Jorge Durand

En 2010 tuve la oportunidad de trabajar en el grupo coordinador del Foro Global de Migración y Desarrollo. En años anteriores este grupo estaba conformado por especialistas del primer mundo, y México, al ser organizador del foro, puso como condición que también debían participar un mexicano y otro especialista en migración que representara a África.

La primera sorpresa que tuve en estas reuniones fue que el tema de derechos humanos de los migrantes estaba vetado, no se podía hablar de eso y menos aún señalarlo en los working papers que se tendrían que elaborar para la discusión en la asamblea. Por el contrario, el foro promovía el uso de los términos de “desarrollo humano”, “responsabilidad compartida” y “coherencia institucional”.

En el foro había dos categorías de países participantes: los de pleno derecho, que participaban en la asamblea con voz y voto, y los países “amigos del foro”. Por América Latina participaban las tres grandes cancillerías de la región: la de México, la del Brasil y la de la Argentina, pero, para mi sorpresa, también estaba la del Ecuador, que tenía una presencia destacada.

En esos años, el modelo por seguir era Filipinas, que había podido revertir la tendencia de la emigración irregular con una serie de acuerdos bilaterales para exportar mano de obra legal a Europa, los países petroleros del Golfo y Estados Unidos. En un congreso paralelo al foro, el representante de Filipinas expuso con mucho orgullo su modelo y afirmó, literalmente, que Filipinas “estaba buscando nuevos mercados” para expandir sus proyectos de exportación de mano de obra; de manera inmediata recordé mis clases de marxismo de los años setenta sobre la “mercancía” mano de obra. Recuerdo haber comentado en esa reunión las limitaciones del modelo filipino y haber quedado en absoluta minoría.

En el otro extremo estaba el Ecuador, otro de los países emisores de migrantes, pero que defendía a capa y espada el “derecho a migrar” y propugnaba la “ciudadanía universal”. En realidad, Ecuador seguía al pie de la letra la propuesta de “coherencia institucional” promovida por el foro, al defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior, incluso en situación de irregularidad y de manera coherente abrir sus puertas a todos los ciudadanos del mundo que quisieran ingresar en su territorio, sin requisitos de visa u otras consideraciones.

La postura del Ecuador encontraba nulo apoyo entre los países miembros del foro y muy poco entre los “amigos del foro”, pero sí tenía eco en la reunión paralela con representantes de la “sociedad civil”, propiamente organismos defensores de los migrantes.

Para complicar el panorama, se tenían que elaborar documentos de trabajo para la asamblea, en donde se trataba de conciliar las posturas de países que tenían posiciones diferentes. En mi caso tuve que trabajar con los representantes de Francia y el Brasil, por una parte, y Holanda y el Ecuador, por otra. Lograr cierto equilibrio resultaba bastante complicado. Recuerdo la postura cerrada e incluso despectiva del representante francés al referirse a los que reclamaban por los derechos humanos de los migrantes. En el caso holandés, se insistía en el tema de que los inmigrantes latinoamericanos abusaban de los servicios y prestaciones sociales que se ofrecían en ese país. Mi respuesta inicial fue que eran muy pocos los latinoamericanos en los Países Bajos y que por tanto no era relevante referirse al tema, pero insistían en el asunto. Finalmente mi salvación fue encontrar de casualidad el Factbook Migration and Remittances, del Banco Mundial, en el que se señala a los diez primeros países emisores de migrantes a los Países Bajos: Turquía, Suriname, Marruecos, Indonesia, Alemania, Polonia, Curaçao, la China, Serbia y Bélgica. Cuatro eran países europeos, tres eran excolonias, dos fueron proveedores de mano de obra reclutada para la reconstrucción y finalmente la China. De los latinoamericanos, ni sus luces.

Esta introducción viene a colación porque en aquellos años los autores de este libro, Jacques Ramírez y sus colegas, participaban activamente en el diseño e implementación de un nuevo marco jurídico constitucional que pusiera en primer plano los derechos de los migrantes, propiamente de las “personas en movilidad”.

El proceso migratorio ecuatoriano es de larga data, como bien se analiza y destaca en el primer capítulo, en el que se pasa revista a los diferentes enfoques de la política. En relación con la emigración, Estados Unidos, desde mediados de siglo, fue el principal lugar de destino para los ecuatorianos, que siempre utilizaron el sistema de cuotas por país para acceder a visas, o en su defecto tomaban la ruta alterna por México, que suponía llegar al Distrito Federal, luego conectar con Tijuana y de ahí a cruzar la línea. Hace años un migrante ecuatoriano me contó que el método seguro era entregar el pasaporte junto con un billete de 100 dólares en la Ciudad de México y luego se hacía lo propio en el control interno del aeropuerto de Tijuana.

Pero la gran estampida migratoria ecuatoriana es propiamente un fenómeno del siglo xxi y tuvo como consecuencia la terrible crisis bancaria de 1999 y la medicina recetada de dolarizar la economía para, de alguna manera, controlar la inflación. Una crisis con un trasfondo claro de lo que implicó para muchos países el cambio de modelo económico y optar por la fuerza por el modelo neoliberal. Paradójicamente, en 2007 llegó a la presidencia del Ecuador Rafael Correa con una propuesta de izquierda, pero entrampada en un sistema económico neoliberal y dolarizado que no permitía márgenes para una política económica autónoma.

