Colonialidad del saber, saberes otros y disputa de saberes

El impulso moderno/colonial en la reforma previsional del gobierno de Sebastián Piñera (2018-2019)

El sistema previsional chileno tiene sus bases constitutivas en el proyecto civilizatorio neoliberal instaurado en el Chile dictatorial iniciado en 1973. Desde su implementación en 1981 hasta el cierre del trabajo de campo de esta investigación en octubre de 2019, paulatinamente se fueron visualizando las promesas incumplidas del Sistema de Capitalización Individual (SCI), sobre todo en relación a la cobertura del sistema, la densidad de las cotizaciones y la calidad de las pensiones, significando de manera creciente el paso de la vida laboral a la jubilación, un salto casi directo a la pobreza.

En función de ello, desde el retorno de la democracia en 1990 se realizaron diferentes modificaciones al sistema, manteniendo casi intacta su estructura de ahorro y capitalización individual en el mercado financiero por medio de las AFP, ya que apuntaron a profundizar la capitalización individual, la competencia y la financierización de los ahorros previsionales, manteniéndose vigente la convicción de que los mecanismos más adecuados para otorgar buenas pensiones, a su vez que para mantener la sustentabilidad del sistema y lograr un impacto positivo sobre la economía y el desarrollo del país era mantener la privatización del mismo.

La primera reforma que genera una grieta en la lógica neoliberal del SCI, es en 2008, cuando a partir de una concepción de la jubilación como un derecho y el reconocimiento de que la sola responsabilidad individual no es un factor suficiente para asegurar una pensión digna para la vejez y que es necesario un rol más activo de parte del Estado, se incorpora al sistema un pilar “solidario” financiado por éste, cuyo fin fue asegurar una pensión para el 60% más pobre de la población que no tuviera los ahorros suficientes para obtenerla o que no había hecho aportes durante su vida laboral –estas prestaciones son el Aporte Previsional Solidario y la Pensión Básica Solidaria–.

Pero los limitados alcances de estas reformas para obtener tasas de reemplazo superiores al 85%, como era la promesa inicial del sistema, y para evitar el riesgo de pobreza en la vejez, junto con un creciente rechazo de la ciudadanía al SCI que tiene su momento más álgido en el año 2016 con el caso “jubilazo”, generan que, en el año 2017 y 2018 emerjan desde el ejecutivo dos nuevas propuestas de reformas previsionales. Éstas mantienen la capitalización individual como único sistema de jubilación para los/as trabajadores/as del país, y sobre ese piso, suponen que para mejorar el monto de las pensiones se requiere incrementar el porcentaje de cotización al sistema que es sólo del 10%, lo cual se hará reestableciendo el aporte patronal. La diferencia entre ambas propuestas es que en la de 2017, impulsada por el gobierno de centro izquierda de Bachelet (2015-2018), una parte del ahorro adicional deberá ir a un fondo de reparto, mientras que en la segunda, impulsada por el gobierno de centro derecha de Piñera (2018-2022), que aquí analizaremos, ese ahorro extra deberá ir en su totalidad a cuentas individuales de pensión.

Frente a este escenario, lo que podemos observar es que, si bien durante casi 40 años los diferentes gobiernos han intentado solucionar las problemáticas de las pensiones manteniendo el SCI, habría dos momentos bisagra para un incipiente cuestionamiento a que dicho mecanismo de ahorro sea el único camino para alcanzar buenas pensiones. De hecho, tanto la implementación de un financiamiento público para una parte de las pensiones en 2008, como la propuesta en 2017 para incorporar un componente de reparto en el ahorro apuntarían a un reconocimiento de que el ahorro individual y su capitalización, no lograban por sí solas alcanzar pensiones de calidad.

Sin embargo, la propuesta del gobierno de centro derecha de Piñera sigue apostando por profundizar el SCI para mejorar el monto de las pensiones ¿Cómo es posible legitimar una reforma que propone como único camino para lograr mejores pensiones la mantención de un mecanismo de ahorro, la capitalización individual, cuya implementación ha generado por casi 40 años diversas experiencias que contradicen su capacidad para alcanzar este fin? ¿Cómo legitimar un modelo de jubilación que pareciera traer bienestar y enriquecimiento sólo a los/as dueños de las AFP, y malestares y empobrecimiento a las personas mayores que son los/as supuestos/as destinatarios/as de los beneficios del sistema?

Postulamos que lo anterior es posible, en parte, porque desde sus orígenes el SCI estuvo fundado en la colonialidad del saber y en la concepción neoliberal del individuo como ser actuante, deseante de bienes reales y libre, que luego la reforma previsional de Piñera replicará casi 40 años después en función de sus propias circunstancias históricas, sociales y políticas.

En efecto, como vimos previamente, la transformación de la lógica del reparto y solidaria por la de la capitalización individual en el sistema de jubilación en 1981 se fundamentó en la necesidad de restituir la ley de “sobrevivencia y responsabilidad” de la naturaleza humana que hace al individuo ahorrar en tiempos de abundancia para afrontar los períodos de escasez, ley que era violada en los sistemas de reparto, en cuanto el trabajador no era dueño de sus ahorros y el Estado era quien decidía que se hacía con ellos.

Con la capitalización individual, al restituirse la relación entre aportes y beneficios, se recobrará la ley de la naturaleza antes descrita, en cuanto este mecanismo permitiría desplegar la responsabilidad individual y la libertad sobre el ahorro previsional y la pensión futura. En efecto, el trabajador ahora sería el único responsable y propietario de sus ahorros previsionales y tendría la libertad de incrementar estos ahorros voluntariamente, de escoger dónde iban a ser invertidos los mismos, por medio de la selección de la AFP que le ofreciera mayor rentabilidad al menor costo. Así también, tendría la libertad de elegir cómo se iba a jubilar, si a través de una pensión vitalicia o programada. Y en cuanto el SCI establecía un círculo virtuoso entre ahorros, inversión y activación de la economía del país, tendría el trabajador una influencia directa en el desarrollo nacional y la creación de empleo, que a su vez beneficiaría al sistema.

Esta concepción del individuo coincide con las premisas a priori y universales de la acción humana enarboladas por el neoliberalismo. De hecho, ahorrar en tiempos de abundancia para tener en tiempos de escasez como ley de la naturaleza humana, se puede asociar al carácter teleológico y causal de la acción humana, es decir, la acción se define siempre y en todo lugar por un fin –tener recursos en períodos de escasez– y por el conocimiento del individuo de que puede satisfacer el fin buscado –ahorrar en tiempos de abundancia–.

Por otra parte, la figura del “pequeño propietario” y la constitución de los ahorros previsionales como propiedad privada garantizados por la capitalización individual, también podemos asociarlo a las premisas del neoliberalismo, en cuanto el desarrollo de la naturaleza del ser actuante moderno depende de su conciencia de que puede disponer de los bienes que permitan realizar sus fines. Y, por supuesto, la libertad sobre cómo y cuándo disponer de dichos ahorros, es otra de las características comunes entre la definición de la acción humana enarbolada por el neoliberalismo y la de los defensores de la capitalización individual.

La constitución del/la trabajador/a como motor de la economía y desarrollo del país, coincide con la premisa neoliberal, que asocia al ser actuante, deseante de bienes reales y libre como condición de posibilidad del desarrollo del orden de la economía moderna basada en la competencia y el mercado libre. Así, y tal como afirmaban que el punto de partida del proceso civilizatorio está puesto en la posibilidad de decidir autónomamente acerca de cuál debe ser el empleo de determinados bienes, y disponer de las cosas al gusto del individuo, la capitalización individual y “la cadena de libertades que a partir de ellas se desata”, se constituye en punto de partida para la reactivación de la economía chilena y el camino hacia la modernidad, en cuanto este mecanismo está basado en la posibilidad de acumulación y apropiación de capital de cada trabajador/a, y la libertad que el/la mismo/a tiene para decidir autónomamente acerca de cuál debe ser el empleo de sus ahorros previsionales, invirtiéndolos en la economía chilena según su decisión. Dicha inversión se convierte en capital disponible para que los empresarios hagan su aporte para la generación de empleo de calidad que permita darle mayor sustentabilidad al sistema previsional.

Por último, que esta ley se asocie a la responsabilidad individual, “ya que para afrontar situaciones difíciles hay que estar preparado”, se puede asociar también a la idea neoliberal de que el ser actuante puede elegir cómo se integrará a la sociedad y cómo mejorará su estatus, “pudiendo echarse la culpa sólo a sí mismo por no alcanzarlo”. En este sentido, el SCI es el mecanismo que permite el despliegue de dicha responsabilidad.

En un contexto dictatorial, esta definición del individuo como base del SCI se constituyó como la diferencia colonial que permitió enaltecer a este sistema cómo el único camino para alcanzar buenas pensiones, mediante el ejercicio, no sólo de la violencia epistémica, sino que también de la violencia física^[1], sobre cualquier oposición o propuesta alternativa a ésta u otras decisiones del régimen. Respecto de la violencia epistémica, podemos decir que ésta se ejerció mediante la fundamentación del SCI en principios “neutrales” y “a-priori” sobre la naturaleza humana, volviéndose cualquier propuesta que atentara contra estas leyes “objetivamente” inviables, y, por ende, podía ser deslegitimada y descalificada, no como una cuestión político-ideológica, sino como algo objetivo y verdadero. E, incluso, como señalara José Piñera, la capitalización individual permitiría un “golpe mortal a la politización de la vida social y al marxismo”. De este modo, a partir de la ley de la naturaleza humana que está a la base del SCI, se dijo que el reparto la violaba, pues el Estado o un tercero –las cajas previsionales– administraban y decidían sobre los ahorros previsionales de los/as trabajadores/as, a partir de leyes discrecionales que beneficiaban solo a unos pocos. En consecuencia, el/la trabajador/a no era dueño/a de sus ahorros, ni su manejo era fruto de sus decisiones libres, sino resultado de las resoluciones del poder político y su burocracia. En cambio, el SCI aseguraba la libertad y propiedad de los/as trabajadores/as, evitando los “cautiverios previsionales” signados por “planificadores estatales”.

