Administración de la carencia
y conflictos socio-políticos

María del Rosario Prieto, Facundo Rojas, Facundo Martín, Diego Araneo, Ricardo Villalba, Juan Antonio Rivera y Salvador Gil Guirado

Introducción

Desde luego, estos períodos de intensa sequía se presentan con cierta periodicidad, respondiendo a razones de orden meteorológico… pero ese aparente espíritu de fatalidad que la naturaleza imprime a sus fenómenos climáticos obligan precisamente a procurar evitar sus consecuencias… esa debe ser… la labor de los gobiernos, que son los llamados a prever las contingencias de las mismas, tanto más cuando la experiencia y la ciencia demuestran su periodicidad.

   

Editorial del Diario Los Andes, 30-12-1938

Mi oponente profesa el fetichismo del Código Civil. Y lo juzga tabú, intocable. Se explica, porque él es Ingeniero; y el problema es jurídico. Y con criterio de físico el sostiene una interpretación del Código Civil, que parte del hecho físico de la unidad de las aguas, arguyendo que todas, físicamente, son iguales, porque todas integran un solo ciclo: el que cumplen al evaporarse. Yo no niego esa verdad física, pero sí que ella sirva para inspirar leyes humanas, que no rigen relaciones de los elementos de la naturaleza, sino de los hombres.

    

Guillermo Cano (1943)

Las sociedades hídricas, en palabras de Donald Worster (1985), se han caracterizado por un manejo tecnológico y político del agua, con gran incidencia en la producción de sus territorios. La historia de la provincia de Mendoza (en el oeste de la Argentina) podría ser leída en este sentido, pues se trata de una sociedad en la cual el poder sobre el agua que escurre por sus ríos y su distribución explica, como ha señalado Elma Montaña (2007), gran parte de su geografía y organización social.

En los últimos años, los estudios hidroclimáticos destacan la disminución de la disponibilidad hídrica debido a la progresiva pérdida de caudal de los ríos que surcan la provincia y que transportan agua desde la zona cordillerana. Estas investigaciones muestran una tendencia negativa de las precipitaciones provenientes del Pacífico para la región central de Chile y la cordillera mendocina, en especial desde los años 70 del siglo xx y con énfasis en el sur de los 35° de latitud (Le Quesne et al., 2009; Quintana y Aceituno, 2012; Garreaud et al., 2017; Lauro, Vich y Moreiras, 2019). Sumado a ello es conocida la recesión de los glaciares, que ha reducido la masa de hielo y, con ello, su contribución a regular los ríos andinos de la región (Bown et al., 2018; Masiokas et al., 2009; 2016). También se ha evidenciado el aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías en los Andes centrales argentino-chilenos^[1] desde mediados del siglo xx (González-Reyes et al., 2017). La sociedad mendocina organizó el aprovechamiento del agua a partir del deshielo que se produce en la cordillera en la temporada estival, pero las nevadas en estas latitudes de los Andes son cada vez menores, lo que ha provocado una notable disfunción en el sistema hidrológico de la región. Simultáneamente, en el último siglo la población del oeste argentino ha aumentado (la ciudad de Mendoza, por ejemplo, es la cuarta más poblada del país), ha complejizado los usos (hidroeléctrico, explotación de hidrocarburos, industrias, turismo) e incrementado la demanda de agua. Incluso la reciente expansión vitivinícola en algunos territorios mendocinos y su cambio de uso o abandono, en otros, ha estado estrechamente vinculada a las políticas sobre distribución del agua.

En el marco de los estudios sobre las sequías acaecidas en la provincia de Mendoza se puede mencionar a Mariano Masiokas (Masiokas et al., 2006; 2015), quien expresa que 1968 fue el año menos nevador en la cordillera desde 1951 (solo nevó el 5,3 % del promedio histórico)^[2], mientras que 2010, 2012 y 2014 están entre los años con menos nieve dentro del intervalo 1951-2015. Los inviernos de los años 2010 a 2015 presentaron acumulaciones de nieve por debajo de los valores medios, lo que repercutió en los caudales mensuales de los ríos de la región de Cuyo^[3].

Entre los principales antecedentes directos de este estudio hay que mencionar los trabajos de Prieto y Herrera (1997), Canziani y Prieto (1998); Prieto et al. (2001)13; Prieto, Araneo y Villalba (2010), Grosso (2015), Villalba et al. (2016). El presente manuscrito tiene sus bases en el análisis expuesto por Prieto, Araneo y Villalba (2010), quienes describen y analizan las principales sequías de Mendoza durante el siglo xx. En dicho trabajo, específicamente las sequías de los años de 1924 y 1968 fueron caracterizadas y definidas, en términos hidrológicos, agrícolas y sociales, como unos de los eventos que más afectaron este territorio en los últimos ciento veinte años. En líneas similares a estas preguntas, Virginia Grosso (2013; 2015; 2017) ha indagado sobre los significados y las interpretaciones de la escasez de agua en el noreste mendocino, concretamente en el departamento de Lavalle. Liber Martín (2019) elaboró un estudio comparativo del tratamiento legal de las sequías entre regiones áridas de varios continentes, donde analiza críticamente la manera que se aplican excepciones.

En investigaciones posteriores se profundizó la reflexión en torno a los significados socio-políticos de tales sequías, habiéndose expuesto estos análisis en una serie de simposios académicos (Prieto et al., 2012; Rojas et al., 2016; Parise, 2016). Es así que al análisis de las sequías desde las perspectivas hidroclimatológica y agraria se incorporaron enfoques que dan cuenta de los dispositivos políticos y sociales que operan y condicionan en estos momentos de crisis. En este caso, se denomina a dicha escasez como producida por causas socio-políticas.

En el presente capítulo se comparan desde el punto de vista hidroclimático, político y social tres de las mayores sequías producidas en Mendoza en los últimos 120 años (1924/1925; 1968/1969 y 2010/2015; 2017/2019). De esta manera, se exploran los procesos a través de los cuales la escasez y la carencia son construidas discursiva y políticamente a lo largo de una serie de eventos críticos. Además, se propone analizar cómo esta producción discursiva deviene central para la construcción de consensos o hegemonías sociales en relación con las medidas políticas que se tomaron y sus consecuencias socio-económicas e institucionales.

Se busca responder a interrogantes tales como: ¿puede analizarse/interpretarse la escasez, articulando sus dimensiones materiales (hidrológicas) y sus dimensiones subjetivas construidas cultural y políticamente? ¿Qué ventana temporal sería más adecuada para abordar el análisis de los datos? Se pueden encontrar entonces, a lo largo de todo el capítulo, dos instancias metodológicas. La primera es la descripción hidroclimática del déficit del caudal de los ríos a partir de fuentes meteorológicas instrumentales, dendrocronológicas y documentos de archivo. La segunda da cuenta de una serie de comparaciones e interpretaciones desde el punto de vista socio-político. En ellas se identificaron consecuencias políticas, disputas entre diversos actores sociales, grados de responsabilidad y soluciones propuestas por diferentes protagonistas y expresadas por/a través de los medios de prensa. Además, se observa durante todo el trabajo si las políticas y prácticas generadas en tiempos de crisis persisten cuando los eventos críticos han ya han acontecido.

Existe una variedad de posiciones epistemológicas acerca del conocimiento de la naturaleza, el papel de las ciencias, la observación empírica y la interpretación cultural (Escobar, 2010). Si nos restringimos a las ciencias naturales y sociales modernas, “las epistemologías de la naturaleza tienden a organizarse alrededor de la división entre posiciones esencialistas y constructivistas […] cada una con sus respectivos compromisos filosóficos y sus posiciones políticas” (Escobar, 2010, pp. 50-51).

La literatura más clásica sobre sequías asume una posición realista^[4] y las clasifica habitualmente en cuatro tipos, según su origen –nulas o bajas precipitaciones– e impacto: meteorológica, hidrológica, agrícola y socio-económica (Holst, 2006).

Sin embargo, en este trabajo asumimos una posición neorrealista (Leff, 1986; 1993; Escobar, 2010) que implica asumir la existencia de una “naturaleza real previa a la cultura y al conocimiento, aunque siempre es conocida y apropiada (construida) en formas culturalmente específicas” (Escobar, 2010, p. 63). Según esta perspectiva, es posible valerse de los conocimientos proporcionados por las ciencias positivistas y reubicarlos dentro de una concepción constructivista o incluso neorrealista.

Con base en esta perspectiva sostenemos que, en estos contextos de crisis por sequías, aumenta el control estatal y las regulaciones sobre la “oferta natural” del recurso hídrico, con notables consecuencias en la organización social e institucional. A partir de la ocurrencia de estos eventos se observa la suspensión de garantías y beneficios para ciertos sectores, a la vez que surgen nuevos arreglos institucionales. Esos estados de excepción (Agamben, 2005) se despliegan en nombre de las crisis y, en general, profundizan desigualdades de acceso. Además, dichos dispositivos de control y regulación perduran más allá de la duración del fenómeno (climático) que generó dicha crisis, transformándose en regulaciones y limitaciones de acceso permanentes

1. Diferentes perspectivas sobre las sequías

Ya en 1853 Karl Marx se refirió, en un diario de New York, al proceso político que entendía como característico de Asia y que suponía una explicación de los autoritarismos orientales, basados en la necesidad de realizar grandes obras hidráulicas, como canalizaciones y embalses. A ese tipo de tiranías vinculadas a la gestión del agua en gran escala la denominó “despotismo oriental”^[5]. Casi un siglo después, esta tesis fue recuperada por Karl Wittfogel (1957), quien, acuñando esos términos (“sociedad oriental”, “despotismo hidráulico” e “hipótesis hidráulica”^[6]), profundizó el análisis subrayando la centralidad del control del agua en relación con el poder estatal. Durante las décadas siguientes, diversos autores se inspiraron en las nociones de Wittfogel y buscaron aplicarlas a los contextos andinos y mesoamericanos, no sin evitar las críticas que surgieron y predominaron hacia fines del siglo xx, las cuales subrayaron la excesiva causalidad entre la gran obra hidráulica y un Estado administrador despótico^[7].

