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4 Vivienda rural en Mendoza

Juan Manuel Cerdá

Introducción

El presente capítulo explora la evolución de la vivienda –elemento constitutivo de las condiciones materiales de vida– en el espacio rural de la provincia de Mendoza entre los años 1960 y 2000. El problema habitacional ha sido abordado desde finales de la década de 1970 fundamentalmente en las grandes ciudades y, en especial, en los barrios populares más comúnmente denominados “villas miserias” (Scobie, 1977; Yujnovsky, 1971; Yujnovsky, 1974; Torres, 1978; Torres, 1993; Gutiérrez, 1981; Cerdá, 2011; Paterlini de Koch, 1990). Sin embargo, estos análisis han dejado fuera de su alcance las peculiaridades que esta problemática adopta en los espacios rurales del país.

Creemos que el mayor desarrollo de las investigaciones referidas a la vivienda popular de los sectores urbanos ha estado asociado a dos extendidos imaginarios. Por un lado, se piensa a la Argentina como un país netamente urbano y, por otro, al “campo” como un espacio dominado por la producción y sin habitantes. Las grandes extensiones de la pampa húmeda, así como los discursos productivistas e industrialistas consolidaron este imaginario. Quizás por esto también la pobreza rural y/o las condiciones de vida de los pobladores rurales hayan sido invisibilizadas y, por ende, estén ausentes en la agenda política de la segunda mitad del siglo xx. Este supuesto es reafirmado por la inexistencia de estadísticas sobre condiciones de vida de los sectores rurales de la Argentina –a excepción de los censos y algunas encuestas particulares para algunas provincias–, convirtiéndose en uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con datos oficiales e información periódica sobre la población rural y sus atributos.

En este contexto, nos proponemos realizar un estudio exploratorio con relación al acceso y las características de la vivienda rural de la provincia de Mendoza, en el marco de las condiciones de vida materiales de los sectores rurales. Como veremos a continuación, estas últimas están asociadas a la producción y, especialmente, a las formas de trabajo que se desarrollaron históricamente en la provincia. En este recorrido de largo plazo se evaluarán no solo las características, sino también los cambios ocurridos en los materiales constructivos y los servicios básicos. En particular, se busca responder los siguientes interrogantes: ¿cuál ha sido el régimen de tenencia de la vivienda desde mediados del siglo pasado al presente? ¿Qué relación se puede establecer entre esta y la propiedad de la tierra o las formas de trabajo asalariado? ¿Cuáles son las características de los materiales de las viviendas y el acceso al agua potable, cloacas y red eléctrica? Aquí partimos del supuesto de que los materiales constructivos de las viviendas, junto con el acceso a ciertos servicios, influyen fuertemente en el nivel de bienestar de sus ocupantes.

La relevancia de este estudio radica en dos motivos. En primer lugar, porque la vivienda rural ha tenido un escaso abordaje desde la historia. En segundo lugar, porque la información existente sobre esta dimensión para la segunda mitad del siglo xx es fragmentaria, lo que plantea el desafío de reunir y analizar exhaustivamente los datos. En base a estos dos aspectos intentaremos establecer algunos hechos estilizados que nos permitan comprender el proceso de cambio, pero también de continuidades en relación a la vivienda rural mendocina. Para ello se ha decidido utilizar los censos nacionales de población de 1960, 1980 y 2001 a fin de contar con datos comparables en el largo plazo (INDEC, 2004). No obstante, conviene mencionar que la amplitud de los intervalos no permite apreciar los cambios que pudieron haber ocurrido al interior de cada uno de ellos.

