La Marcha de la Gorra: un grito cordobés contra la violencia institucional

Mariana Lerchundi

1. Introducción

¿Qué supone investigar e intervenir hoy en temáticas de movimientos socioterritoriales? ¿Qué relación existe entre la situación objeto de estudio y la acción? ¿Puede un capítulo de un libro construir nuevas palabras e imágenes e ir más allá de la visibilización de una situación? En estas preguntas retóricas se actualizan interrogantes elaborados para problematizar la precariedad, la violencia y la resistencia (Colectivo Juguetes Perdidos, 2011) y politizar el trabajo de investigación (Svampa, 2008). Decía Ander-Egg (2006) al referirse a la Investigación-Acción Participativa (IAP) que

la IAP aparece y se desarrolla como reacción, rechazo y protesta contra los modelos y procedimientos de la investigación tradicional, que se hace extensiva a los modelos teóricos de las ciencias sociales como tales, en el sentido de que son, en gran parte, inútiles para resolver los grandes problemas de la sociedad (p. 53).

De Sousa Santos (2006) en el marco de las Epistemologías del Sur propone el concepto de “ecología de saberes”, que exige “el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos, más allá del conocimiento científico” (pp. 53-54). Esto implica “promover la interacción e interdependencia entre conocimientos científicos y no-científicos” (p. 57).

Este texto presenta un objeto de estudio donde asumo el rol de intelectual-investigadora anfibia (Svampa, 2008). Al igual que los animales anfibios, que viven en tierra y en agua, pero sin desconocer por ello mi espacio de procedencia, el de la investigación, apelo con este concepto a establecer solidaridades y articulación entre dos campos que si bien suelen presentarse como distintos y distantes, aquí se encuentran: el campo de la investigación y el de la acción. Como escribe Maristella Svampa, resulta “una figura capaz de habitar y recorrer varios mundos, y de desarrollar, por ende, una mayor comprensión y reflexividad sobre las diferentes realidades sociales y sobre sí mismo” (Svampa, 2008, p. 8).

El paradigma del anfibio permite politizar el trabajo de investigación, capaz de producir conocimiento comprometido y crítico, que acompaña, aporta e interpela el discurso de los actores nativos, en este caso de un movimiento socioterritorial (Mançano Fernandes, 2005). Asimismo, es una posición que no se cierra sobre las reglas del mundo académico, pero tampoco asume únicamente la referencialidad activista/militante. Se apuesta a la construcción entre y en estos dos campos, que no es sencilla, pero sí tiene un horizonte de reflexividad crítica, una apuesta hacia otras lógicas superadoras de investigación y de acción (Svampa, 2008). Esto se triangula con la ecología de saberes antes referida:

Las Epistemologías del Sur se refieren a la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo (…) El objetivo de las Epistemologías del Sur es posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos, pues solo así podrán cambiarlo según sus propias aspiraciones (De Sousa Santos, 2018, pp. 28-29).

En este sentido se incorpora la voz de los movimientos socioterritoriales (Mançano Fernandes, 2005) –y, como se verá luego, de las organizaciones socioterritoriales (Basconzuelo y Baggini, 2018)– que participan en la Marcha de la Gorra.^[1] Vale decir que esta forma de llamarlas (socioterritoriales) no es la expresión de un tipo de colectivo específico, sino un abordaje que describe la relación entre el territorio y la sociedad. En las organizaciones el sentido que cobra el espacio donde actúan es clave, “y este trasciende su marco geográfico para denotar su naturaleza esencialmente social” (Basconzuelo y Baggini, 2018, p. 81), en este caso son organizaciones que se reúnen contra la violencia institucional (Tiscornia, 2017).^[2]

En particular, se retomarán discursos (Van Dijk, 2006)^[3] del movimiento socioterritorial conocido como Marcha de la Gorra, de modo tal que esto significa

La eliminación del privilegio científico positivista de “conocimiento supremo” que se ha otorgado al discurso hegemónico de la ciencia tradicionalista, en detrimento de otros saberes sobre los cuales se ejerció un “epistemicidio”, según De Sousa Santos. En efecto, una ecología de saberes nos provee la base para generar un diálogo en pie de igualdad entre el saber científico producido en la academia y el saber generado en el contexto de la lucha de organizaciones y movimientos sociales (Martin, 2020, p. 14).