Con el pasar de los años, estos fundamentos basados en una supuesta ley de la naturaleza humana se fueron constituyendo en sentido común de la sociedad, siendo la responsabilidad individual y el esfuerzo de los/as trabajadores/as elementos nucleares e imperativos tanto para el ahorro previsional como para el crecimiento de la economía del país. Esto habría permitido justificar la reproducción del SCI como único camino para una buena pensión y para alcanzar el desarrollo, pese a sus insuficientes resultados y contradicciones. A su vez, habría permitido cuestionar las propuestas alternativas al SCI, al ser consideradas obstrucciones al despliegue de la naturaleza libre y responsable del individuo y al desarrollo de la economía. Por último, habría posibilitado afirmar que la causa de las bajas pensiones radicaba en el actuar del individuo o la falta de competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), y no en el mecanismo de ahorro por medio de la capitalización individual.

En lo que sigue revisamos cómo estas cuestiones se reproducen en la reforma previsional de Piñera, identificando las premisas neoliberales sobre el individuo y que, como hemos señalado, se constituyen como diferencia colonial y violencia epistémica que posibilita, por una parte, impulsar estas transformaciones al sistema de jubilación, invisibilizando que su implementación generará aquello que promete mejorar, y, por otra parte, deslegitimar objetivamente propuestas alternativas.

Fundamentos neoliberales de la reforma previsional del gobierno de Piñera

Dado el contexto de descontento ciudadano con el SCI, la emergencia y visibilidad de las demandas ciudadanas por su eliminación y la constitución de la Coordinadora NO+AFP como interlocutor entre el Estado y la Sociedad civil de dichas demandas, y el envío al Parlamento de una nueva reforma previsional por el gobierno de Bachelet en el año 2017, la incorporación en la agenda del tema de pensiones, para el gobierno de Piñera era ineludible. Fue así como en octubre de 2018, envió al Congreso su propuesta de reforma previsional.

Este proyecto de ley se enmarcó dentro del programa “Adulto Mejor”, y si bien en el mismo se concibió a las personas mayores desde una perspectiva amplia, integral y de derecho, al hablar de las cuestiones relativas a mejorar el monto de las pensiones por medio de cambios al sistema previsional, esta perspectiva se modifica acercándose a la definición de individuo que revisamos en el apartado anterior.

Este programa parte de la problemática del envejecimiento como un fenómeno global, que está comenzando a afectar a Chile y que significa que mientras la esperanza de vida aumenta, hay una escasa renovación generacional. Así, la esperanza de vida es de 80,2 años para el año 2020, y hay 3 millones de personas mayores –en un país de 20 millones de habitantes–, y en algunos años se calcula que serán más que las personas jóvenes del país. Para el gobierno, esto quiere decir que, si convertirse en adulto/a mayor antes era la antesala al otro mundo, en la actualidad significa el inicio de una nueva etapa en la vida, donde dejar de trabajar ya no significa dejar de vivir. Y en este sentido, el adulto mayor quiere

sentirse vivo, sentirse parte, sentirse integrado, sentirse querido, compartir con sus hijos, con sus nietos, y que lo vean como una persona que, si bien ha acumulado experiencia, tiene todavía mucho que aportar (S. Piñera, Discurso para anunciar proyecto de reforma previsional, 2018c).

Pero, dice Piñera, parafraseando a su padre, “en Chile, ser jubilado […] es como que lo están condenando directamente a pasar al otro mundo”, y agrega que “cuando uno está en la tercera edad, le caen los cuatro jinetes del Apocalipsis […] [:] la vejez, que es dura; la enfermedad, la pobreza y la soledad” (S. Piñera, Explicaciones sobre la reforma previsional a adultos mayores, 2018d; Palabras presentación Programa Adulto Mejor, 2018g).

Esta situación en la que quedan las personas mayores al momento de jubilarse no tiene que ver sólo con su ingreso, cuyas pensiones son muy bajas, por cierto, sino con otros factores que impiden mejorar su calidad de vida y que requieren “una nueva cultura de respeto, dignidad, cariño e integración de nuestros adultos mayores a nuestra sociedad” (S. Piñera, Discurso para anunciar proyecto de reforma previsional, 2018c). Por ello, proponen una política de envejecimiento positivo, donde el envejecer se comprenda desde un enfoque de derechos, y a los/as adultos mayores se les considere “personas claves en nuestras sociedades, y [se comprenda el] […] envejecimiento no solamente como el hecho de llegar a cierta edad, sino como una construcción de las sociedades respecto a las maneras de envejecer” (Ministerio de salud; Servicio Nacional del Adulto Mayor, s/f: 3).

En esta línea se propone el programa Adulto Mejor^[2], cuyo objetivo es un nuevo y mejor trato para las personas mayores, erradicando los prejuicios contra la vejez y el maltrato, tanto desde las instituciones como desde las familias. Está basado en un trabajo intersectorial coordinado, y se compone de 4 pilares: saludable, seguro, institucional y participativo.

El pilar saludable facilitará el acceso, oportunidad y calidad en la atención de salud para las personas mayores, para lo cual se aumentarán la cantidad de geriatras^[3], se dará prioridad y facilidad de acceso a los adultos/as mayores en la atención en salud; se implementarán unidades geriátricas de agudos en hospitales regionales^[4]; se implementará el programa “Ríe Mayor”; y se implementará un modelo de salud sociosanitario^[5].

El pilar seguro habilitará beneficios sociales a personas mayores en situación de dependencia y con necesidad de cuidados; aumentará las cotizaciones a cargo del empleador para mejorar las pensiones a largo plazo; complementará las pensiones del sistema de ahorro individual para quienes coticen regularmente, con un plus para las mujeres; y fortalecerá la red de centros de día y de estadías largas para adultos/as mayores con dependencia leve o moderada^[6].

El pilar institucional fortalecerá las instituciones para las personas mayores ya existentes y creará nuevas instancias de apoyo adecuadas a la realidad del envejecimiento del país, como el Consejo Ciudadano para las Personas Mayores^[7], el defensor del adulto mayor^[8] y la ley integral del adulto mayor que estará basada en la política del envejecimiento positivo^[9].

El pilar participativo, potenciará la autonomía de las personas mayores, fortaleciendo sus organizaciones, facilitando la participación laboral^[10] y otorgando mayor financiamiento a sus organizaciones y clubes. También se crearán espacios públicos amigables con ellos/as, construyendo “ciudades amigables” con “más seguridad, mejor transporte público, mejor acceso a los distintos lugares, una ciudad que permita a los adultos mayores disfrutarla, conocerla, quererla” (S. Piñera, Palabras presentación Programa Adulto Mejor, 2018g)^[11].

Este programa permitirá “poner en el lugar que corresponde a los adultos/as mayores”, como parte del compromiso del gobierno de “cuidarlos/as, acompañarlos/as, acogerlos/as, e integrarlos/as de mejor manera a la sociedad” (S. Piñera, Palabras en incendio donde fallecieron 10 mujeres de la tercera edad, 2018f). El gobierno hace un llamado a la sociedad a tratar a los adultos/as mayores como “vamos a querer que nos traten a nosotros en el futuro”, ya que si pensamos así las personas efectivamente podrán disfrutar la jubilación, el júbilo, la edad de oro, porque es un derecho de las personas mayores disfrutar de todo lo que han sembrado a lo largo de la vida, como el amor, el cariño, el compromiso, hijos, nietos y familia. Y este nuevo y mejor trato, es tarea de todos/as los chilenos, del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil.

La reforma previsional impulsada por el gobierno se inserta dentro del pilar seguro del Programa Adulto Mejor, bajo el reconocimiento de que las pensiones en Chile son bajas y que las promesas sobre la tasa de reemplazo de las pensiones no se cumplieron. De hecho, en la fundamentación del Proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones se afirma que, de los 2,8 millones de pensionados,

1,5 millones tienen pensiones tan bajas que necesitan y se benefician del Pilar Solidario, a través de la Pensión Básica Solidaria y a través del Aporte Previsional Solidario. De los beneficiarios de este Pilar Solidario, un 62% son mujeres (S. Piñera, Discurso para anunciar proyecto de reforma previsional, 2018c).

