3.1 ¿Qué es lo que se mide en la distribución funcional del ingreso? ^[2]

La humanidad no es una especie animal: es una realidad histórica. La sociedad humana es una antífisis:
no sufre pasivamente la presencia de la Naturaleza,
la toma por su cuenta.

Simone de Beauvoir (1949, El segundo sexo)

En el ángulo de la distribución del ingreso que se utilizará aquí –la llamada funcional–, la clasificación más habitual es entre “asalariados” y “no asalariados”. En este abordaje, al que se denomina “distribución funcional del ingreso”, la retribución al trabajo se encuentra en las dos categorías, ya que el trabajo de los cuentapropistas ^[3], así como el de los patrones y propietarios no es retribuido salarialmente^[4] (eventualmente existen estudios que discriminan a los cuentapropistas y también podrían patrones y propietarios ser retribuidos parcialmente en forma salarial por sus firmas)^[5]. El análisis se realizará desde la perspectiva de la economía política. (Ver Müller 1998: 173-175; Lindenboim et al 2005: 1-3, Altimir 1986, Altimir-Beccaria 2000 y 2001, y Altimir-Beccaria-González Rozada 2002)

Lindenboim et altri (2010: 546-547) definen la participación asalariada (Yw) en el ingreso como la relación entre el costo laboral (CL) –costo para el empresario, el salario doble bruto incluyendo aportes personales y contribuciones patronales desprovisto del efecto inflacionario– y la productividad del trabajo (PrL) en términos físicos y, por lo tanto, ponderados a precios constantes –definida por el cociente del VAB a precios corrientes y la cantidad de ocupados–, calculándolos según la tasa de asalarización (%W).

Donde el costo laboral es el salario real “doble bruto”, o sea, es aquel que incluye las cargas sociales y los aportes patronales. La tasa de asalarización representa la cantidad de ocupados asalariados sobre el total de ocupados. La productividad laboral representa la relación entre el volumen físico de la producción y la cantidad de trabajadores, o sea el valor agregado bruto (VAB) y el total de ocupados (N)^[6]. Que transforma la ecuación en la siguiente (Lindenboim 2010: 547):

3.2 Un debate distributivo típicamente argentino: el “Fifty-Fifty” peronista y su pertinencia como meta

“Cuando yo era chico Perón era nuestro Rey Mago: el 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza: hacer la cola delante de una ventanilla que decía “Perón cumple, Evita dignifica”, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tozudez de Bartleby el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen
como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos.”

Osvaldo Soriano (1993, Aquel peronismo de juguete)

Para iniciar esta sección habrá de aclarar algunas significaciones de los posibles resultados de la funcionalidad del reparto de los ingresos. Si nos encontramos en un “óptimo en el sentido de Pareto”, el aumento de la porción salarial implica una mejora obvia en las posiciones económicas de los trabajadores, tanto en términos relativos como absolutos. Pero una vez que salimos de ese estado –y en términos dinámicos– se va alterando esa aparente obvia conclusión, válida en forma automática sólo para el caso anteriormente descripto.

Imaginemos un escenario de crecimiento en el que los ingresos salariales reales crecen en menor medida que la economía, la posición relativa como clase sufre un retroceso, pero mejoran sus condiciones de vida. En otras palabras, quienes tienen ingresos no salariales logran una porción mayor en términos absolutos y relativos, mientras que los ingresos salariales crecieron en términos absolutos, pero relativamente perdieron terreno. Todo lo anterior, bajo el principio de ceteris paribus.^[7]

Por el contrario: un avance proporcional, pero con la cantidad de sopa en la olla ^[8] en retroceso podría significar un deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, aunque estén avanzando como clase sobre sus rivales en la puja. También manteniendo inalterables el resto de las variables.

Se dice al respecto –pero con relación a la productividad– en Lindenboim (et altri 2010: 547) que “[…] un deterioro de la participación asalariada no es necesariamente perjudicial para los trabajadores, siempre que provenga de un costo laboral que aumenta a menor ritmo que la productividad, mientras que no todo aumento de la participación es necesariamente beneficioso, si es que resulta de un costo laboral que cae menos que la productividad”. Frecuentemente por la inflexibilidad del trabajo.