En búsqueda de la población rural

Como ya se anticipó, la Argentina experimentó una rápida urbanización desde finales del siglo xix, aspecto que la ha diferenciado de la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, este no ha sido un proceso homogéneo a lo largo y ancho del territorio nacional y aún hoy encontramos muchas provincias con un significativo porcentaje de población rural. Uno de estos casos –aunque quizás no sea el más extremo- es el de la provincia de Mendoza. Si bien su dinámica de urbanización fue significativa durante la primera mitad del siglo pasado, a partir de la década de 1960 se ralentizó con relación a la media nacional. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, pese a que Mendoza ha mantenido históricamente una proporción de población rural mayor a la media nacional, esta brecha se ha ido incrementando en el tiempo.[1]

Gráfico 1. Porcentaje de población rural

Fuente: Censos Nacionales de Población.

Lo que en principio puede parecer extraño (que una de las provincias de desarrollo medio mantenga niveles comparativamente altos de ruralidad) no debería serlo si se tiene en cuenta su perfil productivo asociado fuertemente a la agroindustria. A su vez, la estructura productiva se ha basado históricamente en la pequeña propiedad, en gran medida relacionada con la actividad vitivinícola. A lo largo del tiempo, esta actividad se sostuvo con el predominio de medianos y pequeños propietarios, lo que podría haber incentivado el arraigo rural.[2] Si bien, como veremos, los dueños de la tierra no residían necesariamente en estos predios, un alto porcentaje de empleados sí lo hacían. El cuidado permanente y las tareas cotidianas que este tipo de producción requieren explican, al menos en parte, este patrón. De todas maneras, este proceso ha comenzado a cambiar en los últimos años, producto del traslado de la residencia del trabajador rural a zonas aledañas, a ciudades medias (Poblete, 2012). En suma, una mejor distribución de la tierra –en comparación a otras provincias–, junto con el tipo de tareas que demanda esta actividad económica, parecerían explicar la pervivencia de la población en áreas rurales.

Otro elemento condicionante en la provincia es la escasez de agua. Si bien su extensión territorial es de 148.827 km2, solo entre un 3% y 3,5% está irrigada. De allí que en esta pequeña superficie se concentra gran parte de la producción y la población (Imagen 1).

Imagen 1. Oasis productivos de la provincia de Mendoza

Mapa Mza BN JManuel_pag_nuevopequeño

Fuente: elaborado por Facundo Rojas (2019).

Estas áreas productivas y habitadas están distribuidas en torno a los ríos, formando lo que se ha dado en llamar “oasis productivos”. Hasta mediados del siglo xix, estos estuvieron asociados a los cereales y al ganado y, desde finales del siglo, a la vitivinicultura, a la cual se le sumó la fruticultura a partir de la década de 1920. Con el paso del tiempo, en estos territorios fueron creciendo las ciudades, pero sin disociarse del área rural. Así, la proximidad de las ciudades intermedias al espacio productivo ha hecho que la circulación de personas y productos sea mucho más dinámica que en la región pampeana.

En este marco, la vivienda rural se constituye en otro elemento que sirve para explicar las desigualdades que se generaron entre el acceso (o no) a ciertas formas de construcción y a servicios esenciales que redundan en la calidad de vida de los habitantes. En lo que sigue, se abordarán estas dimensiones desde una perspectiva comparativa –entre las zonas rurales y las urbanas–, en la medida en que los datos lo permitan.

La vivienda rural

Régimen de tenencia

En términos generales podríamos afirmar que, desde el advenimiento del peronismo, se instaló en la sociedad argentina la idea de la vivienda como derecho y elemento democratizador del bienestar. Sin embargo, la concreción de tal derecho fue altamente asimétrica a nivel territorial y, especialmente, detentó un elevado sesgo urbano. En efecto, entre 1943 y 1955 las políticas implementadas respondieron a un entramado social, político e institucional que priorizó a los sectores urbanos y que tendió a asociar los problemas rurales exclusivamente con el ámbito de la producción (Cerdá y Salomón, 2017; Oszlak y O’Donnell, 1995).

