La recreación y las políticas públicas como campo de estudio en la Argentina

Las investigaciones realizadas en Argentina sobre recreación evidencian un alto grado de división y desarticulación que exige, para poder dar cuenta de la producción existente, un abordaje desde la diversidad de campos y disciplinas que producen conocimiento sobre éste y de los resultados alcanzados hasta el momento.

Los estudios realizados por Julia Gerlero (2012b y 2014) dan cuenta de un desarrollo incipiente en la producción de conocimiento especialmente en aquellos ámbitos que no están ligados al turismo^[1]. Los investigadores dedicados exclusivamente a esta temática son muy pocos y suelen estar inscriptos en campos disciplinares bien delimitados y consolidados incursionando en la recreación sólo de manera ocasional. Durante la última década, puede apreciarse un cambio de tendencia y un mayor incremento de investigaciones producto de algunos espacios de formación específica creados en diversas localidades de nuestro país.^[2]

Lo mismo ocurre con las políticas recreativas, campo que entendemos se encuentra en construcción no sólo en Argentina sino también en América Latina. En una investigación realizada acerca de las “políticas públicas de ocio” como tema de investigación en el contexto de cinco maestrías en Recreación, Tiempo Libre y Ocio que son desarrolladas en cuatro países latinoamericanos: Brasil, Costa Rica, Ecuador y México, se señala que aún son incipientes los estudios sobre esta temática, destacando la urgencia de problematizar y profundizar conocimientos teórico-prácticos en este ámbito (Gomes, Pinto, Elizalde y Norohna, 2013).

En Argentina, las producciones son escasas, pero destacan en los últimos 15 años los aportes de: Julia Gerlero con una profusa producción teórica (2004, 2005), investigaciones sobre el reconocimiento constitucional del derecho a la recreación en Latinoamérica (2011) y las prácticas recreativas impuestas por la última dictadura argentina en la ciudad de Neuquén (2012a); Silvina Suarez (2006) sobre políticas recreativas locales en la misma ciudad; Alejo Levoratti (2015a) sobre representaciones y prácticas acerca del deporte en agentes y funcionarios estatales de programas socioeducativos de la provincia de Buenos Aires; Ianina Tuñón (2013-2014) sobre la vinculación entre políticas públicas y derechos de las infancias a la educación y la recreación en los principales centros urbanos de nuestro país y Marcos Griffa (2020,2021a y2021b) quien dirige un proyecto de investigación sobre políticas públicas de recreación en Córdoba donde analiza los programas municipales y provinciales durante el período 1980-2020 desde una mirada crítica a lo que denomina “recreación deportivizada” la que, según resultados preliminares, viene hegemonizando el campo desde el inicio del período.

Estudios sobre políticas recreativas orientadas a la población juvenil vulnerabilizada

Si se acota el análisis a las políticas recreativas orientadas a la población juvenil vulnerabilizada es posible encontrar algunos trabajos que dan cuenta de las características y modalidades que adoptan las políticas sociales en este campo y de las resignificaciones y apropiaciones que realizan tanto sus agentes como sus principales destinatarios. En este sentido, se describen a continuación los principales estudios argentinos sobre estas políticas haciendo foco, de forma no excluyente, en aquellas que incluyen prácticas corporales deportivas.

En primer lugar, el trabajo realizado por Finnegan, F. y Serulnikov, A. (2014) de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, donde se analizan los aportes que realizaron las principales líneas de política socioeducativa implementadas durante la gestión kirchnerista (Centros de Actividades Juveniles, -CAJ^[3]-, Proyecto para la Prevención del Abandono Escolar y Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario) a los cambios impulsados en la educación secundaria en su conjunto.

