Cambios y continuidades

En 1988 el economista mexicano Celso Garrido publicó el libro Empresarios y Estado en América Latina. Allí el autor advertía que la región atravesaba un proceso de transnacionalización de sus actividades productivas y financieras, al tiempo que se manifestaban cambios en las clases económicamente dominantes. Estas transformaciones modificaron la dinámica política, y uno de los cambios que se comenzó a observar fue la participación progresiva de los empresarios. Entonces, Garrido se preguntaba: junto a esta tendencia en el empresariado, ¿está también la propensión a configurar nuevos políticos?; ¿habrá coincidencia en sus respectivas dinámicas? (Garrido, 1988). Esta reflexión tiene más de treinta años, pero resulta de una vigencia formidable.

Veámoslo de a poco y desde atrás. En la década de los setenta del siglo XIX, durante el período de la dominación oligárquica (circa 1850/1880-1930), se consolidó un modelo económico en el que los países de América Latina se insertaban en el mercado capitalista mundial como exportadores de materias primas y consumidores de productos manufacturados. Este período caracterizado como “expansión hacia afuera” dio lugar a una muy desigual distribución del ingreso causada por la gran concentración de la propiedad de los recursos naturales y de la gran industria. Esta fase de la producción de materias primas no fue óbice para el desarrollo de la industrialización, que en algunos países fue más importante que en otros (Thorp, 1988). La crisis económica mundial de 1930 generó condiciones favorables para ese proceso y la consolidación de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), porque se modificaron los términos de intercambio y comprar manufactura extranjera ya no era rentable para América Latina. Más tarde o más temprano, los países asumieron políticas proteccionistas que tuvieron la resistencia de los exportadores, pero que contaron con el apoyo de los sectores urbanos y los industriales. Como señala Enrique Arceo (2011), la puja se resolvió mediante un cambio en la estructura del bloque de clases dominantes sin haberse eliminado el poder de las fracciones que antes eran hegemónicas. Así, coexistieron fuerzas económicas y sociales que postulaban formas antagónicas en cuanto al modelo económico y el relacionamiento con el mercado mundial. Países como Argentina, Brasil y México pudieron desarrollar la ISI y encararon procesos de producción de bienes de consumo duradero y de bienes intermedios que favorecieron el desarrollo de los grupos económicos locales, aunque, hacia mitad de los años cincuenta, se toparon con un contexto global nuevamente desfavorable para esa política. En América Central este proceso se dio a partir del contexto favorable que generó la Segunda Guerra Mundial, que permitió diversificar sectores agrícolas bajo la protección del esquema de sustitución de importaciones que ofrecía el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Así, se establecieron industrias livianas ligeras, maquinaria y cemento, en un proceso que abrió paso a la formación de los grupos diversificados (Bull, Castellacci y Kasahara, 2014). Este proceso se caracterizó como un “modelo híbrido”, donde el sistema de la exportación coexistía con la industrialización (Bulmer-Thomas, 1987). Más tarde, en los años ochenta, se produjo la disminución de la actividad económica, el fin del modelo agroexportador y el surgimiento de nuevos grupos económicos diversificados (Segovia, 2004; Bull, Castellacci y Kasahara, 2014).

El ciclo de acumulación caracterizado como de “expansión hacia adentro” se interrumpió con el golpe de Estado y la instauración de la dictadura militar en Chile (1973-1990). Cronológicamente, no fue la primera dictadura institucional del Cono Sur, habían antecedido las de Brasil (1964-1985), Bolivia (1971-1978) y Uruguay (junio de 1973-1985); sin embargo, fue ese régimen el que abrió la senda del neoliberalismo, de la mano de un conjunto de economistas denominados Chicago boys que se habían formado en Estados Unidos. Poco después se produjo el golpe de Estado que instauró la dictadura en Argentina (1976-1983). En los países donde no hubo dictaduras, como México, Colombia y Venezuela, este cambio de modelo de acumulación se realizó en el marco de regímenes políticos con sesgo autoritario o “democracias fictas con seguridad y desarrollo” (Ansaldi y Giordano, 2012). En América Central, cuando se puso fin a la etapa de dictaduras y conflicto armado a partir de los acuerdos de paz en la década de los noventa, el advenimiento de la construcción democrática coincidió con el impulso del neoliberalismo (Martí I Puig, 2000).

Los países latinoamericanos facilitaron y promovieron la instalación del capital extranjero en el contexto de expansión del capital hacia la llamada “periferia”. Se adoptó un régimen de acumulación que abandonó la política de desarrollo industrial desplegada durante la etapa de la ISI (Arceo, 2011). Por motivos económicos, materiales e ideológicos, las clases económicamente dominantes de América Latina implementaron el modelo de acumulación de cuño neoliberal, que alcanzó su máxima expresión en la década de los noventa, ya en un contexto democrático.

Fue un neoliberalismo dependiente. Los países adoptaron la estrategia económica definida por los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y tomaron como paradigma el llamado Consenso de Washington.^[1] Con el argumento de la necesidad de estabilizar la economía y achicar el Estado, se implementó un modelo basado en la valorización financiera, cuya contracara fue el desmantelamiento de la matriz productiva. Se privatizaron empresas y servicios públicos y hubo apertura de los mercados nacionales a las inversiones del capital externo. Para la aplicación de este modelo económico, fue fundamental la flexibilización y precarización del mercado de trabajo.

El neoliberalismo fue el instrumento económico, ideológico y político que generó las condiciones necesarias para la libre movilidad del capital a nivel mundial. También, la década de los noventa se caracterizó por la emergencia de los economistas “expertos” que circularon en medios de comunicación y en distintos espacios públicos con la intención de construir un sentido común que acercara el mercado a la sociedad. Hubo empresarios o tecnócratas que pasaron a formar parte de los gabinetes ministeriales. Según sostiene Mariana Heredia (2011) acerca del caso argentino, observación que puede ser extendida a los otros países, estos economistas fueron los sujetos que contribuyeron con la hechura de las políticas públicas a nivel nacional y los encargados de implementar los dictámenes del Consenso de Washington. Aun habiéndose tomado los recetarios económicos redactados en filiales extranjeras, los sujetos políticos locales fueron los responsables de la reinterpretación, del diseño local y de la propia implementación de las políticas públicas (véase también Salas Porras, 2017).

Hacia fines de los noventa, el impacto social de estas políticas se expresó de manera dramática. Prácticamente todos los indicadores arrojaban un saldo negativo. Las políticas de ajuste estructural generaron nuevos sujetos sociales afectados que, conjugados con demandas y actores sociales históricos, se articularon en un proceso de luchas que puso en crisis el orden. Varios gobiernos terminaron de manera crítica.^[2] En algunos casos implosionó la vieja matriz del sistema partidario, en otros se reconfiguró, y la credibilidad hacia los partidos políticos, las instituciones y los elencos dirigentes decayó. Según datos de Latinobarómetro, en 1998 el 73,3 % de los latinoamericanos sostuvo que tenía poca confianza (34,6 %) o ninguna confianza (38,7 %) en los partidos políticos.

En esta coyuntura crítica, se produjo el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en Venezuela (1998), y luego hubo una serie de gobiernos posneoliberales (Sader, 2009) en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay (interrumpido por un golpe de Estado en el año 2012). Se aplicaron políticas redistributivas, hubo una mayor intervención estatal en distintas áreas de la economía y un proceso de ampliación de derechos sociales hacia una porción considerable de la sociedad, aunque todo ello siguió recorridos diversos según la correlación de fuerzas en cada país. En Nicaragua las políticas fueron ambiguas entre los principios y las prácticas, y en otros países, como Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, hubo continuidad del consenso neoliberal que se había forjado desde la década de los setenta u ochenta.

Junto con estos acontecimientos, otros hechos ocurrían de manera contemporánea. Muchos empresarios optaron por ejercer el poder político de manera directa, sin mediación de los históricos elencos dirigentes. Frente a la pérdida de confianza hacia los elencos políticos, sobrevolaba la idea de que “había llegado el momento” de ocupar el aparato estatal. Si era posible financiar campañas, partidos e incluso influenciar medios de comunicación, ¿por qué no convertirse directamente en la élite estatal?

En esta investigación estudiamos los casos de Vicente Fox en México (2000-2006), Elías Antonio Saca González (2004-2009) en El Salvador, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-actualidad) en Chile, Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), aunque no constituye una expresión del empresario típico financiero o industrial, como terrateniente logró diversificar y consolidar un grupo económico. En Brasil Michel Temer (2016-2018) es un hombre que proviene de la política, pero que asumió las banderas de las grandes corporaciones y dio un giro conservador en el país, por ello lo estudiamos en el libro.

Sostenemos como hipótesis que las transformaciones neoliberales que se implementaron desde los años setenta y noventa redefinieron las características de las clases económicamente dominantes. Los históricos grupos económicos se reinventaron y surgieron nuevos, favorecidos por la política de las privatizaciones y los estímulos al mercantilismo. Estas fracciones de las clases económicamente dominantes que tiempo atrás no tenían la conducción del bloque hegemónico entendieron que era el momento de avanzar hacia la ocupación del poder. En un contexto donde los elencos dirigentes habían perdido la capacidad de ser el vehículo de sus intereses, las posibilidades de desarrollo de un modelo que favoreciera sus intereses parecían estar garantizadas en la ocupación del Estado.

Es posible identificar tres etapas en la historia de los grupos económicos:

1. el desarrollo de los grupos bajo el impulso del modelo de industrialización sustitutiva (1930-1973/1980),
2. las transformaciones en los grupos y emergencia de nuevos sectores en el momento neoliberal (1973/1980-2000), y
3. la coexistencia y disputa entre viejos y nuevos grupos económicos en un capitalismo globalizado y financiarizado (2000-actualidad).