En particular, las políticas de promoción de la vivienda rural durante este período estuvieron atadas a la legislación laboral. En los diferentes estatutos destinados a regular las tareas de los trabajadores rurales –del Peón Rural (1944), del Tambero Mediero (1946) y de Contratistas de Viñas y Frutales (1946)– se incluyó a la “vivienda” como un elemento a ser cubierto por los propietarios. Esta inclusión implicaba que aquella era percibida como parte del salario –y, por lo tanto, como un objeto de negociación– y no como un derecho del trabajador. En este contexto, la vaguedad con la cual se definían las características que debía poseer la vivienda provista redundó, en general, en que sus condiciones no fueran las óptimas. Aun más, porque dichas características no eran explicitadas ni por la legislación nacional ni provincial, quedando, por lo tanto, bajo el ámbito de decisión del patrón o del dueño de la tierra. El Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales, promulgado por la legislatura provincial, obligaba a los dueños de las fincas a brindar una “vivienda digna y adecuada” a las necesidades de los trabajadores y su familia, retomando la idea del Estatuto del Peón Rural.[3]

Los contratistas se erigieron como actores centrales en el desarrollo de la vitivinicultura y su accionar resulta fundamental para entender la dinámica de la vivienda rural y su régimen de tenencia. Sin embargo, por su particular relación con los medios de producción y las condiciones de contrato establecidas con los dueños de la tierra, recién en 1973 obtuvieron el reconocimiento en tanto trabajadores en relación de dependencia por la legislación laboral nacional. Al igual que otros contratos del sector, este estatuto establecía un vínculo laboral entre el dueño de la tierra y el contratista (varón) por un año de trabajo. Pero este implicaba la utilización de la fuerza de trabajo de toda la unidad familiar. El contratista (con su familia) debía ocuparse de una variedad de tareas que incluía la plantación de vides, el cuidado de los viñedos, la poda, el deshoje, las ataduras y el riego (Cerdá, 2019).

Diferentes fuentes de información mencionan la existencia de alrededor de 15.000 contratistas que se ocupaban de las tareas de las viñas mendocinas en la década de 1960. Este número se redujo de forma significativa hacia finales del siglo xx, llegando a sumar solo 3.000, según datos del sindicato. Esta caída se explica, por un lado, por la crisis que afectó al sector en la década de 1980[4] y, por otro, por las transformaciones ocurridas en el mismo a partir de década siguiente. Los cambios ocurridos en los últimos años estuvieron centrados en la metamorfosis de la matriz productiva del sector, que ha llevado, entre otros aspectos, a un aumento en la contratación de empleo temporario en detrimento del empleo permanente (Neiman, 2013). En este sentido, si bien la producción vitivinícola ha mantenido tradicionalmente altos niveles de demanda de mano de obra familiar y permanente, en los últimos años se observa un crecimiento en la incidencia de asalariados temporarios.

Como decíamos anteriormente, esta figura central del ámbito rural provincial tiene una influencia importante también en cuanto al régimen de tenencia de la vivienda. Como se desprende del Cuadro 2, la proporción de individuos propietarios aumentó a lo largo de todo el período, tanto en el área urbana como rural. Sin embargo, la participación de estos se ubica muy por debajo de la media y llegan tan solo a representar el 46,5% en 2001. En el área rural, la forma de ocupación más habitual de las viviendas a lo largo de todo el período es la de ocupante en relación de dependencia u ocupante gratuito/préstamo.[5] Si consideramos los datos del 2001, donde es posible diferenciar el área rural agrupada de la dispersa, se observa cómo la primera tiene una composición más similar a la urbana, mientras que en la segunda –la dispersa– la proporción de propietarios disminuye considerablemente como contraposición al crecimiento de los ocupantes por razones de empleo.

