En el presente capítulo se busca problematizar la cuestión del acceso a la vivienda para los sectores populares –que coincide con la población destinataria de los programas aquí analizados– y el rol que juegan el Estado, el mercado y los propios pobladores frente a esta problemática. Para ello se profundiza en las distintas lógicas/modos de producción de vivienda (y, por ende, de ciudad), prestando especial atención a las formas de intervención estatal frente al problema y a los modos de producción del hábitat popular. En este marco se analizan los actores que intervienen y los intereses que representan para profundizar en la concepción de Producción Social del Hábitat desde distintas posturas teóricas; a su vez, se definen las prácticas de autoconstrucción y autogestión como formas de producción, reproducción y supervivencia de los sectores populares en la ciudad neoliberal. Este análisis encuentra su pertinencia en el objeto de estudio de este libro en la medida que los distintos modos de producción del hábitat impulsados por el mercado y por los propios pobladores (autoconstrucción y autogestión) encontraron sus vías de canalización en el Estado a través de políticas habitacionales ejecutadas en la CABA. Además, estas políticas son objeto de análisis casuístico de este trabajo, puesto que las características que asumieron tuvieron impactos diferenciales en términos de calidad de vida en las familias destinatarias.

Por último, se retoma un debate teórico clásico (de los años ‘70-‘80) sobre la producción del hábitat popular, el cual contrapone el binomio producción por “planificación centralizada” versus producción por “autoconstrucción”, y se repasa el enfoque “democrático autonomista” surgido en la década de los ’90, el cual recupera la autoconstrucción asistida como el mejor modo de resolver la falta de vivienda de los sectores populares. Este repaso se realiza, por un lado, para sentar las bases del estado actual del debate en materia de vivienda que está por detrás del objeto de estudio de esta investigación; y, por otro, como resultado de este libro y del análisis de los casos estudiados, plantear una actualización del mismo, postulando la práctica autogestionaria integral como una alternativa viable para la resolución del problema habitacional de los sectores populares.

2.1 La cuestión de la vivienda

En función de las teorías sustantivas sobre las que se sostiene este libro, el problema de la vivienda^[1] debe ser abordado necesariamente en su relación con la lógica capitalista: “el sector vivienda debe ser analizado como parte del proceso de acumulación” (Yujnovsky, 1984, pág. 21). Según Castells (1970), la falta de vivienda en este tipo de sociedades es una manifestación estructural de las condiciones en las que se produce^[2]. El déficit de vivienda no es el resultado de la urbanización en sí misma, sino que se debe, según el autor, a una relación entre la oferta y la demanda que es determinada por las condiciones sociales de su producción, entendida esta como un objeto de mercado. La vivienda aún conserva su función original de satisfacer una necesidad biológica-cultural, pero relacionada ahora con una función económica. Se trata de un desajuste entre las necesidades socialmente definidas de la habitación y la producción de vivienda y equipamientos residenciales como valores de cambio. Pero, además, Topalov (1979) recupera una de las condiciones primordiales del proceso de producción de la vivienda: el suelo urbano, un insumo no reproducible que puede ser monopolizado. Al tratarse de un bien finito y agotable, una vez que el suelo alcanza su límite, se agota o necesita incorporar tierra nueva, el suelo rural lindero modifica sus usos. Este proceso, dice Jaramillo (1994), está estrechamente vinculado a prácticas especulativas, ligadas a la fuerte variación que existe entre el precio de la tierra rural y la urbana (a favor de esta última). El resultado de este proceso es la fijación de sobre-ganancias localizadas en forma de renta del suelo urbano, presente en el precio final de las viviendas.

Castells (1970) y Topalov (1979) argumentan que los objetos inmobiliarios (entre los que se encuentra la vivienda –y, por lo antedicho, el suelo urbano–), entendidos como mercancías, son poseedores de un valor de uso, pero también de un valor de cambio. Como todo valor de cambio, son producidos por el capital y circulan como capital en el mercado. Por lo que la vivienda cuenta con una doble función: ser una mercancía parte de un proceso de acumulación y representar una necesidad reproductiva de la fuerza de trabajo (el trabajador), es decir, un elemento sustancial para la reproducción del propio sistema social. El espacio construido destinado a la vivienda para los trabajadores, dice Jaramillo (1994), opera como soporte de la reproducción de vida de la fuerza de trabajo, actuando para el capital como un proceso de reproducción general del sistema.

Por lo tanto, el proceso de producción de la vivienda se desarrolla como cualquier otra mercancía. A partir del desembolso de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo se construye un edificio y, posteriormente, a través de su venta en el mercado, se produce una ganancia y se recupera la inversión inicial. El predominio de esta lógica mercantil de producción de la vivienda (como también de cualquier otro bien urbano) supone la valorización del capital en la producción y circulación de los servicios subordinando la satisfacción de las necesidades a la obtención de ganancia (Pírez, 1995). Así, conceptualizado el proceso productivo, el sistema de vivienda está compuesto por ciertos actores específicos: por una fracción del capital especializado en la construcción, por la fracción del capital inmobiliario (con un interés en los mercados de subdivisión, la venta suburbana y el alquiler) y la fracción del capital financiero (bancos, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras) (Yujnovsky, 1984). A estos actores, Topalov (1979) adiciona la fracción del capital de promoción, la cual cumpliría dos funciones económicas: liberar terreno (es decir, construir suelo urbano mediante una modificación de su uso) y abonar a empresas constructoras –a medida que avanza la construcción– antes de que la mercancía esté disponible para la venta. El rol de esta última fracción es fundamental, pues si el tiempo que insume el proceso productivo resulta extenso, sin este capital de promoción, el inmenso volumen de capital invertido en la obra permanecería vulnerable a cualquier imprevisto económico. A este inconveniente hay que adicionarle la incapacidad que existe por parte de la mayoría de los compradores de pagar el total del precio de la mercancía vivienda de una sola vez, por lo que “la condición de liberación del capital de promoción, de su regreso a la forma dinero, es la existencia de créditos para los compradores de viviendas” (Topalov, 1979, págs. 113-114). El crédito privado aparece en este esquema, entonces, como un capital que posibilita la distribución de los pagos a lo largo de cierto período de tiempo (bajo la forma de alquiler o crédito hipotecario) (Clichevsky, 2000) para acceder a una vivienda. Pero aun así el mercado sólo provee de viviendas a aquellos sectores de la población económicamente solventes, es decir que la producción y adquisición de una vivienda depende de la disponibilidad de dinero suficiente para su consumo por parte de un trabajador.

De allí la necesidad de la integración de las personas en el mercado de trabajo y en el mercado de bienes urbanos. Pues para quienes no cuentan con los recursos monetarios suficientes para comprar una vivienda en el mercado, “no hay satisfacción mercantilizada posible” (Topalov, 1979). Esta forma de producción de la vivienda, de los bienes urbanos y, en última instancia, de la ciudad responde, para algunos autores (Pírez, 1995; Herzer & Pírez, 1994), a una lógica mercantil de producción. No obstante, en América Latina o en países subdesarrollados como Argentina, quedan por fuera de esta posibilidad de acceso a la vivienda mercantilizada amplios sectores de la población.

La tradición del estructuralismo marxista entiende el problema de la falta de vivienda a partir de la incongruencia que existe entre el salario y el precio de la misma, limitando esta problemática al obrero y la vivienda obrera, ignorando esta cuestión para los sectores populares marginales. Pero a partir de las características de exclusión masiva de la fase de desarrollo actual en los países subdesarrollados, Coraggio (1998; 1999) invita a abordar las lógicas no capitalistas de la vivienda, propias de estos países. Propone superar la versión estructural-marxista y avanzar hacia la idea de necesidad de reproducción total de la fuerza de trabajo como condición general para la reproducción del sistema, entendiendo la necesidad de vivienda como una necesidad más asociada a la reproducción de la vida (1998, págs. 64-65) y a la acumulación ampliada de la misma (1999)^[3]. A diferencia del tradicional ejército industrial de reserva, en la etapa neoliberal surgieron amplios sectores marginados de estas estructuras, constituidos en excedente de fuerza de trabajo que de ninguna manera lograría insertarse en el sistema productivo, y cuya acción está ligada intrínsecamente a la necesidad de satisfacer sus necesidades bilógico–reproductivas, sociales y culturales– más que a la acumulación de capital. Por lo que la dificultad para acceder a la vivienda se presentó, en la última mitad de siglo en los países subdesarrollados, como un “cuello de botella” persistente, que reclamó algún tipo de intervención por parte del Estado (Harvey, 2007). Tal cual afirma Yujnovsky:

El mercado no puede suplir las insuficiencias de consumo de la población por el reducido poder adquisitivo de esta. De allí que se requiera una intervención extra económica para aumentar la demanda e incrementar el desempeño de la empresa privada. Por otra parte, en el caso de muchos bienes y servicios de consumo colectivo, la baja rentabilidad que obtendría la actividad privada exige que directamente sea el Estado el encargado de su provisión (Yujnovsky, 1984, pág. 22).

En este marco, el predominio de una lógica política o pública de producción de vivienda, implica la posibilidad de una cierta des-mercantilización de algunos de los bienes o servicios, donde se destaquen mecanismos de redistribución, operando en la producción y/o en el consumo de los mismos. Ahora bien, el Estado no es meramente voluntarista en la generación de valor de uso, sino que existe un cálculo de racionalidad económica en sus acciones, buscando un impacto que sea favorable a la acumulación de capital (O’Donnell (1977), Oszlak (1982) y Thwaites Rey (2005)). La política de vivienda, en este marco, se constituye en un tipo particular de política social, pues si bien se inscribe en este conjunto, el bien que produce (la vivienda), es un bien de uso individual, no es ni colectivo ni público; por esta razón requiere de una asignación “social” específica, y es el Estado mismo quien determina a quién se le asigna lo que produce. Por lo que a través de las políticas de vivienda, plantea Castel (1997), el Estado define las condiciones materiales y simbólicas que van asegurar la integración del destinatario al cuerpo social en su conjunto, o, en su detrimento, van a excluirlo (como se vio en el capítulo anterior). Asociar la acción pública al territorio cobra especial sentido cuando se habla de políticas de vivienda, pues las políticas urbanas tienen la capacidad de moldear las vidas cotidianas, sus formas de organización social y el territorio que habitan. Las marcas que producen las intervenciones estatales en materia de vivienda en las familias destinatarias contribuyen a configurar estructuras de oportunidades (Kaztman, 2001; 1999) para dar respuesta a los requerimientos de su vida cotidiana.