Aunque en algunos países pueden hallarse antecedentes hacia fines del siglo XIX, la mayoría de los conglomerados empresariales surgieron durante la etapa de la ISI, donde hubo cierto proteccionismo a la promoción industrial y la presencia estatal. El segundo momento se originó en el curso de las reformas de ajuste estructural entre los años setenta y especialmente entre los ochenta y noventa, cuando la instauración del modelo neoliberal transformó a las empresas ya existentes y surgieron nuevas, favorecidas por las políticas de liberalización y privatización. Si bien las reformas neoliberales implicaron la apertura comercial, en los hechos generaron condiciones favorables para el desarrollo de varios grupos locales, por el acceso privilegiado a las principales privatizaciones, los acuerdos comerciales y áreas de libre comercio, la desregulación que permitió la concentración económica y los programas de fomento a áreas no industriales que motivó la diversificación (Garrido y Peres Núñez, 1998).

La tercera etapa coincidió con los primeros tramos del siglo XXI, caracterizada por el desarrollo de un capitalismo financiarizado, mayor extranjerización y, en algunos países más que en otros, un proceso de reprimarización económica. Los grupos económicos requirieron del Estado una función diferente pero igualmente importante y dependiente. Ya no se trató de reclamar un modelo proteccionista (como ocurrió durante el período de la ISI), ni uno que institucionalizase las reformas de ajuste estructural (como sucedió en los noventa), sino de exigir al Estado un rol activo en la garantía de la libre circulación del capital y de bienes, estos últimos a través de los tratados de libre comercio. Así, coexistieron (y coexisten) distintas fracciones de las clases económicamente dominantes, aquellas vinculadas a la manufactura, al capital financiero y extranjerizado o las más recientes empresas multinacionales latinoamericanas. Estas últimas, también denominadas “multilatinas”, son aquellas que poseen su casa matriz en la región y cobraron gravitación en la primera década del siglo XXI (Cuervo-Cazurra, 2010; Bull y Kasahara, 2017).^[3]

Industrialización temprana, diversificación productiva y fortaleza de las capacidades estatales

Argentina, Brasil y México son países que siguieron trayectorias relativamente similares, son las economías más grandes de la región, tuvieron una industrialización temprana durante el proceso de expansión hacia adentro de carácter monopólico (Garrido y Peres Núñez, 1998) y cierta fortaleza de las capacidades estatales. En los tres países hubo un proceso de industrialización sustitutiva que generó condiciones para el desarrollo de un mercado interno y grupos económicos locales y, al mismo tiempo, un movimiento obrero y un movimiento social capaz de generar pesos y contrapesos en la definición de los modelos económicos y políticos. También compartieron las experiencias populistas que, mientras duraron, sellaron una alianza de clases entre los industriales urbanos, el movimiento obrero y, en el caso de México, el campesinado (Weffort, 1968). Mucho después, en Argentina y Brasil, a comienzos de la década de 2000 hubo proyectos nacional-populares que revirtieron o tensionaron el patrón de acumulación basado en la valorización financiera que había sido forjado entre los años setenta y noventa. En México el ciclo neoliberal fue más largo. En 2006 fue derrotado el representante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de unas elecciones muy cuestionadas y de dudosa credibilidad, pero en 2018 ganó la presidencia y se abrió la posibilidad de un nuevo modelo social y económico en el país.

Argentina. Industrialización temprana, neoliberalismo y los grupos financieros

Tras el proceso de consolidación estatal de 1880, la economía argentina se dedicó a la producción agrícola ganadera y al desarrollo de una incipiente industria nacional con asiento en la construcción de viviendas, alimentos, bebidas y textiles. En la década del treinta, con la implementación de la protección arancelaria y las restricciones del mercado cambiario impuestas por la situación del sector externo, se aceleró el proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Existe cierto consenso en que durante el período 1930-1955, y específicamente durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1952/1952-1955), se forjaron los grupos económicos nacionales producto del proceso de acumulación que estaba en marcha (Basualdo, [2006] 2010). Esto último no significa que hasta ese momento no hubiera empresas o industrias de manufactura, sino que hubo un importante salto cuantitativo y cualitativo. Estas empresas de origen nacional se distinguieron de las tradicionales que se habían formado durante el siglo XIX y comienzos del XX (Gaggero, 2016), y devinieron en grandes firmas con sesgo oligopólico.

Durante el peronismo, hubo una expansión del mercado interno con altos niveles de salario y de ganancias, que permitió a los asalariados y a los industriales locales constituir un bloque social o una alianza de clases, utilizando la definición del sociólogo brasileño Francisco Weffort (1968). En este esquema, los grupos terratenientes vinculados a la producción agropecuaria perdieron centralidad, aunque lograron conservar capacidad de veto a partir de su condición de productores de bienes exportables. Tras el golpe de Estado contra Perón en 1955, los gobiernos siguientes promovieron un modelo desarrollista (1958-1964), donde se implantaron inversiones extranjeras y se afianzó la industrialización, con la cual se abría camino hacia una segunda fase sustitutiva. Este escenario produjo una ruptura entre las fracciones empresarias y acentuó el poder de las empresas extranjeras y del capital financiero, el cual se convirtió en uno de los factores poderosos dentro de los sectores dominantes (Basualdo, [2006] 2010).

La dictadura militar (1976-1983) marcó un punto de inflexión económica al producir un viraje hacia un nuevo patrón de acumulación del capital, basado en la valorización financiera. La colocación de una parte del excedente, a partir de la adquisición de diversos activos financieros –títulos, bonos, depósitos, etc.–, en el mercado interno y especialmente en el internacional comenzó a superar la rentabilidad de las actividades económicas (Basualdo, [2006] 2010; Schorr, 2004). La conjunción de la reforma financiera de 1977 con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivado de la apertura de 1979, interrumpieron el modelo de sustitución de importaciones (Schorr, 2004). A contrapelo de buena parte de la bibliografía, las evidencias indican que la instauración de este modelo no se originó por causa de un agotamiento del modelo sustitutivo, sino que más bien fue una decisión política y económica de la dictadura (Basualdo [2006], 2010; Azpiazu y Schorr, 2010). La valorización financiera desplazó a la producción de bienes industriales como eje del proceso económico, y esto modificó la relación entre el capital y el trabajo en favor del capital. Un conjunto de grupos económicos locales y conglomerados extranjeros y algunas pocas grandes empresas trasnacionales accedieron a una posición de privilegio como resultado de una estrategia de diversificación productiva y el estrechamiento de lazos con un sector financiero en expansión gracias a la mencionada reforma de 1977 y el acceso a beneficios obtenidos del aparato estatal, como la promoción industrial, la política de compras estatales, los procesos de privatizaciones periféricas y, desde 1981, la estatización de la deuda externa privada (Schorr, 2004).

Durante el gobierno transicional de Raúl Alfonsín (1983-1989), se consolidó la estructura de poder heredada por la dictadura militar. En este contexto difícil, las empresas y los sectores más pequeños se vieron desplazados por los grupos económicos que tenían mayor diversificación del capital y, a la vez, se insertaban en el mercado financiero. En 1989 ocurrió la hiperinflación, la salida anticipada del gobierno de Alfonsín y la asunción de Carlos Menem (1989-1995/1995-1999). En el marco de esta crisis económica, política e institucional, tuvo lugar la asunción de Menem, quien designó a un representante de uno de los grupos económicos locales de mayor relevancia en el plano interno e internacional, Bunge y Born, con el objetivo de enviar un mensaje político a los mercados. Se promulgaron las Leyes 23.696 (de Reforma del Estado) y 23.697 (de Emergencia Económica), que tuvieron un papel decisivo en la recomposición y reordenamiento del poder económico y dieron un marco institucional a la política neoliberal (sobre el período véase: Schorr, 2004; Castellani y Gaggero, 2011). En 1991 se aprobó el Decreto de Desregulación Económica y la Ley de Convertibilidad 23.928 (paridad un peso=un dólar), que Daniel Azpiazu y Martín Schorr (2010) caracterizaron como la fase superior de la política desindustrializadora que había iniciado la dictadura.

Con estas herramientas legales e institucionales, se aplicaron tres políticas: apertura comercial y financiera, privatización de empresas públicas, y desregulación de los mercados de bienes y servicios. Mediante un discurso que reivindicaba la eficacia de la “fuerza de mercado”, se aplicaron políticas tendientes a la liberalización, cuyos resultados fueron la primarización productiva, la desindustrialización de la economía y regresividad estructural del entramado fabril y una creciente sustitución de la producción doméstica por bienes importados (Azpiazu y Schorr, 2010).^[4] Así, el aparato productivo se basó en la explotación de ventajas “viejas” (ligadas al sector agropecuario) y “nuevas” (petróleo, gas y derivados y la gran minería metalífera), en el aprovechamiento de mercados cautivos abastecidos, en general en condiciones monopólicas (servicios públicos), y en el desarrollo de servicios orientados al consumo de altos ingresos (inmobiliarios, comerciales, financieros, educativos y sanitarios) (Fernández Bugna y Porta, 2008). Se profundizó el proceso de centralización del capital y concentración de mercados en la gran mayoría de los sectores productivos. Hubo rotación de la cúpula empresarial: avance de las empresas extranjeras por sobre las nacionales, de las privadas por sobre las estatales, de las empresas de servicios por sobre las industriales y, entre estas últimas, un avance de las agroindustriales por sobre las empresas de las demás ramas de la industria (Castellani y Gaggero, 2011; Castellani, 2016).

