El Frente de Personas Mayores nace en 2016 durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)^[1] como un movimiento de articulación entre diferentes agrupaciones de trabajadores, jubilados, pensionados y personas mayores, que ante la llegada de un gobierno neoliberal al poder y su experiencia histórica de que un gobierno neoliberal “no iba a ser bueno para el pueblo”, comenzaron a reunirse, primero de manera desarticulada, en vistas de un posible ataque al sistema de seguridad en general, y al sistema previsional en particular, y así estar preparados para defender sus derechos.

Reconociéndose dentro del campo nacional y popular^[2], el FPM tiene como objetivo defender los derechos humanos de las personas mayores, asumiendo un compromiso social y activo en la defensa de los logros y beneficios adquiridos para el sector con los gobiernos kirchneristas^[3] y que estaban en riesgo de ser arrasados por las políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos. Otro objetivo del Frente es que las personas mayores sean reconocidas como sujetos políticos, con derecho a participar y tener incidencia en las decisiones de política pública que les competen.

En este capítulo describimos los procesos de emergencia, resistencia y acción del FPM, como movimiento de resistencia a las reformas previsionales que fueron impulsadas e implementadas desde la lógica modernidad/colonialidad. Previo a ello, describimos brevemente el devenir del sistema previsional argentino, poniendo especial énfasis en aspectos del mismo que van a marcar la constitución del Frente.

Contexto previsional. Las problemáticas estructurales del sistema previsional argentino

Para comprender el contexto en que el FPM emerge en la Argentina, nos parece relevante remontarnos a la década de los ’60 y ’70, momento en el cual se consolida el sistema jubilatorio y donde comienzan a producirse sus problemáticas estructurales, que son las que el gobierno de Macri intentará subsanar con sus reformas.

En 1967 se constituye el sistema jubilatorio que estuvo vigente en Argentina hasta 1993, homologándose la mayoría de las cajas previsionales que lo componían hasta ese momento, consolidándose su lógica de reparto y produciéndose su estatización. Estaba destinado a asalariados y autónomos y funcionaba por el Sistema Nacional de Previsión Social. Tenía una lógica contributiva y obligatoria, se basaba en el principio de solidaridad intergeneracional y tenía un financiamiento tripartito. Dentro de este sistema coexistían los regímenes de privilegios –entre otros, para los funcionarios públicos, fuerzas armadas y de orden y miembros de la Iglesia– el régimen de trabajadores dependientes y de las administraciones públicas provinciales y municipales (Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011).

Es en este período cuando comienzan las problemáticas estructurales del sistema, presentándose los primeros síntomas de “erosión en los beneficios percibidos por el régimen previsional, lo que, sumado a su fragmentación estructural, da origen a cierta inconsistencia de diseño y a algunos problemas de financiamiento” (Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011: 51). Ya a fines de los ’70 el sistema comienza a arrojar déficits financieros, problemas que empeorarán con las reformas que se implementaron durante la dictadura militar en los ’80 y la incorporación del pilar de capitalización individual en los ’90. Aparecerán también las problemáticas asociadas al congelamiento de las pensiones y los juicios contra el Estado por la deuda del 82% móvil de las jubilaciones.

La erosión de los beneficios jubilatorios y el problema del déficit financiero del sistema fueron consecuencia, entre otras cuestiones, de la eliminación de los aportes patronales, su reemplazo por recursos fiscales devenidos de la ampliación de los costos del IVA, y el congelamiento de los salarios en un contexto de alta inflación que se dieron durante la dictadura (1976-1983). Ello produjo una merma en la capacidad de cotización del/a trabajador/a, lo que a su vez tuvo efectos negativos sobre la sustentabilidad financiera del sistema, que tenía que cubrir los montos definidos de las jubilaciones, pero con menos aportes de los/as trabajadores, acrecentándose el aporte extra que el Estado tenía que hacer para cumplir con las prestaciones. Por otra parte, se dio “una fuerte caída en el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones en tanto éstas últimas se encontraban asociadas directamente a los primeros, por la movilidad jubilatoria existente desde años antes” (CIFRA, 2009: 7). Así, por ejemplo, entre 1975 y 1976 el valor real de los beneficios había caído un 45% y en 1981 el déficit primario del sistema era del 60%.

Las medidas que se tomaron con el retorno de la democracia en 1983 para solventar la crisis financiera del sistema se vieron obstruidas por la situación económica y social que vivía el país –informalidad laboral, evasión fiscal y envejecimiento de la población–, por lo que la sustentabilidad del sistema siguió dependiendo de la transferencia de recursos fiscales para su financiamiento y no de los aportes de trabajadores y empleadores (Arza, 2009, citado en Cifra, 2009: 8). Como consecuencia, continuaron las caídas en las tasas de reemplazo y en el valor real de las prestaciones, se incrementaron las prestaciones con beneficios mínimos, y se retrasó el pago de los beneficios que debían representar el 82% del salario en actividad^[4]. El incumplimiento de este último punto dio inicio a una oleada de acciones judiciales contra el Estado y fallos con obligaciones de pago que se irán acrecentando con el tiempo.

Hasta principio de los ’90 continuaron los problemas financieros y de erosión de las prestaciones previsionales, tanto por factores internos al sistema, como la eliminación y/o reducción de los aportes patronales, la evasión impositiva, decisiones políticas subordinadas a objetivos por fuera del sistema, inconsistencias de la ecuación financiera del conjunto del sistema al independizar la evolución de los gastos de la de los ingresos, y la histórica fragmentación institucional que impedía una articulación consistente de distintos regímenes. Como por factores externos, como el desempleo, el trabajo informal, la inflación, las devaluaciones fiscales y el envejecimiento de la población (aunque algunos autores consideran que este punto no fue determinante) (CIFRA, 2009; Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova; Roffman, Apella, & Vezza, 2013; Goldberg & Lo Vuolo, 2005).

A partir de estas problemáticas, se dan una serie de reformas estructurales que serán la antesala de las propuestas de transformación del sistema de pensiones impulsadas por el gobierno de Macri entre 2015 y 2019. Sobre esto hablaremos en el siguiente apartado.

Implementación y promesas incumplidas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

Una de las primeras reformas estructurales al Sistema previsional de 1976 es en 1994, cuando luego de una discusión parlamentaria de casi dos años, se decide incorporar un pilar de ahorro individual y capitalización de los fondos a través de cuentas individuales administradas por entidades privadas con fines de lucro^[5]. Este cambio se inscribió en la creciente pérdida de credibilidad de la población hacia el sistema de reparto, dándole lugar a la ofensiva neoliberal para ganar “consenso en el cuestionamiento del principio de reparto, criticándolo por ineficiente e insostenible en el tiempo” (CIFRA, 2009: 10; Mitjans & Lescano, 2015). Recordemos, como vimos previamente, que el impulso por la neoliberalización de los sistemas de jubilación corresponde a un clima de época iniciado por Chile a principios de los 80’ y promovidos por Estados Unidos, mediante una serie de recomendaciones para superar la crisis económica de dicho período sintetizadas en los que se conoce como el Consenso de Washington, y por los organismos internacionales, especialmente el Banco Mundial.

La propuesta neoliberal para un sistema de pensiones eficiente, sustentable y con buenas prestaciones se basó en el supuesto de que, para mejorar el sistema, era necesario cambiar el principio de solidaridad transgeneracional e intergeneracional, por el principio de la equivalencia. Es decir, que la jubilación sea equivalente al ahorro individual de cada trabajador, lo que lo incentivaría a cotizar siempre y más, para así alcanzar un buen monto de pensión autofinanciada. Para la realización de este principio se crearían cuentas individuales de ahorro, donde serían depositados y luego capitalizados los aportes para la pensión futura, para que su inversión generara incrementos en los fondos acumulados. En este sentido, y a diferencia del sistema de reparto donde se prometía un monto de jubilación definido, responsable del déficit fiscal, los beneficios del sistema de capitalización son indefinidos, ya que devienen de la cantidad de ahorros que cada trabajador/a logró acumular y capitalizar a lo largo de su trayectoria laboral. Ello, permitía librar al Estado de promesas que no podía cumplir y que le generaban un exceso de gastos. Además, la capitalización de los ahorros previsionales permitiría el ahorro interno, lo que “impulsaría el crecimiento de la actividad económica en su conjunto, mejorando consecuentemente las condiciones de vida de la población en general y de los jubilados en particular” (CIFRA, 2009: 10-11).

En 1994, entonces, se instaura el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (en adelante SIJP) a través de la Ley Nº 24.241, un sistema mixto basado en dos pilares, uno de reparto administrado por el Estado y que otorgaba una prestación denominada Prestación Básica Universal, y un segundo pilar donde el trabajador de 18 años o más podía optar entre dos regímenes: el de reparto, con beneficios definidos, administrado por el Estado y gerenciado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante Anses) y cuya prestación se denominaba Prestación Adicional por Permanencia^[6]; y un régimen de capitalización individual, de contribución definida y administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (en adelante AFJP), quienes invertirían los ahorros de los/as trabajadores en diferentes activos, descontando de sus aportes comisiones por administrar las cuentas y una prima por un seguro de invalidez y muerte. En este régimen se otorgaba una jubilación ordinaria^[7], la Pensión Básica Universal y una Pensión Compensatoria^[8] en caso de corresponder. Ahora bien “en caso de no obtener como prestación el haber mínimo garantizado, el Estado integraba a los jubilados de capitalización (que recibieran componente público) el monto restante para alcanzar el valor mínimo” (Observatorio de la seguridad social, 2011: 24)^[9].

El financiamiento del SIJP era tripartito, por medio de aportes del trabajador (11% del ingreso imponible), del empleador o aporte patronal (16% del ingreso imponible) y asignaciones derivadas de recursos impositivos. Por último, se introdujeron tres cambios paramétricos al sistema: el incremento en la edad de jubilación, un cambio en la modalidad de cómputo del ingreso base para las prestaciones públicas^[10] y la elevación de 20 a 30 años del período de aportes para acceder a los beneficios del sistema.

Según Rofman & Oliveri (2012) si bien estos cambios mostrarían una preminencia de criterios contributivos para la acreditación de derechos a beneficios para la vejez, se dio en paralelo un “incremento significativo del aporte de recursos fiscales para el sistema, necesario para financiar los costos de transición al nuevo esquema” (2012: 106). Junto con ello, el traspaso creciente de aportantes al pilar de capitalización individual, la reducción de los aportes patronales en hasta un 50% y la absorción en el SIJP de algunas cajas de empleados públicos provinciales que tenían déficits, generaron también una pesada carga sobre las cuentas públicas, que tenía que costear pensiones pero con una reducción importante de los ingresos del sistema (Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011: 62; CIFRA, 2009; Mesa-Lago, 2009; Hohnerlein, 2013; Rofman & Oliveri; Centrálogo & Grushka, 2004; Goldberg & Lo Vuolo, 2005).

Por otra parte, las reformas laborales neoliberales que se implementaron junto con la reforma previsional generaron procesos de flexibilización y precarización laboral, provocando que el nivel de cotizaciones y la cobertura de las prestaciones del sistema disminuyeran, y, por ende, muchas personas quedaron fuera del sistema por no cumplir con los requisitos para acceder a su jubilación (Bertranou et al, 2004, citado en CIFRA, 2009; Mesa-Lago, 2009; Hohnerlein, 2013). Y para quienes participaban del pilar privado de pensiones, la promesa del incremento de los fondos previsionales a través de su capitalización también se vio frustrada, por la concentración y oligopolización del mercado de las AFJP y los altos costos de administración que descontaban de los aportes, que alcanzaron incluso el 45% (CIFRA, 2009; Mitjans & Lescano, 2015; Goldberg & Lo Vuolo, 2005; Hohnerlein, 2013). Lo anterior, no sólo impidió el incremento de los fondos, sino que incluso no pudo mantener el valor de los mismos (Hohnerlein, 2013).

La complicada situación de los ahorros previsionales y la incapacidad del Estado para solventar el déficit del sistema, llevaron a que en 1995 se promulgara la ley de solidaridad previsional, que sujetó el monto de las pensiones a la disponibilidad presupuestaria del Estado y fijó la movilidad y el haber mínimo por la ley de presupuesto. Esto significó que “por diez años queden congelados los haberes previsionales” y ya no hubiese pensiones definidas, dejando en la incertidumbre a los/as pensionados/as de ambos sistemas (Pautassi, Giacometti, & Gherardi, 2011: 30; Goldberg & Lo Vuolo, 2005). Esta situación se fue agravando cada vez más, sobre todo con las crisis financieras de 1998 y 2002, que llevaron a nuevos congelamientos de los haberes previsionales y nuevos “juicios contra el Estado, siendo el caso Badaro el más resonante” (Cohan, Frers, & Yeyati, 2010, p. 6)^[11].

En definitiva, el nuevo sistema de jubilaciones y pensiones estuvo lejos de cumplir con las expectativas y promesas sobre las que se basó su defensa e implementación. Por el contrario, la privatización y capitalización individual de los fondos previsionales, en vez de superar los problemas fiscales produjo “mayores desequilibrios financieros y descargó mayor presión sobre las finanzas públicas” (Goldberg & Lo Vuolo, 2005: 45), acrecentándose los problemas de financiamiento y sustentabilidad. Además, erosionó “fuertemente la capacidad de protección del sistema previsional” (Danani & Beccaria, 2011: 114; CIFRA, 2009), incrementándose las cifras de pobreza de las personas mayores y el porcentaje de personas que en edad de jubilar seguían trabajando (Goldberg & Lo Vuolo, 2005). Valga señalar que estas promesas incumplidas tuvieron un impacto mucho mayor entre las mujeres, quienes con una situación laboral más precarizada que la de los varones, al tener una mayor esperanza de vida, el monto de su pensión era calculado dividiendo los ahorros acumulados en más años, lo que junto con la inferior densidad de cotización de las mujeres respecto de los varones –por lagunas previsionales relacionadas con tareas de cuidado, o salarios de menores ingresos por la discriminación laboral por género– hacían que los valores de los haberes previsionales fueran significativamente desiguales (Mesa-Lago, 2009; Hohnerlein, 2013).

En consecuencia, entre 1994 y 2003 “los beneficios previsionales fueron progresivamente perdiendo su capacidad para satisfacer las necesidades, incluidas las convencionalmente consideradas ‘básicas’” (Danani & Beccaria, 2011: 117). Junto con ello, “el impacto de la crisis fiscal, política y económica del 2001 pusieron en evidencia la debilidad del sistema previsional para enfrentar un escenario de crisis” (CIFRA, 2009: 19) y la necesidad de discutir su vigencia. Lo anterior sentó las bases para un cuestionamiento real al sistema, aunque faltarían algunos años para que se eliminara definitivamente la capitalización individual como mecanismo para obtener pensiones de vejez.