Sin embargo, no hay que perder de vista que una política social (inclusive la habitacional) forma parte de un conjunto de políticas de Estado coherentes entre sí que resultan de la disputa hegemónica mencionada anteriormente: “es imposible intentar conceptualizar el fenómeno de las políticas sociales desligado del tipo de Estado en que se producen (producían) y del modelo de crecimiento existente (adoptado) en una sociedad en un momento determinado” (Aguiló, 2005, pág. 5). Por lo que la intervención estatal mediante políticas sociales, como plantean Andrenacci, Falappa y Lvovich (2004), pauta los modos en los que se producen los procesos de integración social en la sociedad capitalista. En este sentido, la protección social que imparten las políticas sociales (incluidas las habitacionales) están destinadas a garantizar exclusivamente la reproducción social del modelo, a integrar –en su justa medida– al conjunto social y a mantener un cierto grado de cohesión social –a niveles tolerables– para la sociedad (Krmpotic, 2004).

Por ende, en un Estado capitalista, la política social (y específicamente la de vivienda) desarrolla un conjunto de medidas que, en general, poco tienen que ver con la búsqueda de un equilibrio social, sino que pretenden facilitar el proceso de acumulación a través de distintos tipos históricos de capitalismo (el estado liberal, el Estado de bienestar, el neoliberalismo) y distintos tipos de protección social, que garanticen la continuidad necesaria para la legitimación del modelo de acumulación (Soldano & Andrenacci, 2006). En este marco, las políticas habitacionales tienen un doble carácter social y económico. Como se verá en este libro, por un lado, la política habitacional desempeña un rol social al pretender la integración de aquellas familias de escasos recursos que no pueden acceder a una vivienda de manera privada. Pero también, por otro lado, la política habitacional desempeña un rol económico con un fuerte contenido de regulación económica y genera las condiciones de acumulación entre los distintos actores participantes en la producción de la ciudad (Rodríguez M. C., 1998). La persistente tensión entre estos dos planos la redefinen constantemente, asignándole mayor peso a uno o al otro en función de la pulseada entre los tres actores fundamentales del sistema de vivienda: el estado, el mercado y la sociedad^[4].

Entonces, a partir de las normativas, el diseño y la implementación de políticas sociales el Estado resuelve o agudiza (O’Donnell & Oszlak, 1981) el problema de la falta de vivienda y/o del acceso a la ciudad de aquellos sectores que no pueden proveerse de estos servicios mediante el mercado. Cuando el Estado resuelve la problemática que originó el proceso de mercantilización, establece el modo en el que lo hace, la localización y los destinatarios de esos beneficios en un marco de interacción con otros actores sociales, con distintos niveles de fuerzas que inciden en la forma y el alcance de su resolución. La capacidad de influencia de los actores para orientar o reorientar las intervenciones estatales y la variabilidad de su curso, se verá claramente en los programas analizados en este trabajo. Pues así como algunos de ellos nacieron de reclamos y resistencias llevadas adelante por organizaciones socio-territoriales de base^[5] en un determinado contexto histórico, pasado el mismo desencadenaron situaciones de cooptación por parte del estado o de resistencia. Otros programas nacieron en respuesta a intereses defendidos por grandes empresas constructoras (portadoras también de un importante poder político y económico de influencia) que en determinado momento histórico recuperaron fuerza en su capacidad de acción en el sistema de vivienda. Por lo que el contexto socio-político en el que se insertó una política social, y específicamente las de vivienda, impulsó o socavó determinados entramados de intereses en el desarrollo de la política, que habilitaron determinados tipos de programas habitacionales, que involucraron unos modos de producción de vivienda por sobre otros, que habilitaron –o impidieron– procesos de integración social (Sabatini, Cáceres, & Cerda, 2001; Rodríguez & Arriagada, 2004; Carman, Vieira da Cunha, & Segura, 2013; Segura, 2014) y promovieron –o socavaron– el acceso al derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad (Lefrebvre, 1968; 1972; Fernandes, 2006; Rolnik, 2011) a los destinatarios de la política (la mayoría de las veces sectores populares).

Ahora bien, la lógica mercantil y político-estatal, en países de América Latina, y específicamente en Argentina, no fue suficiente para absorber e incluir a amplios segmentos de la población urbana; lo cual dio origen a procesos organizados por una lógica social de necesidad que llevó a la propia población a producir los bienes urbanos (y servicios) necesarios para la satisfacción de sus necesidades (Pírez, s/f). En su lucha diaria por la subsistencia, algunos de los mecanismos clásicos que desplegaron los sujetos bajo esta lógica fueron las ocupaciones de hecho de inmuebles o tierras, privadas o públicas, vacantes o en desuso, la construcción individual o colectiva, organizada o no, etc. Se trató, en consecuencia, de dinámicas de producción popular del hábitat y/o de urbanización popular que supusieron un proceso de des-mercantilización en la medida que la producción y circulación de algunos bienes urbanos (como la vivienda o los servicios) se produjeron, al menos parcialmente, por fuera de la esfera mercantil, facilitando el acceso a esos bienes a aquellas familias que de otra manera no podrían hacerlo. Según Pírez (s/f, pág. 5), esta des-mercantilización social puede darse de dos maneras: no redistributiva o con algún componente de redistribución. La primera es la que se dio sin ningún aporte del Estado en recursos financieros (basada exclusivamente en el esfuerzo –trabajo y eventuales recursos económicos– de la población necesitada), mediante procesos de consumo no mercantil (cuando el acceso a los bienes urbanos se concretiza mediante vinculaciones clandestinas a las redes formales) y procesos de producción no mercantil (estrategias auto-constructivas con aportes predominantes de los pobladores y de su trabajo, en los que la organización y el control quedan bajo el dominio de la lógica de la necesidad –más allá que algunos insumos sean producidos por la lógica de la ganancia^[6]–). En la segunda modalidad, la des-mercantilización se produce con algún componente redistributivo, es decir que, bajo la lógica de la necesidad, existe una articulación con la intervención estatal mediante la transferencia de recursos, que pueden ser financieros. En este caso, la redistribución se produce si la intervención estatal complementa la des-mercantilización social y permite evitar o debilitar las condiciones de expoliación urbana (Kowarick, 1991).

2.2 Los modos de intervención estatal

Efectivamente, el Estado comenzó a operar sobre la provisión de vivienda para abrir mercados entre sectores sociales ubicados por fuera de las demandas efectivas e incapaces de acceder a la vivienda por sí mismos. Pero según Topalov (1979), el rol del Estado respecto a la planificación urbana no remite a la de un actor racional que persigue la satisfacción de un interés general de la sociedad, sino que se trata de un conjunto de aparatos que realizan, mediante un proceso complejo y contradictorio, el interés de la clase dominante (como se vio con O’Donnell (1977), Oszlak (1982) y Thwaites Rey (2005)). Por lo que la política urbana no puede reducirse a una actividad de planificación, sino que se encuentra permeada por luchas de clase llevadas adelante por movimientos sociales urbanos (Castells, 1970; Harvey, 2007). Desde esta perspectiva, Castells invita a considerar la dimensión de la acción de los distintos grupos sociales como un elemento de peso en la configuración del espacio urbano, pues este fenómeno se encuentra permeado por las lógicas propias del Estado: la política, etc.

Ahora bien, la vivienda social o de interés social refiere a un capital socialmente asignado y protegido por la acción directa del Estado a partir de las reglas del mercado. Este dispositivo, producto de una política estatal, se propone afrontar el impedimento de la condición de mercancía de la vivienda y, en consecuencia, de las dificultades de abordar su precio en el mercado por parte de los sectores populares (Dunowicz, 2003; Giglia, 2001). Fernández Wagner (2004) plantea que el carácter “social” de estas viviendas nunca estuvo del todo abordado por las intervenciones estatales, pues la prioridad siempre fue financiar la oferta, es decir a los lobbies de las empresas constructoras^[7], y contribuir a la reproducción política mediante prácticas clientelares. Con lo cual, el autor argumenta que en América Latina, si bien el término se utiliza, este no remite a los orígenes de su terminología por lo que no refiere a un mecanismo de distribución de la riqueza. Pues en un consolidado sistema de derechos que prioriza la propiedad privada, la vivienda social refiere a una mercancía –la vivienda– que en esencia está desvalorizada en sus atributos físico-espaciales y en su valor simbólico. Remite a un producto degradado que desconoce los valores urbanos y sociales primordiales desde una perspectiva de integralidad que se abordará más adelante. El autor asocia la noción de vivienda social al estigma existente de “vivienda para pobres”.

El análisis de las intervenciones estatales existentes en nuestro país^[8] muestra que las políticas implementadas no hacen más que ensanchar la brecha social con propuestas poco redistributivas y con poca capacidad de resolución del problema. La actuación es mayoritariamente sectorial y no le otorga al bien vivienda el status de bien social, condicionando el acceso. Pues las intervenciones desarrolladas se ejecutaron guiadas prioritariamente por una lógica de desarrollo económico y no a partir de una lógica de desarrollo social (priorizando el perfil económico de las políticas habitacionales).