Este modelo generó una crisis social muy aguda que derivó en la gran movilización social de 2001 y puso en cuestión al sistema político. En materia económica, marcó el agotamiento del modelo de valorización financiera y de la convertibilidad y dio comienzo a uno nuevo. La devaluación generó un sesgo en favor de la producción a raíz de la vigencia de un tipo de cambio “alto” y el desplazamiento de la especulación financiera como núcleo aglutinante del modelo de acumulación (Azpiazu y Schorr, 2010). Los gobiernos de Néstor Kichner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011/2011-2015) introdujeron cambios en materia de inclusión social, mejoras en la distribución del ingreso e incentivos a la expansión de la demanda que favorecieron una dinámica virtuosa de crecimiento. Luego de la primera etapa de gobierno (2003-2007), en la que la capacidad económica ociosa se reactivó rápidamente por el tipo de cambio alto, aumento de salarios y reactivación del consumo interno y el aumento de los comodities; el segundo tramo se encontró con más dificultades. Coincidió con la crisis internacional de 2008 y 2009, las dificultades de restricción externa (falta de dólares) muchas veces propiciadas por el propio desarrollo industrial, la erosión de las ventajas competitivas del tipo de cambio y la inflación (Basualdo y Manzanelli, 2017; para este debate, véase también Porta, Sartancángelo y Schteingart, 2017). En su accionar, el Estado kirchnerista cuestionó el capital financiero internacional y a los grupos económicos locales que actuaban como la fracción hegemónica de la dominación (Manzanelli y Basualdo, 2017). En cuanto al comportamiento de los grupos y las empresas, hubo un proceso de concentración y aumento en ciertos sectores: actividades de manufactura (alimentos y bebidas, sector automotriz y fabricación de equipos de radio, TV y comunicaciones); el sector hidrocarburífero y minero, beneficiado por la protección estatal y por constituir uno de los ámbitos privilegiados de acumulación en torno a actividades ligadas a la dotación de recursos naturales; los servicios públicos, construcción y juegos de azar (Castellani y Gaggero, 2017). Las disputas y la correlación de fuerzas y la existencia de grupos concentrados con capacidad de veto (como ocurrió con el conflicto agrario de 2008, que frenó una política que propiciaba modificar el gravamen de ciertas exportaciones), y la inserción en la economía global que presionaba por la extranjerización, reprimarizacion y financiarización pusieron algunos límites al modelo. El proceso de reindustrialización de la posconvertibilidad fue acotado cuantitativa y cualitativamente, no hubo un cambio de matriz estructural (Azpiazu y Schorr, 2010).

La victoria de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos en 2015 produjo un cambio sustantivo en materia política, social y económica. Como demostraron en su trabajo Pablo Manzanelli, Mariana González y Eduardo Basualdo (2017), por primera vez en la historia moderna del país un partido orgánico del capital financiero internacional accedía al control del poder junto con las fracciones del capital aliadas. Esta hegemonía del capital financiero marcó una etapa distinta de la vivida durante el período neoliberal, en la que, aun en un modelo basado en la valorización financiera, la fracción hegemónica dentro del bloque dominante era la de los grupos económicos locales industriales, agropecuarios y financieros (por caso, Pérez Companc, Bunge y Born, Garovaglio y Zorroaquín, Bridas, etc.). El gobierno de Cambiemos estaba conducido por bancos trasnacionales y empresas extranjeras no industriales, especialmente ligadas a la producción y distribución de energía. Lo que resulta paradójico –continúan los autores– es que Macri integra esa fracción de los grupos locales, que se vio desplazada durante su propio gobierno. Pero esta reflexión coincide con la hipótesis que planteábamos al comienzo, Macri expresa un nuevo sector dentro de los grupos económicos que ha afianzado vínculos con el capital financiero internacional. Aun cuando se trata del mismo apellido y una misma familia, representa una generación distinta con intereses diferenciados.

Brasil. Industrialización temprana, neoliberalismo tardío

Como en el caso argentino, Brasil es un país donde hubo una industrialización temprana. Existe consenso en que el descubrimiento del café como bien de exportación fue uno de los motores del crecimiento económico que permitió el desarrollo de un proceso de industrialización creciente (Furtado, 1954), durante la dominación oligárquica (1889-1930), que también se denominó “el período del café com leite”. En 1930 se produjo el fin de ese régimen político, en el marco de la crisis económica mundial que causó en el país el desplome del valor del café y el consecuente deterioro de los términos de intercambio (Díaz Alejandro, 1988). Durante el ciclo populista de Getúlio Vargas (1930-1934, 1934-1937, 1937-1945 [Estado novo] y 1951-1954), se abrió una etapa de mayor intervención estatal en la economía, impulso del mercado interno, la creación de organismos específicamente dedicados a la regulación y la creación de empresas de carácter estatal, como ocurrió con la siderúrgica Cia. Vale do Rio Doce. Según Carlos Díaz Alejandro (1988), la ISI fue un proceso que se inició en el período de entreguerras, que comenzó en 1920 con productos como el hierro, cemento, instrumentos y motores eléctricos, maquinaria textil, procesadores de azúcar, partes automotrices, implementos agrícolas, relojes, entre otros. Esta condición prexistente explica la notable industrialización que alcanzó Brasil durante la etapa sustitutiva comparable a México y luego Argentina.

El modelo industrialista en Brasil se extendió un poco más que en otros países. A diferencia de lo que sucedió durante las dictaduras del Cono Sur donde implementaron políticas neoliberales, la brasileña (1964-1985) no modificó de raíz el esquema de industrialización sustitutivo y tuvo un sesgo nacional desarrollista. Los sectores de mayor crecimiento industrial fueron aquellos que se vincularon con el capital extranjero (transportes, maquinaria y aparatos eléctricos, industria mecánica, caucho; les siguieron químicos y minerales no metálicos, beneficiados con el auge de la construcción) (Bacha, 1986). Luego, la crisis de los años ochenta, que coincidió con la transición democrática, afectó de manera severa el crecimiento económico brasileño (Bonelli, 1998).

Brasil fue el último país del Cono Sur en implementar un proyecto neoliberal y fue en contexto democrático. Este hecho se debe, por un lado, a la dificultad de soldar los distintos intereses de las fracciones del capital que existían en el ya crítico modelo de la ISI y, por el otro, a la intensa actividad desarrollada por el movimiento social y de trabajadores (Filgueiras, 2006). Durante los ochenta, entre las distintas fracciones del bloque dominante todavía predominaba un intento de redefinir, actualizar y reformar el modelo sustitutivo, manteniendo un papel importante en el Estado en el proceso de acumulación y desarrollo (Filgueiras, 2006). Había un eje unificador entre empresarios y economistas académicos, críticos de la política ortodoxa, quienes defendían un proyecto neodesarrollista. Con el fracaso del Plano Cruzado (Ley 2.283, 27 de febrero de 1986), que tenía por objetivo contener el proceso inflacionario, el proyecto neoliberal se fortaleció. El neoliberalismo, que había penetrado en varios países de América Latina, terminó de implantarse definitivamente durante los gobiernos de Fernando Collor de Melo (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 /1999-2002). En este cambio de rumbo, fue central la pérdida de peso de los empresarios industriales (Bresser-Pereira y Diniz, 2013).

La reforma estatal de 1990 tuvo como uno de sus pilares un programa de privatización de empresas pertenecientes al Estado (siderúrgicas integradas, participaciones en las petroquímicas y las fábricas de fertilizantes, distribuidoras de energía eléctrica, redes ferroviarias federales, compañías mineras, telecomunicaciones, bancos y concesionarios de servicios estatales); aunque la compañía emblemática PETROBRAS continuó en manos estatales. Se aplicaron medidas tendientes a la apertura económica y se desactivaron instrumentos de protección sobre el sector productivo. Todo ello ocurrió en un contexto internacional crecientemente globalizado en materia de flujos de capitales, que imponía nuevas reglas (Bonelli, 1998).

Estas medidas provocaron la concentración de los grupos nacionales privados, la mayoría de los cuales habían nacido a comienzos de siglo y se habían fortalecido durante la ISI. A raíz de esta concentración del capital, desaparecieron algunas empresas, ya sea por la fusión o reducción del tamaño del grupo, por extensión o quiebra. La apertura comercial amplió la brecha entre los sectores que eran internacionalmente competitivos y los no competitivos, y el nuevo aspecto de la concentración fue la inversión en nuevas áreas de negocios con mayor rentabilidad. La reforma del Estado, especialmente el proceso de privatización, fue clave para la expansión de los grupos económicos. En este proceso, el sector financiero ganó terreno y subordinó al productivo. Esto creó una élite ligada a la captura de rentas financieras. Tanto el Estado como las empresas ingresaron en nuevas formas de organización con el fin de garantizar esas capturas. La cúpula empresarial sufrió una profunda desindustrialización, mientras que las estrategias de acumulación incluyeron fuga de capitales, centralización, adquisición de activos líquidos y toma de deuda (Cassini y García Zanotti, 2018). Se produjo la reconfiguración del bloque de poder dominante y su fracción de clase hegemónica, que pasó a ser conducida por el capital financiero internacional, los grupos económico-financieros nacionales, que consiguieron sobrevivir al proceso de globalización en función de su capacidad competitiva o a través de una asociación subordinada con capitales extranjeros y el capital productivo multinacional asociado o no al capital nacional (Filgueiras, 2006). Las demás fracciones, situadas en una posición subordinada, fueron los grandes grupos económicos no financiarizados orgánicamente y los grandes capitales con mayor especialización en el proceso de acumulación: agronegocio, industria, comercio o servicios, volcados para el mercado externo o interno (Bresser-Pereira y Diniz, 2009).

Los gobiernos del Partido dos Trabalhadores (PT, 1980) (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2016) intentaron modificar esa matriz económica, con un modelo que algunos autores caracterizaron como ensayo neodesarrollista (Singer, 2012, 2015; Cassini y García Zanotti, 2018): con expansión del mercado interno mediante diversos programas sociales y una intervención estratégica del Estado. Con todo, el modelo económico no logró modificar la tendencia de la matriz productiva. Como señala Sader (2009), los gobiernos del PT tuvieron grandes conquistas en materia de derechos sociales y un cambio de paradigma en cuanto a una mayor presencia estatal en la economía; sin embargo, no fue posible romper con la hegemonía del capital financiero y la alianza con el gran capital exportador, en especial con el agronegocio, y así se observó un proceso notable de reprimarización.

En 2016 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Dilma Rousseff, de la mano de Michel Temer, quien tomó como propias las demandas de las corporaciones empresariales y planteó el rumbo que debía tener la economía. Esto se vio plasmado en el documento “Uma pomte para o futuro”, donde impulsaba la regulación del gasto fiscal y la reforma sobre las leyes de trabajo, conocidas en Brasil como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 1943). En la actualidad, prácticamente todos los grupos económicos y las fracciones del capital están financiarizadas, y su dinámica tiene impacto sobre el Estado, la política económica y social y la acción política en general (Filgueiras, 2006). A diferencia de lo que ocurrió en el resto de los países estudiados, en Brasil este modelo económico encontró en Temer un elemento dentro de la clase política para realizar una vuelta de timón en materia de política económica. Cuando Temer mostró su fracaso retirándose con un nivel de legitimidad muy bajo, el vínculo grupos económicos-élite estatal se resolvió a través del tridente poder judicial-grupos económicos-corporación militar, expresado en la figura de Jair Bolsonaro.