Cuadro 2. Evolución del régimen de tenencia de la vivienda

1960

1980

2001

Total provincial

Propietario 52,6% 60,7% 66,9%
Inquilino o arrendatario 21,3% 14,1% 11,9%
Ocupante en relación de dependencia 12,1% 12,2% 5,8%
Ocupante gratuito / préstamo 8,5% 11,9% 12,3%
Otros regímenes 5,4% 1,1% 3,1%
Total 100% 100% 100%

Urbano

Propietario 61,7% 70,7% 71,8%
Inquilino o arrendatario 26,9% 17,2% 13,7%
Ocupante en relación de dependencia 4,5% 2,7% 1,1%
Ocupante gratuito / préstamo 4,5% 8,4% 10,1%
Otros regímenes 2,3% 0,9% 3,3%
Total 100% 100% 100%

Rural total

Agrupado

Disperso

Propietario 36,5% 36,6% 46,5% 72,0% 41,4%
Inquilino o arrendatario 11,4% 6,5% 4,4% 6,6% 4,0%
Ocupante en relación de dependencia 25,6% 35,3% 25,4% 3,9% 29,7%
Ocupante gratuito / préstamo 15,6% 20,3% 21,2% 14,1% 22,7%
Otros regímenes 10,9% 1,3% 2,5% 3,4% 2,3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: elaboración basada en los datos del Censo Nacional de Población.
Aclaración: a diferencia de los censos anteriores, el de 2001 desagrega los datos entre rural agrupado y rural disperso.

Estos datos refuerzan la idea de que pocos pobladores rurales son dueños de sus viviendas y, por lo tanto, de sus tierras; el resto son ocupantes no propietarios. Dentro de este grupo, un número significativo obtiene una casa dentro de la relación laboral, es decir, como parte del salario, ya sea formalizado o no en los contratos (Cerdá, 2011; Poblete, 2012). Este elemento contribuiría a la permanencia de los trabajadores y sus familias en el ámbito rural.

Características de la vivienda

Entre 1960 y 2000 las condiciones habitacionales en las áreas rurales mendocinas han mejorado significativamente, en consonancia con lo sucedido en las ciudades. Sin embargo, este desarrollo se da desde un punto de partida muy bajo y, a pesar de los adelantos en la materia, los indicadores siguen siendo insuficientes, tanto en términos absolutos como relativos (Cuadro 3). En particular, la pervivencia de materiales “naturales” para la construcción de las viviendas rurales es un rasgo que caracteriza a todo el período. Los pisos de tierra, el adobe o los techos de paja aparecen como el elemento más común de la construcción rural, aun a comienzos del siglo xxi. Según los datos del Censo de 2001 se observa que un 10% de las viviendas tenían pisos de tierra, casi el 30% poseía paredes exteriores de adobe y un 50% estaban techadas con elementos precarios (por ejemplo, cañas, paja y cartón). Más allá de las particularidades técnicas de los materiales, estas condiciones afectan negativamente la higiene de las viviendas, convirtiéndolas en lugares propicios para la propagación de vectores (moscas, mosquitos, vinchucas, etc.) de enfermedades, tales como el mal de Chagas.

Cuadro 3. Evolución de las condiciones de los materiales

PISOS

Mosaico o similar Madera Cemento o ladrillo fijo Tierra Otro Total

1960

Total provincial 46,3% 4,7% 28,3% 19,8% 0,9% 100%
Urbana 61,5% 6,1% 19,8% 11,5% 1,0% 100%
Rural 19,3% 2,1% 43,3% 34,5% 0,8% 100%

1980

Total provincial 60,5% 2,7% 27,6% 7,7% 1,6% 100%
Urbana 74,1% 3,4% 17,3% 4,2% 1,0% 100%
Rural 27,5% 1,1% 52,6% 16,1% 2,8% 100%

2001

Total provincial 73,1% 22,9% 3,3% 0,8% 100%
Urbana 81,9% 15,6% 1,7% 0,8% 100%
Rural 35,7% 53,5% 10,1% 0,7% 100%

