En este capítulo se reconstruyen las características y lineamientos generales que asumió el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) reglamentado por las leyes 341/00 y 964/02. En primer lugar, se repasan las características que asumió el PAV a lo largo de su ciclo de implementación y el modo en que este diseño institucional moldeó la producción autogestionaria. Para ello se analizan los cambios formales que se introdujeron a la norma durante las distintas gestiones de gobierno que la ejecutaron y se identifican los efectos de dichos cambios en relación con los procesos autogestionarios de producción habitacional. Asimismo, se presenta un análisis presupuestario del programa que permite dilucidar su peso dentro del conjunto de programas ofrecidos por el Estado local y se delinean las características de un nuevo actor social que introduce este programa: los equipos técnicos interdisciplinarios.

En segundo lugar, se analiza el universo de organizaciones sociales que integran el programa, identificando el entramado de cooperativas y movimientos intervinientes en los procesos de implementación; a su vez, se reconstruye el estado de avance de la producción autogestionaria involucrada en el PAV y se identifican los proyectos seleccionados para el análisis del presente libro.

3.1 Características y lineamientos generales del programa

El Programa de Autogestión para la Vivienda se caracteriza por ser una intervención indirecta del Estado local a través del financiamiento a la demanda, otorgando créditos altamente subsidiados con recursos provenientes del presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) destinados a sectores de bajos ingresos organizados en cooperativas de vivienda u otras formas de asociación.

La Ley N°341, que norma el funcionamiento y lineamientos del PAV, se sancionó en el año 2000^[1] y nació en respuesta a intereses de organizaciones sociales vinculadas a la problemática del hábitat, como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Mutual de Desalojados de La Boca, con el acompañamiento de organizaciones como el Comedor Los Pibes, los Delegados de la ExAu3 y otras organizaciones socio-territoriales.

Rastreando los antecedentes de la Ley 341, es posible identificar cuatro fenómenos históricos que permitieron su concepción: i) el proceso de autonomización de la CABA y el rol de las organizaciones vinculadas al hábitat en la redacción del artículo 17^[2] y, particularmente, 31^[3] de la Constitución Autónoma de Buenos Aires, que establecieron la obligación de los poderes del Estado local de implementar políticas públicas para superar las condiciones de pobreza y exclusión, reconociendo el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para todos los porteños y mencionando de manera explícita la necesidad de promocionar planes de autogestión del hábitat; ii) una problemática habitacional que alcanzaba a unas 400.000 personas en la CABA (un escenario de conflictos habitacionales en edificios ocupados, inquilinatos, conventillos y hoteles, en particular aquellos subsidiados por el gobierno local en el marco de sus políticas de atención a la emergencia habitacional) que generaron el estallido de la crisis habitacional local en el contexto de la crisis general de 2001 y el papel que jugaron las organizaciones de base en este proceso; iii) la institucionalización de un conjunto de prácticas por parte de organizaciones sociales que fueron legitimándose por los resultados y las necesidades que cubrían; y iv) el rol de la nueva Legislatura porteña a partir de la apertura institucional a la participación de organizaciones sociales en la formulación de proyectos de leyes que resolvieran de manera urgente la grave crisis habitacional del momento y que pretendía despegarse del antiguo perfil del Concejo Deliberante de la Ciudad (Zapata, 2012a).

Hacia el año 2002 se sancionó la Ley N°964^[4] ampliatoria de la anterior, pero sin el sostén participativo que la había originado. A partir de ambas normativas se constituyó la reglamentación de la ley (que se analiza más abajo) con la cual se inició la etapa de ejecución de obras en la ex CMV y actual IVC.

Según las políticas de vivienda desarrolladas en el capítulo anterior, el programa se inscribió en la segunda generación y tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda –de uso exclusivo y permanente– a hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional de la CABA. La Ley 341 se desglosa en dos tipos de operatorias, una de créditos individuales para familias de bajos ingresos (canalizada mediante la producción de vivienda llave en mano) y otra colectiva, objeto de estudio de este libro, para organizaciones sociales verificables (como Cooperativas, Asociaciones Civiles, Mutuales, todas sin fines de lucro)^[5], que permite el desarrollo de procesos autogestionarios de producción de vivienda, colocando la administración del recurso financiero y las decisiones proyectuales para la ejecución habitacional en manos de las organizaciones sociales.

El programa consiste en el otorgamiento de créditos totales o parciales con garantía hipotecaria para la compra de un inmueble (terreno o edificio), la construcción de viviendas (incluidas obras de reciclaje, rehabilitación, ampliación o mejoras) y la contratación de un equipo técnico/profesional de asesoramiento. Una de las características sobresalientes del mismo es que financia, además de la construcción de viviendas, la compra del inmueble, configurando a las organizaciones como actores activos en la elección de la localización y habilitando la posibilidad de acceso a la centralidad urbana, una innovación para los programas habitacionales de acceso a la vivienda para sectores populares. Además, el programa contempla la financiación del pago de honorarios a profesionales que conformen un equipo técnico interdisciplinario (ETI) –formado por un área arquitectura, una social, una contable y una legal– para asesorar y acompañar a las organizaciones sociales a lo largo de todo el proceso constructivo. Mediante la utilización de estos recursos estatales, las organizaciones sociales despliegan estrategias autogestivas de diversas características para la construcción de sus viviendas, ya sea en la búsqueda y elección de los inmuebles donde concretan sus proyectos, la decisión del modelo de ejecución de las obras (implementando en algunos pocos casos modelos autogestionarios mediante cooperativas de trabajo o empresas autogestionarias, o bien contratando pequeñas empresas constructoras, desplegando estrategias de autoconstrucción en algunas etapas y casos o, en otros, modalidades de ayuda mutua, colectiva y organizada, como parte de la producción autogestionaria), la intervención en el control de las obras y, por último, en el uso y mantenimiento de los conjuntos de viviendas finalizados. Otra de las particularidades de la ley es que concibe a organizaciones socio-territoriales como sujetos de crédito con garantía hipotecaria, uno de los principios que defendían las organizaciones sociales, y también, por primera vez, las reconoce como sujetos ejecutores de una política pública.

Por otra parte, la norma estipula, en cuanto a la población destinataria, que sus ingresos mensuales no superen la línea de pobreza y se encuentren en situación verificable de vulnerabilidad habitacional y/o en circunstancias sociales sensibles tales como: pérdida de vivienda a causa de siniestro; desalojo con sentencia judicial; estado de salud de alguno de los integrantes del grupo familiar que requiera el cambio de las características de la vivienda; situaciones de violencia familiar comprobada; que habiten en inmuebles afectados a obra pública; familias enmarcadas en procesos de organización colectiva verificables; grupo familiar mono-parental con hijos menores de edad; ser ex soldados conscriptos de las Islas Malvinas del Atlántico Sur; entre otras. La norma entonces pauta una especial tutela para aquellos hogares con alguna situación de vulnerabilidad habitacional, social y/o económica. Esta previsión legislativa se corresponde con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citado anteriormente.