En ese contexto académico, Donald Worster (1985) reformula el análisis de la obra de Wittfogel, al postular que –como efectivamente ya lo había notado el propio Wittfogel después de publicar su obra– algunas regiones del oeste de los Estados Unidos (como California) corresponderían a una moderna sociedad hidráulica. En dichas sociedades la gestión del agua a gran escala tiene un rol destacado en las explicaciones sobre la organización social. Worster visibiliza y otorga importancia a la alianza entre el gran productor agrario y un sector público (operado por ingenieros, tecnócratas y especialistas en agua). Es así que las políticas sobre el riego y las obras de infraestructura habrían sido diseñadas prioritariamente para el beneficio de los grandes productores agrarios. En el caso de Mendoza, si bien el gobierno del agua elude la visión tradicional del autoritarismo en términos despóticos, pues existe votación para elegir las autoridades de los regantes^[8], el modo en que se desplegaron dichos procesos condujeron (o mantuvieron) a un gobierno de grandes propietarios (Martín, 2010).

Cuando llegaron los españoles al norte y centro de la provincia de Mendoza, iniciaron un proceso de conquista y colonización cuyas consecuencias demográficas y culturales resultaron drásticas en los primeros lustros para las comunidades originarias, mientras que, a nivel ambiental, estas parecen haber resultado mucho más graduales hasta, al menos, los dos primeros siglos del proceso. El patrón de asentamiento de los grupos indígenas, al momento de contacto con los europeos, se caracterizaba como disperso, organizando modos de vida y hábitat en pequeñas aldeas, con una fuerte asociación con la presencia y disponibilidad de cursos de agua. Son conocidos históricamente como los huarpes, y sus poblados o caseríos estaban localizados mayormente sobre las depresiones existentes entre los piedemontes andinos y el comienzo de las planicies áridas que se extienden hacia el este. Los sitios elegidos solían ser zonas con suelos limosos y conos fluviales asociados a los ríos Diamante, Tunuyán y Mendoza. El asentamiento más importante se ubicaba en el norte de la actual provincia, en el denominado valle de Huentata (o de Mendoza, que, aunque no existe una delimitación clara de dicho valle^[9], coincidiría aproximadamente con el actual Gran Mendoza). Esta zona era irrigada mediante un curso natural o brazo del río Mendoza (antecesor del actual Canal Cacique Guaymallén). Hacia el noreste, dicha depresión continuaba por una serie de arroyos y ciénagas, denominadas “del Bermejo” y “Plumerillo”, que se conectaban con otras lagunas de poca profundidad pero de gran extensión denominadas “de Guanacache”, donde se practicaban fundamentalmente la pesca y la caza de aves. Para realizar sus siembras, cada caserío se surtía de agua por medio de simples acequias que extraían del brazo del río. Los caseríos no estaban muy alejados entre sí, y se destaca la ausencia de un gobierno central fuerte que organizara la producción, ya que cada asentamiento estaba bajo el poder de un jefe^[10]. Fue en un sector central del mismo valle de Huentanta, al este del piedemonte y al oeste de la Ciénaga del Bermejo (ver Figura 1) donde se fundó la ciudad española de Mendoza en el año 1561.

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Mendoza, de las ciénagas cercanas y del brazo del río Mendoza que regaba la ciudad y se denomina en la actualidad Canal Cacique Guaymallén a partir de la georreferenciación del mapa topográfico de 1802, realizado por el padre García. La zona circundada por el río Mendoza y el piedemonte descripto sería aproximadamente lo que diversos autores denominaron como el valle de Huentata o el valle de Mendoza.

Una vez establecidos, los españoles aprovecharon la infraestructura existente, ampliando la red de riego pero sin aportar en los primeros siglos demasiadas innovaciones tecnológicas. Plantaron vides, frutales y sembraron cereales. A pesar de la presencia del alcalde de Aguas, este período, que se extiende desde la fundación de la ciudad de Mendoza hasta mediados del siglo xviii, se puede caracterizar como de uso desordenado e indiscriminado del recurso hídrico, donde se destacan su ineficiencia en el uso, el derroche y las disputas por el agua (Prieto, 2000; Prieto et al., 2012).

Hacia fines del siglo xviii, con un relativo aumento y perfeccionamiento del sistema de riego, se comienzan a sembrar con alfalfa extensos campos de pastoreo, destinados a engordar los vacunos que se enviaban a Chile desde Córdoba y Buenos Aires, relegando la vid a un papel secundario.

Es a partir de 1880 que se implanta el modelo agroindustrial vitivinícola en Mendoza. Comienza poco después la construcción de diques y el incremento exponencial de la superficie cultivada con viñedos, desplazando cada vez más a la alfalfa. El fuerte reordenamiento social y territorial que implicó el auge vitivinícola encuentra en el caso de las regulaciones del agua un importante hito con la promulgación de la Ley General de Agua de Mendoza (durante 1884). Esta ley, vigente hasta el día de hoy, buscaba centralizar el manejo del agua y establecer normas acordes a los cambios en el mercado agrario/vitivinícola que se estaban produciendo. Mayormente benefició a los propietarios de la tierra de aquel momento, pues la concesión del agua para riego se dispuso como inseparable de la propiedad del terreno cultivado (o por cultivar). Más allá de la letra de la ley, su aplicación implicó el perjuicio a pequeños propietarios, especialmente del noreste provincial, a quienes no se les reconoció el derecho ordenado por la norma (Martín et al., 2010; Martín, 2010). También, a partir de este momento, empieza a llegar menos agua a las lagunas de Guanachache y, en el sur de la provincia, a los Bañados del Atuel, produciendo un desecamiento de las cuencas bajas de los ríos, que empiezan a ser usados intensamente en el sector de la cuenca que podríamos denominar como “medio”. Producto de estos cambios, en la Figura 2 podremos observar una densa trama de la red de riego, que deriva del río Mendoza hacia el norte y noreste de este.

Figura 2. Vista en tres dimensiones del sector del río Mendoza y sus canales de riego derivados (consolidados durante el siglo xx), que atraviesan el Gran Mendoza y parte del denominado Oasis norte de Mendoza. Cartografía elaborada por Pablo Rizzo.

Es a partir de este momento que se hace más evidente la alianza, a que refiere Worster, entre grandes propietarios y cuadros técnicos que, desde la Dirección General de Aguas^[11] (creada por la Ley de Aguas), diseñan, aplican y legitiman el manejo del agua de Mendoza como un sistema que soporte mayores escalas de producción y pueda satisfacer el interés de grandes bodegueros. Esos rasgos, que continuarán y se profundizarán durante todo el siglo xx, son similares a los descriptos para el caso de la sociedad hídrica californiana, con la construcción de diques y represas como políticas de Estado.

En cuanto a otros cambios que suceden en Mendoza durante el siglo xx, cabe mencionar que la población en la provincia de Mendoza se incrementó un 190 % entre 1923 y 1969, mientras que la superficie cultivada apenas aumentó un 16 %. El incremento poblacional produjo a su vez un aumento de la demanda de agua para consumo doméstico y para producción hidroeléctrica y polarizó aún más la dualidad entre el sistema vitivinícola y el consumo humano. En este proceso la población se hace eminentemente urbana, principalmente por el crecimiento del “Gran Mendoza”, posicionado como un centro de atracción en todo el centro oeste argentino, concentrando el poder político y económico regional (Richard-Jorba et al., 2006).

Consideramos que la escasez de agua debe ser comprendida como problema social de acuerdo a un umbral de expectativas y en relación con los tipos de usos dominantes. A medida que aumenta la “demanda” y se complejizan los usos, la sociedad se vuelve más sensible a cualquier disminución de la “oferta”. A su vez, los dispositivos discursivos y políticos contribuyen a la producción social de la escasez (Lefebvre, 1974; Smith, 1990). Comprender la escasez de acuerdo a un umbral de expectativas significa leer las diferencias de sentido y los matices de representación que toma el concepto de carencia –en nuestro caso, de agua– en cada contexto histórico. De acuerdo a la noción de producción deseante (Deleuze y Guattari, 1972), se puede pensar la carencia^[12] en relación con un determinado nivel de aspiración, ambición o pretensión que se puede manipular, en ocasiones, para que sea visto como una necesidad objetiva o cuestión estructural.

Desarrollando un poco más nuestra propuesta conceptual, especialmente en el punto de cómo se construyen los significados de escasez, recurrimos a autores que han desarrollado reflexiones de corte filosófico que nos permiten articular una comprensión neorrealista de las sequías.