Desde esta mirada, pretendo generar ese diálogo equitativo entre la teoría científica y el saber social también considerado teoría. Para ello se recurrió a un diseño metodológico cualitativo y flexible que no busca comprobar teoría sino hallar nuevos significados en los discursos analizados (Vasilachis de Gialdino, 2006). Forman parte de ese corpus^[4] siete documentos disponibles en la web oficial^[5] y un video disponible en YouTube en el canal oficial^[6] producidos por la Marcha de la Gorra en Córdoba, además de seis documentos construidos en la ciudad de Río Cuarto.^[7] Es importante destacar que si bien son documentos públicos –en el sentido de que fueron leídos al finalizar cada marcha–,^[8] en su mayoría no se encuentran publicados. En el caso de Córdoba capital el acceso a algunos de ellos es a través de la página web, otros en su red social o canal de YouTube. En el caso de Río Cuarto, participo desde 2014 de la coorganización de la Marcha de la Gorra, y es esa posición la que me permitió tener acceso al repositorio del movimiento, donde se alojan dichos documentos. Como explican Denzin y Lincoln (1994, p. 47), en la investigación cualitativa se elabora un bricolaje y el investigador asume el rol de bricoleur, es decir, combina “múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores focalizados en un estudio singular [que] debe entenderse como una estrategia que agrega rigor, amplitud y profundidad al trabajo”.

El recorte temporal comienza en 2013, año en el que se dio inicio al trabajo anfibio de investigación y de acción, y se extiende hasta 2019, con objeto de incluir la última edición de la Marcha al momento de redacción de este artículo. Se retoman herramientas del análisis de documentos propuesto por Vallés (1999), el cual permite hallar denominadores comunes en un sentido diacrónico –en relación con los documentos producidos por las Marchas– y sincrónico –en relación con las producciones de las Marchas en el mismo año. Es decir, permite identificar nociones que se sostienen a lo largo de los años y otras que son comunes entre las Marchas, en las dos territorialidades de análisis que se describen a continuación.

El recorte espacial se focaliza en la provincia de Córdoba, específicamente, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, ubicadas en el centro de Argentina. Según el censo de 2010, la provincia de Córdoba tiene en su totalidad 3,5 millones de habitantes. La capital, de nombre homónimo, concentra aproximadamente la mitad de la población, mientras que Río Cuarto tiene una población que corresponde a apenas un 10 % de la capital. Aun así, es la segunda ciudad más grande de la provincia (INDEC, 2010).^[9]

El diálogo –o ecología de saberes– entre teoría y voces de la Marcha de la Gorra queda plasmado desde el próximo apartado. De modo tal que los documentos producidos por la Marcha no se comporten como un corpus de análisis que se trabaja en los denominados “resultados”. Sino que desde el inicio del texto puedan aportar y construir qué es la Marcha de la Gorra; cuándo, dónde y por qué surge; cuál es el contexto político; y cuáles son las demandas.

2. La Marcha de la Gorra

2.1. ¿Qué es la Marcha de la Gorra?

La Marcha de la Gorra^[10] es una acción colectiva de protesta (Schuster et al., 2006)^[11] que reivindica a los jóvenes que usan gorra con visera y que son injustamente detenidos por la policía; hace del estigma su emblema (Reguillo, 2013) porque toma ese elemento de estigmatización y persecución (la gorra) para asignarle un nombre al reclamo; es al mismo tiempo el día en que esos jóvenes llegan al centro de la ciudad; es una instancia de participación de los jóvenes organizados contra la violencia institucional en Argentina; y también es un espacio que interpela la política de seguridad de la provincia de Córdoba e intenta marcar su agenda sobre este tema. Probablemente, la Marcha de la Gorra sea todo eso a la vez. El artículo parte de la comprensión de que la Marcha de la Gorra es un movimiento socioterritorial (Mançano Fernandes, 2005), tributario de las luchas contra la violencia política de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), que articula a un conjunto de organizaciones socioterritoriales, cuyo tema trasversal es la defensa de los derechos humanos, principalmente de los jóvenes.

¿Qué dicen los jóvenes, participantes de la Marcha de la Gorra, de ella misma? En una difusión oficial de la MDG, en su novena edición, en Córdoba capital (Argentina), afirman:

Somos los pibes y somos las pibas.^[12] De los barrios y de los bailes. De las canchas y de las cárceles de todo el país. Somos las trabajadoras y los trabajadores, que soportamos la explotación, el salario bajo y la represión. Somos las trabajadoras sexuales criminalizadas y perseguidas. Somos artesanos y artesanas. Somos carreros y carreras.^[13] Somos los estudiantes y las estudiantes. Somos militantes. Somos organizaciones comprometidas con nuestro barrio, nuestra tierra y nuestra vida. Somos mujeres, somos varones. Hartos de que nos maten por lógicas machistas y patriarcales. Somos todos distintos. Y hace varios meses nos juntamos. Como hace 9 años, para organizar todos juntos la Marcha de la Gorra. Porque queremos estudiar y trabajar. Caminar y vivir en libertad, sin que la policía nos pare, nos persiga, nos golpee y nos mate. Y para que esto suceda creemos necesario y exigimos la derogación y la anulación del Código de Faltas. Y lo pedimos a nuestra manera: reivindicando nuestra cultura. Bailando, murgueando y cantando en la calle (post de difusión de la 9.° Marcha de la Gorra, año 2015, Córdoba).^[14]