Por otra parte, en relación a la amortización de las cuotas del crédito a devolver (inicialmente de $42.000 por grupo familiar^[6]), se estableció como condición básica que la cuota tope a pagar por los solicitantes no debe superar el 20% del ingreso total del hogar, siendo el resto subsidiado. La cancelación del crédito hipotecario se efectúa en 360 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de entre el 0 y el 4% anual.

Otro de los hitos progresistas del programa que marcaron un punto de inflexión en la implementación de políticas orientadas a la provisión de vivienda, tiene que ver con que la ley contempla la participación de los adjudicatarios en el diseño, implementación y evaluación del programa (mediante reuniones periódicas con funcionarios del gobierno local y su participación en la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento –CCES–), como en el diseño de sus viviendas y su ejecución constructiva, siendo controladores de la construcción de sus propias obras. Una vez finalizadas las viviendas, son ellos los que determinan las adjudicaciones en el marco de los criterios establecidos por la ley.

Ahora bien, no obstante la modalidad colectiva del programa fue implementada intensamente en los primeros años (entre los años 2002 y 2006), con posterioridad el programa se fue cerrado a la incorporación de nuevas cooperativas, limitándose a finalizar las obras ya iniciadas. Este cerrojo al programa expresó los límites que el sistema político y la institucionalidad pública fijaron a las experiencias de autogestión del hábitat en la ciudad. Cada gestión de gobierno^[7] que estuvo a cargo de la implementación del PAV en el IVC construyó distintas concepciones acerca de la autogestión, el hábitat adecuado para los sectores populares y, principalmente, qué es y para quién es la ciudad. En base a estas concepciones y las relaciones que se tejieron desde el ejecutivo local con el sector tradicional del sistema de vivienda, cada gestión construyó distintos vínculos con las organizaciones sociales que participaron del programa.

Estas apropiaciones de cada gestión, se operacionalizaron en la práctica de implementación del programa mediante la recurrente reorientación normativa de las resoluciones que normaron la Ley 341 y mediante una utilización discrecional del presupuesto destinado al programa.

3.1.1 Obstáculos a la gestión autogestionaria: un análisis normativo

Las distintas gestiones de gobierno que estuvieron a cargo de la implementación del PAV sancionaron actas directivas que modificaron la norma original, poniendo límites a la participación social desplegada por las organizaciones sociales y reconociendo o restringiendo los niveles de autonomía de las cooperativas en el proceso de ejecución de sus proyectos.

Cuando en el año 2000 se sanciona la Ley 341, el Subsecretario de la ex Comisión de la Vivienda, Eduardo Jozami, convocó a un espectro amplio de organizaciones a la participación en una mesa de trabajo que tenía por objetivo la discusión de la reglamentación de la ley que daría origen al PAV. Pero en el marco de una fuerte disputa por el monopolio de la producción de vivienda por parte de los tradicionales actores del sistema, este proceso fue interrumpido abruptamente con la expulsión de Jozami del nivel ejecutivo de gobierno en marzo de 2002. El nuevo presidente del IVC, el Ing. Selzer, buscaba acotar la participación social desplegada por las organizaciones sociales en defensa del programa mediante la sanción del Acta Directiva nº1647 de 2003, la cual fue sancionada con acotada participación formal de las organizaciones de base, pero habilitaba los canales legales para la ejecución del programa. La misma estableció la documentación a presentar por los destinatarios, los montos máximos de las cuotas del crédito, los criterios de actualización de los montos del crédito y la obligatoriedad por parte de las organizaciones de contratar equipos profesionales y/o técnicos interdisciplinarios con los que pauten un programa de asistencia técnica con definición de metas (Rodríguez M. C., 2006; Szajnberg, Mann, & Arias, 2005). Esta reglamentación continuó en vigencia hasta octubre de 2006, fecha en la que otra nueva gestión de gobierno, del Arq. Freidín, dictó el Acta Directiva nº2204/06, con la que adecuó el PAV a su lectura del déficit habitacional local, la respuesta que debía dar el IVC en esa dirección y el rol de este organismo en ese proceso (acotando significativamente el espíritu originario de la ley, a la cual se le atribuía un amplio margen de autonomía a las organizaciones sociales). En este sentido, modificó la denominación del programa, pasando a llamarse “Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular” (PADHP). Del mismo modo, presentó un nuevo flujograma procedimental y una nueva estructura organizativa para su ejecución, modificando la jurisdicción de la que dependía (pasó de la Subsecretaría de Vivienda de la CMV a la Gerencia de Programas de Vivienda del IVC); y suprimió el carácter obligatorio de los talleres formativos introductorios para cooperativistas, estableciendo que la entidad que lo deseara podía solicitarlo (no obstante, los talleres cambiaron de perfil ya que no se dirigían a la capacitación en autogestión, sino que se orientaban al fortalecimiento institucional en materia de gestión y cooperativismo). Además, esta acta directiva estipuló que los inmuebles se compraran a nombre del IVC y que los honorarios profesionales debían ser abonados directamente por este organismo (ya no se les daba un crédito a las organizaciones sociales para la compra del terreno, la construcción de la obra y el pago de honorarios, sino que se les brindaba una asistencia financiera sólo para la construcción de la obra). Estos cambios impactaron en el grado de autonomía que habían conquistado las organizaciones sociales para decidir sobre sus proyectos constructivos y sociales, para elegir a los profesionales con los que querían trabajar y para, por ejemplo, ingresar libremente a sus terrenos, pues dejaron de ser sus dueños (podían hacerlo con una autorización del IVC).

Sin embargo, durante la gestión del nuevo presidente del IVC, el Ing. Apelbaum, se normó el Acta Directiva n°2350/08, que volvió hacia atrás con algunas de las modificaciones implementadas por las pautas de los años 2006 y 2007. Esta marcha atrás normativa no se debió a cierta afinidad del nuevo presidente del IVC con las organizaciones sociales y la autogestión, pues Apelbaum no tenía el más mínimo vínculo con el entramado de organizaciones orientadas al hábitat que venían trabajando/luchando desde años por el derecho a la vivienda y la ciudad^[8], sino que buscaba desentrañar un entramado de resistencia pergeñado por las organizaciones sociales, pues no estaba en sus planes la promoción de la ejecución de este programa, sino, por el contrario, impulsó la paralización de casi todas las obras en curso.