En esta investigación se identifican algunos sentidos que los actores responsables de su implementación le asignan a la tarea que realizan. En este aspecto, las autoras afirman que junto al reconocimiento de los CAJ y Orquestas Juveniles como espacios de protagonismo juvenil sustentados en la visión del joven como sujeto de derechos, coexiste su valoración como espacios de “contención” que podrían incluir, elementos propios de una perspectiva de corte “civilizatorio” asignada a la escuela y sus programas, en tanto aparece como mejor alternativa a las ausencias, problemáticas y conflictos del entorno social y familiar que se atribuyen a las/os estudiantes de sectores populares, muchas veces considerados como “sujetos de carencia y como representaciones devaluadas del colectivo adolescente” (p.39)

Otro antecedente sobre políticas recreativas orientadas a esta población puede encontrarse en las investigaciones realizadas por Julieta Infantino quien, en el marco de su tesis doctoral (2014), estudia el proceso de desarrollo de las políticas culturales distinguiendo diversas tendencias interconectadas en su proceso de institucionalización. En una de ellas, asociada a las nociones de cultura, riesgo social y empoderamiento, examina el vínculo entre la promoción de la cultura y las políticas sociales focalizadas en poblaciones juveniles vulnerabilizadas.

En uno de sus trabajos posteriores (2016), analizando narrativas y estrategias de trabajo de organizaciones y colectivos artísticos -con foco en Circo Social del Sur^[4]-, examina los diversos sentidos con los que se redefine el concepto de “circo social” desde la década de los ’90 hasta la actualidad y la superposición existente entre el paradigma asistencial/preventivo que presenta al arte como estrategia para “ayudar/controlar” a las juventudes “riesgosas”, y el paradigma de derechos que aboga por pensar al arte como un instrumento político-pedagógico para luchar por la ampliación de ciudadanía y las oportunidades igualitarias de experimentar el aprendizaje y la producción artística de sectores vulnerabilizados.

En la institución mencionada previamente y partiendo de un enfoque biográfico, Silvia Tapia (2016), analiza los procesos de individuación de jóvenes de 18 a 24 años que allí desarrollan prácticas artísticas y deportivas. El objetivo que se propone para su tesis doctoral es el estudio de las experiencias juveniles a partir de “las tensiones y contradicciones entre las significaciones que se asocian a las responsabilidades como el trabajo, el estudio, el cuidado de otros y lo que refiere al placer y al disfrute, vinculado a los “tiempos de ocio” y despreocupación” (p.15).

Un aporte interesante para el análisis del PAd es la significación que para les jóvenes entrevistados tiene el inicio de una actividad artística o deportiva en el “Circo”, ubicándolo como un giro existencial en la percepción sobre ellos mismos, los vínculos que establecen con pares y adultos en términos de confianza, cuidado, y bienestar y la posibilidad de acceder a saberes y conocimientos que aumenten sus recursos y habilidades personales incluso frente al mercado de trabajo.

También desde el campo de las políticas culturales, la investigación de Gabriela Wald (2012) para su tesis doctoral sobre orquestas juveniles resulta relevante por las tensiones identificadas y las conclusiones a las que arriba. Está basado en el estudio de dos programas de orquestas juveniles: uno dependiente del Ministerio de Educación y el otro del Ministerio de Cultura de la CABA. La autora analiza aquí las potencialidades y límites de estos proyectos que llama de “alta cultura”, para influir en distintos aspectos de la vida (representaciones, prácticas, cuestiones identitarias o de subjetividad, y formulación de sus proyectos biográficos) de sus jóvenes destinatarios.