México. Revolución, industrialización y el largo ciclo neoliberal

México es un caso de temprana industrialización y diversificación productiva. Durante el período oligárquico (1876-1910), el país se hallaba dividido en tres regiones: norte, centro y sur. En el norte se desplegaba la producción minera de la plata y en menor medida cobre y plomo, que, junto con el petróleo y el ferrocarril, estaba mayormente en manos de capitales norteamericanos; había también centros de producción para el mercado interno y un incipiente desarrollo de la industria ligera y textil. En el centro se encontraban las haciendas más tradicionales que en general producían trigo y maíz para el abastecimiento del mercado interno. El sureste se expandió gracias a la producción de henequén en Yucatán, en tierras controladas nacionalmente, aunque con un único comprador extranjero. Y en la zona sur, particularmente en Morelos, se hallaba la producción de azúcar (Ansaldi y Giordano, 2012).

Buena parte de la bibliografía sostiene que los grupos económicos surgieron de la mano de la primera industrialización de fines del siglo XIX (Chavarín Rodríguez, 2011). Sin embargo, aun cuando hubo un proceso de desarrollo industrial y algunos mantuvieron intereses patrimoniales en más de una empresa, no es posible considerarlos como un grupo empresarial. No existía integración corporativa y todo parece indicar que tampoco se practicaba un control centralizado de los recursos financieros de acuerdo con una estrategia coyuntural o de largo plazo (Basave Kunhardt, 2007). Las empresas industriales mexicanas, tal como sucedió en el resto de la región, nacieron con un sesgo monopólico (Basave Kunhardt y Hernández, 2007).

El gobierno populista de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que se produjo luego de la Revolución de 1910, introdujo un giro importante en la economía. Medidas clave como la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, con la creación de PEMEX, profundizaron el pasaje de una economía primaria exportadora hacia la ISI. El cardenismo puso fin a una etapa de inestabilidad política, derivada del proceso revolucionario, e inició un período de reformas tendientes a la industrialización protegida que se extendió hasta 1982 (Chavarín Rodríguez, 2011).

Con estas políticas se amplió el empresariado mediano y pequeño y se consolidó el sector de gran empresa, tanto nacional como extranjera. Las grandes empresas de capital nacional y el conjunto de las trasnacionales que se instalaron en el país orientaron su producción al mercado interno. Este desarrollo industrial contó con la participación de la inversión pública, que se convirtió en un pilar estratégico de la política económica del Estado. Las empresas y grupos resultantes fueron prácticamente todos oligopólicos o netamente monopólicos (PEMEX, CFE, Ferrocarriles Nacionales, Guanos y Fertilizantes), y hacia 1975 la presencia estatal en la industria manufacturera y en el sector de derivados del petróleo era muy significativa.

En la década de los sesenta, se formaron los conglomerados y adquirieron relevancia en el proceso de acumulación de capital. En esos años las condiciones del proceso de concentración y centralización cambiaron radicalmente y los grupos privados (con actividades productivas y financieras) pasaron de ser una simple fracción predominante del capital privado nacional a agentes principales del proceso de acumulación global (Morera Camacho, 2002). Por causa de la propia naturaleza del capital y el modelo económico implementado, los niveles de concentración en todos los sectores de la economía nacional crecieron de manera desmedida (Basave Kunhardt, 2007).

En 1982, tras la crisis de la deuda y la nacionalización de la banca, se produjo un cambio significativo: el modelo sustitutivo que había predominado durante todos estos años viró hacia uno marcado por las reformas neoliberales. A partir de las políticas implementadas por Miguel de la Madrid (1982-1988), tales como la reforma financiera y el proceso de privatización de las empresas monopólicas paraestatales, se produjeron cambios profundos en el sistema financiero y en la estructura productiva del país. El vínculo entre el Estado y los grupos se modificó, en un proceso que tendió a la apertura y la extranjerización (Morera Camacho, 2002).

A partir de entonces, los capitales de base bancaria e industrial se asociaron en estructuras de capital financiero que les permitieron desplegar estrategias de acumulación, en un período de caída de la rentabilidad industrial (Garrido, 1988). Los grupos financieros que habían caído en quiebra técnica se repusieron y salieron fortalecidos, de igual manera que los banqueros que habían sido expropiados surgieron a fines de la década con una capacidad financiera inusitada (Basave Kunhardt, 2007). Al mismo tiempo, se produjeron transformaciones en el capitalismo y en la organización de las empresas trasnacionales: la globalización y la multiplicación y diversificación de los instrumentos financieros. Este movimiento hacia una economía cada vez más centrada en el mercado avanzó conforme las nuevas élites se posicionaban en las agencias estales clave y construían una red de poder que tornaron irreversibles a estas políticas (Salas Porras, 2017).

El gobierno neoliberal de Salinas de Gortari (1988-1994) implementó un nuevo programa de ajuste. La política macroeconómica se abocó a la implementación de medidas ortodoxas que apuntaban a la estabilización macroeconómica, postergando la política de crecimiento como un objetivo. Así, se produjeron medidas tendientes a la liberalización del comercio, liberalización financiera, apertura de la cuenta de capitales, desregulación extranjera directa, apertura de los mercados financieros, privatizaciones, reforma tributaria, desregulación (Clavijo y Valdivieso, 2000). Como señaló un periodista mexicano entrevistado en esta investigación, “con el período de Salinas, el Estado se convirtió en una obra de demolición del sector público” (Martín, 2018).

Durante este período, en el mapa de las grandes empresas mexicanas se sumaron las empresas transnacionales, se produjo el fortalecimiento y modernización de los grupos tradicionales y la emergencia de nuevos y muy poderosos conglomerados (Alarco y Del Hierro, 2010). Estas empresas aumentaron su tamaño de manera acelerada y evolucionaron hacia una estructura transnacionalizada de tamaño medio, fruto de la exportación de productos y capitales, mientras que la propiedad se mantuvo en los perfiles tradicionales (Garrido, 1997). En el caso de las empresas orientadas al mercado interno, la estrategia implementada frente a la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992) fue el establecimiento de alianzas estratégicas con las empresas extranjeras, el incremento de barreras a la entrada (inversiones preventivas) y la combinación del uso del poder sobre esos mercados y las relaciones políticas (Garrido, 2001). En estos años se produjo el ingreso de la industria maquiladora y a partir de allí fue creciendo en relevancia dentro de la estructura productiva del país (Contreras y Munguía, 2007). Si bien todos los grupos económicos tuvieron un crecimiento exponencial a partir de las transformaciones ocurridas en los años ochenta, quien ocupa el primer lugar es el emblemático de la familia Slim, favorecido por el proceso de privatización en los servicios de telecomunicaciones (los grupos más relevantes son Familia Slim, FEMSA, Alfa, Bimbo, Cemex, BAL, Maseca-Banorte, México, Soriana, Kaluz. Véase Chavarín, Rodríguez, Ríos Almodóvar, 2018; Alarco y Del Hierro, 2010). En términos del planteo de un alto funcionario mexicano que ejerció cargos públicos en el estado del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sectores tales como “minería, telecomunicaciones, azúcar, fueron los nuevos ricos beneficiados por la privatización del PRI” (Lázaro, 2018).

En esta misma coyuntura de transformaciones de los años ochenta, el Partido Acción Nacional (PAN), con el cual Fox accedió al gobierno en el marco de un armado más amplio, se convirtió en el espacio político que albergó a este conjunto de empresarios. Cuando logró llegar al gobierno en 2000, el PAN se convirtió en un espacio cada vez más seductor para los miembros de le élite económica. Así, el gobierno de Fox imprimió una impronta singular. A diferencia de su antecesor De la Madrid, donde primaron los tecnócratas, Fox albergó en su gobierno a los empresarios (Tirado, 2012). Él provenía de Monterrey y expresaba a este grupo empresarial radicado en el norte del país, distinto del sector denominado Atlamulco, con sede en el estado de México, donde existía la vieja e histórica guardia política empresarial. Como señaló un periodista mexicano entrevistado para esta investigación, ambos grupos expresan dos líneas de fuerza distintas. “El grupo Monterrey tiene el apoyo abierto y declarado de Estados Unidos” (Martín, 2018). En 2018, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, se abrieron expectativas de reversión del largo ciclo neoliberal que se inició en 1982.

Industrialización tardía y débiles capacidades estatales

Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú son diferentes, pero comparten elementos tales como una industrialización tardía y capacidades estatales débiles. En cuanto a las capacidades estatales, el caso de Chile es paradigmático, porque se trata de un país con un Estado fuerte en términos de centralización y monopolio de la fuerza, pero débil en cuanto al poder infraestructural y el alcance sobre las distintas dimensiones sociales. En estos países el proceso de industrialización fue débil y tardío, el desarrollo del mercado interno fue limitado y los sectores subalternos tuvieron menor capacidad de veto y posibilidades reales de impugnación del modelo neoliberal. Varios de estos modelos fueron levantados por ciertas fracciones de derecha como el ejemplo de crecimiento económico, ocultando las crecientes desigualdades sociales y la profunda concentración de la riqueza. En Perú el neoliberalismo de la década de los noventa continuó sin interrupciones, al igual que en Colombia, aunque en este caso ese modelo económico se combinó con graves y críticos niveles de violencia ejercidos desde el Estado. En Chile, si bien algunos gobiernos avanzaron en políticas distributivas, no hubo cambios estructurales en la matriz neoliberal, y en Paraguay el proyecto de Fernando Lugo fue interrumpido por el golpe de Estado. En El Salvador, si bien hubo un gobierno de izquierda, diez años después regresó al poder una fuerza derechista con la candidatura del empresario Nayib Bukele.