Según Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova (2011) en este proceso de discusión fueron clave la presentación en 2003 del “Libro Blanco de la Seguridad Social”^[12] (Comisión especial para la reforma del régimen previsional) y el Seminario Internacional organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social y por la OIT en el año 2004, donde se hicieron propuestas de reforma previsional. Y, efectivamente, en la primera de estas instancias se presentó un proyecto de transformación del sistema de jubilación, sin embargo, no llegó a efectuarse, para Mesa Lago, porque “el momento propicio para aprobar una ley de reforma previsional comprensiva fue desaprovechado” (2009: 15). Pero para Goldberg & Lo Vuolo (2005) la misma no era suficiente para afrontar los múltiples problemas del SIJP, los cuales no sólo eran de gestión o administración, sino de concepción respecto de la sociedad y sus principales problemáticas.

Otro antecedente de propuesta de reforma previsional lo encontramos en el Frente Nacional contra la Pobreza (en adelante FRENAPO), que ya en 2001 en plena crisis social y política proponía un shock redistributivo mediante, entre otras cosas, la entrega de una “asignación no inferior a la jubilación mínima para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años” (Malas Palabras: 11), para todos aquellos/as que no estuvieran en condiciones de recibirlo. Esto permitiría, junto a otras propuestas de inyección de ingresos, como una asignación para los trabajadores y una asignación universal por hijo, un shock redistributivo con un impacto positivo sobre la actividad económica y su reactivación en beneficio de la clase trabajadora (Barbeito, y otros, 2001).

Entre el año 2003 y 2009 se llevaron a cabo una serie de reformas y cambios al sistema que permitieron ir solucionando alguna de sus problemáticas estructurales y que definen mayormente la estructura del Sistema de Pensiones. Sobre esto hablaremos en el próximo apartado.

La creación del SIPA y las problemáticas estructurales vigentes

Los cambios implementados durante los gobiernos Kirchneristas (2003-2015)^[13] entre 2003 y 2009, se conocen como contra-reformas, pues se apoyaron “en la diferenciación con las políticas de la década de los ’90, con las cuales han establecido una confrontación explícita” (Danani & Beccaria, 2011: 105) y tuvieron como objetivo abandonar los principios constitutivos neoliberales que permearon las políticas públicas desde una perspectiva individual, mercantil y contributiva, que no tuvo efectos positivos sobre la protección ni sobre el crecimiento del país.

Estas contra-reformas se enmarcaron en un cambio de paradigma y una reconceptualización de la protección y de la seguridad social desde un enfoque de derechos, lo cual permitió reestablecer y reivindicar los compromisos y garantías estatales, explicitando una revalorización de la protección social como acción principal y no residual (presentada en clave de justicia y equidad amplias, no compensatoria) del Estado (Beccaria & Danani, 2012). Así también, se reivindica el “‘papel del Estado en la economía’ y […] el reconocimiento del carácter virtuoso de su intervención en la distribución del ingreso y la riqueza” (Danani & Hintze, 2014: 9). En este sentido, este proceso de contra-reformas significó un cambio

en cuanto al diseño y el rol de la protección social en Argentina, ya que abandonan el principio de contributividad como criterio de acceso a los programas, […], para reemplazarlo, aún en forma incompleta, por un esquema basado en la condición de ciudadanía (Rofman & Oliveri, 2012:114-115).

Este cambio de paradigma se contextualiza, además, en un clima de época de instauración de gobiernos progresistas o de centro izquierda en la región, que llevaron a cabo procesos de contra-reformas o reformas de “segunda generación” con el fin de modificar las políticas de protección social neoliberales instauradas durante la década de los ‘90 y revertir sus consecuencias nocivas para las condiciones de vida de la población (Danani & Hintze, 2014).

Entre los cambios que se llevaron sobre el SIJP están las leyes de aumentos de haberes previsionales que recorren todo el período. Otros, flexibilizaron el acceso a las prestaciones previsionales, tales como la jubilación anticipada, para aquellos trabajadores/as que teniendo los años de aportes no tenían la edad de retiro, y la moratoria previsional o el Plan de Inclusión previsional que se implementó por primera vez en 2005 y una segunda vez en 2014. Este plan estaba destinado a trabajadores/as autónomos/as que no habían alcanzado los años de aportes requeridos para jubilarse, y a través de la moratoria, es decir, de un plan de pago de los aportes faltantes, podían, simultáneamente, acceder a los beneficios previsionales.

Para fortalecer el sistema de reparto, en 2007 se promulgó la ley de libre opción entre el régimen de reparto y el régimen de capitalización individual y la incorporación de los nuevos cotizantes y de las personas próximas al retiro al sistema de reparto –aunque en ambos casos se podía volver a la capitalización–.

En 2008, se promulgó una nueva ley de movilidad que, a diferencia de la anterior que actualizaba las pensiones según tramo de haberes, uniformó la actualización y se estableció que tendría una periodicidad de 6 meses (marzo y septiembre). El índice de movilidad se construyó a partir de parámetros determinados, tales como la evolución de los salarios reales de los trabajadores en actividad y de los recursos previsionales. Por otra parte, para el cálculo del haber inicial se consideró el valor real del salario de los últimos 10 años y no su valor nominal.

Este proceso de contra-reformas tiene su punto culmine en noviembre de 2008 con la promulgación de la Ley Nº26.425 que crea el SIPA y deroga el pilar privado del SIJP (Danani & Beccaria, 2011; Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011; Pautassi, Giacometti, & Gherardi, 2011). La ley dispone la unificación del antiguo régimen de pensiones en un único régimen previsional público, solidario y de reparto, administrado por el Estado a través de Anses y se crea, con los fondos de la capitalización individual, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (en adelante, FGS), cuyo fin es atenuar el impacto financiero negativo de crisis económicas y sociales, realizar inversiones con un efecto positivo sobre el desarrollo sustentable de la economía real y garantizar el carácter previsional del mismo, mantener e incrementar el valor y rentabilidad de los recursos del Estado y suplir eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales. A su vez, el FGS será monitoreado por el Consejo del Fondo de Garantía^[14].

Las prestaciones que otorgará este sistema son la Prestación Básica Universal (PBU) –es un beneficio igual para todas las mujeres mayores de 60 años y varones mayores de 65 años que cumplan con 30 años de aportes–; la Prestación compensatoria (PC) –pueden acceder quienes tienen los requisitos de la PBU y que reconoce los años de aportes en el SIJP–; Retiro por invalidez; la Pensión por fallecimiento; Prestación adicional por permanencia (PAP) –es una prestación que se adiciona a la PBU y a la PC, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de éstas– y Prestación por edad avanzada –pensión para trabajadores dependientes y autónomos que sean mayores de 70 años, con un mínimo años de aportes menor al de la PBU (Ley Nº 24.241, 1993: 17, 19, 23, 30, 34)–. La jubilación se compone de la PBU, la PC y la PAP, teniendo la PBU un monto fijo, la PC se calcula en relación a los años de aportes en el SIJP y la PAP se calcula en relación a los aportes en el SIPA. En ambos casos se contabilizan para el cálculo los salarios de los últimos 10 años antes del cese de actividad^[15].

El financiamiento de las prestaciones es tripartito: aportes personales de afiliados/as (trabajadores/as en condición de dependencia, autónomos y monotributistas); contribuciones a cargo de los empleadores; recaudación del impuesto sobre los bienes personales y otros tributos de afectación especifica al sistema jubilatorio; recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto; Intereses, multas y recargos; Rentas provenientes de inversiones; Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público (Ley Nº24.241, 1993, art 17).

Este proceso de contra-reformas tuvo positivos efectos sobre las problemáticas estructurales del sistema, tales como su sustentabilidad y la calidad de sus prestaciones. En efecto, el incremento del haber mínimo jubilatorio permitió compensar parcialmente la pérdida ocurrida con la crisis de 2001-2002, incrementándose al 2010, en términos reales, en un 62%. Por su parte, el plan de inclusión previsional y la jubilación anticipada tuvieron un impacto positivo sobre la cobertura del sistema, ingresando al sistema tres millones cien mil de adultos/as mayores, con gran incidencia en la cobertura de mujeres^[16], e incrementándose entre 2004 y 2010 del 60% al 85% el porcentaje de personas mayores que recibían al menos un beneficio. Así también, el incremento en la cobertura se puede observar al interior de los hogares: entre 2004 y 2010, el porcentaje de hogares en que no había perceptores disminuye del 38% al 5%, mientras que el porcentaje de hogares que tienen un segundo perceptor aumenta del 20% en 2004 al 75% en 2010. En cuanto a la cobertura referida a quienes realizaron cotizaciones en el sistema, entre aportantes –quienes al menos hicieron una cotización al año– y cotizantes regulares –quienes hacen un aporte mensual– entre 2006 y 2010 la cobertura se incrementó entre cuatro a seis puntos porcentuales y tuvo un estancamiento entre 2008 y 2010 (Hohnerlein, 2013).

Como consecuencia, la tasa de pobreza entre 2003 y 2010 “cayó un 61%; si se quitaran los ingresos previsionales, esta misma evolución se habría visto reducida en 20 puntos porcentuales (un descenso de la pobreza del 40% en lugar del 61%)” (Danani & Hintze, 2014: 78). Junto con ello, hubo una disminución del índice de Gini de adultos/as mayores, produciéndose una redistribución de ingresos transgeneracional e intergeneracional entre las personas mayores, que benefició especialmente a los quintiles de menores ingresos (Hohnerlein, 2013; Danani & Beccaria, 2011).

Este proceso de reformas permitió incrementar sustancialmente los recursos del sistema público, por medio de la creación del FGS que recibió los recursos del sistema público anterior (U$D5693 millones) y los recursos transferidos de las cuentas de capitalización individual en diciembre de 2008 (U$D25545 millones). Esta acumulación de capital impidió que el incremento en el gasto de pensiones por parte del Estado (que casi se duplicó en 2005 y 2010, pasando del 3,8% del PBI al 6,4%) se transformara en déficit fiscal (Hohnerlein, 2013).

Para algunos analistas, si bien la reforma del año 2008 tuvo efectos positivos, quedaron pendientes desafíos que podían potenciar las problemáticas estructurales del sistema. En este sentido, señalan que, aun cuando la reforma “ha logrado mejorar sensiblemente la cobertura y solvencia en el corto y mediano plazo, […] se han postergado reformas que logren sostener estas mejoras a largo plazo” (Grushka, 2014: 140). Así, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación proyectó el sistema de pensiones hasta el año 2050 con cifras de 2007, y concluyó que, de no incorporarse recursos fiscales al sistema, el mismo sería insostenible. Así mismo, un estudio basado en cifras de 2009 proyectó los balances financieros del SIPA entre 2010 y 2050 y estimó que el déficit aumentará 5 veces, sin subsidios fiscales (Hohnerlein, 2013). En estas proyecciones son clave dos variables: el envejecimiento de la población y el incremento en la esperanza de vida, que aumentan las exigencias de pago al sistema. Junto con ello, algunos factores externos al sistema previsional, como el escenario de incertidumbre macroeconómico, hacen muy difícil, para algunos/as, proyectar y evaluar su sostenibilidad financiera y social.

Se cuestiona también el alcance de la mejora en la cobertura mediante la moratoria, en cuanto es una medida excepcional para trabajadores/as sin contribuciones hasta el año 2004, dejando sin solución a nuevos/as pensionados/as en las mismas condiciones. De este modo, si la moratoria no se repite a largo plazo, los problemas de cobertura volverán a surgir, y si la moratoria se repite, podrían reaparecer las problemáticas deficitarias del sistema. Para algunos autores, esta política no puede ser considerada como una reforma de fondo orientada hacia la universalización del sistema, pues tuvo un carácter excepcional, y, además, estuvo asociada a la capacidad contributiva de los/as afiliados, ya que los beneficios de la moratoria suponen que los nuevos/as jubilados/as realizaron aportes y contribuciones, y en los casos que no lo hicieron, se les reconoce la deuda y el beneficiario debe restituirla a medida que recibe la prestación (Rofman, Apella, & Vezza, 2013; Rofman & Oliveri, 2012). Por otra parte, si bien se incorporó al sistema a monotributistas y empleados/as de casa particular ampliando la cobertura horizontal del sistema, el incentivo fue por medio de un ingreso imponible por debajo del salario mínimo, lo que, junto con una pérdida en el valor real total imponible, podía generar un deterioro en la base de contribución del sistema. Por último, “el gobierno nacional tomó como prioridad universalizar la cobertura, constituyendo un sistema con una cobertura que llegó a alcanzar el 97% en 2015, pero con un 53% de los pensionados percibiendo haberes mínimos” (Oesterheld, 2018: 356).

A este proceso de transformaciones no fueron incorporados los reclamos por la recomposición del 82% móvil de aquellas personas mayores cuyos haberes previsionales habían sido congelados durante períodos de crisis, produciéndose más juicios contra el Estado y acrecentando la judicialización del sistema previsional^[17]. En función de ello, el año 2010 la oposición al gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), propuso un proyecto de ley para recomponer los haberes previsionales, discutiéndose en la cámara de diputados tres asuntos: el cálculo del haber mínimo, la movilidad y las deudas previsionales. La ley de restitución de haberes fue aprobada por el Parlamento, pero el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) lo vetó^[18] (Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011; Beccaria & Danani, 2014).

Desde una mirada especialmente crítica, se señala que la reforma no es integral, profunda y con la especificidad jurídica necesaria para evaluar su sustentabilidad en el tiempo en términos de cobertura, valor real de las pensiones, costos administrativos y déficit financiero, además que la legislación no previene la utilización de los fondos previsionales para cubrir déficits fiscales. Lo anterior dificulta el diseño de “estrategias de desarrollo e inclusión social por la incertidumbre que demanda el financiamiento del sistema de pensiones frente a otras necesidades de gasto social y promoción de la economía” (Bertranou, Centrángolo, Grushka, & Casanova, 2011: 149).

Otros señalan que estas reformas fueron impulsadas e implementadas sin un debate público y discusiones en el Congreso, sin insumos de expertos, la sociedad civil y los grupos de interés, sin estudios técnicos-actuariales y forzando a los afiliados a ir al sistema público (Mesa-Lago, 2009; Hohnerlein, 2013). Una pregunta clave en esta evaluación y proyección de las perspectivas críticas sobre las reformas, era la de si las mismas constituían efectivamente un “sistema” de pensiones o más bien eran programas o esquemas, que, sin la suficiente articulación y coordinación, permitían ampliar la cobertura y asegurar un ingreso razonable para evitar la pobreza en la vejez.

Sobre la base de las problemáticas estructurales aquí descritas y que según algunos autores persistieron a la reforma del 2008, a saber, la sustentabilidad en el largo plazo del sistema, el mejoramiento de las prestaciones y la judicialización del sistema previsional, el gobierno de Macri (2015-2019) propondrá una serie de reformas al sistema previsional. Entre ellas, las más significativas fueron, el Programa de Reparación Histórica, que tuvo como objetivo reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con los beneficiarios que correspondiera y el establecimiento de la Pensión Universal Para el Adulto Mayor (en adelante PUAM). Y la Reforma al SIPA que, entre otras cuestiones, dispuso un cambio la fórmula de cálculo de actualización del haber jubilatorio.

Si bien este conjunto de reformas no buscaba la privatización y capitalización del sistema previsional, como sí había ocurrido con la reforma propuesta por el gobierno de Menem (1989-1999)^[19] en 1992, lo que postulamos acá es que las mismas se fundamentaron en las conceptualizaciones sobre la acción humana enarboladas por el neoliberalismo, y en cuanto tales, fueron impulsadas desde la lógica modernidad/colonialidad.