Junto con ello se reconoce que “la gente de la tercera edad, nuestros adultos mayores, necesitan, merecen y con urgencia mejores pensiones, para poder tener una vida más plena, una vida más feliz” (S. Piñera, Explicaciones sobre la reforma previsional a adultos mayores, 2018d), y por ello es necesario realizar nuevos cambios al sistema de jubilación, como los que ya se han hecho a lo largo de su existencia y que han permitido mejorar la cobertura y calidad de los beneficios del sistema, pero “garantizando al mismo tiempo su sustentabilidad de largo plazo y sin imponer cargas financieras desmedidas sobre el sector público y la economía del país” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

En este marco, el pilar seguro tiene como objetivo mejorar los ingresos de las personas mayores jubiladas y de quienes se van a jubilar en el futuro, y asistir económicamente a las personas con problemas de dependencia. Para ello, se propone una reforma al sistema de jubilación, manteniendo su constitución en la capitalización individual, pues para el gobierno es un sistema que funciona y que ha tenido importantes logros para el país. Entre otros, su contribución a la reducción de la pobreza en la vejez, que disminuyó del 22.8% en 2006 al 4,5% en el año 2017, gracias a la creación del pilar solidario en el año 2008. Por otra parte, para el gobierno el sistema tiene una gran cobertura tanto en términos de quienes cotizan regularmente (65%), como de quienes reciben pensiones (80%), superior a prácticamente todos los países de Latinoamérica. Los montos de las pensiones son superiores a los estándares internacionales de seguridad social para las personas con carreras laborales completas (78%) (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e). Esto ha sido posible incluso con una tasa de cotización inferior a la del sistema de reparto y a la de la mayoría de los países desarrollados, lo que ha sido posible

por un buen resultado en la gestión de inversiones de los fondos de pensiones. De hecho, la mayor parte del total del fondo de pensiones acumulado en las cuentas individuales de los afiliados corresponde a ganancias de rentabilidad (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

Uno de los principios sobre los que se basa la reforma previsional es “reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e), cuestión que se asegura por medio de la mantención de la capitalización individual y la potenciación de la libertad de elegir dónde el trabajador quiere depositar sus ahorros.

Este esfuerzo individual está referido a la capacidad de ahorro del trabajador para asegurar su ingreso cuando ya no pueda generarlo, conceptualización que se derivaría de la definición neoliberal del individuo como ser actuante, libre y deseante de bienes reales que está a la base del sistema de pensiones chileno: respetar la ley de la naturaleza humana que de manera libre y autónoma lo impele a ahorrar en tiempos de abundancia –carácter causal de la acción–, para tener en tiempos de escasez –carácter teleológico de la acción–. A su vez, la importancia de la defensa de la propiedad privada estaría relacionada con que para que esta ley sea efectiva, el trabajador debe ser consciente de que puede disponer libremente y generar sus ahorros, para satisfacer el fin último de la jubilación: obtener un salario cuando ya no se esté en condiciones de trabajar –carácter deseante de bienes reales y libre de la acción humana–.

Sobre la base de estas premisas, la reforma previsional contempla diferentes medidas para mejorar el monto de las pensiones. Por una parte, se propone un incremento del porcentaje de cotización para la vejez de un 4% a cargo del/la empleador/a en el caso de trabajadores/as dependientes, y en el caso de los/as independientes a cargo del/la trabajador/a. Este incremento se realizará anualmente de manera gradual en ocho oportunidades, para no afectar la capacidad de crear buenos y nuevos empleos, y significará un aumento en las pensiones futuras de un 40%.

Como el gobierno se hace cargo de que el ahorro previsional “pertenece a los trabajadores y, por tanto, reconoce y refuerza ese hecho […] les entrega a los propios trabajadores el derecho a elegir quién va a administrar ese 4% adicional” (S. Piñera, Declaraciones despues de anuncio de reforma previsional, 2018a), y, además, “este derecho es no sólo reconocido, sino también respetado y fortalecido por esta Reforma Previsional” (S. Piñera, Discurso para anunciar proyecto de reforma previsional, 2018c). En efecto, en ella se postula el aumento de las opciones de los/as trabajadores/as para que puedan elegir de manera libre dónde depositar este ahorro adicional, pudiendo ser entregado total o parcialmente a la AFP que ya posee el/la trabajador/a o a otra entidad de administración de planes de ahorros complementarios de pensión. Para este último punto, se podrán crear nuevas instituciones, con o sin retiro de utilidades.

Respetando la libertad, la propiedad privada y la decisión sobre el manejo de los ahorros previsionales, en la reforma se proponen algunas medidas para incrementar el monto de las pensiones potenciando el rol que el Estado tiene actualmente en el sistema a través del financiamiento del pilar solidario. Ahora, este rol no afecta las premisas sobre la libertad del trabajador y el respeto a la propiedad privada, en cuanto esta intervención estatal no afecta el sistema de capitalización individual y, por ende, no tiene injerencia sobre la propiedad y el destino de los ahorros previsionales. Junto con ello, el esfuerzo fiscal está concentrado en los más vulnerables, de manera responsable, de modo tal de asegurar sustentabilidad de largo plazo de los beneficios (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

En este marco, entre otras medidas, la reforma previsional prevé un fortalecimiento del pilar solidario, incrementando progresivamente el monto de la Pensión Básica Solidaria (de un 10% a un 50%) y del Aporte Previsional Solidario (de un 15% a un 70%). Otra modificación es la facilitación en el acceso a este pilar, tanto para aquellas personas de 85 años y más, que tengan pensiones menores a la pensión básica solidaria, como para quienes reciben pensiones del pilar solidario por invalidez, y quieran continuar en el mercado laboral. Además, la reforma contempla la creación de un subsidio solidario –no contributivo y financiado por el Estado a través del pilar solidario– y de un seguro de dependencia –contributivo financiado por el empleador o el cotizante independiente– para los/as adultos/as mayores que sufran una dependencia severa, física o mental, o que no sean autovalentes y requieran un apoyo especial.

Por otra parte, se incorpora un nuevo componente dirigido a la clase media, otorgándole un subsidio al monto de las pensiones para quienes cumplan con una cierta cantidad de años de contribuciones (16 en el caso de las mujeres y 22 en el caso de los varones) y que será creciente en función de los años de cotización, es decir, la clase media va a recibir un aporte adicional del Estado por cada año de cotización por encima de esos límites, poniendo un especial énfasis en la situación de las mujeres, para quienes el aporte estatal será mayor. El objetivo es compensar su menor participación en la fuerza laboral, sus menores salarios y mayores lagunas previsionales, que generan una relación mayormente negativa entre cotizaciones y expectativas de vida. De este modo, las mujeres percibirán un beneficio por pertenecer a la clase media, pero también por el hecho de ser mujer.

Otro de los saberes neoliberales sobre los cuales se basa la reforma previsional del gobierno de Sebastián Piñera es el de considerar al ser actuante, deseante de bienes reales y libre como condición de posibilidad de la economía de mercado. Esto lo podemos ver en el reconocimiento del gobierno de que el SCI, como mecanismo donde se puede desplegar el esfuerzo y la libertad individual de los/as trabajadores/as, permite y ha permitido la activación de la economía y el desarrollo de Chile. Para el gobierno “el sistema de pensiones por capitalización individual ha tenido un impacto positivo sobre la economía nacional”. De hecho, “distintos estudios (por ejemplo, Corbo y Schmidt-Hebbel, 2003; Fuentes, 2013) concluyen que entre el 8,5% y el 14,5% del crecimiento económico del país entre los años 1981 y 2011 se explica directamente por el desarrollo del sistema de pensiones” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e). Esto fue posible en tanto el mayor ahorro permitió financiar mayor inversión, lo que generó mayor crecimiento, que ha ido en beneficio de los mismos trabajadores. Pero también la disminución de la tasa de cotización permitió darle mayor eficiencia al mercado laboral. En este sentido,

el positivo aporte del sistema de pensiones al desarrollo económico es de mucha importancia pues, para tener éxito, cualquier sistema previsional requiere de una economía que crezca, que genere empleo y mayores remuneraciones (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

Por ello, otro de los principios de la reforma es “evitar efectos negativos […] sobre el crecimiento económico y la creación de empleos” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e), pues es lo que permite fortalecer el círculo virtuoso de la capitalización individual. Y en este sentido, para la mejora de las pensiones futuras, también se plantea que es de vital importancia “concentrar nuestros esfuerzos en crecer con mayor fuerza, en crear más y mejores empleos, en mejorar los salarios y las oportunidades” (S. Piñera, Discurso para anunciar proyecto de reforma previsional, 2018c). Esta cuestión sería fundamental para potenciar otro de los principios de la acción humana neoliberal: la responsabilidad individual como eje de inserción en la sociedad y de asegurar el futuro previsional, de modo tal de mantener o cambiar de estatus de manera positiva.

En consecuencia, la reforma previsional contemplaría no sólo el respeto por la libertad y la propiedad privada y la potenciación de la responsabilidad del individuo, sino que también el impacto de dichas cuestiones en el desarrollo del país, siendo la respuesta a esta garantía nuevamente la capitalización individual. A su vez, como el mercado de las AFP juega un rol central en el desarrollo del país, en cuanto son las administradoras las encargadas de invertir en diferentes fondos los ahorros previsionales, que servirán de capital para nuevas inversiones en la economía, otra serie de medidas contempladas en la reforma tienen que ver con mejorar las pensiones futuras, no sólo como resultado del esfuerzo individual, sino también con la mejora de la competencia entre las AFP. Así, se delinean medidas para mejorar la información y educación previsional de los usuarios del sistema y facilitar el cambio de los afiliados entre las AFP, de modo tal de que las administradoras mejoren sus prestaciones al menor costo posible, es decir, incrementen los fondos acumulados con menos costos, y compitan entre sí para ser elegidas por los usuarios. También se contemplan medidas para fortalecer la fiscalización del sistema previsional (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

A continuación, analizaremos cómo las conceptualizaciones neoliberales sobre la acción humana que están a la base de estas reformas se constituyen como la diferencia colonial que permitirá legitimar esta propuesta por sobre otras alternativas existentes a la capitalización individual, pese a que este mecanismo ha dado basta cuenta de su incapacidad para dar buenas pensiones.