PAREDES EXTERIORES

Mampostería

Adobe

Madera

Otros materiales

Total

1960

Total provincial 32,9% 64,7% 0,4% 2,0% 100%
Urbana 38,4% 60,5% 0,2% 0,8% 100%
Rural 23,0% 72,2% 0,8% 3,9% 100%

1980

Total provincial 59,8% 38,3% 0,4% 1,5% 100%
Urbana 64,8% 34,3% 0,3% 0,6% 100%
Rural 47,7% 48,0% 0,8% 3,5% 100%

2001

Total provincial 82,6% 15,2% 1,2% 1,0% 100%
Urbana 85,8% 12,4% 1,1% 0,7% 100%
Rural 69,0% 27,0% 1,8% 2,1% 100%

TECHOS

Mosaico, losa o cubierta asfáltica Chapa metálica Tejas Chapas de fibro­cemento Otros materiales Total

1960

Total provincial

38,4% 15,6% 7,1% 0,0% 39,0% 100%
Urbana 41,7% 16,7% 9,2% 0,0% 32,4% 100%
Rural 32,6% 13,6% 3,2% 0,0% 50,6% 100%

1980

Total provincial

44,5% 13,1% 4,1% 1,3% 36,9% 100%
Urbana 52,4% 11,0% 5,1% 0,9% 30,6% 100%
Rural 25,3% 18,4% 1,7% 2,3% 52,2% 100%

2001

Total provincial

51,7% 14,0% 7,9% 1,2% 24,9% 100%
Urbana 58,2% 11,8% 9,1% 1,0% 19,6% 100%
Rural 23,9% 23,2% 2,8% 2,3% 47,3% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censo Nacional de Población.
Nota: en el caso de los materiales de los techos, para el censo de 2001 se agrupó en una sola categoría las subcategorías “mosaico” y “losa o cubierta asfáltica”, para poder compararlo con los censos anteriores.

Si bien el adobe o las cubiertas de paja y caña son elementos tradicionales de la construcción en la zona, debe mencionarse que su utilización no parecería ser solo una cuestión cultural (Cirvini y Manzini, 2016). Un factor que podría condicionar su pervivencia estaría asociado a la condición de “no propietarios” de los moradores y a los ingresos inestables que estos sectores reciben.[6] En este sentido, esto explicaría –en parte– las diferencias existentes entre las zonas urbanas y las rurales.

Este cuadro de situación se completa con el acceso al agua potable y a la electricidad. Como se aprecia en el Cuadro 4, si bien la red de agua potable se ha ampliado significativamente en los últimos veinte años del siglo pasado en las zonas rurales, en 2001 solo cubría al 51% de su población, mientras que en las zonas urbanas alcanzaba al 96%. El resto de los pobladores rurales recogen el agua de pozos (18%), a través de perforaciones (14%) o a partir de otras fuentes –cursos de ríos, arroyos o lluvias– (17%), todas ellas, claramente, sin ningún tipo de cuidado o tratamiento para convertirlas en aptas para el consumo humano.

Cuadro 4. Evolución en el acceso al agua potable

Censo 1980

Censo 2001

Total provincial

Agua corriente de red 71,4% 87,7%

Perforación

9,8% 4,4%

Pozo

6,3% 4,2%

Otra procedencia

12,5% 3,7%
Urbano

Agua corriente de red

92,6%

96,5%

Perforación

3,0%

2,1%

Pozo

1,0%

1,0%

Otra procedencia

3,4%

0,4%

Rural

Agua corriente de red

20,0%

50,8%

Perforación

26,3%

13,7%

Pozo

19,1%

18,1%

Otra procedencia

34,6%

17,3%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales.

Estos datos se complementan con los referidos a la vía a través de la cual se hace uso del agua (Cuadro 5). En este sentido, solo el 61% de la población rural cuenta con cañerías al interior de la vivienda, mientras que el restante 39% obtiene este recurso fuera de ella, sea dentro del terreno (27%) o fuera de él (12%).