En realidad, el presidente Correa llegó al poder aupado por las fuerzas de izquierda que ya habían asumido el tema migratorio como uno de sus ejes estratégicos, propuesta que se plasma y concreta con la primera elección que se realiza en el exterior en 2006 y que involucra a los colectivos migrantes de Estados Unidos, España y otros países.

El libro Políticas, burócratas y migrantes. Análisis desde la antropología del Estado, editado por el antropólogo Jacques Ramírez Gallegos y con capítulos en los que colabora con Iréri Ceja, Yolanda Alfaro, María del Pilar Ospina y Andrea Mila-Maldonado, cubre principalmente la segunda década del siglo xxi, donde la política migratoria del Ecuador bascula entre la apertura total de fronteras y el retorno a una política securitista; entre lo que fue un país donde la inmigración era prácticamente inexistente a la llegada de chinos, africanos, haitianos, colombianos, cubanos, venezolanos y muchos otros; entre la plasmación del sueño latinoamericano con la libre movilidad, la ciudadanía suramericana que proponía la UNASUR y las progresivas restricciones y limitaciones a la movilidad con la irrupción de la migración venezolana, pero que finalmente pudo redistribuirse, en diferentes proporciones, en todo el subcontinente. Esperanzas y crudas realidades que los autores analizan no solo para el caso del Ecuador, sino para el entorno andino y conosureño, con un enfoque de antropología política, de observación participante y un conocimiento directo del objeto de estudio.

El trabajo etnográfico de Ramírez entra hasta la cocina, donde se procesan los documentos legales, y da cuenta de los diferentes actores que participan, tanto funcionarios de diferentes dependencias de gobierno –con posiciones distintas e incluso antagónicas– como las diferentes organizaciones de la sociedad civil, igualmente con sectores ultras y moderados y, finalmente, los organismos internacionales como la Organización Internacional de la Migraciones (OIM).

Uno de los capítulos analiza la ley que fue aprobada en la asamblea el 5 de enero de 2017 y constituyó un cambio radical en cuanto a un nuevo marco jurídico, pero, sobre todo, una nueva perspectiva que enfatizaba una concepción integral del hecho migratorio, en donde se destaca el principio de igualdad de derechos, el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad, la integración regional, la eliminación progresiva de la condición de extranjero, la prohibición de la criminalización, el reconocimiento de la necesidad de contar con mecanismos accesibles para la regularización de los no nacionales y la priorización del principio de reagrupación familiar. La ley ecuatoriana plasma las propias demandas y aspiraciones de sus ciudadanos migrantes en el exterior y, de manera coherente, generosa y solidaria, la aplica a los extranjeros que lleguen o se radiquen en el país.

Desde el título inicial, al hablar de “movilidad humana” y no de migración, la ley ecuatoriana rescata la relevancia de la persona y un enfoque de derechos. Toda una novedad a nivel mundial para un estatuto migratorio, que suelen ser restrictivos y centrados en la seguridad nacional. Entre tanto, mientras en Ginebra se debatían los temas migratorios en foros interminables, cuyos avances o conclusiones no eran vinculantes, en el Ecuador se daban pasos agigantados que rayaban en la utopía, pero que ayudaron en mucho al avance de posiciones en el entorno regional de América del Sur.

Es el caso analizado en uno de los capítulos, que da cuenta de la llamada Visa Mercosur y la Tarjeta Andina de Migraciones –procedimientos similares– en dos de las grandes regiones de América del Sur, en donde se trata de facilitar la entrada y la residencia de los nacionales de otros países de la región y, de este modo, sacar de las sombras a miles de migrantes que estaban en situación de irregularidad y que las sucesivas amnistías o procesos de regularización no solucionaban de manera definitiva. Fue un paso muy relevante porque además de la libre movilidad, incluso sin pasaporte y solo con un documento de identidad, se permitía, con algunas variantes por países, el acceso al mercado laboral, lo que rompía de manera definitiva con el tradicional círculo vicioso y burocrático de que para obtener una visa de trabajo había que tener empleo y para tener empleo había que tener una visa de trabajo o residencia. Esto quedó finalmente plasmado en la llamada visa Unasur, que se analiza en otro capítulo.

Todos estos avances sufren retrocesos importantes con la crisis venezolana y la gran estampida migratoria que afectó a toda la región. En 2018 Ecuador impuso el requisito de visa y pasaporte a los venezolanos, como ya lo habían hecho el Perú y Chile, con distintas fórmulas. No obstante, hay que señalar que fueron al menos dos millones de venezolanos los que se beneficiaron de la libre circulación y que, a pesar de todas las restricciones impuestas, los gobiernos de la región, incluidos los de derecha, han mostrado mayor tolerancia y un rostro más humanitario con los “hermanos” venezolanos. La retórica de la hermandad latinoamericana tuvo que bajar a los hechos y con todas sus limitaciones fue favorable para muchos migrantes.

