Hemos recorrido las experiencias de presidentes empresarios y la conformación de los gabinetes ministeriales. En este capítulo nos preguntaremos cómo resultaron estas experiencias y los caminos trazados luego de dejar el poder. La acumulación política y el aprendizaje que experimentaron invitan a pensar escenarios de futuro con estrategias y dinámicas híbridas.

Las trasformaciones en los grupos de poder a partir de las reformas neoliberales y las formas del capitalismo trasnacionalizado y financiarizado del siglo XXI introdujeron modificaciones en la dinámica de la relación de las clases económicamente dominantes y las élites estatales. Por ello, independientemente de las experiencias concretas que analizamos, que fueron diversas en cuanto a las políticas de gobierno, es importante mirar más allá de los sujetos. La tentación de hallar novedades en los fenómenos que estudiamos siempre está presente, pero debemos tener la precaución de identificar las continuidades. Macri, Fox, Piñera, Cartes, Kuczynski… son la representación política de los sectores económicamente dominantes que se encuentran en disputa.

Tanto Macri en Argentina como Temer en Brasil produjeron un cambio sustantivo en materia económica y política respecto de los gobiernos progresistas que los antecedieron. En México, Fox continuó el modelo económico con sesgo neoliberal que se había iniciado desde la década de los ochenta. En Chile, Colombia, El Salvador y Perú, hubo continuidad del modelo económico neoliberal con desigualdades sociales cada vez más pronunciadas. En Paraguay, Cartes volvió a colocar el país en la senda neoliberal que había intentado trastocar el gobierno progresista de Lugo, y por el cual fue destituido mediante un golpe de Estado.

El desenlace de cada una de estas experiencias fue diverso. En Argentina, Mauricio Macri perdió la reelección frente al peronismo, una fuerza a la que había atacado durante todo su gobierno. Para mejorar su perfil, Macri intentó “repolitizar” su imagen e incluyó en la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto (una figura que provenía del histórico partido peronista). Pero no fue suficiente, y sus evidentes fracasos en materia económica lo llevaron a la derrota. En Brasil, Michel Temer terminó su mandato con un nivel de aprobación tan bajo que su candidato, Henrique Meirelles del PMDB, apenas alcanzó el séptimo lugar en las elecciones. En México la legislación no permite reelección, y aunque ganó la fuerza política de Fox, este no pudo imponer a su candidato en las internas y fue derrotado por Felipe Calderón, un hombre “de partido” que realizó una campaña política del estilo tradicional.

En Chile hay posibilidad de reelección, pero no de manera inmediata. En las elecciones internas donde se definía la sucesión de Piñera, fue derrotado el candidato del presidente, y, tras un proceso que tuvo varios tropiezos, Evelyn Matthei (UDI) se impuso para representar a ese espacio. Finalmente, la coalición perdió las elecciones generales frente a Bachelet, y Piñera regresó al poder años después. En Colombia, Álvaro Uribe ganó las dos veces en primera vuelta y pudo retener el poder en la relección presidencial, donde obtuvo más del 60 % de los votos, superando en casi 8 puntos el resultado que había obtenido la primera vez. Además, consolidó una fuerza de impronta propia que gravita la política colombiana; de hecho, el presidente Iván Duque (2018-actualidad) es un hombre de Uribe. En El Salvador, no hay reelección inmediata, y el candidato de ARENA que representaba la continuidad de Saca fue derrotado frente al FMLN. Así, se consumó una derrota histórica para una fuerza política que había gobernado desde 1989. En Paraguay no hay reelección y, aunque en las elecciones ganó el Partido Colorado, Cartes no pudo imponer un candidato para su sucesión en las internas. Quien se impuso fue Mario Abdo Benítez, una figura del partido que había prometido un gobierno de colorados, frente al hombre de Cartes, cuya imagen proyectaba la continuidad del perfil empresarial. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski renunció luego de recibir denuncias de corrupción y atravesar serias dificultades para gobernar en el marco de una parálisis parlamentaria promovida por la mayoría fujimorista que bloqueaba el Congreso. Tras su dimisión, asumió el vicepresidente Martín Vizcarra (por el período 2018-2021). Abrumados por el desenlace político, la fuerza Peruanos por el Kambio, que había optado por esas siglas referenciándose en su líder, se disolvió en 2019.

Pesos y contrapesos. Las disputas por el modelo

Argentina. Del gobierno de los CEO a la mesa de la política

Cerca de cumplirse el mandato de Mauricio Macri, el 11 de agosto de 2019 se realizaron las elecciones primarias abiertas y obligatorias que definían las candidaturas. Las encuestadoras sostenían que Macri perdía frente a Alberto Fernández, aunque con un margen muy estrecho que podía ser revertido en la segunda vuelta. Sin embargo, el panorama fue diferente. La fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández se impuso de manera holgada con la fuerza Frente de Todos sobre Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que se presentaron con Juntos por el Cambio.

La inclusión de una figura proveniente del peronismo como Pichetto era una novedad disruptiva respecto de la estrategia que había trazado Cambiemos durante su gobierno. Macri había configurado un discurso que bordeaba la antipolítica, sin llegar a ser tal, pero que instalaba como sentido de renovación; “un animal nuevo en el zoológico”, “un cambio cultural imprescindible” para terminar con la Argentina del populismo, del “atajo”, la “prebenda”, la “mentira” y el “fracaso”, sostenían en las altas esferas de gobierno (Canelo, 2019). Por ello, la convocatoria a un político histórico para la fórmula presidencial parecía ser una vuelta de timón. ¿Una reinvención de los empresarios?

Tras la derrota en las primarias, el desconcierto fue grande. Desde el peronismo, las expectativas de una victoria en las elecciones generales se incrementaron de manera exponencial. En el gobierno se vivió un clima que atravesó tres etapas, primero hubo enojo con la sociedad que no los había acompañado, luego desilusión y, por último, una búsqueda por recrear mística apelando a recursos de la política tradicional. En el tramo final de la campaña, Macri innovó y aplicó una estrategia que no había implementado en ninguna de las elecciones anteriores, desde aquella victoria electoral para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007, cuyo principal hacedor de campaña había sido Jaime Durán Barba. Y su libro, El arte de ganar. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas (2011), publicado en coautoría con Santiago Nieto, había cosechado gran cantidad de lecturas en el país. En 2019 Macri armó una campaña de impronta territorial que denominó “las plazas del ¡Sí se puede!” que complementó con su estrategia predilecta con base en las redes sociales. Pero todo ello no alcanzó y fue derrotado en primera vuelta; obtuvo 40,3 % de los votos frente a 48,2 % de Alberto Fernández.

El gobierno de Macri adoptó medidas que sentaron las bases para un ciclo de especulación financiera. Su modelo económico marcó un cambio notable respecto del ciclo de acumulación del período kirchnerista, y tuvo un sesgo en favor de los sectores del capital extranjero en sus diferentes manifestaciones, los grupos económicos locales y los grandes terratenientes (Manzanelli, González y Basualdo, 2017). Desde el comienzo tomó medidas tendientes a la liberalización, tales como: el levantamiento de las restricciones a la compra de dólares (el llamado “cepo”), la eliminación de las trabas a las importaciones, la reducción de aranceles a las exportaciones, la modificación en el tipo de cambio con el consecuente deterioro salarial y un proceso inflacionario, la reducción y luego quita del tiempo mínimo de permanencia de las inversiones, y la ampliación del tiempo disponible para liquidar las ventas al exterior (para luego eliminar la obligación de hacerlo). Estas políticas de liberalización se complementaron con la ley 27.249, mediante la cual se habilitó el pago de los llamados “fondos buitres”, y la ley 27.260, que promovió un masivo blanqueo de capitales (Schorr y Cantamutto, 2018). Todas estas medidas trazaron un camino con base en la financiarización y una regresión del sector industrial. El saldo fue un proceso de endeudamiento público y privado, con políticas que propiciaron la fuga de capitales. La contracara de este proceso fue el brutal deterioro salarial y una pérdida de posiciones del trabajo frente al capital. En este esquema, los grandes favorecidos fueron los bancos trasnacionales y las empresas extranjeras no industriales, y luego los grupos locales y los grandes terratenientes (Manzanelli, González y Basualdo, 2017).