Impulso moderno/colonial de la reforma

Como vimos en el apartado anterior, la reforma previsional de Piñera se fundamentaría en una concepción del individuo asociada al ser actuante, deseante de bienes reales y libre, en cuanto el rol central de la SCI es potenciar la ley de la naturaleza humana que impele al trabajador a esforzarse por ahorrar “en tiempos de abundancia” –carácter teleológico de la acción humana–, para tener recursos “en tiempo de escasez” –carácter causal de la acción humana–, es decir, una vez que se jubila. A su vez, la propiedad privada sobre dichos fondos y la libertad para usar y disponer de los mismos también se asociarían a la idea de que para poder reestablecer la ley de la naturaleza humana sobre la que se fundamenta la capitalización individual, el trabajador debe ser consciente de que aquello que ahorra para completar un salario definido es suyo, y dependerá de su capacidad de acumulación, la satisfacción que pueda alcanzar cuando jubila –carácter deseante de bienes reales y libre de la acción humana–. En este sentido, la capitalización individual es también un mecanismo que permite potenciar la responsabilidad individual, permitiendo que el/la trabajador/a escoja libremente cómo se insertará a la sociedad y cambiará su estatus. Por último, esta figura del individuo potenciada en el SCI es condición de posibilidad del desarrollo y activación de la economía chilena, al ser sus ahorros previsionales los que potencian las inversiones que permiten la creación de empleo de calidad.

Lo que planteamos aquí es que la lógica modernidad/colonialidad con que es impulsada esta reforma permite legitimarla en cuanto la misma se fundamenta en una concepción del individuo con la capacidad de constituirse, de manera objetiva y neutral, como la forma normal de la experiencia humana. Y, en consecuencia, el SCI es el mejor y único camino para alcanzar el bienestar de las personas mayores en cuanto permite desplegar dicha experiencia, al respetar y fortalecer la ley de la naturaleza humana que le permite ahorrar en tiempos de abundancia para tener en tiempos de escasez.

En función de ello, el proyecto previsional del gobierno se presenta objetivamente como el único camino para mejorar las pensiones, y, por ende, como una reforma neutralizada de “intereses políticos o revanchistas en contra de los partidos de la oposición”, pues lo que realmente “les interesa es el bienestar de las personas mayores”. Como muestra de ello, el gobierno señala que para elaborar la reforma se consideraron

los diagnósticos y propuestas realizadas por distintos grupos técnicos convocados por nuestro Gobierno, así como por gobiernos anteriores y las propuestas de reforma presentadas al Congreso Nacional durante el gobierno anterior (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

En este sentido, el proyecto previsional se presenta también como parte de un gobierno dialoguista que apuesta a la “cultura de los acuerdos y de la colaboración”, y que quiere dejar la “lucha fratricida entre compatriotas”, la idea de que gobierno y oposición tienen como misión “destruirse mutuamente”, “confrontarse”, pasar por encima de las voluntades de todos aquellos que no piensan como uno, ya que esta actitud sólo pone en peligro la estabilidad económica y social del país (S. Piñera, Discurso desde los balcones del Palacio de La Moneda, 2018b).

Sobre la base de estas cuestiones, el gobierno deslegitimó las objeciones a su propuesta y los saberes e ideas alternativas para mejorar las pensiones. Así, por ejemplo, la demora de los parlamentarios para tramitar el proyecto de ley en el Congreso^[12], fue interpretada como una actitud obstruccionista de la oposición que se niega a “poner por encima de las diferencias y en primer lugar los problemas, sueños y anhelos de nuestro país, particularmente de la clase media y de los adultos mayores” (Pérez, 2019). Por ello, el gobierno hace un llamado a pensar en las personas adultas mayores, a no darles la espalda, porque ellas requieren mejores ingresos y no pueden seguir esperando, y cada día en que se retrasa la aprobación de la ley es

un día más de espera para 2,6 millones de hombres y mujeres chilenas que dedicaron su vida al trabajo y que hoy en la tercera edad tienen derecho a una tercera edad con más tranquilidad, con más oportunidades, con mejores pensiones, con más dignidad y con mayor bienestar (S. Piñera, Explicaciones sobre los beneficios de la reforma previsional, 2019c).

Durante la discusión parlamentaria, una de las cuestiones que se le discutió al gobierno fue que el incremento del 4% en las cotizaciones fuera destinado a las cuentas de capitalización individual, pues este mecanismo era precisamente el causante de las bajas pensiones, señalándose que no debía ir un peso más a las AFP. La respuesta del gobierno fue en línea con los fundamentos del SCI, en tanto se señaló que nadie tenía el “derecho a meter mano en algo que les pertenece” a los/as trabajadores y que creían “que los trabajadores deben tener la mayor cantidad de opciones posibles para elegir” y esos eran dos principios que habían planteado claramente en su proyecto de gobierno (S. Piñera, Entrevista, 2019b). Por otra parte, les extrañaba que, frente a un avance tan significativo en materia de pensiones, como es pasar de un 10% de cotización a un 14%, algunas personas en vez de apreciar que se va en la dirección correcta, sólo se preocupan de lo que falta en la reforma.

Durante la discusión parlamentaria del proyecto, una parte de la clase política, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en rechazo a la reforma previsional, con 4 grandes marchas ciudadanas nacionales entre 2018 y 2019, convocadas por la Coordinadora No+AFP. Como ya señalamos, junto con ello, en 2019, se realizó la entrega en el Parlamento, con la adhesión de la sociedad civil y de algunos políticos, de la Iniciativa Popular de Ley elaborada por la Coordinadora, una propuesta legislativa para instaurar un nuevo Sistema de Pensiones público, solidario, de reparto y de financiamiento tripartito. También este movimiento llevó a cabo la “estrategia jurídica”, la cual era el pedido de los/as jubilados/as a las AFP de la entrega de sus ahorros previsionales, cuya negativa sirvió para cuestionar la defensa irrestricta del gobierno de la propiedad privada de los ahorros previsionales garantizada por la capitalización individual.

Este rechazo ciudadano y las propuestas alternativas para mejorar el monto de las pensiones fueron interpretadas por el gobierno, como “intentos refundacionales”, como “la voluntad de partir de cero”, de cierta parte de la clase política y de la sociedad civil, que no entiende que los países progresan con “el aporte de todos” y gracias a un equilibrio entre cambio y continuidad (S. Piñera, Primera Cuenta Pública, 2018h). Además, el sistema de reparto era para el gobierno una alternativa inviable, que terminó porque no podía sobrevivir, porque estaba quebrado, era discrecional, siendo premiados de forma absurda “unos pocos, los poderosos”, mientras se “castigaba a la inmensa mayoría”. Por ende, se cambió un sistema que “no podía sobrevivir” por el sistema de capitalización individual, un sistema que, en sus 30 años de vigencia, según el propio presidente, no había perdido un peso del ahorro de los trabajadores, la rentabilidad promedio había sido de un 8% y por cada peso que ha puesto la persona, la rentabilidad ha significado dos pesos más (S. Piñera, Entrevista en programa televisivo, 2019a).

La movilización ciudadana, incluida las alentadas por la Coordinadora NO+AFP, fueron estigmatizadas por el gobierno, pues afirmaba que ellos/as siempre han estado dispuestos al diálogo como camino para resolver las discrepancias, catalogándolas como acciones antidialógicas, politizadas, violentas e ilegales. Por otra parte, el gobierno afirmaba que el Estado no le puede decir que sí a todo el mundo, porque eso generaría una crisis en el país. La gente tiene que hacerse cargo de sus propios problemas, el resto es asistencialismo. Algunas de estas protestas fueron reprimidas por el gobierno de Piñera, bajo pretexto de que el derecho a protestar no puede afectar los derechos de otras personas a transitar, y porque los manifestantes tienen conciencia de sus derechos, pero no de sus deberes. Así, por ejemplo, en la marcha del 24 de octubre de 2018, hubo represión e incluso algunos de los voceros de la Coordinadora fueron detenidos (Villa, 2018).

Por otra parte, a partir de este concepto del individuo cuya libertad y responsabilidad puede desplegarse por medio de la capitalización individual, es que el gobierno pondrá las causas de las bajas pensiones por fuera del mecanismo que las administra y distribuye, atribuyéndolas a la capacidad del trabajador para ahorrar para la vejez. En efecto, señala que el monto de las pensiones es bajo, porque el porcentaje de cotización es insuficiente (10%) y el aumento de las expectativas de vida no se condice con la edad de jubilación actual (60 años para las mujeres y 65 años los varones), por lo cual cada vez es más largo el período de jubilación que se debe financiar con pocos ahorros previsionales (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

Por otra parte, la participación intermitente en el mercado del trabajo formal, periodos laborales como independientes y el incumplimiento de obligaciones previsionales, genera demasiadas y extensas lagunas previsionales y bajos sueldos, mermando la capacidad de cotización y acumulación de los/as trabajadores. Así, mientras la esperanza de vida son 20 años para los varones y 30 para las mujeres, en promedio cotizan 17,9 años y 12,7 años respectivamente. Y esto tiene un fuerte impacto sobre el monto de las pensiones: quien cotiza por más de 25 años, puede alcanzar una tasa de retorno promedio del 78%, mientas que quien cotiza por menos de 4 años, sólo obtiene una tasa de retorno promedio del 15% (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

A estas problemáticas se suma que “muchos trabajadores esperan pensiones de vejez que representen aproximadamente un 70% de sus últimas remuneraciones y rentas, y no relacionan su expectativa de pensión con el número de periodos durante los cuáles cotizan” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e). Por ello, las bajas pensiones son resultado de una baja educación previsional y de falta de comprensión de la mayoría de los afiliados, respecto a cómo funciona el ahorro individual y cómo “la relación entre volumen, densidad y momento en que se hacen las cotizaciones y nivel de la pensión de vejez que se recibirá, resulta de importancia para planificar la pensión futura” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e).

