la situación de facto.

El comunicado se limitaba pues a explicar el sentido del conflicto, que se consideraba causa suficiente para deponer los anteriores reclamos e incluso cualquier posible cuestionamiento al régimen. Se trataba de un posicionamiento mucho más acrítico que el sostenido por la central no alineada, que incluso tras el acto del 2 de abril optó por replegarse casi totalmente del espacio público a lo largo de los 74 días de conflicto. Por el contrario, la CGT peronista junto a sus “socias” –las 62 Organizaciones y el Movimiento Nacional Justicialista– llevó a cabo diversas acciones concretas en apoyo al conflicto y en solidaridad con las FF. AA. y los combatientes en las islas.

Así, en el plenario del 5 de abril esas entidades no sólo decidieron suspender toda medida de fuerza, sino que se constituyeron en “Asamblea permanente en apoyo de las Fuerzas Armadas”, organizando luego un registro de voluntarios para trabajar en las islas y de dadores de sangre. Nievas, el interventor del PJ, fue el que propuso estas medidas, basadas en su “convencimiento de que en todos los trabajadores argentinos y máxime en sus dirigentes, prevalece el accionar del General Perón de que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres”. Y luego agregaba, que por ello “hoy todos nuestros problemas han pasado a ser secundarios” ante la inminencia de la agresión británica. Frente a esta situación, era fundamental hacer todo lo que estuviera al alcance para colaborar, y sobre todo convocaba a fortalecer “el frente político-gremial, de apoyo y solidaridad con nuestras FF. AA., que es en definitiva –en esta hora– ser solidarios con la Nación misma”.^[24] De hecho, adelantando posibles cuestionamientos, al día siguiente la CGT advertía: “que esto no confunda a nadie; que nadie piense en forma subalterna. No estamos olvidando nada, ni estamos negociando nada. La lealtad no se negocia, y por sobre todas las lealtades, está la lealtad a la Patria”.^[25]

Sin embargo, esta explicación en la que la lealtad a la Patria estaba por encima de todo y era motivo suficiente para explicar el apoyo incondicional, lejos estuvo de disipar toda crítica. La central regional liderada por Sagaceta parecía haber ido demasiado lejos en su cambio de discurso e incluso en sus prácticas, mucho más allá incluso que la CGT nacional, ya que mientras esta última trataba de distanciarse del régimen en cuanta oportunidad se le presentaba, indicando que los otros reclamos continuaban vigentes y que la lucha por la soberanía territorial tenía que ser el primer paso para la recuperación de la soberanía integral –económica y política– (Sangrilli 2012), la central regional silenciaba cualquier otra demanda o incluso el más mínimo cuestionamiento al régimen. Más aun, mientras la organización peronista neuquina afirmaba que tras el 2 de abril las FF.AA. eran las legítimas representantes de la Nación por haber cumplido con un anhelo de todo el pueblo argentino, la CGT nacional insistía una y otra vez que su aval al desembarco se debía a que los hijos de los trabajadores eran los que estaban combatiendo en las islas, disputándole a las FF. AA. incluso la representación del pueblo argentino en la acción soberana (Guber 2001, 43).

El rotundo cambio en la retórica y el accionar de la central sindical y las organizaciones peronistas ortodoxas a partir del 2 de abril fue tan evidente que se vieron obligadas a realizar una conferencia de prensa para explicar una vez más los motivos de su comportamiento. Nuevamente, el interventor Nievas fue el que habló en representación de las tres agrupaciones y si bien esta vez sí asumió su lugar de opositor al régimen militar –“Los peronistas fuimos, somos y seremos adversarios del proceso”–, indicó que “un adversario leal reconoce cuando debe reconocer y critica cuando se debe criticar”, pero en esta oportunidad no podía haber otra actitud más que la de respaldo y solidaridad hacia las FF. AA. Incluso, respondiendo a sectores que calificaba de “borgianos”, Nievas no tenía reparos en ensalzar la acción de las FF. AA.:

[…] hay muchos Borgianos que hoy se sienten molestos de que, a quienes acusaron de no conocer ni el silbido de una bala, hayan demostrado ser capaces de efectuar una acción de guerra, llevando como consigna vencer, morir y no matar y haberlo logrado. Nosotros no podemos dejar de valorarlo y eso hace que estemos al lado de nuestro ejército, nuestras FFAA. Hay un tiempo para cada cosa, y este es el tiempo de estar al servicio de la Patria.^[26]

Es posible inferir que calificaba de “borgianos” a aquellos que –como el escritor Jorge Luis Borges– habían adoptado una perspectiva crítica sobre las FF. AA. por su rol en el terrorismo de Estado.^[27] En cambio, en forma consecuente con su percepción sobre el rol de las instituciones castrenses en el pasado reciente, a las que –recordemos– respaldaban en su accionar en la “lucha antisubversiva”, ahora las organizaciones peronistas tampoco tenían problema en calificar de excepcional el desembarco en las islas que había tenido como objetivo ser una acción incruenta para facilitar las negociaciones. Y no solo ello, sino que advertían que no eran “tontos” ni “idiotas útiles” ya que no había posibilidad “honesta y patriótica de eludir el aval en estas circunstancias a nuestras FF. AA., máxime cuando también somos responsables de la decisión tomada por ella, al haber reclamado sistemáticamente y aun hace muy poco tiempo una solución al problema de ocupación de nuestros territorios por parte de ingleses y chilenos”.^[28]

Al día siguiente que realizaron tan categórico apoyo a las FF. AA. por la toma de las Islas (que los llevó incluso a compartir la responsabilidad por el desembarco), la sociedad neuquina recibía los restos del soldado Jorge Águila, un joven neuquino del interior de la provincia que había fallecido en los enfrentamientos en las Islas Georgias el 3 de abril. La recepción del cuerpo fue multitudinaria tanto en Cutral-Co –donde vivía su familia– como en Paso Aguerre –una pequeña localidad, de donde era oriundo–. Él había sido el primer conscripto muerto en el conflicto, uno de los cuatro caídos que había provocado la toma de las Islas del Atlántico Sur. Ese día, la CGT peronista fue la única entidad que publicó la “Elegía al soldado Jorge Águila” que se ubicaba en la tradición de culto patriótico a los muertos: “Un águila fue cóndor… voló hasta las Malvinas… y en su hermoso ejemplo, su sangre derramó. Hermano en patria y Cristo… serás ejemplo y guía… de todos los soldados… que tenga tu nación”.^[29]