Esta tesis resulta coherente si echamos un vistazo al proyecto político en el cual se enmarcan las reformas previsionales, inscritas en el proyecto civilizatorio neoliberal o en lo que se ha denominado como el neoliberalismo tardío (García Delgado & Gradin, 2017; Soto Pimentel, 2017b; Nazareno, 2019b). Si bien, Cambiemos y el macrismo no se presentan explícitamente como un gobierno neoliberal, medidas de este tipo se anunciaron durante la campaña presidencial (liberalización de los precios, del dólar y reducción de subsidios estatales e impuestos,) y se implementaron a los pocos días de iniciado su mandato en diciembre de 2015. En efecto, 5 días después se publica un decreto que pone fin a las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y manufacturados, con el objetivo de incentivar las exportaciones, como uno de los mecanismos más importantes para el crecimiento del país. Al día siguiente, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas termina con el “cepo”, es decir, el control de la compra y venta de dólares, llevándolo a una devaluación del 40%, estando esta medida relacionada con incentivar la inversión, pero también con garantizar la libertad individual de compra. Posteriormente, y a través de diferentes decretos, el gobierno realizó modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual^[20] y derogó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal^[21] (De Piero y Gradin, 2020). A estas primeras medidas, le siguieron aquellas relativas al ajuste estructural del gasto público para alcanzar el déficit cero y terminar con la inflación, entre las cuales va a estar la reforma previsional y el achicamiento del sector público, y la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI), la apertura comercial internacional y la firma de tratados de libre comercio.

Sin embargo, estas medidas obstaculizaron las metas que el gobierno se había propuesto alcanzar, como la reducción de la inflación, la creación de empleo y la pobreza cero, y ya en su primer año se fue evidenciando el empeoramiento de esto indicadores. En efecto, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, la inflación pasó del 23% a un poco más del 40%, el desempleo, que en 2015 era de un 6.5%, en 2016 alcanzó un 8.5%, y hubo fuertes caídas en el poder adquisitivo, alcanzando en junio de 2016 una caída de aproximadamente el 10% (Wahren, Harracá & Cappa, 2017). Durante el primer año de gobierno, los hogares en situación de indigencia se incrementaron del 3.1% en 2015 al 4.3% en 2016, y los hogares en situación de pobreza, del 20.8% al 23.5% (Bonfiglio, Vera, & Salvia, 2020).

Y pese a que el gobierno contaba con un fuerte apoyo ciudadano, tuvo que enfrentarse con un “entramado de organizaciones sociopolíticas como los principales actores articuladores y canalizadores de la conflictividad social”, que dio pie a “un proceso de movilización social inédito desde hacía tiempo” en Argentina (Gradin, 2017: 219-220). Estas acciones colectivas promovieron reclamos que atravesaron “a vastos sectores sociales y que forman parte del acervo cultural y político de derechos socialmente adquiridos, y vuelven a instalar a la calle como escenario político insoslayable” (Gradin, 2017: 220). Y en efecto, en el año 2016 hubo un total de 6419 hechos de protesta en el país (Consultora Diagnóstico Político, citado en Gradin, 2017), acrecentándose los niveles de conflictividad social a lo largo del gobierno, sobre todo a mediados de 2018 cuando se profundiza la crisis económica e inflacionaria y el gobierno decide pactar un préstamo con el FMI (Gradin & Soto Pimentel, 2018ª; 2018b; 2020; Soto Pimentel & Gradin, 2019).

Es en este contexto de conflictividad social donde se tensiona la garantía de los derechos en general, y de los derechos de las personas mayores en particular, adquiridos durante el kirchnerismo donde emerge el Frente de Personas Mayores.

Proceso de emergencia, constitución y devenir del FPM. “Un gobierno neoliberal no sería bueno para el pueblo”^[22]

El FPM emerge en 2016 en un contexto de transformaciones profundas en Argentina inspiradas en el neoliberalismo y lideradas por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En efecto, a los pocos días de que Cambiemos asume la presidencia en diciembre de 2015, inicia un camino de reformas direccionadas a alcanzar la pobreza cero, la unión entre los argentinos y terminar con el narcotráfico, articuladas, como vimos anteriormente, en el modelo de desarrollo neoliberal.

La experiencia histórica y política de haber conocido otros gobiernos neoliberales de la historia argentina y cómo habían atacado los fondos previsionales y las jubilaciones de las personas mayores, hizo que los/as integrantes que luego conformarán el FPM comenzaran a reunirse entre conocidos para pensar cómo podían defender los derechos adquiridos para el sector durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a partir del año 2003. Y encontraron en la organización política y la movilización social el camino para ello. Como relata una de sus integrantes,

la experiencia de haber vivido situaciones similares en el corto período de tiempo de un poco más de 40 años produjo un nivel de alarma y aprendizaje que provocó que, frente a la posibilidad de una reforma previsional algunos de nosotros supiéramos primero intuitivamente y luego fácticamente que la participación, organización y movilización era la herramienta para poder contrarrestar las políticas abusivas de este modelo (González, 2020: 276-277).

Así, previo a la conformación del FPM, sus fundadores/as comenzaron a reunirse en sus lugares de pertenencia –el barrio, el partido, el sindicato, las amistades–, para analizar el contexto político social que estaban atravesando y qué podían hacer frente a ello. Al alero de estas reuniones y de las medidas que iba tomando el gobierno, comenzó a evidenciarse la necesidad de unirse con otras organizaciones que tuvieran los mismos intereses, iniciándose un proceso de articulación que llevó a la conformación del Frente, poniéndose como objetivo la defensa de los derechos humanos de las personas mayores y lograr ser reconocidos como personas políticas y activas con la capacidad y el derecho de participar en la toma de decisión de las políticas que les competen. Con el tiempo, “este pequeño grupo empezó a crecer y fortalecerse al calor de las medidas que iba tomando el gobierno y a las respuestas que fueron surgiendo: semaforazos y movilizaciones” (González, 2020: 276). En lo que sigue desarrollaremos el devenir de este proceso de emergencia, resistencia y acción del Frente.

Antecedentes. La experiencia de vida y la experiencia política como eje articular del FPM

Como mencionamos anteriormente, previo a la conformación del Frente sus integrantes fundadores comenzaron a reunirse en sus respectivos lugares de pertenencia, previendo, por la experiencia que habían tenido de este tipo de gobiernos en épocas pasadas, lo nefasto que podía resultar un gobierno neoliberal. Este tipo de experiencias sobre el neoliberalismo fue lo que los/as impulsó a ir conformando instancias de discusión y organización, entre conocidos y amigos, para resistir, como siempre lo habían hecho, lo que podían ser los resultados negativos de un gobierno con estas características y luchar por los derechos que podrían ser y fueron puestos en peligro.

En efecto, según el relato de los/as militantes entrevistados/as, muchas de las diversas organizaciones de adultos/as mayores que formaron el Frente, se constituyeron con anterioridad a éste, precisamente porque la experiencia que tenían de gobiernos neoliberales les hizo prever que “un gobierno neoliberal no iba a ser bueno para el pueblo” (Referente Frente de Adultos Mayores-1 (en adelante FAM), entrevista, 8/6/2019), poniéndolos en alerta respecto de la llegada de Cambiemos al Poder.

Así, por ejemplo, para uno de los militantes de Lxs Irrompibles, esta alerta vino de su experiencia de trabajador de comercio, donde siempre había podido diferenciar

el momento comercial donde había una política-estado que beneficiaba a la población, y una política-estado que beneficiaba élites. […]. Las mejores épocas eran cuando había política-estado a favor del pueblo, y cuando había neoliberalismo eran las peores épocas (entrevista, 6/8/2019).

Ahora bien, como señala una de las militantes de Jubiladxs en Marcha, la realidad del gobierno Macrista superó ampliamente las expectativas negativas que tenían. De hecho, cuenta que su grupo comienza a reunirse al poco tiempo de que “estuviera este gobierno nefasto”, porque sabían de las políticas neoliberales y que no iban a ser buenas para el pueblo. Preocupadas por ello, entre algunas amigas comenzaron a reunirse para ver qué podían hacer con sentido social y político, y “así fue creciendo el grupo de Jubiladxs en Marcha” (entrevista 5/8/2019). Pero, como señala, “no pensábamos que iba a ser así tampoco, pensábamos que iba a ser malo, no pensamos que iba a ser tan malo, tan nefasto, porque vinieron a arrasar directamente con todo” (entrevista 5/8/2019).

Dentro de esta experiencia de gobiernos neoliberales, que como sector les afectaba directamente, estaba el haber vivido cómo éstos habían atentado contra los derechos de los adultos/as mayores y contra el sistema previsional. La referente de Almafuerte, otra de las organizaciones del Frente, relató cómo la alerta para organizarse vino de recordar que en diversos momentos de la historia del país se habían utilizado los recursos de los ahorros de la seguridad social para fines distintos a los previsionales. En sus palabras:

Dije una emergencia, porque en realidad, a partir de lo que advertimos distintas compañeras, amigas, colegas, vamos a decir, que nos movíamos en distintos ámbitos […] sospechamos, y no nos equivocamos, porque tenemos años, hemos vivido experiencias, lo que iba a pasar. No es la primera vez que en la Argentina, eh, gobiernos conservadores, neoliberales en realidad, utilizan lo que es el ahorro social, […] especialmente nuestro sistema previsional, para utilizar esos recursos, que son recursos, en realidad, del conjunto de la población trabajadora (entrevista, 13/8/2019).

La experiencia del Neoliberalismo fue, entonces, un elemento crucial para prever la necesidad de organización. La particularidad en este momento era que “por primera vez nos afectaba directamente, porque todas ellas ya estábamos jubiladas” (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

Pero también la experimentación de la implementación del Neoliberalismo en contextos de dictaduras, “donde había un cercenamiento, una negación de toda experiencia social y política” (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019), fue también una cuestión central para tener la capacidad de volver a conectarse entre estas organizaciones que se iban conformando y articular “con personas del conjunto de relaciones que se tienen en la vida”. Estas redes adquiridas a lo largo de la vida les permitieron ir poniéndose en contacto para pensar en una articulación mayor para defender a los/as jubilados/as y a los/las adultos/as mayores.

Otro elemento común que aparece entre los/as referentes y que explica también la motivación de conformar este Frente, es la experiencia militante y política que tuvieron durante su vida. Esta cuestión la comprenderemos, siguiendo a Longa (2016), como la articulación entre los conceptos de generaciones políticas y ethos militantes, donde el primero “ofrece una estructura general, de sesgo principalmente biológico –aunque también social– acerca de la conformación de grupos militantes estables en el tiempo”, y el segundo “permite profundizar en los valores, orientaciones y significados que configuran la acción de dichas generaciones” (51). Esta articulación, además, “contempla la existencia, al interior de las generaciones políticas, de diversos ethos militantes” (51).

En este sentido, esta experiencia política, no es cualquier experiencia, sino la del proyecto político nacional y popular. En efecto, expresan sentirse parte de una generación especial, la generación de los ‘70, muy combativa y con claridad en cuanto a la defensa de sus derechos y los de la sociedad, y esa experiencia es también la que les permite luchar en la actualidad.

Esta definición que hacen los/as entrevistados/as sobre ellos/as mismos/as como colectivo generacional de lucha es interpretado de diferentes maneras, según la experiencia histórica y política de cada uno/a de los/as referentes. Por ejemplo, para la referente del Centro de Jubiladxs y Pensionadxs de la Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante, Centro de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE), esta pertenencia a la generación de los 70’ da lugar a la emergencia de un nuevo paradigma de personas mayores que, así como lo hicieron en su juventud, lucharán hasta sus últimos días por un mundo diferente al actual, con los costos que ello significó y puede significar en el presente. En sus palabras:

Cuando yo hablo del nuevo paradigma como personas mayores que somos nosotros, me refiero a esto: primero somos en este momento la generación del 70’ y sobre todo en estos días que estamos viviendo, a mí me da mucha tristeza porque me doy cuenta cuánto nos faltan nuestros compañeros, eso sí se nota, eso se nota. Como diría Néstor, somos la generación diezmada. Pero no obstante los pocos que hayamos quedado, no nos vamos a entregar, vamos a pelear hasta el último día de nuestras vidas por la seguridad social y por el mundo que nosotros creíamos y seguimos creyendo que es factible de darse (entrevista, 22/8/2019).

El referente-2 del FAM, por ejemplo, al preguntarle que lo motivó a conformar una agrupación de adultos/as mayores focalizada en defender sus derechos, señala que el haber participado de la lucha de los años ‘70, hizo que su participación política actual fuera algo natural, un rol que para él es un deber cumplir y es también aquello que lo mantiene vivo. De hecho, durante la entrevista relata cómo en distintas etapas de su vida, como en el período postdictadura o durante el Menemismo, la militancia fue algo que siempre buscó mantener activa. En sus palabras:

acá quedó una impronta muy fuerte de la lucha de los 70’, y bueno, nosotros somos esos. O sea, muchos de nosotros hemos participado de esas luchas, viste, con diversa suerte, pero todavía está. Entonces, no te digo que es un prestigio, pero se reconocen ese tipo de cosas, yo veo en la memoria histórica de nuestro pueblo, ese tipo de cuestiones, es el rol que nos tocó, que nos toca tener hoy. Y es también lo que en cierta medida nos mantiene vivos. Yo no me imagino estar haciendo otra cosa, no me veo en mi casa tomando mate, mirando televisión o tomando sol en la plaza. Es algo innato (entrevista, 11/7/2019).

Por su parte, una de las referentes de la Tercera en Lucha, describe la particularidad de su generación, la de los ‘70, como un colectivo acostumbrado a luchar, lo cual explica su militancia en la etapa actual. Por otra, asocia esta particularidad a la relación de esta generación con otro grupos militantes y políticos, como las madres de plaza de mayo y las jóvenes por la legalización del aborto:

Nosotros somos una generación, de los ‘70, de los ‘60. Esta es una generación muy combativa. En nuestro país es una generación muy particular. Somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Es un sector que está acostumbrado a la lucha y a una identidad política (Militante-2, entrevista, 28/5/2019).

