Mercados de trabajo segregados
en la producción agraria

Verónica Trpin

Introducción

Desde principios del siglo xx los valles irrigados del río Negro, ubicados en el norte de la Patagonia, son áreas destinadas al uso intensivo de la tierra, orientadas centralmente a la producción de peras y manzanas –con destino al mercado interno y a la exportación– y recientemente a la horticultura. Asimismo, parte de su dinámica poblacional históricamente ha reflejado la presencia de migraciones internas e internacionales, especialmente de origen limítrofe y de las provincias del noroeste argentino (NOA) que constituyeron mercados de trabajo segregados.

En la actualidad, transformaciones productivas delinearon la persistencia de lo agrario frente a la promoción de una matriz extractivista vinculada a la actividad hidrocarburífera. La expansión de la horticultura en pequeña escala se consolida en este contexto^[1] y, al igual que en otras zonas de nuestro país, basa su dinámica en la circulación de migración de origen boliviana y del norte de la Argentina calificada como “norteña”.

La particularidad que asume la horticultura en esta región es la convivencia de diferentes destinos y volúmenes de producción: cultivo de diversidad de verduras para las ferias locales y el Mercado Concentrador de Neuquén en chacras arrendadas de no más de dos a tres hectáreas y la producción de tomate para las agroindustrias en predios de entre 20 y 80 hectáreas.

En este artículo retomamos el abordaje de las desigualdades en mercados de trabajo segregados, para centrarnos en las condiciones laborales de trabajadores temporarios que se emplean en el cultivo de tomate cuyo destino son las procesadoras en el Valle Medio del río Negro. Esta dinámica ha cobrado impulso en las últimas décadas y se caracteriza por la presencia de familias productoras y trabajadores/as temporarios/as de origen migrante. La agricultura por contrato que organiza dicha producción ha consolidado una lógica estandarizada y eficientista del uso del suelo y del agua, la concentración de la producción en algunas familias y la incorporación de la mecanización de la cosecha, procesos que reconfiguraron la circulación de mano de obra y desplazaron a pequeños/as productores/as descapitalizados/as.

La indagación respecto a las transformaciones territoriales en los valles irrigados de la región que involucran la expansión de la horticultura, se sostiene desde el trabajo de campo, observaciones y entrevistas realizadas en los últimos cinco años como parte de proyectos de investigación de la UNCo^[2] y de discusiones en el marco del Núcleo Socio-antropológico del IPEHCS-CONICET-UNCo^[3]. En estos espacios de investigación nos propusimos dar cuenta de las desigualdades laborales y productivas que atraviesan los territorios y su vinculación con la movilidad territorial de migrantes limítrofes y “norteños/as” en el norte de la Patagonia.

Desigualdades y segregación laboral

En escritos anteriores hemos advertido que en el abordaje de la estructura social en la Argentina se ha producido a fines del siglo xx un desplazamiento teórico: desde los estudios de clases a los de pobreza y a las tematizaciones sobre exclusión (Álvarez Leguizamón; Arias; Muñíz Terra y Trpin, 2016). En particular, las investigaciones sobre espacios rurales tendieron a observar las estrategias de reproducción de las familias de trabajadores rurales. En esta línea, son una referencia los estudios de Murmis y Feldman (1995), quienes en los años noventa analizaron la pobreza rural como problemática interdisciplinar, para abordar las condiciones de vida de productores “multiocupados”. Sin embargo, hacia la presente década, la desigualdad y las clases sociales vuelven a ser una preocupación de las ciencias sociales, lo cual permitió instalar nuevas problemáticas que evidencian la presencia de actores/as sociales históricamente despojados/as de protagonismo en la estructura agraria argentina: mujeres, los/as migrantes temporarios/as, los/as campesinos/as sin tierra y los pueblos originarios. En particular, se observan contribuciones que refieren a la relación entre trabajo, condiciones laborales y desigualdades (Trpin y Lopez Castro, 2016), recuperando la interseccionalidad entre pertenencias de clase, de género y de origen étnico-nacional, así como la racialización de ciertos/as migrantes (Trpin y Pizarro, 2017).

El abordaje del trabajo en articulación con otras marcaciones refleja, tal como Salvia, Fachal y Robles señalan, cómo las “desigualdades constituyen un punto central para caracterizar la estructura social argentina” (2018: 113), abriendo un campo de indagación sobre la segregación de los mercados de trabajo en relación a los condicionamientos estructurales desde los cuales se organizan y reproducen.