Como ya se dijo, la gestión del agua en Mendoza ha sido parte del proyecto modernizador centrado en la producción agroindustrial. El progreso y el desarrollo se asociaron históricamente al control racional del recurso hídrico. Es en este marco donde la noción de producción deseante (Deleuze y Guattari, 1972) deviene central para nuestro análisis. Dicho brevemente, hay un deseo socialmente construido de –aumento de– producción e inherente al modo de producción capitalista y con esto un riesgo creciente de frustración frente a la imposibilidad de producir más por la falta de agua. Solapadamente, asociadas a esta “falta de agua”, emergen las nociones de escasez y carencia. Las formas en que se vinculan y se construyen (social y psicoanalíticamente) el deseo y la carencia son centrales en nuestras culturas, especialmente en las últimas décadas, orientadas a un particular tipo de producción y consumo. Los argumentos que, aunque derivados de datos materiales y objetivos, se reformulan para justificar (orientar o sostener) prácticas sobre el uso de recursos naturales escasos se muestran solidarios con los explicados por Deleuze y Guattari (1972). Estos autores expresan que en nombre de combatir “la carencia” se justifica una serie de medidas drásticas en otros planos sin siquiera avanzar en un análisis profundo de la condición, causas y construcción de tales insuficiencias^[13]. Después de tales medidas drásticas, tomadas en la urgencia, quizás y solo en ocasiones se ponen en perspectiva las implicancias, causas y responsables de tales situaciones. En general, la sola aparición del “fantasma” de la carencia es suficiente para disparar una serie de dispositivos que tendrán consecuencias más allá del propio evento.

Por su parte, Michel Foucault trabajó sobre las nociones de acontecimiento y escasez (Foucault, 2006) para comprender cómo las crisis pueden ser aprovechadas por algunos sectores y perjudicar especialmente a otros, y cómo se puede –a partir del discurso de la escasez– fortalecer las desigualdades y lograr grandes transformaciones en determinados contextos (Martín, 2013). El francés planteó cómo se producía y resolvía la escasez de granos en Europa desde comienzos de siglo xvii hasta comienzos del xviii. Bajo el principio político mercantilista y fisiócrata, destacó las técnicas de gobierno y gestión de la economía que se desplegaron en torno de la escasez de granos. Para Foucault, no era un problema generado principalmente por el hambre mismo, sino más bien por “la insuficiencia actual de la cantidad de granos necesaria para permitir la subsistencia de una nación” (Foucault, 2006, p. 46, citado en Martín, 2013). O sea, antes que por la carestía material de ciertos sectores de la población, el problema se definía por el peligro de la gubernamentalidad. El estado de penuria que representaría la escasez para ciertos sectores fue una preocupación más bien por las situaciones de descontento y revueltas que ellas generarían. Es así que el esfuerzo del gobierno (mientras no se esté dispuesto a modificar las causas materiales o distributivas) deberá concentrarse más bien en las representaciones de la escasez y modificar los umbrales de tolerancia social para disminuir el peligro de revueltas o conspiraciones. Ese marco se complementaba con un sistema jurídico y disciplinario que en su primera etapa buscaba que los granos se vendieran a bajo precio, y si bien los campesinos se veían obligados a disminuir sus ganancias, a la vez habría alimento barato para los habitantes urbanos. Esta respuesta constituía un sistema antiescasez centrado en un acontecimiento “eventual” (como las malas cosechas) que conducía a otras formas de escasez, y, a mediano plazo, promovía el mismo flagelo que se intentaba conjurar. Este nuevo movimiento se resuelve, a su vez, a través de lo que el autor denomina la disociación del acontecimiento escasez como fenómeno individual y colectivo. Ya no habrá escasez general sino para algunos, “cierta dificultad para comprar trigo” y “cierta hambre” (Martín, 2013).

Se podría trazar, complementariamente, una comparación entre esta escasez que compromete la subsistencia humana con la escasez de recursos hídricos. El historiador ambiental Donald Worster (1985, p. 47) consigna en su estudio Ríos del imperio que en los escenarios de escasez hídrica las decisiones políticas sobre qué hacer se definían en realidad en función de una especulación económica y de expectativas de negocios y no en torno de la subsistencia alimentaria de la población.

2. Consideraciones metodológicas

Se identificaron dos “tipos” de escasez. En primer lugar, la escasez de agua en los caudales de los ríos debido a eventos como disminución de nevadas en la cordillera (que llamaremos sequías meteorológicas). Al mismo tiempo se documentaron y analizaron informaciones sobre otros tipos de escasez vinculadas o atribuidas a causas sociales como problemas de gestión o inequidad en la distribución del recurso hídrico. Si bien algunas veces son coincidentes y se ven agravados con los momentos de sequía meteorológica, en general preceden y prosiguen a los problemas de sequías mencionados pues tienen que ver con procesos sociales de mayor duración que exceden a un año meteorológico. En este último caso hablaremos de escasez por causas socio-políticas.

Para el primer punto –las sequías meteorológicas–, fue muy útil el aporte de los datos hidrológicos y meteorológicos instrumentales, basados en caudales medios mensuales de los principales ríos de la región de Cuyo, los cuales fueron obtenidos a partir de la Base de Datos Hidrológicos Integrada de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (http://bdhi.hidricosargentina.gob.ar/), al igual que los datos meteorológicos instrumentales (componente nieve). Para la identificación de las sequías hidrológicas se utilizó el índice de caudal estandarizado (ICE, Vicente-Serrano et al., 2012). El ICE representa la cantidad de desviaciones estándares a partir de la cual un valor de caudal mensual se encuentra por encima o por debajo del promedio climatológico de una ubicación particular. Valores positivos del ICE indican caudales por encima de los valores medios, mientras que valores negativos son característicos de períodos secos. Este índice permite identificar condiciones de sequía hidrológica extrema (ICE <= -2,0), severa (-2,0 < ICE <= -1,5) y moderada (-1,5 < ICE <= -1,0). A partir de estos umbrales puede obtenerse la duración de cada evento, como el período de tiempo en el que el índice estuvo por debajo del valor umbral, o su severidad, acumulando el valor del índice durante el período de sequía (Rivera et al., 2017).

Hay que remarcar que los años de baja precipitación nívea en cordillera no necesariamente coinciden con los más secos en la llanura; de hecho, funcionan con tendencias opuestas. La declinación de nieve en Los Andes (proveniente de masas de aire del Pacífico) se produce mientras se ha observado un incremento de las lluvias desde el Atlántico en las últimas décadas (tal cual prevén los modelos del cambio climático global). Los años de Niña profundizan dicho patrón de calentamiento planetario, mientras que los años de El Niño representan una especie “de descanso” a la tendencia dominante, pues suelen implicar mayores nevadas en la cordillera y menos lluvias desde el Atlántico que los promedios históricos (Villalba et al., 2010).

Para el segundo paso, la escasez por causas socio-políticas, se acudió al análisis y contrastación de fuentes documentales, especialmente archivos periodísticos, a partir de los cuales se analizaron e interpretaron implicancias económicas, políticas y culturales derivadas de la escasez hídrica.

En cuanto a las fuentes históricas, no periodísticas, hay que destacar el uso de la Revista del Ferrocarril^[14] y La Provincia de Mendoza durante el gobierno del Dr. Carlos Washington Lencinas (1924). En el caso de los archivos periodísticos se analizaron diversos medios de prensa desde 1865 hasta la actualidad^[15]. A su vez, se utilizó como base el trabajo de Prieto, Herrera y Dussel (1997). En ese trabajo se reconstituyeron dos series: frecuencia anual de nevadas y altura máxima anual de nieve, para lo cual se buscaron en el Diario Los Andes (de Mendoza) los años de escasez desde 1886 hasta 1995, relevando todos los años sin excepción. También se consultaron el Diario Comercio de San Rafael y Diario El Andino. Se registraron todas las noticias que aludieran a la escasez de agua y sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Las quejas por la escasez de agua en general aparecen en el período de deshielo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, meses en los que el riego es imprescindible. En 1967 y 2010 (en adelante), las noticias sobre la falta de nieve y la posible merma del agua comenzaron ya en el mes de agosto, con los pronósticos de la Dirección General de Irrigación.

Para el período 2010-2019, se consultaron los siguientes diarios digitales: Los Andes, MDZ Online, El Sol, Diario Uno, Mendoza Post; Va con firma; Vía Mendoza; La Nación; Sitio Andino; Diario de San Rafael; Valle de Uco WordPress; Neva Sport; Uno San Rafael; Tres Líneas; Noticias Ambientales; El Ciudadano; Prensa Gobierno de Mendoza; Canal 9 Online; Minning Press; Conicet divulgación; Area Tres; Prensa Irrigación. Sin embargo, debido a los cambios producidos en los medios de comunicación durante las últimas décadas, como la expansión de Internet –entre otras variables–, se dio prioridad al análisis de la información provista por el Diario Los Andes sobre las sequías de ese período, para darle homogeneidad a la información en relación con el resto de los períodos de sequía analizados. Por lo antes expuesto, si bien la prensa escrita ha sido la fuente principal de análisis sobre las sequías del siglo pasado, para la sequía del último decenio hemos realizado un análisis focalizado en Internet.