Ahora bien, el abordaje de estas intervenciones estatales puede realizarse desde distintos ángulos: como intervención directa o indirecta, sobre la oferta o la demanda, entre otras^[9].

Las intervenciones directas remiten a aquellas acciones que suponen la construcción directa de nuevas viviendas (o la remodelación y/o mejoramiento de las ya existentes en el parque habitacional) por parte del Estado a través de empresas estatales o, preferentemente, mediante empresas constructoras privadas (nacionales e internacionales). Según Apaolaza (2009), estas viviendas nuevas, en general, se asientan en terrenos fiscales o privados adquiridos de manera exclusiva para un proyecto puntual y suelen localizarse en zonas periféricas, con deficiente accesibilidad y acceso a servicios públicos y baja densidad poblacional. En cuanto a las características constructivas, estas intervenciones priorizaron complejos habitacionales por sobre la vivienda unifamiliar, en barrios pensados como unidades funcionales autosuficientes^[10]. Los proyectos son concebidos y diseñados por técnicos/funcionarios estatales sin consulta interactoral. Por ejemplo, el usuario es un receptor pasivo de la vivienda y no participa en la toma de decisiones vinculadas a ella; a su vez, se omite cualquier tipo de contemplación de las particularidades culturales de cada grupo. Las viviendas son producidas por grandes empresas constructoras a partir de procesos de licitación pública y entregadas llave en mano (es decir, una vivienda que ya está lista para ser habitada) a sus destinatarios, con muy bajo o sin recupero. La asignación de las viviendas se realiza, en general, por un listado que establece un orden entre la población destinataria en función de su nivel de precariedad y/o vulnerabilidad social y urbana. Yujnovsky (1984) por su parte argumenta que el predominio de la construcción de vivienda en grandes complejos habitacionales garantiza una gran movilidad de capital para las grandes empresas constructoras, que son las únicas capaces de cumplir los requerimientos para emprendimientos semejantes, estimulando aún más concentración. La asignación de recursos estatales a otro tipo de intervención (como podría ser el estímulo a la autoconstrucción o la autogestión), pondría en peligro esta exclusividad. Este tipo de modalidad de vivienda fue en parte entendida por la bibliografía especializada (Borja, 1998; Clichevsky, 2000; Rodríguez Vignoli & Arriagada, 2004), como las causantes de algunas deficiencias significativas en términos de condiciones de vida para sus usuarios^[11].

Por otra parte, las intervenciones indirectas de carácter estatal refieren, según Apaolaza (2009), a toda una serie de acciones orientadas a modificar y corregir algunas o varias de las deficiencias del sistema mercantil de provisión de vivienda a través de intervenciones heterogéneas, facilitadoras del acceso a la vivienda, que fueron desde la organización de bancos de materiales hasta créditos; pudiendo orientarse tanto hacia la intervención en la demanda como hacia la oferta.

En relación a las acciones que intervienen sobre la demanda, se pueden citar las diferentes formas de financiamiento de la vivienda a través de créditos y subsidios para incrementar la solvencia de los sectores de menores ingresos, como así también aquellas medidas tendientes a incorporar dentro del salario formal el costo de la vivienda.

Dentro de las acciones estatales dirigidas hacia la oferta, se pueden enunciar acciones montadas para facilitar el acceso a la tierra (determinación de servicios mínimos, expropiaciones, códigos de subdivisión, entre otros), el estímulo a la construcción privada mercantil de la vivienda (beneficios impositivos, créditos, etc.), la implementación de políticas de regulación de precios (control de alquileres, control de precios de insumos, etc.) o el otorgamiento de subsidios (monetarios, de insumos o de asesoramiento) para el estímulo de la autoconstrucción y/o autogestión individual o colectiva.

En la práctica cotidiana de la gestión del Estado, todas estas modalidades de intervención están presentes en mayor o menor medida; a la vez que, en muchas ocasiones, aparecen combinadas entre sí y con otras lógicas.

Para explicar esto, Pelli (2010) construyó una clasificación de distintos tipos de intervención emprendidos por el Estado con economías del mercado para resolver la falta de vivienda:

Gráfico 2: Modos de producción de hábitat popular y tipos de intervención gestionados por el Estado

Fuente: Elaboración propia en base a Pelli (2010, pág. 48).

Pelli (2010) plantea que cada una de las opciones para resolver la falta de vivienda genera prácticas diferentes de producción y de gestión, correspondientes a diferentes patrones ideológicos de relación social y proyectos de sociedad. Estas prácticas pueden ir desde la imposición directa de un modo de resolución del hábitat popular (propio de las experiencias llave en mano) hasta un modo de resolución en el que impere una fuerte interacción entre los actores involucrados (técnicos y habitantes), en donde los futuros pobladores son quienes toman las decisiones del proceso productivo (asistencia estatal a la autogestión). En función del modo de producción que se emplee para resolver el problema del hábitat, se puede variar entre un modo de producción caracterizado por un tipo de gestión unidisciplinario o pluridisciplinario (y en sus versiones más evolucionadas, interdisciplinario y transdisciplinario) que se desarrollan en el nivel técnico profesional, hasta un tipo de producción plurisectorial –intersectorial o transectorial– que implica un trabajo conjunto a lo largo de todo el proceso productivo de todos los actores sociales e instituciones involucradas^[12] (propias de una gestión participativa directa o de asistencia estatal a la autogestión). Entonces, según el modelo adoptado, la experiencia de producción del hábitat puede resultar en una experiencia educativa, de ejercitación de una forma equitativa de actuación social o, por el contrario, de reafirmación de un patrón de subordinación o sometimiento social.

Pero la práctica de producción y de gestión de una vivienda, agrega Giglia (2012), refleja también las visiones acerca de lo que son o deberían ser los usos y las necesidades del habitar de los sectores populares. La forma o el diseño de la vivienda (sea esta social o no) expresa los valores técnicos, religiosos, estéticos y espaciales que se deben reproducir en una sociedad (Pezeu-Massabuau, 1988), por lo que una vivienda se convierte en móvil de enseñanza permanente de determinados patrones culturales trasmitidos mediante la política social a sus moradores por el simple hecho de habitarlas. En una sociedad pluricultural como la nuestra, estos patrones culturales no son unívocos ni homogéneos, sino, por el contrario, son objeto de disputa por los distintos sectores sociales. Por ende, los modos de producción de la vivienda social se constituyen en escenarios claves de disputa y de encuentro o desencuentro cultural entre los valores técnicos, habitacionales, estéticos y espaciales de quienes diseñan las viviendas, entre quienes las construyen y finalmente quienes las habitan^[13]. Por lo que las características que asuma el modo de producción y de gestión y el tipo de participación que tengan los moradores se constituyen en factores centrales para el ejercicio de una forma equitativa de actuación social-cultural o, por el contrario, como reafirmación de un patrón de subordinación o sometimiento. Estas cuestiones serán objeto de análisis en los casos de estudio.

Ahora bien, la cada vez mayor y creciente autoproducción de vivienda popular en países como el nuestro demostró los límites de la intervención estatal para resolver el problema habitacional de los sectores populares. Topalov (1979) marcaba la persistencia de la modalidad informal de producción de hábitat popular como una clara evidencia de la incapacidad del mercado –y del Estado– de proveer de viviendas a sectores con bajos salarios o empleos precarios e informales.

2.2.1 La política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires desde un enfoque histórico

Las diversas reestructuraciones que sufrió el Estado en su relación con la sociedad y el mercado^[14] modularon políticas urbanas (y de vivienda) también distintas a lo largo del tiempo, cada una priorizó alguna de las opciones de acción estatal citadas anteriormente (y se fueron adicionando al sistema de vivienda). Esto hace posible identificar diferentes generaciones de políticas habitacionales en su recorrido histórico en nuestro país.

Hacia fines de los años ’50, la década del ’60 y parte de los ’70 –años caracterizados por un Estado de Bienestar–, el problema de la vivienda se comenzó a abordar con una primera generación de políticas habitacionales (Fernández Wagner, 2007; Biglia, Marsili, & Vallina, 2008), que perdura hasta la actualidad, basadas en una gestión vertical, autoritaria o paternalista de construcciones de grandes conjuntos habitacionales, realizadas por grandes empresas constructoras y entregadas “llave en mano” a sus adjudicatarios (a través de programas como el Programa de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) (1966) o el Plan de Viviendas Económicas Argentinas (VEA) (1969) o las operatorias FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) a partir de 1978, o el Plan Federal de Construcción de Viviendas después de la crisis 2001^[15] (esta última política es objeto de análisis de este trabajo).

Desde los años de surgimiento hasta la actualidad, esta primera generación de políticas se desarrolló sobre la base de una planificación centralizada en el Estado y como un mecanismo de control social (papel que en cierta medida cumplía la vivienda social de la época) que se asentó en un complejo entramado de intereses, donde la vivienda funcionó como un dispositivo político (el clientelismo) y, a la vez, como dispositivo económico (el lobby empresarial), donde el negocio empresario estuvo asociado a los beneficios clientelares del sector político (Sepúlveda Ocampo & Fernández Wagner, 2006; Rodulfo, s/d). A pesar de esto, estas políticas se dieron en un marco de reconocimiento de derechos (fundamentalmente asociados al trabajo), aunque de cierta relatividad en términos de posibilidades de acceso a suelo urbano de calidad (por las características de este bien, descriptas anteriormente). Se configuró, de este modo, una tipología de política cuyo móvil estuvo vinculado a la asociación de la reproducción del capital con la reproducción política (priorizando el carácter económico de la política habitacional por sobre su carácter social). Para la ejecución de esta primera generación de políticas habitacionales, se institucionalizaron –de manera errática– diversas oficinas públicas de vivienda que a lo largo del tiempo asumieron características sinuosas, como constantes reorganizaciones jurídicas y económicas del sector. No obstante, todos los organismos tuvieron fuerte vinculación con bancos hipotecarios, fondos nacionales, cajas de crédito, etc. y configuraron un sistema de provisión de vivienda que se orientó primeramente a la atención de población en villas de emergencia para luego dirigirse hacia un sistema de atención universal de tipo distributivo que fue creciendo con el fortalecimiento, desarrollo y consolidación del sector empresarial de la construcción habitacional (Rodulfo, s/d; Sepúlveda Ocampo & Fernández Wagner, 2006) en torno a la obra pública y, particularmente, en torno a la vivienda estatal.