En este sentido, la norma recuperó la nominación original del programa, reglamentó un nuevo procedimiento tendiente a reordenar los circuitos administrativos de las etapas previstas en los proyectos y la jurisdicción de la que dependía (pasó de la Gerencia de Programas de Vivienda a la Gerencia de Créditos del IVC), se restableció la participación obligatoria de las organizaciones en los talleres introductorios de autogestión (recuperando su perfil original) coordinados por el área social del programa. Además, las organizaciones recuperaron la potestad de selección de los profesionales de los ETI, volvieron a ser depositarias del monto correspondiente a los honorarios de los profesionales (volviendo a estar incorporados al crédito), se actualizó el monto de los créditos a otorgar, la escrituración de los terrenos y el crédito hipotecario para la adquisición del mismo volvieron a nombre de las organizaciones sociales, a su vez, se volvió a incorporar y solicitar la presentación del proyecto social a desarrollar por parte de cada organización para la adjudicación del crédito. Empero, como se dijo, esta nueva normativa tuvo poco impacto en la práctica de implementación del programa, ya que desde el 2006 no se aceptaron nuevas incorporaciones y no hubo nuevas cooperativas que pasaran por estas instancias. Por su parte, las cooperativas que ya estaban inscriptas, en gran parte, quedaron afectadas por las normativas anteriores.

Todas estas actas reglamentarias fueron alterando el espíritu original de la norma y se construyeron y sancionaron sin la participación de las organizaciones sociales vinculadas con la ejecución del programa (como sí había ocurrido con la sanción de la ley 341 en la que la participación cumplió un rol activo fundamental), alejándose de la experiencia, necesidades y dificultades propias de esta modalidad de ejecución posibilitada por dicho marco normativo. Sobre esta cuestión de la participación se profundizará en los próximos capítulos de análisis.

3.1.2 Obstáculos a la gestión autogestionaria: un análisis del flujo presupuestario

En relación con la utilización del presupuesto, según información aportada por el IVC, el monto total de los créditos asignados a las 110 organizaciones sociales adjudicatarias hasta el año 2007 sumó un total de $107.805.400,10, de los cuales el 21,8% correspondió al precio del suelo adquirido. La financiación del programa, hasta el 2007, recolectaba fondos de cuatro fuentes de financiamiento: de la asignación de fondos del FONAVI, fondos específicos de programas habitacionales del presupuesto porteño, fondos provenientes al Plan Federal de jurisdicción nacional y el Fondo de Infraestructura Social (FOISO)^[9]. En la actualidad, sólo se abastece del Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) (al igual que toda la política de vivienda nueva ejecutada actualmente por el IVC) y en menor medida con fondos del presupuesto local. El presupuesto destinado anualmente evidenció los distintos momentos que atravesó el programa:

Tabla 1: Evolución del presupuesto del PAV en relación al del IVC. CABA. 2000-2014

Año	Presupuesto IVC –$-	Presupuesto PAV –$-	% Total PAV del IVC	Presupuesto PAV Ejecutado –$-	% Ejecuta­do
2000	s/d	6.320.986	s/d	4.982.884	78,83
2001	s/d	4.200.000	s/d	3.133.379	74,60
2002	s/d	1.847.134	s/d	1.847.134	100,00
2003	s/d	23.643.882	s/d	11.999.008	50,75
2004	s/d	35.425.096	s/d	23.203.437	65,50
2005	304.568.035	37.119.680	12,19	18.681.951	50,33
2006	379.681.093	52.797.021	13,91	29.932.597	56,69
2007	333.254.385	25.110.635	7,53	16.486.820	65,66
2008	478.425.710	35.853.829	7,49	28.324.524	79,00
2009	519.635.601	76.314.491	14,69	37.699.358	49,40
2010	409.488.393	68.190.000	16,65	40.027.530	58,70
2011	735.131.165	154.964.684	21,08	92.194.180	59,49
2012	769.689.875	118.910.129	15,45	79.410.947	66,78
2013	798.237.415	91.937.798	11,52	70.831.387	77,04
2014	1.021.054.429	116.029.626	11,36	96.846.217	83,46

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por las Leyes de Presupuesto 2000-2014 e informes de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del GCABA.

De la lectura del cuadro precedente se desprende que en el primer año de ejecución de la Ley 341, durante la gestión “Jozami”, se le reasignó de otros programas una partida presupuestaria de más de 6 millones de pesos para la compra de los primeros inmuebles. Ante las resistencias de los actores tradicionales del sector de vivienda, la asignación presupuestaria fue decreciendo hasta el desplazamiento de Jozami de su cargo.

En el año 2003, con nueva presidente a cargo de la CMV, la sanción de la reglamentación de la Ley 341 estimuló una etapa de asignaciones presupuestarias anuales ascendentes que se destinaron al inicio de obras y la compra de más inmuebles para las cooperativas. Recién a partir de este año el programa comenzó a tener partidas presupuestarias asignadas por la Ley de presupuesto. Para este período, el aumento presupuestario fue de 1283.5% con relación al año previo (paso de casi $2 millones de pesos a casi $24 millones). Desde ese año hasta el 2006 se registraron aumentos progresivos en su asignación. Si bien es cierto que el nuevo subsecretario de la CMV, ex gerente de AUSA (autopistas concesionadas) provenía de la gerencia general de empresas constructoras (con una visión negativa de las formas de participación previstas por la Ley 341 que consideraba asociada a mecanismos neoliberales de privatización y debilitamiento del papel estatal), se encontró con un escenario político arrasado por la alta presión de organizaciones sociales en reclamo de la ejecución del PAV, que venían de la gestión anterior con una impronta participativa muy fuerte y con una inicial práctica autogestiva exitosa en algunas cooperativas que ya habían logrado comprar terrenos de muy buena ubicación en la ciudad (en un momento histórico en el que el precio de la tierra en la ciudad era muy accesible) y eran un ejemplo estimulante para el resto del movimiento cooperativo en nacimiento. Esto llevó a que los años de esta gestión de gobierno se configuren como los más activos –en términos de resultados– del ciclo de vida del programa. Este punto también se analizará más adelante.

Pero a partir del año 2007, en coincidencia con una nueva gestión de gobierno de corte definidamente neoliberal, se verificó un retroceso importante en materia presupuestaria, ya que percibió una caída del –47.5%. Si bien en 2008 se recuperó en términos absolutos, el monto de 2006 no alcanzó. En el año 2008, la tendencia llamativamente se revirtió, ya que los montos asignados al PAV fueron en aumento (por ejemplo, en 2009, el aumento fue del 112%). Pero el año 2009 verificó que, si bien el presupuesto del PAV fue notoriamente mayor que el de los años anteriores, fue menor en términos relativos con respeto al presupuesto total del IVC. En 2010, el presupuesto destinado al IVC descendió un 21%, ya que de un monto de $519.635.601 asignados en 2009, se redujo a $409.488.393. Algo similar pasó con el PAV, que también registró una caída significativa en su asignación presupuestaría en términos absolutos. No obstante, el PAV aumento su participación relativa en el presupuesto del IVC. Pues mientras en 2009 el PAV aglutinaba más del 14% del presupuesto del IVC –una cifra poco desdeñable para proyectos autogestionarios–, en 2010 representó más del 16%, repercutiendo fuertemente en el desarrollo del programa. No obstante, las diversas asignaciones presupuestarias, una de las características de la intervención macrista –inaugurada en esta etapa– fue la adopción de arbitrarios niveles de sub-ejecución del presupuesto asignado como modalidad de gestión. En este sentido, en lo que respecta al presupuesto destinado a los créditos para viviendas autogestivas, a partir del año 2009 se verificó un descenso importante de ejecución, ya que se registró un valor equivalente a 49.4% –justo el año en el que se le asignó el mayor presupuesto histórico al programa, sucedió la sub-ejecución presupuestaria más baja de la serie y del ciclo de vida del PAV–. En el año 2010 el IVC solamente ejecutó el 58.7% del total anual presupuestario, que si bien mejoró la tendencia, generó, en consecuencia, la paralización total del programa. Pero estas variaciones hay que leerlas en clave política. En estos años, el responsable de la implementación del programa fue el Ing. Apelbaum, que, como ya se dijo, sin ningún tipo de afinidad con el modo de producción que impulsa el PAV, apuntó hacia el vaciamiento económico del programa y la desarticulación del movimiento de cooperativas mediante una estrategia de desgaste. Pues si bien las asignaciones presupuestarias se definen en el marco legislativo tras fuertes trabajos de articulación y movilizaciones del sector cooperativo, la ejecución de los fondos se define a nivel ejecutivo de gobierno, en manos de una gestión que paralizó gran parte de las obras en curso.