Las prácticas de los jóvenes desafían al mundo académico en cuanto a su conceptualización; hablar de ellos solo como sujetos con capacidad transformadora es caer en el mismo error que nombrarlos solo como sujetos-problema; se los invisibiliza y esencializa (Vommaro, 2015). Vale decir que en este texto la mirada sobre los jóvenes es múltiple y situada, pero especialmente, reivindicatoria de sus derechos.^[15] Para Reguillo (2013) los jóvenes han elaborado sus propias formas de organización a través de la toma de la palabra de nuevos y más sofisticados dispositivos y buscan formas alternativas de participación, lo que convierte esas prácticas en una “actuación política no institucionalizada” (Reguillo, 2013, p. 13). ¿Qué dicen los propios jóvenes sobre la posibilidad de participar en política? “[En la] ‘lucha contra la inseguridad’ […] muchos de sus blancos son pibxs de nuestros barrios, trabajadorxs, estudiantes a quienes ustedes quieren volver incapaces de influir en la política” (Documento 10.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2016).

La Marcha expone que al convertir a los jóvenes como objetivo no declarado de la lucha contra la inseguridad –recuperando allí una categoría propia de los gobiernos cordobeses y de la región latinoamericana– se les veda la posibilidad de participar e incidir en política. Aquella no institucionalización de la política, la disputa por el campo de lo político, de la que habla Reguillo (2013), permite el reconocimiento de activismos y repertorios novedosos de los jóvenes frente a las tradicionales formas de participación (Vázquez y Vommaro, 2009).

La MDG, además de gestionar las asambleas y reuniones organizativas que anteceden a la movilización anual, se involucra en un conjunto de actividades a lo largo del año que tienen como eje la violencia institucional y los derechos humanos, pero que la exceden. La MDG deja huellas de sus intervenciones en el espacio público, a través de talleres en escuelas secundarias o de educación popular, en dispensarios de salud donde se trabajan temáticas vinculadas a los derechos de los jóvenes frente a las prácticas policiales; talleres de capacitación interna frente a los cambios de normativa contravencional-penal; participación en audiencias públicas por los cambios de ley; participación en la organización de marchas espontáneas frente a situaciones de violencia institucional; acompañamientos en la justicia de casos de abuso policial, entre otros. Para realizar las diversas actividades, la Marcha se organiza en comisiones que desarrollan, abordan y sostienen la preparación de actividades, su logística y difusión. Esas comisiones se encuentran semanalmente en los meses previos a la movilización, y con menor frecuencia, durante el resto del año.

La Marcha de la Gorra se autocomprende como un movimiento social de alcance nacional: se funda en la modalidad colectiva de la toma de decisiones, presenta un componente social juvenil, sus reclamos se canalizan por fuera de los partidos políticos y la organización trasciende la articulación multisectorial y trabaja, conforme a la coyuntura y como se indicó antes, a lo largo del año. Los protagonistas de la MDG dicen:

Somos un Movimiento Nacional, hoy marchamos en CABA, Rosario, Tandil, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, San Francisco, Villa María y en nuestra Ciudad. Y tomamos las calles para gritar y no callar (Documento 5.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2018).

Siguiendo la pregunta de Ernesto Rodríguez, ¿pueden las “movidas” generar “movimientos”? (Rodríguez, 2012), debe responderse que la MDG ya es parte de los nuevos movimientos juveniles latinoamericanos por su capacidad organizativa, por su visibilidad pública, por su renovado interés de participar en política y por ser comprometida con cuestiones públicas. Procesos que parece que “llegaron para quedarse” (Rodríguez, 2012, p. 15), ya que llevan hasta 2019, trece ediciones consecutivas.

2.2. ¿Cuándo, dónde y por qué surge la Marcha?

La Marcha de la Gorra surge por primera vez el 20 de noviembre de 2007, en la ciudad de Córdoba, en virtud de que en ese día, pero de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño; y el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La fecha permitía reivindicar al sector poblacional más afectado por las prácticas policiales y por la política de seguridad. Posteriormente, la MDG se replica en muchas otras ciudades de Argentina, tal es el caso de Río Cuarto donde la Marcha tiene lugar desde 2014.

Hoy como desde hace seis años estamos acá, un 20 de noviembre, fecha en que se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niñe; y nos unimos en este grito cordobés que es la Marcha de la Gorra, un Movimiento Nacional (Documento 6.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2019).