La segregación laboral ha ocupado un lugar central en las discusiones y reflexiones teóricas y políticas sobre migraciones y trabajo

En términos generales, la segregación laboral es una característica de los mercados de trabajo que, a partir de un conjunto de variables económicas, culturales, políticas y sociales, concentra a ciertas personas en determinados tipos de empleos y las excluye de otros. (Magliano y Mallimaci Barral, 2018: 13).

La segregación supone reflejar una desigual distribución de puestos de trabajo y condiciones de trabajo. Sin embargo, el énfasis depositado en la nacionalidad y en la clase social, limitó, según las autoras, una mirada crítica sobre la compleja estructuración de los procesos de segregación laboral que requieren la inclusión de múltiples dimensiones explicativas, ya sea de género, etnicidad, raza, en otras.

En este sentido, las transformaciones productivas identificadas desde mediados del siglo xx hasta principios de la presente década, reflejan desigualdades presentes en los mercados de trabajo agrario en el norte de la Patagonia, caracterizados por la segregación laboral y la movilidad de trabajadores/as temporarios/as. La condición de trabajadores/as migrantes así como las pertenencias étnico-nacionales han constituido marcaciones que condicionan su circulación por el mercado de trabajo al tiempo que posibilitaron, en algunos casos, proyecciones de ascenso social (Trpin y Jiménez Zunino, 2019).

La conformación de mercados de trabajo segregados en los espacios rurales y su relación con las migraciones ha sido ampliamente abordada por los estudios rurales y del trabajo en la Argentina y se vincula con tendencias en las que las desigualdades se expresan en la informalidad laboral como un rasgo estructural y generalizado. En palabras de Salvia, Fachal y Robles, esta problemática ha afectado “no solo el bienestar de los trabajadores y de sus familias, sino también las capacidades de desarrollo económico. En el primer caso, el problema se asocia con los bajos ingresos y la falta de protección social” (2018: 114).

Como podemos advertir desde los aportes provenientes de diferentes investigaciones sociales, se observa cómo históricamente los mercados de trabajo rurales de Argentina se caracterizaron por estar conformados por trabajadores/as estacionales/as o temporarios/as, con empleos precarios y organizados en territorios que incluyen áreas distantes, vinculadas a través de enganchadores y redes (Benencia y Aparicio, 2014). Estas formas de contratación de la mano de obra procedente de diversas zonas del país o de países limítrofes fueron estudiadas desde economías regionales dinamizadas alrededor de actividades tales como la citricultura, la vendimia, la fruticultura, la producción yerbatera, tabacalera, la forestación o la zafra de la caña de azúcar (Trpin y Pizarro, 2017).

En la actualidad, los flujos de trabajadores/as son abordados en relación a circuitos productivos rurales que demandan estacionalmente mano de obra para las cosechas y como constructores de territorialidades que trascienden las delimitaciones locales. En este sentido, se considera que los mercados de trabajo agrario se vinculan con un “espacio multipolarizado, estructurado por desplazamientos alternantes” (Cortes, 2009: 39) y articulados con procesos de transformación productiva. Algunos estudios realizados en Argentina, focalizan sus análisis en los complejos agroindustriales como organizadores de la circulación de mano de obra y en las condiciones de trabajo de los/as migrantes, así como en los efectos en la legislación laboral (Benencia y Aparicio, 2014; Benencia, Pedreño Cánovas y Quaranta, 2014; Mastrangelo y Trpin, 2013; Pizarro y Trpin, 2010). Asimismo se han abordado las diversas “modalidades de contratación de trabajadores provistos por empresas de servicios, por agentes más o menos informales (o ‘cuadrilleros’) o por distintas figuras que operan al amparo de la ambigüedad de la legislación respectiva” (Neiman, 2010: 5). En la horticultura, debemos atender esta tendencia como reflejo de la presencia de trabajadores/as temporarios/as, quienes han sido históricamente migrantes limítrofes y de otras zonas de la Argentina.