Según el Observatorio de Medios de la Universidad Católica Argentina y el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA, 2013)^[16], se ha producido en los últimos años un intenso trasvasamiento del consumo de noticias desde medios impresos a medios digitales, lo que va acompañado de mayor inversión de los diarios en este canal vía web. Recordemos que, a fines de 2018, dejó de salir en formato impreso el Diario UNO (el segundo diario de mayor circulación en la provincia de Mendoza), que continuó solo en versión digital. Este tipo de fenómeno editorial ha sido muy estudiado en países como EE. UU., y se estaría produciendo también en la Argentina^[17]. Otra característica de esta forma de informarse tiene que ver con el aumento de la diversidad de fuentes –digitales– que se consultan o se leen. Dicho de otra manera, mientras un ciudadano promedio solía leer, por lo general, un solo diario impreso por día (a mediados de siglo xx), en la actualidad se consultan cada vez más sitios webs como medios de información (sea por medio de la propia web del periódico o links de redes sociales como Facebook o Twitter). Con diferentes variaciones en el ranking, en los últimos diez años (según Comscore, https://www.comscore.com), el Diario Los Andes, UNO y MDZ Online fueron los medios digitales más leídos de Mendoza^[18].

3. Breves notas de “lo político” en las sequías en Mendoza durante fines de siglo xix y principios del xx

La primera noticia periodística sobre la falta de nieve en la cordillera proviene del año 1865, cuando El Constitucional señalaba que la cordillera había estado abierta durante todo el año, lo que indicaba escasa acumulación de nieve en la temporada: “La cordillera. Se nos dice que está abierta. Nunca creemos que ha sucedido otro tanto […]. De la escaces de nieve nos vienen las escaceses de agua”^[19].

Cinco años más tarde se repetía la preocupación de las autoridades:

El año 70 se caracterizó por la gran escasez de agua que tenían los ríos, al extremo de que las tropas de ganado, como las de los carros, se veían en la necesidad de no moverse de un punto por otro, por la falta de agua necesaria para la bebida de los animales… la Legislatura sancionó una ley prohibiendo concesiones de agua de los ríos Mendoza y Tunuyán hasta que se dictara una Ley de Aguas^[20].

Esta disminución provocó inclusive problemas políticos al gobernador de Mendoza, quien en una carta expresaba que “la seca y la merma considerable del agua de nuestros ríos, es un arma que esgrimen contra mí, y de la que no es difícil saquen partido [sus enemigos políticos]”^[21]. En la Memoria de Hacienda, 1869-1871, se afirmaba que “el río ha estado tan bajo, como tal vez no se ha visto en cincuenta años”^[22].

La sequía en esos primeros años se acoplaba a la plena expansión del modelo vitivinícola mendocino, que se produciría a partir de 1870-1880 en el norte y desde aproximadamente 1900 en el sur provincial. La propia aplicación de la Ley de Aguas generaba disputas, especialmente aguas abajo del río Mendoza, puesto que se otorgaban nuevos derechos aguas arriba, lo cual disminuía el caudal hacia el este. A su vez, las consideraciones que motivaban la adjudicación de derechos “definitivos” o “eventuales” no estaban del todo claras en la práctica, lo que generaba disputas en especial en la parte inferior de la cuenca y en los bordes este y noreste de los oasis (Lavalle, San Martín, Rivadavia y Junín).

En noviembre de 1886, el diario Los Andes informaba también sobre una larga sequía en Chile. Al año siguiente continuaba la grave situación, a tal punto que el 13 de octubre de 1887 el diario El Ferrocarril, reseñando la fiesta del Rosario en las lagunas de Guanacache, se lamentaba:

Lástima es que esas gentes pasen por tantas privaciones que es necesario palparlas para creerlas: las lagunas completamente secas, al extremo que hay que cavar pozos en los bajos más húmedos para sacar agua de malísima calidad para beber. Para dar agua a los caballos hay que andar no menos de una legua de distancia fuera de la población, buscando algunos pasos que aún la conservan en la caja del río seco.

En 1911 se sumó a la falta de agua derivada de la escasez de nieve en la cordillera una generosa y orientada política de reparto de derechos eventuales de riego que provocó un descenso de la disponibilidad hídrica en los departamentos situados al este del oasis norte, San Martín, Rivadavia y Junín que inició conflictos entre los agricultores^[23]. Al mismo tiempo, el agua potable comenzó a escasear, acompañando el crecimiento de la población de la ciudad de Mendoza ya desde principios de siglo. La carestía se sentía con mayor intensidad en los departamentos situados al oriente del oasis, situación que se ha venido reiterando en las décadas subsiguientes. Otros momentos posteriores de disminución notoria de los caudales de los ríos sucedieron en 1894, 1908-1909, 1916-1917, 1919, 1938-1939, 1945-1947,1950-1951 y 1965^[24]. En la Figura 3 se puede apreciar la cantidad de noticias que aparecen en los diarios de Mendoza mencionando las sequías^[25].

Año	Cantidad	Año	Cantidad
1865	2	1950	1
1870	2	1964	1
1871	1	1966	1
1886	3	1967	6
1887	1	1968	7
1893	1	1969	10
1901	1	1976	1
1904	2	1995	2
1908	6	1996	4
1911	3	1997	1
1916	6	2010	5
1917	6	2011	3
1924	36	2012	3
1925	20	2013	6
1934	1	2014	11
1935	2	2015	7
1938	4	2016	5
1939	2	2017	7
1945	1	2018	45
1946	3	Hasta febrero de 2019	5

Figura 3. Cantidad anual de noticias sobre escasez de agua en los ríos de Mendoza entre 1865 y febrero de 2019.

4. La gran sequía de 1923-1925: carestía de agua en una ciudad agrícola

Se puede observar cómo antes de 1924 los medios ya manifiestan una situación de preocupación y disputas sobre el agua, evidenciadas en discusiones por posibles excedentes, cupos no distribuidos o áreas sin derechos otorgados. A los problemas de ciertos agricultores por falta de agua para regadío, se suman durante esos años críticos los problemas de falta de agua para consumo doméstico urbano. Ello habría generado una caja de resonancia diferente, que caracteriza a la escasez de estas temporadas, que obtienen mayor cobertura en los medios por afectar a la Ciudad y el oasis cercano a esta:

La escasez de agua de riego malogra las siembras. Los abusos del agua en el Alto Tunuyán empeoran la situación de nuestros regantes. La mayor parte de las siembras de maíz se están malogrando por la escasez de riego. El caso era previsto. A la poca nieve de la cordillera se debe agregar los abusos de los regantes del Alto Tunuyán. Mientras aquí [Departamento de San Martín] se reparte el agua por suertes, a razón de 5 a 7 minutos cada quincena aquéllos la consumen a media hora por hectárea…^[26].

Sobre el uso doméstico y urbano se decía: “La ciudad sin agua: escaseó el agua hasta para la bebida, para remediar la situación se establecerá un turno especial. Hace ya muchos días que la Población de Villa Nueva carece de agua hasta para la bebida”^[27]. A partir del análisis del tratamiento que le otorgó la prensa escrita a la sequía de 1924^[28], se puede afirmar que más de la mitad de las noticias publicadas hacen referencia al problema de la escasez de agua para la agricultura (actividad económica dominante por aquellos años). En menor medida, una tercera parte de las notas se hacen eco de los problemas que la escasez representa para el uso doméstico.

Desde el punto de vista hidroclimatológico, es interesante marcar la gran heterogeneidad espacial que tuvo este evento de sequía considerando tres de los ríos con registros más extensos de la región de Cuyo (Mendoza, Diamante y Atuel). Con base en los caudales mensuales de la cuenca del río Mendoza, el evento de sequía registrado a mediados de los años 20 del siglo xx tuvo una extensión temporal de 25 meses, alcanzando una categoría de sequía severa durante septiembre y octubre de 1924 y en el mes de junio de 1925. En la cuenca del río Diamante, la extensión del período de sequía es de solo 8 meses, entre junio de 1923 y enero de 1924, alcanzando categoría de sequía severa en noviembre de 1923. Se destaca otro período seco durante el año 1925 aunque no alcanza niveles deficitarios significativos. La duración de este evento con base en los registros del río Atuel alcanza los 30 meses con caudales deficitarios entre junio de 1923 y noviembre de 1925, con un máximo de severidad alcanzado en noviembre de 1924, donde los caudales presentaron déficit severo. Un panorama similar se observa en el río Colorado, cuya variabilidad integra los aportes de la mayoría de los ríos cuyanos^[29], donde la duración del evento es de 29 meses entre 1923 y 1925. En este caso, los niveles de severidad alcanzan categoría extrema entre noviembre de 1924 y febrero de 1925, lo cual da cuenta de la propagación del déficit regional.

Es interesante resaltar para este período que las afecciones a la población rural tienen más representación que las referencias a la población urbana. Sin embargo, cuando se habla de población rural, se refiere en general a los campesinos dentro del oasis, en menor medida en los bordes del oasis, y aparecen muy pocas menciones a las poblaciones del área no irrigada.

La cantidad de noticias que presentan los problemas de la escasez en el ámbito doméstico, sumadas a los problemas en el uso de aguas para infraestructura y redes de comunicación, suman un 45 %, frente al 55 % dedicadas a los problemas de la falta de agua en agricultura. El conflicto por el agua se hace presente en las noticias en la mención de las protestas de agricultores y vecinos (19 % de las notas) y en otro tipo de conflictos, como el hurto de aguas, agresiones, ruptura de infraestructuras de riego, etc. (16 %).

A la hora de referirse a las causas de la escasez, el Diario Los Andes destaca la responsabilidad del gobierno provincial. Ello probablemente responde a la fuerte rivalidad que mantuvo ese diario, y gran parte de la élite, con los gobiernos lencinistas que gobernaban Mendoza a partir de 1918. Se elude hablar, en general, de cuestiones ambientales como generadoras del agravamiento de la escasez que implica una sequía. Por el contrario, cuando las noticias aluden a la falta de agua en otras regiones, se argumenta como causal la mayor parte de las veces los problemas climáticos.