En los primeros días, el gobierno quiso enviar un mensaje de eficiencia en la gestión pública. Atacaron al personal de las instituciones estatales con despidos y con el argumento de que contratarían a “las mejores personas para cada puesto” en reemplazo de los “ñoquis” o “militantes”, heredados del gobierno anterior. El primer ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay sostuvo: “Queremos un Estado que no le sobre la grasa de la militancia” y evitar el “derroche” en el Estado (La Nación, 13/06/2016). No obstante, el empleo público no se achicó, y, junto con los despidos, el gobierno realizó, “en paralelo, contrataciones para incorporar personal ‘propio’” (Astarita y De Piero, 2017). En 2018, acorralado por la crisis económica del país, Macri intentó enviar un mensaje político y redujo la cantidad de ministerios a la mitad, para “compactar” su equipo y “tener una agenda más focalizada” (La Nación, 3/09/2018), según sostuvo en declaraciones.

En materia de política internacional, se fomentaron los tratados de libre comercio y la participación en foros internacionales de negocios. Esta política de liberalización se cristalizó con el regreso al FMI en el año 2017. Al poco tiempo, Macri apuró acuerdos donde el Fondo otorgó el crédito más abultado de la historia a un solo país. La política de liberalizaciones generó un proceso de fuga constante, y estos desembolsos que se realizaron de manera gradual tenían como objetivo llegar de la mejor manera a la elección de 2019 para dar continuidad al modelo y evitar el regreso del peronismo (Zaiat, 2019).

La derrota electoral de Macri ocupó largos debates en variados medios periodísticos. A contrapelo de casi todos los pronósticos, el gobierno de los CEO pareció tener más aciertos en el plano político, donde logró arribar a mayorías en el Congreso y alcanzar acuerdos con gobernadores y sectores opositores, que en el económico. El modelo de especulación financiera fue tan desbocado que las medidas implementadas por el mismo gobierno entraban en colisión.

La audacia política de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner posibilitó la victoria de la oposición. Ubicar a la figura más gravitante de la política argentina en el cargo de la vicepresidencia ofrecía margen para armados políticos bien amplios, a la vez que retenía al electorado que simpatizaba con el kirchnerismo. Las diferencias en cuanto a la conformación del gabinete de Alberto Fernández fueron evidentes. La configuración de los elencos gubernamentales tuvo tres grandes ámbitos de legitimación: la política profesional, la academia y los científicos y el universo de los colectivos movilizados, principalmente en torno a movimientos socioterritoriales y a las causas de los colectivos feministas y de las diversidades (Vázquez y Longa, 2020).

Tras la derrota, el arco opositor en crisis se debate acerca de las estrategias de continuidad, donde lo más factible es que el espacio conducido por Macri busque fórmulas híbridas, entre el empresariado y la política, para intentar el regreso al poder.

Brasil. De los “notables” al “gran ejército” y el peso del poder judicial

El breve gobierno de Michel Temer terminó como había empezado. No tuvo legitimidad cuando llegó al poder, tampoco en el ejercicio de gobierno, menos en el final. Se retiró con el porcentaje de aprobación más bajo registrado desde el retorno de la democracia, y, según la encuestadora Datafolha el nivel de aprobación apenas llegó al 3% (junio de 2018). Por eso su candidato, Henrique Meirelles, quien había sido ministro de Hacienda, obtuvo el séptimo lugar en las elecciones generales de primera vuelta, con apenas el 1,2 % de los votos. A diferencia de la mayoría de los presidentes analizados, Temer no ocupó un lugar central en la escena política electoral. La falta de legitimidad y el desastre de su gobierno impidieron al PMDB ser protagonista en la contienda electoral. Peor aún, su gestión sirvió para abrir la puerta al excapitán del ejército Jair Bolsonaro.

Las elecciones generales se realizaron el domingo 7 de octubre de 2018. Con Lula da Silva en prisión, en un caso catalogado como de guerra jurídica o lawfare, la estrategia adoptada por el PT fue designar a Fernando Haddad (PT) como candidato a presidente y a Manuela Ávila (Partido Comunista do Brasil, 1962) como candidata a vice. La expectativa era que la intención de votos que tenía Lula pudiera ser transferida a Haddad. De la vereda de enfrente, se encontraba el excapitán Jair Bolsonaro, que desde 1988 se desempeñaba en la vida política como concejal en Río de Janeiro y diputado federal. El resultado fue un golpe muy duro para las fuerzas progresistas; Bolsonaro se impuso con el 46 % frente al 29,3 % que obtuvo el candidato del PT. En la segunda vuelta, se confirmó el escenario de victoria para Bolsonaro (55,1 % frente a 44,8 %). Brasil iba a tener un presidente reaccionario, defensor de la dictadura militar, racista, homofóbico, entre otras tantas caracterizaciones que podrían listarse.

El gobierno de Temer implementó políticas promercado, muchas de las cuales había prometido antes de asumir. La designación de Henrique Meirelles al frente de la cartera de Hacienda fue un claro mensaje para los grupos económicos, por tratarse de un hombre proveniente de la ortodoxia económica. Entre las medidas más importantes, se cuenta la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241/55), mediante la cual se congeló por veinte años la inversión en derechos fundamentales como educación, salud y vivienda. Para implementar esas políticas, utilizó el argumento de que el gasto público era la causa de la crisis económica heredada del gobierno anterior. Lo paradójico era que él mismo había sido parte de ese gobierno que ahora denostaba. La propuesta fue al Congreso y se aprobó en el Senado Federal.

También implementó la reforma laboral bajo la ley 13.467/17 (que modificaba la ley 5452/43 de Consolidação das Leis do Trabalho), con la cual se cambiaron, flexibilizaron y precarizaron los derechos laborales que estaban contemplados en el artículo 13: salario, vacaciones, adicional nocturno, licencias y salario mínimo. Asimismo, las nuevas disposiciones tendieron a la flexibilización mediante nuevas modalidades de contratación, trabajos temporales, contratos sin necesidad de intervención sindical, posibilidad de extender la jornada laboral sin pagar horas extras, disminución de los descansos, despidos colectivos sin obligatoriedad de la intervención sindical, entre otras tantas medidas. La política de austeridad y ajuste fiscal se sumó a las crisis que preexistían en el país, y hubo un aumento del desempleo y cierre de industrias.

En materia de política exterior, se produjo un giro significativo; como caracterizó el canciller José Serra, Brasil se distanció del llamado “eje bolivariano”. Por causa de la falta de legitimidad del gobierno, hubo una retracción de la política exterior y nadie quería la foto con un presidente de facto. Brasil no recibió nunca a autoridades de primera línea de las principales potencias, que veían en el origen de su gobierno nacido de un juicio político como cuestionable y de transición (Goldstein, 2019). Asimismo, varios de sus funcionarios recibieron denuncias en causas de corrupción.

La intervención militar de Río de Janeiro y el asesinato de la concejal feminista Marielle Franco, en condiciones que nunca se terminaron de esclarecer, pusieron de manifiesto el creciente autoritarismo y la militarización que se vivía en el país. Hacia el final del gobierno, Temer impulsó un decreto para la creación de una “fuerza de tareas de inteligencia” contra las organizaciones criminales mediante la cual reunía a todas las policías, a las tres fuerzas armadas y a los agentes civiles. Así, se ampliaba el poder militar en la policía y quedaba creado un organismo preparado para la represión a los movimientos sociales (Goldstein, 2019).