Tomando distancia de las posiciones que destacan las bondades y beneficios en términos de integración por participar de estas iniciativas (perspectivas celebratorias) y de aquellas que las condenan por entenderlas como intervenciones que reproducen esquemas y prácticas de dominación (posturas críticas), el estudio muestra que, si bien determinadas/os jóvenes de sectores populares pueden permanecer en estos espacios, cuando esto ocurre pueden darse procesos de transformación. La información recogida sobre las trayectorias, posiciones sociales y adscripciones morales de las familias de las/os participantes sugieren que en este tipo de proyectos convergen familias de clases populares y medio-bajas que conservan casi intacto el ideal meritocrático que habría orientado las estrategias de reproducción de los sectores medios y bajos ligados al empleo formal del siglo pasado. Para estas familias los valores vinculados con la perseverancia, el esfuerzo, la privación, la inversión y el sacrificio siguen orientando sus acciones y la educación sigue siendo el medio para que sus hijas/os mejoren su calidad de vida en el futuro. Como plantea la autora, las apropiaciones que realizan las/os participantes de la propuesta orquestal “dependen en gran medida de sus trayectorias biográficas y repertorios culturales previos, pero también, a partir de su involucramiento con la orquesta, hay posibilidades de que reconstruyan, modifiquen o refuercen parte de dichos repertorios” (Wald, 2018, p.22). Esto supone la existencia de cierta afinidad electiva que provoca una retroalimentación entre los valores y prácticas que promueven los proyectos de orquesta y los criterios y valores en los que han sido socializados las/os jóvenes que se acercan y permanecen en ellos.

Investigaciones sobre políticas recreativas que incorporan prácticas corporales

Desde el campo de las políticas que incorporan prácticas corporales vinculadas con la cultura física, el estudio de Levoratti (2015a) indaga en las representaciones y prácticas de las/os profesoras/es de Educación Física y funcionarios estatales que se desempeñaron en los programas de política socioeducativa de la Provincia de Buenos Aires entre 2004 y 2011. Esta investigación de carácter etnográfico analiza los sentidos del deporte comprendiendo los procesos de apropiación, resignificación y resistencia que, sobre esta categoría producen y actualizan los protagonistas del Programa “Patios Abiertos en las Escuelas”^[5].

En su trabajo, el autor encuentra dos perspectivas centrales vinculadas, por un lado, con la identificación de las prácticas deportivas y recreativas como formas de resignificación de la institución escolar y de atracción de las/os jóvenes para promover su permanencia en la escuela. Por otro lado, especialmente a partir de 2010, las propuestas responden a la falta de ofertas que esta población tiene para la “ocupación” del tiempo libre y son pensadas como una política de “inclusión” y de cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA).

En ambos casos se observan construcciones valorativas por parte de las/os docentes acerca de la forma adecuada o debida de gestión del tiempo libre de esta población, justificando la implementación de prácticas deportivas y recreativas como una de sus formas legítimas en tanto 1) herramientas para la inclusión social y educativa de niñas/os y jóvenes, 2) canales para la transmisión de valores, 3) agentes en la prevención y promoción de la salud, 4) contribución a la formación integral, 5) fomento al desarrollo de capacidades motoras y el aprendizaje de técnicas y tácticas deportivas. El autor concluye que:

(…) en ambos grupos sociales permanece una visión esencializada sobre el deporte, que invisibiliza la necesidad de discutir y realizar una propuesta sobre cuáles deberían ser los lineamientos pedagógicos y didácticos para un deporte inclusivo, qué contenidos se deberían transmitir para que los deportes promuevan la inclusión social y educativa y qué roles deberían tener los diferentes actores sociales intervinientes (jóvenes, profesores, personal técnico y funcionarios) para el logro de los objetivos (Levoratti, 2015b, p.135).

En otro trabajo, Aisenstein et al. (2011), los autores presentan los resultados de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Lujan (UNLU), que se propuso describir las características de los programas sociales, educativos y de salud gestionados por el Estado nacional, provincial y municipal, radicados geográficamente en el Partido de Luján, provincia de Buenos Aires, que incorporan contenidos de la cultura física^[6].

Parten de la necesidad de producir conocimiento sobre los modos y medios a través de los cuales las prácticas corporales de la cultura física son incorporadas en los programas del Estado, tanto para aportar conocimientos en el plano de la intervención, como para poner a prueba la validez de las relaciones que se establecen desde el discurso teórico entre las actividades físicas y la salud, la educación y la integración social.