Sin embargo, si el impacto de este temprano contacto con la muerte pudo haber provocado mesura y mayor reflexión en algunos sectores de la sociedad neuquina –según indicaba el editorialista del diario regional–,^[30] por el contrario, para la CGT peronista parece haber sido indicio de que la razón estaba de su lado, y ello no solo se demuestra en el tono belicista y exitista de los volantes distribuidos el día de la “Marcha por la Paz” el 22 de abril. Unos días antes, en una coyuntura de estancamiento de las negociaciones diplomáticas, la central publicó un comunicado que tanto volvía a dar su apoyo a las FF. AA. por su “reconquista de nuestras Malvinas del poder usurpador del imperialismo británico”, como demandaba la organización de un “cabildo abierto” por parte del gobierno –como en 1810– para “ser partícipes de nuestro destino […] para que sea el pueblo quien decida”.^[31]

En la declaración llama la atención cierta resignificación del conflicto como la generalidad y vaguedad de sus propuestas. En primer lugar, la nueva retórica en clave antiimperialista, hasta el momento ausente en sus declaraciones, aunque no de la central obrera nacional a la que adhería. En segundo lugar, la propuesta de un “cabido abierto” para intervenir en las decisiones frente al conflicto parece coincidir con la insistente demanda de una “concertación” de todos los frentes sociales con las FF. AA. por parte de la Intersectorial CNT-20, la corriente más conciliadora del movimiento obrero nacional. Dos días antes, esa entidad había demandado a las FF. AA. para que de forma urgente se diera “forma y legalidad a una amplia y generosa concertación institucional, que permita al pueblo argentino estar representado en la resolución de los problemas que lo afectan social, económica y políticamente, mientras se transita planificadamente hacia la total vigencia del Estado de derecho en el marco constitucional”.^[32] Aunque sin dar precisiones al respecto, proponía que la recuperación de la soberanía territorial debía ser el primer paso para conquistar la “soberanía integral”. La CGT regional peronista parecía compartir esa vaga propuesta que propugnaba cierta defensa de la soberanía popular, aunque con mayor moderación puesto que nada mencionaba sobre los problemas que atravesaban a la sociedad argentina. Sin embargo, a diferencia de la CNT que insistiría en dicha convocatoria de allí en más, en el caso de la central local se trató de un brevísimo comunicado con una propuesta aislada y en solitario, que nunca más volvieron a repetir hasta el fin del conflicto.

En síntesis, durante abril, la CGT peronista de Neuquén, junto a las 62 Organizaciones y el Movimiento Nacional Justicialista que respondía a la intervención, se sumó con fervor patriótico y en forma acrítica a la movilización por la guerra, sin plantear posibles advertencias ni lecturas entrelíneas sobre la autoridad que hacía el desembarco o el momento elegido para llevarlo adelante, sin siquiera continuar sosteniendo sus reclamos previos. En tal sentido, esa central aparece con una actitud mucho más moderada y conciliadora que la CGT nacional a la que respondía, la que tuvo un posicionamiento mucho más crítico ya que, aun cuando dio su aval a la recuperación porque se trataba de una “causa del pueblo” en la que combatían “sus hijos” e hizo un paréntesis en el plan de lucha, no desperdició oportunidad para cuestionar a la dictadura y continuar sosteniendo sus anteriores reclamos en cada acto, comunicado y reunión con el ministro de Trabajo. Podría afirmarse que si la CGT nacional adaptó sus formas de demanda a la coyuntura bélica (Sangrilli 2012), la central neuquina directamente acalló dichos reclamos para sumarse fervorosamente a la movilización por el conflicto, yendo mucho más allá que la otra regional local e incluso confrontando con los sectores sociales que promovían otra interpretación de la coyuntura bélica.

La Iglesia católica neuquina: de un pacifismo moderado a un antibelicismo radicalizado

El mismo día del desembarco, el obispo Jaime de Nevares y un grupo de sacerdotes neuquinos difundieron un comunicado que da cuenta de la complejidad de la situación a la que se vieron enfrentados quienes habían alzado su voz oponiéndose a la dictadura desde sus inicios. En medio de un clima de fervor patriótico y alegría popular, el comunicado comenzaba expresando su apoyo al desembarco, basado en la justicia de la reivindicación soberana de las islas: “Enterados por los medios de difusión de que han sido tomadas las Islas Malvinas por las Fuerzas Armadas Argentinas, damos gracias a Dios de que las Islas Malvinas hayan vuelto al dominio de nuestra Patria” (De Nevares 1994, 82).

Sin embargo, tras esa oración inicial de alegría por el “hecho de justicia” (como luego lo calificaban), el clero neuquino ponía blanco sobre negro los riesgos que podría conllevar el accionar militar. En concreto, tanto pedía por la paz como advertía sobre la posibilidad de que el desembarco fuese una maniobra del régimen para “excitar los ánimos con fines belicistas” y así ocultar los problemas que estaban desgarrando a la sociedad argentina:

Pedimos que este hecho de justicia y las negociaciones posteriores sean conducidas por ambos países con tal cordura política que impida una guerra.

Pedimos que sean respetados los pobladores de las islas.

Pedimos que este hecho de soberanía no sea utilizado para excitar los ánimos con fines belicistas.

Pedimos, también, que no se lo use de pantalla para sofocar, olvidar, desviar la atención de los graves problemas internos de desocupación y hambre (De Nevares 1994, 82).