Por ende, esta primera generación de política habitacionales, con sus distintos vaivenes demostraron, a lo largo del tiempo, la consolidación de un sistema de vivienda que tiene por modo de producción predilecto la modalidad llave en mano, la nula participación de los destinatarios en los diseños de las viviendas, la priorización de contratación de grandes empresas constructoras para su producción, y la consolidación de la zona sur-oeste de la ciudad como destinataria de la producción estatal. Algunos lineamientos alternativos que incursionaron su derrotero, encabezados por otros actores no tradicionales (como cooperativas, mutuales o pequeñas empresas constructoras), obtuvieron resultados altamente satisfactorios, pero nunca dejaron de ser operatorias marginales, poco priorizadas presupuestariamente, que no lograron poner en riesgo las alianzas tradicionales del sector. Pues el sistema de vivienda que logró su consolidación con el modo de producción llave en mano, también anquilosó un sistema de articulación de intereses políticos y, fundamentalmente, económicos del sector privado y público para construir vivienda como movilizadores de la economía (y estrategia de reproducción del modelo de acumulación) por sobre una condición de derecho social de los destinatarios de la misma.

No obstante, estas experiencias marginales, que se filtraron y plantearon disputa hacia el interior del sistema de vivienda, sentaron una impronta que posteriormente fue recuperada por sectores populares organizados de la ciudad.

A partir de mediados de los años’80, con la vuelta de la democracia y con mayor fuerza en los años ’90 cuando se consolidó el neoliberalismo en nuestro país, se dio paso a una segunda generación de políticas habitacionales que propició un tipo de gestión participativa institucionalizada (los habitantes son interpretados por sus representantes políticos (Pelli V. S., 2007)) mediante políticas de regularización y radicación de asentamientos irregulares con construcciones de pequeña escala, participación formal de los pobladores (en muchos casos desde la construcción de las viviendas) y gestionados por las comunidades u organizaciones no gubernamentales (Fernández Wagner, 2003, págs. 1-3; Rodulfo, s/d). Este nuevo esquema, reconfiguró el mapa de actores intervinientes, pues el sector concentrado de la gran empresa constructora fue desplazado hacia otros rubros de infraestructura de mayor rentabilidad (vinculados a la obra pública) y las constructoras de menor escala atendieron al subsidio a la demanda de vivienda, con una estructura más débil y atomizada territorialmente (Rodríguez M. C., 2007; Rodulfo, s/d). En este sentido, la reestructuración incidió en la promoción de una ejecución más “territorializada” de la política de vivienda que abrió, a escala local, el juego a nuevas relaciones sociales y políticas en los municipios, con nuevos actores económicos y sociales beneficiarios de la política.

Las primeras políticas implementadas en este registro se desarrollaron a nivel nacional de gobierno, aunque fueron ejecutadas a nivel provincial por el proceso de descentralización vigente, pero sin intervención a escala CABA. Pues en 1992 se creó la Comisión Nacional de Tierras Fiscales, dependiente de la Presidencia de la Nación (que en la post-crisis se convirtió en la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social), como órgano aplicador de la Ley Nacional de Tierras (Ley N° 23.967) para ejecutar el Programa Arraigo, de regularización dominial de tierras, mejoramiento barrial integral y urbanización de asentamientos informales, lotes con servicios, conformación de bancos de tierra, micro-créditos para el mejoramiento de la vivienda, estímulo a la vivienda progresiva, e intervenciones de pequeña escala con distinto tipo de articulaciones sectoriales. Otro de los programas alternativos de gran envergadura implementados fue el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA^[16]) a partir de un financiamiento acordado con el BID. En una primera etapa del programa, tanto la CABA como el Gran Buenos Aires (GBA) quedaron excluidos de los 200 proyectos de mejoramiento^[17], pero con posterioridad a algunos cambios orgánicos, a diferencia de la CABA, el GBA se incorporó al Programa. Otro ejemplo de este tipo de programas es el Programa Rosario Hábitat ejecutado en esa ciudad a partir de 2001^[18].

Mientras que durante en los años de crisis de los ‘80 estas políticas de segunda generación no se desarrollaban en la CABA, y las políticas llave en mano FONAVI estaban destinadas a sectores con alguna capacidad de ahorro, los sectores porteños de menores recursos, ante una actitud de “tolerancia” o de “dejar hacer” del gobierno local, recurrieron a la reconstrucción de villas y, sobre todo, a la apropiación de los intersticios urbanos, es decir, la ocupación del parque habitacional vacío, como modalidad de resolución de su acuciante situación de vivienda.

Ante este escenario de apremiante crisis habitacional en la ciudad, desde la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) se comenzaron a implementar “de arriba hacia abajo”, de manera marginal pero marcando un precedente, medidas tales como la firma de convenios de comodato en propiedades municipales pertenecientes a la traza de la ExAU3, el reciclaje del Ex Padelei (Patronato de la Infancia) en el barrio de San Telmo y la recuperación de 21 conventillos en el marco del Proyecto Recup-Boca, todos ellos con participación de organizaciones sociales de base en alguna etapa de la implementación. Paralelamente, a través de las resoluciones 92/86 y 95/87 se fijó un cupo del 10% anual para la realización de programas con cooperativas de vivienda (además de la ejecución con las tradicionales empresas). También se efectuó el reciclaje de la Manzana de San Francisco (ocupantes transformados en inquilinos sociales, utilizando recursos de la cooperación internacional), se relocalizaron 700 familias del Albergue Warnes al Barrio Ramón Carrillo en Villa Soldati y se efectivizó un acompañamiento del proceso de regularización iniciado por la Cooperativa San Telmo en el inmueble ocupado del ExPadelei. Todas estas iniciativas sentaron un precedente (Rodríguez M. C., 2005) fuertemente explotado por los sectores de menores recursos organizados de la ciudad. Pues tras el surgimiento de un escenario institucional nuevo en la Ciudad de Buenos Aires^[19], vinculado con la crisis económica, social y política que antecedió y se agudizó con la crisis de 2001 y la emergencia de experiencias de solidaridad social organizadas alrededor de un reclamo por el derecho al hábitat y a la ciudad, se tendió a implementar diversas estrategias. Estas dispararon nuevos instrumentos de políticas sociales que involucraron modalidades populares de producción de vivienda, incorporando además a los destinatarios como actores con diversos grados de decisión en la gestión de sus proyectos mediante acciones de asistencia estatal a la autogestión (Rodríguez, y otros, 2007; Cuenya & Falú, 1997; Catenazzi & Di Virgilio, 2006; Herzer, Rodríguez, Di Virgilio, Redondo, & Lanzetta, 1995; Acosta & Raspall, 2008). Resultados de estos procesos fueron, por ejemplo, la sanción de la Ley nº 341/00, que dio nacimiento al Programa de Autogestión de la Vivienda, encargado de atender las históricas demandas de autogestión social del hábitat de sectores de menores ingresos con necesidades habitacionales insatisfechas, también institucionaliza e incorpora la participación social de organizaciones socio-territoriales de base en la ejecución de la política pública; la Ley nº8 y la actualmente vigente nº324/99 impulsada por la Mesa de Delegados de la exAu3 para dar respuesta a la población afectada por la Traza de la ExAU3; y la Ley 148/99, que dio origen al Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT) históricamente reclamado por los sectores villeros de la ciudad. Todos estos casos contaron con la participación de organizaciones de las poblaciones afectadas en el diseño normativo, involucrando instancias de participación acompañadas por procesos de movilización social.

Por último, desde mediados de los ’90, pero con mayor fuerza en la actualidad^[20], se superpusieron acciones de ambas generaciones y, en paralelo, la resolución del problema del acceso a la vivienda comenzó a producirse a partir de acciones estatales de facilitación del acceso al mercado. En los hechos, la facilitación se desplegó mediante el pasaje del financiamiento de la oferta, propia de las políticas de primera generación, al financiamiento de la demanda. El operar sobre la demanda no implica atender prioritariamente las necesidades sociales mediante acciones locales, comunitarias, participativas, etc., sino a partir de la mediación del mercado, financiando la compra de la vivienda a aquel que sea capaz de acceder a un crédito. Esta nueva modalidad basada en la decisiva influencia del capital financiero (global) articulado con la “facilitación” del Estado, como un dispositivo generador de espacios de fertilidad para la actuación del capital, se constituyó sin duda en una tercera generación de políticas (Biglia, Marsili, & Vallina, 2008; Fernández Wagner, 2007), en expansión en estos últimos años en nuestro país a través de programas como Mi Primera Casa (gestionado a nivel local) o Procrear II (ejecutado desde el nivel nacional de gobierno a partir de fines de 2015)^[21].

2.2.2 Una evaluación de la producción de vivienda. El problema de los “con techo”

Las soluciones habitacionales brindadas por el Estado históricamente suponen una gama de viviendas que va desde barrios de vivienda individual hasta grandes conjuntos habitacionales auto-sustentables construidos con diversos fondos públicos. Las tipologías de estas respuestas traslucieron las diversas posturas y estrategias desarrolladas por los distintos actores sociales involucrados en la problemática de la vivienda para resolver el déficit, pero también dieron cuenta de la ineficacia para aportar una solución, constituyendo una nueva problemática urbana: la de los “con techo” (Rodríguez & Sugranyes, 2005).