En definitiva, fue la experiencia de vida de haber experimentado diversas formas de gobiernos neoliberales, y la experiencia política de una generación combativa y consiente de sus derechos, las que operaron como uno de los fundamentos de la conformación, objetivos y luchas del Frente. Como señalan en una de sus declaraciones “70 años de historia sembrados de peronismo, nos han empoderado a las personas mayores como sujetos políticos con mirada y voz propia” (Frente de Personas Mayores, 2018a)

Respecto de cómo fue el proceso de articulación de estas organizaciones, como señalábamos anteriormente, fue también la experiencia de organización previa y la conformación de redes que se van haciendo a lo largo de la vida, lo que lo hizo posible. En efecto, estos primeros/as militantes cuando empezaron a articularse entre sí y sus organizaciones, coincidieron en acudir al Instituto Patria^[23] como lugar político de referencia e identificación entre quienes pudieran tener la misma inquietud. Además, como señalaron, allí trabajaba Mónica Roqué^[24], gerontóloga experta en los derechos de las personas mayores, en quien veían posibilidades de colaboración para el objetivo que se estaban planteando. En esta línea, una de las entrevistadas relata cómo fue el proceso de contactarse con amigos/as y conocidos/as con los que habían compartido en otros momentos históricos espacios de militancia. En sus propias palabras:

entonces, yo lo fui a ver, teníamos un amigo en común, también referente, y le digo, che Edgardo, Luis, por qué no hacemos algo… y ahí lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a vincularnos en el Patria, porque sabíamos que ahí estaba Mónica Roqué. Entonces, empezamos ahí… bueno, ahí, vinieron compañeros que sí tenían militancia política, que los conocíamos de otras épocas, de otros momentos, y empezamos a hacer reuniones, y entonces, bueno, decíamos, uy fulano de tal, a ver qué será de la vida de él, lo llamo por teléfono, le mando un mail (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

Desde otra perspectiva, la referente de Jubiladxs en Marcha relata cómo les sorprendió positivamente el que al llegar al Instituto Patria no eran el único grupo de personas mayores interesados por hacer algo con lo que les estaba ocurriendo. En sus palabras:

y un día vamos al Patria, porque Mónica Roqué es una… este, hacía… no me acuerdo exactamente… pero tenía que ver con las personas mayores, este… bueno, fuimos y la grata sorpresa fue que no éramos los únicos grupos que habíamos formado de personas mayores, sino que habían muchos grupos preocupados por los mismos temas (entrevista, 5/8/2019).

En términos concretos, la conformación del FPM se llevó a cabo en un plenario, que se realizó en el Instituto patria en julio de 2017, con el fin de conocerse entre todas las organizaciones^[25]. Como relata la referente de Jubiladxs en Marcha era muy importante este encuentro físico y saber qué hacía cada uno, por eso hicieron el plenario. En esta instancia, cada organización se presentó y en un papel grande escribieron en qué consistía su grupo, cuáles eran las actividades y el lugar donde estaban. Fue así como todas las organizaciones que estuvieron en ese encuentro se fueron conociendo y fueron consensuando los mínimos comunes para constituir el FPM.

Cabe mencionar que para los/as militantes entrevistados/as una de las cosas que marcó este encuentro fue la diversidad tanto de organizaciones, sindicatos, unidades básicas, grupos de jubilados, partidos políticos, como de perspectivas políticas respecto a cómo se iban a enfrentar a las reformas del Macrismo. De hecho, en el momento histórico en el que ocurre este encuentro señalan que todavía no había una clara y masiva oposición al gobierno de Mauricio Macri por parte de la ciudadanía. Y esto se repetía al interior de lo que sería este movimiento, ya que en los inicios de la conformación del Frente no todas las organizaciones rechazaban todas las políticas que estaba implementando el gobierno, pero sí todas coincidían en rechazar las que iban contra el sector de los/as adultos mayores. Porque efectivamente, señala una de las entrevistadas, el Macrismo había llegado al poder con un discurso que decía que sus políticas “iban a beneficiar a los argentinos”, y en ese primer año de gobierno, no para todos los/as integrantes del Frente se comenzaba a visibilizar que no lo haría, ya que en ese momento aún no era tan evidente como lo sería en los años siguientes del mandato de Mauricio Macri.

Es por ello que en este primer momento las organizaciones decidieron no identificarse con un partido político^[26], de modo tal de poder llamar la atención y recepcionar a la mayor cantidad de personas contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri^[27]. Por su parte, como señala el referente-2 del FAM (entrevista, 11/7/2019), la experiencia militante de fracasos políticos les había enseñado que era necesario ceder ante algunas diferencias para obtener mayor fuerza como colectivo y tener una mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos. Estas diferencias en el diagnóstico, para algunos de los/as referentes no podía ser una razón que obturara la unión del Frente porque el sector ya estaba siendo perjudicado y era necesaria la unificación de esfuerzos. En palabras de una de las entrevistadas, la cuestión era articular, y no pensar

en una única cosa, porque no nos da fuerza necesariamente, articulemos en los acuerdos mínimos que tenemos sobre los temas de jubilados, y pospongamos, porque realmente no todos en ese momento estaban decididos a identificarse con una salida electoral, sino que criticaban esa política pública del gobierno [de Macri], pero no el conjunto de las políticas. […]. Convengamos que este gobierno asumió democráticamente, haciendo una política que, si bien no lo había explicitado, bueno, quedó claro desde el primer momento a lo que venía hacer, pero bueno. Entonces, hubo que tener esos cuidados. Entonces, vos decís, bueno, estos son los temas, estos temas de jubilados nos ponemos de acuerdo (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

En consecuencia, para poder unirse, optaron por darle prioridad a la articulación en base a mínimos comunes, y, no eliminar, sino que posponer para más adelante la discusión política partidaria sobre qué alternativas a Cambiemos podían presentarse.

Estos mínimos comunes, fueron, por una parte, reconocerse dentro del campo nacional y popular (Frente de Personas Mayores, s/fa), suponer que “antes de las personalidades está la organización y los proyectos políticos”, y creer en la lealtad como “el origen de todas las alianzas y el camino hacia la unidad como instrumento político-social” (Frente de Personas Mayores, 2018a). Y, por otra parte, la identificación en Cristina Fernández de Kirchner de un “ideario de conducción”, es decir, de un modelo de políticas de seguridad social que estaba en ese momento en peligro con las políticas del gobierno de Cambiemos (Frente de Personas Mayores, s/fa). Para el Frente esta conducción es un punto de unión entre las diversas posturas políticas que los diferentes grupos tenían. Así lo describe una de las referentes entrevistadas:

por su puesto también decimos que, tomamos como referente en ese momento, las políticas públicas desarrolladas durante el 2003 y el 2015, y nuestro ideal de referente es Cristina Fernández de Kirchner. Quizás ese es un sesgo, pero que nos unificó a todos, porque en el Frente, […] venían compañeros […] de experiencias sociales y políticas distintas, como las del partido comunista, socialistas, radicales del alfonsinismo, pero todos estábamos de acuerdo en esto: […] las políticas públicas desarrolladas durante el gobierno de Néstor y de Cristina, con esas políticas públicas y en materia de seguridad social estamos de acuerdo. Y por eso es la identificación, más que una identificación política […] partidaria, era una representación de qué se espera de una gestión de gobierno (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

En función de ello, el FPM se presenta como un movimiento de articulación entre diferentes “agrupaciones de Trabajadores, de Jubilados, Pensionados y Personas Mayores, sensiblemente afectados por las políticas implementadas por este gobierno en materia de leyes en lo Laboral, Previsional y de Seguridad Social” (Frente de Personas Mayores, s/fa). Estas políticas han empeorado las condiciones de vida del sector y ponen en peligro los logros y beneficios adquiridos para las personas mayores durante el kirchnerismo, que permitió una ampliación de la cobertura del sistema previsional y un incremento significativo y actualizado en el monto de la jubilación, junto con otras medidas que permitían asegurar una vida “digna, organizada y sin zozobras” (Frente de Personas Mayores, s/fa).

Asumiendo “el compromiso activo en lo social y en lo político para visibilizar nuestra problemática” y sin considerarse “como una clase pasiva” el Frente se propone como objetivo, por una parte, luchar por los derechos humanos de las personas mayores, lo que implica la lucha por la continuidad del SIPA, del FGS, de la Anses y de la obra social pública de los/as jubilados/as, el Programa de Atención Médica Integral (en adelante Pami), instituciones que permiten garantizar derechos materiales como una jubilación y pensión digna, actualizada según la ley de “Movilidad de las Prestaciones Del Régimen Previsional Público” proclamada durante el gobierno de Cristina Fernández, y a tener medicamentos con el 100% de descuento, prestaciones sin cargo y accesibilidad a los servicios de salud integral. Exigen también el derecho a una vida digna, organizada y sin zozobras, y a un presente que habilite el futuro que todxs merecen, “más justo, libre, soberano y feminista” (Frente de Personas Mayores, s/fa, 2018a; González, 2020).

Otro de sus objetivos es ser “reconocidos como sujetos políticos con injerencia en las políticas públicas que les competen” y, en este sentido, se proponen luchar por sus derechos civiles y políticos, ocupando “las instancias formales, de representación y en la calle” (González, 2020). Así, por ejemplo, reclaman la permanencia activa de un órgano Consultivo de la Anses legítimo federal y representativo.

Junto con ello, en otras de sus declaraciones identitarias señalan que su conformación es resultado de creer que el “trabajo es el ordenador que nos dignifica a todxs, y es el único futuro posible para una patria igualitaria” y seguirán luchando “alimentando la esperanza que en el 2019 el proyecto nacional y popular nos devuelva una vida ordenada y una sociedad en paz” (Frente de Personas Mayores, 2018a).

En lo que sigue revisaremos en profundidad los fundamentos y objetivos que posibilitaron la conformación del FPM.

Objetivos del FPM. La defensa de los derechos humanos de las personas mayores

Los objetivos del FPM apuntan a defender los derechos humanos de las personas mayores y a ser reconocidos como sujetos políticos, cuestiones que en el marco del gobierno de Macri habían sido, para ellos/as, claramente pasados a llevar.

Para fundamentar esta premisa, el FPM toma el art.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma que todos nacen libres e iguales en dignidad de derechos, y dotados de razón y conciencia, y que los seres humanos deben comportarse fraternalmente entre sí (Frente de Personas Mayores, 2018b). Y también en el art.1 de la “Convención interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” donde se señala que quienes adhieren a la misma, como lo hizo Argentina, se comprometen a

promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad (citado en Frente de Personas Mayores, 2018b).

Estos derechos refieren tanto a los derechos económicos, sociales y culturales, como a los políticos y civiles de las personas mayores, los que para el Frente precisamente han sido vulnerados con las políticas neoliberales del gobierno, tanto por sus políticas generales, como por las políticas destinadas al sector de las personas mayores.

De hecho, relata el FPM, las políticas de ajuste fiscal que, entre otras medidas, llevaron a la quita de los subsidios de agua, luz y gas, tuvieron un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de las personas mayores. Junto con ello, el recorte presupuestario a las prestaciones del Pami y al subsidio de medicamentos^[28] para las personas mayores y el incremento de los precios de los mismos, hizo inaccesible la continuidad de tratamientos médicos. Por otra parte, el alza en el precio de los alimentos impedía garantizar una vida digna y saludable para las personas mayores, y la no renovación de la moratoria previsional de las mujeres profundizaba la desigualdad y vulnerabilidad hacia ellas (González, 2020; Frente de Personas Mayores, 2019c, 2019d).

Reflejado en cifras, este empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores se observa en los siguientes indicadores: entre mayo de 2015 y marzo de 2018 en tanto la jubilación mínima se incrementó en promedio un 100.5%, el incremento del precio de los 36 medicamentos más consumidos por este sector fue de un 132.5% (Roqué, Letchner, & De Marziani, 2018). Esta tendencia continuó durante el gobierno de Macri, siendo el aumento acumulado de la jubilación mínima hasta septiembre de 2019 de un 239% y el de los medicamentos de un 393%, e incluso los medicamentos cubiertos por el Pami tuvieron un aumento del 247% (Roqué, De Marziani, Letcher, & Strada, 2019a).

El precio de la canasta de alimentos entre noviembre de 2015 y agosto de 2018 se había incrementado en un 164% y en junio de 2019, alcanzaba un incremento acumulado del 348%, “habiendo productos como el aceite de girasol (B 1.5L) que aumentaron un 559.9%; el Kg de carne picada, un 408.7% y el Kg de tomate 393.2%” (Roqué, De Marziani, Letcher, & Strada, 2019b: 28).

Así también, desde 2016 hasta agosto de 2018, “la pérdida real del poder adquisitivo del haber mínimo jubilatorio fue del 8.5% (considerando IPC-INDEC Y REC)” (APDH; Comisión de Personas Adultas Mayores, 2018). Si se mide la variación de los precios de productos específicos en relación a la jubilación mínima, se da también una variación negativa en el poder de compra de las personas mayores entre noviembre de 2015 y agosto de 2019: en el aceite hubo una pérdida de 59.4%, en el Kg de chorizo parrillero un 65.5%; en el Kg de tomates, un 45.6%; en el papel higiénico, un 43.1%; en el shampoo de 400ml, un51.2% (Roqué, De Marziani, Letcher, & Strada, 2019b).

Para el Frente, este “escenario de desamparo se potenció a partir de la sanción y puesta en marcha de la ley Reparación Histórica y de la reforma previsional del 2017” (González, 2020: 278), profundizándose la violación de los derechos humanos de las personas mayores.

En efecto, el Frente afirma que, a través de la ley de Reparación Histórica impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, aprobada por el congreso y comandada por las recomendaciones del FMI^[29], se generó un retroceso en los derechos adquiridos para las personas mayores durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ello, pues dicho programa “pone fin al derecho a jubilarse, sustituyéndolo con la PUAM (80% de la mínima)”, y con ello, se pone fin a la moratoria previsional, dejando fuera a las personas mayores, mujeres y varones de 60 y 65 años, que podían acogerse a una moratoria por 60 meses y así acceder a una jubilación. Destinada a personas que no gozaban de un trabajo registrado, sino que mal pago y precarizado, esa moratoria reparaba “en los años de vejez las desventajas de un mercado laboral agónico y precarizado de la década de los 90 y que se repite en los años del gobierno de Cambiemos por ser el mismo modelo de destrucción de la producción y de los salarios” (Frente de Personas Mayores, 2018c). Por otra parte, establece las bases para el vaciamiento del FGS, y para cambiar perjudicialmente la fórmula de cálculo para la actualización de las jubilaciones.

En este sentido, podríamos decir, que una de las decisiones de política pública para las personas mayores tomadas por el macrismo que generaron la necesidad de organizarse fue esta ley, en cuanto “ahí se empezó a activar bastante la cuestión previsional. […] porque [por ejemplo], la ley de movilidad […], la habilitación para cambiar la fórmula está en esa ley” (Militante Ute previsional, entrevista, 7/8/2019). A su vez, para pagar la deuda previsional, si bien el gobierno había propuesta como mecanismo financiamiento el blanqueo de recursos que las personas tuvieran en el exterior del país sin declarar, cuando éstos no fueran suficientes, la ley habilitaba la venta de los activos del FGS de la Anses, que era precisamente el fondo para garantizar el pago de las pensiones y de las prestaciones del sistema previsional (Militante Ute previsional, entrevista, 7/8/2019) –sobre esta reforma ahondaremos posteriormente–.

Este punto es muy importante para el Frente, pues consideran que el gobierno de Macri actuaba como si el FGS fuera propiedad del Estado y como si los aportes fueran activos o ganancias. Pero, para ellos/as “es patrimonio de todxs lxs jubiladxs y lxs trabajadorxs que aportan” y por ello, rechazan el desguace del fondo, reafirmando el “convencimiento de que esta es una lucha de toda la Argentina” (Frente de Personas Mayores, 2018f)

Por su parte, la ley de Reforma al SIPA que se discute y aprueba en el año 2017, y que contenía la propuesta de cambio en la fórmula de movilidad del haber jubilatorio, también fue para el Frente un ataque a los derechos de las personas mayores. De hecho, con este nuevo cálculo la actualización de haberes iba a ser menor que con la fórmula que se quería cambiar, lo que empeoraría aún más el poder adquisitivo de las personas mayores, el cual ya se había visto afectado por la inflación, y el incremento de precios en alimentos, medicamentos, tratamientos médicos y servicios de energía.