El contexto de emergencia de la MDG se vincula especialmente al aumento de las detenciones –crecen en un 700 % entre 2005 y 2011 (Brocca et al., 2014)–^[16] en virtud del entonces llamado Código de Faltas. El gobierno entendía que a mayor cantidad de detenidos, menor índice de inseguridad, para lo que fue necesario la expansión de la planta policial y el incremento presupuestario en salarios y armamento. Así lo enuncia el texto fundacional de la MDG, en Río Cuarto: “El Código de Faltas es utilizado como herramienta de control político, estigmatiza a los sectores populares, criminaliza la pobreza y reprime la protesta social” (Documento 1.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2014).

La Marcha lleva hasta 2019 un recorrido ininterrumpido de 13 años en al menos 15 ciudades de Argentina.^[17] Puede afirmarse que también surge para disputar la política de seguridad: qué es seguridad para el gobierno y cómo se responde la misma pregunta la propia MDG. A saber: “Inseguridad es no tener techo, ni cloacas, ni agua, ni calles, ni escuelas, ni dispensarios” (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

La Marcha se convierte en un momento esperado para reclamar por los derechos de los jóvenes y en un espacio de visibilización de las demandas de los sectores populares:

Hoy volvemos a las calles para seguir enfrentando a la política represiva y defender nuestros derechos. Que sepan que estamos acá, más plantades que nunca, que estamos avivando las brasas de las luchas, que recordamos nuestra historia y la llevamos en la sangre, recordamos a les pibes fusilades por el aparato represor, y nos recordamos a nosotres, que jamás nos olvidaremos, porque lo que empezó como una vuelta a la plaza San Martín de varies pibes de barrio, es hoy un movimiento nacional (Documento 12.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2018).

La Marcha también surge para denunciar aquel concepto fundado por los estudios sobre agencia policial llamado actitud de sospecha o táctica de la sospecha, que conduce el accionar de las fuerzas de seguridad (Skolnick, 1965; Skolnick y Fyfe, 1993; Eilbaum, 2004; Garriga Zucal, 2013; Sozzo, 2000) y termina en la persecución de jóvenes considerados peligrosos (Chaves, 2005; Pitch, 2003). En este sentido, la Marcha enuncia y denuncia que son los jóvenes los sujetos que el sistema penal construye como portadores de cierta peligrosidad naturalizada por la sociedad. Tal como indica Juliano (2007), se les asignan responsabilidades basadas en características personales del individuo, más no de un supuesto hecho que hubieran cometido:

Somos les señalades por el sistema penal, somos les sospechoses del olfato policial y del olfato vecinal. […] Somos les demorades, secuestrades, perseguides y detenides (Documento 5.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2018).

Nos construyen como peligrosos y naturalizan la represión, estigmatizando e invisibilizando las luchas y las voces de muches, sembrando así un odio hacia el otre (Documento 12.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2018).

Siguen deteniendo a pibes y pibas de sectores populares: por portación de rostro, por la gorra, sentados en la plaza o esperando el colectivo; paseando, yendo a la escuela o a visitar a alguien (Documento 7.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2014) .

Preocupados por las demoras, detenciones y el hostigamiento diario que sufren los pibes y pibas de nuestra ciudad, venimos a denunciar las prácticas aberrantes que llevan adelante los miembros de la Policía de Córdoba (Documento 1.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2014).

Estos recortes de los documentos producidos por las Marchas amplían e incluyen no solo el olfato policial, sino también el olfato vecinal. Las fuerzas de seguridad comparten con los vecinos ciertos prejuicios basados en la apariencia, los vecinos acusan sentirse amenazados por el mismo sujeto de riesgo que la policía persigue. Esto habilita el ejercicio de violencia y su consecuente naturalización (Fassin 2016; Galvani y Lorenz, 2016) .

2.3. ¿Cuál es el contexto político de la Marcha de la Gorra?

En el marco de la consolidación de un gobierno justicialista de derecha,^[18] la política de seguridad termina siendo liderada por actores policiales^[19] (Hathazy, 2010), lo que genera una policialización de la política securitaria. El fragmento de documento de la MDG que sigue denuncia a los jefes de policía y a los decisores políticos.^[20] Los jóvenes a través del texto hicieron visible un modo de relacionamiento específico entre los abordajes institucionales y las prácticas policiales, desnudaron el entramado político-policial propio de la arena punitiva y denunciaron el falso respeto por los derechos, cuando operan como la base del control social punitivo (Garland, 2005):

Nos muestran una policía eficiente, respetuosa, garantista cuando en realidad son el brazo armado y ejecutor del poder político de turno, ideado por figuras nefastas como Alejo Paredes y Ramón Frías. Sus actuales sucesores, César Almada y Alejandra Monteoliva son quienes hipócritamente siguen encubriendo este aparato represivo, que nos criminaliza arbitrariamente con las malditas contravenciones del Código de Faltas (Documento 7.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2014)