La región Andina y el Mercosur han experimentado las mayores consecuencias de la explosiva emigración venezolana, mucho más que países centrales como Estados Unidos y España, que tradicionalmente acogían a migrantes venezolanos. Sin duda, la emigración venezolana marcará de manera definitiva a la región y hasta el momento hay un saldo positivo a pesar de los brotes xenófobos que también se han hecho presentes y sobre los cuales hay que poner atención.

Migración y xenofobia son un dueto que caminan juntos, donde el racismo aflora con espontaneidad a pesar de que los latinoamericanos compartimos raíces indígenas, europeas, africanas y asiáticas; somos un pueblo mestizo por excelencia; compartimos también una misma historia prehispánica, colonial y republicana; hablamos la misma lengua y rezamos al mismo Dios, solo nos diferencia y nos distancia la nacionalidad y un tradicional nacionalismo exacerbado desde la escuela primaria.

En este contexto de uniformidad cultural, la excepción que confirma la regla es el caso de Haití, que también participa de los circuitos migratorios continentales, pero de manera diferente. El proceso haitiano es relevante para el Ecuador porque muchos migrantes lo utilizaron como puerta de entrada o “nodo articulador” para sus travesías migratorias. El análisis del caso haitiano pone en evidencia (y a prueba) la política ecuatoriana de apertura de frontera; también cuestiona a la sociedad, especialmente contraria a este colectivo de migrantes diferentes, y pone en evidencia a los países de la región, que también se ven “afectados” por este flujo y ejercen presiones que se caracterizan en el capítulo, como la externalización de fronteras. Pero más allá de las políticas, las previsiones y los controles gubernamentales, los haitianos ejercen su derecho a migrar, reemigrar, retornar y proseguir su camino con una estrategia migratoria totalmente distinta. Los haitianos son migrantes continentales, itinerantes y, en cierto sentido, nómadas que buscan de manera parmente un mejor lugar donde asentarse, que no es otro que Estados Unidos. Cuando le preguntaron a un migrante haitiano, que regresaba de un largo periplo por el Brasil, por qué quería ir a Estados Unidos después de haber vivido cerca de diez años en el Brasil, su respuesta fue: “Porque es Estados Unidos”.

Una itinerancia que también responde a una permanente exclusión, a un racismo que no se disimula, a una política específica para el caso de los haitianos a los que se les pide y se les exige que demuestren que son turistas. Pero cuando las limitaciones de ingreso a diferentes países se hicieron evidentes, miles de haitianos dejaron plantados a los burócratas de estos supuestos países de “acogida”, agarraron sus pocas pertenencias y se fueron al norte; otra vez, atravesaron el continente, ahora de sur a norte, de la Patagonia chilena al río Bravo mexicano, para luego pretender cruzar la otra parte del río, llamado Grande, que es territorio norteamericano.

El libro se cierra con el análisis detallado del giro a la derecha, en términos de política migratoria, en muchos de los países que antes habían sido partícipes del sueño integrador latinoamericano, de la libre circulación y del acceso fácil y expedito a la residencia, incluso de una posible nacionalidad latinoamericana.

Pero no hay otra fórmula para la integración regional que sea más efectiva que la movilidad humana. Que de los cuatro millones de venezolanos repartidos por Sudamérica regresen a su tierra tres millones y un millón se quede, repartido en diferentes países del continente. Como sucedió con los argentinos, chilenos, bolivianos y uruguayos que emigraron a México en la década del setenta y solo algunos regresaron. Como Roberto Bolaños, autor de la mítica novela Los detectives salvajes, que nació en Chile, vivió su juventud en México, regresó a Chile atravesando toda Latinoamérica para luego volver a México. Como el peruano Roberto Bellatin, autor de Salón de belleza, quien estudió en Cuba y ahora vive y publica en México. Como los cientos de niños chilenos y brasileños que llegaron a México para quedarse acompañando a sus padres haitianos. Como las decenas de miles de bolivianos y paraguayos que viven y trabajan en la Argentina; como los otros tantos peruanos y peruanas en Chile que han cambiado totalmente la gastronomía local; como los colombianos de antaño en Venezuela que ahora regresan a su tierra natal o a la tierra de sus padres; como los argentinos repartidos en todo el continente, por la secuencia interminable de sus crisis económicas.

El futuro del continente, para superar lo único que nos diferencia y nos distancia, es precisamente la movilidad, la doble, triple o cuádruple nacionalidad, la posibilidad de estudiar y trabajar en el país de origen o en cualquier país de la región, la posibilidad de circular libremente en la Patria Grande, como se soñó en la Argentina al regularizar a cientos de miles de migrantes latinoamericanos.

Este libro da cuenta de los sueños y realidades de una época en que se dio un esfuerzo monumental y continental por superar trabas burocráticas, candados legales y los prejuicios de siempre con respecto al país vecino, que es igual en casi todo, menos en el acento que lo delata y en un pasaporte que uno es obligado a portar.