Ubican la asociación entre finalidades socioeducativas y cultura física como parte del proyecto modernizador de la Argentina de fines del siglo XIX, momento en que el Estado nacional asume la responsabilidad por la socialización de la población bajo la idea de educación intelectual, física y moral. Desde mediados del siglo XX, las prácticas de la cultura física son consideradas como medios idóneos de socialización y recreación masivas, desembarcando en ámbitos no escolares, como parques públicos y estadios deportivos. Estas prácticas contienen connotaciones pedagógicas que pretenden encauzar los modos de moverse y conducirse de las personas y pretenden alentar o modificar valores y conocimientos. El deporte se ubica en un lugar privilegiado en estas propuestas, en general, desde una concepción formalista y portadora de valores positivos como cooperación, perseverancia, fair-play, que no son problematizados en cuanto a las formas de apropiación que realizan sus participantes.

Las/os autoras/es establecen una diferenciación en los programas analizados en función de los propósitos que los orientan: a) atender a procesos de vulnerabilidad y exclusión social y b) brindar oportunidades de práctica corporal sistemática en lugares donde la oferta privada no existe o es escasa. En este caso se parte de concebir a las prácticas lúdicas, expresivas, formativas o competitivas como bienes sociales cuyo acceso es un derecho que debe ser garantizado para todas/os. En el primer caso, las prácticas corporales desarrolladas son centralmente lúdicas (juegos motrices y juegos deportivos) y expresivas (coreografías y folklore) y no es la enseñanza la forma predominante a través de la cual son puestas a disposición de las/os destinatarias/os. En el segundo caso, la práctica del deporte respeta el discurso tradicional alrededor de las virtudes del deporte y su enseñanza está organizada de forma alternada entre la práctica de ejercicios y el juego.

Con relación al perfil de las/os docentes, las/os autoras/es construyen una tipología a partir de la relación establecida entre la concepción de “destinatario” que fundamentan sus intervenciones, y las propuestas de prácticas corporales que implementan. Establecen una tipología de tres tipos de profesoras/es: a) asistencialista; b) tradicional y c) filo-proyectual. Este último sería el más adecuado para las/os autoras/es frente a las finalidades que plantean las políticas analizadas: propuestas situadas según cada contexto político, cultural y social y carácter empático para acompañar a cada sujeto en sus particularidades y favorecer su crecimiento personal.

En su tesis de maestría Alejandro Añasco (2015) indaga sobre el proceso de implementación en el municipio de La Matanza de una política pública del campo de las prácticas corporales dependiente de la provincia de Buenos Aires: Programa “Escuelas Abiertas de Verano” (EAV)^[7]. La implementación es analizada desde la modalidad de gestión en su forma intra-burocrática y desde la propuesta de prácticas corporales desarrolladas por las/os docentes de las escuelas.

A partir de este estudio, el autor identifica una pedagogización de las prácticas corporales expresada en la enseñanza de contenidos específicos de las distintas disciplinas deportivas y en el aprendizaje de valores y habilidades motrices a través del juego. En este sentido, advierte que la propuesta recreativa y la dimensión lúdica se encuentra secundarizada como mero instrumento para incorporar otros aprendizajes.

Retoma el planteo de Tinning (1996) y sostiene entre las conclusiones del trabajo que las prácticas corporales que se implementan en las EAV son más cercanas al discurso de rendimiento que al de la participación en tanto no se fomenta la igualdad de oportunidades mediante la flexibilización de reglas y espacios, la integración de distintos géneros o la conformación de equipos que posibiliten la participación de todas/os. Esta característica estaría evidenciando cierta distancia con la finalidad del programa que se orienta a generar “inclusión social”.

También constituye un antecedente central de esta investigación, el estudio cualitativo realizado por el ISTLyR (CABA) y enmarcado en la propuesta institucional de producir reflexiones y categorías para analizar enfoques y prácticas desplegadas en el marco de proyectos socioeducativos con adolescentes y jóvenes. Se trata de una investigación orientada a analizar las características más relevantes de la Escuela de Boxeo de Barracas en la villa 21-24 de la CABA, creada en 2008 por la fundación Temas en los siguientes aspectos: fundamentos del proyecto, puntos críticos de la intervención, significados para los jóvenes, singularidades de la intervención vinculadas con el box, alcances del proyecto respecto al entorno comunitario, entre otros.