En cuanto esta reforma fue justificada por el gobierno como parte de las políticas de ajuste para disminuir el déficit fiscal y la inflación, los militantes del Frente ven en ello, por una parte, la injerencia del FMI que exige el ajuste fiscal, que, en efecto, un año después de la reforma, en el acuerdo firmado por el gobierno con la Institución, entre

otras medidas punitivas contra trabajadores y jubilados, exige el desfinanciamiento de la Anses, con la reducción de las contribuciones patronales, el saqueo del FGS; el congelamiento de la movilidad jubilatoria, el aumento de edad y años de aportes para acceder al beneficio, etc. (Frente de Personas Mayores, 2018d)

Por otra parte, observan la falta de reconocimiento de Cambiemos de que la jubilación es un derecho de las personas mayores. Para los gobiernos neoliberales las pensiones serían como “que nos están dando algo que ellos consideran como si fuera una dádiva y para el Estado somos un gasto, y eso no es así, no corresponde” (Militante Lxs irrompibles, entrevista, 6/8/2019). Por el contrario, la jubilación no es un gasto, “es algo que nosotros aportamos durante el tiempo que estuvimos activos, y esto es un salario diferido, lo que estamos cobrando, eso no está en claro” en el gobierno (Militante Lxs irrompibles, entrevista, 6/8/2019).

Pero en estas reformas previsionales, además de identificar una violación a los derechos materiales de las personas mayores, también identifican una vulneración a los derechos civiles y políticos del sector. Así, por ejemplo, durante las jornadas de discusión y aprobación de la ley de cambio en la fórmula de movilidad, participaron, como otras organizaciones de la sociedad civil, en las movilizaciones contra la misma, jornadas donde todos/as fueron fuertemente reprimidos/as. La percepción de los/as entrevistadas/as en este punto es unánime, en el sentido de que para todos/as fueron jornadas donde la “violencia institucional imperó, en todo sentido, con las fuerzas parapoliciales, con la gente afuera” (Militante Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019). Incluso a algunos de los/as integrantes del Frente les fue impedido el ingreso al Congreso, pese a haber tenido la documentación y autorización necesarias. Quizás, dentro de toda la represión, el recuerdo más nítido que relatan es que a las fuerzas policiales no les haya importado que las personas reprimidas eran adultas/os mayores, algunas/os incluso con dificultades físicas para movilizarse. De hecho, otra de las militantes de Jubiladxs en Marcha expresa que:

el tema de la reforma fue terrible porque… la verdad es que la pasamos mal. Nos tiraron gases… no hubo miramientos, si había gente mayor, si habían chicos, si habían grandes… se sabía que estaban personas mayores ahí, no hubo ni un miramiento. Pero seguimos en la calle porque no nos van a parar, en realidad no nos van a parar, estamos en defensa de nuestros derechos y seguimos militando de esa forma (entrevista 5/8/2019).

Otro de los que asistieron a las manifestaciones comenta que “ni siquiera en la época de la dictadura se reprimió a los jubilados, tampoco había represión sobre las mujeres, por una concepción machista, estaba el con los viejos no, con las mujeres tampoco” (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019).

Junto con lo anterior, para el Frente, la propia aprobación de las reformas es muestra de una vulneración de los derechos políticos de las personas mayores, razón por la cual su defensa es parte de sus objetivos. En efecto, y como profundizaremos en el siguiente capítulo, la implementación de todas las políticas que han perjudicado al sector, especialmente las dos últimas, dan cuenta de una falta de representación de las personas mayores en las instancias de toma de decisión. Pues, si hubiese dependido de ellos/as, las mismas no hubieran ocurrido. Por ello, consideran que les corresponde y tienen que

cumplir un rol fundamental en la elaboración de las políticas públicas para el sector, participando de los espacios de decisión y ejecución de las mismas, tratando de que éstas se piensen, diseñen e implementen desde un modelo de política pública de abajo hacia arriba (González, 2020: 277).

Pero para eso se requiere un cambio de paradigma para dejar de ser vistos como personas “pasivas”, como “abuelos/as” o “pobres”, para empezar a considerarlos como personas activas en lo social y lo político, “para poder visibilizar el sector y constituirnos como actores políticos” (González, 2020). Y, de hecho, como afirma una de las militantes del Frente, “las personas mayores no necesitamos que nos representen, queremos participar activamente en la construcción de nuestro destino para evitar la continua vulneración de nuestros derechos y para optimizar la calidad de vida de todes” (González, 2020: 277).

Frente a este panorama, los/as integrantes del Frente afirman que “resistimos y resistiremos de pie en las calles luchando por nuestros derechos y los derechos de las próximas generaciones” (Frente de Personas Mayores, 2019c). Su lema es “CON LXS JUBILADXS Y PENSIONADXS NO”, cuestión que está impresa en los pañuelos blancos identificatorios y en la bandera con que el movimiento sale a las calles a manifestarse.

La jubilación como una lucha solidaria y sistémica

Como señalamos previamente, los objetivos del FPM están relacionados con la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, sean éstos, materiales o políticos. Pero, junto con ello, podríamos decir, que el Frente tiene un tercer objetivo, alineado a la comprensión que tienen de la jubilación como parte de la seguridad social, cuestión que excede a las problemáticas concretas que afectan al sector. En este sentido, la lucha del Frente es sectorial, pero también solidaria y sistémica, en el sentido de que no quieren luchar sólo por los derechos de las personas mayores que se movilizan, o solamente por el sector, sino que por la recuperación de los derechos humanos de todas las personas en general.

La cuestión de la solidaridad en la lucha es vista por los militantes del Frente, desde diferentes aristas. Por ejemplo, para algunos/as, la lucha es solidaria, pues se organizan y se movilizan por todas las personas mayores, sobre todo por aquellos/as que por limitaciones físicas o económicas no pueden participar. Y esto es una realidad bastante relevante en la capacidad de movilización del Frente, ya que si bien

somos muchos millones de personas los jubilados […] mucha gente no tiene capacidad de movilización, por problemas físicos, problemas geográficos. No es que todo el mundo puede salir a movilizar. Mucha gente tiene problemas económicos, gente que ni siquiera puede viajar. Entonces esta movilización y este trabajo tiene mucho que ver con la solidaridad (Militante Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019).

Para otros/as la solidaridad tiene que ver con que no están luchando para obtener un beneficio personal, en el sentido de que muchos/as ya están jubilados/as y no se verán afectados/as por las reformas al sistema previsional, aunque los que tienen la mínima sí están siendo perjudicados/as. Y en cuanto la problemática previsional es una cuestión que no afecta sólo a quienes tienen la edad para jubilarse, sino que también abarca necesariamente a los/as trabajadores/as en actividad, en tanto son personas que en el futuro se jubilarán, la lucha es solidaria porque también es por ellos/as, pues para el Frente todo cambio en el actual sistema previsional les perjudicará también a ellos/as en el futuro. Así, por ejemplo, mencionan que una de las propuestas del FMI es aumentar la edad de jubilación a 80 años, y si bien esto no los afectará a ellos/as porque ya “estamos viejos” la lucha es para que los jóvenes “no tengan que laburar hasta los 80” (Militante Tercera en Lucha-1, entrevista, 28/5/2019). Esta “locura”, como algunos denominan este cambio en la edad de jubilación, no es tan irreal considerando que el gobierno está en línea con las recomendaciones del FMI, y ya ha llevado a cabo una primera reforma en esta línea con el cambio en la fórmula de movilidad, que significa un ajuste importante sobre el gasto público.

Sin embargo, consideran que, por lo general, las personas en actividad no piensan en qué ocurrirá cuando sean mayores o en la envergadura de las transformaciones que se están haciendo al sistema previsional. Por esto es que consideran que la lucha del Frente también es para ellos/as, porque van a quedar mucho peor de lo que están quedando los actuales jubilados/as. En esta línea, el referente-2 del FAM relata que están luchando porque

hay hijos, nietos y compañeros jóvenes, que si esto sigue no se van a jubilar nunca más. Porque van a romper el sistema de jubilación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que estamos luchando para el futuro de la Argentina que son los jóvenes (entrevista, 11/7/2019).

Por otra parte, para el Frente es necesario observar la defensa de sus derechos desde una mirada más sistémica que sectorial, en función de que las medidas que el gobierno de Cambiemos ha tomado contra el sector de las personas mayores, forma parte de otros cambios en el ámbito del trabajo y la protección social que afectan los derechos humanos de las personas en general.

En este sentido, como señala una de las referentes del Centro de Jubiladxs y Pensionadxs de Ate, la reforma previsional fue sólo el mascarón de proa de una serie de reformas de un gobierno que quiere ir por todo, para beneficiar a un sector minoritario de la población. De hecho, señala que “este gobierno, al asumir, lo primero que hace es tocar, meter mano a la reforma previsional, mascarón de proa, y después vino por todo lo demás ¿Y nosotros damos peleas individuales?” (entrevista, 22/8/2019). Esto es una cuestión muy importante para el Frente, en el sentido de que la lucha no puede ser sólo

por una ayuda, por un bono, por una rebaja en los jubilados, […]. No hay soluciones aisladas, no somos una isla… o se arregla para todos o nos hundimos todos… no hay soluciones parciales… eso por lo menos es lo que entendemos (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019).

Para el Frente, entonces, la lucha sectorial no es suficiente, sino que deben acompañar e involucrarse en otros aspectos de las reformas del gobierno que afectan la seguridad social en su conjunto. Lo anterior, según los/as entrevistados/as, deriva de comprender los objetivos sectoriales dentro de una visión más general de lo que es la protección social y la necesidad de luchar por recuperar un proyecto político-social más global que incorpora a otros sectores de la ciudadanía, que van desde la niñez, a la vida laboral, hasta los adultos/as mayores y el periodo de trabajadores/as jubilados/as.

Aquí es clave la concepción del FPM sobre la seguridad social, que no es “meramente de jubilación. Nosotros decimos: aquí la seguridad social te atiende desde antes de que nazcas hasta después de muerto” (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019). La sectorialización de los riesgos de la vida de una persona es la visión neoliberal de las problemáticas sociales. Por ello, señalan que “hablar sectorizadamente de lo que es la seguridad social, solamente le hace el negocio a lo que son las políticas neoliberales. El tema HIV, el remedio, el tema viejos, discapacitados, madre, AUH, etc., etc., todo eso es seguridad social” (Referente Centro de Jubilados y Pensionados ATE, entrevista, 22/8/2019). Y, en consecuencia, es necesario que el Frente trabaje en que toda la sociedad civil converja en la defensa de la seguridad social.

Este carácter solidario y sistémico que le dan a la lucha, dicen los/as entrevistados/as, los distingue de la lucha de Norma Plá^[30] en la época del menemismo. Aunque valoran todo su trabajo y esfuerzo, declaran que fue una lucha por la recuperación de la pensión, por el 82% móvil solamente y que ellos y ellas quieren ir más allá de esto. Sobre todo en el aspecto político, porque lo que los convoca a la lucha no es la derogación de una ley, sino la recuperación de un modelo de país donde entren todos.

En definitiva, los objetivos de lucha sectorial del FPM se quieren conjugar con las luchas del sector de los trabajadores/as activos/as, y junto con ello pujar hacia una unión de las luchas sectoriales en general, pensando también en que esto aumentará la capacidad de presión sobre el gobierno y limitará sus decisiones que perjudican a la población.

Por último, para el Frente, estas decisiones políticas que afectan la seguridad social están claramente incorporadas dentro de un proyecto político-ideológico que es el del Neoliberalismo, y en este sentido, hay que poner atención a que lo que está pasando en Argentina no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno global que está arremetiendo con mayor fuerza en Latinoamérica. Si se comprende el neoliberalismo como un fenómeno mundial, reconocen que el triunfo del gobierno de Cambiemos también fue consecuencia de una falta de un apoyo más grande en las calles al gobierno de Cristina Fernández, porque no se enfrentaron sólo a una elite económica nacional, sino que a un proyecto global de reproducción del neoliberalismo. Aquí adquiere relevancia también lo que señalan los/as referentes como una deuda con el gobierno anterior y que planean revertir en un posible gobierno de “los Fernández” ^[31].

En lo que sigue revisaremos las acciones que ha llevado a cabo el FPM para alcanzar los objetivos que hemos relatado en este apartado.

Acciones de resistencia y significados políticos de las luchas del FPM

Para exigir, defender y garantizar los derechos de las personas mayores en particular, los derechos de la protección social, en general, combatir la embestida del Neoliberalismo en el país y la región y para ser reconocidos como sujetos políticos, el FPM lleva a cabo diferentes acciones de resistencia, acorde con sus posibilidades económicas y biológicas relacionadas con las características del sector, y los diferentes rangos etarios que componen los/as militantes del Frente.

En este capítulo revisamos estas movilizaciones y también profundizamos en un significado especial que tienen las mismas para el Frente, como denuncia y demanda para alcanzar su segundo objetivo: ser reconocidos/as como sujetos/as políticos.

Organización interna y acciones de resistencia del FPM

Las acciones de resistencia que ha llevado a cabo el Frente para realizar sus objetivos han sido fundamentales para visibilizar su lucha, sus objetivos como movimiento y sus demandas como sector de personas mayores. Estas acciones se han caracterizado por ser diversas, regulares y también contingentes según los múltiples escenarios que se fueron viviendo durante el gobierno de Macri. Ahora bien, antes de pasar a describir cada una de dichas acciones, nos parece interesante reseñar como es la organización interna del Frente para realizarlas.

El FPM cuenta con una carta orgánica (Frente de Personas Mayores, s/fb) donde se describen las formas de organización que se dan internamente. En ella se establece que cada organización integrante designará hasta dos representantes para participar en una reunión de referentes, instancia en la cual se discuten temáticas relevantes y se consensua cómo y sobre qué cosas se actuará, con la debida fundamentación. La forma de decisión es a través del voto. Estas reuniones de referentes se realizan al menos una vez al mes y tienen carácter resolutivo y en la carta orgánica se señala que lo que se trate en estos encuentros será transmitido posteriormente a las organizaciones a través de minutas. Cuando hay cuestiones que requieren un tratamiento urgente, se resuelven a través del grupo de WhatsApp de los/as referentes.

Los medios de comunicación con los que cuenta el Frente para llevar a cabo sus acciones y organizarlas son los grupos de WhatsApp, uno general de todos/as los/as militantes que componen las diversas organizaciones del Frente, y el grupo de los referentes. Además de ello, cuentan con redes sociales en Facebook y Twitter como medio de comunicación y visibilización de sus actividades, tanto hacia el interior y exterior de la organización. A través de estos medios también se comparten declaraciones políticas del Frente respecto de problemáticas del sector, o bien, cuestiones relativas, como dijimos a otras problemáticas que afectan a la sociedad en general y que atentan contra un proyecto político inscrito en el campo de lo popular y nacional.