Un elemento central de la política de seguridad cordobesa es el episodio policial conocido como “autoacuartelamiento”, ocurrido en 2013. Fue uno de los sucesos más visibles del poder de la policía en materia de seguridad: los agentes liberaron zonas, se produjeron saqueos, heridos y muertes, mientras en conjunto estaban “acuertelados”. Como respuesta, el entonces gobernador removió la cúpula policial y desplegó aún más las fuerzas de seguridad en los territorios, esto como estrategia de recuperación de la confianza en la agencia policial. El fragmento que sigue liga el autoacuartelamiento con otro episodio conocido como “narcoescándalo”, donde los agentes policiales aparecen involucrados en el narcotráfico:

El argumento de la lucha contra la inseguridad es insostenible […] Lo comprobamos con el narcoescándalo, el autoacuartelamiento, el robo y desguace de automotores y la imputación del Subjefe de la Departamental Sur, Leonardo Hein, en delitos de narcotráfico, o el reciente robo de armas en Córdoba Capital (Documento 2.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2015).

Con el avance de políticas neoliberales se dio la ampliación del sistema carcelario y, por tanto, del sistema judicial, se multiplicaron las diversas policías destinadas a prevención y persecución de delitos, etc. Este robustecimiento en materia penal por parte del Estado ha sido comprendido por muchos autores (Wacquant, 2010; Crisafulli y León Barreto, 2011) en paralelo a una retirada del Estado de la arena social. Eje que también se refleja en los documentos de la MDG:

Mientras más gastos se realizan en seguridad, menos presupuesto queda para salud y educación, generando un doble perjuicio en detrimento de los sectores sociales más vulnerables ya que se invierte mucho dinero en reprimirlos, al mismo tiempo que se descuida su salud y su educación. Se aumentó de 2014 a 2015 un 54,5 % la partida presupuestaria en seguridad, a diferencia del 9,6 % que aumentó en educación (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

La potestad de regular la actuación policial la tiene el gobernador, sin embargo, en Río Cuarto, mientras el Municipio fue oposición al gobierno subnacional, hubo una medida significativa, y única en el país, en el marco del sistema contravencional local: se creó en 2011 el Registro Municipal de Detenidos por Contravenciones y Demoras Policiales, que sirvió para registrar voluntariamente las demoras y detenciones arbitrarias por parte de la policía de Córdoba, en virtud del Código de Faltas. Desde que asumió Unión por Córdoba al Municipio, a mediados de 2016, el Registro dejó de funcionar. Y así lo denuncia la Marcha: “¿Cuándo van a refuncionalizar el Registro Municipal de Demoras y Detenciones por contravención?” (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

Bajo este gobierno se crea el área del Esquema de Prevención Urbana (en adelante EPU).^[21] Si bien en la ordenanza municipal que le da origen habla de seguridad social, en el Portal de la página web del Municipio, en el informe de gestión se indica:

Para favorecer la seguridad ciudadana, el gobierno de la ciudad dispuso la creación del Ente Preventivo Urbano. Un equipo de agentes capacitados para ser el nexo entre los vecinos y la policía, informar y recoger las demandas de los diferentes sectores. La principal función del EPU es el contacto con el vecino, caminando las calles de la ciudad (gobierno de Río Cuarto, 2016, s.p.).

Lo anterior supone un deslizamiento de sentidos de seguridad social a seguridad ciudadana. Más allá de que el inciso “e” del artículo 1 de dicha ordenanza expresa prestar colaboración a la policía de Córdoba, lo anterior devela el verdadero sentido del EPU, concibiendo así la seguridad desde una mirada ciudadano-individual y no como seguridad social. El EPU opera en articulación con la policía barrial, dependiente de la policía de la provincia de Córdoba, en el marco de la nueva política de división de las ciudades en cuadrantes:

El EPU no se queda atrás y suma a esta idea de proximidad. ¿No alcanzaba con la policía provincial, que Llamosas generó un Esquema de Prevención Urbana Municipal? Ahora que recordamos era una promesa de campaña, que el intendente trajo a la Ciudad con un famoso ejemplo de seguridad. Que no se olvida de las cámaras ni de la persecución (Documento 4.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2017).