Esta tendencia llamativamente se revirtió en el año 2011, pues el presupuesto asignado al IVC y al PAV se incrementó a más del doble, representando el PAV el 21% del presupuesto destinado a vivienda, y un aumento del 130% con respecto al año anterior. En términos absolutos, se ejecutó más del doble que el año anterior, pero en términos relativos esta mejoría casi es imperceptible (se ejecutó el 59.5%) debido a que el presupuesto destinado a vivienda en general para ese año fue muy alto. Este aumento significativo sólo se explica por la simpatía que encontró el presidente del IVC, Omar Abboud^[10], en este tipo de operatorias y la recepción de la Legislatura porteña a su proyecto de gestión. Sin embargo, este presidente fue desplazado de su cargo por decisión del ejecutivo local. Su sucesor, Emilio Basavilbaso, de fuerte perfil progresista y empresarial, encontró en el PAV conceptos que, desde su espertise, le permitían rápidas posibilidades de demostración de gestión (gran parte de las obras del PAV se encontraban en significativo nivel de avance) demostrando eficacia, eficiencia y calidad. En este sentido, a partir de 2012 se verificó que, si bien las partidas destinadas al IVC fueron progresiva y constantemente en aumento, las correspondientes al PAV fueron variables, registrándose un aumento en 2012 pero un retroceso en el 2013, con una tendencia a la recuperación en los dos años siguientes. En términos del presupuesto ejecutado del PAV, lo que se verificó en el periodo 2012-2014 fue una mejoría en relación a los años anteriores (alcanzando un pico de ejecución en el año 2013 de casi 84%). El hecho de que en los últimos años el PAV haya sido el único programa de vivienda nueva ejecutado en el marco del IVC explica esta situación.

Entonces, retomando los conceptos de Oszlak y O’Donnel (1981) citados anteriormente, por el modo en que intervine una gestión de gobierno, ya sea por acción u omisión de acciones, se puede inferir una determinada direccionalidad otorgada a la implementación del programa. Un determinado cauce normativo o la definición discrecional de asignaciones presupuestarias sostienen en la práctica de la implementación esa cierta direccionalidad que se le fue asignando al PAV. Consecuentemente, la definición que cada gestión hizo del programa (y por ende de la autogestión) tuvo impactos en el curso de los procesos sociales hasta entonces desarrollados. El ciclo de vida del PAV resulta un ejemplo de que la posición del Estado ante una determinada cuestión social no necesariamente es unívoca, homogénea ni permanente.

3.1.3 Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y la autogestión

A diferencia de las experiencias llave en mano, en los procesos autogestionarios de producción de vivienda desarrollados por el PAV, los profesionales responsables de acompañar la ejecución de cada proyecto no son los mismos del IVC, sino que deben ser elegidos y contratados por cada una de las cooperativas que lleva adelante los proyectos constructivos.

Tal como se mencionó, la primera reglamentación del programa exigió la conformación de ETIs y abrió un Registro de Profesionales para tal fin. Los ETIs debían acompañar a las organizaciones sociales en cada una de las etapas comprendidas entre la consolidación de la pre-entidad y la finalización de las obras, incluyendo la búsqueda del inmueble a adquirir, la elaboración del proyecto constructivo, la propuesta social, el acompañamiento de la solicitud del crédito ante el instituto y la dirección de la obra a realizar.

Los ETI debían estar conformados por:

• Un área arquitectónica, con arquitectos, a cargo del proyecto de construcción de las viviendas, la búsqueda y compra del inmueble, la elaboración de los planos, la gestión para la aprobación de planos, la dirección y supervisión de la obra (según la metodología de construcción seleccionada), entre otras tareas.
• Un área social con profesionales sociólogos o trabajadores sociales cuyo objetivo era estimular la consolidación de la cooperativa como grupo social, a través de la realización de talleres de capacitación y/o actividades de discusión en materia de autogestión, cooperativismo y participación. También debían confeccionar un proyecto social en el que se expusiera un plan de trabajo con la cooperativa en las distintas etapas de implementación del proyecto y realizar informes de seguimiento (que debían ser presentados en el IVC).
• Un área contable, conformada por contadores que asesoraran el seguimiento crediticio de los proyectos y el control de gastos de la organización.
• Un área legal, en donde abogados asesoraran a cada organización social en todo lo relativo a la normativa y las cuestiones legales de implementación del programa.

En el Registro de Profesionales se inscribieron, en el ciclo de vida del programa, alrededor de cincuenta agrupamientos con características muy heterogéneas. Se inscribieron ETIs integrados a estructuras partidarias donde predominaba una inserción militante (por ejemplo el Polo Obrero); ETIs conformados por profesionales integrantes de movimientos sociopolíticos de base territorial combinando inserción de tipo militante y profesional (como es el caso del MOI o el Comedor Los Pibes); ETIs con perfil técnico y con orientación laboral/mercantil (Zurdo y Pffeifer); y ETIs “independientes” o “autónomos” pero vinculados con estrategias de construcción socio-política mediante profesionales insertos activamente en la Universidad Pública, que desarrollaron un perfil profesionalista (como es el caso de Dolmen, Nexus, Habitar, Frangella, Sorín, entre otros).