Un elemento que llama la atención es la mención de los isleños, los sujetos que en el imaginario argentino aparecían como representantes del imperio británico en el territorio usurpado, cuando no estaban directamente invisibilizados en un archipiélago percibido como un territorio vacío (Lorenz 2014, 10). Desde una mirada profundamente humana, el obispo y los sacerdotes no solo recordaban que esas tierras que habían sido recuperadas por las FF.  AA. estaban habitadas, sino que además pedían que se respetaran sus derechos, temiendo tal vez que se replicaran en las Islas las violaciones a los DD. HH. cometidas contra sus propios ciudadanos en el continente.

Asimismo, el presbiterio neuquino discutía el concepto de soberanía que parecía emanar de la toma de las Islas por parte de un gobierno de facto. Frente a la soberanía entendida como exclusivamente territorial, el clero planteaba que la principal soberanía que había que defender y cuidar era aquella que se basaba en nuestros recursos naturales, nuestra industria, y, en definitiva, en nuestro “pueblo”, es decir, la soberanía popular:

Y pedimos que quienes hoy recuperan para nuestra soberanía la parte sur del territorio que siempre fue argentino, sepan mantener la soberanía del subsuelo; la soberanía de nuestra industria expuesta a la expoliación por un sistema económico contrario a los intereses de la Patria; y sepan también que la mayor riqueza y soberanía de la Argentina es nuestro pueblo, al que se lo hace padecer las consecuencias de una economía que lo empobrece, y se lo reprime violentamente cuando quiere hacer sentir su descontento. Y he de decir así mismo/porque de adentro me brota/que no tiene patriotismo/quien no cuida al compatriota (Martín Fierro) (De Nevares 1994, 82).

Denunciando la represión desatada sobre la movilización de la CGT dos días antes, los integrantes de la diócesis neuquina afirmaban que la verdadera Patria que había que defender y cuidar era la encarnada en los hombres (y en los recursos que le daban su sustento) y no solo en un territorio que se lo percibía en forma abstracta.

La postura del clero neuquino frente al desembarco no solo aparecía como discordante en un contexto en el que la movilización ciudadana priorizó el apoyo a la “recuperación” en un clima de verdadero fervor patriótico y algarabía popular, aunque en ocasiones ello no implicó silenciar los cuestionamientos al régimen. Su posicionamiento también se distanciaba parcialmente de la actitud asumida por la Iglesia católica nacional.

Así, compartía con la mirada del Episcopado la legitimación del accionar militar por la causa justa en la que se basaba y el pedido por la paz. Es decir, en este primer comunicado el presbiterio neuquino parecía sumarse a la fórmula moderada “paz con justicia” que caracterizó a la mayoría de la jerarquía católica, en la que “las apelaciones a la paz quedaban subordinadas a lo que la Iglesia consideraba un reclamo justo” (Obregón 2007, 89). Para el Episcopado “esa ecuación permitía, por un lado, no quedar al margen de la corriente de adhesión popular que había generado la ‘gesta malvinense’, con la cual la Iglesia se sentía plenamente consustanciada y, por otro lado, no apartarse de los lineamientos del Vaticano” (Obregón 2007, 91).^[33]

Sin embargo, hasta ahí llegaban las similitudes. Desde sus marcos de sentido, el clero neuquino hacía una interpretación muy diferente del acontecimiento, y por ello tanto advertía por la utilización de la causa soberana por parte de un régimen que reprimía y hambreaba a su propio pueblo, como continuaba sosteniendo las demandas previas al conflicto por la crisis económica, la represión, y –en otras acciones– por la normalización institucional y los desaparecidos. Es decir, a diferencia del Episcopado que no mencionó esas cuestiones durante el conflicto bélico –y en los años más duros de la dictadura lo había hecho solo en forma aislada y ambigua–, el clero neuquino no solo las reafirmaba y no las dejaba en segundo plano, sino que además esas denuncias acompañaban la propia interpretación de la coyuntura bélica.

La trayectoria del obispo y del presbiterio neuquinos que denunciaron de manera constante y pública la violación a los DD. HH. durante la dictadura explica tanto su interpretación sobre la coyuntura abierta el 2 de abril como las prácticas que desplegaron en consecuencia demandando por una resolución pacífica del conflicto desde los inicios del mismo.

En tal sentido, el 9 de abril, el obispo de Nevares encabezó el tradicional “Vía crucis a la Barda” en Neuquén capital, en el que participó una verdadera multitud, entre la que se encontraban miembros de organizaciones políticas locales. La movilización con motivo de esta celebración cristiana llegó a contar con más de seis cuadras y en ella los participantes oraron por “la paz en este momento tan crítico; por los problemas sociales que afronta nuestro país; por las madres de los desaparecidos”. Y si bien el obispo no hizo mención explícita ni al conflicto en el archipiélago ni a la causa Malvinas, sus palabras no dejaban lugar a dudas, ya que instó a orar por la paz porque “un cristiano no puede aceptar la violencia y la guerra”.^[34]

Como venía ocurriendo desde el inicio de la dictadura, la celebración cristiana tradicional fue resignificada para difundir un mensaje que expresaba un compromiso humano y religioso que era también político: la defensa de la vida, los DD. HH. y la paz implicaban, en esta coyuntura, una denuncia de las problemáticas que atravesaban a la sociedad argentina (Mombello 2003). Como afirma Cecilia Azconegui, esta habilitación del espacio público para manifestaciones de denuncia –aun en los años más duros de la represión– se explica porque, como la Iglesia católica era una de las fuentes de legitimación de la dictadura, el régimen militar aseguró la libertad de todos los símbolos y prácticas religiosas, aun cuando ello pudiera tener repercusiones desfavorables:

En el caso neuquino surgieron a partir de 1977, manifestaciones religiosas que funcionaron como espacios de denuncia y oración, como las Marchas de la Fe con motivo de la celebración de la Navidad, y las Marchas de la Vida en ocasión de la celebración secular del día de la madre, y se resignificaron otras como el vía crucis de Pascuas. Estas manifestaciones religiosas se convirtieron en actos de denuncia en donde se pedía por los detenidos-desaparecidos y se intentaba generar conciencia en la mayor cantidad de gente posible. Realizadas en el espacio público, estas prácticas tenían un doble significado. El significado públicamente religioso enmascaraba el significado político oculto protegiendo así a los protagonistas de las denuncias de quienes todavía no se animaban a mostrase abiertamente en público (Azconegui 2012, 278).