Trabajo temporario y migraciones en el Valle Medio del río Negro

La circulación de mano de obra migrante en la horticultura intensiva del Valle Medio del río Negro refleja la consolidación de un mercado de trabajo segregado, el cual, tal como sostienen Castles y Miller (2004), se orienta desde la creación de núcleos o la concentración en puestos y sectores económicos particulares. Desde la década de 1970, bolivianos/as y “norteños/as” se emplearon como mano de obra temporal en tareas que no han sido cubiertas por trabajadores/as locales y a los que accedieron a través de contactos personales y redes familiares y de vecindad. Cabe destacar que la presencia de los/as migrantes permite pensar la producción hortícola más allá de los límites espaciales del Valle Medio y como parte de la historicidad de un territorio que consolidó mercados de trabajo segregados, en los que participaron trabajadores/as de otras regiones y de países limítrofes relacionados con la expansión de la producción intensiva de alimentos frescos desde principios del siglo xx.

En el norte de la Patagonia, la consolidación del uso de la tierra privatizada y su puesta en producción con riego artificial inauguró, desde las primeras décadas del siglo pasado, la consolidación de una estructura agraria sustentada en las migraciones internacionales: migrantes europeos accedieron a la propiedad parcelada de la tierra y los/as trabajadores/as temporarios/as provenientes de Chile fueron empleados/as en la fruticultura, muchos/as de los/as cuales se radicaron y se transformaron en trabajadores efectivos (Trpin, 2004). Podemos observar como parte de la expansión de la producción de peras y manzanas, la constitución de un mercado de trabajo segregado marcado por la pertenencia de clase y el origen nacional.

Desde la década de 1960, procesos de concentración productiva por parte de empresas integradas modificaron la estructura agraria regional, profundizándose el desplazamiento de pequeños productores de la producción directa de peras y manzanas. Ello impactó en la organización laboral en las chacras, siendo significativa, décadas más tarde, la transformación del mercado de trabajo frutícola. Por su parte, desde la década de 1970 la migración proveniente de Bolivia comenzó a matizar la dinámica productiva de los valles irrigados en la Patagonia, fortaleciéndose la tendencia de una migración “desde abajo” (Guarnizo, 2004) iniciada por los/as trabajadores/as chilenos/as décadas anteriores.

La población limítrofe de origen boliviano ha configurado la historia social de los/as trabajadores/as rurales en la Argentina, junto a trabajadores/as del NOA, consolidando un asalariado rural que fluctuó en producciones agrarias a lo largo del país. “Norteño” se construyó como una denominación “común”, centralmente masculina, que involucra trabajadores/as de diversas provincias y de Bolivia, caracterizados por poseer trayectorias laborales y sindicales enmarcadas históricamente en una región transfronteriza (Aparicio y Panaia, 2000; Teurel de Lagos, 1991). En el norte argentino a lo largo del siglo xx se consolidó así un mercado de trabajo sostenido por asalariados despojados de tierra y dispuestos a vender su fuerza de trabajo en forma temporal.

En las últimas décadas, así como en la fruticultura los/as “norteños/as” se emplearon para la cosecha de peras y manzanas, también cobraron presencia en la horticultura. A través de observaciones y entrevistas realizadas entre cosechadores/as de tomate para industria, se evidenció que el nicho ocupacional de trabajo temporario fue ocupado por migrantes de las provincias del norte del país y de Bolivia que han tenido experiencia en circuitos laborales agrarios en otras zonas de la Argentina y en la fruticultura de los valles irrigados del río Negro. Es posible considerar que “norteño/a” alude a una categoría que trasciende delimitaciones nacionales, para constituir una marcación definida por una pertenencia de clase y una racialización de los cuerpos. La justificación de la soportabilidad del trabajo “duro” en el campo y las condiciones informales en las que se emplean reflejan la permanente reactualización de un “desprecio por los habitantes de las ‘provincias’ –sobre todo del Norte– cuyo color de la piel oscura habla de sus ancestros, del pasado indio o negro, negado y obliterado por la construcción hegemónica de la Argentina blanca europea” (Álvarez Leguizamón, 2016: 338).

Dicha autora advierte sobre la necesidad de entrecruzar la raza, lo étnico, la clase, en lo que llama la “geopolítica del poder espacial” en su vínculo con la construcción de la Nación: mientras la blanquedad del territorio se sustenta en el progreso relacionado con la transformación de la tierra en fuente de progreso y el arraigo como una apuesta civilizatoria, la circulación de “norteños/as” se expresa en una construcción de territorialidad no controlada por el Estado, sin fijación en la tierra desde la propiedad privada, al tiempo que resulta una migración promovida por las patronales para el sostenimiento del trabajo temporal en las economías regionales.