Si bien el gobierno identifica como una de las causas de las bajas pensiones la caída en la rentabilidad en los fondos, que en los ’80 era del 12% y hasta fines del 2019 había llegado al 3%, ya que “un punto menos de rentabilidad promedio real anual durante la vida laboral, significa entre un 18% a 20% menos de pensión” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e), esto no supone una razón suficiente para terminar con el SCI. En cambio, lo que se requiere es darle mayor competitividad al mercado de las AFP.

En función de lo que hemos descrito anteriormente vemos cómo la concepción del individuo a la base de la reforma previsional de Piñera, basada en principios a-priori y universales sobre la acción humana, se constituye como el fundamento epistemológico objetivo y neutral que ilumina el camino para mejorar las pensiones. Y es a partir de este fundamento que podemos identificar la lógica modernidad/colonialidad con que se impulsa la reforma previsional en términos de la Colonialidad del saber: la reforma previsional está fundada epistemológicamente en una concepción del individuo que actúa mediante leyes de la naturaleza humana que lo impelen a ahorrar en tiempos de abundancia, para tener en tiempos de escasez. Estas leyes se constituyen en la diferencia colonial que delimita qué saberes son legítimos o no para entrar al debate de las políticas jubilatorias, en función de cuanto se alejan o acercan a dicha concepción que sería la forma normal de la experiencia humana. Y estas leyes, en cuanto reflejan la forma natural de lo humano y, por ende, son consideradas objetivas y verdaderas, permiten presentar el proyecto del gobierno como libre de intereses políticos a la vez que deslegitimar las propuestas alternativas al mismo, sobre todo aquellas que rompen el vínculo entre ahorro individual y jubilación, en cuanto van contra la naturaleza responsable y libre del individuo, no valoran el esfuerzo de los trabajadores y le expropian su derecho a la propiedad sobre sus ahorros.

De este modo se fundamenta el ejercicio de la violencia epistémica sobre la oposición a esta reforma o a las contrapropuestas por fuera de la capitalización individual, catalogándolas como posturas antidialógicas y obstruccionistas, basadas en intensiones mesiánicas inviables y/o intereses políticos y personales que se ponen por sobre el bienestar de la ciudadanía, sus derechos y las posibilidades de potenciar su naturaleza libre y responsable que le permitirán mejorar su estatus –como ocurre con el mecanismo de la capitalización individual–. A su vez, estas mismas premisas sobre el individuo permiten eximir al SCI como causante de las bajas pensiones, en cuanto si el bienestar de las personas mayores es fruto del despliegue de la ley de la naturaleza que impele al/la trabajador/a a ahorrar en tiempos de abundancia para tener recursos una vez que ya no pueda trabajar, es también responsable e incluso culpable de no cumplir con este mandato. Y, de hecho, las causas de las bajas pensiones, como vimos, se atribuyen a carencias en el trabajador y su capacidad de realizar aportes, o bien a la falta de competencia en el mercado de las AFP, que permitan potenciar la ley de la naturaleza humana antes descrita, particularmente la de la libertad de escoger dónde poner los ahorros previsionales y cómo invertirlos.

En lo que sigue veremos cómo los saberes que emergen de la resistencia de la Coordinadora NO+AFP a las reformas previsionales neoliberales, desafían la hegemonía de este proyecto impuesto bajo la lógica modernidad/colonialidad.

Saberes de resistencia de la Coordinadora NO+AFP

Como hemos señalado ya en esta investigación nuestro objetivo es identificar los saberes con los que la Coordinadora NO+AFP lucha para resistir y disputar la hegemonía de una reforma previsional neoliberal impulsada desde la lógica modernidad/colonialidad de la colonialidad del saber, negando la legitimidad de sus propuestas y consignándolas como inviables para mejorar el monto de las pensiones.

Según la reconstrucción que hicimos sobre los procesos de emergencia, resistencia y acción de la Coordinadora, los saberes que ahí identificamos son formulados de manera previa a la propuesta previsional del gobierno de Piñera. Esto no debiera sorprendernos en el sentido de que el sistema previsional en Chile es neoliberal, y, por ende, ha operado desde su creación invisibilizando las propuestas alternativas al SCI y las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía por su eliminación. Recordemos que este sistema se concibió como una barrera infranqueable al comunismo y al socialismo, como promotores de los sistemas de reparto, y a la politización de la vida social, y fue implementado en un contexto de violencia, represión y violación a los derechos humanos, entre otros, sobre los movimientos sindicales que podrían haberse opuesto a la privatización del sistema previsional. Luego, con el retorno a la democracia en los ‘90, las críticas al sistema se invisibilizaron bajo el prestigio internacional que tenía el SCI chileno como modelo previsional global en el contexto del triunfo del neoliberalismo y el mundo unipolar. Posteriormente, en el siglo XXI si bien las críticas al sistema para otorgar buenas pensiones entraron a la agenda de gobierno, las mismas fueron solucionadas con medidas promercado, o con un mayor rol del Estado en el otorgamiento de pensiones no contributivas e incluso con una propuesta de reforma para incorporar un componente de reparto al sistema, pero, igualmente, se mantuvo como único pilar para el ahorro previsional, la capitalización individual.

En este contexto, los saberes con los que se desenvuelve la Coordinadora forman parte de un largo proceso de invisibilización de las luchas y contrapropuestas que diferentes organizaciones de la sociedad civil, de manera articulada o desarticulada, venían haciendo por las promesas incumplidas del SCI, que comenzaron a vislumbrarse, incluso bajo el régimen dictatorial de Pinochet, pero que fueron desoídas o no obtuvieron aceptación dentro de la clase política encargada de reformar el sistema jubilatorio para mejorar las pensiones. En este sentido, la Coordinadora se constituye como tal también en función de diversas experiencias y saberes previamente existentes.

En lo que sigue ahondaremos en los saberes que la Coordinadora ha usado y construido para realizar sus objetivos y qué cuestiones ha disputado a partir de ellos.

La experiencia sindical y la propuesta técnica de la Coordinadora como núcleo de los saberes para disputar las reformas previsionales neoliberales

Entre los saberes con los que la Coordinadora resiste las reformas previsionales del gobierno, identificamos algunos previamente existentes a su constitución y que tienen que ver con los conocimientos que los fundadores de este movimiento, en su rol de dirigentes sindicales, fueron acumulando sobre la situación de las personas mayores una vez que se jubilaban por el Sistema de Capitalización Individual, sobre todo en comparación de aquellos/as que se jubilaban por el Sistema de Reparto.

De hecho, como nos señalaban los/as entrevistados/as, el problema de las bajas pensiones fue algo que fueron conociendo a medida que más gente se jubilaba y en función de dicho fenómeno creciente, fue que este tema ya estaba incorporado en la agenda de los sindicatos, y fue el puntapié inicial para empezar a unirse entre diversas organizaciones. Por otra parte, contaban con las experiencias del “daño previsional” de los/as trabajadores estatales que habían sido precarizados por los procesos de descentralización del Estado durante la dictadura, lo que había tenido un impacto muy negativo sobre los fondos acumulados para la jubilación. Y, por último, aunque no podemos constatarlo por la imposibilidad de entrevistarnos con el dirigente de la colectividad, suponemos que el saber acumulado por la Confederación Bancaria sobre el funcionamiento del sistema financiero y las mermas de las crisis bursátiles sobre los ahorros previsionales, como las de 1998 y 2008, fue un saber que también contribuyó a la posterior constitución de la Coordinadora y sus luchas. En efecto, como nos señalaron todos/as los/as entrevistados/as, esta sindical tuvo un rol determinante en el cuestionamiento a la capitalización individual y en la visibilización de que este mecanismo era la causa de las bajas pensiones, así como también en el inicio de la lucha colectiva para terminar con las AFP.

Uno de los saberes más significativos que construye la Coordinadora para resistir y desafiar la hegemonía de las reformas previsionales neoliberales, es la Propuesta Técnica para un nuevo Sistema de Pensiones, la cual se constituye a su vez como sistematización de una serie de saberes clave en dicha disputa. Esta propuesta, como describimos anteriormente, emerge de la constatación del total fracaso del SCI para otorgar pensiones dignas a las personas mayores, pero también de uno de los objetivos que la Coordinadora se puso desde sus orígenes en 2013: derogar el SCI y reemplazarlos por un nuevo Sistema de Pensiones que administre los ahorros previsionales en base a los principios de reparto, solidaridad, universalidad e integralidad, y que sea financiado de manera tripartita. Para ello, se propusieron construir una alternativa al SCI en base a estudios y análisis técnicos, y así poder enfrentar con una propuesta concreta las reticencias del ejecutivo para reformar el sistema previsional. De paso, derribarían ese sentido común, como nos decía uno de los referentes, de que “los movimientos sociales en general denuncian y se oponen, pero pocas veces proponen alternativas claras frente a lo que están denunciando”.