Si bien las soluciones brindadas por el Estado bajo la tipología de grandes conjuntos habitacionales no califican como situaciones de carencia o emergencia (en definitiva, se trata de una población con techo y acceso a servicios), estos artefactos urbanos actualmente sufren graves procesos de deterioro edilicio y empobrecimiento socio-económico de sus residentes, que los convierte en emblemas de hacinamiento e ingobernabilidad, y en símbolos de estigma para sus habitantes (Girola, 2007). Pues según el registro de Dunowicz et al. (2000), de las más de 120 intervenciones de acción directa estatal que involucraron 43.678 viviendas construidas en grandes complejos habitacionales, 24.487 viviendas (107.841 personas) fueron declaradas por distintos órganos de control del gobierno local en situación de precariedad, representando el 56% de la intervención estatal construida en el último siglo. Además, de este grupo de viviendas deficitarias sólo el 40% de ellas están escrituradas, sumándole precarización legal a la física y edilicia de los complejos^[22] (Di Filippo, 2009; Dunowicz, y otros, 2000; Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 2013).

Los edificios que albergan gran parte de estas viviendas deficitarias presentan patologías extendidas que afectan la seguridad y habitabilidad de sus pobladores y, fundamentalmente, registran fallas de estructura edilicia, es por esto que los especialistas consideran que se encuentran en estado “insatisfactorio” para el desarrollo de una vida digna (Dunowicz & Boselli, 2009). Los proyectistas de estos mega-conjuntos no previeron de qué modo los usuarios podrían realizar un uso adecuado de las viviendas ni cómo llevarían adelante su mantenimiento cotidiano. Desde el Estado se implementaron programas con perspectivas cortoplacistas, basados inicialmente en una falsa relación “economía de obra-costo de uso”, sin apercibimiento alguno de la realidad socio-económica de los destinatarios, transfiriendo a los usuarios provenientes de sectores populares los mayores costos de conservación y mantenimiento. El parque habitacional estatal construido demostró que el costo de un edificio no sólo es la sumatoria del terreno, el proyecto y su construcción, sino que también hay que adicionarle un cálculo de costo global que incluye los costos de mantenimiento y conservación a lo largo de toda su vida útil.

Las imprevisiones del proyecto en relación con el uso y mantenimiento posteriores, sumadas a los excesivos descensos de los niveles de calidad constructiva proyectados y a una compleja e incompatible organización administrativa, trajeron como consecuencia no deseada un deterioro prematuro de los barrios construidos y una fuerte degradación de la calidad de vida de sus pobladores, expresada en estigmatizaciones y en una desapropiación de las viviendas por parte de sus usuarios. Uno de los entrevistados claves de este trabajo investigativo, actualmente ex-funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) (pero que al momento de la entrevista era un funcionario de alto rango) explicó que el deterioro de los conjuntos debe relacionarse con la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios y en cómo esto repercutió en la capacidad de pago de las expensas:

se dieron procesos de postergación de aumento de los montos o de los valores de las expensas (producto también de la capacidad de pago de bolsillo de los habitantes) se comenzó a generar un deterioro de los niveles presupuestarios de los bienes comunes que resultó en la pérdida de mantenimiento de la faz material de los inmuebles, de la infraestructura de servicios, entre otras cosas (Entrevista D. CABA. Julio 2013).

Pero esta pérdida del poder adquisitivo de los habitantes no sólo repercutió en una precarización material de los edificios, sino que también impactó en un proceso de descomposición socio-comunitaria de sus usuarios, en su mayoría provenientes de sectores populares. La desarticulación socio-comunitaria de los vecinos de los conjuntos hay que comprenderla, según nuestro entrevistado, en el proceso de pauperización socio-económica que sufrieron estas familias en las últimas décadas, que al momento de ponderar gastos, las expensas fueron relegadas frente a necesidades inmediatas como alimentación, salud, vestimenta o transporte:

al haber una caída de la situación socio-económica, esto también empieza a tener efectos en términos de la capacidad de organización de las comunidades –relacionado en parte con un escenario de neoliberalismo, liberalismo, del sálvese quien pueda, del todos contra todos– que opera en términos de pérdida de capacidad material, comienzan a bajar los niveles de solidaridad interna y por lo tanto de capacidad organizativa de las comunidades. A lo material se le suma entonces un aspecto organizacional que tiene más que ver con un problema simbólico-ideológico. Esto empieza a espiralar para abajo la situación de los complejos (Entrevista D. CABA. Julio 2013).

En suma, el resultado de esta política fue la construcción de una gran cantidad de artefactos urbanos desvinculados de su entorno barrial, segregadores y prematuramente deteriorados, alejados de la oferta de servicios socio-urbanos y portadores de estigma para sus pobladores.

Este tipo de intervenciones constituyeron, entonces, una respuesta estatal que resultó costosa e insuficiente frente al volumen del déficit y, además, gestó una nueva problemática habitacional que requiere de solución. Pues no se trata simplemente de construir al menor costo posible por ser vivienda destinada a sectores populares, sino que se necesita construir viviendas seguras, con apropiadas condiciones de habitabilidad (como se la definirá más adelante) y durabilidad, con condiciones de mantenimiento posibles, en áreas urbanizadas, dotadas de infraestructura urbana y comunitaria y con fácil accesibilidad al uso de la ciudad; es decir, viviendas que garanticen a los sectores populares el acceso al derecho al hábitat y a la ciudad.

Se analizará en los programas estudiados si la vivienda nueva, construida pos crisis 2001 desde acción directa del estado, recoge el aprendizaje que dejó el pasado, a partir, dice Pelli (2010), de una necesaria actitud de apertura; o por el contrario, nuevamente la vivienda construida como solución terminó sumando a su población al grupo de los “con techo”. A priori se cree que las políticas recientes destinadas a la población específica, con otras escalas, otros actores involucrados y localizaciones, morigeran la generación de nuevos “con techo”, esto se pondrá a prueba en los siguientes capítulos.

2.3 La producción social del hábitat como respuesta popular al problema de la vivienda

De lo analizado hasta aquí, se concluye que, al menos para el caso de nuestro país y el resto de América Latina, mediante el mercado y el Estado no se logró proveer de viviendas a todos los sectores sociales; situación que tendió a agravarse en las últimas décadas. Ante este escenario, los sectores populares, por su parte, además de reclamar y presionar al Estado con disímiles grados de organización, tendieron, históricamente, a satisfacer sus necesidades de vivienda a través del despliegue de estrategias habitacionales propias. Estas auto-respuestas se caracterizaron por ser heterogéneas, en muchos casos en abierta contradicción con la lógica capitalista (o bien se insertaron de manera indirecta en ella) y en variadas oportunidades resultaron ser respuestas más satisfactorias que las brindadas por el propio Estado.

La toma irregular de tierras e inmuebles y la sobreocupación de la vivienda, entre otras, fueron algunas de las estrategias típicas desarrolladas. Como se mencionó anteriormente, uno de los obstáculos más difíciles a resolver tuvo que ver con la posibilidad de aprovisionarse de tierra urbana, ya que la resolución del problema de la vivienda está en estrecha vinculación a la necesidad de disponer de suelo urbano. Como consecuencia de esto, la ocupación ilegal de terrenos apareció como una de las alternativas de acceso a un lote a partir del cual avanzar hacia la construcción de una vivienda. Yujnovsky hace referencia a esta situación:

Los grupos de bajos ingresos sólo pueden residir en el área central elevando la intensidad de ocupación de las viviendas, hacinándose para poder pagar entre muchos la elevada renta del suelo. Otra alternativa es la residencia en la periferia, donde la baja calidad de los servicios habitacionales […] coloca su precio al alcance del poder adquisitivo de estos grupos sociales. Finalmente otra alternativa es eludir la participación en el mercado de tierras mediante la ocupación de terrenos ajenos, ocupándolos de hecho y por lo tanto, situándose fuera de la estructura jurídica de la propiedad vigente (Yujnovsky, 1984, pág. 38).

Otra estrategia alternativa empuñada por los sectores populares fue la ocupación ilegal de edificios con fines de vivienda; apareciendo, paralelamente, toda una serie de formas de co-propiedad o, si se quiere, “co-alquiler”^[23], con el fin de amortiguar los gastos y, en ocasiones, tasas e impuestos.

Ahora bien, estos tipos de hábitat popular suelen tener deficiencias vinculadas a las condiciones de vida de sus habitantes, pues son recurrentes las condiciones de hacinamiento, precariedad constructiva, inestabilidad de la tenencia, segregación socio-territorial, ilegalidad/irregularidad, falta de servicios públicos (agua, cloaca, electricidad) y ausencia o precariedad de servicios de consumo colectivos (hospitales, escuelas, centros culturales, etc.). Sumada a esta característica común, cada tipología de hábitat tiene sus peculiaridades, por ejemplo, algunos se identifican por estar sumidos en la informalidad, otros son reconocidos parcial o totalmente como formales; algunos son fruto de la acción individual de sus integrantes, al tiempo que otros son producidos por grupos más o menos organizados. Prosperan además, siguiendo Apaolaza (2009), diversas maneras de cooperación, como el trabajo en el proceso constructivo de las viviendas, en la producción o la compra de insumos/materiales para la construcción, en la contratación de asesoramiento técnico, en el financiamiento, etc. Estas formas de cooperación suelen confluir en diferentes tipos de organizaciones: cooperativas de vivienda, de construcción, de trabajo, sociedades de construcción sin ganancias, bancos de materiales, etc.