En ese contexto, se podrá evaluar la relevancia política de esta distribución y el criterio de “justicia social peronista” al que hace referencia el fifty-fifty al atribuirle, fetichizándolo, una carga valorativa al reparto de la riqueza en mitades entre capital y trabajo (olvidando por el momento que el trabajo está presente de ambos lados, ya que incluye las llamadas rentas mixtas).

A priori, podríamos especificar que siempre es preferible para cada una de las categorías una participación mayor y por lo tanto –en términos históricos– contar con una participación cercana al 50% por parte de los trabajadores resulta un gran avance, al menos en términos relativos.

Al inicio del gobierno del general Perón en el año 1946, se estableció una fuerte política de ingresos como motor del crecimiento desde el lado de la demanda. Este fuerte arbitraje al mismo tiempo apuntaba a calmar la lucha de clases en el marco de un acuerdo social.

Así esperaban mantener un alto consumo sin afectar la ganancia y, por ende, a la inversión y la expansión de la capacidad productiva. “El interés en la industrialización y en el sostenimiento de la demanda efectiva se conjugaba en una política de ingresos que apuntaba en dos direcciones complementarias. La primera era una redistribución del ingreso desde el capital hacia el trabajo, cuyo beneficiario era la clase obrera; la segunda desde el sector agropecuario hacia las actividades urbanas, que sostenían tanto el salario real como las tasas de rentabilidad de los industriales.” Adicionalmente cabe mencionar la centralización del comercio exterior por parte del Estado nacional. (Rapaport 2006: 403)

Así esperaban mantener un alto consumo sin afectar la ganancia y, por ende, a la inversión y la expansión de la capacidad productiva. “El interés en la industrialización y en el sostenimiento de la demanda efectiva^[9] se conjugaba en una política de ingresos que apuntaba en dos direcciones complementarias. La primera era una redistribución del ingreso desde el capital hacia el trabajo, cuyo beneficiario era la clase obrera; la segunda desde el sector agropecuario hacia las actividades urbanas, que sostenían tanto el salario real como las tasas de rentabilidad de los industriales.” Adicionalmente cabe mencionar la centralización del comercio exterior por parte del Estado nacional. (Rapaport 2006: 403)

Estos acuerdos sociales, o concesiones a las demandas de los trabajadores para impedir la rebelión, no son de ninguna manera un invento peronista: ya en 1904 el médico catalán Bialet Masse (1985: 554) decía “[…] cuando el socialismo de Karl Marx y de Lasalle hizo irrupción con sus sacudidas anarquistas, el espíritu práctico de los ingleses se preocupó de ladear las corrientes, haciendo concesiones graduales para impedir la entrada de las nuevas doctrinas”.

De esta forma, durante el llamado “primer peronismo” se incrementó el salario real a través de la ampliación de las competencias de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de los pisos salariales a través de una política de salarios mínimos, la incorporación del sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo y las vacaciones retribuidas. A esto se le incorporó un sistema combinado de salario indirecto y diferido que tomaba forma en servicios de salud, jubilaciones y pensiones, y hasta vivienda, turismo y recreación. Así, entre 1946 y 1949 hubo picos en la participación asalariada de alrededor del 50 %.

Con el triunfo de la Revolución Libertadora, este principio fue abandonado por los gobiernos, aunque estuvo siempre presente entre los sindicalistas. De esta forma, Perón declara el 25 de octubre de 1973 que “la distribución del ingreso nacional en términos de absoluta equidad: 50% para el capital y 50% para el trabajo, en lugar de 67 o 65 y 33 o 35 respectivamente, como se da desde 1956”.

En línea con este principio fueron las medidas económicas del ministro Gelbard del presidente peronista-justicialista –de corto mandato– Cámpora, las que incluyeron los diferentes aspectos del pacto social. (Di Tella 1986: 181-188)

Figura 3.1. Afiche con extracto discursivo de Perón

Estos principios fueron paulatinamente abandonados en el corto tercer gobierno de Perón y su sucesora, y esposa, María Estela Martínez. Esta última dio el puntapié a una era oscura para la participación salarial, de la mano de su ministro Celestino Rodrigo, con las medidas que se dieron en llamar “el Rodrigazo”^[10]. Esa época oscura tuvo como complemento el inicio de la etapa del terrorismo de estado de la mano de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), el Operativo Independencia y la Coordinación Federal, entre otros engranajes del aparato represivo sostenido desde el Estado.