Para el caso de los/as migrantes bolivianos/as, el trabajo rural ha habilitado en ciertas ocasiones la permanencia y la proyección de una movilidad “ascendente” –en lo que Roberto Benencia (2006) ha calificado como la “escalera boliviana”–. Esta tendencia consolidada en diferentes regiones de la Argentina, se expresa en el caso estudiado: el tomate con destino a la agroindustria constituye el principal cultivo hortícola en el Valle Medio y se relaciona con la presencia de migrantes bolivianos/as y “norteños/as” argentinos/as.

Bolivianos/as y norteños/as en la producción de tomate

En el Valle Medio del río Negro, el comienzo de la actividad hortícola en la década de 1930 estuvo caracterizada por la incipiente producción por parte de chacareros frutícolas. Dichos actores realizaban este cultivo no en forma exclusiva, sino en los interfilados de perales y manzanos en crecimiento. En una tendencia de consolidación de la fruticultura, muy pocos de estos/as productores/as se mantuvieron en la actividad, considerando que se trataba de un cultivo de transición mientras se desarrollaba el viñedo o el monte frutal. Ante la exigencia de rotación en suelos irrigados que demanda el tomate, el uso de la tierra con producción frutícola constituía un límite en las posibilidades de expansión de la horticultura.

Desde la década de 1970 productores locales comenzaron a arrendar tierra para la plantación de tomate, lo cual marcó otra relación con la tierra: la disponibilidad de chacras en blanco y con riego sistematizado (INTA, 1986) posibilitó la movilidad del cultivo en la zona al compás de la contratación de migrantes de origen boliviano y norteño, algunos/as de los/as cuales se transformaron en medieros y luego en arrendatarios.

La producción hortícola en la provincia de Río Negro se expandió en las últimas décadas y cobró notoriedad como la segunda actividad del sector primario agrícola luego de la fruticultura (FAO, 2015). Anualmente se cultivan aproximadamente unas 7.700 hectáreas concentradas en los principales valles: dicha actividad a escala se expande entre el cultivo de cebolla y el tomate. Una publicación de la FAO señala que

… dos momentos resultaron determinantes: el primero se relaciona con la reestructuración del sector tomate industria, a fines de la década del noventa, y el segundo tuvo lugar luego de los acuerdos del MERCOSUR a mediados de la misma década, momento en que el mercado brasileño pasa a tener un rol fundamental como demandante de cebolla. (FAO, 2015: 13).

Datos de la Comisión Hortícola integrada por productores de Viedma, Río Colorado y Valle Medio informan que en la temporada 2009/10 se implantaron en la provincia de Río Negro 2.676 hectáreas con cebollas, 1.895 hectáreas con tomates, 1.121 hectáreas con zapallo y 500 hectáreas con papas. Estos cultivos superan ampliamente a otras especies y, tal como fuera señalado, están destinadas a exportación o industrialización. También en esta zona se cultivan aproximadamente 6.000 ha de frutales de pepita, 1.000 ha de frutas de carozo, 350 ha de frutos secos, 300 ha de vid, 4.000 ha de hortalizas y 7.000 ha de forrajeras (Nievas y De Plácido, 2013). Por otro lado, existe un conjunto de producciones de verduras en fresco para el consumo del mercado local y regional (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2015). Cabe señalar que la región del Valle Medio concentra el 95% de la producción de tomate, que se destina en su mayoría a la industrialización como concentrado, triturado, disecado y jugos. Según el resumen ejecutivo del Plan Hortícola Provincial 2016-2026, se destinan 1.250 hectáreas para tomate para industria, concentrados en un 30% de productores de un total de 200 relevados en la zona.

La particularidad que asume la producción de tomate desde las últimas décadas, es el control de las distintas etapas del proceso productivo por empresas elaboradoras de tomate procesado. Estas empresas, con filiales en distintos puntos del país, fueron afianzando su presencia en el Valle Medio aunque con diferencias en la cantidad de hectáreas puestas en producción, en la capacidad de procesamiento y en la incorporación de tecnología. Las tres empresas procesadoras consolidadas para la temporada 2012 eran: Arcor (ex-Campagnola), Industrias Alimenticias Mendocinas (ex-Canale) y Molinos Bruning (ex-Parmalat), sosteniéndose exclusivamente hasta el año 2019 Arcor-La Campagnola.