En síntesis, casi el 40% de las noticias atribuyen la carencia a las acciones humanas, y más concretamente, responsabilizan a las autoridades provinciales, expuestas como culpables un 84 % de las veces, frente a un 16 % de las ocasiones en que se responsabiliza a las propias prácticas insolidarias y acaparadoras de los regantes.

Es interesante analizar las soluciones propuestas por las autoridades y el propio diario. En ellas, una tercera parte son medidas de gestión (como nuevas formas de distribución del agua de riego mientras dure la escasez, estableciendo cortes de agua, tandas, repartos y limpieza de canales). El 70 % de las veces se culpa a alguna institución gubernamental de la provincia, destacando en este sentido las acusaciones contra la Superintendencia de Irrigación.

De esta forma se puede observar cómo de diferente manera en las fuentes está presente tanto la idea de escasez de agua desde el punto de vista hidroclimatológico (escasez meteorológica), desde el punto de vista agrícola (sequía agrícola) y la escasez de agua por problemas en la gestión y distribución del recurso (escasez por causas socio-políticas).

Las fuentes periodísticas parecen indicar que los problemas por la distribución del agua preceden y suceden a los momentos de sequías y en estos años críticos reemergen con más fuerza.

Más allá de las temporadas más severas de sequías hidroclimáticas, sucedieron otros momentos con caudales menores a la media. En esos años, de sequías más leves, e incluso durante años normales, son recurrentes las quejas por mala distribución del agua:

Desde hace meses el Departamento de La Paz no recibe agua para riego y desde hace días no se le dota ni para la bebida. Con tener derechos definitivos y más antiguos que muchos lugares de la Pcia. hace tres meses, como no sucede en parte alguna de ella… ya empiezan a perecer de sed los animales^[30].

5. La sequía de 1968-1969: crecimiento del consumo subterráneo, crisis hidroeléctrica y predominio de los argumentos meteorológicos

La provincia de Mendoza había transformado parte de su matriz productiva y energética en relación con lo que expresamos durante la década de 1920. Además de la vitivinicultura, que, aunque prolongaba su predominio económico real como en los imaginarios sociales, habían emergido otras actividades relevantes, como la explotación y refinación de hidrocarburos y la producción hidroeléctrica. Se observaba, además, un crecimiento del sector servicios y del comercio específicamente, a la par que la población urbana continuaba su incremento. El agua superficial disponible para riego se complementaba con perforaciones subterráneas; sin embargo, la cantidad de estas no sería significativa hasta fines de la década de 1960 (Healey y Martín, 2017).

La Argentina se encontraba en este período bajo un gobierno militar que había interrumpido la democracia prevista constitucionalmente, con evidentes consecuencias en la libertad de expresión y en los modos en como informaban los medios de comunicación. Otros procesos nacionales también tenían su reflejo en la provincia, como el plan económico instaurado durante 1967, que buscaba articularse con la agenda económica del Fondo Monetario Internacional, promoviendo mayor apertura e inserción de los mercados internacionales, aunque ello no significó alterar estructuralmente el sesgo desarrollista que era característico de aquellos años^[31].

Todo ello coincide con los modos en que se administró y se comunicó la carencia de agua. Cuando sintetizamos los resultados obtenidos, no resulta extraño en dichos contextos que el uso hidroeléctrico sea el más mencionado después del agrícola (en las noticias sobre las sequías). También hay que destacar que desaparece el uso ganadero y aparece el industrial. La población urbana presenta menciones similares a Agua y Energía y el Departamento General de Irrigación, que aparecen como los actores sociales más afectados por la escasez. Recién en tercer lugar aparecen los agricultores como actores afectados por el fenómeno. Entre los responsables (actores sociales que producen, agravan o no solucionan la carencia), se observa un 40 % de presencia de la población urbana, mientras que en la misma proporción aparecen noticias que no identifican actores sociales o instituciones (donde recaiga el reclamo). Si bien los problemas agropecuarios continúan asomando como los más mencionados, también es notable que, si sumamos los problemas asociados a los conflictos por energía eléctrica, industria, comercio y cortes en agua potable para uso doméstico, representan el 58 % del total (ver la categoría consecuencias expresadas).

El comienzo de este período de sequía se dio en noviembre de 1966 con condiciones levemente secas en la cuenca del río Mendoza, extendiéndose hasta noviembre de 1969, totalizando 37 meses de caudales deficitarios. Los períodos de mayor severidad se dieron entre octubre de 1968 y enero de 1969 y entre junio y agosto de 1969, alcanzando condiciones de sequía extrema. Cabe destacar que el invierno de 1968 es el que registró la menor acumulación de nieve de los últimos 69 años (entre 1950 y 2018)^[32]. Otro período seco se dio casi inmediatamente después, entre los años 1970 y 1972, bajo la influencia del fenómeno de La Niña. Ambos períodos secos se corresponden con lo identificado a través de los caudales mensuales del río Colorado. Con base en los caudales del río Diamante y el río Atuel, los dos períodos de sequía registrados a partir de los datos del río Mendoza se observan como un único evento seco, extendiéndose entre los años 1967 a 1971 y con el máximo de severidad durante el verano de 1968/1969, alcanzando categoría de sequía extrema.

Desde el mes de agosto de 1967, el Diario Los Andes alertaba acerca de la escasez de nieve en la cordillera durante ese invierno, la cual produciría disminución del agua potable y para riego “se ha podido establecer que la nieve caída en la Alta Cordillera es muy inferior a la de otros años”^[33]. En setiembre de ese año, se realizaron vuelos para observar el fenómeno, “pero, con excepción de los glaciares y nieves perpetuas en las faldas o laderas de los picos no se observan acumulaciones”^[34]. Se alertaba sobre la falta de agua que iba a afectar especialmente a los cultivos estacionales y se estimaba además una disminución en la producción de energía. La falta de precipitaciones nivales en la cordillera se repitió al año siguiente, en el ciclo hidrológico 68-69, agravada por insólitas bajas temperaturas en octubre, noviembre y diciembre que retardaron la fusión de la nieve. El 9 de noviembre de 1968, Los Andes afirmaba que

Cuyo está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia… en lo que respecta a sus ríos… [por la] disminución exagerada del caudal. El aforo en esa semana sólo llegó a 9 m³ por seg. de los 23m.c/s normal en esta época”. Se dijo tiempo después: “Nos hallamos frente al período hidrológico (1968/1969) más pobre de los que va del siglo… Se ha recorrido en helicóptero toda la zona, sin vestigios de nieve…ni en las cumbres”^[35].

La sequía produjo una disminución de la generación de energía hidroeléctrica y condujo a restricciones en su uso por parte del comercio en particular y la población en general. Además, se redujo el suministro de agua potable en zonas de la ciudad de Mendoza. Los productores agropecuarios calcularon pérdidas de entre 35 % y 50 % en la producción. Se producen apagones y cortes de energía, se solicita que no se enciendan las vidrieras en los comercios. La sequía produjo un descenso de la napa fréatica y la desaparición temporal de la laguna Llancanelo. Entre los intentos de solucionar el problema, se dinamitó la laguna del Atuel (donde nace el río homónimo a más de 3000 msnm), logrando una “brecha” en el endicamiento natural que forma el espejo de agua^[36]. La denominada “Operación Atuel” se llevó a cabo por miembros del Ejército y de Agua y Energía de la Nación y se dijo que, gracias a tal operativo, se liberaron nueve millones de metros cúbicos de la laguna (en tres o cuatro días), que alimentaron las centrales hidroeléctricas, ubicadas después del embalse El Nihuil (ver Figura 4).

Figura 4. Noticias y fotos que dan cuenta de la intervención con explosivos de la laguna del Atuel. Fuente: Diario Los Andes.

Hay que destacar que Los Nihuiles eran las únicas hidroeléctricas de importancia en ese momento (tampoco existía el sistema interconectado nacional). La toma de drásticas decisiones sobre la cuenca del río que producía energía (y no sobre otros ríos que también tienen lagunas de altura como el Diamante) señalan la importancia de la crisis energética, incluso por sobre los problemas del agro en este evento de escasez hídrica. Las demandas de la población urbana, de comerciantes e industriales encuentran por varios momentos más resonancia que la de los representantes del sector agrícola. Ello es una gran diferencia respecto de 1924. Paralelamente, como mencionamos, la forma principal de satisfacer la demanda creciente del sector agrícola fue el fomento del uso del agua subterránea.

Entre las principales diferencias con la sequía de 1924, encontramos que las causas de la escasez, manifestadas según la prensa escrita, cambian drásticamente y pasan a ser más abundantes las de origen meteorológico (en un 67 %, mientras que sucedía en un 19 % en 1924-1925). Solo un 8 % de reportes incluyen algún actor político en el origen (o causa) del problema ambiental. Las causas naturales –que se expresan– refieren a las escasas nevadas en cordillera y temperaturas bajas en verano, en tanto la responsabilidad social no recae en grandes productores o en el poder político de turno, sino que apunta casi exclusivamente al inadecuado uso del agua por parte de la población. Entre los responsables se destaca a la población urbana que “no colabora” y usa “irracionalmente” el agua.