Al día siguiente del Vía Crucis, el 10 de abril, la Coordinadora de Grupos Juveniles Cristianos organizó un acto de oración junto al obispo con el lema “La Paz, don de Dios confiado a los hombres”. Esta fue una actividad previa de reflexión de cara a la “Marcha por la Paz” que realizaron el 22 de abril, en una coyuntura de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de avance de la contienda bélica; acontecimiento en el que se produjo el incidente con la CGT peronista, las 62 Organizaciones y el Movimiento Nacional Justicialista que respondía a la intervención.

En tal sentido, el cuestionamiento de los medios ilegítimos para resolver el diferendo internacional aparece más claramente si analizamos en conjunto la “Marcha por la Paz” de los jóvenes católicos^[35] y el mensaje de Monseñor de Nevares que fue leído en la misa en la que confluyó la concentración, ya que se encontraba ausente de la ciudad. A diferencia del comunicado del 2 de abril en donde agradecía a Dios “que las Islas Malvinas hayan vuelto al dominio de nuestra Patria”, en la homilía el énfasis estaba puesto en un llamado urgente por la paz sin excusas, dilaciones, ni condicionamientos, sin siquiera nombrar la causa soberana.

Luego de indicar “Gran esperanza da el número cada vez mayor de jóvenes que desean juzgar los acontecimientos a partir del evangelio del amor. Y la ley del amor –cuyo cumplimiento abarca e implica el cumplimiento de toda la voluntad de Dios, de todos los mandamientos–, les dice: No a la guerra!!!! Jamás la guerra!!!!, como Pablo VI ante las Naciones Unidas”, el obispo afirmaba:

De allí que hayan resuelto convocar a los cristianos a mostrar públicamente su voluntad de Paz y a unirse en oración (…). Oración que pide se acaben las pasiones, que cedan los intereses a fin de que quienes tienen el poder de decisión en estos trascendentales momentos se guíen por la razón iluminada por la Palabra de la Sabiduría infinita de Dios, que es amor. Que el Señor de la Paz, nos conceda la Paz.^[36]

Esta radicalización de su actitud opositora a la guerra a fines de abril –en los inicios del conflicto– puede vincularse al desarrollo del mismo y específicamente al fallecimiento del joven soldado neuquino Jorge Águila el 3 de abril. Como indicamos, ese temprano contacto con la muerte pudo haber provocado cierta mesura en la efervescencia patriótica de amplios sectores sociales y, en el caso de la Iglesia católica neuquina, una mayor reflexión y perspectiva crítica hacia el conflicto.

Entonces, la “Marcha por la Paz” fue un momento en el que condensaron y confrontaron posicionamientos opuestos frente a la guerra y la paz, que estaban basados en diversos sentidos sobre el conflicto por parte de actores con trayectorias históricas disímiles.

En primer lugar, ambos actores colectivos disentían en sus interpretaciones sobre el conflicto y en el comportamiento que había que adoptar frente al mismo. Si para la CGT peronista –junto a las 62 Organizaciones y el Movimiento Nacional Justicialista– la lealtad a la Patria era motivo suficiente tanto para dar su apoyo a la guerra basada en una causa justa de soberanía, como para silenciar sus anteriores reclamos y cualquier otro cuestionamiento al régimen, para la Iglesia católica neuquina la propia perspectiva crítica sobre la dictadura enmarcaba su lectura del desembarco, al que en principio no dejaba de reconocer como un hecho de justicia, para rápidamente advertir sobre los posibles usos y manipulaciones del mismo, y continuar sosteniendo sus reclamos por los problemas económicos, la represión y la falta de libertades provocados por un régimen ilegítimo.

En segundo lugar, también confrontaban en su perspectiva sobre la paz. Si para las organizaciones gremiales y políticas peronistas, la única forma de evitar un enfrentamiento bélico era que Gran Bretaña no respondiera al desembarco –ya que toda la razón estaba del lado argentino, y por ende no había nada que negociar o ceder–, la Iglesia católica neuquina fue radicalizando su postura pacifista, hasta convertirse en plenamente antibelicista: sin cuestionar la causa de soberanía, priorizaba la demanda urgente por la paz, afirmando que los gobiernos debían ceder sus pasiones e intereses, y resolver el conflicto mediante negociaciones diplomáticas ya que la guerra era un recurso ilegítimo e inhumano para dirimir las diferencias.

Desde la “Marcha por la Paz” hasta la derrota

Tras la “Marcha por la Paz”, la central obrera peronista y la Iglesia Católica local continuaron sus propios recorridos, a la par del agravamiento de la contienda, el estancamiento de las negociaciones diplomáticas y el inicio de los enfrentamientos bélicos. Mientras la CGT siguió con gran exposición hasta principios de mayo y luego pasó a ocupar un lugar marginal en el escenario público hasta el fin de la contienda (con contadas apariciones solo a través de comunicados), tras la “Marcha por la Paz” los integrantes de la diócesis local se replegaron de la escena pública hasta principios de junio. Desde ese momento y hasta la derrota, el obispo, los sacerdotes y laicos volvieron a cobrar fuerte visibilidad debido a la nueva coyuntura abierta por la visita del Papa Juan Pablo II al país concretada el 11 y 12 de junio.