Uno de los interrogantes que más despertó la preocupación fue la vaguedad del concepto que aludía a “las organizaciones que atenten contra el Estado o sus instituciones”. ¿A qué organizaciones se refería? Según señaló el periodista Eric Nepomuceno, esta medida pareciera ser una especie de “preparación de terreno para el ultraderechista Jair Bolsonaro y su grupo de generales retirados, caso efectivamente lleguen al poder, puedan desatar una ola de control y represión contra lo que consideran una extemporánea ‘amenaza comunista’” (Página 12, 21/10/2018). En efecto, Temer implementó medidas clave que sentaron las bases para el gobierno de Bolsonaro: ajuste del Estado, reforma laboral, cambios en la política exterior, conformación de un Estado policial y, sobre todo, desarrollo de un clima de zozobra en la sociedad y desprestigio hacia la clase política.

Gracias a una estrategia de polarización, Bolsonaro consiguió aglutinar a todas las posiciones contrarias al PT. A pocos días de su triunfo electoral, Bolsonaro expresó su agradecimiento al “pueblo”, que formó un “gran ejército” de seguidores y lo había elegido pese a no contar con un partido fuerte frente a la “gran prensa que estuvo criticándo[lo]” (Ansa, 28/10/2018). En ese discurso, insistía en la impronta militarista de su gobierno. En Hacienda, Bolsonaro optó por un ministro que provenía de la ortodoxia neoliberal, Paulo Guedes. Este se formó en Estados Unidos en la Universidad de Chicago y es un típico Chicago boy. Al momento de iniciar el gobierno, un tercio del gabinete era de origen militar y más de cien cargos de segundo y tercer nivel jerárquico pertenecían a alguna de las fuerzas. Siete de los veinte ministros del gabinete eran de origen militar (cinco del Ejército y dos de la Aeronáutica) (Pirotta, 2019).

En Brasil el giro conservador se desarrolló en dos tiempos: el primero fue el gobierno de Temer, que “hundió” en el desprestigio a la clase política tradicional y sentó las bases para el segundo momento, que se inició con el gobierno de Bolsonaro.

México. Del consenso neoliberal al giro a la izquierda

El 2 de julio de 2006, se realizaron las elecciones nacionales donde se definía la sucesión de Fox. A diferencia de las de 2000, donde el presidente había obtenido un número considerable sobre el opositor candidato del PRI (más de 6 puntos porcentuales), estas elecciones fueron mucho más ajustadas. Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el triunfo del candidato del PAN, Felipe Calderón, apenas había alcanzado el margen de 0,6 % de diferencia, por sobre el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que participaba de los comicios con el Partido de la Revolución Democrática (PRD, 1989). Este virtual empate técnico (35,9 % contra 35,3 %) desembocó en un conflicto que puso en jaque al país por el carácter de las figuras contendientes. Calderón expresaba la continuidad del modelo, en tanto López Obrador representaba a la coalición de izquierdas que prometía un cambio de rumbo, con una campaña basada en el lema “Para el bien de todos, primero los pobres”,^[1] en momentos donde América Latina vivía el auge de los gobiernos progresistas. Las elecciones fueron muy reñidas y unas de las más cuestionadas de la historia mexicana. Tras conocerse los resultados del Tribunal, Calderón asumió el cargo presidencial el 1 de diciembre de 2006 en un país dividido, con una parte del pueblo mexicano que pensaba que el proceso electoral había sido arreglado (Emmerich, 2007). Y López Obrador, convencido de que había sido el verdadero ganador de la elección, lanzó un “movimiento de resistencia civil pacífica”, se proclamó simbólicamente “presidente legítimo” y formó un “gobierno a la sombra”.

Calderón provenía del PAN, pero no era el candidato de Fox. Había sido director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y luego secretario de Energía durante el gobierno foxista, pero en 2004 tuvo un enfrentamiento con el presidente, quien lo criticó por la temprana actividad política para lanzarse como candidato presidencial y lo expulsó del gobierno. En México no hay reelección, por ello el partido tuvo que resolver la candidatura y lo hizo mediante elecciones internas, donde compitieron tres exmiembros del gabinete de Fox: Felipe Calderón, Santiago Creel (exsecretario de Gobernación) y Alberto Cárdenas (Medio Ambiente). Las elecciones se polarizaron en torno a Calderón y Creel, este último era el hombre de Fox.

Calderón era un candidato del partido que respetaba los principios doctrinarios e ideales panistas. Su campaña se enfocó en los miembros partidistas y reivindicó la identidad partidaria, realizando una estrategia de campaña clásica centrada en el trabajo militante, que cuestionaba las técnicas de su contrincante (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007). Creel, en cambio, era el candidato de lo que algunos caracterizaron como “neopanistas liberales”, quienes se habían incorporado al partido en la década de los ochenta y poseían un perfil empresarial similar al de Fox. Su campaña se realizó bajo el lema “¡Yo elijo al mejor! Santiago Presidente” y tuvo una impronta profesionalizada, centrada en la imagen, los sondeos de opinión y la hiperutilización de la televisión (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007).

En cuanto a las políticas económicas, Fox continuó con el modelo neoliberal que se había iniciado en los años ochenta. Existe cierta coincidencia entre los análisis en caracterizar a su gestión como un gobierno deslucido y con limitaciones para llevar adelante las políticas que se había propuesto. La tan mentada reforma del Estado no se realizó y, si bien introdujo algunas políticas económicas y las reformas estructurales que pretendía, como la privatización energética y la flexibilización laboral, estas no llegaron a implementarse por falta de acuerdos políticos. La escasa integración del grupo de funcionarios y la ausencia de un liderazgo firme con capacidad de negociación (Reveles Vázquez, 2008) dificultaron las posibilidades de llevar adelante las políticas cuya dirección neoliberal era clara, pero con dificultades programáticas de implementación.

Los balances del gobierno de Fox oscilan entre señalar los límites del liderazgo presidencial y enfatizar en la falta de eficiencia política para manejar el Congreso, que derivó en una “parálisis legislativa” (Béjar, 2008). Fox fue el presidente de la alternancia, luego de años de hegemonía del PRI, pero también fue la primera presidencia en casi setenta años limitada por la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo (Cortez Salinas, 2008).

Víctor Lichtinger, el primer secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Fox, sostuvo: “Al gabinetazo le faltó un buen líder”, “[el presidente tenía] compromisos muy comprados. […] entró con compromisos que no lo dejaron cambiar las cosas […] los cambios que se hicieron fueron mínimos. Los verdaderos cambios no se lograron” (Dossier Político, 26/06/2005). En un sentido similar, un periodista mexicano entrevistado para esta investigación afirmó:

Fox no logra hacer lo que a él le hubiera encantado ser. Un soldado leal de los Estados Unidos. Se lo come la interna política, lo limita, lo condiciona la interna. No puede con todo esto. Desconcertó mucho a la propia clase política mexicana (Martín, 2018).

El proyecto de reformas estructurales se concretó varios años después, durante el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien implementó las medidas que había querido, pero no pudo lograr Vicente Fox. No casualmente Fox apoyó públicamente al candidato del PRI. Inclusive, ya siendo presidente, Peña Nieto eligió al Centro Fox para capacitar a funcionarios de cuatro secretarías de Estado (Economía, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario y Relaciones Exteriores), el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional del Agua, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Olmos, 2017). En los primeros dos años de gobierno, Peña Nieto realizó once reformas estructurales: de hacienda, financiera, energética, educativa, de telecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, laboral, de justicia penal, político-electoral y una nueva ley de amparo. Del conjunto de medidas estructurales, se destaca la energética en 2013, donde modificó los artículos 27 y 28 de la Constitución de 1917, atentando contra la política de soberanía de los recursos. En 2014 se promulgaron las leyes secundarias que reglamentaron esa modificación y abrieron el camino al capital privado, nacional y extranjero, en materia hidrocarburífera. Tras concluir su mandado, Peña Nieto se retiró con un nivel de aprobación muy bajo.