La publicación de este estudio coordinado por Débora Kantor (2016) resalta las características del proyecto analizado por los importantes efectos subjetivantes que produce en las/os jóvenes, a partir de la disposición de enfoques político-pedagógicos que abordan tensiones de diverso orden, el sostenimiento de la oferta en el tiempo y el resguardo de la calidad de los servicios que ofrece. Al tratarse de una propuesta implementada por una organización no gubernamental (ONG), se reconoce una mayor incidencia en las biografías de las/os participantes que en las condiciones estructurales que vulneran sus derechos. No obstante, pone en evidencia la necesidad de profundización de macropolíticas que reviertan los escenarios de desigualdades, precariedades e injusticias vigentes en la CABA.

Estudios previos sobre el Programa Adolescencia

Finalmente, y en relación con los estudios acerca del PAd, se identifican algunas investigaciones realizadas a pedido de la DGNyA y otros trabajos elaborados por autoras/es que han participado o lo hacen actualmente como agentes tanto en las instituciones como en el Estado local.

En primer lugar, en el año 2011 el PAd realizó un primer relevamiento durante el proceso de “notificación”^[8] indagando acerca de las expectativas de la población juvenil respecto de su futura participación. El cuestionario se aplicó a 512 jóvenes de forma autoadministrada indagando sobre diferentes temas como: conocimiento del programa, proceso de inscripción, motivo de elección de la actividad recreativa, conocimiento de la institución, etc.

Entre las principales conclusiones se destaca que, en su gran mayoría, las/os jóvenes se acercaban a través de amistades (50 %) o de familiares (26 %), el 20,6 % lo hacía a través de algún otro programa o área del GCBA y a diferencia de su antecedente programático (Proyecto x Nosotros) sólo el 5,9 % lo hacía a través de una organización no gubernamental.

Como se observa en la Figura 1, la principal motivación para inscribirse se relaciona con la posibilidad de realizar una actividad vinculada al propio deseo de las/os jóvenes (69,7%).

Finalmente, al ser consultados acerca del aporte del PAd para su futuro personal aparece con mayor prevalencia el “adquirir conocimientos que no aprendo en otro lado” (34.1%), seguido por “conseguir trabajo” (15 %), “conocer más gente y amigos” (8 %) y “tener una vida mejor” (7,7%).

Figura 1. Motivaciones para inscribirse al PAd (2011)

Nota. Tomado de PAd (2011, diapositiva 16)

Al año siguiente, a pedido de la DGNyA, se realizó un estudio exploratorio de tipo cualitativo elaborado por el Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Di Tella (Peres Sosto y Romero, 2012), que tuvo como objetivo evaluar aspectos del PAd relacionados con la implementación y los resultados logrados desde la perspectiva de la gestión, los efectores y los beneficiarios directos.

En el análisis realizado, detalla los efectos que produce en las/os jóvenes generando “una nueva socialización”, la “consolidación de vínculos con otros pares y adultos”, “la superación de la timidez”, entre otros. Se observa en este sentido la ausencia de tensiones y contradicciones en el análisis y una perspectiva cercana al discurso de las/os funcionarias/os de la gestión. Resulta llamativa también la ausencia de docentes y referentes institucionales en la selección de la muestra y por ende de sus perspectivas sobre el programa, toda vez que se trata de un modelo de gestión “asociada” entre el estado local y distintas ONGs.

Entre los trabajos realizados por agentes del programa en el marco de sus estudios de grado o de posgrado, se identifica el de Daniel Gómez (2017), quien propone un análisis de carácter exploratorio y descriptivo, basado en su observación participante durante el período 2011-2014 como operador social de la Escuela de Danzas Laura Fidalgo y el de María del Carmen Miguel (2018), coordinadora del Club Premier^[9]. Esta autora, en el marco de su tesina de la licenciatura en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil (UNSAM) se propuso medir el grado de satisfacción de los participantes a través de una encuesta realizada a 54 jóvenes de todos los talleres ofrecidos por esa institución.