En cuanto a la selección de los ETIs por parte de las organizaciones, las cooperativas que formaron parte de movimientos sociales de base territorial o respondían a estructuras partidarias más amplias contaron con ETIs propios (de la organización, el movimiento o el partido), como fue el caso, por ejemplo, de las cooperativas del MOI o del Polo Obrero (cuyos profesionales, estaban inscriptos en los listados de la CMV-IVC). La Cooperativa EMETELE del MTL, por su parte, fue respaldada por un gran estudio de arquitectura (que a su vez contaba con los otros profesionales requeridos por el programa) como ETI. En lo que se refiere a las cooperativas independientes, muchas de ellas también compartieron ETIs inscriptos en los listados de la CMV-IVC. Este fue el caso de las cooperativas María del Rosario, Independencia, Asamblea 1° de Mayo, Buscando Espacios, El Propósito, Crecer, El Obelisco, Esperanza, Pro-vivienda Congreso y El Segundo Propósito, que contrataron a NEXUS. Por su parte, la Asociación Civil DOLMEN trabajó con seis cooperativas de vivienda, entre ellas la Cooperativa Octubre y La Lechería, y Habitar asesoró a las Cooperativas Flores, 20 de diciembre y Volver a Empezar. Finalmente, hubo cooperativas que llevaron sus proyectos con profesionales contratados de forma absolutamente azarosa. Al consultar a los entrevistados socios de cooperativas sobre la elección de los ETIs, muchos de ellos comentaron que en los pasillos de la CMV-IVC se generó una transmisión de información entre las organizaciones en relación a la trayectoria de los distintos ETIs y las distintas experiencias que fueron teniendo con ellos. Esta “información de pasillo” permitió a las pre-entidades realizar una elección más consciente de los profesionales del registro.

Ahora bien, la intervención específica de los ETIs en la práctica se topó con varios obstáculos, pues en muchos casos, como se verá más adelante, estos equipos se encontraron, por co-gestión o directa delegación de las cooperativas, siendo los actores primarios de los procesos productivos, asumiendo altos niveles de responsabilidad. Una socióloga, integrante de uno de los ETIs consultados decía: “El IVC se deslinda de toda responsabilidad y se la pasa al grupo de profesionales que se hace cargo de la cooperativa, asumiendo una responsabilidad altísima y cobrando nada” (Entrevista I. CABA. Agosto 2010).

Tampoco existió un soporte o ámbito de formación específico y sistemático en autogestión para los profesionales que acompañaron la promoción del cooperativismo autogestionario. Si bien durante los primeros años de implementación del programa se organizaron algunas charlas vinculadas a la presentación del programa y el rol de los ETI, estas no estuvieron orientadas a la formación de los profesionales en la práctica autogestionaria y no quedaron reglamentadas en la norma ni en ninguna de las actas reglamentarias, por lo que con el primer cambio de gestión que sufrió el programa, estas instancias incipientes se desarticularon. Estos espacios de formación cobran especial significancia en procesos de real práctica autogestionaria, pues los mismos deben ser capacitados para detectar e identificar patrones culturales alternativos a los propios y necesidades habitacionales ajenas en procesos de prácticas participativas donde los protagonistas del acto de diseñar no son los técnicos profesionales, sino los usuarios de las viviendas (Pelli V. S., 2010). También se trabajará más adelante sobre este aspecto de los ETI.

Por otra parte, algo interesante a remarcar, que se retoma de Rodríguez (2006) y que surgió en el trabajo de campo de la investigación, fue la relación de “poder y jerarquía” que se dio entre los campos disciplinarios, con el predominio de una disciplina sobre otra en el marco de una resignificación del programa en una lógica mercantil realizada por el IVC. En este sentido, hubo áreas de conocimiento más inscriptas en las prácticas del mercado, como lo fueron (y los son) la arquitectura, la contaduría y la abogacía, que se tornaron dominantes, avanzando sobre la especificidad de los saberes del área social. Evitar esta lógica de funcionamiento hacia el interior de los ETIs fue una tarea incesante por parte de algunos de sus profesionales, pero que se vio entorpecida por el IVC mediante las diversas modificaciones reglamentarias, ya que con los cambios poco a poco se fue mermando la actividad del área social y se quitó la obligatoriedad de presentar al PAV el anteproyecto y proyecto social definitivo a desarrollar en las organizaciones. Esto significó una reconfiguración de las disciplinas y se colocó al asesoramiento arquitectónico y legal en posición “privilegiada” de interlocución con el IVC y las cooperativas, a la vez que el área social, asumió y se confirmó en un rol subordinado de acompañamiento (cuando en la práctica de conformación y consolidación de las cooperativas desempeña un rol fundamental).

Por último, para diciembre de 2014, estos ETIs funcionaban con los mismos obstáculos con los que funcionaba el programa y las organizaciones sociales. La falta de sostenimiento financiero de los proyectos y la dilación en el tiempo provocó la desarticulación de algunos de estos grupos de profesionales (ocasionándole a las organizaciones la necesidad de buscar nuevos ETIs). Muchos otros, por el rol activo que desempeñaron en las organizaciones, se convirtieron en los sostenedores prácticos y reales de la operatoria, con un apoyo simbólico muy fuerte hacia –y para­– las mismas.

De todos modos, este programa autogestivo fue el puntapié inicial para que un conjunto de profesionales inicien una práctica concreta de acompañamiento a un conjunto incipiente de procesos cooperativos y autogestionario en la ciudad, un espacio de reflexión y teorización de esta práctica (en estado embrionario), la generación de procesos de diseño participativo y propuestas tipológicas de hábitat y vivienda alternativos y, en conjunto, un proceso de auto-reconocimiento de su potencialidad en medio de las dificultades cotidianas en la implementación del programa.

3.2 Características del universo de cooperativas de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Recuperando de manera actualizada datos producidos en Zapata (2012a) en base a información aportada por el IVC y la Comisión de la Vivienda de la Legislatura Porteña, el PAV cuenta con un total de 519 organizaciones sociales inscriptas que comprenden a 10.101 familias organizadas. De este universo de cooperativas –mayoritariamente– y asociaciones civiles –en menor medida–, 110 de ellas (que involucran a 2.484 familias) compraron terreno y/o inmuebles en la CABA, restando todavía 409 organizaciones (78,8% del universo) que aún no lograron adquirir suelo, y aún hoy algunas esperan.

En el grupo de las 110 cooperativas de vivienda y asociaciones civiles que adquirieron inmuebles, existen diversas situaciones que se pueden sub-agrupar (a modo analítico): a la fecha de cierre del relevamiento (diciembre 2014) eran 45 las organizaciones sociales que contaban con terreno ya comprado con fondos públicos del programa (que representan el 40,9% de este grupo) pero que aún no lograron iniciar sus obras (16 de estas organizaciones ya se encuentran listas en términos administrativos, a la espera de la llegada de los fondos); 40 organizaciones (36,6%) se encontraban con sus obras en construcción (involucrando a 870 familias porteñas), 25 organizaciones (casi el 23%) ya habían finalizado sus obras, 800 familias ya estaban habitando esas viviendas^[11] y cuatro cooperativas ya habían escriturado sus viviendas de manera individual (74 familias ya estaban devolviendo el crédito prestado).