Se habla en una nota de “la manguera enemiga…”, artefacto usado por casi todos los vecinos de la ciudad, que en este contexto se lo situaba como emergente antagónico de los intereses provinciales. Se remarcaban posibles excesos de los comerciantes, expresando que “las empresas comerciales cuyas vidrieras siguen iluminadas a giorno”. En los periódicos, casi no se responsabiliza al gobierno (excepto en una sola nota, en la que no se aclara a qué jurisdicción gubernamental se refieren con “inadecuada gestión”). En el mismo sentido, se remarca que en Chile central y en la vecina provincia de San Juan están atravesando una situación de sequía similar, por lo que, al tratarse de un proceso meteorológico regional, poco se puede hacer desde los gobiernos. Toma fuerza en esta ocasión la inevitabilidad de la naturaleza como excusa mediática de justificación estatal. Entre las medidas mitigadoras (soluciones propuestas) sobresale la racionalización en el uso del agua y energía por parte de los usuarios (racionalización: 53 % de las notas relevadas), mientras que las informaciones que vinculan soluciones con cambios en la gestión descienden drásticamente comparadas con el período anterior (a solo un 7 %). En menor medida, se propone la instalación de generadores eléctricos (20 % de las notas).

A partir de 1968, es significativo el aumento de las explotaciones de agua subterránea (legales como ilegales). Justificados por la sequía, se produce la mayor ampliación de derechos de explotación de agua subterránea otorgados por la Dirección General de Irrigación. El amplio uso del agua subterránea persistiría después del evento de déficit y tendría consecuencias permanentes, entre ellas los graves efectos ambientales por el agotamiento y la salinización de suelos (Llop y Álvarez, 2002). Durante 1974 se promulgan la mayoría de las leyes adicionales a la Ley de Aguas para regular las reservas hídricas subterráneas. Es así que, desde 1968, la expansión del uso de los acuíferos se explica por la gran sequía que comienza en ese año, pero también por la ampliación de las zonas cultivadas bajo riego, hacia zonas que no tenían riego superficial, estimulada por los planes gubernamentales que incluían desgravación impositiva y asistencia crediticia.

Mientras que en 1950 había algo más de 1000 perforaciones en la zona norte, en 1980 se asciende al orden de las 15.500. El 50 % de este aumento ocurre entre 1967 y 1974, período en que confluyen tres importantes determinantes:

1. la sequía (1968-1972);
2. precios considerablemente altos del mercado vitivinícola;
3. otorgamiento de importantes desgravaciones impositivas a las inversiones para la producción primaria.

En 1959 había un total de 4874 pozos en toda la provincia, según datos del Departamento General de Irrigación. En el término de seis años (1969/1974) se perforaron 8818 pozos en Mendoza solamente (el 50 % de las perforaciones existentes hasta el año 1975, que eran 17.542), lo que indujo a una sobreexplotación del acuífero (Llop y Bertranou, 1981, p. 46). Es una particularidad de este período que comienza, en 1968, la expansión de la frontera agraria hacia los bordes de los oasis, en especial a través del uso del agua subterránea y el desarrollo de embalses especialmente en el sur provincial. Ello incrementó, de forma muy importante, la superficie regada hasta alcanzar las 370.000 ha (aproximadamente), de las cuales más de 250.000 se encontraban plantadas con viñedos (2/3 del total). Nunca más se llegó a cultivar tantas hectáreas en Mendoza. Esta expansión se detiene recién en 1978 y luego de una relativa estabilidad a partir de 1984 comienza un descenso en la superficie cultivada de alrededor de 10.000 ha por año (Civit 1996), situación que se produce hasta la década de 1990 en donde se estabiliza (con pulsos menos significativos en los años siguientes)^[37]. Según Civit (1996), quien analiza la exempansión en el oasis norte, a partir de las leyes nacionales 18.905/70 20.954/74 y 20.628/74, entre otras que promovían la incorporación de zonas áridas a la actividad agropecuaria, señala que lograron que algunas empresas importantes^[38] se instalaran en los bordes del oasis e incorporaran grandes superficies de varios cientos a miles de hectáreas de tierras no cultivadas hasta ese momento. A pesar de la falta de red de riego superficial, grandes carencias en la infraestructura y problemas ambientales, se utilizaron otros sistemas de riego (como el sistema californiano o Cimalco) y se priorizó el uso de agua subterránea que exige grandes inversiones^[39].

Hemos visto cómo un evento de escasez hídrica severo puede funcionar como un dispositivo político que permite realizar cambios y producir nuevas territorialidades, que incluso persisten luego del evento. También se puede observar cómo un discurso apoyado en la carencia de agua puede aprovecharse para aumentar el uso del recurso hídrico y con ello la producción, aunque ello implique en el mediano plazo profundizar el problema del que se quiere escapar. Al respecto, Bertranou (1987) manifestaba que la obsesión por aumentar la oferta de agua, la confianza excesiva en la tecnología de riego y el aprovechamiento de los créditos indujo a una sobreinversión en viñedos que favorece crisis posteriores “cuando es más importante saber qué hacer con la producción que distribuir el agua” (Bertranou et al., 1987, p. 9).

Se ha dicho al respecto que el origen de muchos fundamentos técnicos y políticas estatales tiene que ver con el imaginario ambiental mendocino (Escolar et al., 2012), al mismo tiempo que este se reconfigura a partir de aquellos. Pareciera ser que vencer a la sequía (o la carencia de agua que implica vivir en tierras secas) es parte de la lucha identitaria que caracteriza al ser mendocino. De esa batalla –cotidiana y épica– se debe salir siempre saltando hacia adelante: con más producción, más viñedos, más dotación de agua. Continuar la marcha hacia el progreso y el desarrollo mendocino implica reeditar, una y otra vez, la historia de un desierto vencido y de una aridez que deja de serlo. Como fantasma en términos deluzzianos, el miedo a la carencia opera como trampolín al aumento de la escala de consumo de agua y de producción creciente. Una modernización tras otra se justifica por la carencia de agua. La naturaleza no habla, pero al traducirse sus signos, parecen siempre argumentar a favor de que no tiene por qué existir un límite a la cantidad de diques o a las obras de infraestructura.

En coincidencia con Amílcar Moyano (2005), observamos, hacia estos años, una nueva etapa en los usos y en los sistemas jurídicos sobre el agua. Moyano refiere a esta etapa (que denomina de cooperación) como un momento donde empieza a tomar fuerza la gestión estatal y el conocimiento científico que atiende a reclamos “ambientalizados”. Es justamente en estos momentos donde se produce la creación de comités de emergencia por la sequía y un aumento de la participación de ciencia y la tecnología a la discusión. Si bien ello ya fue mencionado como una componente desde fines de siglo xix, se produjo un reforzamiento y aumento de la injerencia de institutos científicos y académicos en las discusiones sobre el agua^[40]. Entre ellos hay que mencionar la frustrada experiencia del Programa de Aguas Subterráneas del Noroeste Argentino que luego dio origen al Centro Regional de Aguas Subterráneas, dependiente del Instituto Nacional del Agua (INA-CRAS) (Healey y Martín, 2017).

En este contexto aparecen otros institutos de investigación que estudiarían las problemáticas de las zonas áridas y del agua en Mendoza. Fue así que entre el 22 y el 27 de setiembre de 1969 se realizaron en Mendoza las Primeras Jornadas de Nivoglaciología, con participación de investigadores y técnicos de la Argentina y Chile. En dichas jornadas, motivadas por la gran sequía del año anterior, se creó formalmente el Centro de Investigaciones Nivoglaciológicas, antecedente directo del IANIGLA^[41]. El 13 de mayo de 1972 se firma el convenio de creación del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) bajo la responsabilidad administrativa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)^[42]. Recordemos que, bajo la impronta planificadora y desarrollista de aquel momento, no es difícil explicar el fomento de agencias estatales de ciencia y gestión del agua. Esas iniciativas colaboraron con la formación de grupos de investigación sobre el agua y el ambiente, que crecerían y serían referentes regionales con el correr de los años. En ese marco, se creó, durante 1970, también el Instituto de Investigación como el IIZAS (Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas y Semiáridas), que dependía del Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza, y es el antecedente del IADIZA^[43]. Estos institutos construyeron mediante convenios entre diversas instituciones. En el caso del IANIGLA, además del CONICET, la U. N. de Cuyo y el gobierno de la Provincia de Mendoza, figuraron en su creación la U. N. del Sur, la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, el Instituto Nacional de Economía, Legislación y Administración del Agua (INELA), el gobierno de la provincia de San Juan, Hidronor y el Servicio Meteorológico Nacional, aunque después el financiamiento y gran parte de las decisiones fueron concentrándose en CONICET^[44]. Todas estas instituciones y agendas académicas tendrán especial importancia y participación en los procesos ambientales posteriores.

6. La “megasequía” de 2010-2015

Diferentes académicos y organismos del gobierno chileno denominaron como “megasequía” a la acontecida entre 2010 y 2015^[45]. Como es sabido, el mismo proceso que genera el descenso de las lluvias invernales en Chile central provoca disminución de nevadas en la cordillera que comparte con Mendoza. Más allá de otras variables de menor impacto, una mega sequía en el occidente es necesariamente la alta posibilidad de déficits en la vertiente oriental de Los Andes argentinos. El aludido informe chileno explica: “Este evento, que hemos denominado ‘megasequía’, tampoco tiene análogos en el último milenio de acuerdo a las reconstrucciones climáticas en base al crecimiento de anillos de árboles” ([CR]2, 2015: 2).