En un esquema que se define como agricultura de contrato, los productores tomateros firman acuerdos con las empresas, que los vincula por un período de cinco años. Los productores ponen sus bienes en garantía –camionetas, tractores y otras maquinarias–, pero la procesadora decide la renovación de dicho contrato cada temporada. Se pacta un precio en el invierno para cobrar después de la cosecha en el mes de marzo o abril del año siguiente, asumiendo los productores primarios los riesgos por factores climáticos o sanitarios (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2015). Las empresas también tienen el control del traslado del tomate desde las chacras a las plantas elaboradoras, por lo tanto, regulan la relación entre oferta y demanda a través del flete, “cuando las procesadoras están saturadas, solo pasan a retirar el tomate hasta cubrir el adelanto que les dieron” (José Andrada, técnico de la Cámara de Productores).

Las procesadoras entregan a los productores un “paquete tecnológico” a lo largo del proceso productivo que incluye los plantines, fertilizantes y plaguicidas, además de asesoramiento técnico para garantizar productividad. En esta relación, según expresa un productor entrevistado “sentís una pequeña presión, nosotros como familia estamos todos tratando de mejorar el rinde” (Artemio, entrevista realizada en Chichinales, enero de 2018).

El registro de las tareas rurales realizadas en el ciclo anual permite observar las desiguales modalidades de la organización de la producción de alimentos, en la que las posibilidades de decisión por parte de los productores y trabajadores/as tienen estrecho margen. Cabe destacar que la dinámica de la agroindustria actual está signada por la redefinición de estrategias empresariales para participar competitivamente y reafirmar la reproducción ampliada del capital (Steimbreger y Vecchia, 2014). En la búsqueda de una integración flexible, el proceso de reestructuración productiva provoca niveles crecientes de centralización/concentración y de diferenciación en la estructura productiva asociados a los distintos patrones de acumulación (Bendini y Steimbreger, 2003).

En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, gerentes de producción de la agroindustria señalan que el 80% de los productores integrados a la cadena son de origen boliviano y esa tendencia le garantiza a la empresa “productividad y eficiencia”. Quienes han persistido a las condiciones de producción y a los volúmenes de tomate que exige la agroindustria, son productores de entre 30 y 40 años que constituyen la primera generación descendiente de migrantes de origen boliviano, muchos de ellos nacidos en las provincias del norte de Argentina y que han circulado desde pequeños por otras actividades agrarias y no agrarias junto a su familia.

El trabajo en la producción de tomate

Tal como fuera señalado, las trayectorias laborales y productivas de las familias hortícolas reflejan un mercado de trabajo segregado en términos de origen étnico-nacional, de género y de racialización de los/as trabajadores/as calificados/as como “norteños/as”.

La generación que encabezó el proceso migratorio desde Bolivia y tuvo experiencia inicial en la cosecha de tomate y de peras y manzanas en la década de 1970 y 1980 en la zona marcó las proyecciones de una movilidad que se mantiene hasta la actualidad. El reclutamiento realizado como “peones/as” temporarios/as fue el origen de la circulación por el Valle Medio y el aprendizaje de una actividad que en algunos casos resultaba desconocida. Aunque las posibilidades de emplearse y luego “sacar diferencias” transformándose en medieros/as era fluctuante (centralmente ante las inclemencias del tiempo y los escasos márgenes de negociación con los propietarios de la tierra), para algunos/as migrantes cierta capitalización habilitó la compra de las primeras herramientas y “arriesgarse solos”.

El acceso al control de la producción (aunque fuera en calidad de medieros) involucró el trabajo de todos/as los/as integrantes de la familia y la esporádica contratación de “paisanos/as”, lo cual permitió sostener tareas como la plantación y la cosecha a lo largo del ciclo productivo. Artemio Quispe, un productor salteño –cuyo padre boliviano se empleó inicialmente en la cosecha de tomate en el Valle Medio–, refiere que algunos “paisanos” dejaron de ser peones y luego medianeros, pero que “fue una lucha de años, porque solo comprando un tractor se ponía empezar solo” (entrevista realizada en Chichinales, enero de 2018).