Llegando al final del período de análisis, y sólo a efectos de destacar la actualidad política de la temática en la Argentina, los gobierno de Cristina Fernández y de su marido y antecesor Néstor Kirchner sostuvieron –con su prédica setentista– este reparto igualitario desde sus púlpitos y desde los medios oficialistas. Incluso intentaron mostrar un correlato con la realidad desde la adulteración de las estadísticas públicas.

Para que este reparto sea factible en la actualidad, se requeriría de un crecimiento en las remuneraciones reales, un combate efectivo al trabajo no registrado –y, por ende, carente de derechos– y una reestructuración de la estructura productiva argentina hacia sectores de mayor valor agregado. Si esto se da en conjunción con una creciente organización de los trabajadores que puje por su parte en forma efectiva, seguramente se reflejará en un efectivo aumento de su participación en el reparto. Esa dirección dista de ser la elegida por el derechista gobierno de Mauricio Macri, aunque los últimos 3 años del gobierno de Cristina Fernández y el gobierno posterior quedan fuera del período a analizar.

Las críticas a esta fórmula de equidad son varias. Algunas se basan en los principios que se destacaron al comienzo de la sección, donde es factible mejorar en forma relativa y no en condiciones de vida o poder de compra^[11]. Aunque también bajo el principio de ceteris paribus una mejora en la participación del ingreso es algo positivo para el sector que la recibe.

También existen hipótesis que dicen que ese 50 y 50 no refleja la misma justeza en un escenario de concentración del capital que en un escenario de una poderosa, diversificada y amplia burguesía nacional. Este último no es el caso de la Argentina, cuya raquítica y parasitaria burguesía nacional avergonzaría a cualquier defensor del animal spirit. A su vez, desde el marxismo se criticará cualquier porción que vaya a parar a manos de los capitalistas, ya que los únicos generadores de valor son los trabajadores. Aunque algunas vertientes de esta corriente político-económica podrían ver con simpatía el avance que implicaría la diversificación y desconcentración de la burguesía capitalista.

En Lozano (et altri 2011: 2-15) se sostiene la falsedad de este debate en el final del período analizado en el caso de la Argentina sobre la base de cuestiones conceptuales, metodológicas y empíricas. En primer lugar, porque el patrón de acumulación vigente se funda en distintas bases que las de los gobiernos peronistas anteriores a la última dictadura militar. O sea, ya no se fundan en el aumento del salario real para reforzar el mercado interno, sino en el mercado exterior y en el consumo de los sectores acomodados. A esto se le suma el rezago de los trabajadores no registrados en las conquistas laborales. La falta de una especificación por parte de Lozano sobre el cambio de patrón de acumulación y distribución obedece a su adhesión política a los primeros gobiernos peronistas y la no adhesión al gobierno peronista en la versión encarnada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En segundo término, el método de medición del producto en la Argentina fue modificado en forma sustancial desde los 50 o los 70, lo que hace que esas series de medición del PBI no sean comparables con las actuales. Finalmente, en lo fáctico, el intervenido Indec de los Kirchner habla de una participación del 43,6% para el año 2008 y no existen datos veraces que justifiquen el 48,1% pregonado en el año 2010. Incluso el análisis de esa cifra muestra contradicciones matemáticas aun con las cifras oficiales. (Ver Scaletta 28/05/2006 y Tiempo Argentino 06/02/2011)

Vale la pena aclarar que en el período a analizar, los porcentajes de participación –que para la clase trabajadora argentina podría presentarse como una meta a obtener– no son de ninguna manera infrecuentes en el marco de los Estados de bienestar europeos o en los Estados Unidos y otros países desarrollados. (Ver tabla 3.1)

3.3 El cuentapropismo, los trabajadores por cuenta propia, las rentas mixtas

Una cosa es no pretender saber todo
y otra muy distinta renunciar al sentido y el progreso
de una cultura general de carácter universal.