En principio, a fines de abril, las dos centrales de trabajadores participaron en las reuniones organizadas por el gobierno provincial para informar sobre la marcha del conflicto. Replicando lo realizado por el régimen a nivel nacional, el gobernador Trimarco realizó diversos encuentros en los que convocó a un amplio abanico de actores: las principales organizaciones políticas, las entidades gremiales y patronales y hasta agrupaciones deportivas y culturales, además de los intendentes. Si la Iglesia Católica estuvo excluida de esta convocatoria –lógicamente, por otra parte, ya que habían demostrado ser frontalmente opositores a toda iniciativa–, las dos CGT fueron invitadas de honor.

Tras el encuentro, ambas centrales dieron sus propias conferencias de prensa, siendo esta una de las escasas apariciones públicas de la CGT no alineada. Esta vez las dos organizaciones coincidieron en su actitud frente al conflicto y al régimen: una vez más ambas dieron su apoyo al accionar de las FF.AA. en las Islas, afirmando que el resto de las demandas debían quedar en segundo plano porque primero estaba la Patria. Incluso, en esta oportunidad la CGT liderada por Sifuentes no sólo no se distanció del régimen como a principios de abril, sino que fue más allá en su respaldo al convocar a los trabajadores a “mantener en sus altos niveles la productividad, siendo concientes que en ella [esa tarea] colaboramos eficientemente con nuestros soldados…”^[37]

La decisión de participar en la reunión y el posicionamiento asumido allí no era menor: se jugaba el reconocimiento de las centrales como representantes de los trabajadores, ya que hasta ahora continuaban ejerciendo en la ilegalidad (representación que además se hallaba en disputa). De hecho, esa situación fue admitida por el interventor del PJ, Nievas, tras la reunión de su partido con el gobernador, cuando luego de dar nuevamente un apoyo total e irrestricto a las FF. AA. en su accionar en Malvinas, afirmó: “es auspicioso que se nos reconozca el derecho a ser informados y a participar en las cosas nacionales y nos alegra que se haya comprendido que es una obligación la de informar y compartir problemas con los representantes naturales de las mayorías nacionales”.^[38]

A medida que la guerra avanzaba con los inicios de los enfrentamientos en mayo hasta las batallas decisivas de junio, la central regional –junto a las 62 Organizaciones y la línea ortodoxa del PJ– comenzó a replegarse paulatinamente del espacio público.^[39] Luego de casi un mes de silencio, la CGT peronista volvió a la escena pública en la conmemoración de la Revolución de Mayo. Esta vez no participó en el acto oficial (a diferencia del 2 de abril), sino que emitió un comunicado con ribetes belicistas, en el que indicaban: “confiamos en que este 25 de Mayo, tan trascendente, traiga consigo no solo la victoria en la guerra entablada con los invasores colonialistas y de la que no dudamos, sino también nos devuelva a nuestra patria anhelada, soberanamente libre en todos los campos sin dependencias territoriales ni económicas”.^[40]

Si bien el comunicado no destacaba por su claridad, el deseo de una nación soberana no solo en lo territorial sino también en lo económico puede leerse –en forma difusa– como un cuestionamiento a la política económica liberal del régimen, cuestionada por gran parte de los actores gremiales justamente por “antinacional”, en abierta contradicción con la lucha por la soberanía del archipiélago.

Asimismo, en el comunicado publicado en torno a la visita del Papa, la CGT peronista nuevamente recordó al pasar sus demandas. En un mensaje plagado de eufemismos y en el que no pedía expresamente por la paz (a tono con su actitud a lo largo del conflicto pero no con la coyuntura nacional), la central manifestó que dicha visita adquiría “una tremenda significación en esta hora tan difícil por la que atravesamos y donde se está jugando no solo la defensa de la soberanía territorial, sino también la unión definitiva de todos los argentinos en torno de lo que de aquí en más deberá ser un país pujante libre y soberano con plena vigencia del Estado de derecho y justicia social”.^[41]

Entonces, recién a partir de fines de mayo y principios de junio, la CGT peronista modificó su estrategia para comenzar a mencionar tímidamente sus reclamos previos al 2 de abril. Ese cambio en su actitud de mayor distanciamiento hacia el régimen pudo haberse debido a dos factores. Por un lado, tal vez, la percepción que los días de la guerra estaban contados llevaba a hacer algunas advertencias sobre la importancia de la unidad nacional ganada tras el 2 de abril y –podemos inferir– el peligro de perderla en caso de derrota. Por otro lado, también pudieron haber incidido los realineamientos que se estaban produciendo en el movimiento obrero nacional: la creación de la CGT Azopardo por parte de la Intersindical CNT-20, en estrecha relación y diálogo con el gobierno, estaba llevando a la otra confederación (ahora llamada CGT Brasil) a endurecer su oposición al régimen, no solo cuestionando su política económica y un inmediato retorno al Estado de derecho, sino acusándolo de querer fragmentar el movimiento obrero (Sangrilli 2012). Esta situación pudo haber impactado en el moderado replanteo de las consignas previas a la guerra por parte de la central regional peronista, adherida a la CGT más confrontacionista.

Por su parte, la Iglesia católica neuquina aprovechó la nueva coyuntura abierta por la noticia de la visita del Sumo Pontífice (que había sido anunciada a fines de mayo) para volver a ocupar el espacio público con la demanda urgente de paz. Así, el 3 de junio, el presbiterio neuquino no desperdició la oportunidad para difundir un comunicado a tono con el motivo de la visita de la autoridad máxima de la Iglesia católica: pedir por “el deber imperioso” de paz, en palabras del Papa.^[42] El comunicado comenzaba indicando el propio cambio de actitud hacia el conflicto por parte de los miembros de la diócesis neuquina desde el desembarco al presente:

Ayer alentados por la reunificación del suelo patrio buscábamos orientarnos hacia un futuro de unidad nacional. Por eso proclamamos y urgimos a construir la paz […] trabajando en un clima de justicia.

Hoy la euforia se convierte en angustia y dolor. La guerra empezó y sigue con su tremendo precio de vidas humanas y de destrucción, lo cual acarreará hambre, niños desnutridos y enfermos, familias enlutadas, desocupación agravada… en un futuro muy cercano (De Nevares 1994, 83).