Cuadro 5. Tipo de distribución al agua potable
Censo 1960 Censo 1980 Censo 2001

Total provincial

Por cañería dentro de la vivienda

43,3%

75,9%

87,4%

Provisión fuera de la vivienda

dentro del terreno

4,0% 7,9% 9,4%

fuera del terreno

13,3% 2,7% 3,1%

Otros sistemas

39,4% 13,5% s/d

Total

100% 100% 100%

Urbano

Por cañería dentro de la vivienda

62,3% 88,0% 93,6%
Provisión fuera de la vivienda dentro del terreno 4,8% 7,2% 5,4%
fuera del terreno 16,4% 2,3% 1,1%
Otros sistemas 16,6% 2,6% s/d
Total 100% 100% 100%

Rural

Por cañería dentro de la vivienda

9,5%

46,7%

61,4%

Provisión fuera de la vivienda

dentro del terreno

2,7% 9,5% 26,6%

fuera del terreno

7,9% 3,9% 12,0%

Otros sistemas

79,9% 40,0% s/d

Total

100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales.

En gran medida, las deficiencias del acceso a una red de servicio de agua en el ámbito rural se correlacionan también con la persistencia de precarias condiciones sanitarias. Según los datos del Censo de 2001, tan solo el 1% de la población rural dispersa contaba con acceso a cloacas, mientras que el 27% vertía sus desechos a “pozos ciegos” y el 41% lo hacía en letrina sin inodoro ni descarga de agua.

Como se mencionó, otro elemento sustancial para los habitantes de zonas rurales es el acceso a la red eléctrica, no solo por su importancia para la producción, sino también para la vida cotidiana. Sin lugar a dudas, la electricidad se ha convertido en un elemento esencial desde la segunda mitad del siglo xx y aun más a inicios del actual, tanto para el uso de diferentes artefactos que ahorran trabajo en las tareas hogareñas y permiten el entretenimiento como para la comunicación o la educación.

A diferencia de lo sucedido con el agua, el acceso a la red eléctrica en las zonas rurales de Mendoza se extendió más rápidamente de lo que ocurrió en las zonas urbanas de la provincia (Cuadro 6). En este sentido, es posible observar cómo en 1960 solo un tercio de la población rural tenía acceso a la red mientras que en las ciudades esta llegaba al 86% de las viviendas. En 1980, dicho panorama había cambiado significativamente: mientras que casi la totalidad de las viviendas urbanas accedían a la red eléctrica, en las zonas rurales había llegado al 73%. Veinte años más tarde, la cobertura en estas áreas alcanzaba al 96%, y al 90% específicamente en las áreas rurales dispersas. El desarrollo de la electrificación rural parece acompañar a la media nacional.

Por lo tanto, la evolución en el acceso a este bien esencial resultó ser más dinámica, y las brechas entre las zonas urbanas y rurales, elocuentemente más bajas que las observadas en relación al agua. De todas maneras, el 10% de las viviendas en áreas rurales dispersas aún no gozaba del acceso a la red eléctrica en 2001.

Cuadro 6. Evolución en el acceso a la red eléctrica
1960 1980 2001
Total Provincial 65,5% 90,2% 97,0%
Urbano 86,3% 97,3% 99,0%
Rural 28,7% 73,2% 96,0%
Rural Disperso 90,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales.
Aclaración: el valor de 2001 para población rural no es comparable directamente con el de los censos anteriores, ya que no está incluida el área rural dispersa.