Entre los saberes contenidos en la propuesta para un nuevo sistema de pensiones, se encuentran aquellos de orden estadístico o técnico, que tienen varias funciones. Por una parte, para demostrar el fracaso del SCI, se proporcionan estadísticas y evidencia empírica sobre el bajo monto de las pensiones otorgadas por este sistema y su relación con los niveles de pobreza en que se encuentran las personas mayores una vez que se jubilan. Por otra parte, para fundamentar cómo es posible mejorar las pensiones y obtener sustentabilidad financiera y económica en el sistema previsional, por medio de un mecanismo diferente al SCI, se presentan propuestas técnicas y análisis macroeconómicos. En este sentido, y partiendo del supuesto de que para que el sistema previsional sea sustentable en el tiempo, aun cuando sea de reparto, solidario y tripartito “debe adecuarse a las posibilidades económicas; pero, orientarse a su propio rol de dar amparo a las personas en estado de necesidad” (Coordinadora NO+AFP, 2016a: 13), se propone que el sistema cuente con un fondo de reservas técnicas. Su función será garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el largo plazo, considerando los períodos de estrés financiero y el impacto del envejecimiento de la población en los fondos acumulados por los/as trabajadores. Junto con ello, las inversiones del fondo estarán destinadas a contribuir al desarrollo de la economía y del país, y tendrán criterios éticos definidos, prohibiendo la inversión en sectores con prácticas antisindicales, que dañen el medio ambiente o sean discriminatorias en cualquier sentido. A su vez, se contempla un período de transición para pasar del SCI al nuevo sistema de pensiones, de modo tal que no se generen desequilibrios macroeconómicos.

Además, en la propuesta técnica se presenta un análisis macroeconómico que utiliza supuestos conservadores para que los cálculos de factibilidad del sistema funcionen como test de estrés financiero, “y cualquier cambio de cifras macroeconómicas que serían esperables, solo pueden resultar en una mejora de la sustentabilidad del sistema previsional propuesto” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 24). Con estos saberes, se pretende resguardar el nuevo sistema y que la transición a éste, no genere déficit fiscal ni implique riesgos para la economía ni el empleo.

En términos conceptuales, uno de los saberes que están a la base de esta propuesta es el de seguridad social. Siguiendo los principios de la OIT y algunos puntos de la declaración de los derechos humanos, la Coordinadora comprende la seguridad social como la existencia de planes que cubran a la población de las contingencias básicas, entre otras las atingentes a las de dejar de trabajar por ser una persona mayor, con prestaciones dignas y suficientes, cuya gestión no esté basada en el lucro y en la cual participen los interesados. Por otra parte, la seguridad social debe ser solidaria, resultado de la colaboración de toda la comunidad, con una mayor contribución de quienes más pueden en beneficio de los menos pudientes. Por último, es deber del Estado garantizar el funcionamiento de la seguridad social en estos términos.

A partir de este concepto, la Coordinadora comprende la jubilación como un derecho de la seguridad social para asegurar un ingreso para la vejez digno y suficiente que garantice la satisfacción de necesidades básicas y la continuidad de ingresos, y que sea universal, es decir, que todos/as accedan sin distinción por género, raza, etnia o religión. A su vez, el ahorro previsional se comprende desde una lógica de solidaridad y responsabilidad compartida, en cuanto se debe financiar con los aportes de los/as trabajadores/as, del/la empleador/a y del Estado, y también desde una lógica redistributiva, en cuanto quienes tienen mayores ingresos colaboran en el financiamiento de quienes tienen menores ingresos.

Esta conceptualización de la seguridad social y de las jubilaciones como un derecho, deviene del diagnóstico de la Coordinadora de que, dada la realidad laboral chilena, precarizada y de bajos sueldos, la capacidad de ahorro de un/a trabajador/a no depende en absoluto de su sola voluntad y conciencia de previsión futura. Por el contrario, las condiciones de contratación y el funcionamiento de la economía tienen una fuerte determinación en esta posibilidad de ahorro, que poco depende del/la trabajador/a. Así, por ejemplo, como esgrime la Coordinadora la reforma laboral que impuso el régimen dictatorial de Augusto Pinochet y las crisis económicas que vivió Chile durante la década de los ‘80, tuvieron un impacto negativo en la capacidad cuantitativa y cualitativa de cotización de los/as trabajadores/as. A ello se suma que la sistemática represión contra el movimiento sindical obstruyó su capacidad de defensa de la protección social. Por otra parte, las reformas estructurales de la dictadura sobre el Estado también mermaron los ahorros previsionales de los trabajadores del sector público, entre otros por la municipalización de los funcionarios de la salud y de los docentes, causándoles lo que denominan como el “daño previsional”. Por último, al estar la capitalización individual asociada únicamente al salario del trabajador/a y al ser la principal puerta de entrada al mismo el sector formal de la economía, el porcentaje de cotización en un contexto de precarización y bajos salarios tiende a ser bajo e insuficiente para financiar una buena jubilación futura, cuestión que tampoco depende de la voluntad de los/as trabajadores/as.

En esta propuesta también se reconceptualiza el rol del Estado en el sistema para dejarlo de ver como obstructor de la posibilidad de obtener buenas pensiones, y comenzar a percibirlo como una pieza central de su garantía. Para fundamentar la viabilidad de este rol, también en el informe se muestra técnicamente como la mayor participación del Estado en el sistema de pensiones no significaría desequilibrio fiscal, crisis económicas o la quiebra del sistema, y, además, se evidencia cómo su aporte financiero al sistema será menor del que actualmente hace. Y, de hecho, actualmente la participación del Estado es el único componente que ha permitido mejorar las pensiones.

Respecto de la conformación del colectivo Unidad Social, identificamos la construcción con otras organizaciones de una concepción de sociedad que permite articular diferentes luchas que se venían dando en el país, en simultaneo con la demanda para terminar con el SCI. En este sentido, y partiendo de la base de que en Chile existen una serie de injusticias –entre otros en salud, trabajo, pensiones, educación, cultura, territorios, medio ambiente, mujeres, pueblos originarios– consecuencia de la implementación del Neoliberalismo, se proponen luchar en conjunto para instaurar otras formas de vida social. La concepción de sociedad que quieren alcanzar es una donde prime la solidaridad por sobre el individualismo y donde se respeten las libertades y derechos fundamentales de las personas, una sociedad más democrática, igualitaria, justa y fraterna.

Respecto a la forma que son construidos estos saberes, podemos decir que la propuesta técnica es colectiva y participativa, en cuanto es un conocimiento construido desde los/as trabajadores/as y la ciudadanía, en base a reuniones, debates, foros y seminarios con la participación de dirigentes/as, trabajadores/as, académicos/as y ciudadanos/as. Además, en el diseño de la propuesta se contempla la mantención de esta práctica del diálogo social, en cuanto para que un sistema previsional sea legítimo “debe ser construido en democracia e incorporar un proceso de participación plena de los distintos actores”. Y sobre este último punto, la Coordinadora también ha convocado instancias participativas de construcción y difusión de saberes dentro del movimiento que, además, de permitirles visibilizar la propuesta técnica en el espacio público, potencian estas vías de construcción del saber que incluyen a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil.

También la Coordinadora promovió una serie de instancias para contribuir al proceso de discusión y diseño de las reformas previsionales, que también son instancias de construcción de saber. Así, por ejemplo, ante la falta de incorporación de la propuesta de la Coordinadora a la propuesta de reforma previsional del gobierno de Bachelet en el año 2017 (que sólo destina un 3% del ahorro previsional a una lógica de reparto), se realiza un plebiscito autoconvocado, autogestionado y autofinanciado en que se preguntaba a los/as votantes si querían o no +AFP. La votación tenía como fin visibilizar el deseo de la ciudadanía por un nuevo sistema de pensiones por fuera de la capitalización individual, y con ello, dar cuenta de que la propuesta del gobierno no respondía a su voluntad. Y en efecto, dentro del millón de personas que participaron, más del 90% votó que no quería más un sistema previsional gestionado por las AFP. En este sentido, señala la Coordinadora, el plebiscito refleja el “verdadero derecho a pronunciarse sobre materias que son vinculantes con la condición humana” a la vez que, “restituye la importancia de la incorporación de la ciudadanía en el debate de las políticas públicas”.

Otro ejemplo en esta línea fue la construcción colectiva de la Iniciativa Popular de Ley, que consistió en un proceso ciudadano de conversión de la Propuesta técnica a un proyecto de ley, instancia que también serviría para incorporar a la misma, desde los pensamientos y reflexiones de diversos actores y actrices de la sociedad civil, aspectos relevantes para la ciudadanía y que no estaban presentes en la propuesta para un nuevo Sistema de Pensiones elaborado por la Coordinadora. La forma de construcción de la ILP también tuvo una estructura participativa, por medio de la realización de cabildos y encuentros sociales a lo largo del país, donde la propuesta técnica fue presentada, discutida y complementada por quienes asistieron a los encuentros.

En lo que sigue describimos en qué medida estos saberes y formas de construirlos han sido utilizados por la Coordinadora para desafiar la hegemonía de reformas previsionales neoliberales.