Desde la década de 1990, aun cuando la experiencia en el trabajo hortícola habilitó a algunos productores a “arriesgarse”, las presiones en torno a “los rindes por hectáreas” se impuso de la mano de exigencias que promueven la estandarización de las prácticas y del conocimiento desde parámetros homogeneizantes: el cultivo de plantines desarrollados con semillas híbridas compradas en forma masiva por la empresa, el seguimiento productivo en campo a cargo de técnicos de la agroindustria, la utilización de agroquímicos y fertilizantes y la mecanización de la cosecha, fue despojando paulatinamente a los productores del control sobre lo producido. La valorización de los saberes técnicos que no sostienen diálogos con las trayectorias laborales y productivas de la población migrante dominaron los procedimientos en pos de la obtención de un producto escindido a las dinámicas familiares, para imponer una masculinización del control productivo.^[4]

A diferencia de la organización inicial del trabajo en la zona y del cultivo diverso de verduras frescas –en el que se mantiene la participación de las mujeres y los/as hijos/as– (Brouchoud, 2014), en los predios destinados al tomate solo se observan varones gestionando la producción: manejan los camiones que aguardan la descarga de tomate desde la cosechadora también controlada por otros varones; el “patrón” inspecciona los procedimientos en campo; los técnicos de las empresas realizan el seguimiento de los volúmenes destinados a la empresa; quienes se reúnen a discutir precios y contratos también son solo varones. Las proyecciones para consolidar la expansión de un monocultivo “sustentable y eficiente” parece ser un rasgo atribuido a ciertos productores exclusivamente varones, lo cual reafirma desigualdades en torno a las decisiones del uso de la tierra y del agua.

Desde los encuentros con personal de los niveles gerenciales de la agroindustria, registramos una mirada dual sobre quienes se dedican a la actividad: aquellos que “son emprendedores” y buscan la “eficiencia” –coincidente con las nuevas generaciones– y los que “son tradicionales y reacios a incorporar tecnología”. Se destaca en dicha dualización las observaciones respecto a cómo aspectos “culturales” del “ser boliviano” constituyen para los circuitos empresariales una barrera para la incorporación de tecnología. Se combinan de este modo representaciones estereotipadas y exclusivamente masculinas sobre los productores de origen boliviano como trabajadores que sostienen con sus manos la horticultura, al tiempo que dicho rasgo actuaría como una limitación para la incorporación de innovaciones, dadas sus características tradicionales de “cultura andina”, replicándose una mirada estática que culturaliza y racializa a los sujetos. La incorporación de innovaciones productivas parece haberse saldado por las nuevas generaciones que incluyeron inversiones en riego por goteo y la mecanización de la cosecha, proceso en el que quedaron excluidos productores que no pudieron sostenerse en el circuito.

Los “tomateros” que se vinculan con las agroindustrias, mantienen la contratación de mano de obra para la plantación y la cosecha a través de los contactos establecidos durante varias temporadas con migrantes del “norte” y con parientes de origen boliviano. Los entrevistados expresan la nula intervención del sindicato UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y del Ministerio de Trabajo, aunque reconocen haber tenido multas por inspecciones laborales. Para algunos, mantener lo que llaman “un 50 y un 50” refiere a la estrategia de registrar la mitad de la mano de obra y de ese modo evitar multas consideradas onerosas.

Las condiciones laborales de la mano de obra hortícola no ha sido una preocupación expresa de los productores entrevistados, siendo una producción en la que se ha promovido la suma de hectáreas con cosecha mecanizada como modo de desvincularse de la contratación de trabajadores/as. Ante la concentración productiva en predios de 80 hectáreas destinados al monocultivo de tomate y los altos rindes con el uso de riego por goteo, la tendencia ha sido sustituir trabajo manual por la mecanización de la cosecha. Esta decisión tiende a justificarse por los costos de la mano de obra: en una chacra de 64 hectáreas se contrataron en el año 2017 a veinticuatro personas para levantar un promedio de 200 cajones diarios de tomates por trabajador/a, que se reduce a diez con la mecanización de la cosecha iniciada al año siguiente. La empresa Arcor-La Campagnola alienta el uso de las cosechadoras mecánicas contratando tres máquinas a una empresa brasilera. Entre los meses de febrero y abril se acuerda un organigrama de cosecha entre los productores vinculados a la agroindustria, y los costos son trasladados a su liquidación final.

La consolidación de una lógica eficientista de la producción se expresa en los rindes derivados del avance en el uso de riego por goteo y la mecanización de la cosecha. Algunos productores expresan su preocupación en torno a “dejar a la gente sin trabajo”, referenciando vínculos laborales consolidados a lo largo de las temporadas “a uno lo llaman unas diez personas por día, aunque ya ni conviene venir si no cosechan muchos cajones” (Pedro, entrevista realizada en Belisle, marzo de 2018). Los productores que incorporaron la mecanización optan por mantener la mano de obra para que resuelvan el trasplante de plantines, los cuidados “precosecha”, la cosecha de la mitad de los predios y las “punteras” (área que queda libre de la circulación de la máquina para su rotación). En una plataforma montada sobre la máquina cosechadora, entre diez y ocho personas se ocupan de descartar ramas y cascotes de tierra que pueden dificultar la circulación del tomate por la cinta que lo deriva al camión. Para dichas tareas se ha registrado la presencia de mujeres, quienes suelen ser parte de la familia del productor.