Luego de hacer un llamado urgente por la paz, invitaba a la sociedad a reflexionar sobre una serie de actitudes que demostraban que “el rencor, el odio, la ofensa ha surgido en el corazón de muchos argentinos” (De Nevares 1994, 83). Y, a continuación, identificaba algunas de esas actitudes que “destruían la paz”, como realizar expresiones que implicaban la negación del hombre como valor supremo de Dios; colaborar con la continuación de la guerra con la compra de armas; rezar a Dios “hasta la victoria final” de nuestras armas o por la aniquilación del adversario; recurrir a la guerra por los medios de comunicación deformando “el auténtico patriotismo” y recurrir a la injuria, la calumnia, la mentira.

Tras advertir la manipulación de los medios de comunicación y del gobierno, el clero neuquino reiteraba su pedido de paz sin condicionamientos y sin dilaciones, es decir, sin subsumirlo a la justicia de la causa de soberanía de las islas. Sin grises ni lecturas entrelíneas, el obispo y los sacerdotes afirmaban:

Creemos que ya es tiempo de realizar un gesto valiente de paz, que ya es impostergable: detener la guerra, que no es ceder a los derechos, y poner fin así a las matanzas y destrucciones. No será un gesto cobarde, sino un gesto valiente del que sabe que le asiste una justicia superior a la humana. Será el gesto valiente de un pueblo que cree y se guía en su conducta por la fe que profesa. Será el gesto valiente de un pueblo que ha llegado a su verdadera madurez humana y quiere la paz.

Esto no es una actitud antipatriótica. Porque no puede ser conforme al recto patriotismo lo que contraría al Evangelio […] Hoy comprendemos mejor que ‘dar la propia vida’ no significa derramar nuestra sangre o la sangre de adversarios, ni siquiera contribuir al derramamiento de sangre (De Nevares 1994, 83-84).

Lejos quedaba la fórmula “paz con justicia” que en parte compartió el clero neuquino en el primer comunicado el 2 de abril y que caracterizaron las declaraciones públicas de los principales representantes del Episcopado hasta los últimos días de la guerra (Obregón 2007). Ahora, de Nevares y los sacerdotes afirmaban que ninguna causa podía justificar semejante “matanza”: la vida humana estaba por encima de cualquier diferendo territorial. Si, como indiqué previamente, desde la perspectiva del clero neuquino la Patria estaba encarnada primero y ante todo por “el pueblo”, el “auténtico patriotismo” pasaba por detener la guerra en forma inmediata, continuar el reclamo de la soberanía del archipiélago en la mesa de negociaciones y evitar así la muerte de más ciudadanos en el campo de batalla.

Sin embargo, dado el clima de efervescencia patriótica, resulta entendible la advertencia del presbiterio neuquino de que su mensaje pacifista no fuese entendido como una actitud contraria a la Patria. Más aún, si tenemos presente que, tras el primer comunicado del 2 de abril, el obispo había sido denunciado por un ciudadano de Bahía Blanca por “traición a la patria”. Si bien no pudimos rastrear la causa judicial, sí sabemos que de Nevares tuvo que declarar en ella hasta que resultó sobreseído (San Sebastián 1997, 272).

Además, el presbiterio neuquino entendía la paz como una práctica concreta y cotidiana en la que estaban involucrados todos los ciudadanos, que con sus acciones construían la misma o la lesionaban, y no solo como una cuestión diplomática abstracta que atenía a los gobiernos (como la entendía la mayoría del Episcopado). De hecho, esta forma de comprender la paz expresa una continuidad con su postura crítica frente al conflicto del Beagle en 1978, momento en el que la Iglesia Católica norpatagónica se había caracterizado por una constante demanda de paz, entendida como el cuidado y protección cotidiana de los migrantes chilenos, quienes estaban siendo hostigados, perseguidos e incluso deportados (Azcoitia y Barelli 2020; Azconegui y Rodríguez e/p).

La insistencia en la demanda de paz por parte de la diócesis neuquina no solo la observamos en las acciones colectivas del clero neuquino, como este comunicado y la realización de una misa para orar por la paz (auspiciada por la juventud radical).^[43] Sino, también, en la palabra y acción individual del obispo de Nevares, que pasó a un primer plano en la coyuntura de vísperas de la visita del Papa. Ávida de información por la noticia del momento, la prensa se acercó a la jerarquía católica, buscando declaraciones sobre el viaje de la máxima autoridad de la Iglesia católica. En ese contexto, ni bien anunciada la visita, de Nevares declaró su satisfacción y alegría e invitó a todos a acompañarlo en forma presencial o “uniéndose a sus angustiosas plegarias en favor de esta paz que todos ansiamos”.^[44]

El día previo a la llegada de Juan Pablo II, el obispo dio a conocer dos notas que le entregaría al Sumo Pontífice. En la primera, la comunidad católica neuquina le daba la bienvenida, así como destacaba una serie de nociones sobre la guerra, la paz y el rol de la Iglesia que compartía con el Papa: su concepción de la guerra como un horror e instrumento inaceptable para dirimir las diferencias entre naciones; su percepción de que la paz verdadera tenía que estar basada en la justicia y la igualdad; y, por último, su posicionamiento en favor de una “Iglesia de los pobres”. La segunda era una nota correspondiente a los organismos de DD. HH. locales, en la que le solicitaban al Sumo Pontífice intervenir para esclarecer el destino de los detenidos-desaparecidos y la situación de los presos políticos.^[45] Si bien el objeto era distinto, ambas notas buscaban erigirse en la defensa de la vida, amenazada durante la represión ilegal y por la guerra en ciernes.