Desafíos a la hegemonía epistemológica de las reformas previsionales neoliberales

Desde la colonialidad del saber, hemos sostenido aquí que la Coordinadora NO+AFP utiliza y construye una serie de saberes y alternativas para resistir a reformas previsionales neoliberales que se gestan desde la lógica modernidad/colonialidad. En este sentido, la Coordinadora utiliza, construye y va reinventando saberes para resistir y disputar la diferencia colonial y la violencia epistémica con la cual diferentes sectores de la clase política han invisibilizado y deslegitimado sus propuestas para un nuevo sistema previsional.

Y, en efecto, la misma Coordinadora se reconoce a sí misma y sus saberes para disputar la eliminación del SCI en ese lugar de negación y de deslegitimación por parte de los defensores del sistema, incluso con anterioridad a la conformación del movimiento. De hecho, las demandas y contrapropuestas para mejorar las pensiones que habían elaborado las organizaciones que luego compondrán la Coordinadora, también habían sido desoídas por los gobiernos e invisibilizadas en los medios de comunicación, y una vez constituidos como movimiento, esta dinámica continuó. Señalaban sus referentes que por lo general no hay voluntad política para invitar a participar a la Coordinadora al debate sobre las pensiones, siendo siempre la prioridad del gobierno convocar a los dueños de las AFP, y cuando han sido convocados por el ejecutivo a discutir sobre las reformas previsionales, generalmente por presión del movimiento, sus aportes no son incluidos en las propuestas finales. Por otra parte, relataban que cuando la problemática de las pensiones ocupa la agenda pública, sus principales voceros son escasamente invitados a los programas de televisión, dándole también aquí prioridad a los dueños de las AFP. Por su parte, las movilizaciones de la Coordinadora para visibilizar sus demandas han sido reprimidas, lo que para los/as referentes demuestra la falta de libertad de expresión para posturas diversas a la capitalización individual.

En este marco, entonces, la Coordinadora construye diversos saberes, que revisamos en el capítulo anterior, para disputar el relato que fundamenta la mantención del SCI, cuestionando la naturalización de este mecanismo como único camino para obtener buenas pensiones, y desocultando sus consecuencias. La propuesta técnica de la Coordinadora, y su posterior transformación en un proyecto popular de ley, es una cuestión clave en esta materia, al evidenciar científica y técnicamente que es posible obtener buenas y mejores pensiones en un sistema diferente al actual: uno público, de reparto, solidario y de financiamiento tripartito. En este sentido, la construcción de esta propuesta se constituye en sí misma en una disputa epistemológica directa a la hegemonía de la capitalización individual que se auto presenta como único camino para obtener buenas pensiones, evitar la quiebra del sistema y mantener una economía vigorosa. En otras palabras, construir una alternativa al SCI que, sobre la base de fundamentos y argumentos teóricos y técnicos, asegure buenas pensiones, permite cuestionar los argumentos teóricos y técnicos de la contraparte.

En este sentido, postulamos aquí que la construcción de esta alternativa, por el solo hecho de presentarse como totalmente diferente al SCI, se constituye en un saber que desafía uno de los argumentos más fuertes de su defensa, a saber, que es el único camino para alcanzar el bienestar de las personas mayores, del Estado y la Sociedad. Pero, a su vez, en cuanto la propuesta de la Coordinadora no excluye los principios de responsabilidad individual, libertad, y propiedad privada, ni tampoco desestima la importancia del equilibrio actuarial y financiero del sistema, también cuestiona que sea la capitalización individual el deber ser del despliegue de estas virtudes. Por el contrario, con información estadística que respalda la desmejorada realidad de los jubilados que pertenecen al SCI, sobre todo en comparación con los/as jubilados/as por el reparto, se visualiza que es la capitalización individual la que ha fracasado en el cumplimiento del objetivo de otorgar buenas pensiones.

Uno de los argumentos de la defensa del SCI tensionados con esta propuesta, es aquel que dice que la capitalización individual es un mecanismo que permite desplegar las leyes de la naturaleza libre y responsable del hombre, quien ahorra en tiempos de abundancia para tener en tiempos de escasez. A su vez, al ser el trabajador propietario de sus ahorros, puede disponer y decidir libremente sobre ellos, siendo una buena jubilación el resultado de la conciencia que tiene el/la trabajador/a de la relación entre cotización y monto de la pensión futura. Y sobre esta base la reforma previsional de Piñera se sostiene, ya que uno de sus principios es reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad, para lo cual se refuerza la libertad del trabajador para elegir dónde serán destinados los ahorros adicionales producto del incremento de la cotización mediante diversas alternativas de ahorro individual.

La Coordinadora en su informe da cuenta de que el ahorro individual y la capitalización de los ahorros previsionales, incluso para trabajadores/as con carreras profesionales completas, tienen como resultado muy bajas pensiones en la gran mayoría de los casos, quedando muy lejos la promesa de que por medio del ahorro individual y la capitalización las pensiones serían iguales o superiores al 85% del sueldo en actividad. En este sentido, la capitalización individual, es decir, la relación ahorro individual-jubilación, la potenciación de la responsabilidad y de la libertad de elegir dónde invertir los ahorros, no sería suficiente ni necesaria para asegurar una buena pensión futura. De hecho, ni siquiera las medidas que potencian el funcionamiento del SCI, como mayor libertad y competencia entre los individuos y las AFP, han servido para incrementar las pensiones, como sí lo han hecho las medidas que involucran al Estado, a través de la implementación del pilar no contributivo y semi-contributivo para las pensiones.

En consecuencia, la idea de que para obtener una pensión que represente el 85% o más del sueldo en actividad, es suficiente un mecanismo que permita desplegar una supuesta ley de la naturaleza humana que define el futuro de las personas mayores en función de su responsabilidad y capacidad de ahorro, es cuestionado y tensionado, por los datos de la realidad presentados en la propuesta. Pero también con un concepto de jubilación que, al concebirse como un derecho inscrito dentro de los parámetros de la seguridad social, debe ser digna y suficiente, universal y garantizada por el Estado, precisamente porque el ahorro y la responsabilidad individual no serían factores suficientes para alcanzar dichos parámetros.

De este modo, la Coordinadora propone una conceptualización de la jubilación que, al inscribirse dentro de los parámetros de la seguridad social, no ve en ella solo un mecanismo de ahorro o de despliegue de la libertad y responsabilidad individual, sino un derecho que para ser garantizado es necesario articular una serie de relaciones y mecanismos que tienen como fin asegurar buenas pensiones. Lejos de negar la necesidad del ahorro individual, esta conceptualización lo integra a la realidad de las condiciones laborales y económicas de Chile, que impiden que el ahorro previsional a través del trabajo sea suficiente para asegurar una vejez digna. Y en este sentido, reafirma la necesidad de dicho ahorro, pero poniéndole un elemento aditivo dentro de un nuevo sistema cuyo fin último no es acumular capital sino asegurar pensiones dignas. En consecuencia, en este concepto ampliado de jubilación como un derecho, no habría una negación del ahorro individual ni de su capitalización, sino que habría un cuestionamiento al lugar central que se le da a dicho mecanismo en un sistema privado de pensiones, donde su principal y único garante es el/trabajador/a, independiente a sus circunstancias.

En relación a ello, también se disputa y cuestiona el “quien” es el garante de la pensión para la vejez, porque si tambalea el supuesto de que las leyes de la naturaleza libre y responsable del hombre no son suficientes para que los/as trabajadores alcancen una tasa de retorno que mantenga sus salarios en actividad, ya no puede aceptarse como dado, naturalizarse, que el/la trabajador/a sea el garante de su destino previsional una vez que ha dejado de trabajar. Aquí entonces, es donde también se redefine el concepto de Estado considerándolo ahora como garante de un derecho universal, y por lo mismo su rol no puede reducirse a subsidiar las pensiones de una parte de la población más vulnerable, o en un sector de la clase media, o a garantizar el funcionamiento del mercado de las AFP, como se establece en la reforma de Piñera, sobre todo porque esta redefinición viene de constatar en la realidad que las malas pensiones son más bien la regla y no la excepción del sistema.

Otro de los conceptos del SCI que cuestiona la Coordinadora es el que asocia este mecanismo de ahorro como única condición de posibilidad para la re-activación de la economía, el crecimiento, la creación de empleo en buenas condiciones laborales y salariales. Este cuestionamiento lo realiza por medio de una propuesta alternativa, fundamentada en parámetros técnicos y macroeconómicos, para la potenciación de la economía a través del Fondo de Reservas Técnicas, el cual estará destinado a proteger la sustentabilidad del sistema, pero también a realizar inversiones que contribuyan al desarrollo de la economía y del país, evitando empresas con comportamientos no éticos o inversiones especulativas o de alto riesgo.

El concepto de propiedad privada enarbolado por la reforma previsional también es cuestionado por la Coordinadora. Recordemos que el incremento del 4% en el porcentaje de cotización que implementaría la reforma del gobierno, se destinará a cuentas individuales para preservar la propiedad privada del/a trabajador/a sobre sus ahorros, lo que, según el gobierno, en un mecanismo de reparto no existe. Sin embargo, a partir de la elaboración de una tabla de cálculo de pensiones definidas, donde el trabajador conoce cuál será el monto de su jubilación en función de los años cotizados y el monto de su salario, la Coordinadora disputa esta aseveración del gobierno. De hecho, con este sistema de reparto y solidario, al trabajador no le es expropiada la propiedad de sus ahorros, pues su pensión es resultado de lo que ha logrado juntar, complementada con otros recursos para alcanzar pisos mínimos y máximos de pensión, preestablecidos en función del nivel de salarios y cotizaciones que se hayan alcanzado a realizar. Así, por ejemplo, a quienes ya están jubilados, de transformarse el sistema previsional, se le añade a la pensión derivada de la capitalización individual, el monto necesario para alcanzar una pensión acorde con los criterios del nuevo Sistema de Previsión Social. En este sentido, afirma la Coordinadora, no se termina la propiedad sobre los ahorros previsionales, sino que conservándola la pensión se mejora, al ser complementadas con otros recursos.