Durante la cosecha manual la exposición física se observa en todos los predios. Ante plantas rastreras que crecen sobre los bordos, la posición corporal en forma encorvada durante jornadas de trabajo “de sol a sol” con temperaturas que rondan los 35 grados, refleja la precarización de condiciones laborales de la mano de obra generalmente no formalizada. Durante la cosecha se ha registrado la presencia de varones y mujeres de origen boliviano y de las provincias del NOA que han circulado en la región a lo largo de más de tres temporadas.

Las viviendas en las que residen se denominan “gamelas” y consisten en habitaciones construidas con un baño y una cocina que se comparte entre los/as trabajadores/as. En las chacras recorridas las casas eran provistas por las patronales y en algunos predios –en los que en años anteriores se cultivaban peras y manzanas–, galpones y viviendas de exempresas frutícolas resolvían el alojamiento de las familias migrantes.

Como parte de dichas transformaciones en los territorios, retomamos el caso de E. Mollo. En un predio de 80 hectáreas en la localidad de Belisle, cultiva tomate para Arcor-La Campagnola. Las hectáreas que arrienda eran propiedad de una empresa integrada dedicada a la producción, empaque y exportación de peras y manzanas que cerró en el año 2006. Las más de 350 hectáreas surcadas por canales de riego que en su momento irrigaban frutales de peras y manzanas, en la actualidad, albergan a tres productores hortícolas capitalizados vinculados a la agroindustria. Allí mismo se alojaban quince familias “norteñas” que tuvieron experiencia laboral en la fruticultura y que en los últimos años se emplean en la horticultura intensiva. En el predio se combina riego por goteo y riego por manto y cosecha mecanizada y manual.

Algunos/as integrantes de una de las familias santiagueñas que residían esa temporada en el predio fueron entrevistados/as en el trabajo de campo realizado en el 2018. El grupo familiar estaba conformado por siete integrantes: el padre, la madre, dos hijas y un hijo de entre 14 y 20 años, un hijo de 11 y una nieta de 2 años. La madre, de 47 años, se ocupaba de organizar las comidas, la limpieza de los galpones en los que dormían y de abocarse al cuidado de su hijo menor y su nieta mientras los/as integrantes de la familia se trasladaban en un tractor por las calles rurales hasta el predio en el que cosechaban tomate. El varón adulto tenía experiencia laboral en la cosecha de peras y manzanas, pero en los últimos años, ante el cierre de algunas empresas frutícolas, combinaba la cosecha de limón en Tucumán y la cosecha de tomate en Valle Medio. El trabajo de la mayoría de los/as integrantes de la familia garantizaba “sacar diferencia” en el llenado de cajones y demostrar productividad “si no el patrón va a querer poner la máquina en todo el campo” (Elsa, entrevista realizado en Belisle, marzo de 2018). La jornada laboral iniciaba a las 8, se realizaba un corte a las 13 e iniciaba la cosecha nuevamente a las 15 hasta las 20, cuando comenzaba a caer el sol.

La trayectoria laboral de esta familia “norteña” empleada por un productor “tomatero” refiere a la construcción de territorialidades de movilidad en los espacios rurales y la circulación de mano de obra temporaria por diversos nichos productivos. El perfil eficientista de la producción de tomate ha trastocado las relaciones laborales y acrecentado las presiones, lo cual se reflejada en la sobreexigencia física de los/as trabajadores/as para “sacar diferencia” y mantenerse en el circuito laboral ante la promoción del uso de la cosecha mecanizada.

Conclusiones

Las desigualdades presentes en la estructura agraria de los valles irrigados en la Provincia de Río Negro dan cuenta de la histórica consolidación de mercados de trabajo segregados, en los que los orígenes migratorios nacionales o limítrofes marcaron las trayectorias y las condiciones laborales, generalmente caracterizadas por la informalidad laboral.