Sobre la base de estas especificidades, Apaolaza (2009, pág. 44) propone abordar el hábitat popular en base a los siguientes binomios de análisis:

• Construido bajo formas capitalistas-no capitalistas, refiriendo a las formas en que se construyen las viviendas y/o la infraestructura básica (ya sea infraestructura de servicios, calles, veredas, espacios verdes, etc.);
• Legalidad-ilegalidad de algunos o todos los aspectos constitutivos del hábitat popular: tenencia de la tierra, de la vivienda, provisión de servicios, entre otros;
• Localización central-periférica, que, como se detalló anteriormente, depende directamente del precio del suelo urbano, de la disponibilidad de servicios (entre los más importantes, el transporte público), de la infraestructura básica y socio-urbana, etc.
• Producto de la acción individual-grupal, ya que el hábitat popular también puede pensarse desde su proceso constitutivo, esto es, si son resultado de la acción individual o si, por el contrario, de acciones colectivas. Este aspecto es relevante en función del grado de espontaneidad o planificación de la acción colectiva y, además, sobre la existencia o no de una visión general sobre la problemática que los nuclea.

En base esta última variable, Rodríguez, et al. (2007) retoman el concepto de producción social del hábitat (en adelante PSH^[24]) para dar cuenta de un recorte dentro del conjunto de modalidades de producción del hábitat ejecutadas tradicionalmente por los sectores populares. Pues para estos autores, la PSH envuelve una variedad de procesos que van desde la materialización de barrios originados en tomas de tierras (villas), hasta la producción de conjuntos habitacionales cooperativos autogestionarios; desde la autoconstrucción individual o familiar hasta la autogestión colectiva y organizada; pero que tienen como base común

haber sido concebidas de manera planificada y son dirigidas y controladas por sus productores/originadores (el sujeto es un actor social, distinto de una unidad doméstica centrada en objetivos de su propia reproducción), pudiendo existir diversos tipos de destinatarios individuales-familiares o colectivos-organizados. La práctica de dirección y control del proceso productivo se plasma –con variantes– a través de las diversas fases del mismo: diseño, ejecución, distribución y uso (Rodríguez, y otros, 2007, pág. 27).

En esta línea, Rodríguez et al. (2007) sugieren que no todas las modalidades de autoproducción de vivienda y/o ciudad ejecutadas por los sectores populares se comprenden bajo el concepto de PSH, sino sólo aquellas caracterizadas por el control del proceso productivo por parte de un actor social o sociopolítico^[25]. Pueden ser identificadas como polos para pensar la PSH algunas de las modalidades de autoconstrucción y de autogestión y, dentro de ellas, específicamente aquellas que fueron concebidas de manera planificada, dirigida y controlada por sus productores/originadores (definidos como actores distintos de las unidades domésticas).

En tal sentido, la autoconstrucción es la práctica de construir, ampliar y refaccionar la vivienda y/o la construcción de los componentes del hábitat por parte de sus propios usuarios, de manera individual (autoayuda) a partir de la utilización de su propia fuerza de trabajo o fuerza de trabajo derivada de relaciones de parentesco y/o amistad. La autoconstrucción encuentra su base en la necesidad individual/familiar, tanto en el proceso constructivo de la vivienda como en los recursos movilizados para su ejecución; pero sólo implica una fase del proceso productivo (la fase de ejecución de obra) y no necesariamente el control del mismo. Por ende, la autoconstrucción puede o no articularse en modalidades en PSH, en función de quién es el actor que controla el proceso productivo, aunque sin dudas da cuenta de relaciones de producción no capitalistas (aunque ello implique algún tipo de articulación mercantil, como la compra de materiales). Pero más allá de estas observaciones sobre la autoconstrucción, resulta muy complejo delimitar operativamente esta práctica en términos conceptuales. Interesa aquí retomar el enfoque de Pelli (1994) sobre esta práctica por la importancia que le atribute al grado de organización y de relación con el Estado. Pues este autor distingue tres modalidades de autoconstrucción: la autoconstrucción espontánea y autónoma, la autoconstrucción dirigida y la autoconstrucción asistida, en función del papel que desarrollan los propios moradores en el proceso de producción de sus viviendas.

La primera de ellas remite a un tipo de práctica llevada adelante por sus propios habitantes, de manera individual o grupal, con sus propios recursos, siguiendo su propio criterio, sin aportes específicos (financieros, técnicos, legales) del estado u otros actores sociales y, fundamentalmente, con limitadas posibilidades de inclusión en la ciudad formal y la infraestructura social y urbana que la misma ofrece. Si bien esta práctica provee una unidad habitacional a sus usuarios, no brinda una solución habitacional definitiva. Este es el caso de algunas casillas autoconstruidas en villas y/o asentamientos de la ciudad; las cuales expresan altos niveles de precariedad habitacional.

La autoconstrucción dirigida, dice el autor, refiere al aporte de mano de obra que realizan los destinatarios en acciones llevadas a cabo por el Estado (u organizaciones sociales). Ahora bien, en el proceso de construcción de las viviendas, los usuarios son incluidos como mano de obra, pero no son participes del proceso de toma de decisiones relacionado a la definición del problema, ni de la definición de los satisfactores, la organización y dirección de los procesos de gestión y resolución ni de la administración de los fondos destinados a la financiación de los proyectos. Estas tareas son reservadas a los organismos públicos intervinientes y sus funcionarios y técnicos (o sus pares de las organizaciones sociales), que actúan desde sus propios parámetros culturales en el proceso de producción (Pelli V. S., 2010). Si bien es cierto que estas obras producen condiciones que escapan al alcance o interés de los actores tradicionalmente vinculados a la construcción de vivienda estatal, aquí se considera importante no confundir esta práctica con un auténtico proceso participativo, pues la toma de decisiones no está en los futuros moradores de las viviendas sociales.

Finalmente, la autoconstrucción asistida remite a acciones de instituciones externas (estatales o sociales) a los pobladores de las viviendas que se organizan en términos de aporte y refuerzo del trabajo de autoconstrucción espontáneo y autónomo citado anteriormente. Con diferentes grados posibles de intensidad y diversidad de aportes externos y de complementación entre los habitantes y otros actores, la autoconstrucción asistida hace indispensable la adopción de mecanismos organizativos y técnicos coherentes con estas condiciones de trabajo, aunque novedosos y extraños frente a las formas “tradicionales” de acción habitacional. El nivel de incidencia de este factor externo permite identificar, para el autor, tres tipos de autoconstrucción asistida: i) la asistencia externa no alcanza a modificar las estructuras propias de la práctica autoconstructiva, aunque sí las pude reforzar y colaborar para llegar a mejores resultados en término de calidad constructiva; ii) la asistencia externa es lo suficientemente intensa e integral como para dar origen a estructuras de acción diferentes de las propias de la actividad autoconstructiva; y iii) por la magnitud, complejidad y variedad de los aportes, y por la forma de distribución de los roles y del poder de decisión entre los actores, se desdibuja el esquema autoconstructivo con asistencia externa, y se organiza como gestión concertada entre la totalidad de los actores, en un práctica de co-gestión del proceso productivo.

Algunas de las modalidades de la autoconstrucción asistida se articulan someramente dentro de la PSH, en la medida que los usuarios de las viviendas se reserven las tareas de control de los objetivos, procesos y resultados de los proyectos.

En un polo opuesto, dentro de las modalidades de PSH, la autogestión, para la autora, es una modalidad colectiva y organizada de producción, que implica necesariamente el manejo de fondos del Estado en esa producción^[26] y el control del proceso productivo por parte de organizaciones populares. Este criterio es compatible con la incorporación de los sectores formales de la producción (profesionales, pequeñas empresas constructoras, bancos, etc.) en las acciones de autogestión, y también lo es con el empleo de tecnología evolucionada, garantizando resultados técnica y económicamente satisfactorios. En este sentido, en el proceso de construcción de una vivienda, la autogestión es una práctica que reclama la puesta en marcha de procesos democratizantes de tomas de decisiones de los colectivos que intervienen en los procesos productivos. La propuesta autogestionaria para la producción de hábitat popular parte del ejercicio del derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad (tal como se la definió anteriormente), en un marco de integralidad que atraviesa a esta práctica.

Según la Declaración de Quito (Encuentro Latinoamericano de Construcción de Hábitat y Vivienda por Autogestión, 2011) redactada por un grupo de organizaciones sociales de hábitat de América Latina con prácticas de producción autogestionaria en las dos últimas décadas^[27], la autogestión es entendida como una forma de organización social para la producción del hábitat y la vivienda, que permite recuperar la capacidad de protagonismo de sus participantes en un desarrollo humano y cultural integral. Este proceso no es un hecho aislado, sino un acto esencialmente colectivo, que tiene sus resultados inmediatos en el grupo, pero también incide en el crecimiento individual de cada uno de sus integrantes. Es un proceso donde se recupera la autodeterminación colectiva, que implica una disputa permanente y cotidiana contra los sectores que hegemonizan el poder político y económico.

En este sentido, la autogestión se distancia de la autoconstrucción en la medida que el proceso de producción social de vivienda y hábitat busca la apropiación social de los medios de producción con criterios colectivos. Esta práctica no supone el esperar que “alguien” construya la vivienda desde sus propios parámetros culturales y entregue llave en mano la unidad una vez terminada; pues implica ser parte de la discusión y de la toma de decisiones respecto al destino de los fondos públicos (una vez finalizadas las viviendas, los destinatarios devuelven parcial o totalmente los fondos transferidos por el Estado). Los destinatarios de las viviendas participan de manera activa en la planificación, organización, promoción, concepción, diseño, ejecución y asignación de los proyectos de vivienda y de la administración de los recursos comunitarios y/o estatales. Es el ejercicio pleno por parte de los usuarios de la capacidad para administrar los recursos estatales en beneficio de los intereses colectivos. La asistencia técnica para la construcción de las viviendas es contratada por la misma población destinataria según los criterios que ellos determinen para su selección. Los actores que intervienen en los procesos de producción y construcción de las viviendas son los que los propios moradores deciden, en general, pequeñas empresas constructoras locales, cooperativas de trabajo o los mismos usuarios organizados (por esfuerzo propio, autoconstrucción, ayuda mutua^[28] o administración directa). La asignación de las viviendas terminadas es acordada de manera colectiva entre los destinatarios. Por lo tanto, el destinatario se constituye en un receptor activo de la política, con altos grados de implicación en el proceso y con un producto finalizado acorde a sus propias necesidades y patrones culturales y habitacionales. Ahora bien, la intervención del Estado en estos procesos de autogestión expresada en apoyo (financiero, técnico y legal), es de por sí un reconocimiento a los sectores populares, de sus decisiones globales de la ciudad y de su derecho a definir su hábitat desde sus propios patrones culturales de vida y de ciudad.