Juan Ignacio Palacio Morena (2008,
La ciencia y la cultura económica)

Los trabajadores por cuenta propia, en principio, reúnen características tanto de los trabajadores asalariados como de los capitalistas: es un trabajador propietario de sus propios medios de producción. Siguiendo la distinción que se hizo, se puede decir que el cuentapropista no vende su fuerza de trabajo como mercancía, sino que vende determinado producto de ésta sin que aparezca de forma distinguible el tiempo necesario para su reproducción como trabajador y el tiempo excedente, que en el caso del asalariado es expropiado por el capitalista. Este tipo de trabajador no genera plusvalor apropiado por un capitalista encarnado en otra persona física o jurídica. Esta reflexión será muy útil a la hora de buscarles nuevas utilidades a la distribución funcional del ingreso, a fin de que sea posible calcular categorías no previstas por la ortodoxia económica. En las estadísticas nacionales esta figura se contempla dentro de las llamadas rentas mixtas.

Sin embargo, hay que señalar que con la flexibilización laboral y las reformas en este campo implementadas en España, Argentina y otros lugares del mundo –que se profundizaron oficialmente en los 90– aparecieron nuevas formas contractuales que fueron ganando terreno^[12]. Los contratos precarios empezaron a inundar el campo de los asalariados, aun en el empleo público, sin que esto revistiera un cambio real en cuanto a las responsabilidades ni la función económica de los trabajadores en relación de dependencia encubierta que se vieron afectados, pero sí redujeron los compromisos de las empresas privadas y organismos públicos^[13] para para con sus dependientes. De todas maneras, en la Argentina, la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) contempla estas situaciones, aunque lo hace mejor en lo teórico a partir del 2005. Por otro lado, lo que escapa de esta modalidad de contratación le resulta despreciable a la EPH. (Kennedy 2006)

De esta manera, el trabajo en negro fue oficializado y, como se ha mencionado, incluso en el Estado, donde este tipo de contratos abunda. Las estadísticas reflejan así una cantidad de trabajadores por cuenta propia’ que realmente cumplen las mismas funciones que los asalariados estatales. El visto bueno oficial a esta transformación fue tomado por el sector privado para reducir las cargas sociales que debían enfrentar según la normativa laboral que regía hasta entonces.

A su vez, el cuentapropismo legítimo o fraguado detrás del empleo irregular no agota de ninguna manera la discusión sobre el trabajo asalariado y no asalariado. Quedarían por analizar las ayudas de los miembros del núcleo familiar en los emprendimientos familiares. En este caso, al no ser remuneradas, se podrían confundir con el beneficio de contar en este emprendimiento con algún empleado o podría inflar la porción atribuida a los cuentapropistas por no emplear a nadie.

3.4 Tópicos relacionados con la distribución funcional del ingreso^[14]

Te preguntan por el botín [de guerra, cómo se distribuye].

Diles: ‘el botín pertenece a Dios y al Mensajero
[y él lo distribuirá entre vosotros según Sus órdenes]’.

El Corán, Sura 8: Alanfál “El botín”

La distribución funcional del ingreso se ofrece como insumo básico para varios tópicos, entre los que se incluye el desarrollado como tema propiamente dicho de este texto.

Estas relaciones podrían resultar tanto obvias como antojadizas, según los ojos que las observen. Por otro lado, seguramente existen otros temas relacionados además de los elegidos en esta ocasión.

Los temas relacionados son:

1. La relación entre la evolución de los salarios y la inflación, así como la probable causalidad.
2. El modelo depredador-presa para explicar evoluciones sucesivas del ingreso, el empleo, el salario real, la participación salarial, la tasa de ganancia y la inversión en forma dinámica.
3. El surgimiento de mediciones que se valen de la distribución funcional del ingreso para llegar a indicadores no ortodoxos. Específicamente: la posibilidad de llegar a la tasa de explotación (pv), tema de este trabajo.
4. La relación entre la distribución funcional del ingreso y el desarrollo, a través de variables que operacionalizan este último aspecto sin tener en cuenta el nivel de ingresos.