En tiempos en los que el calentamiento global genera cambios climáticos que establecen récords de temperatura y precipitaciones extremas en diversas regiones del planeta, el evento de sequía hidrológica registrado en la provincia de Mendoza entre los años 2010 y 2015 no se queda al margen de lo inusual. En términos de duración media, este período de sequía es el más extenso de los últimos 100 años^[46], totalizando en promedio 68 meses consecutivos con caudales deficitarios (Rivera et al., 2018). En términos de severidad, si bien los valores máximos de ICE no alcanzan los niveles de la sequía de 1968-1969, todos los ríos de la provincia registraron condiciones de sequía extrema. Considerando la magnitud del período de sequía, es decir, sumando los déficits a lo largo del período de sequía, se obtiene una vez más un valor récord para los últimos 100 años. Con base en un período común de 46 años, que permitió el análisis de las variaciones a lo largo de 13 cuencas de la provincia de Mendoza^[47], se obtuvo que durante este período seis de los ríos (Atuel, Cuevas, Mendoza, Tupungato, Vacas y Pincheira) registraron un valor de sequía récord, representado por el menor valor del ICE de la serie temporal.

Hacia fines de 2014 se desarrolló un evento El Niño de características excepcionales, el cual fue denominado por la prensa internacional como “El Niño Godzilla” (Schiermeier, 201518). Este fenómeno fue el de mayor intensidad de los últimos 70 años, y superó los eventos extremos de los años 1982-1983 y 1997-1998^[48]. La ocurrencia de este fenómeno dejó abundantes nevadas en los Andes Centrales, lo cual contribuyó a la finalización del período de déficit que acumulaba 5 años consecutivos (Rivera et al., 201719).

A partir del invierno de 2016 tuvieron lugar dos eventos La Niña que generaron una vez más escasas nevadas en la Cordillera y una nueva condición de sequía hidrológica que se extiende hasta la actualidad (enero de 2019). Durante la segunda mitad del año 2018, 10 de las 13 cuencas de la provincia de Mendoza presentaban condiciones de sequía severa, lo cual repercutió en la recarga de los reservorios y embalses durante la primavera y el verano^[49]. Considerando los pronósticos climáticos estacionales, existe un 40 % de probabilidades de registrar precipitaciones por debajo de los valores normales durante el trimestre mayo-junio-julio de 2019, lo cual sin duda profundizará la condición de sequía hidrológica regional.

6.1. La prolongada escasez de 2010-2019 en los medios mendocinos

Como ya se dijo, en este período, se realizó una búsqueda en internet sobre noticias en formato digital que hicieran alusión o trataran el tema de la sequía del último decenio. Es así que se recopilaron 97 notas de diversos periódicos online (detallados en el apartado de metodología) que mencionaron las palabras sequía, escasez, carencia y emergencia hídrica^[50].

En los resultados sobresale la gran cantidad de noticias de 2018, 45 en total y solo 12 del Diario Los Andes. El análisis de las noticias del Diario Los Andes muestra resultados que detallamos a continuación. Hay que destacar que se hizo el mismo trabajo con el total de las noticias y arrojó resultados significativamente similares a lo expresado solo por el Diario Los Andes.

Entre los usos mencionados es relevante destacar cómo el uso doméstico (en gran medida urbano) toma gran presencia en los medios, seguido por el agrícola. En tercer lugar, el turismo u otros usos vinculados al sector servicios (como el comercio) casi no tienen significancia, lo mismo que el industrial o el ganadero. El cuadro muestra los usos actualmente existentes que son afectados por la sequía. Sin embargo, es importante destacar que en los debates mediáticos aparecen también usos no existentes actualmente –potenciales– como la minería metalífera a gran escala, con gran énfasis en la discusión sobre la demanda de agua. Dar cuenta de estos usos potenciales sería parte de otro análisis para desarrollar en futuros trabajos desde esta perspectiva.

Entre los actores sociales –o actividades afectadas– desaparecen los prestadores de energía hidroeléctrica, un dato significativo si lo comparamos con la gran sequía del 68-69. Un síntoma de la ambientalización del discurso y las ideas (Leite Lopes, 2006; Aceselrad, 2010) es la gran emergencia de elementos del ecosistema como afectados. Con diferentes perspectivas se describen problemas del clima, de los glaciares, de la flora y de la vegetación, incluyendo estos “actores”, poco o nada presentes en la última sequía del siglo xx estudiada.

Entre las causas de la escasez, la mitad de las noticias adjudican a las razones hidrometeorológicas el origen del problema; un 43 % lo vinculan con cuestiones socio-políticas y hay un porcentaje menor del 7 % donde la causa no está especificada. Dentro de las causas socio-políticas, los principales responsables identificados en las noticias son: vecinos, usuarios de agua potable, usuarios del Departamento General de Irrigación que poseen derecho a riego (agrícola o recreativo), mendocinos, población en general, personas que tienen piscinas, habitantes de los countries, jóvenes que no tienen cultura del agua, etc. En segundo lugar, se responsabiliza de diversa manera a las autoridades competentes, que van desde el gobierno provincial hasta el propio DGI o los municipios.

En el gráfico “consecuencias” se puede observar que predominan los problemas con el agua doméstica (con un 37 % de menciones) y sobre los problemas agrícolas (con un 25 %). Ello marcaría, por un lado, la importancia y persistencia de la lógica oasis-céntrica en los intereses y preocupaciones, puesto que los problemas de la actividad agrícola y de la población urbana dominan la discusión. Podríamos agregar que, dentro del oasis norte, el predominio urbano sobre el rural agrícola bajo riego se consolida en esta etapa reciente. Sabemos por otros estudios y fuentes que el crecimiento urbano de la ciudad de Mendoza avanza sobre viñedos y otros cultivos (Furlani de Civit y Gutiérrez de Manchón, 1996; Scoones, 2018). También hemos hablado en otros trabajos del predominio de la lógica oasis-céntrica (Escolar et al., 2012) de la ciudad de Mendoza, con un carácter macrocéfalico por sobre el resto de la provincia. Es quizás la acentuación de todo ello, en las últimas décadas del siglo xxi, una de las causas del alto predominio –que se observa– de las discusiones sobre el consumo de agua (urbano/residencial; periurbano/residencial con derechos de riego para uso recreativo) por sobre discusiones productivas, más abundantes en otros momentos analizados.

En el análisis de “soluciones propuestas”, la gestión pública es la más sugerida para superar las crisis hídricas; no obstante, el uso responsable que debiera hacer la ciudadanía y la eficiencia de riego (citando a actores privados y estatales) acompañan en segundo lugar las citas de propuestas con un 25 % en los dos casos. Por último, con bastante menos porcentaje, se indican modificaciones legales, educativas y crediticias que ayudarían a superar estas dificultades socioambientales.

Una comparación de dichas variables en las tres sequías analizadas se puede observar en la siguiente tabla (Figura 5).

	Sequía de 1924	Sequía de 1968	Sequía de 2010
Usos	Agrícola y doméstico-urbano.	Agrícola, hidroeléctrico, en menor medida doméstico urbano.	Doméstico urbano/residencial periurbano, agrícola. En muy baja proporción aparece el uso turístico (centros de ski).
Consecuencias	Pérdida de cosechas, falta de agua potable, conflictos y protestas.	Pérdida de cosechas, restricciones energéticas y de agua potable, voladura de la laguna del Atuel, desecación temporal de Llancanelo, descenso de la freática.	Restricción y cortes de agua potable en ciertas zonas, problemas con el abastecimiento de agua en agricultura y ganadería, ascenso de la discusión sobre cambio climático, planes de la DGI para minimizar la “emergencia hídrica” hasta 2017. Reutilización de efluentes cloacales. Disputas por el uso del agua subterránea. Intensificación del proceso de avance de viñedos en el Tunuyán superior.
Causas de la escasez	Poca mención, con alta proporción responsabilidad política y en menor medida meteorológicas.	Principalmente meteorológicas (nevadas escasas en cordillera, veranos poco cálidos).	Tanto meteorológicas como socio-políticas.
Actores sociales afectados	Agricultores, población rural, población urbana. En mucha menor medida ganaderos, grandes propietarios, comerciantes.	Población urbana, Agua y Energía/Dirección General de Irrigación, agricultores, comercio e industriales en menor medida.	Población urbana, agricultores, “ecosistema”, “ambiente mendocino”, turismo y otros servicios. Industrial casi no aparece (sin considerar bodegas o agroindustria).
Responsables mencionados	Superintendencia de Irrigación, autoridades competentes, agricultores.	Población urbana y comerciantes, y en menor medida agricultores.	Vecinos, usuarios de agua potable, usuarios con derecho a riego (agrícola o recreativo), autoridades competentes, agricultores por baja eficiencia.
Soluciones propuestas	Mejorar gestión estatal, aumentar dotación y oferta, superar problemas legales.	Racionalizar el uso del agua y la electricidad, instalación de generadores eléctricos, dinamitar la laguna del Atuel.	Mejorar diferentes aspectos de la gestión provincial, DGI, municipios, uso responsable de la ciudadanía, eficiencia de riego (por parte de agricultores especialmente), menor medida mejorar educación y legislación.
Contexto político de las noticias	Fuerte disputa prensa-gobierno provincial (lencinismo).	Dictadura militar en el gobierno (onganiato), limitación de libertad de expresión. Alianza prensa-gobierno. Desarrollismo estatal y ampliación de superficies cultivadas ante crisis vitivinícolas recurrentes.	Disputa medios-gobierno hasta diciembre de 2015, cuando comienza la alianza entre ambos sectores. Conflicto por las aguas del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Emergencia de conflictos socioambientales por la instalación de megaminería, aprobación de restricciones a esta mediante la ley 7722.