Por último, es importante señalar que el Frente cuenta con una “orgánica para un más eficaz y colectivo accionar” (Frente de Personas Mayores, s/fb), que se compone de dos representantes (elegidos democráticamente) y de diversas secretarías, tales como: prensa y comunicación, finanzas, organización, educación y cultura, derechos humanos. Los responsables de cada secretaría y los representantes están en el cargo por un año.

Las acciones de resistencia que lleva a cabo el Frente son fundamentales para visibilizar sus demandas y realizar sus objetivos, pues para ellos/as uno de sus “territorios de lucha es la calle y la herramienta, sus cuerpos y sus voces en la defensa de los derechos adquiridos” (Frente de Personas Mayores, 2018f).

Estas acciones se consensuan entre las organizaciones que lo componen y están debidamente organizadas según esta estructura delimitada en la carta orgánica. Entre éstas, la acción por excelencia que llevaba a cabo el Frente, que se inició en 2017 y que se mantuvo hasta fines del año 2019, fueron los “semaforazos”, movilizaciones que se realizaban una vez al mes (al inicio los primeros miércoles y posteriormente se cambió a los primeros martes de cada mes) a las afueras del Congreso de la Nación. Esta forma de protesta emergió en el proceso previo a la discusión en el Congreso Nacional de la reforma a la ley de movilidad jubilatoria. Tuvo como objetivo manifestar el rechazo a la misma, pero también explicar a la ciudadanía de qué se trataba dicha reforma y cuáles serían los perjuicios de su aplicación, ya que el incremento de las jubilaciones con la nueva fórmula tendría una disminución significativa respecto de la existente. Durante este período previo y en el de discusión y aprobación de la reforma los semaforazos se repitieron en diversas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, y también como actividad independiente de las organizaciones en sus territorios.

Si bien en los primeros semaforazos se cortaba la calle, se fueron dando cuenta que esto generaba resistencia y, además, como señala una de las militantes, no se podía sostener “porque en una avenida pasaban las motos silbando al lado nuestro” (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019) y eso los/as ponía en peligro. En este sentido, el objetivo de visibilización del sector y de sus problemáticas se veía totalmente frustrado, por lo que decidieron ponerse en un eje, en una esquina, y cuando el semáforo cortaba en rojo, desplegaban la actividad (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019). Así, se buscaba y lograba efectivamente la atención de los conductores y transeúntes.

Durante el semaforazo se desplegaban pancartas con temas alusivos al sector. En las primeras manifestaciones, como señalamos, se expresaron las consignas contra la reforma previsional que cambia la fórmula de ajuste del haber jubilatorio. Pero con el tiempo, las mismas se fueron adecuando a las decisiones que iba tomando el gobierno y que les afectaban de alguna u otro manera. Así, por ejemplo, emergieron las consignas “No al vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”; “No a la PUAM”^[32]; “No a la quita de medicamentos”^[33]; “No al FMI”^[34], “Libertad a los Presos Políticos”^[35], “Libertad para Amado Boudou”^[36].

En los semaforazos se entregaba a los/as transeúntes un volante en cuyo encabezado estaba el logo y lema del Frente, y una imagen que decía “La TV miente, la heladera NO”. En el contenido se hacía alusión a cómo las medidas del macrismo estaban afectando las condiciones de vida de las personas mayores, tales como, el incremento en el precio de los medicamentos, la quita de subsidios a los servicios de agua, luz y gas, la baja en la actualización de las jubilaciones y, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo dados los altos niveles de inflación. También se expresaban las demandas del sector y se invitaba al próximo semaforazo mensual.

Otra forma de visibilizar las consignas en los semaforazos fue la construcción entre las diferentes organizaciones del Frente de una marioneta gigante que retrataba “como Mauricio Macri le metía la mano en el bolsillo a las jubiladas y los jubilados” (Militante Ute previsional, entrevista, 7/8/2019).

Se finalizaba el semaforazo con un “banderazo”, es decir, una vuelta al Congreso con una bandera de Argentina de varios metros de extensión que ellos/as mismos/as confeccionaron.

Retomando las acciones en el contexto de la discusión de la reforma en la fórmula de actualización del haber jubilatorio, además de los semaforazos en el Congreso de la Nación y en diferentes esquinas de la ciudad, se realizaron otras actividades de difusión y visibilización de los perjuicios que ésta traería a las personas mayores. Por ejemplo, le enviaron cartas a los legisladores que apoyaban la reforma explicándoles “lo nefasto de la ley que se estaban por aprobar… ahí no tuvimos éxito” (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019). También cada organización ponía mesas en sus territorios en lugares clave para entregar a los transeúntes algunos volantes y explicarles qué se iba a votar y cómo iba a perjudicar al sector. Además de ello, algunos participaron de las audiencias públicas de discusión de la reforma y como FPM asistieron a las marchas que se realizaron fuera del Congreso. Y tal como les sucedió a todos quienes protestaron los días 13 y 18 de diciembre del 2017, fueron fuertemente reprimidos/as^[37].

Una de las militantes de Jubiladxs en Marcha dice que lo primero que les pasó cuando asistieron a estas manifestaciones, es que se sorprendieron con la gran cantidad de personas que acompañaron el rechazo a las reformas a las afueras del Congreso, “porque fueron todos los sindicatos, fueron estudiantes, fueron todos. Fueron muchísima gente y tal es así que hubo una represión de la gran puta. Una represión muy, muy grande. Pero bueno, la sacaron [la reforma]” (Militante-1 Jubiladxs en marcha, 5/7/2019). Por otra parte, y respecto de la represión es interesante rescatar la opinión de uno de los militantes de Lxs Irrompibles, quien señala que este andamiaje de violencia institucional es un medio de propaganda del gobierno,

para crear, no quiero decir temor, pero sí que las personas se sientan que se alejen de ese tipo de actividades por el “qué podrá pasar”, “¿me podrá tocar a mí?”, “¿podré ser yo?”, “más vale me quedo en mi casa o dentro de mi círculo de confort, porque así no me van a pegar o no me van a tirar un gas ni nada de eso (entrevista, 6/8/2019).

Sin perjuicio de estos hechos de violencia y represión, los/as entrevistados/as rescatan que en la noche hubo manifestaciones y “todo el pueblo salió a apoyar a esa minoría en el Congreso [las personas mayores]… […] Que en realidad no era una minoría, sino que la mayoría del pueblo estaba con la postura de que no se tocará el sistema previsional” (Militante-1 la Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019).

Como dicen algunos de los/as entrevistados/as, este trabajo previo a la reforma de la movilidad jubilatoria les permitió un posicionamiento como FPM bastante fuerte y unificado para resistir a la misma. A su vez, luego de las grandes movilizaciones, para ellos/as el tema de los adultos mayores pasó a ser parte de la agenda pública y también de la agenda al interior de las organizaciones políticas y sindicales, que comenzaron a activar espacios para ellos/ellas. Así describe esta percepción el referente-2 del FAM, agregando también el impacto que tuvo la organización de los/as jubilados/as sobre las propias personas mayores:

A partir del 2017, después de la reforma previsional hubo un cambio bastante grande en la percepción de la sociedad sobre la problemática de los adultos mayores, pero también hubo un cambio de actitud en los adultos mayores de distintos espacios, que se dieron cuenta que teníamos que salir a la calle a tratar de defender lo nuestro. Que no nos sigan avasallando y pensado en ver de qué manera se puede recuperar todos los derechos perdidos (entrevista, 11/7/2019).

A principios de 2018, una vez aprobada la ley que cambia el cálculo de ajuste de los haberes previsionales, el FPM participó de la campaña nacional, impulsada por el Instituto Patria, para la reunión de firmas para el pedido de derogación de la reforma^[38]. Lo que hacía cada organización integrante del Frente era escoger una esquina estratégica, montar una mesa para poner las planillas para que las personas pudieran plasmar su apoyo con sus datos, y se hablaba con la gente que pasaba. Desde la perspectiva de los/as referentes hubo mucho apoyo y la gente, en general, firmaba. Estas firmas, que fueron más de un millón, después fueron entregadas en el Congreso, sin embargo, no tuvo efectos sobre el retroceso en la implementación de la ley en cuestión.

Además de estas actividades muy específicamente centradas en la cuestión de la reforma previsional, el FPM, hasta fines de 2019, mantuvo diferentes formas de acción en resistencia al gobierno Macrista y sus medidas de política pública. Por ejemplo, a fines del año 2018 realizaron una intervención afuera de los Tribunales de Justicia de la Nación en Capital Federal, haciendo un brindis de Navidad a pan y agua, para visibilizar la precarización de las condiciones de vida de las personas mayores provocadas por las medidas de ajuste que el gobierno estaba tomando. En esta oportunidad, hicieron un árbol navideño cuyos adornos eran las facturas de servicios, tales como la luz, el agua y el gas, y cajas de medicamentos, cuyos importantes aumentos eran fruto de dos de las decisiones del gobierno que habían tenido un efecto negativo especialmente fuerte en el sector, a saber, la quita de subsidios públicos a los servicios básicos y la reducción de prestaciones del Pami. En esta oportunidad se gritaron consignas tales como: ¡Salud por la dignidad de los jubilados! ¡Somos trabajadores jubilados, no somos pasivos, por eso estamos en la calle! ¡No dejemos la calle compañeros! ¡Sigamos luchando compañeros! ¡Somos 7 millones!

Durante el año 2019 hicieron cada 15 días volanteadas y concentraciones en oficinas del Pami, de la Anses y en Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, lugares escogidos estratégicamente para movilizarse, en tanto tenían más posibilidades de encontrarse con personas adultas mayores interesadas en las problemáticas que emergían con la gestión Macrista dentro del sector. Así, por ejemplo, señalan que el Pami era un lugar estratégico en tanto sus prestaciones se habían deteriorado mucho ya que “cada vez hay menos presupuesto del Estado para los remedios que necesitan los jubilados, y ya no les cubren […]. Por otro lado, se han deteriorado, también, las prestaciones de análisis que se dan a través del Pami” (Militante Lxs Irrompibles, entrevista, 6/8/2019).

Otra acción para visibilizar las problemáticas del sector y a su vez mostrar que éste está movilizado frente a las políticas del gobierno, es la participación de los/as militantes del Frente en instancias de debate, foros, actividades que toquen el tema de los adultos/as mayores, siendo esta una oportunidad para intervenir y contar que existen como movimiento organizado de personas mayores. De este modo “si hay algún encuentro político de algún partido, alguna charla sobre algo, nosotros vamos y nos presentamos. Si nos dan la palabra, tomamos la palabra y explicamos la problemática” (Militante-2 la Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019).

Además, como FPM participaron durante todo el período 2015-2019 de otras acciones de protesta que no se relacionaban directamente con las problemáticas que les afectaban como sector, pero sí con las que se identifican políticamente. Entre otras, participaron en manifestaciones por el derecho a la salud de las personas con VIH, la marcha contra el FMI, los paros nacionales contra el gobierno de Mauricio Macri, los ruidazos contra los tarifazos en los servicios de energía producto de la quita de los subsidios, las movilizaciones por la legalización del aborto, por el día de la Memoria, la Verdad y La Justicia de los 24 de marzo, día que se rememora el inicio de la última dictadura cívico-militar, las marchas por los derechos de las mujeres (8M, Ni una Menos, entre otras), etc.

Otra forma de expresar su adhesión o protesta a cuestiones contingentes para lo cual no hay una instancia de movilización, es la realización de comunicados públicos expresando sus posturas respecto de temáticas específicas del sector, o más generales sobre la seguridad social y la democracia, los derechos humanos, cuestiones regionales (como las manifestaciones que ocurrieron en el año 2019 en Ecuador y Chile contra el Neoliberalismo y el golpe de Estado en Bolivia), hechos represivos sobre la sociedad civil llevados a cabo por los gobernantes de la Alianza Cambiemos, por la libertad a los presos políticos y su excarcelación, etc.

Como acción transversal y en todo lugar, señalan los/as entrevistados/as, está el ejercicio de concientización de otros/as adultos/as mayores sobre las problemáticas que los/as afectan, las políticas que los/as perjudican, y la necesidad de participar políticamente por sus derechos. El objetivo final, podríamos decir, es que más personas mayores adhieran y participen del Frente. Esta tarea de convencimiento está dirigida especialmente a quienes no quieren participar por razones políticas, o por desconfianza hacia la oposición a Cambiemos. Cambiar esta percepción requiere de un cambio cultural, donde se comprenda que la temática de la jubilación es un problema que tarde o temprano a todos les va a llegar o en alguna u otra medida les va a afectar. Así, por ejemplo, una de las militantes Jubiladxs en Marcha explica cómo argumenta para convencer a otras personas mayores de unirse a la lucha:

andá y peleá por tus hijos, porque yo tengo un hijo de 26 y no quiero que labure hasta los 80 y que sea monotributista. Entonces vení por tu hijo, aunque sea por tu nieto, por tu sobrino. Porque la reforma esta jode a todo el mundo. Nosotros ya estamos jubilados, que nos hemos jubilado a los 60 y los hombres a los 65. Pero las generaciones que vienen vayan a saber a qué edad se van a jubilar (entrevista 5/7/2019).

Este trabajo de concientización se lo proponen en toda o cualquier instancia donde sea posible, en el banco, en el médico, en la feria, en las escuelas donde las abuelas van a buscar a sus nietos.

Otro de los referentes señala la importancia que ha ido adquiriendo la práctica de empezar a buscar a aquellos que nunca han trabajado con ellos/as, “que es lo que más nos hace falta, no solamente por una cuestión electoral ahora, sino por una cuestión de lo que viene, de si lo van a hacer siempre [el gobierno de cambiemos], vamos a ser siempre la contra” (Militante Ute previsional, entrevista, 7/8/2019). Además de ello, en tanto las personas en actividad no piensan en qué ocurrirá cuando sean mayores, el trabajo de concientización también es con ellas.

Por último, una acción en red que se concretó en el año 2019 fue la participación del Frente en la constitución de la Intersindical de jubildxs y pensionadxs, de la cual participan los jubilados/as y pensionados/as de la Corriente Federal adheridos a la CGT, Jubiladxs ATE Verde y Blanca, la Confederación General de Jubilados, la Comisión de Adultos Mayores del Instituto Patria y Centros y Agrupaciones de Jubiladas/as. La Intersindical tiene como objetivo “defender y legitimar nuestra auténtica procedencia que son los sindicatos de origen y desde allí todas las organizaciones y sindicatos saldremos a reclamar por nuestros derechos” (Intersindical de jubiladxs y pensionadxs en lucha, 2019a). Y el objetivo del Frente al participar en la Intersindical es “crear y fortalecer los espacios de Personas Adultas Mayores dentro de los gremios y la posibilidad de articular con otras organizaciones en el exterior” (González, 2020: 277).