Luego de nueve Marchas de la Gorra, el gobierno realiza algunos cambios y sanciona una nueva normativa contravencional, denominada Código de Convivencia Ciudadana, el cual presenta algunos cambios y varios matices, pero de ninguna manera aloja las demandas históricas elaboradas desde la MDG (Lerchundi y Bonvillani, 2016):

El Código de Convivencia Ciudadana vigente desde abril de este año, no ha logrado disminuir la violencia efectivizada por los agentes de seguridad. Las respuestas de los distintos niveles gubernamentales continúan siendo modelos inspirados en mayores cámaras de seguridad, multiplicación de los efectivos policiales y equipamiento (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

El fragmento anterior visibiliza otro eje: las cámaras de seguridad. A nivel provincial su antecedente legislativo es de 2007,^[22] sin embargo, llegan a la ciudad de Río Cuarto recién en 2016, cuando coinciden el gobierno local y subnacional. Esto habilita implementar tecnologías de la información y comunicación en la política de seguridad, entre ellas, la instalación de sistemas de videocámaras destinadas a la vigilancia (Lerchundi, 2019) que hoy recorren los denominados “senderos seguros”, y son mirados desde una central de monitoreo, sobre la que la MDG también enarbola reclamos:

Le preguntamos al intendente Juan Llamosas, ¿acaso las cámaras de seguridad y la Central de Monitoreo podrán registrar el narcotráfico, la violencia policial, la persecución a nuestros pibes y a trabajadorxs sexuales? (Documento 5.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2018).

El uso de tecnologías para la seguridad fue creciendo y en 2019 se denunció un sistema de reconocimiento facial. Expone la MDG:

Hoy como desde hace seis años denunciamos a la Provincia que suma tecnología sólo para detenernos, como el Sistema Casa Rostros, que nos remite a nuestra denuncia histórica de quiénes son los portadores de rostros. Denunciamos al Municipio que aún no indica dónde están las cámaras de seguridad, instaladas gracias a la ayuda millonaria de Schiaretti^[23] (Documento 6.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2019).

Así, la MDG se posiciona frente al avance del control, en detrimento de las garantías constitucionales. Como sostienen Zaffaroni, Alagia y Slokar (2005), el reparto arbitrario del poder punitivo hace que tenga más garantías el autor o presunto autor de un delito como el de terrorismo que un mero contraventor.

2.4. ¿Cuáles son las demandas de la Marcha de la Gorra?

Junto a la denuncia por la estigmatización y falta de reconocimiento que recayó sobre los jóvenes, especialmente varones, de sectores populares, el contexto de emergencia descripto en el apartado anterior permitió elaborar una demanda central sobre la que se cimentaron las sucesivas Marchas: poner fin a la violencia institucional (Lerchundi y Alonso, 2019):

Nuestra propuesta siempre fue desde la alegría pero ya no queremos que nos tomen más el pelo; estamos cansados de alzar nuestras voces y recibir en respuesta el recrudecimiento de la violencia institucional y de la represión estatal (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

Con el paso de las movilizaciones, las demandas se fueron ampliando y se problematizaron otros temas. Algunos ejemplos de esas “nuevas” demandas:

Los gobernantes insisten en maltratar y criminalizar el trabajo sexual a través del artículo 45 del código, que permite a la policía reprimir a las trabajadoras sexuales (Documento 8.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2014).

(Se da el) avance en la criminalización de las mujeres que amamantan en la vía pública, y de las personas que son estigmatizadas desde concepciones heteronormativas por expresar afecto públicamente. El “tetazo” y el “tortazo” son claras muestras de resistencias colectivas a esta escalada en la estigmatización conservadurista (Documento 3.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2016).

Somos los que le decimos NO! a Monsanto-Bayer y su ley de patentamiento de semillas, que intenta privatizar la vida (Documento 5.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2018).

El hostigamiento va en aumento. Al colectivo LGTBIQ+ y a las trabajadoras sexuales además de ser perseguidas por el Código de Convivencia, les crearon un protocolo para detenerlas por su apariencia. ¡Qué coincidencia! ¿No será porque el gobierno municipal, provincial y nacional están en connivencia? (Documento 4.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2017).

Los fragmentos anteriores exponen demandas en relación con tres ejes: derechos de las mujeres,^[24] de las lógicas heteronormativas^[25] y de las causas ambientalistas.^[26] Esto se vincula, en primer lugar, con que la política de seguridad alcanzó a nuevos colectivos y persiguió a sus individuos; ya no solo eran sujeto de detención los jóvenes de sectores populares que usan gorra, sino además trabajadoras sexuales, mujeres y disidencias, activistas, trabajadores de la economía popular, entre otros; en segundo lugar, porque la organización popular comenzó a transversalizarse y con ello llegaron reclamos de otros sectores.

El “gatillo fácil”^[27] se articula con la denuncia y reclamo por las desapariciones forzadas de jóvenes cordobeses –como el caso de Yamila Cuello en 2011 y Facundo Rivera Alegre en 2012 –en las que se presume participación policial. Los documentos de 2013 y 2014 reivindican estas denuncias, se reclama la aparición con vida:

Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello (Documento 7.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2013).