Figura 5. Diferencias y continuidades 1924-1968-2010.

6.2. Disputas, efectos sociopolíticos y territorialización de la escasez del agua

El análisis cuantitativo de las noticias realizado en el apartado anterior se completa con un análisis cualitativo del proceso sucedido desde 2010, donde combinamos el trabajo previamente realizado con otra serie de informaciones, estudios e interpretaciones que permiten mostrar cómo los déficits hídricos son mediados por intereses y valoraciones socio-políticas.

Un hecho destacable es que la DGI declaró la emergencia hídrica^[51] en octubre de 2010, y fue extendiéndose a los años consecutivos. Durante 2018, el superintendente explicó que, a pesar de mediciones hídricas igual de severas, ya no se declararía la emergencia porque el largo proceso iniciado en 2010 ya implicaba una normalidad en esa oferta de agua. Esta decisión implicó que la escasez fuera definida por el poder político y no por las mediciones hidrometeorológicas (que marcaban que seguía habiendo emergencia como los años previos). Recordemos que dicha normalidad hidrometeorológica se calcula bajo series de datos mucho más largos que cinco años. Este hecho es una evidencia de cómo la política condiciona los significados de las sequías. Que “no exista” emergencia hídrica implica, a nivel simbólico y material, una serie de ventajas para los funcionarios que debieran estar encargados de solucionar un problema que ellos mismos decidieron que, desde un determinado momento, ya no es más.

Por otra parte, una estrategia que ya vimos en la sequía anterior, por parte de ciertos dirigentes y actores, es focalizar sus argumentos en las responsabilidades del ciudadano; después aparecen aquellas explicaciones atribuidas a las condiciones meteorológicas y, en la medida de lo posible, se evaden, minimizan o relativizan las propias responsabilidades. Es así que hemos observado, desde el 2010, cómo se profundiza la estigmatización del ciudadano “común” que “no cuida el agua”, que “no tiene cultura del agua”, en el cual descansan las mayores responsabilidades. Basándose en otro dato, que describe el alto consumo per cápita del usuario urbano mendocino (en relación con índices mundiales), es usual leer en los medios y en los discursos de los funcionarios que centran todo el problema de la escasez en las prácticas de ese actor. A lo sumo, se le adiciona al mismo argumento que se mejorarían sustancialmente todas las problemáticas que nos convocan con ponerle un precio mayor al agua y con aumentar la inserción de las lógicas mercantiles^[52]. Esto último tiene consonancia y representa un cambio importante –observado en las noticias y los medios desde fines de 2015– con un nuevo gobierno nacional y provincial aliado a los grandes multimedios nacionales y provinciales. Desaparece casi todo el enfrentamiento entre estos dos sectores: prensa y gobierno. Desde ese momento se filtran –con mayor intensidad– argumentos y discusiones sobre el precio de los servicios públicos, los subsidios, el achicamiento del Estado y la promoción de actores emprendedores, y aumentan las críticas a la visión que entiende el agua como un derecho humano.

La generación de ciertas normas surgió también justificada por las sequías (resolución 400/2003 y 500/2006 de la DGI, por ejemplo), que permiten regar cultivos para consumo humano con efluentes cloacales. Dicha práctica, que se inició en 1998, se mantuvo una vez terminadas las sequías, que le dieron fundamento^[53].

También habría que hacer una mención de lo que podríamos denominar sequía “crónica”. Estas se manifiestan en el oeste de la provincia de La Pampa. Diferentes actores de dicha provincia acusan a Mendoza de utilizar en exceso el agua del río Atuel y no permitir que esta llegue a territorio pampeano, a pesar de ser un río interprovincial^[54]. Esta disputa ha ocupado la prensa mendocina, aunque pocas veces bajo el título de sequía, emergencia hídrica o escasez, pero muchas más veces bajo conflicto por el Atuel (u otro título similar), a pesar de que la escasez (especialmente como consecuencia del cambio climático) es uno de los argumentos de Mendoza para no ceder mayor caudal de agua. Se podría reflexionar, también, sobre sequías crónicas en el propio territorio mendocino a partir de otros casos, como la escasez de agua para alimentar el complejo lacustre de Guanacache (un sector del noreste mendocino). Este hecho sí ha tenido cierta atención de la prensa desde mediados de siglo xx, y también ha sido adjudicado al uso intensivo del recurso hídrico en el oasis agrícola situado aguas arriba de este complejo.

Por último, si nos enfocamos en la apropiación del agua y la territorialización derivada en momentos de crisis hídrica, es relevante el avance sobre el Tunuyán superior mediante la expansión de la frontera agrícola sobre la base de la extracción de agua subterránea. El avance de medianos y grandes bodegueros en el Valle de Uco no se detuvo desde 2010, al contrario, por momentos se ha intensificado (Martín y Larsimont, 2016; Torres et al., 2018). A estos actores no los afectó la megasequía. Aparentemente, según las fuentes consultadas, crecieron significativamente las restricciones o cortes en el uso del agua doméstica urbana (en ciertos lugares de Mendoza, mucho más que en otros). Todo ello, mientras aumenta el consumo de agua en barrios cerrados de alto nivel adquisitivo, que además de riego de canchas de golf y riego por aspersión de grandes parques disponen de grandes piscinas en cada vivienda.

7. Reflexiones finales

A lo largo del trabajo abordamos tres grandes acontecimientos de sequías buscando complejizar la construcción de sentidos socio-políticos y sus efectos. Fue así que, además de proporcionar una actualizada descripción de las sequías desde la perspectiva hidroclimatológica, se analizaron una serie de procesos, dispositivos y representaciones sobre los momentos de escasez y carencia hídrica. Ello nos lleva a confirmar que existe una escasez por causas socio-políticas, la cual, aunque relacionada con la escasez hidroclimática, no es simétrica ni linealmente derivada. Es decir, ante la incuestionable ocurrencia de un déficit hídrico, suceden, además, una serie de procesos sociales y políticos (mediados por la prensa en este caso) que visibilizan algunos aspectos más que otros, amplían ciertas responsabilidades, resaltan algunos actores perjudicados y proponen soluciones que tienen que ver con ciertos posicionamientos e intereses políticos.

El análisis de la documentación sobre estos procesos muestra importantes diferencias y llamativas continuidades entre las últimas tres grandes sequías de Mendoza. Los actores intervinientes y los medios de prensa constituyeron, en todos los casos, actores fundamentales para definir la “carencia” y para remarcar el “estado de excepción”.

Cuando analizamos cómo han sido significadas las sequías en Mendoza, advertimos que, desde 1924, son abundantes las preocupaciones vinculadas al “normal” desarrollo de la actividad agrícola por sobre otras inquietudes. Algo similar sucede con la importancia sucesiva que va tomando la población urbana y residencial. Si bien está presente en todos los episodios estudiados, es en los más recientes donde –los problemas de estos sectores– denotan una presencia creciente por sobre otros actores. Es así que la presencia de los problemas de abastecimiento de agua potable y los vinculados a la agricultura son las principales constantes a lo largo de todo el estudio.

En cuanto a las principales diferencias entre las sequías analizadas, se destaca que la pequeña y mayoritaria población rural de 1924-1925 contrasta con una mayor (más del doble) y más concentrada población urbana en 1968-1969. En 1924, la falta de agua para irrigación derivada de la sequía fue asociada por los periódicos locales con la aparición de conflictos sociales y políticos, mientras que en el evento de 1968-1969 el mayor problema –para los periódicos– fue la reducción de la generación de energía hidroeléctrica para las poblaciones urbanas y sus industrias.

Otra diferencia está dada por los “nuevos” problemas destacados por la prensa escrita desde 2010: abastecimiento de agua potable en determinadas zonas, el problema del cambio climático y la afectación de ecosistemas, la discusión de los planes del DGI para minimizar la “emergencia hídrica” (hasta 2017), las disputas por el uso del agua subterránea, la intensificación del proceso de avance de viñedos en la cuenca del río Tunuyán superior, la falta de conciencia en el uso del agua por parte de la ciudadanía (ello es común al evento del 1968), el conflicto por el agua del río Atuel y la vinculación con conflictos asociados a la potencial instalación de mega minería.

Por otra parte, se observó que muchas políticas y prácticas generadas en tiempos de crisis hídrica persisten cuando los eventos críticos han disminuido, incluso cuando muchas de ellas fueron basadas en argumentos de estados de excepción, que dejan de ser tales cuando persisten por muchas décadas. Estas crisis, entonces, se transforman en oportunidades para quienes desean restructurar ciertas prácticas instauradas y, por lo tanto, más de una vez son utilizadas para justificar ciertas medidas.

En los casos analizados, la noción de carencia propuesta permite descentrarse del dato hidrológico y complejizarlo para la interpretación de políticas públicas. La sequía como acontecimiento se intenta imponer desde un sentido común accesible a todos, lo cual justifica la dirección de las políticas públicas. En este sentido, el presente trabajo evidencia también la pertinencia de perspectivas que atiendan a la mediana duración para la comprensión de procesos como los aquí analizados.

Agradecimientos

Este trabajo ha tenido importantes sugerencias, aportes y correcciones de diferentes especialistas desde que comenzamos a trabajar en él en 2012. Entre ellos destacamos los consejos y colaboraciones de Mark Healey, Leonardo Castillo, Maximiliano Viale, Mariano Masiokas, Pablo Rizzo y Lucrecia Wagner.

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