En 2018 ganó el candidato Andrés Manuel López Obrador con la fuerza MORENA, un partido de izquierda que llegaba al poder luego de una acumulación política de al menos 30 años. Su primer gabinete se caracterizó por la paridad de género, con trayectorias académicas de formación en universidades públicas, marcando una impronta distinta a la de sus antecesores.

La reinvención del neoliberalismo

Chile. “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”

Sebastián Piñera terminó su primer mandato en 2014. Y como la legislación chilena no contempla la reelección inmediata, hacia el final de su gobierno se inició un proceso de búsqueda de candidaturas para la sucesión. En 2012 había realizado una reforma electoral donde regulaba la inscripción electoral automática, fijaba el voto optativo y modificaba el sistema de elecciones primarias. Por ello, esta era la primera vez que se realizaban primarias abiertas, organizadas por el Servicio Electoral. Como ocurrió desde la transición democrática, las elecciones se dirimieron entre las dos fuerzas históricas.

La fuerza derechista Coalición por el Cambio presentó dos candidatos en la interna. El candidato de Piñera, Andrés Allamand Zavala, quien había sido su ministro de Defensa y también pertenecía a Renovación Nacional, perdió frente al hombre de la UDI, Pablo Longueira Montes, que representaba el ala más conservadora de la coalición. Esta derrota expresaba la dificultad de Piñera de imponer a un candidato propio en un gobierno que había sido muy deslucido. Pocos días después, esgrimiendo razones de depresión, el candidato se bajó de la contienda y la UDI logró instalar a Evelyn Matthei como candidata. Por su parte, la Concertación amplió el arco de apoyos, donde incluyó al Partido Comunista y a varios líderes que habían protagonizado las protestas durante el gobierno de Piñera, bajo el espacio que se denominó Nueva Mayoría. Y como Michel Bachelet se había retirado de su gobierno en 2010 con una alta popularidad, logró imponerse en sus internas.

Finalmente, la elección se riñó entre dos mujeres cuya historia remitía a la década de los años setenta: Bachelet, hija de un militar asesinado por la dictadura militar, y Matthei, hija de un militar colaborador de la dictadura. El resultado fue favorable para Bachelet, que se impuso en segunda vuelta por 62,2 % frente a 37,8 %.

Durante su primer gobierno, Piñera continuó con el proyecto económico neoliberal, potenciado por un discurso de cambio, modernización y el emprendedurismo individual como motor de la economía. Continuó con el modelo de crecimiento económico dependiente y rentista, que se instaló con la dictadura militar de 1973 y fue incapaz de constituir la base material para una genuina modernización económica con transformación productiva. El resultado de ese modelo fue la consolidación de un régimen de acumulación dependiente basado en tres tipos de rentismo: financiero, extractivista y comercial, cuya contracara fue el notable crecimiento de las desigualdades (Mayol y Ahumada, 2015).

Juan Andrés Fontaine, uno de los ministros de Economía del primer gobierno de Piñera, sostuvo: “En una economía de mercado […] la palanca de desarrollo principal es el emprendimiento” (en Mayol y Ahumada, 2015: 151). Y tras dejar su cargo, indicó: “Me voy satisfecho de haber puesto […] en Economía la agenda del emprendimiento” (La Nación, 28/10/2019). En 2013 el gobierno promulgó la Ley 20.659 de Empresas en un día, mediante la cual se simplificaba el trámite para la constitución de empresas y sociedades. Chile posee una masa de emprendedores, posiblemente la más grande de la historia del país; se otorgan créditos blandos, microcréditos o capitales semilla brindados por el Estado y, a pesar de ello, continúa carente de un proceso de transformación productiva. Según Alberto Mayol y José Miguel Ahumada (2015), la razón es sencilla: la innovación no es un acto individual, sino un fenómeno colectivo, el resultado de un extenso tejido de fuerzas productivas articuladas.

Entrevistado para esta investigación, un ministro que se desempeñó durante al gobierno de Piñera sostuvo acerca del modelo económico: “El gran cambio, el cambio rudo de la disminución del Estado, el desarrollo de las empresas privadas, el rol subsidiario, etc., es un proceso que ocurrió durante el gobierno militar” (Diego, 2018). En igual sentido, se expresó un alto funcionario de Piñera:

Todos siguen el mismo [modelo]. Desde 1984, 1985, desde la década de 1980 que vienen con el modelo exportador; y siguen un mismo camino, con distintas cosas pero siguen la misma política económica […]. Los ministros de Hacienda han sido siempre… Creo que son los ministros de hacienda de cualquier gobierno (Hugo, 2018).

Luego del gobierno de Bachelet (2014-2018), Piñera volvió a presentarse en las elecciones con la fuerza Chile Vamos, frente al candidato de Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. La elección se resolvió en segunda vuelta, donde Piñera se impuso con el 54,6 % de los votos frente al 45,4 % que obtuvo el candidato progresista. El esperado “antipiñerismo”, que suponía iba a reunir a todas las fuerzas contrarias al candidato derechista, no alcanzó para evitar su regreso.

La mayoría de los entrevistados y analistas coincidieron en que los dos gobiernos fueron diferentes en cuanto al reclutamiento de sus ministros y ministras. Si en el primer gabinete hubo un perfil más empresarial, el segundo fue más híbrido, donde reunió políticos y empresarios. Un ministro que se desempeñó durante el gobierno de la Concertación señaló:

En el primer gobierno de Piñera, él hizo una apuesta en la conformación de su primer gabinete trayendo a mucha gente desde el sector privado, que había ejercido altos cargos en diferentes empresas […]. En este segundo gobierno, si bien eso se sigue dando, hubo desde el comienzo el objetivo de no darle ese sesgo” (Matías, 2018).

Al respecto, otro alto funcionario que también se desempeñó durante la Concertación sostuvo:

Esa actitud de “Nosotros somos personas [a las que les] ha ido bien y ahora vamos a hacer que a todo el país le vaya bien” […] no necesariamente es verdad. Porque el Estado no es como el mundo de los negocios, tiene características en su gestión propia que son distintas (Pedro, 2018).

El modelo económico del segundo gobierno de Piñera continuó la misma senda que había trazado en el primero. Una de las medidas que confirmó esa tendencia fue la firma de los tratados de libre comercio con los países centrales. Además, en junio de 2019 Piñera lanzó la Agenda de Modernización del Estado, un programa de cincuenta medidas para transformar procesos del Estado, para hacerlos “más eficientes y fáciles para las personas”. “Es la forma de poner al Estado al servicio de las personas” (Prensa Presidencia, 25/07/2019), dijo Piñera en su alocución el día que presentaba el programa.

Sin embargo, las políticas anunciadas no tuvieron la acogida esperada en una sociedad hastiada de más de treinta años de neoliberalismo. El 14 de octubre de 2019, los y las estudiantes de las universidades se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago, en protesta por el aumento en el valor del transporte. A partir de allí, se radicalizó el movimiento de protesta y en apenas semanas diversos actores sociales postergados por el sistema se plegaron al conflicto. El 19 de ese mismo mes, Piñera habló a la TV rodeado de militares y anunció el Estado de emergencia y toque de queda: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie”. De la mano de su ministro de Interior y Seguridad Pública de Chile, Andrés Chadwick, un hombre que había participado de la dictadura de Pinochet, las calles se militarizaron y se abrió un escenario de represión y violencia que alcanzó grados extremos.^[2] El nivel de desconocimiento de lo que acontecía en la sociedad por parte de la élite política era tan grande que quedó sintetizado en el polémico audio privado de la primera dama, Cecilia Morel Montes, en el que expresó:

Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás (Perfil, 23/10/2019).