Esta octava Marcha de la gorra exige aparición de Facundo Rivera Alegre, desaparecido hace dos años y medio, al igual que acompañamos a todas las familias de pibes y pibas asesinados y asesinadas por el Estado (Documento 8.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2014).

En este contexto represivo, comienza a organizarse también por primera vez en la ciudad de Córdoba la Marcha contra el Gatillo Fácil, protagonizada por madres y familiares de víctimas del homicidio policial, que toma justamente como demanda principal los casos de muerte de jóvenes producidas por la policía cordobesa. En el mismo período de gobierno, desde 1998 según los registros de la Marcha de la Gorra de Córdoba Capital,^[28] hubo 60 jóvenes muertos por gatillo fácil. Esta posibilidad de la vida o de la muerte puede ser explicada con el concepto de “juvenicidio” (Valenzuela Arce, 2012, 2015, 2018), el cual alude a la muerte sistemática de jóvenes como corolario de procesos de precarización socioeconómica, estigmatización y construcción de identidades juveniles desacreditadas. Se trata de un conjunto articulado de violencias en plural que atraviesan a este grupo: ya sea desde las instituciones sociales, las agencias del Estado, o desde el reforzamiento dado por los medios de comunicación.

En toda la Argentina muere un pibe cada día en manos de las fuerzas represivas. Y no es por falta de precaución, es por planificación (Documento 4.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2017).

Basta de tortura y homicidio por parte de las fuerzas de seguridad (Documento 6.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2019).

Finalmente, en el fragmento que sigue, se enumera un conjunto de muertes en manos de la policía cordobesa: jóvenes, edades y situaciones. Se les pone nombre propio a los asesinados por el Estado, que en este documento dejan de ser una estadística para pasar a tener identidad, convertir números en nombres. Es entendido como un verdadero acto político de visibilización de esas muertes presentadas ante la prensa como defensa policial, y descritas por familias y vecinos como verdaderos asesinatos:

El 24 de marzo, fue asesinado Ezequiel Barraza, de 20 años, acusado de haber robado en Barrio Primero de Mayo. El 7 de Abril, un guardiacárcel, en un aparente robo, mata a otro joven de 15 años en Villa Corina. Lautaro Torres (16 años) es asesinado el 13 de abril, por un uniformado en un supuesto intento de robo de celular. Pablo Nicolás Navarro, de 29 años el 12 de mayo, un policía termina con su vida en otro supuesto robo en una playa de estacionamiento. El 8 de Julio, en B° San Vicente, un policía disparó contra una Traffic llena de jóvenes, y Gastón Lusio terminó herido de gravedad. Ese mismo mes, el policía Montes de Oca dice que Miguel Ángel Torres entró a robar en la librería de su familia, lo que justificó su muerte. Sábado 26 de julio, matan a Fernando “Guere” Pellico, de 18 años; y su primo Maximiliano Peralta queda herido con un disparo en una pierna, acusados de haber esquivado un control policial. A las sospechas de un robo de estéreo de un auto, el 3 de septiembre, un Guardia de Infantería asesinó a un joven de 21 años. Todos ASESINATOS a manos de la Institución policial que se encuentran aún sin resolver. Expresión más brutal de un plan sistemático de control social, expuesto con el narco escándalo y el acuartelamiento policial a finales del 2013. (Documento 8.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2014).

3. Consideraciones finales: ¿por qué “Les nietes decimos Nunca Más”?

No es casual que sea en Córdoba la primera Marcha de la Gorra: si bien la bandera que enarbola es la experiencia de muchos jóvenes cordobeses, también es propia de los jóvenes latinoamericanos y argentinos. Dicho de otro modo, cabe preguntarse por qué emerge en Córdoba una acción colectiva que expresa un problema propio del Estado penal (Wacquant, 2010), que gestiona la inseguridad social a través de la criminalización de la pobreza y detención arbitraria de jóvenes de sectores populares. Como sugiere Bonvillani (2018), es prudente prestar atención a ciertas características sociales, políticas e idiosincráticas de esa ciudad.

Córdoba tiene una tradición de resistencia, pero también de ejemplos represivos: es la ciudad de la Reforma Universitaria de 1918,^[29] que derramó su reclamo en el resto de Argentina y de muchos otros países del continente; Córdoba es la ciudad del Cordobazo, de 1969,^[30] antecedente de la caída del régimen de Juan Carlos Onganía (presidente de facto entre 1966-1970 en Argentina); pero también es la ciudad del Navarrazo,^[31] de 1974, antecedente principal de la dictadura de 1976. En la misma línea, podría retomarse el autoacuartelamiento policial explicado antes, de 2013, que puso en agenda reclamos de las fuerzas policiales, en Córdoba primero y en el resto del país después. Córdoba presenta y propone luces y sombras, y en esa tensión emerge la Marcha de la Gorra, que reivindica las luchas por la ampliación de derechos y denuncia aquellas acciones contenciosas destinadas a limitarlos:

Acá estamos los hijes del Cordobazo y nietes de Nora Cortiña.^[32] Las balas que tiraste y que volvimos. Somos los 30.400 desaparecides.^[33] Somos la bronca canalizada y el miedo transformado en lucha (Documento 13.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2019).