Chile. Del neoliberalismo de la dictadura al neoliberalismo democrático^[5]

Desde mediados del siglo XIX, el modelo de desarrollo orientado “hacia afuera” (Mazzei de Grazia, 2006) se combinó con una formación estatal temprana y centralización del poder. La denominada República Conservadora (1830-1891) se erigió sobre la base de las haciendas y los grupos mineros; tras la guerra del Pacífico (1879-1883), y la anexión de territorios salitreros, se pasó de la República Conservadora a un nuevo sistema denominado la República Parlamentaria (1891-1925). Las limitaciones de este modelo de desarrollo primario-exportador se hicieron evidentes con la crisis de 1929, en la que Chile fue uno de los países más dramáticamente afectados, por la caída del precio del cobre. Durante el gobierno del Frente Popular (1938-1947), se dieron pasos encaminados hacia la industrialización sustitutiva de importaciones y el Estado ocupó el lugar del agente central (Moulian, 1985; Mazzei de Grazia, 2006). En este marco, se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), mediante la cual se canalizó la intervención estatal en las áreas que alentaron la producción vinculada a la manufactura, se crearon empresas estatales y se dieron estímulos al sector privado para que se incorporaran al esfuerzo industrializador a partir del cual surgieron empresarios industriales de corte liberal (Mazzei de Grazia, 2006).

Durante los gobiernos del derechista Jorge Alessandri (1958-1964) y del demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), hubo continuidad de esta matriz de acumulación. Frei realizó una reforma agraria moderada y nacionalizó una parte de la Gran Minería del Cobre, todo ello en línea con la política de la Alianza para el Progreso de los años sesenta. Luego, el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) realizó una nueva reforma en la estructura de la tierra con una política socialista, que terminó de debilitar a los grandes terratenientes, y nacionalizó la totalidad de la minería. Aunque el proceso de industrialización no fue tan profundo ni alcanzó los niveles de otros países (como Argentina, Brasil y México), se desarrolló un empresariado que crecía bajo la protección estatal, y, a juicio de Salazar (2003), pese al intento de estatización de la acumulación capitalista, no es posible hallar en la historia del país la conformación de un verdadero empresariado nacional.

El modelo económico que tuvo este sesgo estatalista se clausuró de manera abrupta con el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de Allende. Con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se produjo un cambio en el modelo de acumulación y se inició una etapa que podría caracterizarse como un neoliberalismo conservador, especialmente a partir de 1975 (Cypher, 2007). Se implementó un modelo neoliberal, con base en una matriz comercial y financiera y apertura de los mercados, y se produjo la emergencia de un nuevo empresariado (Salazar, 2003). Los economistas formados en la Escuela de Chicago, denominados Chicago boys, fueron la expresión de la incidencia de la tecnocracia con visión de mercado en el mundo político (Nercesian, 2012). A partir de los cambios producidos en materia económica, tuvo lugar la conversión del terrateniente típico de la década de 1960 a la figura del “nuevo empresario” de los años ochenta. Surgieron “profesionales que antes del gobierno dictatorial se habían dedicado a empresas o empleos públicos, pero que con el retiro del Estado y la privatización de las empresas se volcaron al emprendimiento de actividades independientes” (Montero, 1996: 165).

A través de la Oficina de Planificación Nacional, se produjo el despliegue de políticas económicas que incentivaron la creación de empresas vinculadas a la “nueva economía”, ligada a bienes raíces, finanzas y comercio exterior. Estos nuevos grupos ejercían el control sobre el sistema financiero y tenían acceso directo a las esferas del Estado, con características diferentes a las de los empresarios de la fase sustitutiva. Poseían una trayectoria más profesional que patrimonial (o capital acumulado) y apostaban a la diversificación, con “una concepción más pragmática de la empresa y menos ideológica”, lo que los llevó a aprovechar coyunturas favorables o nuevos mercados (Montero, 1996). Poseían una amplia red de contactos que les permitía acceder a créditos y conocer los procedimientos de inversiones, compras y modalidades de gestión empresarial. Durante la dictadura hubo un proceso de concentración del poder de los grupos más importantes de Chile.

Estos nuevos actores surgidos durante el gobierno militar y sostenidos sobre la compra de empresas estatales privatizadas se encontraban asociados al sector bancario y se expandieron rápidamente mediante procesos de endeudamiento interno (con sus propios bancos y financieras) y externo. Ese proceso condujo a la consolidación de la especulación financiera, el incremento del déficit comercial, el crecimiento de la deuda externa y la desindustrialización. La promoción de estos grupos económicos por parte del gobierno militar fue parte de una estrategia de desarrollo orientada a reemplazar al Estado como agente fundamental de la economía. El modelo centrado en la desnacionalización de la economía, la promoción del sector primario-exportador, la concentración de la riqueza, la especulación comercial y financiera se convirtió en un rasgo persistente del modelo.

A partir de la transición democrática de 1990, se inició una etapa que podría denominarse, siguiendo a Cypher (2007), como “neoliberalismo democrático”, donde el Estado ejerció un rol “minimalista”. La economía chilena revigorizó el modelo primario-exportador, con fuerte dependencia de las divisas generadas por la exportación del cobre, a pesar del esfuerzo por diversificar las exportaciones hacia las industrias maderera, pesquera (salmonera) y frutícola (Pinto, 2002). Así como en el siglo XIX había apostado por un desarrollo dependiente del boom del comercio extranjero del salitre, ahora lo hacía con el cobre. Durante los veinte años de gobiernos de la Concertación (1990-2010), no se modificó esa estructura productiva –ni el modelo económico heredado de la dictadura–, más allá del continuado impulso a la diversificación de las exportaciones y el proceso de redistribución de la renta proveniente de estas actividades que implementó Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) hacia los sectores más vulnerables. A lo largo de estos años, la economía chilena se vio favorecida por el crecimiento del precio internacional de los commodities, principalmente los metales. Si bien entre 1960 y 2000 las cifras de participación del cobre en las exportaciones han disminuido, por la aparición de otros productos transables, el cobre se posicionó nuevamente como el principal producto de exportación, superando el 50 % (Cortés, 2012). La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), si bien no fue privatizada durante la dictadura, atravesó un proceso de desnacionalización por el ingreso de multinacionales mineras con participación mayoritaria en la exploración y explotación.

En 2010 Sebastián Piñera se impuso en las elecciones presidenciales con una coalición derechista, en un escenario de desgaste de largos años de gobiernos de la Concertación. Piñera es un caso típico de dueño de un grupo empresarial formado en el marco de las transformaciones económicas de los años noventa. De ahí el perfil de su gabinete y su apuesta manifiesta al sector empresarial tanto en la campaña como en el armado de su gobierno.

Colombia. Industrialización tardía, violencia y continuidad neoliberal

En Colombia el desarrollo del aparato productivo estuvo marcado por la heterogeneidad geográfica y social. Durante la primera etapa de formación del Estado (1886-1946/1948), la economía se desarrolló con base en la explotación del tabaco, la quina y el añil, aunque los productos más rentables fueron el café y el ganado. La explotación del café quedó bajo control nacional, mientras que la explotación de los enclaves petrolero y bananero estuvo en manos de capitales extranjeros, fundamentalmente de los Estados Unidos, como fue el caso de la United Fruit Company (Ocampo, 1990; Ansaldi y Giordano, 2012). Si bien es cierto que existen antecedentes en materia de industrialización hacia fines del siglo XIX (Silva Colmenares, 1977), en Colombia hubo una transición tardía desde una economía primario-exportadora hasta una con sesgo industrialista. Durante mucho tiempo, el sector primario, mayormente agrícola, era el que contribuía con más de la mitad de la producción del país, y la inestabilidad política crónica sumada a la gran fragmentación territorial impuso condiciones difíciles para el desarrollo productivo del país (Ocampo, 1990). El crecimiento de las firmas manufactureras tuvo auge en el primer tramo del siglo XX y se intensificó a partir de la década de los cuarenta, durante el período que coincidió con la violencia (1946-1957) y el gobierno del Frente Nacional (1958-1974), procesos que se analizarán en el siguiente capítulo.

La industrialización sustitutiva en Colombia tuvo un carácter modesto. La “sobreexpansión” de la agricultura y las exportaciones y el atraso relativo de la producción industrial estaban asociados a las restricciones impuestas por la geografía del país y la fragmentación del mercado interno. La industria manufacturera creció hasta aproximadamente los años setenta, un período en el que se llevaron a cabo políticas de protección a la industria nacional con el objetivo de crear una base manufacturera propia. En esa etapa se produjo un cambio estructural sin precedentes. La contribución productiva de la agricultura cayó de manera notable, al tiempo que las manufacturas, el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones y, en menor grado, el comercio y los servicios financieros aumentaron sensiblemente su participación en la generación de valor agregado de la economía (Ocampo, 1990). Como señala Misas Arango (1998), este desarrollo manufacturero se produjo junto con el aumento sostenido de los ingresos cafeteros, de manera tal que se generó un sistema de regulación complejo donde el desarrollo industrial quedó enmarcado dentro de los límites del modelo agroexportador. La confluencia de los intereses de los cafetaleros con los de los industriales permitió instaurar un patrón de desarrollo en el cual el Estado se subordinó a los intereses de las clases económicamente dominantes y no logró erigirse en el portavoz de los intereses generales de la sociedad. De ahí su debilidad y el hecho de que las políticas desarrolladas dentro de la ISI hayan sido simultáneamente industrializantes y antiindustrializantes. Según José Antonio Ocampo (2000), el modelo de sustitución de importaciones concibió un desarrollo basado en la extracción de rentas generadas por la protección y otras ventajas que otorgaba el Estado, más que en el desarrollo de actividades económicas competitivas. Como ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos, este desarrollo industrial se basó en estructuras monopólicas u oligopólicas.