Tabla 2: Estado de avance del universo de proyectos del PAV. CABA. Diciembre 2014

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN DE VIVIENDAS – TOTALES
ESTADO DE OBRAS		PROYECTOS	CANTIDAD DE VIVIENDAS
Obras terminadas*		25	800
Obras en ejecución		40	870
Obras a iniciarse		45	814
TOTAL		110	2.484
Inmuebles escriturados		110	2.484
Viviendas finalizadas escrituradas		4	74
Cooperativas inscriptas		519	10.101

*Coop. El Molino ya finalizó la 1° Etapa de su proyecto e inauguró 21 viviendas que hoy están habitadas. Estas viviendas están computadas en las obras finalizadas.
Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por el IVC y la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las características que hacen particular a este programa es el perfil de los actores adjudicatarios. El PAV se orientó una población específica de la ciudad, vinculada a la situación de hotelados u ocupantes de inquilinatos. La mayoría de las organizaciones sociales que participan del programa están conformadas por personas en situación de vulnerabilidad social (muchas en situación de emergencia), con escasas posibilidades de acceso a la vivienda a través del mercado, y habitando en viviendas que tienen en común la informalidad de su régimen de tenencia. En general, sus integrantes pertenecen a sectores populares-trabajadores de la ciudad y, en pocos casos, de sectores de capas medias. Un ex director del PAV entrevistado comentaba sobre las características de la población destinataria:

La población PAV es otra población. Hotelados, gente sin vivienda o con viviendas ocupadas o inquilinos. Por ejemplo Cooperativa 28 de Junio (que es parecida a Corralito, Caminito…), la gente es de la villa 1-11-14, vienen de comunidad boliviana y son diez familias, pero ellos son una excepción en el perfil poblacional del programa (Entrevista M. CABA. Septiembre 2010).

Los hitos de gestación de las organizaciones sociales que se conformaron en cooperativas de vivienda son diversos, pero a grandes rasgos se pueden agrupar en dos tipos de organizaciones: las organizaciones diseñadas “desde arriba” y las diseñadas “desde abajo” (Di Virgilio & Mendoza, 2003). En este sentido, existieron organizaciones sociales que se constituyeron como consecuencia de la convocatoria realizada por la ex-CMV-IVC hacia principio de siglo, a partir de la cual los vecinos en similar situación de precarización se organizaron y se conformaron en cooperativas de vivienda para ingresar al programa (Acha & Verón, 2006). Otras organizaciones se conformaron con adjudicatarios de la operatoria enmarada en la Resolución 525/97 (modificada por la resolución 282/98^[12]), que fue desactivada hacia finales de la década del ’90 (como es el caso de Cooperativa de Vivienda La Ribera), pasando automáticamente a estar amparados por el PAV. Estos sectores populares encontraron en este programa una posibilidad de acceso a la vivienda por lo que se constituyeron en cooperativas de manera intencional con el objetivo de lograr una acción inmediata^[13] (Menéndez, 1998).

Por otro lado, existieron experiencias surgidas “desde abajo”, a partir de grupos que suponen una amplia base de representación territorial, construcción y mantenimiento de algún tipo de organización y que, al mismo tiempo que elaboran sus demandas, van encontrando la manera de expresarlas y se van constituyendo como actores colectivos (Menéndez, 1998). Algunos nacieron como resultado o salida de las asambleas barriales fundadas tras el estallido de la crisis 2001 en la Argentina, otras surgieron en el marco de parroquias y comedores barriales, y otras como resultado de solidaridades entre profesionales o agentes por oficios.

Imagen 1: Foto de fachada externa de Coop. Asamblea 1° de Mayo (21 familias), Coop. Construyéndonos (21 familias) y Coop. Independencia (26 familias). CABA. 2013

Fuente: Relevamiento fotográfico elaborado por Kaya Lazarini y Cecilia Zapata.

Otras cooperativas nacieron a raíz de las experiencias de desalojos que sufrieron muchos de los habitantes de la zona sur de la CABA hacia fines de los años ’90. Además, se conformaron cooperativas a razón de una nacionalidad compartida, como es el caso de Puka Llajta y Santa Rosa de Lima donde predominaron socios con nacionalidad peruana o Cooperativa 28 de Junio, donde prevalecieron socios bolivianos.

Imagen 2: Foto de fachada externa de Coop. Buscando Espacios (51 familias), Coop. La Positiva (32 familias). CABA. 2013

Fuente: Relevamiento fotográfico elaborado por Kaya Lazarini y Cecilia Zapata.

Se verá en los próximos capítulos cómo las características internas de cada organización impactaron en los distintos modos de ejercicio de la autogestión en la ejecución del programa, potenciando o no procesos más o menos autogestivos. Estas potencialidades estuvieron en estrecha relación con la historia de las organizaciones y la experiencia asociativa de las familias y/o vecinos que representan, y el modo en que se toman las decisiones y se definen al interior de las organizaciones las líneas de acción (Di Virgilio & Mendoza, 2003).

La mayoría de los grupos familiares que conformaron cooperativas de viviendas e ingresaron al programa compartían una misma trayectoria habitacional: haber transitado por alguna situación de modalidad de hábitat precario, ya sean hoteles, pensiones, inquilinatos y/o casas tomadas.

A la vez, dentro del programa existe un abanico de cooperativas de viviendas que se conformaron en el marco de organizaciones sociales más amplias, muchas de ellas fundadoras del programa, y además desempeñaron un rol en el escenario político de la CABA. Este es el caso de cooperativas que integran el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos^[14]), el MTL^[15] (Movimiento Territorial de Liberación), la Federación de Cooperativas del Polo Obrero^[16], el MVT (Movimiento por Vivienda y Trabajo^[17]), Comedor Los Pibes, y otras.

Imagen 3: Foto de fachada interna de Coop. La Fábrica-MOI (49 familias) y de fachada externa de Coop. Comedor Los Pibes (33 familias). CABA. 2013

Fuente: Relevamiento fotográfico elaborado por Kaya Lazarini y Cecilia Zapata.

En base al análisis de las 110 cooperativas que actualmente cuentan con terreno en la ciudad a razón del PAV, en el cuadro que se muestra a continuación se discriminan año por año distintos indicadores que permiten analizar la evolución del programa a lo largo de su ciclo de vida. En este sentido, lo que se verifica es de qué modo todos los indicadores crecen hasta el período 2004/06, donde se registraron los picos más altos y a partir del cual todos los indicadores transitan un decrecimiento. En los últimos dos años se registró una leve mejoría –que finalmente desaparece en la actualidad– en algunos de los indicadores, mostrando cierta recuperación del programa en algunos aspectos que más adelante se detallarán.

Gráfico 3: Evolución de indicadores de avance del PAV por año. 2000-2014

Fuente: Actualización propia en base a Zapata (2012a).