La frase que impulsó el movimiento social “No son treinta pesos, son treinta años” sintetizaba las consecuencias de treinta años de neoliberalismo y profundización de las desigualdades en materia económica, de educación, salud, vivienda y servicios sociales. El reclamo escaló de tal manera que Piñera debió impulsar la celebración de un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución Nacional que reemplazase la vigente, elaborada y aprobada durante la dictadura militar de 1980 (aunque tuvo modificaciones sustantivas durante la democracia). Al mismo tiempo, el 28 de octubre Piñera realizó modificaciones en su gabinete para dar un mensaje político: cambió a ocho ministros y ministras de las principales carteras, desplazando a las personas más cuestionadas y emblemáticas del modelo, como Andrés Chadwick (Interior), Cecilia Pérez (Seguridad) y Felipe Larraín (Hacienda). Intentó reemplazar a estas figuras conservadoras por una generación más joven y de imagen más moderada y dialoguista.

El Congreso Constituyente ha sido catalogado por muchos como un hecho histórico donde el oficialismo y la oposición acordaron el desarrollo de un plebiscito de consulta a la ciudadanía:

¿Quiere usted una nueva Constitución? (Apruebo/Rechazo). ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional: asamblea conformada en un 50 % por constituyentes elegidos directamente y 50 % por miembros del actual Congreso/Convención Constitucional: asamblea conformada por 100 % de constituyentes elegidos).

El plebiscito se celebró el día 25 de octubre de 2020 y arrojó el siguiente resultado: Apruebo, 78,2%; Rechazo, 21,7%; Convención Constitucional, 78,9%; Convención Mixta, 21%.

Colombia. De Uribe a Uribe

Álvaro Uribe en Colombia no solamente pudo reelegirse, también logró dejar una línea de sucesión. En un contexto de gran legitimidad de gobierno, en 2004 logró la aprobación de la reforma política que permitía la reelección inmediata. Las elecciones se celebraron en mayo de 2006 y tuvieron tres candidatos: Álvaro Uribe (Primero Colombia), Carlos Gaviria Díaz (Polo Democrático Alternativo) y Horacio Serpa (Partido Liberal). Uribe se impuso con 62,3 % frente a 22 % del candidato opositor, muy arriba de lo que había obtenido en el año 2002 cuando inició su primer mandato.

El gobierno de Uribe se enmarcó en un escenario que ya había trazado el gobierno anterior. Hacia fines de 1999, Andrés Pastrana (1998-2002) selló el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, denominado Plan Colombia. Ese documento definió los lineamientos de las políticas públicas que entraron en vigencia en 2000 y abarcaron todos los planos: militar, económico, político, institucional y social (Tokatlian, 2001). Además, Pastrana firmó el Acuerdo Extendido con el FMI para el período 1999 y 2002. A diferencia de las anteriores acordadas realizadas en contexto de crisis (como ocurrió en los años ochenta), este era un acuerdo extendido que tenía objetivos estructurales: ofrecía un aval a Colombia frente a los mercados financieros internacionales, a cambio de la adopción de unas reformas dirigidas principalmente al ajuste fiscal, la liberación de los flujos de capital y el fortalecimiento del sistema financiero (Giraldo, 2001). El acuerdo tenía dos aspectos: uno externo, relacionado con la intención de “tranquilizar” los mercados internacionales de capitales, y uno interno, relacionado con la aplicación de reformas de ajuste estructural destinadas a corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.

Uribe continuó con ese camino, implementando una agenda que tuvo ejes en la seguridad y la denuncia a la corrupción política. Centró su política en la “confianza inversionista” cuya esencia fue la profundización del neoliberalismo, fortaleciendo al capital financiero internacional, así como a las compañías transnacionales, en particular a las de explotación de los recursos naturales (Suárez Montoya, 2010). Uribe cerró más acuerdos con el FMI que implicaban el monitoreo constante de las políticas públicas por parte de los organismos multilaterales. Para tales fines, y con el pretexto del ajuste fiscal, en 2002 implementó la reforma laboral (Ley 789) que profundizó la flexibilización iniciada en 1993. Al mismo tiempo, firmó tratados de libre comercio, siempre con el argumento de satisfacer la denominada “confianza inversionista” con la cual los capitales llegarían al país (Suárez Montoya, 2010). En 2002 implementó la Ley 790 de renovación de la administración pública y facultades extraordinarias al presidente, mediante la cual se redujo la cantidad de ministerios con el supuesto objetivo de “modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional” y garantizar la “sostenibilidad financiera de la Nación”.

La economía continuó con un proceso de primarización y extranjerización, y los créditos internacionales otorgados no se tradujeron en el desarrollo de una economía productiva, sino que se destinaron a cubrir importaciones y el servicio de la deuda externa. La dependencia hacia los capitales extranjeros y la inversión directa se profundizó, en particular en minería e hidrocarburos, y las actividades productivas nacionales disminuyeron progresivamente. Al igual que en Argentina, Chile y Perú, Uribe impulsó un discurso orientado al emprendedurismo individual. Las variables sociales también empeoraron, creció la desocupación estructural, la informalidad laboral y se crearon más empleos precarios. Empeoraron los salarios y la pobreza e indigencia fueron otras de las características del modelo uribista (Suárez Montoya, 2010). Así, pese a que la economía tuvo algún crecimiento durante los dos mandatos, Colombia está entre los cinco países más desiguales de la región.

En materia de seguridad, Uribe tuvo una posición contraria a los procesos de paz y extendió un enfoque de políticas militarista para resolver el problema de la violencia política, prolongando la alianza con los Estados Unidos. A través de su ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, impulsó la política de la “seguridad democrática”, mediante la cual el Estado asumió un rol más agresivo frente los grupos armados y las guerrillas. En este marco, en 2008 estalló el conflicto sobre los casos “falsos positivos”, que involucraban a miembros del Ejército con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Esta estrategia buscaba engordar resultados por parte de las brigadas estatales en la lucha contra el conflicto armado.

Luego de que se frustraran las pretensiones de un tercer mandato presidencial, Uribe acompañó la candidatura de Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de su gobierno durante el período 2006-2009. Santos era un hombre que se había alejado del Partido Liberal en 2005 y en 2006 había creado el Partido Social de la Unidad, también conocido como Partido de la U, para apoyar a Uribe en su reelección. En las elecciones de 2010, Santos logró imponerse con una campaña donde daba continuidad a la política de seguridad democrática de Uribe. En la segunda vuelta, se enfrentó a Anatas Mockus (exalcalde de Bogotá) del Partido Verde, “una agrupación con posiciones neoliberales y pretensiones de centroizquierda” (Ansaldi y Giordano, 2012: 598). Finalmente, Santos se impuso con el 69,1 % de los votos frente al 27,5 % que obtuvo su oponente.

Al dejar el gobierno, en su discurso de despedida Uribe sostuvo:

Es[t]e equipo de colaboradores no fue una burocracia apelmazada, fue un equipo lleno de mística por Colombia. Prueba de ello es que casi todos los ministerios tienen hoy certificados de calidad. Antes se suponía que las certificaciones de calidad eran para el sector privado, que no estaban al alcance de las entidades del Estado. Hemos dado grandes pasos en esa materia, porque nos propusimos ser consecuentes con nuestra visión [de] que el Estado es la empresa privada más importante, porque es de propiedad de toda la comunidad y que por ende, es la que mejor administración requiere (El Espectador, 05/08/2010).