Esta Intersindical habría emergido como contrapunto del intento de constituir un “Sindicato de trabajadores pasivos”^[39], instancia que, según todos/as los/as entrevistados/as, sólo tendría un objetivo de lucro de los abogados previsionalistas que lo promovieron, que quieren obtener ganancias de los posteriores juicios que se le pueden hacer al Estado, producto de las reformas impulsadas por el gobierno de Macri. Según lo que nos señalan, además, no es posible “crear” un sindicato de estas características, porque para confirmarlo se tiene que pertenecer a un gremio. Y aunque pudiese alcanzar su legalidad, para la Intersindical, no gozaría de legitimidad, en cuanto no emerge de la lucha de los/as trabajadores y de las personas mayores, como sí lo era su frente de organizaciones sindicales de personas mayores. Junto con ello, rechazan el concepto de “pasivo” en el nombre del Sindicato, señalando

Pasivo, según la real academia española es “la persona que deja obrar a los demás o permanece al margen de una acción o que permanece inactivo dejando que las cosas ocurran sin su intervención”. Admitir ser un Trabajador Pasivo es admitir morirse en vida, es entregarle a un apoderado la administración de nuestros actos y a eso jamás estaremos dispuestos (Intersindical de jubiladxs y pensionadxs en lucha, 2019b)

Sin perjuicio de la importancia de la constitución de esta Intersindical y de la participación del Frente en éste, para los/as integrantes de este último, esta instancia tiene que ver más con la defensa de los derechos sectoriales de los/as jubilados/as que pertenecen a ciertas ramas de actividad, que con la defensa de los derechos de las personas mayores en general. En consecuencia, tendría mayor interés en resguardar los derechos de los sistemas de privilegios que tienen mejores prestaciones que el sector público. Otra crítica que enarbola los/as entrevistados/as, es el hecho de que los dirigentes de la Intersindical no se reconocen como jubilados/as, ya que hablan de ellos/as en tercera persona, pese a que lo son, y que el hecho de que participe una mujer, la Negra Fernández de Jubiladxs de Ate Verde y Blanca, es resultado de la puja del Frente por la igualdad de género dentro de la organización. Sin perjuicio de lo anterior, uno de los militantes de Ute Previsional señala que la Intersindical permitió darles más visibilidad y apoyo a las problemáticas de los/as adultos/as mayores.

Estas acciones realizadas por el Frente les permitieron visibilizar su resistencia a las políticas previsionales del gobierno, y la defensa de sus derechos humanos y como personas mayores. Ahora bien, y como veremos en el próximo capítulo, estas acciones representaron también una denuncia y ejemplo contra fáctico de la imagen que la sociedad y la clase política tiene sobre las personas mayores. Lo anterior, nuevamente, está intrínsecamente relacionado con los objetivos y exigencias del FPM, y que se puede resumir con una de las premisas que aparece en la propia declaración del Acta de constitución y compromiso: “No nos consideramos una clase pasiva” (s/fa), queremos ser reconocidos como sujetos políticos.

La lucha por la representación de las personas mayores

Como señalamos anteriormente, entre los objetivos del Frente se encuentra la defensa de los derechos humanos en general y de los derechos de las personas mayores en particular. Según la perspectiva de sus militantes, entre estos derechos están aquellos que permiten garantizar la supervivencia y condiciones de vida plena en cuanto a satisfacciones de bienes y servicios. Y están aquellos que tienen que ver con ser reconocidos como sujetos políticos y participar de las instancias de toma de decisiones relativas al sector, ya que consideran que no hay nadie que los represente actualmente.

De hecho, el Frente emerge de constatar una ausencia de representación del sector, consecuencia de una clase política que no defiende ni vela por sus intereses y la garantía de sus derechos. Para ellos/as todas las políticas públicas que se han implementado y que los/as han afectado durante el gobierno de Macri, dan muestra de que la clase política que se supone actúa en representación de los/as adultos/as mayores, no los defiende ni vela por sus intereses ni por garantizar sus derechos. Por ello, concluyen que, tanto en el Congreso como en los espacios de toma de decisión existentes para responder por sus intereses y derechos, no tienen quiénes los/as representen.

Así, por ejemplo, uno de los espacios donde faltan instancias de representación para las personas mayores es en los gremios. Los/as militantes del Frente con experiencia sindical identifican una invisibilización de los jubilados/as al interior de los sindicatos, ya sea porque no existen los espacios para que sigan participando como trabajadores/as jubilados/as, ya que al no ser trabajadores en actividad no pueden participar en instancias de decisión de cuestiones que les afectan, sea porque priman las problemáticas de los asociados activos. Sobre este último punto, uno de los entrevistados perteneciente a Ute Previsional dice:

También en algunos casos la cuestión previsional [queda] muy oculta por la problemática de los activos, porque vos ves, ¿en qué está ATE con los jubilados? Tenés a la Negra Fernández, que es una tipa, un capo en eso, pero así en los hechos concretos puede quedar un poco diluido, porque lo que más se ve en ATE y la CTA es la lucha gremial… entonces, a los gremios les pasa eso (entrevista, 7/8/2019).

Una de las militantes de Jubiladxs en Marcha se refiere a esta cuestión cuando relata las causas de la creación del Sindicato de los Trabajadores Pasivos, las cuales estarían relacionadas precisamente con la falta de instancias para resolver las problemáticas de las personas mayores al interior de los sindicatos. En sus palabras:

esto pasó porque la mayoría de los sindicatos cuando se jubilaban no tenían un espacio más en el sindicato, entonces no se abría una subsecretaría de jubilados, una secretaría de jubilados, una… algo, una delegación de jubilación, algo que los contenga, porque, en realidad, estuvieron aportando cuarenta años de su vida y, después, besos en la frente y adiós, que te vaya bien (entrevista 5/8/2019).

Incluso, relata una de las referentes, en el caso de ATE, los trabajadores cuando se jubilan dejan de estar afiliados al sindicato, cuestión que también es para quienes lo viven una situación muy dolorosa, porque se deja de pertenecer a un espacio que durante mucho tiempo fue parte importante de sus vidas (Militante Centro de Jubilados y Pensionados ATE, entrevista, 22/8/2019).

Por otra parte, desde el Frente identifican una inactividad y falta de representatividad en los espacios de participación existentes para los/as adultos mayores en Pami y Anses^[40]. Sobre esto, una de las referentes del FAM señala que los 2 jubilados que son parte de la directiva de Pami (por ley) son dos personas “que nadie conoce. Nunca sabemos que es lo que llevan, entonces están ahí para que digan: ‘Hay dos jubilados’” (Referente-1, entrevista, 8/6/2019).

Esta cuestión de la falta de representación es concluida por los/as entrevistados/as a partir del hecho de que quienes ocupan esos espacios de representación no hicieron algo frente a la aprobación de las reformas previsionales que los perjudicaron. Reproducimos lo dicho por una de las militantes de La Tercera en Lucha:

en la representación del Pami y del Anses teóricamente, hay representación de los jubilados, lo que pasa es que esa representación, son gente que están hace 1500 años en el cargo, que es la representación de la representación, así que no representan a nadie y no hacen nada porque si vos estás en el Pami o en el Anses o yo me voy, o prendo fuego, pero no puedo estar ahí 20 años viendo todo lo que veo y no hacer nada (Militante-2, entrevista, 28/5/2019).

Desde un análisis crítico sobre las organizaciones de jubilados/as que tienen legalmente el derecho a participar de las instancias de toma de decisión de Pami y Anses, uno de los entrevistados nos señala que hoy no cumplen ninguna función, estando inactiva, por ende, la función de la representación de los/as jubilados/as. En sus palabras:

Ahora, la representatividad de los jubilados, ¿quién la tiene? Ahora, hay entidades, hay una entidad que es la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, que maneja Carlos Valle, lo habrás sentido nombrar. Es un luchador de muchos años, esa Confederación hoy está vacía de contenido. Es como esas fundaciones que persisten porque las siguen inscribiendo pero que no cumplen ninguna función (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019).

Por último, la falta de representación e inactividad política de quienes ocupan estos espacios es para uno de los entrevistados consecuencia de que son cargos intervenidos políticamente por los gobiernos, y por tanto velan por esos intereses y no los de los jubilados.

En consecuencia, lo que se quiere es resignificar estos espacios, ver la forma de entrar, para que, si nuevamente quieren ir contra las personas mayores, los/as representantes hagan algo por evitarlo (Militante Lxs irrompibles, entrevista, 6/8/2019). Es por ello que una de las exigencias y luchas del Frente es disputar este y otros espacios de poder donde se toman las decisiones relativas a los adultos mayores y, por ende, tener participación e incidencia en las políticas públicas que les competen. Esto es también otro aspecto del carácter político con que quieren ser vistos los/las adultos/as mayores del Frente en los espacios ya existentes para ello. En este sentido, expresan que lo que se quiere es

dirigir el Pami, que los jubilados dirijan el Pami. Para eso tenemos que conformarnos todos y que de ahí salga el mejor, el que esté más preparado. Y recuperar todas las funciones en beneficio de los jubilados, porque el Pami es de los jubilados (Referente-1 FAM, entrevista, 8/6/2019).

Esto significa para los/as militantes del Frente romper con un paradigma, como venimos señalando, porque la jubilación no significa que

vos te fuiste de la vida. Estamos luchando también por esto, por un problema de representación. Queremos ser nosotros los que estamos en los lugares de la representatividad. No que nos represente otro. Nosotros queremos estar en esos lugares, qué son el Pami, el Anses, las asesorías y lugares de decisión en los gobiernos municipales, provinciales y en los nacionales. En las defensorías. (Militante-2 La Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019)

En opinión de los/as entrevistados/as esta falta de representación también la observan en que muchos/as de quienes cumplen este rol, son personas mayores, pero no se reconocen como tales, replicando una concepción estigmatizadora de ellos/as –y que revisaremos en el próximo apartado–. Esto se ve reflejado en que ellos/as hablan de las personas mayores en tercera persona, no identificándose como parte de ese grupo. Así, por ejemplo, lo expresa una de las militantes de La Tercera en Lucha:

Un viejo pobre es un viejo y es una carga. El viejo rico, parece que no es viejo. Y el viejo que está en un lugar de poder, no se reconoce ni siquiera él como viejo. Vos vas a la cámara de diputados y de senadores, decime cuántas personas de más de 60 años hay ¿Y para quiénes legislan? Y cuando hablan, hablan de los abuelitos, “pobres los abuelitos”. Se ponen afuera del sector (Militante-1 entrevista, 28/5/2019).

En relación a este diagnóstico es que otra de las entrevistadas señala la necesidad de que en dichos espacios estén presentes personas mayores que se reconozcan como tales, asegurando con ello la defensa de sus derechos. En sus propias palabras:

creo que en todos los lugares de poder, ya sea ministerios, lugares de legislaturas, tiene que haber una voz de un jubilado, […] porque muchas veces, lo que hemos notado, es, que de muy buena fe, no, no digo otra cosa, de muy buena fe, muchos sindicalistas, diputados, senadores, gente especialista, técnicos, que son adultos mayores, hablan como si no lo fueran… si hablás como si no sos, no sos, ¿no?, este… y, digamos, hay una distancia, ponen una distancia (Referente-2 Jubiladxs en Marcha, entrevista, 5/8/2019).

De ello se desprende entonces la necesidad de unirse y articularse para representarse, para que nadie hable por el sector, para defender sus intereses y derechos, y, en definitiva, luchar para ser vistos como sujetos políticos.

En esta línea, el Frente espera poder tener otro tipo de rol en el nuevo gobierno de los Fernández, para que “el próximo gobierno escuche directamente a los jubilados. Como conjunto. […]. Pero directamente el trato visibilizado con el jubilado, no que sea por intermedio de un diputado tal” (Referente-1 FAM, entrevista, 8/6/2019).

Para el Frente este carácter colectivo y directo que tiene que tener la representación de las personas mayores en el próximo gobierno, es muy importante ya que varios coinciden en que fue algo que les faltó trabajar en el gobierno de los Kirchner, tratar las problemáticas de los jubilados de manera colectiva para la totalidad de los adultos mayores, y no individualmente en base a los contactos que una u otro podía tener.

Sobre la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores

Otro de los aspectos de la lucha por la defensa de los derechos políticos de las personas mayores, es revertir el lugar que la sociedad les ha asignado de manera hegemónica, y a la vez visibilizar que hay otras formas de habitar el ser adulto/a mayor.

Este lugar que se le asigna a las personas mayores en la sociedad y con el cual el Frente muestra total disconformidad, es el que los identifica con las categorías de “pasivos/as”, “abuelos/as” y/o “pobres abuelitos/as”, forma muy común para referirse al sector en la cultura imperante. La crítica a estas categorías por parte de los/as militantes del Frente, es que estos conceptos, en primer lugar, no representan a todas las personas mayores –no todos/as son abuelos/as, pasivos/as, pobres–. En segundo lugar, tienen una fuerte carga estigmatizadora y de denigración, y en tercer lugar les niega el derecho de ser sujetos políticos, con voz y participación en las decisiones que les competen.

Por ello, estos calificativos son firmemente rechazados por quienes participan del Frente, cuestión que aparece frecuentemente en las entrevistas, ya que, a contrario sensus de este imaginario social y cultural sobre los adultos mayores, hay un sector de ellos movilizados e interesados, no sólo en mejorar las condiciones de vida de todo el sector, sino que también en dar lugar a una nueva concepción del/la jubilado/a, que existe, que es activo, y que está en la calle luchando por sus intereses. En este sentido, uno de los militantes del Frente dice que le “gusta ser protagonista, no espectador, y creo que con Diego eso lo tenemos en claro y todos los compañeros del Frente de Personas Mayores lo tienen claro, no quieren ser espectadores, queremos ser protagonistas” (Militante Lxs irrompibles, entrevista, 6/8/2019).

Sobre estas formas de nominar a las personas mayores, hay diversas interpretaciones que es importante reseñar. Por ejemplo, una de las militantes de ATE, critica el ser llamados “abuelos” pues no es el lugar que quieren ocupar en la sociedad. Por el contrario, quieren ser reconocidos como trabajadores jubilados, activos y pensantes, con incidencia en las políticas públicas. En sus palabras:

nosotros queremos tener un lugar de trabajadores jubilados, no un lugar de abuelos, como nos llaman ahora, ahora de nuevo, hace cosa del último mes: “los pobres abuelitos”. ¡No! ¡yo soy abuela de mis nietos, no soy abuela de nadie más! Somos activos, pensamos, queremos tener incidencia básicamente en lo que es el desarrollo en las políticas públicas (Militante Centro de Jubilados y Pensionados ATE, entrevista, 22/8/2019).