En ambos casos se observa una mirada que valoriza y resalta las virtudes del programa en relación al logro de sus objetivos y la promoción de los derechos de las/os adolescentes; si bien pueden generar algunos interrogantes metodológicos en tanto no aparecen explicitadas las necesarias reflexiones sobre el lugar que tienen en su calidad de agentes implicados en el campo y en el proceso de construcción del conocimiento, el aporte de ambos trabajos refuerza una perspectiva celebratoria del PAd y de los efectos que tiene sobre sus jóvenes destinatarias/os.

Recientemente se ha accedido al trabajo de Belén Burgos (2021), también en su calidad de supervisora del PAd durante el período 2015-2019, quien analiza las “fortalezas, logros, problemas, tensiones y transformaciones para promover y garantizar los derechos de los adolescentes en clave con el nuevo paradigma de derechos” fundamentalmente desde la mirada del equipo de supervisión.

La autora destaca el intento del PAd en acompañar y garantizar la promoción de derechos en la población juvenil, identificando las marcas que las actividades recreativas producen en su trayectoria, el trabajo del equipo profesional tanto estatal como institucional, la intersección de miradas y el intento de “inclusión social” de esta población. Si bien señala como un obstáculo para el cumplimiento de sus objetivos, la modalidad de gestión asociada con organizaciones de la sociedad civil (OSC) en tanto evidencia precarización y flexibilización laboral, desregulación y fragmentación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, rescata la potencialidad del trabajo conjunto entre distintos agentes (estatales y no estatales) para producir saberes comunes y posibles estrategias de acompañamiento.

El TIF que elaboré para la obtención del título de especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales constituye un antecedente directo de este estudio en tanto implicó un análisis comparado y de carácter exploratorio, de tres programas implementados en el período 2010-2015 en distintas dependencias y jurisdicciones (Nación, provincia de Buenos Aires y CABA) con el propósito de revisar las concepciones presentes y el modo en que incorporan estrategias y contenidos recreativos. Los programas analizados fueron: a) Centros de Actividades Juveniles (CAJ), Ministerio de Educación, PEN; b) Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION, prov. de Buenos Aires y c) Programa Adolescencia, CABA.

En esa oportunidad afirmé que el proceso político y económico vigente hasta el 2015 logró constituir un “clima de época” de ampliación de derechos sociales que facilitó el desarrollo de experiencias significativas en el campo de las políticas de gestión del tiempo libre y recreación cuyo análisis permitió explicitar algunas dimensiones y tensiones presentes que debían constituirse en objeto de investigaciones particulares a futuro.

Como resultado del mismo observé la coexistencia de distintas perspectivas acerca de la participación de la población juvenil en actividades deportivas, artísticas y recreativas: a) enfoques fundamentalistas (Lema y Machado, 2013) que defienden la recreación como un derecho autotélico en tanto ámbito de enriquecimiento y diversificación de sus consumos y producciones culturales; b) enfoques recreacionistas (Waichman, 1998) que restringen sus contenidos a prácticas de entretenimiento y contención social y c) enfoques instrumentalistas (Lema y Machado, 2013) que las entienden como vehículo o excusa para poder realizar intervenciones profesionales desde una lógica casuística, ya sea para atender situación problemáticas que pudieran atravesar o para incidir en sus proyectos biográficos.

Esta presencia simultánea de discursos y enfoques disímiles obedecía en algunos casos a tensiones político-ideológicas entre distintos agentes de los programas y en otros casos se presentaba de manera indiferenciada en los mismos sujetos sin que pudieran ser explicitadas ni problematizadas sus contradicciones inherentes.