Santos fue presidente durante dos mandatos (2010-2014/2014-2018), pero apenas se hizo cargo del gobierno se acentuaron las diferencias con Uribe, en particular por la posición frente a las guerrillas. Mientras que Santos tenía una posición dialoguista y favorable a los acuerdos de paz, Uribe defendía la alternativa represiva. En 2013 Uribe creó el partido Centro Democrático con el slogan “Mano firme corazón grande” para disputarle la reelección a Santos con el candidato Iván Zuluaga. Sin embargo, Santos logró un segundo mandato. La posibilidad de Uribe de regresar al poder vino en 2018, con otro candidato, Iván Duque (2018-actualidad), quien se impuso en las elecciones de segunda vuelta con el 54 %, frente al candidato de izquierda Gustavo Petro de Colombia Humana (2011), que obtuvo el 41,8 %.

El Salvador. Entre ARENA y GANA y la continuidad de los empresarios

Elías Antonio Saca gobernó un solo un mandato. En El Salvador existe la reelección, pero esta no puede ser de manera inmediata, por tal motivo la candidatura dentro de ARENA se resolvió en una asamblea extraordinaria que ungió por aclamación a Rodrigo Ávila. En las elecciones de 2009, ganó el candidato de izquierda, Mauricio Funes del FMLN, que se impuso con un 51,3 % frente al 48,7 % del arenista Rodrigo Ávila. Con la victoria de Funes, era la primera vez desde la transición que se producía una alternancia en el Ejecutivo y ARENA debía dejar el poder. El impacto de la derrota fue tan duro que generó una crisis interna.

Varios meses después de las elecciones, Saca, que se desempeñaba como presidente honorario, fue expulsado del partido. Con base en una serie de denuncias y cuestionamientos por haber formado una fuerza política alternativa, Alfredo Cristiani, expresidente nacional y uno de los máximos dirigentes del partido, anunció la desvinculación de Saca: “Con esto lo único que buscamos es que ya dejen en paz a ARENA. Si ellos quieren hacer un partido político, perfecto, que lo hagan” (La prensa, 14/12/2009). Por su parte, en su defensa Saca declaró que ARENA pasaba por un momento crítico. Los cuestionamientos de la dirigencia arenista tenían rigor de verdad. Tras la derrota electoral, Saca había comenzado a conformar una nueva fuerza política que se denominó Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), cuya inscripción oficial se realizó a comienzos de 2010. En nombre de ese espacio político, Saca compitió en las elecciones de 2014, aunque fue derrotado frente al FMLN.

Los sucesivos triunfos electorales que había experimentado ARENA desde 1989 posibilitaron a la élite financiera, constituida por una nueva generación de empresarios formados en el extranjero, conservar el poder del Ejecutivo y legitimar políticamente la implementación del modelo neoliberal durante los veinte años que duró su hegemonía (Villacorta, 2011). Durante su gobierno, Saca profundizó el acercamiento hacia los Estados Unidos en materia de política exterior. Continuó con la línea liberal de una economía dolarizada, aunque introdujo una “agenda social” que buscaba apoyar a las familias más necesitadas y mejorar el desarrollo de las comunidades rurales mediante un esquema de ayudas directas. La recesión global de 2008 puso en evidencia las vulnerabilidades de una economía con crónicos problemas de ingresos y muy dependiente de Estados Unidos, y esa agenda social resultó insuficiente.

El gobierno de Saca denominó a su política económica como una “economía social del mercado”. No continuó con la privatización ni con los despidos masivos de funcionarios públicos de la administración anterior. Apoyó el TLC y trató de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, y además diseñó programas para combatir la pobreza (FOSALUD, Red Solidaria, Jóvenes, Microcrédito) e incluyó reformas tributarias que afectaron directamente a las élites tradicionales (Robles Rivera, 2017). Con una mirada orientada hacia la inserción en la economía internacional, Saca planteó tres ejes: “el fortalecimiento del sector financiero, la cercanía del mercado estadounidense y el aprovechamiento de la mano de obra barata para producir bienes de consumo para el mercado externo” (Villacorta, 2011).

El gobierno de Saca se caracterizó por dos factores, la sobreexposición mediática del presidente y la profundización de la crisis dentro de su partido. Carmen Villacorta (2011) sostiene que el millonario gasto en publicidad (gasto respecto del cual no se ha conocido con exactitud) puede ser leído como un intento de ocultar los signos de la crisis partidaria y el deterioro de un proyecto hegemónico que mostraba al país todavía más violento, más polarizado social y políticamente, más vulnerable económicamente y estancado en todos los aspectos relacionados con la consolidación de la democracia.

Como sostuvo un alto funcionario que se desempeñó durante la gestión del FMLN, el de Saca fue un gobierno donde “se reflejaron todas las contradicciones que venían dándose al interior de ARENA y al interior de las clases, de las elites económicas. De ahí viene la ruptura”, “es el único donde no hay claridad sobre qué es lo que quiere” (Orlando, 2018). Saca era un hombre que provenía del nuevo capital empresarial vinculado a los medios de comunicación, con una lógica y desempeño diferente a los históricos grupos enriquecidos de la agroexportación.

Sobre la crisis de ARENA, hubo diversas reflexiones: quienes sostuvieron que el partido había perdido identidad, y quienes responsabilizaron a Saca por haber concentrado el poder de manera inédita (poseía la presidencia nacional y además la del partido), de manera que generó condiciones nocivas que desnaturalizaron la histórica dinámica del ejercicio del poder desde la transición (Villacorta, 2011).

A juicio del mismo entrevistado que mencionábamos párrafos atrás, estos cambios políticos y la derrota de ARENA produjeron ciertas redefiniciones: “Las elites de ARENA estaban cómodas, influían y capturaban al Estado. Ellos ya estaban dentro del Estado. Pero con la llegada de la izquierda (en 2009) debieron replantearse todas sus estrategias para influir”, y ahora han encontrado un lugar crucial de influencia de élites, que es el poder judicial; “no controlan el ejecutivo, [entonces] van al judicial, que es lo que está pasando en muchos países de América Latina” (Orlando, 2018). En efecto, hay una diferencia notable entre las élites tradicionales, las de los años noventa y estos actores del siglo XXI. Las primeras eran más cohesionadas empresarial y políticamente frente a una posible victoria de la izquierda del FMLN y enlazadas en torno al sector bancario; sin embargo, las élites salvadoreñas, luego de las transformaciones ocurridas durante el gobierno del FMLN, están mayormente vinculadas a los sectores de servicios y al comercio, sin bases en el sector financiero y con un mercado más amplio que el nacional (Robles Rivera, 2017).

En las elecciones de 2019, GANA, la fuerza política que había creado Saca tras apartarse de ARENA, llevó como candidato a Nayib Bukele. Bukele es un ingeniero y empresario que había participado en política en ocasiones anteriores con la fuerza de izquierda del FMLN. En 2017, luego de recibir denuncias del tribunal de ética por expresiones violentas, se acentuaron las diferencias con el FMLN y fue expulsado del partido. Tras intentar sin éxito inscribir una fuerza propia, Bukele recaló en GANA y, el mismo día que cerraban las inscripciones para las internas, se afilió, se anotó en la contienda y logró ser el candidato presidencial. Para adaptarse al perfil del nuevo candidato presidencial que alumbraba posibilidades de éxito, GANA cambió los colores y se adaptó al nuevo escenario. Así, Bukele se impuso en la elección presidencial de 2019 y modificó el tablero político rompiendo con el bipartidismo de ARENA y el FMLN que existía desde 1989. En tanto, Saca continuaba en prisión, de igual manera que varios miembros de su gabinete, señalados por actos de corrupción o, cuando menos, acciones antiéticas (Cartagena, 2019). Saca se declaró culpable de los delitos de corrupción, aceptando que sus empresas de radio aumentaron ganancias exponencialmente gracias al mecanismo de lavado de dinero.