Otra de las entrevistadas, refiriéndose a cómo son presentadas las personas mayores en la televisión, critica la imagen de jubilados llorando por las consecuencias de las políticas previsionales del Macrismo. Esto, pues como ella señala, si bien es una realidad, no es la única reacción de las personas mayores frente al contexto político. Por el contrario, quienes componen el Frente reaccionan con la militancia y la acción a este escenario. En sus palabras:

Yo sé que hay una lectura que intenta hacer eso, entonces, cuando hablan de los jubilados a veces protestábamos nosotros, porque nos presentan como los viejitos que lloran ¡Y no!, tenemos atrás toda una experiencia de trabajo, de militancia, de defensa de los derechos, y bueno, y eso lo expresamos en todas las actividades (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

En este sentido, los medios de comunicación presentan al sector sólo desde la lástima o marcando sus carencias materiales. Como señala una de las militantes de Jubiladxs en Marcha (entrevista 5/8/2019), lo que se quiere es “la diagramación del jubilado con bastoncito, dando lástima, llevando los, este, los recibos de sueldo, llevando los recibos de la luz”. Pero para quienes integran el Frente esta representación mediática invisibiliza a aquella porción de los/as adultos/as mayores que están luchando en la calle por sus derechos y por ser reconocidos como sujetos políticos. Incluso, señala una de las entrevistadas, no los invitan mucho a participar de los medios de comunicación. En sus palabras:

• Referente de Jubiladxs de Ate: a nosotros no nos invitan mucho a los programas que llaman para ir a jubilados, y yo que soy tan simpática, lo primero que les pregunto es para qué… “no, porque queremos el tema del gas”, “no, disculpame, yo voy con todo gusto, les voy a contar en qué estamos, pero de ninguna manera voy a ir a mostrar mi factura del gas”.
• Verónica: y ahí inmediatamente…
• Referente Ate Jubiladxs: no te llaman, nadie, no les interesa, no es de lo que quieren hablar (entrevista, 22/8/2019).

Sin perjuicio de este intento por invisibilizar a los/as trabajadores/as jubilados/as movilizados/as, la misma referente recién citada señala que “los viejos que estamos en la calle hoy, somos interesantemente más que los que arrancamos hace tres años y no solamente en capital, eh. […], pero de esto no se habla” (entrevista, 22/8/2019).

Por su parte, en la siguiente cita, una de las referentes explica cuáles son los perjuicios de ser identificados como abuelos o “pobrecitos”, a partir de la distinción entre el rol de abuelo y el rol de adulto mayor como sujeto político y de derechos. También señala la necesidad de trabajar para que lo anterior se entienda en la sociedad. En sus propias palabras:

la imagen que dan de los adultos mayores, generalmente es esa, ¿no?, “pobrecito” y el tema de los abuelos, abuelos, que, en realidad, nos sacan del rol, del eje de sujetos políticos, de sujetos con derechos. Porque primero que abuelos no son todos, y segundo los abuelos son abuelos de sus nietos, es un rol familiar, no es un rol político […]. Hay que trabajar mucho sobre esto en la sociedad. […] Los que estamos activos, los que tenemos conciencia de sujeto político nos gustaría que llamaran abuelos a los que son abuelos, por ejemplo, pero no la presentación como “los abuelos”, “a los abuelos les bajaron la jubilación” (Militante-2 Jubiladxs en Marcha, entrevista 5/8/2019).

Pelean pues por un cambio de paradigma que implica dejar el término “abuelo” para referirse a los/as adultos/as mayores, ya que éste señala sólo un aspecto de la vida: el rol biológico de ser abuelo/a de un nieto/a. Pero, además, invisibiliza a todos/as los/as adultos/as mayores que no son abuelos y a toda un área de la vida que está asociada a la actividad política.

Junto con estas formas de invisibilización del/a adulto/a mayor como sujeto político en la sociedad, la referencia como “abuelito” conlleva la negación del sector como personas sexuadas. Está esta idea instalada de que “los abuelitos no tienen relaciones sexuales”, es decir, se les niega como personas que también tienen derecho al deseo, al placer y a la diversidad sexual. Así, por ejemplo, en una reunión expositiva sobre las problemáticas del sector uno de los referentes del Centro de Jubiladxs y Pensionados de ATE señalaba que esta invisibilización de los derechos sexuales de los/as adultos/as mayores, el asumir que no tienen relaciones sexuales, tenía como consecuencia, por ejemplo, la detección tardía de VIH. En cuanto a la diversidad sexual, también es una cuestión que ha sido incorporada en las temáticas del Frente, así también las discusiones sobre el feminismo y el rol de las mujeres, de los varones y disidencias en la sociedad en esta etapa de la vida.

La connotación negativa que tiene la sociedad para referirse a sus adultos/as mayores termina repercutiendo en su subjetividad. De hecho, una de las cuestiones que los integrantes del Frente de Personas Mayores reconocen durante la entrevista es que es muy difícil empezar a reconocerse en esa franja etaria. Esta cuestión la ven incluso al interior de sus grupos de militancia. Por ejemplo, uno de los referentes del FAM describe cómo gran parte de las personas mayores de 60 años que militan en diversas organizaciones no se reconocen como parte del sector. En sus palabras:

O sea, porque hay otro problema, hay una gran cantidad de adultos mayores, personas de más de 60 años que militan en distintas organizaciones políticas, pero no se reconocen como, aunque es jubilado, no se reconoce como jubilado, es el otro estigma. […]. Lo que pasa es que existen un montón de prejuicios, y los propios, de reconocerse como adulto (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019).

Desde otra perspectiva, una de las entrevistadas ahonda en las dificultades para reconocerse como adulto/a mayor, sobre todo por la fuerte estigmatización que hay del sector en la sociedad, incluso desde personajes públicos conocidos. Reproducimos, a continuación, este argumento en las palabras de la referente:

Había como cierta vergüenza yo digo a reconocer, y sí, es una sociedad donde el viejo está pensado como algo de descarte, y bueno, basta pensar que es lo que dijo Cristine Lagarde, “el problema es que viven mucho” ¿No? Digo, ser viejo es como ser pobre prácticamente, estamos en un lugar de denigración, entonces, eso es tremendo. Ya uno lo vive mal, digo, las chicas dicen “hay me dijeron señora ¡que horror!”, la primera vez que te dicen señora una se siente vieja de golpe, qué te digo cuando empezás a tener las canas y eso… […] por eso yo digo, es una lucha reivindicativa no solamente económica, sino también cultural (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

Por ello, como señalan sus militantes, el Frente convoca a salir del “viejismo”, porque mucha gente que tiene la edad de una persona mayor se instala ahí y no puede salir. En cambio, el Frente quiere “ir y romper con ese paradigma y decir: ‘bueno hay otro sector de adultos mayores y de adultas mayores que vamos a estar presentes, que nos vamos a visibilizar y que invitamos a todos y todas a que se visibilicen y nos visibilicemos de la misma manera’” (Militante-1 La Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019).

Algunas/os referentes ven también en las conceptualizaciones hegemonícas sobre las personas mayores un interés por neutralizar la defensa de los fondos previsionales de los/as jubilados/as, al ser un sector bastante numeroso de la población. En efecto, señala una de las entrevistadas, si fueran considerados/as sujetos políticos, no sería tan habitual que gobiernos neoliberales “metan la mano” en los fondos previsionales para beneficios propios y en perjuicio de sus propietarios (Militante-2 la Tercera en Lucha, entrevista, 28/5/2019). En sus palabras:

Somos un sector que, en general, toda la vida se los considera como un sector pasivo. Como que uno se jubila y se va a la casa. Esto pienso que puede ser que es una naturalización cultural, y además hay muchos intereses para que esto sea así. Porque nosotros somos millones, mucha cantidad de gente. Entonces imagínate vos, vamos a hacer un supuesto, pero no es en lo que estamos pensando, “el partido de los jubilados”, por decirte algo, y somos 4 y pico de millones de personas. Entonces alrededor de eso se mueve mucha plata en este sistema.

Otro de los militantes del Frente observa esta cuestión de la invisibilización de las personas mayores como sujetos políticos en el funcionamiento de los centros de jubilados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son espacios donde no se puede hablar de política, y donde el fin de las reuniones es la entretención, la capacitación o la atención de algunos servicios de salud primaria.

El particular carácter apolítico de estos centros es visto por algunos/as referentes como un esfuerzo del gobierno de la Ciudad, comandado por el Pro^[41], de cooptar^[42] este numeroso sector de la población, por medio de la provisión de recursos para el entretenimiento y la salud, para así despolitizar estos espacios de reunión. Sobre esta cuestión, hay diversas interpretaciones. Por ejemplo, uno de los entrevistados de Lxs Irrompibles, señala que este proceso de a-politización de los Centros de Jubilados de la Ciudad de Buenos Aires tiene una larga data, siendo una de las tareas del Frente revertir esta cuestión. En sus propias palabras señala:

ellos [el gobierno de la ciudad de Cambiemos] hace doce años que están acá, aplicando esta política del neoliberalismo, ha captado y cooptado a muchos, y vos no podés ir a hacer política a esos centros, sus centros son pura y exclusivamente sociales, […]. …no entrás a hacer política… no te digo partidaria, no estoy hablando de hacer política partidaria, sino política, donde empezás a hablar de política, se te dan vuelta y se te van, y eso es uno de las metas y de los pasos que tenemos que seguir como Frente, tratar de revertir eso (entrevista, 6/8/2019).

Como veremos en la siguiente cita, otra de las entrevistadas describe cómo ha sido este proceso de cooptación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007, a través de la facilitación progresiva de diversos servicios para los adultos mayores. Esta cuestión la interpreta como un interés político del Gobierno local que ha dado buenos resultados, en tanto la mayoría de los/as adultos/as mayores de la Ciudad, como dice a lo largo de la entrevista, votan a Cambiemos:

Entonces, estos centros empezaron a tener, primero, el Pami les acercó desde talleres para la memoria, juegos lúdicos para la tercera edad, actividades físicas, también […] enfermeras que tomaran una vez a la semana la presión, entonces, había políticas públicas direccionadas hacia los centros de jubilados […] desde el 2007. Ahora, hay una coaptación, en realidad, con este nuevo gobierno, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, de los centros de jubilados, coaptación digo esto: “bueno, nos interesa, les bajamos” […]. Digo, un interés político, porque en última instancia es un recurso político y, de hecho, lo han sabido usar bastante bien (Militante Almafuerte, entrevista, 13/8/2019).

Este lugar y formas de representación que les da la sociedad y que se replica en la subjetividad de las personas mayores, es algo que el Frente quiere revertir, puesto que precisamente, ellos se posicionan desde otro lugar que comúnmente se intenta invisibilizar, que es el lugar de sujetos políticos. A continuación, describimos cómo interpretan estas cuestiones los/as militantes del FPM.

Queremos ser reconocidos como sujetos políticos

Como hemos venido señalando, una de las aristas fundamentales de la lucha del Frente es ser reconocidos como sujetos políticos, asegurar su participación en los espacios de poder donde se toman las decisiones relativas a los/as adultos/as mayores y tener participación e intervención en las políticas públicas que les competen. En este sentido, por ejemplo, uno de los militantes de Lxs Irrompibles señala que quienes integran el Frente quieren ser sujetos y no objetos de política, es decir, ser partícipes del diseño de las mismas. En sus palabras:

y ahora por lo que estamos luchando, y sobre todo adentro del Frente, es para encontrar espacios de poderes para darnos nosotros, como te dije antes, ser sujetos, no objetos de política, sino sujetos políticos, […] poder desarrollar políticas, implementar políticas, pero no que nos bajen de arriba la línea, sino políticas que consensuemos como adultos mayores (entrevista, 6/8/2019).

El Frente también plantea otras formas de participación política y de influir en las decisiones sobre políticas públicas del sector, como, por ejemplo, la consulta. Así lo describe uno de sus militantes:

pero por lo menos creo que en los ámbitos de discusión, el Senado de la Nación, la cámara de diputados, los legisladores de la ciudad debería haber ámbitos, y no estoy hablando de diputados o cargos rentados, ámbitos, foros de adultos mayores, así como hay foros de mujeres, donde los que vayan a hacer las leyes tengan una visión, o un panorama de primera mano de los afectados (Referente-2 FAM, entrevista, 11/7/2019).

Como señala una de las entrevistadas, esto es posible en tanto si los/as adultos/as mayores tienen “la misma lucidez, la entereza y todo lo demás […] podemos seguir aportando, creciendo, y ayudar a los que vienen atrás” (Militante Centro de Jubilados y Pensionados ATE, entrevista, 22/8/2019). Para ambas cuestiones se autoperciben con el conocimiento y la experiencia necesaria, que les ha dado toda una vida de trabajo, cuestiones que también quieren que sean reconocidas y valoradas.

Una cuestión fundamental para lograr ser reconocidos como sujetos políticos es para todos/as los/as referentes del Frente, que la lucha sea colectiva, porque individualmente “no sirve”. Y, es más, como señala una de las integrantes de la Tercera en Lucha, la pelea individual solo le conviene a los que tienen el poder, que “quieren que estés desarmado, desperdigado, porque no quieren que vos te constituyás como sujeto político, que te plantés, reclamés, mandés, ocupés espacios de poder, porque les quitás el negocio” (Militante-2, entrevista, 28/5/2019). Y así también dice otro de los referentes:

la salvación no es individual, la salvación es colectiva, y la franja etaria nuestra, no nos vamos a salvar individualmente… y no es que sea salvación, sino el bienestar que merecemos y que tendríamos que tener como derecho, lo vamos a lograr en forma colectiva y no en forma individual (Militante Lxs irrompibles, entrevista, 6/8/2019)

Este deseo de participación política, de hablar por sí mismos, de ser protagonistas y no espectadores de aquello que les afecta, es una cuestión que también se piensa en el largo plazo. Es decir, si bien el contexto político de emergencia del Frente ocurre con el gobierno neoliberal de Macri, es también una meta participar política y colectivamente en el próximo gobierno –que en ese momento asumían que era muy probable que ganara la dupla Fernández-Fernández–. Es decir, en un eventual gobierno nacional y popular, los adultos/as mayores del Frente decían que querían ser tomados en cuenta, participar, pero no de manera pasiva. En este sentido, se comprometen a seguir luchando por sus derechos y por ser sus propios representantes, pues, como señala una militante de Jubiladxs en Marcha,

ya nosotros no queremos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque hace tres años y medio que estamos en la calle y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, sabemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir (entrevista 5/8/2019).

En definitiva, como señalaba una de las referentes del Frente,

nosotros como personas mayores nos sentimos primero, trabajadores jubilados, o sea, no hemos perdido nuestra conciencia, nuestro compromiso con el trabajo, y como aspiración máxima cuando empezamos a juntarnos después de jubilados para ver qué hacíamos, pensamos que podíamos ser todos los que somos y dejar un mojón para que la sociedad entienda de que hay vida después del trabajo, viene una etapa muy linda, pero eso requiere calidad de vida, de buenas jubilaciones, etc. (Militante Centro de Jubilados y Pensionados ATE, entrevista, 22/8/2019).

Recapitulación

En este capítulo hemos presentado los procesos de emergencia, resistencia y acción del Frente de Personas Mayores, fruto de la llegada de un gobierno neoliberal al poder, el de Mauricio Macri, y de sus reformas previsionales. Para ello, contextualizamos las luchas del FPM en las problemáticas estructurales del Sistema de Pensiones argentino y las diferentes reformas que se realizaron para solucionarlas, destacando las implementadas por los gobiernos kirchneristas. Luego, describimos los procesos de emergencia, constitución y devenir del Frente, entre 2015 y 2019, incluyendo sus antecedentes, sus objetivos, acciones de resistencia y significados políticos de sus luchas.