Existe consenso en la bibliografía en que este modelo sustitutivo se abandonó como objetivo hacia comienzos de los años setenta y, desde entonces, los planes de desarrollo que se implementaron desde el gobierno fueron poco proclives al impulso de la sustitución de importaciones. Durante los años ochenta, se sumó el narcotráfico como una nueva variable a este engranaje del sistema productivo (Camacho, 1999). Se trata de un fenómeno de gran complejidad, por el número de actores involucrados y por las relaciones de complementariedad, antagonismo e independencia que establecen con el Estado, la sociedad y entre sí. Algunos sectores de la sociedad y el Estado fueron tolerantes de la actividad ilegal del tráfico de drogas porque esta actividad se convirtió en una fuente generadora de divisas (Misas Arango, 2002). El narcotráfico trajo consecuencias sociales no menores: una mayor concentración de las tierras, desplazamiento de pobladores, violencia y paramilitarismo.

Con el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), se produjo un cambio de modelo económico que cimentó el camino del neoliberalismo. Con la apertura económica se quebró el acuerdo construido dentro del bloque hegemónico entre la burguesía cafetera y los industriales. Hacia fines de los años ochenta, la diversificación de exportaciones (petróleo, carbón, níquel, flores, manufacturas) generó la pérdida de centralidad de los cafeteros y la conformación o consolidación de grandes conglomerados ampliamente diversificados. Todo esto hizo necesario replantear las formas institucionales construidas para manejar la macroeconomía cafetera (Misas Arango, 2002).

El gobierno de César Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994) profundizó aún más las reformas económicas, de forma que dio entierro definitivo al modelo de la ISI. Este enfoque, neoliberal en lo esencial, fue reproducido por una élite intelectual y tecnócrata mayoritariamente formada en universidades estadounidenses bajo la influencia de la ortodoxia neoclásica y monetarista. En el caso colombiano se habló del kinder de Gaviria, para resaltar la juventud de un número considerable de neoliberales que en ese entonces eran funcionarios públicos de alto rango (Estrada Álvarez, 2006). El proceso de reformas de ajuste estructural fue respaldado por la modificación del régimen jurídico-económico. La producción de normatividad institucional fue clave para institucionalizar los lineamientos del neoliberalismo y dotar a cada una de las definiciones políticas el carácter de legalidad (Estrada Álvarez, 2006). Las políticas de reforma que se implementaron fueron: privatización, tercerización, informalización, precarización, flexibilización y movilidad de los trabajadores colombianos (las reformas laborales de 1990 y 2002) y la reforma constitucional de 1991. Estas medidas permitieron mejorar la posición de los grandes grupos económicos y de las empresas con inversión extranjera directa. Los grupos económicos ganaron, porque la mayoría de sus activos estaban concentrados en sectores productores de no transables y, con las medidas de desregulación y liberalización, pudieron apropiarse de grandes excedentes en la prestación de servicios tales como energía, telecomunicaciones y finanzas (Misas Arango, 1998). El dinamismo industrial se sustentó en los sectores vinculados con la dinámica de sectores no transables, tales como las actividades agroindustriales, los servicios de comunicaciones y financieros, y sectores vinculados a la construcción.

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) fue considerado por algunos como una experiencia diferente al neoliberalismo; sin embargo, en los hechos primó la continuidad del modelo que habían realizado Barco y Gaviria (Ahumada, 1996). Durante este período se reconfiguró un nuevo bloque de poder que debilitó a la economía cafetera, y a algunos sectores de la industria y la agricultura, pero que fortaleció a las actividades monetario-financieras y la economía vinculada al narcotráfico. La profundización financiera desembocó en un proceso de financiarización de la economía. La política económica de los años noventa generó cambios importantes en los grupos empresariales que dieron lugar a un proceso de diferenciación con la siguiente evidencia: los sectores no transables, producto de las privatizaciones (energía, telecomunicaciones, etc.), demandan desregulación y políticas típicamente neoliberales; las empresas de los sectores transables prácticamente no variaron sus demandas hacia el Estado (crédito subsidiado, mayor protección, más altos niveles de devaluación, entre otras) (Misas Arango, 2002).

El descontento generado por el fracaso de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) generó condiciones que favorecieron la victoria de Álvaro Uribe Vélez en 2002 (Rodríguez, 2014), un terrateniente empresario que diversificó su grupo durante los noventa. Su política de gobierno dio continuidad al proceso neoliberal impuesto durante estos últimos años y le añadió una tendencia autoritaria: se produjo una creciente militarización de la política y el ascenso de las organizaciones paramilitares, con un fuerte apoyo y vínculo con el gobierno de los Estados Unidos. Uribe planteó una renovación de la política con un discurso que apuntaba a llevar adelante una “presidencia austera para dar ejemplo”. Tras un discurso de acento republicano, se deslizaba una visión “gerencial y tecnocrática” del Estado (Cardona Zuleta, 2015).

El Salvador. Transición hacia el neoliberalismo desde una etapa sustitutiva híbrida y tardía

En El Salvador la formación estatal fue posible tras un largo período de inestabilidad política e implementación de reformas liberales. Como ocurrió en muchos países de la región, esa estabilidad se produjo mediante la institucionalización de un régimen que tuvo la característica de la dominación oligárquica (1898-1931). En esta etapa la expansión económica se produjo sobre la primacía del crecimiento hacia afuera basado en la economía del café, estrechando los vínculos entre el gobierno y las familias cafetaleras (Lungo, 2018). En 1931 se produjo el golpe de Estado de Maximiliano Hernández Martínez y se inició un período de institucionalización del uso de la violencia, cuyo corolario fue la masacre producida en 1932 contra la insurrección indígena campesina comunista.

Luego de casi cinco décadas de gobiernos autoritarios y ante la emergencia de un movimiento popular armado, el proyecto político de las Fuerzas Armadas colapsó: se produjo la ruptura de la coalición entre las élites y los militares que excluía a la élite económica del control del Estado y, al mismo tiempo, el ascenso de las movilizaciones sociales y revolucionarias y la rearticulación de los sectores económicamente dominantes dentro de un nuevo proyecto político (Lungo, 2009). La década de los setenta estuvo marcada por el fraude electoral (que se implementó en las elecciones de 1972 y 1977) y el surgimiento de las organizaciones revolucionarias (véase sobre el período Molinari, 2016; Grassetti, 2020). En materia económica, la mayoría de las transformaciones ocurridas se realizaron sobre la base del modelo agroexportador sin alterarlo de manera sustancial (Segovia, 2018); hubo continuidad del poder y de la influencia de estos grupos económicos vinculados a la tierra y la agroexportación, principalmente del café (Dada, 1978).

Los años ochenta fueron cruciales en la historia salvadoreña. La dinámica insurreccional se convirtió en una guerra civil, extendida entre 1980 y 1992, que enfrentó dos polos: el proyecto revolucionario encabezado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y el del Estado contrainsurgente (Torres Rivas, 2004; Lungo, 2009). En cuanto a las élites económicas, también hubo cambios. A juicio de Kasahara (2012), la nacionalización de la banca en 1980 durante el régimen militar configuró una nueva élite salvadoreña, porque en ese momento se rompieron los lazos entre el sector agrícola y el financiero, lo que provocó que las familias vinculadas tradicionalmente a la banca perdieran parte del poder económico adquirido (véase también Robles Rivera, 2017). Al mismo tiempo, otros sectores vinculados al café y servicios asumieron mayor control corporativo y político a través de la fuerza ARENA. En 1982 se celebraron elecciones que pusieron fin a la Junta Militar (1979-1982).

El poder de las tradicionales élites se trastocó y se desataron cambios respecto del modelo primario exportador. Según sostiene Alexander Segovia (2018), el gobierno de los Estados Unidos contribuyó con el debilitamiento de la facción agroexportadora, por considerarla responsable de la violencia política que se vivía en el país, y ofreció su apoyo a la agenda reformista que impulsaba la Democracia Cristiana durante el gobierno de José Napoleón Duarte Fuentes (1984-1989). Asimismo, surgió un nuevo liderazgo empresarial mediante la creación del tanque de pensamiento conocido como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES, 1983). En este marco, se produjo la ampliación y diversificación de los grupos económicos que disminuyó la importancia de las élites agrarias e industriales tradicionales, quienes no habían logrado reconvertirse en el nuevo contexto, y surgieron nuevas élites a tono con el desarrollo capitalista en curso y con mayores vínculos con los grupos trasnacionales (Segovia, 2018). El conflicto armado contribuyó, pues muchos empresarios emigraron temporalmente y eso les permitió conocer los mercados externos y explorar nuevas oportunidades de inversión en el extranjero. En el plano político, el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, 1981) se convirtió en la herramienta de la élite empresarial, la cual ya contaba con un instrumento corporativo que agrupaba las distintas gremiales empresarias, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, 1966).

En 1989 se iniciaron los Acuerdos de Paz que terminaron de sellarse en 1992. En las elecciones de 1989, ganó ARENA de la mano de Alfredo Cristiani (1989-1994), y, a juicio de Irene Lungo (2009), después de varias décadas, se produjo el retorno de la élite económica –aunque ya no era la misma– al control directo del aparato estatal. Cristiani tomó las recetas del modelo neoliberal con base en la FUSADES. Se desarrolló un modelo económico sustentado en el dinamismo del mercado interno que permitió el florecimiento de los sectores vinculados a dicho mercado (comercio, la construcción y los servicios, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, bancarios, comerciales e industriales relacionados con la industria maquiladora (Segovia, 2004). La política de privatización de sectores estratégicos impulsada por los gobiernos de ARENA en la década de los noventa fue un factor clave en la reestructuración de los grupos económicos ya que posibilitó el acceso del sector privado nacional y extranjero a actividades altamente rentables, como es el caso de la banca, las telecomunicaciones y la energía (Segovia, 2018).