Cabe señalar, en los términos en que lo expresan Magliano y Mallimaci Barral, que el acento en la segregación laboral permitió constatar procesos como aquellos asociados a la constitución de “nichos laborales” que favorecieron el resguardo de trabajadores/as en determinados circuitos. Asimismo, según las autoras, esta categoría también permite analizar las trayectorias que involucraron “una carrera laboral con movilidad social, a partir del hecho de la persistencia y consolidación a lo largo de tiempo de un patrón de inserción segmentada” (2008: 17). De esta manera, instalan la posibilidad de observar la existencia de alternativas de ascenso social a partir de los recursos que circulan por las redes y de los contextos específicos.

Es importante destacar que dichos procesos no niegan la persistencia de desigualdades y formas de “inclusión diferenciada” dentro de los mercados de trabajo, “sino una muestra de las posibles estrategias y márgenes de acción de los actores en las limitaciones que les impone el contexto social” (Magliano y Mallimaci Barral, 2018: 17).

En los mercados de trabajo agrario se observó cómo las marcaciones por origen nacional y clase de los/as trabajadores temporarios/as chilenos/as en relación con los procesos de consolidación de la fruticultura clausuraron las proyecciones de movilidad social de estos migrantes, manteniéndose como trabajadores/as en tal mercado de trabajo.

Esta tendencia, décadas más tarde, es analizada con otras características en el mercado de trabajo hortícola: la expansión de esta actividad en el Valle Medio del río Negro cobró un perfil empresarial que incluyó a productores capitalizados que tuvieron experiencia como trabajadores temporarios y como medieros. Los varones que se ocupan de la gestión en la producción en escala representan a una generación de descendientes de migrantes bolivianos que llegaron a la zona en la década de 1970 y sostuvieron una proyección ascendente en la cadena.

Las trayectorias laborales y productivas de estas familias reflejan su inicial circulación por diferentes actividades agrarias y no agrarias a lo largo de Argentina y la combinación en la región de trabajo de cosecha en la fruticultura y en la horticultura. Tales experiencias expresan la movilidad de los/as migrantes en nichos laborales agrarios que no se acotaron exclusivamente a un tipo de producción, aunque luego concentraran su presencia en la horticultura.

Por otra parte, cabe señalar que la configuración de un mercado de trabajo agrario en el norte de la Patagonia absorbió tanto a migrantes de origen boliviano como a “norteños/as” que luego delinearon posibilidades de movilidad social diferenciada: la generación de los/as primeros/as migrantes bolivianos/as consolidaron sus proyecciones productivas primero en la figura de mediero/a, para luego transformarse en arrendatarios/as, sea en articulación con las agroindustrias como dedicándose al cultivo diverso de verduras.

Tal como hemos descripto, las familias productoras que consolidaron con la primera generación argentina su perfil de productores de tomate depositaron en los varones las gestiones del cultivo y las negociaciones con las agroindustrias. En este proceso se fragmentó la composición de la estructura productiva: solo aquellos productores que demostraron en los predios altos rindes en la productividad vía inversiones en riego por goteo y cosecha mecanizada se sostienen en el circuito.

El desplazamiento de productores menos capitalizados y la inversión en la mecanización de la cosecha trajo aparejado transformaciones en la circulación de mano de obra, reduciéndose significativamente el empleo de migrantes temporarios. Asimismo, cabe destacar que dicho proceso no es homogéneo: algunos productores mantienen hectáreas con cosecha manual de modo de continuar absorbiendo mano de obra, aun cuando la empresa considera tales decisiones poco eficientes o irracionales. Para los/as trabajadores/as, la máquina se transforma en una amenaza que tiende a presionar no solo con la pérdida del trabajo, sino en disciplinar los cuerpos para generar mayor productividad por día y depreciar el pago recibido. Como se observa, las estrategias disciplinadoras no son excluyentes, sino que se combinan en función de la capitalización de ciertos productores. En una tendencia en la que el saber técnico domina el proceso de trabajo, se profundiza una división y control del/la trabajador/a en todo el ciclo productivo: el riesgo de quedar desplazado/a por la máquina involucra la sobreexigencia física y aceptar una paga menor en tareas centrales, como la plantación y la cosecha. Asimismo, la patronal requiere la disponibilidad de trabajadores/as con experiencia que realicen las tareas en los tiempos y según las pautas que defina la agroindustria. En dicho contexto, la movilidad de “norteños/as”, sean paisanos de origen boliviano o trabajadores/as de las provincias del NOA, continúa garantizando tareas temporarias y el conocimiento del trabajo rural en la región.

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