Finalmente, el estudio sobre el proceso de implementación del PAd realizado junto a la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) resulta otro antecedente central de este trabajo. Si bien se trató de un estudio de carácter preliminar con alcances presupuestarios y operativos limitados, se han identificado algunas claves que han tensionado históricamente su gestión y cuya explicitación habilita nuevos interrogantes acerca de las prácticas de sus principales agentes y los contextos y mediaciones institucionales donde se desarrollan.

Entre otras consideraciones, se destaca la defensa realizada por los actores de una propuesta de intervención de carácter integral donde aparecen con la misma relevancia los componentes educativos, recreativos y psico-sociales y que, al mismo tiempo implica una pretensión de calidad que la ha caracterizado desde sus inicios. Esta última, según las/os entrevistadas/os, fue adquiriendo paulatinamente un carácter más abarcativo tanto en lo referente a las instituciones convocadas y los espacios e insumos disponibles, como al perfil y desempeño profesional de docentes y operadoras/es sociales, las propuestas transversales a los talleres, la promoción de la grupalidad, el carácter lúdico y atractivo de las actividades y el impulso al protagonismo juvenil en sus acciones. No obstante, la calidad alcanzada se ha visto deteriorada de manera significativa en los últimos años por la merma en las transferencias económicas destinadas tanto al financiamiento de los proyectos institucionales como a la población juvenil para garantizar viáticos, indumentaria e insumos personales entre otras.

Más allá de las disputas que aparecen en torno a los recursos transferidos y la merma objetiva de los fondos en los últimos años, la mayoría de las/os agentes reconoce las ventajas de la modalidad de gestión asociada con OSC, las que refieren al aporte del conocimiento y pericia institucional para la enseñanza de variadas disciplinas, la calidad en lo referente a la capacidad instalada e insumos disponibles, el incremento de la dinámica institucional que el PAd genera, las posibilidades de ampliar la oferta de actividades y recursos institucionales, la experiencia en el trabajo con jóvenes y el fortalecimiento de espacios de referencia y de pertenencia para ellas/os y la posibilidad de incidir en el ejercicio efectivo de derechos sociales vinculados al campo de la recreación, la educación o la salud.

Respecto a la influencia del PAd en las prácticas, representaciones y trayectorias biográficas de sus destinatarios, se observa un abanico de aportes significativos que dan sustento a la valoración positiva que realizan las/los jóvenes y que se evidencia en la demanda sostenida de participación y en los testimonios relevados en el trabajo mencionado. La heterogeneidad de funciones, formaciones profesionales y orientaciones políticas de los distintos agentes encuentran como punto de convergencia una apreciación generalizada de los efectos que el Programa tiene en el enriquecimiento de los recorridos biográficos de sus destinatarios en los siguientes aspectos: a) ampliación efectiva de posibilidades de elección y participación en actividades recreativas de distinto tipo, b) aprendizaje de técnicas y conocimientos específicos y desarrollo de habilidades sociales vinculadas con la comunicación, la confianza y la autonomía progresiva, c) desarrollo de gustos e intereses vinculados con diferentes lenguajes expresivos -lo corporal, la plástica, la música, la palabra- y del disfrute y la diversión como componente central de las actividades de tiempo libre y d) acceso a nuevas referencias identificatorias: grupo de pares y soportes afectivos adultos.

Además de proponer el restablecimiento de los niveles de transferencia económica de los inicios, la investigación realizada se interroga acerca del tipo de integración social que este programa, de características focalizadas, estaría consolidando y la necesidad de implementar acciones que contrarresten los procesos de distinción social, fragmentación y desigualdad vigentes en la CABA.

A partir de la lectura de estos antecedentes puede observarse la escasez de investigaciones empíricas que analicen contextos particulares de implementación de programas sociales con propósitos de “integración social” y “promoción de derechos” desde una perspectiva que tome a la recreación como categoría central de análisis y como estrategia de intervención, vinculada al juego, en el tiempo disponible o libre de obligaciones de sus participantes.