1. La probable relación entre la evolución de los salarios y la inflación

Existen profundos debates en torno a la relación entre estas variables y aún más sobre cuál es la que sigue a la otra. Por un lado, la ortodoxia considera indiscutible que bajo determinadas condiciones (que según estas escuelas son las más frecuentes, como la plena utilización de factores) cualquier aumento de los salarios por encima del aumento de la productividad laboral tendrá como consecuencia una aceleración de la inflación.

Por otro lado, existen análisis empíricos a partir de los convenios colectivos de trabajo que indican lo contrario: cuando se indexan salarios, ya sea en la firma de un nuevo convenio salarial o en forma automática (típicamente esto último se da en contextos de muy alta inflación), generalmente se hace tomando índices de inflación pasados. Por lo tanto, a mayor rezago y a mayor índice de aumento de precios, más se ve afectado el poder real de compras.

2. El modelo depredador-presa en la dinámica de la evolución salarial

En biología ninguna especie puede vivir aislada de otras de su hábitat, formando así lo que se llaman comunidades bióticas. En el marco de la selección natural se da esta coexistencia, que incluye una relativa competencia. Estas rivalidades entre las distintas especies da lugar a las llamadas relaciones depredador-presa. El depredador, para serlo, depende de la existencia de otra especie llamada presa, que es su alimento. En este contexto, el equilibrio ecológico depende de la interrelación de estas especies.

De esta forma es que se constituye el ciclo depredador-presa, donde se suceden constantes abundancias y escaseces de depredadores y presas. Esto ocurre así porque un exceso de eficiencia de los depredadores hará caer el número de las presas y, al mismo tiempo, aumentar el de depredadores (ya que los animales mejor alimentados podría dar lugar a una mayor reproducción). En consecuencia, existiría una falta relativa de presas disminuyendo drásticamente el número de depredadores e invirtiéndose la relación. A esto se le llama modelo de Lotka-Volterra en la biología matemática. (Fisher 2010: 4)

Este modelo, extrapolado, ha sido aplicado en el análisis social y económico. El pionero fue Richard Goodwin (1967), quien lo aplicó al dilema que implica la “Curva de Phillips real” entre la tasa de salario y la tasa de empleo. Siguiendo el criterio de crisis de Marx, mostró una similitud entre las fluctuaciones y las que presenta el modelo depredador-presa. Luego de una acumulación el empleo aumentará y, en consecuencia, aumentarán los salarios. Eso causará una caída de la tasa de ganancia y, por lo tanto, del ahorro destinado a la inversión, lo que trae como consecuencia la caída del ingreso disponible de la economía, por lo que volverán a caer el empleo y los salarios. (De Juan Asenjo y González Calvet 2002: 1-2)

Este modelo muestra a los trabajadores como depredadores y a los empresarios y sus tasas de beneficio como presas. Como crítica a Goodwin se puede ensayar una reflexión sobre probadas relaciones fluctuantes, ya que esa fluctuación puede esconder relaciones ascendentes o descendentes. Por ejemplo, si las tasas de empleo y salario fueran más altas al final del ciclo valdrá la pena para los trabajadores atravesar ese proceso para ir ganando posiciones paulatinamente.

3. La experiencia y los intentos de medición de la tasa de explotación o tasa de plusvalía (pv) anteriores a la de la presente tesis

El autor de estas líneas es el artífice de la medición de la tasa de explotación en la Argentina y, a partir de la extensión de este cálculo, se originó el presente texto. Fruto de las diferentes etapas de la investigación, se han publicado trabajos en conjunto con los licenciados Ralón y Lascano. (Farina-Lascano 2007, Farina-Lascano-Ralón 2011 entre otros). Al ser el tema principal de este texto no será desarrollado en esta parte del trabajo.

4. Distribución funcional del ingreso y su relación con el desarrollo (IDH)

En base al estudio de Trombetta (2011), que relaciona el crecimiento con la distribución personal del ingreso, se le ha solicitado al investigador colaborar con la búsqueda de relaciones entre las variables operacionalizadas que representarían el desarrollo.

De acuerdo con los datos disponibles, podemos concluir que no existe relación que valga la pena ser profundizada entre las variables del IDH y la participación salarial en el producto en busca de causalidad.

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