Analizando la cantidad de solicitudes de ingreso al PAV, se ve que hasta el año 2005 aumentaron de manera sostenida, llegando a un pico en ese año de 147 solicitudes presentadas. A partir de entonces, la cantidad de solicitudes de ingreso comenzó a decrecer, hasta que en el año 2008 se dejaron de aceptar inscriptos nuevos (sí hubo numerosas solicitudes denegadas). Esta etapa de depresión coincidió con el período en el que los entrevistados ubicaron, en palabras de un funcionario del IVC, el “cierre del programa” y concordó con la definición política de ponerle un límite para establecer un universo cerrado de organizaciones sujetas al mismo. No obstante este límite, el alud de solicitudes por parte de las organizaciones sociales dio cuenta de la valorización que las personas con necesidades habitacionales realizaron del PAV a la hora de buscar una alternativa a su problemática de vivienda; al tiempo que también dio cuenta del limitado grado de cobertura que pudo dar el Estado a esta demanda real de créditos para autogestión (de las 519 solicitudes que hubo, la ex-CMV-IVC sólo dio respuesta al 21,2% de las organizaciones solicitantes).

En cuanto a los indicadores de inmuebles escriturados e inicios de obra, hasta 2006 los valores fueron en aumento, registrándose cierta constancia tanto en la compra de terrenos como en los inicios de obra entre los años 2002-2003 y, principalmente, 2004-2006 (año en el que se cierran las inscripciones). En el año 2007, con la llegada al IVC de una nueva gestión de gobierno de definición claramente neoliberal, se acentuó el descenso de cada uno de estos indicadores. Entre 2004 y 2006 se escrituraron la mayor cantidad de inmuebles en la ciudad, invirtiendo, sólo en el año 2006, 7.073.680 pesos.

Si bien el último inmueble se compró en 2008, y de allí en adelante esta curva nunca se recuperó, a partir de 2011 se registraron algunos inicios de obras, pero en cantidades notoriamente menores que en la etapa inicial del programa. Esta recuperación del indicador de inicios de obras se correspondió con una nueva gestión de gobierno que tiene por objetivo obtener resultados, por lo que se propuso finalizar las obras iniciadas y encauzar aquellos proyectos de organizaciones que tienen terreno en CABA pero que aún no iniciaron obra.

Por otra parte, del grupo de las organizaciones sociales que se encuentran actualmente con obras en construcción (40 proyectos), se registró en abril de 2015 un avance promedio de construcción de al menos el 55%.

El indicador de las obras finalizadas cuyas familias adjudicatarias ya están viviendo en sus viviendas es el que se muestra más constante de todos a lo largo del tiempo, pero también, por lo que se comentó someramente antes y que se ampliará más adelante, es el que se recupera de mejor manera hacia los últimos años, alcanzando los picos en 2012 y 2013. Desde 2004 hasta la actualidad, siempre se ha registrado al menos una obra finalizada, alcanzando un pico en el año 2008 con tres proyectos finalizados e inaugurados. Entre los años 2006 y 2007 se inauguraron dos cooperativas, resolviéndoles el problema habitacional a 354 familias (aunque la mayor cantidad de viviendas inauguradas se verificó en 2006 a razón de la inauguración de la Cooperativa Emetele, el complejo más grande del programa, con 326 viviendas, construido por la cooperativa de trabajo del MTL). Pero en base a los nuevos objetivos de gestión sólo en los dos últimos años se concluyeron once proyectos de los veinticinco finalizados a ese momento, expresando la nueva decisión política del programa.

Por último, de las cooperativas de vivienda finalizadas y habitadas, seis cooperativas ya escrituraron sus viviendas de manera individual y ya se encuentran devolviendo el crédito otorgado.

En lo que respecta a la distribución de los terrenos y a las obras del PAV, se verificó una concentración en la zona sur de la ciudad, especialmente en los barrios de La Boca, Parque Patricios y Barracas, que concentraron el 44,5% de los terrenos (35 y 14 respectivamente), y en Constitución, San Cristóbal, San Telmo y Balvanera. Se pudieron registrar también casos aislados de obras ubicados en la zona de Caballito, Villa Crespo y Palermo “Soho” (Guevara, Raspall, & Zapata, 2011), pero no se registró ningún proyecto en la Comuna 8, tradicionalmente reservada para vivienda destinada a sectores populares.

Mapa 1: Proyectos del PAV en la Ciudad de Buenos Aires. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a Mapa Interactivo de Buenos Aires v2.0.

Tal como se profundizará más adelante, la localización de las obras mostró con claridad una concentración importante de familias de bajos ingresos en barrios consolidados y con muy buena accesibilidad a la zona céntrica de la ciudad, denotando los potenciales que habilitó este programa en términos del ejercicio del derecho a la ciudad para los sectores de menores recursos.

3.2.1 Los proyectos autogestivos bajo análisis

Los proyectos que para este trabajo se constituyeron en unidades de análisis se corresponden con los que se encuentran finalizados y cuyas familias ya están haciendo uso de las viviendas.

Veinticinco fueron las cooperativas de vivienda que lograron finalizar sus obras mediante procesos de producción autogestionaria, dándoles solución habitacional definitiva a 800 familias. Entre los años 2006 y 2007 se inauguraron dos cooperativas de Los Pibes, La Ribera, Copitos y Emetele resolviéndoles el problema habitacional a 354 familias. Salvo este último proyecto que fue de obra nueva, los anteriores fueron remodelaciones que se heredaron de la Operatoria 525. En el año 2008 se inauguraron las Cooperativas Caminitos, Alto Corrientes y Luz y Progreso, involucrando a un total de cincuenta familias. Durante el año 2009 se inauguraron la Cooperativa Corralito y Uspallata para un total de 48 familias, en el año 2010 se estrenó la Cooperativa 28 de Junio para diez familias y en el año 2011 se inauguró la Cooperativa Argentina Puede y Nuestro Hogar que involucró a veinticinco familias. A partir del año 2012 comenzó a incrementar notoriamente la cantidad de cooperativas finalizadas, pues en este año se inauguran cinco cooperativas: Cooperativa Trabajo, Educación y Cultura, otra cooperativa más del Comedor Los Pibes, Cooperativa Madres 27 De mayo, Cooperativa Crecer y Asociación Civil Sembrar Conciencia, dándole solución en este año a 66 familias. Además, en este año se inauguraron veintiuna unidades de vivienda de la Cooperativa El Molino del MOI, la cual ejecuta su obra en tres etapas (dando por concluida la primera etapa de obra con estas inauguraciones). En el año 2013 se inauguraron otras seis cooperativas, dos obras de la Cooperativa Emergencia, la Cooperativa COFAVI, la Cooperativa El Palomar, la Cooperativa Octubre y la Cooperativa El Caracol, resolviéndole el problema habitacional a 166 familias. En el corriente año, durante los tres primeros semestres se inauguró otra cooperativa de Comedor Los Pibes, su obra más grande, involucrando a 33 familias.

Estas 800 viviendas finalizadas ya mostraron los resultados de sus proyectos. Salvo el proyecto del MTL, el resto se trató de pequeños complejos habitaciones –de poco más de veinte unidades de vivienda (promedio), que se caracterizaron por su diseño arquitectónico (distante de las tradicionales “viviendas sociales”). Son departamentos de entre dos y cuatro ambientes que oscilaron los 45 m2 y 110 m2 con posibilidades de crecimiento interno en varios de los casos. El diseño constructivo de los proyectos, en la mayoría de los casos, contó con la participación de los adjudicatarios de las viviendas y sus dimensiones se adaptaron a las necesidades familiares. Además, se puede ver en estos complejos un tratamiento particular de los materiales constructivos y una valorización de la dimensión estética que repercutió en altos niveles de calidad de las viviendas (como se analiza en profundidad más adelante).