Paraguay. Del empresario al hombre del partido, pero siempre en el Partido Colorado

En Paraguay se dio algo similar a lo que sucedió en México. Si bien continuó la misma fuerza política, Horacio Cartes no pudo imponer su candidato para las elecciones presidenciales. Como en el país la reelección está prohibida por la Constitución, intentó motorizar una enmienda constitucional que habilitase la reelección. Esto disparó una gran conflictividad, que obligó a volver atrás con la medida. A sabiendas de que no había posibilidad legal de permanecer en la presidencia, ungió como candidato para disputar las internas coloradas a su ministro de Hacienda y hombre de la corriente Honor Colorado, Santiago Peña. Pero en esa elección fue derrotado por Mario Abdo Benítez, el hijo del secretario privado de Alfredo Stroessner, quien se presentó en nombre del movimiento Colorado Añetete. Como sostuvo una exministra del gobierno de Fernando Lugo, Añetete en guaraní es “lo auténtico” y significa “nosotros ‘los auténticos’ frente a los cartistas que [según ellos] no son colorados” (Ana, 2018).

Durante la campaña electoral, Mario Abdo Benítez se distanció del perfil de Cartes y de su candidato Santiago Peña. Y durante un acto con dirigentes colorados enfatizó:

Algunos me preguntan: “¿Vos vas a gobernar con colorados?”, y yo les digo: “¿Con quién voy a gobernar si no gobierno con colorados? ¿Con burócratas fríos que no conocen la realidad y el sufrimiento de nuestro pueblo? Claro que vamos a gobernar con los mejores colorados y con las mejores coloradas” (Última Hora, 26/03/2018; ABC, 27/03/2018).

En las elecciones generales, el Partido Colorado junto con Mario Abdo Benítez se impuso con el 46,4 % frente al 42,9 % que obtuvo Efraín Alegre de la fuerza Gran Alianza Nacional Renovada, una coalición que se formó en 2017 e incluyó al Partido Liberal y al Frente Guasú (2010) de Fernando Lugo, entre otras fuerzas. Como señaló un investigador paraguayo entrevistado para esta investigación, a diferencia de los anteriores comicios de 2008 y 2013, en los que triunfaron candidatos provenientes de fuera de la política tradicional, las últimas elecciones generales tuvieron como principales protagonistas a dos políticos de trayectoria (Carlos, 2018).

El gobierno de Horacio Cartes fue muy cuestionado por el Partido Colorado por la falta de presencia de miembros partidistas en el gabinete. La misma entrevistada que mencionamos más arriba sostuvo: “Lo que más le reclamaron a Cartes es que él no [era] colorado. Él es un empresario”, pero en Paraguay la cultura política es otra –añadió–. “Si yo soy colorada, hago un gobierno con colorados para los colorados” (Ana, 2018). Horacio Cartes fue un presidente empresario que gozaba de gran autonomía partidaria. El hecho de no haber realizado su carrera en las estructuras burocráticas del partido y de poseer una fortuna personal, con la cual garantizó su autonomía en la toma de definiciones, le permitió eludir compromisos con el resto de los actores (Soler y Torre, 2015).

Como recuerda un ministro de Cartes, en octubre del 2016 se realizó una convención en el Partido Colorado, y uno de los reclamos que se le cuestionaron fue que en el gabinete había ministros que tenían otra afiliación partidaria (Juan, 2018). A partir de ese evento, Santiago Peña, que provenía del Partido Liberal, se afilió al Partido Colorado y publicó los motivos de su afiliación en una carta titulada “Fútbol y política, pasión de multitud”.

En materia económica, si bien primó la continuidad del modelo, con base en los commodities, según señaló un alto funcionario paraguayo, a lo largo de la historia hubo ciertas transformaciones. En la década de los noventa, se produjo la formación de los commodities (soja y algodón) y el comercio de la reexportación (Paraguay importaba bienes suntuarios que eran revendidos a países como Brasil y, en menor medida, Argentina). Hacia el 2003, gracias a un proceso de tecnificación, se produjo el aumento de la producción de la soja y de los productos agropecuarios de la mano de una industrialización vinculada a esos productos. Así, la producción agrícola e industrial creció en detrimento de la reexportación y se incrementaron otros rubros, como los servicios financieros, de comunicación, gastronomía, motivados por el incremento productivo (Claudio, 2018). El mismo entrevistado enfatizó: “Independientemente de que un empresario sea o no presidente, en muchos aspectos, el Estado de Paraguay ya estaba capturado por el empresariado y por grandes intereses empresariales. Porque el Partido Colorado siempre fue afín a esa captura” (Claudio, 2018). Una de las claves para observar la captura del Estado es “en la cuestión impositiva”, donde Paraguay constituye uno de los países con menor presión tributaria de la región.

Cuando ganó las elecciones, Cartes declaró que iba a darle un “nuevo rumbo al país”; sin embargo, el modelo estuvo muy lejos de torcer el destino económico paraguayo. Continuó la senda del modelo neoliberal, hubo recortes en las funciones sociales del Estado y construyó una alianza con los grupos económicos locales y trasnacionales. En el plano externo, aunque no cortó relaciones con el bloque de países que conforman el Mercosur, se acercó a la Alianza del Pacífico y estrechó lazos con Colombia, México, Chile y Perú. En el plano interno, la constitución del bloque de poder se asentó en tres grandes líneas: la agudización de una estructura impositiva regresiva; la provisión de un marco legal para que las corporaciones económicas avancen sobre el Estado; y la habilitación reglamentaria para la intervención de las Fuerzas de Seguridad en los conflictos políticos internos (Soler y Torre, 2015).

Una de las políticas que benefició al empresariado fue la Ley 5102/13, conocida como la Ley de Alianzas Público-Privadas, creada con el argumento de fomentar el desarrollo, que garantiza al capital privado y transnacional la plataforma estatal para la optimización de tasas de ganancia (Soares, 2015). Asimismo, promulgó la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna (5.036/13), que habilitaba al Ejecutivo la utilización de las fuerzas militares en conflictos internos sin necesidad de autorización del Congreso, bajo el pretexto del “combate al terrorismo”.

Cartes continuó con el modelo agroganadero exportador, cuyos resultados negativos son conocidos, como la escasa capacidad de crear empleo, deforestación acelerada y deterioro de la agricultura familiar; pero genera las divisas que ofrecen capacidad de compra a los sectores más altos de la sociedad y permite movilizar al negocio financiero e inmobiliario (Rodríguez, 2016). En los últimos años, Paraguay creció de manera sostenida de la mano de los sectores más dinámicos de la economía, y las finanzas, los agronegocios, la construcción y la comunicación se aceleraron. Sin embargo, descendió el ingreso para la mayor parte de los quintiles poblacionales, cuya prosperidad decreció, y la precariedad aumentó. La pobreza no aumentó y en algún caso disminuyó tibiamente, pero, aunque la macroeconomía pareció marchar bien, las desigualdades sociales son persistentes (Rodríguez, 2016).