Como se mencionó, la vivienda y el acceso a bienes esenciales forman parte constitutiva de las condiciones de vida de la población. En este sentido, el acceso a una vivienda “digna” ya a comienzos del período implicaba materiales de construcción duraderos y accesibilidad a agua potable, cloacas y electricidad. Pero, según se vio, en 2001 estas condiciones mínimas no estaban aseguradas para una fracción importante de la población rural. Este retraso relativo de las zonas rurales dispersas con respecto a los conglomerados urbanos de la provincia de Mendoza está asociado al desarrollo desigual que tuvieron los servicios públicos, aspecto que ameritaría ser analizado en futuras investigaciones. Por otra parte, como ya se dijo más arriba, el régimen de tenencia podría estar condicionando la inversión en las viviendas, ya sea por parte del dueño o de los ocupantes, debido a que no parecen existir incentivos para ninguno de los dos agentes. Del lado de los patrones, porque la mejora de las viviendas sería parte del costo de contratación y, por lo tanto, podría ser visto como un gasto y no como una inversión. Y del lado del trabajador, porque no es el propietario de la vivienda y su permanencia es provisoria, sujeta al contrato de trabajo.

Conclusiones

Cada sociedad ha definido en cada momento histórico los umbrales aceptables de las condiciones habitacionales y ha intentado, a través de diferentes canales y con distintos alcances, dar respuestas a los déficits en esta materia. Los avances en la utilización de materiales constructivos de las viviendas han sido una variable importante, aunque no la única, para transformar el bienestar global de la población de la provincia de Mendoza durante los años considerados en este capítulo. Sin embargo, también marcan desigualdades sociales –y espaciales–, entre aquellos que tienen acceso (o no) a dichos materiales. Es innegable que durante los últimos cuarenta años del siglo pasado determinados bienes y servicios (como electricidad, cloacas, agua potable, electrodomésticos, etc.) se han convertido en elementos básicos para la obtención de una “vivienda digna” en la Argentina.

Por otro lado, en las zonas rurales de Mendoza perviven productores familiares y trabajadores asalariados que están obligados a vivir dentro de la propiedad como parte del contrato de trabajo. En este sentido, el desarrollo de actividades intensivas y la necesidad de administrar recursos –como el agua– en determinados y diferentes horarios y días han llevado a dicha permanencia.

Las condiciones materiales precarias en las cuales viven los sectores rurales de la provincia implican un riesgo mayor de contraer enfermedades, condicionando ya no solo el bienestar presente, sino el desarrollo futuro de estos pobladores. Sin lugar a dudas, esta primera aproximación al problema de la vivienda rural requiere de un estudio más profundo de las causas, así como también de los imaginarios sociales que tienen los diferentes actores sociales rurales de Mendoza.

Bibliografía

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  1. En 2001 dos tercios de esta población vivía en zonas rurales dispersas. Este valor se mantuvo en el Censo de 2010. Para 2017, pero con criterios diferentes al de los Censos, la Encuesta de Condiciones de Vida de la provincia de Mendoza estima la población rural a un cuarto de la población total, elevando aún más los valores aquí reportados.
  2. Sin embargo, la provincia no escapó del proceso más general de concentración de la tierra y de pérdida de pequeños y medianos productores que se viene dando en el agro argentino desde comienzos de los años 80 (Cerdá y Hernández, 2013).
  3. Este estatuto cubrió el vacío legal que habían dejado el Estatuto de Peón Rural y la Ley de Contrato de Trabajo para una categoría de trabajador rural muy específica de las provincias de Mendoza y San Juan.
  4. La superficie implantada disminuyó en 140.966 mil hectáreas entre 1979 y 1992 en todo el país, de las cuales el 76% correspondieron a la provincia de Mendoza.
  5. Se ha decidido tomar la categoría de gratuito/préstamo como parte de las formas de empleo ya que su preponderancia en el sector rural nos lleva a suponer que está asociada con la relación laboral, más allá de que el contratista de viñas (o el agente censista) no la reconozca como tal.
  6. Los contratistas y gran parte de los trabajadores rurales obtienen una parte importante de sus ingresos a partir de las ganancias de la vitivinicultura. Por ejemplo, en el caso de los contratistas, estos reciben un salario mínimo repartido en diez mensualidades y el 18% de la producción, lo que genera el componente variable de estas remuneraciones.


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