Durante la gestión de ARENA, el conflicto entre las fracciones de las clases económicamente dominantes se planteó en términos de los intereses sectoriales de los distintos grupos y de la correlación de fuerzas dentro del propio espacio político. Esto trajo como resultado la convicción de que el control del Estado era fundamental para sus intereses económicos y para moldear el tipo de democracia funcional a sus intereses políticos (Segovia, 2018: 18). Los gobiernos de ARENA que siguieron a Cristiani, encabezados por Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004), continuaron el modelo neoliberal y tomaron una política de apoyo incondicional a los Estados Unidos. Durante la presidencia de Francisco Flores, se cambió la moneda del país. Con la Ley de Integración Monetaria de 2001, la moneda oficial es el dólar estadounidense (si bien la ley establecía la circulación e intercambiabilidad de la moneda local y el dólar, en los hechos provocó la dolarización de la economía). Durante veinte años consecutivos, el gobierno de ARENA pudo obtener mayorías propias y llegar a acuerdos con los otros partidos. Tuvo la capacidad de controlar los tres órganos del Estado y buena parte de las instancias del aparato estatal, en un hecho que le permitió imponer sus políticas con muy pocas restricciones. La presencia de empresarios en puestos gubernamentales y en cargos partidarios fue frecuente, así como de ejecutivos o asesores económicos y jurídicos del sector empresarial. Había un pasaje frecuente entre los cargos públicos, el trabajo partidario y la ocupación de cargos directivos o ejecutivos de las gremiales o de empresas privadas o en el ya mencionado FUSADES.

Como sostiene Francisco Robles Rivera (2017), la liberalización indiscriminada y la política de privatizaciones implementadas durante el período modificaron por completo el mapa del poder salvadoreño, donde se observaron dos cambios importantes. Por un lado, hubo una amplia extranjerización de la economía determinada por la presencia de grandes oligopolios regionales y transnacionales en sectores clave: banca, telecomunicaciones, electricidad y seguros. Por el otro, el desplazamiento de los grupos hacia sectores de servicios, comercio, turismo, consumo y construcción. En los últimos años, las fracciones más importantes son las vinculadas a los grupos trasnacionales y a los grupos nacionales relacionados con las principales actividades dinámicas del nuevo modelo económico, particularmente el comercio y los servicios (véase Bull, Castellacci y Kasahara, 2014; Segovia, 2018). Otro conjunto de grupos son aquellos vinculados a los nuevos ejes de acumulación, por ejemplo los surgidos a raíz de la industria maquiladora, a algunas exportaciones tradicionales, agrícolas e industriales y la vinculada a los bienes raíces y servicios. Finalmente, se encuentra la fracción empresarial del capital de origen árabe, conocida como los turcos, que se vio favorecida por el nuevo modelo económico y la profundización de la globalización. En cuanto a las élites agrarias y tradicionales que no pudieron incursionar en los nuevos ejes de acumulación del capital, estas fueron las grandes perdedoras (Segovia, 2018; véase también Waxenecker, 2017).

En una entrevista para esta investigación, un alto funcionario del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) planteó lo siguiente: “Ahora en El Salvador hay unas elites que son más diversas, son más complejas, son más grandes y por primera vez en la historia son más diversas políticamente”,

critico la visión de que hay solo una vieja élite rancia cafetalera agroexportadora, retrógrada. […] Han salido nuevas elites que son las que han controlado la economía y son más complejas porque tienen un pensamiento económico muy agresivo, pero que políticamente están a favor de la democracia liberal, ya no de los autoritarismos pero que en la práctica, tienen tendencias autoritarias y una tendencia a capturar al Estado (Orlando, 2018).

El caso de Elías Antonio Saca González (2004-2009) es parte de este proceso. Se trata de un empresario que formó su grupo económico (Grupo Samix) durante los años ochenta y noventa, favorecido por su acceso privilegiado a las frecuencias de radio y control de la gremial ANEP. Si bien llegó al poder con ARENA, la plataforma política de los grupos tradicionales, buscó y desarrolló un modelo económico orientado al mercado interno, priorizando los intereses del capital nacional (Robles Rivera, 2017).

Luego del largo ciclo de gobiernos de ARENA, con el triunfo de la izquierda del FMLN, en 2009 se modificó la interacción con el Estado y facilitó la consolidación de un núcleo nuevo de empresas y empresarios. Entre estas se cuentan las denominadas “compañías del ALBA”, empresas de asocio salvadoreño venezolano: ALBA petróleo (Robles Rivera, 2017; Segovia, 2018). En la actualidad, las élites salvadoreñas distan mucho de ser aquellas catorce familias oligárquicas, terratenientes, altamente cohesionadas, cafetaleras y agroexportadoras con gran poder político y control sobre las Fuerzas Armadas del siglo XIX y XX; son, por el contrario, grupos diversificados bajo el control de una o más familias con intereses mucho más diversificados y en algunos casos con intereses regionales (Bull, Castellacci y Kasahara, 2014; véase también Villacorta, 2011).

Paraguay. De los barones de Itaipú a los grupos diversificados

En Paraguay se dio un proceso de centralización del poder relativamente rápido, aunque eso no implicó estabilidad política e institucional. Entre 1870 y 1954, se sucedieron 44 presidentes, a un promedio de 1 cada 23 meses, de los cuales 24 fueron destituidos violentamente (Ansaldi y Giordano, 2012; Soler, 2014). Paraguay es un país con una economía de base agraria y de diversificación productiva escasa, donde no hubo una fase de industrialización sustitutiva o esta fue muy tibia y coexistió con un alto nivel de desigualdad socioeconómica y un desarrollo limitado del mercado y del Estado. Las instituciones públicas han sido más bien débiles y carentes de una visión de futuro de país (Borda, 2009). La consolidación democrática también ha sido débil, y el Estado facilitó altos grados de informalidad. Por causa de esta débil estructura productiva y una fuerte presencia del capital extranjero, la formación de los grupos económicos paraguayos se produjo de manera tardía, hacia las décadas de los sesenta y setenta. Antes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), no existía una clase empresarial fuerte por tratarse de una economía basada en las exportaciones de productos primarios (agrícolas) con escaso procesamiento y las importaciones de productos manufacturados. Hasta el comienzo de las décadas del sesenta y el setenta, la madera y la carne constituían los principales productos de exportación, que luego fueron sustituidos por el algodón y la soja (Masi, 2006). Por los motivos que veremos más adelante, el régimen conformó una nueva fracción de las clases económicamente dominantes con características distintas.

En 1973 Paraguay y Brasil, a través de Stroessner y el militar brasileño Emílio Garrastazu Médici, firmaron un tratado para la construcción de la represa de Itaipú, una obra de infraestructura monumental que dinamizó la economía paraguaya (sobre los términos del acuerdo, véase Rojas Villagra, 2014). Más tarde, se firmó otro acuerdo similar con el gobierno argentino para la creación de la represa de Yacyretá, cuya construcción se inició tiempo después. Durante estos años setenta y ochenta, se duplicaron los precios de los principales productos de exportación, la soja, el algodón y la madera, lo que generó términos de intercambio favorables, por lo cual se expandió la frontera agrícola. En términos de vínculos internacionales, con la creación de Itaipú, se incrementó la influencia de Brasil sobre la economía paraguaya, al punto de que superó a la que tenía Argentina.

La modernización de la estructura agraria, así como la construcción de la hidroeléctrica binacional Itaipú, incentivó la creación de un incipiente empresariado nacional estrechamente ligado al régimen, y configuró los inicios de la formación de la clase empresarial stronista (Soler, 2014). Surgió un nuevo grupo de empresarios, mayormente ligados a los sectores de la construcción y servicios financieros relacionados, gestados al calor de la construcción de la hidroeléctrica, mucho más enfocada a la demanda interna (y por lo tanto a la coyuntura política y económica al interior del país) que los grupos socioeconómicos tradicionales, históricamente vinculados a la agroganadería de exportación (Arce y Zárate, 2011).

El fin de la construcción de Itaipú en 1982 produjo una recesión económica, estancamiento y pérdida de apoyo internacional al régimen de Stroessner en un contexto de caída de las dictaduras y defensa de los derechos humanos. Las condiciones externas también fueron desfavorables para los rubros de la exportación: cayó el precio de la soja, el algodón, la madera y la carne. La pobreza y la brecha social se incrementaron de manera sustantiva. En 1989 se produjo una crisis dentro del propio régimen y, mediante un golpe de Estado, se puso fin a la dictadura que había permanecido durante 35 años. Como sostiene Charles Quevedo (2015), ese año fue el punto de partida de la sucesión de intentos de esos nuevos grupos económicos crecidos a la sombra del Estado stronista de asumir la dirección intelectual y moral del conjunto de la sociedad paraguaya. Las clases económicamente dominantes creadas en el marco de Itaipú se consolidaron y fortalecieron en los años de promoción de las políticas neoliberales que comenzaban a implementarse.

Los tres primeros presidentes posteriores a la dictadura implementaron los postulados neoliberales con mayor o menor énfasis. El primer presidente de la transición fue el general Andrés Rodríguez Pedotti (1989-1993), de signo colorado. Rodríguez liberalizó el sector financiero, una medida que impulsó el aumento del número de entidades bancarias, eliminó el redescuento para la agricultura y flexibilizó el crédito en un intento por estimular la producción económica (Birch, 2011). Fue sucedido por Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), un empresario ingeniero y hombre de negocios que había hecho su fortuna a través de los contratos con el Estado stronista. Wasmosy era el dueño de la empresa Constructora Minera Paraguaya S.A (ECOMIPA) incluida en el Consorcio de Empresas Constructoras Paraguayas (CONEMPA), que fue partícipe de las represas Itaipú y Yacyretá. También fue el principal accionista en el Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE) (véase Miranda, 2000). Como señaló un investigador paraguayo entrevistado para esta investigación, Wasmosy es una expresión bastante nítida del empresariado de la construcción que se enriqueció y consolidó durante el stronismo (Carlos, 2018). Fue uno de los llamados “barones de Itaipú” –nombre con el cual se identificó al grupo de empresarios que se enriquecieron con contratos fraudulentos durante la construcción de la represa– y, por lo tanto, el más genuino representante de ese sector (Quevedo, 2015).