Los proyectos seleccionados para el análisis fueron las veinticinco cooperativas finalizadas en el marco del PAV, una cantidad que se consideró abordable en el marco del trabajo de campo de este libro. No obstante, no se pudo realizar entrevistas en algunas de ellas, básicamente por dos motivos: primero, porque los integrantes de las cooperativas no desearon/accedieron a participar de la investigación (ya sea por miedo/inseguridad de para qué serían utilizados los datos o simplemente desinterés), y segundo, porque algunas de ellas fueron inauguradas con posterioridad a la finalización del trabajo de campo (como los casos de Cooperativa Comedor Los Pibes y Cooperativa Caracol).

Los criterios que sustentaron la decisión de tomar todas las cooperativas finalizadas para el análisis fueron dos. El primero de ellos remitió a que para abordar la etapa del habitar de las viviendas se necesitaba poder entrevistar cooperativistas que ya cuenten con vivencias/experiencia en sus viviendas. El otro se sustentó en que las cooperativas finalizadas resultan una fiel muestra de las características del universo de cooperativas que forman parte del PAV. En este sentido, el mapa a continuación muestra que la localización de estas cooperativas finalizadas es variable. Si bien se ve una concentración en barrios del sur de la ciudad como La Boca, Parque Patricios y Barracas, también hay obras finalizadas hacia el oeste y el norte, representando la diversidad de localizaciones que caracteriza a este programa (y también la concentración territorial que contiene).

Mapa 2: Cooperativas finalizadas del PAV en la Ciudad de Buenos Aires. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps.

En cuanto a sus escalas, salvo la cooperativa EMETELE, que ocupa dos manzanas e involucra 326 viviendas en Parque Patricios, el resto son de pequeña escala con bajo promedio de familias por cooperativa, en general alrededor de veinte, pero las hay tanto de dos familias como de 55.

Adicionalmente, estas cooperativas son también una muestra de la diversidad de orígenes de las mismas. Por ejemplo, la cooperativa El Molino, el EMETELE o el Comedor Los Pibes son cooperativas que forman parte de organizaciones más amplias, Cooperativa La Ribera y Copitos provienen de la Operatoria 525, Coop. El Palomar, Uspallata y/o Alto Corrientes, entre otras más, se originaron en hoteles pensión, Cooperativa Caminito derivó de un conventillo del barrio de La Boca, Cooperativa Crecer y Octubre nacieron del calor de las asambleas barriales de la crisis de 2001 y en general su población remite a sectores medios, y Cooperativa Argentina Puede y Sembrar Conciencia derivaron de la población de la Traza de la ExAu3. Esta diversidad de puntos de partida replica al universo de las cooperativas del PAV (descripto más arriba).

Este grupo también mostro diversidad en las formas de ejecución de sus obras. Por ejemplo, Cooperativa El Palomar contrató una pequeña empresa constructora con la que prácticamente acordó una obra llave en mano, la Cooperativa Familias para la Vivienda desarrolló gran parte de la obra mediante autoconstrucción, la Cooperativa EMETELE formó una cooperativa de trabajo propia para la ejecución de su obra (y luego también para afrontar la obra de otras cooperativas, como Cooperativa Crecer) y el MOI consolidó una cooperativa de trabajo propia para ejecutar de manera conjunta con las cooperativas de vivienda y el ETI las obras de sus cooperativas (en combinación con aportes de mano de obra familiar organizados a través de ayuda mutua en forma colectiva por la comisión de ayuda mutua de cada cooperativa). Como se verá en los próximos capítulos, los cooperativistas tuvieron diversos tipos de participación y tomas de decisiones en cada experiencia en función del tipo de organización de cada cooperativa.

Por ende, estos casos resultan representativos del universo de cooperativas del PAV. En el cuadro a continuación se presentan las veinticinco cooperativas finalizadas por el PAV (con el detalle de ubicación, cooperativa y cantidad de viviendas) y se subrayaron los casos a los que se puedo acceder mediante entrevistas en profundidad^[18]:

Tabla 3: Organizaciones sociales con obras finalizadas y adjudicadas. Diciembre 2014

OBRAS FINALIZADAS[19]
PROYECTOS	LOCALIZACIÓN	CANT. DE VIV.
Asoc. Covi. Comedor Los Pibes*	Lamadrid 1053	6
Asoc. Covi. Comedor Los Pibes*	Necochea 1316	2
Coop. De Viv. La Ribera*	Alte.Brown 742/8	15
Asoc. Civ. Copitos*	Necochea 775	5
Coop. Emetele	Monteagudo 592	326
Coop. De Viv. Luz Y Progreso	Pola 2048	12
Coop. De Viv. Alto Corrientes	Amancio Alcorta 1601/7	14
Coop. De Viv. Octubre	Benedetti 159	22
Coop. De Viv. Uspallata	Uspallata 2750	27
Coop. De Viv. Caminito	Palacios 910	10
Coop. De Viv. Corralito	Mompox 1662	21
Coop. De Viv. 28 de Junio	Castañares 2171	10
Coop. Argentina Puede	Jufré 602/10	23
Coop. Trabajo, Educación Y Cultura*	Fray Cayetano 600	13
Coop. Los Pibes*	Pinzón 954	5
Coop. Madres 27 de Mayo	Larrazabal 2476/78	12
Asoc. Civ. Sembrar Conciencia**	Virrey Loreto 3761	8
Coop. El Molino 1°Etapa***	Solís 1967	21
Coop. De Viv. Crecer	Virrey Cevallos 953	28
Coop. Nuestro Hogar*	Río Cuarto 2423	2
Coop. De Viv. El Palomar	Chiclana 2856	55
Coop. Comedor Los Pibes Ltd.	Lamadrid 208	33
Coop. De Viv. Emergencias	Vieytes 1428/36	21
Coop. De Viv. Emergencias	Santa Magdalena 325	15
Coop. De Viv. Familias Para La Vivienda	Moreno 3249	22
Coop. El Caracol	Carlos Antonio López 3573	31
TOTAL VIVIENDAS		800

* Dichos proyectos nacieron en el marco de la Resolución 525/97 y fueron traspasados a la Ley 341 y el PAV para su refacción interna.
** Este proyecto fue producto de una mixtura entre la Ley 341 y la 324 (Programa de Recuperación de la Traza de la ExAu3).
*** Este proyecto estuvo pensado en cuatro etapas de construcción. En cada etapa se inauguró una determinada cantidad de viviendas. Al momento de cierre del trabajo de campo ya estaban inauguradas veintiuna de las cien unidades.
Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por el IVC y la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y relevamiento fotográfico elaborado por Kaya Lazarini y Cecilia Zapata.

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