Cuando esta práctica es sostenida por organizaciones sociales –como el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) o el Comedor Los Pibes, por ejemplo)– que persiguen el desarrollo de procesos políticos de construcción de poder popular, se diferencia de la autoconstrucción por estar inscripta de manera explícita en una perspectiva política de transformación de las relaciones de poder, independientemente del grado de alcance de esa meta. Pues esta definición no supone un distanciamiento de las organizaciones sociales con el Estado, sino, por el contrario, se vinculan a él mediante el manejo de sus recursos en la producción de la vivienda y su interpelación mediante procesos de transformación de la institucionalidad pública. Las propuestas autogestionarias se orientan a promover procesos de desburocratización de determinadas estructuras institucionales estatales, mediante la transferencia de capacidades a los ejecutores y, específicamente, mediante su participación en definiciones de políticas que dejan de constituir un dominio exclusivo del Estado.

La autogestión (cómo se la entiende aquí) no se limita al proceso productivo desde una perspectiva economicista, sino que remite a un paradigma de corte emancipatorio integral. Retomando a Lorenzo (2012), se concibe a la autogestión como una práctica de vida alternativa que subvierte los pilares del capitalismo. Esta orientación de la actividad humana supone entonces independencia y autonomía en el modo de organización y un determinado grado de participación colectiva, activa y consciente en el proceso de toma de decisiones a distintos niveles: participación activa, consciente y libre en todos y cada uno de los procesos en los que se involucren las personas; en las tomas de decisiones de todos y cada uno de los procesos que afectan la vida de quienes participan; y autonomía^[29] en el ejercicio de la participación y la tomas de decisiones.

Ahora bien, en pos de profundizar sobre la producción autogestionaria del hábitat como una alternativa viable a la falta de vivienda y como herramienta de superación y transformación del Estado y de las subjetividades de sus usuarios, se propone recuperar un clásico debate sobre el rol que desempeña el Estado en la provisión de vivienda.

2.4 “Planificación centralizada” vs “autoconstrucción”, ¿un debate actual?

El problema de la vivienda en el marco de la cuestión urbana suscitó en el campo de los estudios sociales del urbanismo una serie de teorías generales que buscaron proporcionar interpretaciones globales de los procesos de urbanización popular con el objetivo de orientar la investigación científica sobre esta temática, pero también la formulación de políticas en el campo de la vivienda y el hábitat popular. En este sentido, ante los altos niveles de precariedad de la vida urbana de fines del siglo XIX en Europa y la explotación de la clase trabajadora tras la revolución industrial, autores como Engels y Proudhon y Sax se enfrentaron en un cándido debate sobre el problema de la vivienda como relación estructural entre capital-trabajo y los límites de las reformas sociales propuestas en la época^[30]. Durante el siglo XX, debates similares surgieron en países latinoamericanos para dar cuenta, desde distintas dimensiones, de los procesos de urbanización popular de las últimas décadas a escala regional a partir de perspectivas teóricas vinculadas al campo temático del hábitat popular y la ciudad.

Específicamente en este apartado, se retoman tres de estas perspectivas teóricas –clasificadas por Duhau (1998, págs. 19, 70)– que remiten directamente al problema de la vivienda popular construida en las últimas seis décadas: la perspectiva turneriana, y la perspectiva histórico-estructural de los años 70-80, y la perspectiva democrático-autonomista de los años 90. El eje central del debate giró en torno a si la autoconstrucción del hábitat constituye una forma más de la explotación capitalista de la fuerza de trabajo o, si por el contrario, remite a un proceso que, leído de manera optimista, resolvería en su reconocimiento y potenciación el problema de la vivienda.

En los años ’70, John Turner, desde una visión neoanarquista de la producción y gestión habitacional, puso en discusión la disyuntiva entre los modelos de producción de vivienda administrados centralmente desde la esfera estatal y aquellos autogobernados por sus propios usuarios en el nivel local –mediante prácticas de autoconstrucción– como respuesta a la provisión de vivienda para los sectores populares (Turner, 1977). El autor consideraba que los sistemas autogobernados propiciaban los medios más adecuados para la provisión de servicios habitacionales satisfactorios; ya que creía que el “espejismo desarrollista” del modelo de la época perseguía una modalidad de intervención distante de las diversas realidades locales de los pobladores. Así, construyó dos categorías estrechamente vinculadas entre sí para dar cuenta de dos modelos de provisión de vivienda vigentes en esa época: el sistema heterónomo de vivienda (determinación por otro) característico de los procesos formales e institucionalizados de construcción de vivienda, basados en estructuras jerárquicas y centralizadas, con tecnología de gran escala y cuyo resultado supone viviendas de elevado costo y bajo valor de uso; versus el sistema autónomo de vivienda (autodeterminación) presente en los procesos informales en los que los usuarios resuelven sus necesidades de vivienda por sí mismos y, si bien producen objetos de baja calidad, son productos de menor costo y elevado valor de uso (Duhau, 1998; Lentini, 2008).

Para Turner (1977), las viviendas construidas a gran escala a partir de procesos altamente institucionalizados se identifican por ser antagónicas a las prioridades y necesidades reales de las familias usuarias en términos de variedad, estética, tamaño y participación en el proceso de producción de sus viviendas. La normalización de los proyectos constructivos y su gran tamaño minimizan las probabilidades de contemplar la diversidad de situaciones (culturales) en la que se encuentran inmersos los usuarios y adecuarse a ellas. En un enérgico rechazo a la política habitacional de la época, su primordial cuestionamiento al sistema centralizado de producción se basó en la conceptualización de la vivienda como una mercancía por sobre su valor de uso. El gran error de las agencias estatales, dice el autor, remite a definir el problema de la vivienda de modo cuantitativo. Estas estructuras resultan impermeables a los aportes locales y a las experiencias más específicas de los pobladores por considerarlos “antieconómicos”, pero en realidad omiten la perspectiva de los adjudicatarios de las viviendas. El éxito de cualquier sistema de vivienda, continúa el autor, obedece, en el mediano-largo plazo, a los cuidados que los pobladores realicen de este, y por ende, de la voluntad que deseen invertir en estos cuidados (no sólo en su capacidad de hacerlo). Dicha voluntad se encuentra en estrecha vinculación con el nivel de satisfacción que el usuario percibe de los bienes y servicios aportados por la vivienda. En este marco, cobra suma importancia la correspondencia que exista entre las necesidades prioritarias de los usuarios y los servicios aprovisionados por la vivienda, pues “los desajustes entre el suministro de alojamiento y la demanda de los mismos serán directamente proporcionales al grado de heteronomía del sistema” (Turner, 1977, págs. 58-59). La ecuación resultante entonces es que a mayor subordinación del alojamiento a sistemas centralizados, mayores serán los desajustes y la inhibición de los recursos de los usuarios, por ende menor y más pobre el suministro de vivienda.

El aporte propositivo del autor es la autonomía como sistema de provisión de vivienda para los sectores populares. Este despliega una distinguida defensa de la participación de los usuarios en el proceso de toma de decisiones relacionadas a la provisión de su propio alojamiento y vivienda. Para el autor:

Cuando los usuarios controlan las decisiones más importantes y son libres para aportar su propia contribución al diseño, construcción o administración de su vivienda, ambos, proceso y medio ambiente producido, estimulan el bienestar individual y social (Turner, 1977, pág. 18).

Cuando estas condiciones no se cumplen en el proceso de definición de políticas y en los proyectos de vivienda, el autor advierte que probablemente el producto resultante constituya una barrera para la satisfacción personal de los usuarios de las viviendas y una carga para la economía del país. A través de procesos y mecanismos de toma de decisiones en los que los usuarios tengan un rol activo, es posible resolver muchas de las deficiencias evidenciadas en las viviendas sociales actuales, reivindicando las ventajas del control de los pobladores sobre sus viviendas. Sólo esta práctica garantiza el éxito de las soluciones de vivienda:

Los usuarios han de estar facultados para la toma de toda decisión importante en su vivienda, pues ellos son los únicos conocedores de sus necesidades personales y de la opción más conveniente ante una situación dada… afirmando además que los sistemas locales autogobernados constituyen los únicos métodos y medios capaces de proporcionar bienes y servicios satisfactorios (Turner, 1977, pág. 113).

En resumidas cuentas, el autor expresa las ventajas del sistema autónomo de producción de vivienda en los siguientes ejes:

• Mayor adaptabilidad a las necesidades de los usuarios.
• Eficientización en la utilización de recursos públicos (la mayoría de las veces, escasos).
• Mejores diseños constructivos en base a una mayor adaptabilidad a los determinantes locales y culturales de los usuarios.
• Mejores diseños constructivos en base a una conceptualización de la vivienda como bien de uso por sobre un bien mercancía.
• El proceso de construcción de las viviendas repercute en una mayor capacitación adquirida durante el proceso constructivo.
• La libre elección de la localización del alojamiento respecto a actividades generadoras de ingresos.

Ahora bien, este enfoque turneriano recibió numerosas críticas vinculadas a que su planteo pierde de vista la perspectiva del conflicto y a la contradicción en la que se inserta la problemática de la vivienda. Desde el enfoque del neomarxismo, cuyos principales referentes fueron Padrilla (1982; 1987) y Burgess (1978), se le criticó el omitir el contexto socio-económico en que se desenvuelven los procesos auto-constructivos, ignorando los motivos generadores de estos procesos y dejando de lado la extrema heterogeneidad social y económica de los grupos auto-constructores. Esta perspectiva histórico-estructural vincula el problema de la vivienda a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y, como consecuencia de esto, a que el costo de la vivienda no sea incorporado, a través del salario, en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo.