Wasmosy aplicó medidas de sesgo neoliberal conservador, aumentó el endeudamiento y privatizó empresas públicas, tras lo cual la economía entró en una de las peores crisis financieras que se habían conocido hasta el momento (Abente Brun, 2010). El proceso de venta de las empresas públicas fue tan controvertido que generó un fuerte rechazo opositor, de ahí que las compañías de servicios públicos más grandes no pudieron ser privatizadas; sí llegaron a privatizarse cuatro pequeñas empresas estatales como las líneas aéreas nacionales, flota mercante, una empresa de acero y una productora de alcohol, todas ellas bajo condiciones muy controvertidas (Borda, 2009; Birch, 2011). Estos grupos emergentes encontraron en la reforma neoliberal un proyecto compartido, apropiado para la transformación del Estado que aspiraban. A Wasmosy le siguió otro empresario, Raúl Cubas Grau (1998-1999), un ingeniero también vinculado al mundo de la construcción, enriquecido mediante los contratos del Estado, que debió renunciar en el marco de una crisis política. Luego, asumió el presidente del Senado Luis González Machi (1999-2003), y la economía continuó viviendo momentos críticos.

Si el gobierno de Wasmosy fue el intento más consistente de las nuevas fracciones de las clases económicamente dominantes de asumir el papel hegemónico y la construcción de un orden neoliberal en Paraguay, el declive del proyecto tuvo expresión más adelante, durante los gobiernos del colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y del exobispo Fernando Lugo (2008-2012), quien asumió en el marco de una amplia coalición política denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) (Quevedo, 2015). El gobierno de Lugo implementó un conjunto de políticas públicas orientadas al desarrollo de un Estado social y al fortalecimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, y fue destituido por un golpe de Estado el 22 de junio de 2012. Tras el golpe, asumió el vicepresidente del Partido Liberal Federico Franco (2012-2013) hasta completar el ciclo presidencial, con el apoyo del empresariado vinculado a los agronegocios, en alianza con los capitales trasnacionales.

La victoria de Horacio Cartes en 2013 permitió el regreso del Partido Colorado al gobierno. El partido, que se hallaba en franca crisis, “alquiló” a un empresario que se autorreferenciaba como una personalidad ajena al mundo de la política (Soler, 2014). Su figura representó el acceso directo de una fracción de las clases económicamente dominantes a la élite estatal. El ascenso de Cartes fue un nuevo intento de los sectores vinculados al mercado mundial de construir un orden económico que tuviera como paradigma los pilares del neoliberalismo (Quevedo, 2015). Los sectores empresariales concentrados ligados al comercio, la agroindustria y el sistema financiero fueron sus beneficiarios principales. Hubo una mayor concentración e internacionalización de los grupos que se afianzaron como conglomerados.

Entre la figura del empresario Cartes y la de sus antecesores, hay una diferencia notable. Como señaló en una entrevista un investigador paraguayo,

Cartes articula su fortuna por fuera del Estado, es decir se vuelve millonario sin la organización estatal. No es como Wasmosy o Cubas, ese perfil de empresarios que se vuelven multimillonarios porque tienen el privilegio de construir un emprendimiento de la envergadura de Itaipú y capturar ese negocio para ellos (Carlos, 2018).

Cartes es expresión de ese sector que se enriqueció beneficiado por las transformaciones del capital a partir de la liberalización y financiarización de los mercados.

Perú. Industrialización sustitutiva tardía e interrumpida y continuidad neoliberal

Perú es un caso similar al de Colombia en cuanto a la fragmentación regional. Durante el siglo XIX, en el largo período de la dominación oligárquica (1895-1919), el país se dividía económicamente en tres áreas: la costa, Lima y la sierra. En la costa norte hubo producción de algodón, azúcar, petróleo y luego la explotación de salitre; la sierra central combinó la actividad minera (plata y cobre) con la producción ganadera y ovina (lana). Y en la sierra sur hubo una producción lanar y de subsistencia. También había producción de caucho en la zona selvática y guano en la costa y sus islas. En comparación con el resto de los países, el período primario exportador peruano tuvo una economía con gran diversificación (Ansaldi y Giordano, 2012; Thorp y Bertram, 2013; Burga y Galindo, 1980). A partir de la primera década del siglo XX, la participación del capital extranjero comenzó a imponerse sobre el capital local, grandes empresas comenzaron a dominar la explotación del cobre, la plata y el petróleo, aunque el azúcar, el algodón, la lana y el caucho se mantuvieron bajo control local.

El proceso de expansión hacia dentro se produjo de manera tardía, hacia los años cincuenta y sesenta (Thorp y Bertram, 2013), caracterizado por el pasaje de un país con una vida agraria y provinciana a una más industrial y urbana. La minería se mantuvo en manos de proyectos multinacionales, pero se desarrollaron diversas actividades urbano-industriales (finanzas, industrias, construcción, bienes raíces, automotrices) y la pesca de exportación (harina, pescado enlatado), mediante la cual entraron numerosos capitales pequeños y medianos (Durand, 2017). Con todo, la economía peruana continuó articulando sus relaciones externas a partir de la exportación de productos primarios, donde el sector minero se impuso progresivamente sobre el agrícola (Gonzales de Olarte, 2015; Thorp y Bertram, 2013). En este proceso, algunos capitalistas comenzaron a conglomerarse y se formaron los grupos económicos, en su mayoría provenientes de Lima. Como señala Francisco Durand (2017), hubo un pasaje de una cultura oligárquica aristocrática a una empresarial, sin que se dieran por tierra las viejas y tradicionales prácticas racistas del viejo sistema.

En este pasaje, comenzaron a desarrollarse teorías y prácticas “gerencialistas” auspiciadas por nuevas instituciones educativas destinadas a formar gerentes y nuevos empresarios: en 1959 se fundó el Instituto de Administración de Empresas (IPAE) y en 1963 la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN). Si bien el pasaje hacia un modelo de industrialización y desarrollo del mercado interno se perfiló desde la década de los cincuenta y sesenta, sin dudas cobró un gran impulso con el gobierno reformista del general Velasco Alvarado (1968-1975). Hasta entonces, los grupos económicos de Lima habían despuntado económicamente, pero todavía no habían construido su hegemonía política y seguían a la sombra de los terratenientes y las viejas familias. La reforma agraria de 1969 promovida por el gobierno de Alvarado licuó el poder de los sectores oligárquicos y fortaleció, consecuentemente, el de los grupos limeños (Durand, 2017).

Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-1995, 1995-2000), en particular luego del autogolpe de 1992, se produjo un punto de inflexión en el modelo económico y se instauró el modelo neoliberal. Se implementaron políticas tales como la liberalización del mercado de trabajo y de las tierras, la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio y la abolición de todos los incentivos a las exportaciones no tradicionales (Thorp y Zeballos 2001; Vásquez Huaman, [2000] 2005). Las privatizaciones tuvieron como blancos privilegiados las áreas de minería, telecomunicaciones y electricidad. En conjunto, estas medidas condujeron al pasaje de una economía orientada a la industria manufacturera y en segunda instancia a las actividades extractivas en los años sesenta, hacia una economía minero-petrolero-energética-financiera, en proceso de expansión, donde el capital nacional tendió a fusionarse con el extranjero (Anaya Franco, 1990).

Si bien es cierto que la situación de los grupos económicos y los empresarios no fue homogénea, y por momentos los sectores industriales se vieron desfavorecidos, como señala Julio Cotler (1998), puede sostenerse que durante el decenio de Fujimori varios grupos lograron fortalecerse a causa de la política de privatización de empresas públicas, la apertura al mercado mundial y la firma de tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, se produjo una depuración de los grupos que habían surgido en 1960 y aparecieron nuevos grupos, tanto en Lima como en las provincias. Emergieron en actividades urbano-industriales y en las industrias extractivas, ya sean tradicionales –como el azúcar– o nuevas –como el café o los espárragos–, y la minería de oro. También vieron la luz estudios de abogados y de tributación, asesoría de imagen, encuestadoras y think tanks, que crearon una superestructura sofisticada de profesionales al servicio de los grupos, potenciándolos como poder y fortaleciendo su influencia, ahora guiada por expertos (Durand, 2017).

Con la caída de Fujimori en 2000, hubo continuidad del rumbo económico. Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) mantuvieron en trazos gruesos la senda que se había trazado desde el fujimorismo. Aunque prometió un gobierno que denominó la “gran transformación”, Ollanta Humala (2011-2016) no realizó cambios sustanciales en la matriz productiva. Sí logró desarrollar programas sociales significativos. Desde la transición democrática, se produjo un doble proceso de reestructuración de los grupos económicos limeños y de surgimiento de nuevos grupos situados en el interior favorecidos por el proceso de liberalización y ampliación de mercado durante los años noventa. En ambos se observa una mayor concentración de la riqueza y con menos identificación sectorial por el carácter de conglomerados. Presentan una diversificación muy marcada, se encuentran insertos en el mercado global a través de operaciones financieras, muchos poseen altos niveles de deuda externa y presencia en el exterior a través de compra de empresas (Durand, 2017). La diferencia entre ambos se observa en aspectos no económicos. Los limeños establecidos surgen del vértice de la pirámide social, son de origen europeo y de Lima, se han instalado sólidamente en el mercado, la sociedad y la política. Manejan los resortes del poder a través de los vínculos políticos y la ocupación de cargos en los principales gremios, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y entidades empresariales como IPAE y la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Los grupos provincianos no surgieron de un capital heredado previamente, son emprendedores que provienen de las clases populares o de clase media baja, formados más recientemente y con menor peso social y político. Son observados por parte de los limeños con un conjunto de prejuicios racistas (Durand, 2017). El surgimiento de estos grupos rompió con la exclusividad de la que habían gozado hasta entonces los grupos limeños. Así, como hemos podido observar, las transformaciones neoliberales, las políticas de liberalización del mercado y las privatizaciones contribuyeron con el surgimiento de nuevos actores económicos.

En relación con los vínculos políticos, es difícil plantear una correlación con las fuerzas políticas, porque en general hay apoyos cruzados y a múltiples candidaturas, más aún en un país donde el modelo de acumulación neoliberal ha tenido como rasgo la continuidad. Pedro Pablo Kuczynski es una figura que proviene del mundo empresarial e hijo de inmigrantes europeos, con un perfil de éxito en el mundo internacional y una red de contactos con los centros de poder. Se trata de un empresario con estrechos vínculos con el mundo de negocios y el capital internacional.

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