Reflexiones finales

La cuestión de la sociedad civil frente a la Guerra de Malvinas ha sido una problemática controvertida y vigente desde la inmediata posguerra y hasta el presente. De hecho, al centrarse en las movilizaciones de apoyo y/o solidaridad hacia el conflicto, en la historiografía argentina la imagen dominante sobre la guerra ha sido aquella que la percibe como un momento de reencuentro total y sin fisuras entre la sociedad y el régimen. En tal sentido, como indiqué en otro lado (Rodríguez 2022), los cientistas sociales han tendido a pensar al conflicto bélico como un acontecimiento excepcional. En estas interpretaciones, la guerra aparece como un “paréntesis” por el apoyo social al desembarco que le dio un respiro al régimen en el proceso de profunda deslegitimación social. Se trataría de un momento disruptivo, carente de conflictividad, un acontecimiento que “desentona” con el “despertar de la sociedad civil” previo al conflicto y con el derrumbe del gobierno de facto y la eclosión social tras la derrota.

A lo largo del capítulo, me propuse historizar los posicionamientos y prácticas de dos actores colectivos clave de la sociedad neuquina con el objeto de discutir esa interpretación dominante, basada más en preconceptos o imágenes cristalizadas que en investigaciones concretas. En tal sentido, tomando como punto de partida el incidente ocurrido en la “Marcha por la Paz”, en el trabajo demuestro que existieron disputas por el sentido del conflicto –y, por ende, en las actitudes que había que adoptar frente al mismo– a lo largo de los 74 días que duró la contienda. Así, esta investigación a escala local me permitió tanto resituar la conflictividad social durante la guerra, como centrarme en actores sociales concretos, entendiendo sus comportamientos como parte de su historia, sus posicionamientos políticos, sus miradas sobre el régimen, la sociedad y la nación. Desde esta perspectiva analítica microsocial, la coyuntura Malvinas deja de aparecer como una excepcionalidad total en la vida de los sujetos, para poder ser entendida en continuidad con sus trayectorias históricas.

Concretamente, el análisis sobre el posicionamiento asumido por la CGT peronista –junto a las 62 Organizaciones y al Movimiento Nacional Justicialista– frente al desembarco y a lo largo del conflicto, demuestra que efectivamente hubo un acercamiento con el régimen durante la guerra. En su caso, el momento Malvinas sí fue un momento de reencuentro con el gobierno de facto, con el que compartía nociones básicas sobre el rol de las FF. AA. en la sociedad –a las que les reconocía el éxito en la “lucha antisubversiva”– y sobre la nación, pero del que se había distanciado sobre todo debido a sus políticas económicas “antinacionales”. Tras el 2 de abril, las FF. AA. parecían nuevamente cumplir con su rol histórico: la defensa de la soberanía, esta vez haciendo realidad la ansiada recuperación del archipiélago irredento. En ese contexto, la central regional peronista volvió a mirar el régimen con confianza porque nuevamente habían asumido el rol tradicional que habían traicionado en la esfera económica. Es por ello que apoyaron al gobierno de facto sin condicionamientos, tanto prácticamente (sumándose a los actos oficiales, expresando su adhesión mediante comunicados y organizando diversas acciones en solidaridad con las FF. AA.) como simbólicamente, silenciando sus anteriores reclamos por el cambio de la política económica y el regreso a un Estado de derecho, así como el más mínimo cuestionamiento a la dictadura hasta los últimos días del conflicto. Con la salvedad de la propuesta aislada y en solitario del “cabildo abierto”, fue recién a fines de mayo y principios de junio cuando esas entidades volvieron a retomar tímidamente sus demandas previas, tal vez acuciadas por el avance del conflicto o debido a reorganizaciones internas del movimiento obrero a nivel nacional.

Como indicamos, en su apoyo irrestricto al régimen por el desembarco en el archipiélago, la CGT dirigida por Sagaceta –asociada a las organizaciones políticas y gremiales peronistas ortodoxas– fue mucho más allá que la otra central de trabajadores neuquina, e incluso que otras entidades políticas locales, que –si bien dieron su aval al desembarco porque “la Patria estaba primero”– buscaron distanciarse del gobierno y mantuvieron en pie sus reclamos (pero no el plan de lucha). Incluso, su posicionamiento fue mucho más moderado que el desplegado por la CGT nacional a la que adscribía, que aun suspendiendo las medidas de fuerza porque Malvinas era una “causa del pueblo”, no desperdició oportunidad para cuestionar al régimen, distanciarse del mismo y continuar con la agenda de demandas en las movilizaciones, las reuniones con el gobierno o las misiones en el exterior, aprovechando incluso el relajamiento de los controles para ocupar espacios políticos hasta entonces vedados. Asimismo, como indica Sangrilli (2012), la cuestión de lograr la disputada representación de los trabajadores por parte de una entidad que hasta entonces ejercía en la ilegalidad, no es un elemento menor para comprender los posicionamientos adoptados y lo lejos que se estaba dispuesto a llegar en la asociación o negociación con el gobierno de facto.

Si para las organizaciones gremiales y políticas peronistas el momento Malvinas fue una oportunidad para reencontrarse con un antiguo aliado con el que compartía el objetivo común de defensa de la Patria, para la Iglesia católica neuquina la coyuntura bélica fue un momento incómodo, en el que nuevamente aparecía como una voz discordante, a contracorriente del clima de fervor patriótico. La trayectoria histórica de la diócesis local, su oposición pública al régimen y la defensa de los DD. HH., y sobre todo de la vida como valor supremo, explican sus advertencias sobre el conflicto desde el mismo 2 de abril. Aun reconociendo el desembarco como un “hecho de justicia”, la comunidad católica no dejó de pedir por la paz, advertir sobre los usos y manipulaciones de la causa para ocultar problemas internos, y, más aún, continuó con sus anteriores demandas por el cambio de la política económica, el regreso a un Estado de derecho y por los detenidos-desaparecidos.

Incluso, tras la recepción de los restos del soldado Águila y a medida que avanzaba el conflicto, fue radicalizando su pacifismo, hasta volverse completamente antibelicista. Así, el clero y los jóvenes católicos organizaron movilizaciones demandando una paz urgente, sin dilaciones ni condicionamientos, y dejaron de nombrar la causa de soberanía (pero nunca la cuestionaron). Desde su perspectiva, las Malvinas no valían una guerra. La vida del ser humano estaba por encima de la defensa de ese territorio: por eso había que detener la guerra y continuar la disputa en la mesa de negociaciones. En ello claramente la comunidad católica neuquina había ido más allá de la postura moderada del Episcopado nacional, que se había limitado a los pedidos de paz pero siempre subordinados a lo que consideraban un reclamo justo.