Perú. El consenso neoliberal

Pedro Pablo Kuczynski tuvo una salida del gobierno anticipada. Inmerso en una cantidad de denuncias de corrupción, el 21 de marzo de 2018 presentó su carta de renuncia al Congreso, la cual fue aprobada días después. Luego asumió el vicepresidente Martín Vizcarra por el período correspondiente hasta completar el mandato (2018-2021). En su carta de renuncia sostuvo: “He dado lo mejor de mí a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad” (Congreso de la República, 21/03/2018). Kuczynski había ganado las elecciones con un margen muy acotado, con un Congreso donde apenas tenía 18 congresales propios sobre 130 bancas, mientras que los fujimoristas de Fuerza Popular tenían 73. Las denuncias de corrupción en el marco de la causa de la constructora Odebrecht, el muy cuestionado indulto a Alberto Fujimori y los videos que hizo público el fujimorismo sobre aparentes intentos de compra de votos para evitar la destitución fueron los hechos que marcaron el fin del gobierno. La cronología de los sucesos que rodearon a esta renuncia es larga por la vertiginosidad y los vericuetos políticos y legales, y desbordan los intereses de este libro. Para ello, basta ver los principales periódicos que siguieron el tema.

En cuanto al gobierno de Kuczynski, un ministro que se desempeñó en las áreas de Interior y Seguridad durante el gobierno, entrevistado para esta investigación, sostuvo:

El gabinete tenía un muy buen nivel profesional y yo considero que había gente muy capaz, muy competente. Se le criticó y creo que en eso es cierto que faltaba mucha política, más que políticos, política. […]. Había una aversión a la discusión política. En el consejo de ministros no discutimos de política (Julio, 2018).

Otro ministro del gobierno, que fue muy importante en el armado del gabinete, afirmó en su balance que el hecho de provenir del mundo privado no fue el factor limitante de los ministros, sino que dependía de las capacidades de cada uno de adaptarse al “entorno”. Según el mismo entrevistado, el problema fundamental del gobierno tuvo que ver con cuestiones políticas porque “los fujimoristas no lo querían. […]. Entonces, tenías al mejor ministro, pero con un entorno de oposición mayoritaria lo bloquearon totalmente” (Patricio, 2018).

La presencia de empresarios y empresarias en el gabinete de Kuczynski generó grandes controversias. En particular, hubo fuertes debates en torno a la llamada “puerta giratoria” que, como señaló una periodista entrevistada, se hizo “demasiado giratoria” (Clara, 2018). Hubo situaciones muy notables de conflicto de interés: “Excongresistas, exministros, muchos de ellos se dedican a lobby en el sector privado y después vuelven. Porque, si se quedaran, ahí no pasaría nada, pero después vuelven al poder. Entonces ese es el problema” (Clara, 2018). Casi todos los ministros entrevistados relativizaron la cuestión de la puerta giratoria, porque a su entender existen restricciones que lo regulan y hay una lógica natural de retorno de los empresarios al mundo privado: “Creo que la oveja vuelve a su redil, digamos. Si eres un sindicalista, vas a regresar al sindicalismo” (Julio, 2018).

En cuanto al modelo económico, prácticamente todos los consultados sostuvieron que hubo una línea de continuidad con la década de los noventa. Desde entonces –sostienen– hay un consenso básico acerca del rumbo económico (que incluye el Tratado de Libre Comercio y la Alianza del Pacífico). Con ligeras variantes, como fue el caso del gobierno de Humala, que comenzó como un gobierno de izquierda y luego viró hacia un proyecto más conservador, existen ciertos acuerdos básicos que permanecieron durante los últimos treinta años. Un ministro del gobierno de Kuczynski afirmó: “Hay un consenso fuerte en el modelo”. “La sociedad está curada de los excesos populistas: inflación, déficit fiscal, desequilibrio” (Jorge, 2018). “Te pongo un ejemplo de hasta dónde hay un consenso sobre el modelo. El hombre de economía de Keiko era Elmer [Cuba], que es de la misma consultora de donde salieron los funcionarios de Kuczynski” (Jorge, 2018).

Durante su gobierno hubo continuidad del modelo económico. Uno de los objetivos que se había propuesto en el marco de la campaña fue reactivar la economía y alcanzar un crecimiento que aspiraba superar al de 2016. Pero sus proyecciones se vieron truncas por motivos varios: una baja inversión pública, el impacto de El Niño costero (2017) (un fenómeno climático que trajo lluvias y aluviones en la zona de la costa), los escándalos de corrupción del caso Lava Jato y la falta de inversión. Si bien hubo un tímido crecimiento del empleo, la tasa de formalidad laboral volvió a caer. Continuó con el modelo económico basado en la producción de materias primas, esencialmente en el rubro minero, que es uno de los sectores de exportación que mayores divisas ingresa al país: aporta cerca del 50 % de las divisas y constituye alrededor de un 11 % de la estructura del PBI. La informalidad laboral es otro de los factores que azota Perú y se mantiene cercano al 70 %, según las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI); el de la población urbana supera al 55 % y es uno de los números más altos de la región.

Tras la renuncia de Kuczynski, asumió Martín Vizarra, un ingeniero civil, con trayectoria en el mundo empresarial y un desempeño político reconocido desde 2006 en el departamento de Moquegua. Durante su gobierno el enfrentamiento con la mayoría fujimorista en el Congreso continuó. Por ello, el 30 de septiembre de 2019, mediante un decreto que está contemplado en la Constitución Nacional (artículo n.° 134), disolvió el Congreso, con el argumento de que la mayoría parlamentaria estaba produciendo una obstaculización política, y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Ciertos sectores del Congreso buscaron bloquear esta medida declarando suspendida la presidencia de Vizcarra y nombrando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina; sin embargo, esta última renunció al cargo al día siguiente, y el artilugio de los congresistas quedó en un hecho aislado. Según un informe que publicó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, el 84 % de la ciudadanía respaldó la disolución constitucional del Congreso, frente a un 8 % que estuvo en desacuerdo (La República, 06/10/2019).

Anexos del capítulo

Gráfico 19. Duración en el cargo de ministras y ministros (381 casos)

	Argen­tina	Brasil	Chile	Colom­bia	El Salvador	México	Para­guay	Perú
Hasta 11 meses	10,8 %	56,1 %	26,1 %	16,3 %	5,3 %	8,1 %	14,9 %	68,9 %
12 a 23 meses	29,7 %	18,2 %	55,1 %	25,6 %	15,8 %	29,7 %	10,6 %	31,1 %
24 a 35 meses	37,8 %	25,8 %	18,6 %	18,6 %	26,3 %	18,9 %	25,5 %	0,0 %
36 o más	21,6 %	0,0 %	1,6 %	39,5 %	52,6 %	43,2 %	48,9 %	0.0 %
Prome­dio (en meses)	28	14	19	29	35	36	37	9

Fuente: OBLAT.

Perú y Brasil son los dos casos donde se observa mayor rotación de ministras y ministros, en coincidencia con el descrédito y los cuestionamientos que atravesaron los gobiernos por motivos políticos, asuntos de corrupción y situaciones de conflicto de interés. Detrás de estos dos países, se encuentra Chile. En El Salvador y Paraguay, se observa mayor permanencia de ministras y ministros en sus cargos. Este dato coincide con la continuidad de sendos partidos políticos en el Estado. ARENA gobernó de manera ininterrumpida desde 1989 y el Partido Colorado también estuvo desde 1989, aunque con el impasse del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) y Federico Franco (2012-2013). Esta continuidad en el gobierno y el conocimiento de la dinámica de las esferas estatales brindaron condiciones más favorables para la estabilidad de las élites. Luego se encuentra el caso de México, donde también hubo estabilidad. A diferencia de El Salvador y Paraguay, donde continuó la misma fuerza, en el caso de Fox hubo un cambio de color político. Pero, como en México había gobernado durante más de setenta años el PRI, el presidente optó por la conformación de un gobierno de transición, en el que contó con figuras que provenían de esa fuerza política, más la incorporación de sus propias personas de confianza y de su partido PAN. Argentina y Colombia se encuentran en un nivel medio en términos comparativos.

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