Para disputar el concepto de sustentabilidad del sistema que está a la base de la reforma previsional de Piñera y que se asocia al ahorro individual, la capitalización de los mismos y un gasto fiscal focalizado a los más vulnerables, la Coordinadora elabora un plan de financiación para el nuevo sistema público, de reparto y con financiamiento tripartito, de modo tal que su transformación no se vuelva un problema fiscal para el Estado ni provoque la quiebra del sistema. Y también, se propone la construcción de un fondo de reservas técnicas para que las pensiones se puedan financiar a largo plazo, contemplando períodos de estrés financiero y el envejecimiento de la población.

En definitiva, la propuesta técnica de la Coordinadora NO+AFP y los saberes que allí se construyen, y posteriormente la transformación de esta propuesta en una Iniciativa Popular de Ley basada en los mismos saberes pero sistematizados desde una perspectiva jurídica, permiten tensionar y cuestionar las bases conceptuales neoliberales sobre las cuales se fundamenta el SCI como único camino para que todos/as los/as trabajadores/as obtengan pensiones altas, y que luego se fortalecen y profundizan en la propuesta previsional de Piñera. Ahora bien, la Coordinadora también ha elaborado herramientas para cuestionar las formas institucionales de construcción del saber sobre las pensiones.

Esta disputa se da, en primer lugar, con la creación de la propuesta técnica para un nuevo Sistema de Pensiones, en cuanto fue elaborada por y desde los/as trabajadores/as, y no, como señalan, desde quienes dicen representarlos/as y que están habilitados para proponer y discutir proyectos de ley, pero que finalmente les hacen el juego a los dueños de la capitalización individual. Esta forma de diseñar la propuesta es fruto de la convicción de la Coordinadora de que quienes deben estar en el debate de las pensiones son los/as dueños/as de los ahorros previsionales, pues es de sus fondos y de su futuro, sobre los cuales se van a tomar decisiones. Y agregan que, si alguien no tuviese que estar en ese debate, deberían ser las AFP ya que por ley su único propósito es administrar pensiones, y, por ende, no estarían habilitadas para debatir sobre una política pública.

Otra forma de disputar la institucionalidad de los procesos de formulación de las reformas previsionales fue la realización de un plebiscito autoconvocado por SI O NO+AFP que llevó a cabo la Coordinadora, mecanismo que no está contemplado en la Constitución, y que por tanto le permitió cuestionar la legitimidad de las formas de construcción de saberes sobre políticas públicas existentes en Chile: no existen mecanismos para que la ciudadanía decida de manera directa sobre su futuro y sobre “materias que son vinculantes con la condición humana”. De este modo, como la propia Coordinadora enarbola, la realización de este plebiscito es una forma de empoderar a la gente, de restituir la soberanía al pueblo, porque es allí donde debe descansar, en la voluntad popular. Y, mediante los mecanismos existentes esto es lo que precisamente no se cumple. Por ello, el cuestionamiento es hacia la legitimidad de las formas legales de construcción de políticas, en el sentido de que su institucionalidad no significa que sean justos para resolver los problemas y demandas de los/as chilenos/as.

La ILE es otra forma de disputar la forma institucional de formular una reforma previsional y de tensionar quiénes son las personas legítimas para entrar a ese debate. Para la Coordinadora esto es muy importante tomando en consideración de que al no existir en la Constitución un mecanismo de formulación legislativa que emane de la ciudadanía, muchas veces las organizaciones deben pactar con los partidos políticos para llevar sus iniciativas al Congreso, siendo cooptados por éstos. Así, nuevamente, lo que se busca con esta iniciativa es devolver la soberanía al pueblo, ahora, mediante el derecho a participar del proceso de construcción legislativa, “secuestrada por la Constitución impuesta por la dictadura”. Además, se construyó por medio de instancias de discusión colectiva a lo largo de todo el país, de manera tal de asegurar la mayor participación política en la construcción de esta ley. Y, de hecho, la consigna de la IPL, ante la ausencia de propuestas de transformación del sistema de pensiones desde el ejecutivo que incorporen las demandas de la ciudadanía por NO+AFP, ¡era “Que el pueblo legisle sobre las pensiones!”.

Para la Coordinadora, estas formas de diseñar y discutir alternativas a la capitalización individual como eje constitutivo del Sistema de Pensiones, les permite también cuestionar el concepto de democracia hegemónica en Chile, que se asocia a la democracia representativa vigente en la Constitución, y que se reduce a ir a votar cada cierta cantidad de años, cuestión que, además, hacen muy pocos. En consecuencia, para ellos/as, estas iniciativas les permite dar lugar a otro concepto de democracia, una democracia participativa y directa, mediante la cual las personas pueden ejercer su derecho a hacer valer sus ideas y proyectos.

Para cerrar este capítulo, es importante señalar que, a través de estas acciones y saberes, la Coordinadora denuncia los intereses económicos invisibilizados que hay a la base de la reproducción del SCI, lo cual, para ellos/as, está articulado con el poder económico y político que allí se concentra, lo que explicaría en gran medida la imposibilidad para cambiar estructuralmente el sistema de pensiones.

De hecho, para la Coordinadora la causa de las bajas pensiones tiene su origen en que el SCI no tuvo como fin otorgar pensiones, sino constituir una “industria de la especulación en el mercado financiero con los ahorros de los trabajadores” (Coordinadora NO+AFP, Declaración fundacional, 2013). En otras palabras, los magros resultados del sistema de pensiones no corresponden a una cuestión coyuntural o extraordinaria, sino que “son el resultado concreto de un sistema que jamás fue concebido para pagar pensiones” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 11; 2019), sino que fue diseñado para “llevar a cabo la más osada, cuantiosa y espectacular privatización: ‘la del manejo de los recursos previsionales’, y colocarlos al servicio del desarrollo del mercado de capitales” (Coordinadora NO+AFP, 2016a: 17). Y en efecto, para la Coordinadora el SCI es un elemento constitutivo del proyecto de implementación del neoliberalismo en Chile, en cuanto habría permitido financiar las utilidades y las empresas chilenas, siendo el éxito de la capitalización individual el haber generado una fuente de capital disponible para las inversiones de grandes grupos económicos, a partir de la confiscación y expropiación de las cotizaciones de los/as trabajadores, beneficiando a una minoría de saqueadores, con plena protección por parte del Estado desde la dictadura hasta la actualidad (Coordinadora NO+AFP, Declaración fundacional, 2013).

Aquí radicarían también, para la Coordinadora, los obstáculos para transformar y eliminar el SCI, siendo la cantidad de poder económico que allí acumulan “los dueños de todo”, la razón por la cual se invalidan las propuestas alternativas a dicho sistema, poder que está blindado por los medios de comunicación, gran parte de la clase política e incluso por la Constitución, la cual estatuye que las reformas que impliquen modificaciones en el uso y distribución de los recursos de la Nación sólo pueden ser formuladas por el poder ejecutivo, es decir, por el presidente, y no habilita otras formas de participación ciudadana como los plebiscitos autoconvocados o las ILEs. Para la Coordinadora, este es una herencia de la dictadura para garantizar la permanencia de los principios neoliberales en las políticas públicas y la exclusión de la ciudadanía en las discusiones sobre éstas. Esta “verdadera alianza de poder” es la que termina dando cuenta de que la invisibilización de su propuesta para un nuevo sistema de pensiones tendría más que ver con la defensa de un poder económico concentrado que con la defensa de un mecanismo que permite desplegar las leyes de la naturaleza humana y, en consecuencia, asegurar pensiones dignas y suficientes.

Recapitulación

En este capítulo hemos analizamos desde la perspectiva de la colonialidad del saber a la Coordinadora NO+AFP, como movimiento de resistencia a reformas previsionales neoliberales impulsadas desde la lógica modernidad/colonialidad, que promueven al SCI como único camino para otorgar pensiones dignas. Para ello, identificamos la concepción de la acción humana neoliberal en el origen del SCI en 1981 y en la reforma previsional del gobierno de Piñera en 2018, la cual se refleja en lo que denominan como la ley de la naturaleza humana que impele al hombre a ahorrar en tiempos de abundancia para tener en tiempos de escasez. A partir de ello, se establece la diferencia colonial y se ejerce violencia epistémica sobre toda propuesta previsional alternativa. Posteriormente revisamos los saberes que la Coordinadora utiliza y construye para disputar este modo de implementación de las reformas que invisibiliza y deslegitima sus propuestas, entre los cuales se encuentran, aquellos adquiridos mediante la experiencia sindical de los/las referentes, la propuesta para un nuevo sistema de pensiones y formas colectivas y participativas de construcción de saber. Estas cuestiones se constituyen como núcleos para resistir y desafiar la hegemonía de la reforma previsional impulsada por el gobierno.

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