Para Pradilla (1987), Turner desarrolla un enfoque mitificante de la autoconstrucción, remitiendo a una propuesta reaccionaria que abona a la reproducción del problema más que a su solución. Argumenta que la práctica de la autoconstrucción representa, para los sectores populares, una prolongación no remunerada de la jornada de trabajo y reduce su capacidad productiva; una inversión de sus escasos salarios en materiales de construcción que, comprados en pequeñas cantidades, son a precios especulativos; situaciones de precariedad habitacional y hacinamiento mientras avanza lentamente el proceso de construcción de la obra (a fin de no pagar doble arrendamiento); y elevadas cuotas de amortización a algún urbanizador usurero por una porción de tierra sin servicios básicos. Los auto-constructores están igual de desempleados o sobreexplotados al inicio del proceso que una vez finalizada la vivienda; pues su situación no variará como resultado de la misma. Que la autoconstrucción se constituya en una alternativa de acceso a la vivienda para la clase trabajadora opera, para el autor (Pradilla, 1982), como un factor reductor de los salarios, pues evita que se adicione el valor de la vivienda al valor de la fuerza de trabajo. Para este autor, la autoconstrucción por parte de la clase obrera repercute en una explotación adicional derivada del tiempo de trabajo no remunerado que habrá de dedicar el trabajador a la construcción de su vivienda. Esta práctica implica una desviación de la lucha de la clase trabajadora respecto a la defensa de sus intereses (que para este enfoque no es más que reivindicar el costo del acceso a la vivienda como parte del valor de la fuerza de trabajo). De hecho, el autor va más allá en este argumento planteando que con estas luchas (la de la autoconstrucción de la vivienda, la de la regularización del terreno en el que se construye, etc.) la clase obrera asume objetivos derivados de la ideología de la pequeña burguesía sobre la propiedad privada y la lucha por fines que resultan ajenas a los intereses de la clase trabajadora (Pradilla, 1982).

Otro de los argumentos sobre los cuáles basó su crítica Pradilla, es la relación entre el valor del producto construido y su precio en el proceso de circulación o de mercantilización. El proceso de la autoconstrucción de la vivienda consume una cantidad de trabajo humano vivo mayor a la media social (al trabajo socialmente necesario para la construcción de una vivienda similar); por lo que se esperaría que esto repercuta en el precio que asumirá la vivienda una vez convertida en mercancía. Sin embargo, cuando se da esta conversión, su precio es menor que el correspondiente a su valor real, pues este va a remitir al precio de una vivienda media, por lo que el trabajador pierde parte del tiempo de trabajo invertido en su construcción. Por ello entonces, Duhau (1998, pág. 26) resume que la autoconstrucción es para Pradilla:

una alternativa reaccionaria como proceso de producción –ya que atrasa las fuerzas productivas, eleva costos sociales e individuales de producción, cae sobre los hombros de los más explotados, alarga la jornada de trabajo, promueve el auto-mantenimiento del ejército industrial de reserva, eterniza condiciones de vida miserables, contribuye a la reproducción de la ideología burguesa, contribuye a mantener las relaciones de dependencia con el Estado, genera luchas secundarias con el Estado y los propietarios­­–, y por sus efectos negativos sobre el salario obrero elimina la vivienda como costo de la fuerza de trabajo y presiona a la baja el salario real.

Adicionalmente, este enfoque discute el papel del Estado como estimulador de la autoconstrucción en la medida que contribuye al anti-urbanismo y propaga la segregación socio-urbana del hábitat, favoreciendo entonces a la reproducción del problema de la vivienda. Por lo que para el enfoque histórico-estructural, la solución de la problemática de vivienda y hábitat para los sectores populares sólo deviene de la transformación revolucionaria de la sociedad:

Preferimos, por un compromiso con la realidad histórica, formular el derecho de toda familia al usufructo de una vivienda adecuada a las necesidades sociales medias, producida por los medios técnicos de que dispone realmente la sociedad para hacerlo; pero esto supone, claro está, la liberación de las fuerzas productivas sociales de las barreras que le oponen las relaciones capitalistas de producción, es decir, la transformación revolucionaria de la sociedad (Pradilla, 1987, pág. 99).

Si bien este debate tuvo lugar en los años ‘60-’70, en este libro se sostiene que aún mantienen vigencia para abordar la problemática habitacional actual por dar cuenta de las características de las políticas implementadas en la actualidad, y resulta pertinente en relación al objeto de estudio de esta investigación. Pues si bien el enfoque turneriano rescata el saber popular (frente al técnico-burocrático) y la capacidad de control de los procesos y mecanismos de tomas de decisiones por los usuarios en el proceso de producción de sus viviendas, lo hace desde una lógica anti-estatal per se, con su foco puesto en la autoconstrucción individual y sin problematizar la potencialidad del desarrollo organizativo (a pesar del contexto histórico en el que construye su teoría). Tampoco reconoce las limitaciones de las capacidades auto-productoras en condiciones no distributivas de recursos económicos, de conocimiento, capacidades político-organizativas, institucionales, etc. (Pírez, s/f; 1995).

Por su parte, el enfoque histórico-estructural tampoco rescata la potencialidad de la capacidad organizativa ni aporta elementos para pensar la acumulación cotidiana de condiciones de transformación, ya sea de las subjetividades de los usuarios que participan de estos procesos de producción de vivienda, ni del Estado, ni del sistema socio-económico. Si bien postulan que la solución de la problemática habitacional deviene de una transformación del modelo productivo vigente, no reclaman bajo qué condiciones o cómo se construye ese proceso de acumulación de condiciones que posibiliten tal salto.

Ahora bien, veinte años más tarde, en los años ’90, un nuevo enfoque, el democrático-autonomista, retoma alguno de los postulados de la perspectiva turneriana aunque con un significativo desplazamiento de su abordaje desde la práctica de la autoconstrucción como proceso espontáneo, obligado e involuntariamente autónomo por parte de los sectores populares, hacia otro tipo de dinámica que recupera la autoconstrucción como práctica productora de ciudades. Hardoy y Satterthwaite (1987), dos de sus principales referentes conceptuales, no sólo refieren a una simple postura de reconocimiento de situaciones de hábitat existentes a escala territorial, sino que la articulan con un proyecto de acción, cuyo alcance remite a la recuperación de valores sociales y culturales potenciados por procesos de organización social. Este enfoque recupera a los movimientos urbanos emergentes de la región latinoamericana como actores sociales con experiencia adquirida y propone posibles mediaciones de política pública a través de la articulación entre política de vivienda y prácticas de la economía social, propias de la época en la que surge esta perspectiva, introduciendo nuevas reflexiones mediadas por la educación popular y la acción comunitaria. Estas propuestas tienen, entonces, un anclaje territorial de base, desde el punto de vista normativo y de diseño urbano; un anclaje productivo, en relación al financiamiento, soluciones tecnológicas, diseño arquitectónico y producción de materiales; y un anclaje organizativo, en vinculación con la organización y la participación social. Este modo de entender el hábitat repercute en las formas de producción de la vivienda y en las relaciones de poder que participan de ellas. Pues este enfoque retira la mirada de la relación Estado-capital, para centrarla en el desarrollo de prácticas de participación popular y la inclusión de los habitantes en la producción de su propia solución habitacional a partir de la toma de decisiones. Este enfoque converge en gran medida, dice Duhau (1998), con la perspectiva turneriana, pero entiende necesaria una adecuación de las políticas sociales a las prácticas de autoconstrucción de la vivienda, sobre todo en relación al acceso al suelo y el aprovisionamiento de infraestructura y servicios. Esta postura es asimilable a uno de los tipos de autoconstrucción asistida planteados por Pelli (1994) más arriba, quien considera que es posible cuestionar los criterios de la acción habitacional estatal a partir del otorgamiento de mayor participación a los usuarios en las decisiones de diagnóstico y resolución de los procesos de producción de vivienda. El aporte externo (financiero, técnico, legal) se diseña con el objetivo de alimentar la participación social en procesos de co-gestión del hábitat.

Este nuevo enfoque democrático-autonomista recupera el saber popular de los procesos de autoconstrucción esgrimido por miles de familias en los países latinoamericanos para resolver su problema de vivienda y reclama algún tipo de articulación con la política de vivienda (en términos de reconocimiento de esta práctica de producción de ciudad), sin embargo, no rescata la potencialidad del desarrollo organizativo en el control del completo proceso de producción de vivienda, pues si lo hace para la etapa constructiva de obra –mediante una práctica de autoconstrucción– no así para la etapa de diseño, de concepción, de producción y de asignación de la vivienda. Es decir que este enfoque recupera a la autoproducción como práctica de producción de vivienda para los sectores populares pero aún bajo el ala proteccionista de una asistencia técnica que configura procesos de co-gestión del hábitat, en detrimento de procesos autogestionarios del hábitat^[31] (que también requieren de asistencia técnica y profesional, pero el rol protagónico del proceso de producción es exclusiva responsabilidad y obligación de los sectores populares afectados, en un rol de auténtica autonomía en la toma de decisiones).

A partir de las políticas promotoras de vivienda analizadas y este debate teórico de base, en este libro se debatirá con los distintos enfoques de producción de vivienda analizados, pues se pretende demostrar que procesos con plena participación social (procesos autogestionarios de vivienda desde un enfoque de integralidad) generan procesos de transformación de subjetividades y condiciones de vida que abonan a la gestación (lenta y con dificultades) de procesos de mayor integración social y posibilidad de acceso al derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad.

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