En definitiva, los posicionamientos de los actores que se enfrentaron en la “Marcha por la Paz” se anclaban en formas distintas de comprender la nación. Desde la perspectiva de la Iglesia católica neuquina, la patria estaba encarnada ante todo y en primer lugar por el pueblo, y por ende la principal soberanía que había que defender y cuidar era la vida de los ciudadanos y los recursos que le daban su sustento; es decir, la soberanía entendida de forma integral: política, económica y no solo territorial. La Iglesia desnudaba, así, la contradicción de un régimen que ahora decía alzarse en defensa de la soberanía, cuando hambreaba y reprimía el propio pueblo. En cambio, las organizaciones sindicales y políticas peronistas ortodoxas coincidían con el régimen en que el territorio era un componente nodal de la nación y, por ende, la defensa de la soberanía de las islas era un accionar que no podía generar disenso ni medias tintas. Así, esas entidades se sumaban a las esperanzas de regeneración –propuesta por el régimen y compartida por amplios sectores sociales–, de fundación de una “Nueva Argentina”, unida, solidaria y sin dependencias, a partir de la ansiada reintegración del territorio irredento (Guber 2001, 25-63; Lorenz 2006, 59-63). Por esto mismo, para ellos, la paz solo podría sustanciarse si Gran Bretaña no respondía y aceptaba la situación de facto creada el 2 de abril, ya que no había nada que negociar porque la razón le asistía a nuestro país. En cambio, para la Iglesia católica neuquina la justicia de la causa territorial no podía ser obstáculo para la paz, porque primero y ante todo estaba la defensa de la vida.

Para finalizar, retomemos la problemática de las relaciones entre la sociedad y el régimen en la guerra que fue el eje transversal de este capítulo, apelando al cruce de escalas. Como vimos, la conflictividad social y política también permeó los 74 días de la contienda. En otras palabras, el furor patriótico y la algarabía popular lejos estuvieron de ser sinónimo de un reencuentro total entre la sociedad y las FF. AA., de una convivencia armoniosa, en la que todo indicio de cuestionamiento se diluyó ante el fervor nacionalista. Esa conflictividad se expresó en distintos niveles y dimensiones.

Por un lado, las movilizaciones populares en apoyo al desembarco estuvieron atravesadas por múltiples cuestionamientos públicos a la dictadura por su política económica, la falta de libertades, y, en menor medida, el “problema de los desaparecidos”. Esa distinción entre el respaldo a la “recuperación”, pero el sostenimiento de los antiguos reclamos a través de nuevas estrategias, la podemos identificar en múltiples momentos y espacios que exceden el ámbito neuquino, y parece haber sido un posicionamiento común en gran parte de los actores que se habían opuesto a la dictadura antes del conflicto bélico. Pero no en todos. Como vimos a partir del estudio de la CGT peronista neuquina, algunos optaron por acallar sus antiguas demandas casi por completo. Si ello se debe a que se trató de actores más moderados o que se habían sumado tardíamente a su oposición a la dictadura –con la que compartían el hecho nodal de la “lucha antisubversiva”–, son interrogantes que quedan abiertos para una futura investigación.

Por otro lado, si bien ese clima nacionalista y la política de censura –propia de todo conflicto bélico y más aún en un gobierno autoritario– condicionó las expresiones públicas de cuestionamiento a la guerra, al desembarco o a la causa Malvinas, de todas formas, en algunos espacios los disidentes encontraron resquicios aislados para cuestionar los motivos del conflicto y/o pedir por la paz en tanto la guerra aparecía como una herramienta ilegítima para resolver los diferendos. Los pocos casos estudiados hasta el momento de oposición frontal a la contienda bélica en el territorio nacional^[46] parecen haberse encarnado en comentarios aislados que se expresaron en espacios privados/domésticos, o en cuestionamientos que se difundieron públicamente, pero en forma de folletos anónimos y que circulaban de mano en mano: el caso típico es el folleto “La verdad o la mística nacional” en el que el autor –que hoy sabemos que es el intelectual Carlos Brocato– desmontaba cada uno de los argumentos en los que se basaba la causa nacional y la guerra (Lorenz 2006, 41-67).

En cambio, en Neuquén, las disputas por el sentido del conflicto se dieron en forma pública: las movilizaciones por la paz y contrarias a la guerra (pero nunca cuestionando la causa nacional) se realizaron en espacios céntricos de la ciudad y los comunicados en los que en un comienzo advertían sobre los usos políticos del conflicto y luego demandaban por una paz sin condicionamientos se publicaron en el principal diario regional. No fue el único movimiento pacifista en el país: por lo poco que sabemos hasta el momento, existió otra movilización de esas características por parte de jóvenes en la Capital Federal, que hasta el momento no ha sido investigada, pero su accionar parece haber sido aislado y con escasísima repercusión.^[47] Indudablemente, la variable diferencial en Neuquén parece haber sido el rol de la Iglesia católica, y en particular que dicha interpretación del conflicto proviniese no solo de los jóvenes católicos y de los militantes de los organismos de DD. HH. –que se movilizaron en la “Marcha por la Paz”–, sino del obispado y el clero. El respaldo de las autoridades eclesiásticas, a diferencia de la actitud asumida por la mayoría de la jerarquía católica, permitió que este sentido de la guerra desbordara los ámbitos privados, e irrumpiera públicamente y con gran repercusión. Lo disruptivo de ese posicionamiento y de la movilización fue tal que motivó una causa judicial contra el obispo de Nevares como “traidor a la patria” y provocó el incidente que analizamos a lo largo del capítulo con aquellos sectores que se habían alzado como paladines de la Nación.

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