Cada vez somos más los que rechazamos la represión como complemento de una política que respalda los negocios de unos pocos, mientras el pueblo se empobrece. Y cada vez somos más visibles. Por eso el año pasado De la Sota^[34] retrocedió en su intento de sancionar un nuevo de Código de Faltas, al que había llamado de “convivencia”, como en tiempos de dictadura (Documento 2.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2015).

La MDG es resistencia y lucha, es miedo transformado en fuego:

Porque nos encontramos y organizamos para resistir y luchar de las mil formas que conocemos y de las que inventaremos porque no nos asusta tu miedo, a que seamos libres, y lo seremos (Documento 13.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2019).

Porque sabemos que en las diversas luchas organizadas el miedo se ha podido transformar en fuego, en rebelión, en reivindicaciones y libertades. Ya no nos da miedo tu Estado represor […] ya no nos da miedo tu política de tener más policías en las calles que docentes en las escuelas (Documento 13.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2019).

La Marcha de la Gorra se inscribe en una larga trayectoria de luchas en favor de los derechos humanos que impugnan las acciones estatales a través de diferentes formas de manifestación en el espacio público en Argentina. Como referencia central del tema se halla el reclamo de las Madres de Plaza de Mayo, que pone en evidencia la militancia que protagonizaron los familiares de detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Como indica Font (1997), los familiares de las personas detenidas-desaparecidas comenzaron el reclamo por el destino de las víctimas que solían ser arrancadas de sus hogares o interceptadas en la calle y no volvía a tenerse datos de su paradero. La propia dictadura, a través del Ministerio del Interior, registró las denuncias y en 1977, madres de víctimas se concentraron frente a esa institución a los fines de obtener alguna respuesta. Sin acceso a la información deciden reunirse en la Plaza de Mayo, lo cual sería el inicio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.^[35] Con el regreso de la democracia, los organismos de derechos humanos serían los encargados de convocar a la marcha del 24 de marzo, actualmente llamado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la marcha más nutrida de Argentina:

Tenemos la memoria como estandarte, la verdad como forma de trabajo y a la justicia entre nuestros pares (Documento 7.° Marcha de la Gorra, Córdoba, 2013).

Estamos acá porque creemos en la Memoria. Es a partir de la defensa de los discursos construidos de manera colectiva que les jóvenes podemos recuperar las diferentes formas de resistir y organizarnos; ya sea la que han tenido nuestros xadres^[36] en los 90 con la crisis neoliberal, las formas de nuestros abueles en los 70 resistiendo a un Estado y una Sociedad terroristas y asesinos. Porque es a través de esas memorias materializadas en Abuelas, en Madres, HIJOS y en los diferentes Sitios de Memoria de todo nuestro país que les nietes decimos Nunca Más.^[37] Nunca más un gobierno neoliberal, nunca más persecución a les pibes de los barrios, Nunca Más discursos negacionistas, Nunca Más una juventud que no se crea política (Documento 6.° Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2019).

“Les nietes decimos Nunca Más” expone un elemento central de la MDG, que se comprende como tributaria de las demandas de memoria, verdad y justicia; inscripta en el mensaje del Nunca Más, en los documentos se reclama por los jóvenes desaparecidos diciendo –con el espíritu de las Madres de Plaza de Mayo–: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. La Marcha se entiende nieta de los reclamos por los derechos humanos iniciados en la década de 1970, por los perseguidos y desaparecidos, ahora ya no por cuestiones políticas, sino por conformar un grupo social vulnerable. Colectivos y sujetos específicos, que desde el regreso de la democracia siguieron atravesados por las violencias del Estado (Tiscornia, 2017).

Como investigadora anfibia advierto que la MDG se convirtió en un movimiento socioterritorial importante en Argentina, especialmente, en la provincia de Córdoba, porque amplió sus demandas sin abandonar sus reclamos centrales; pudo sostenerse en el tiempo y ampliar su base social. La Marcha como escape, como fuga, como espacio de enunciación y de confrontación; de búsqueda de identidad y de alegría, desde el dolor de las vidas que no están y de las trayectorias quebradas por la violencia. La Marcha de la Gorra es una trinchera, una lucha que recupera otras luchas.

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