César Caamaño

En este capítulo trazaremos un rápido recorrido sobre la situación de las clases medias del conurbano bonaerense, en especial de las juventudes, con relación al mercado de trabajo en las primeras dos décadas del presente siglo, tomando como base el trabajo que presentamos en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la SAAP en noviembre de 2007, “Clases medias e inclusión social en el conurbano bonaerense a comienzos del siglo xxi”, el cual fue una suerte de síntesis del tema central de la tesis presentada para la maestría en Política Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a comienzos de 2006.

El rango etario tomado principalmente es el comprendido entre los 18 y 24 años, coincidente con gran parte de la población estudiantil universitaria. En líneas generales, y sin llegar a realizar un estudio profundo sobre la problemática planteada, pero continuando con lo sostenido en dicha tesis, repasamos lo sucedido con el mercado de trabajo durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, centrándonos en este último y las secuelas dejadas por el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO). En consecuencia, el primer ingreso al mercado de trabajo, como la permanencia y estabilidad laboral o la posibilidad de cambiar de empleo para la población objeto de estudio, son tratados en este artículo, interrogándonos sobre los efectos causados por la crisis internacional de 2008, por el cambio de orientación política de 2015 y por la pandemia del covid-19. Al tomar como punto de partida las transformaciones del mercado de trabajo en los años noventa y las fragmentaciones producidas en el seno de los sectores medios urbanos, podemos observar si la situación de las y los jóvenes de dichos sectores se ha modificado, o no, en esta última década y media, además de ver cómo, y de qué manera, influyeron las políticas implementadas por los diferentes gobiernos.

Las clases medias

Conceptos como el de “vulnerabilidad”, “ciudadanía”, “justicia social”, “igualdad”, “capital cultural” y “política social”, además de “juventudes” y “participación”, constituyen gran parte del marco conceptual sobre el que nos basamos para la realización de este estudio. Entendemos como “vulnerabilidad” aquel estado o zona de riesgo en que se encuentra un individuo, un hogar o un colectivo frente a determinada situación o problemática, produciéndose un desajuste entre la estructura de oportunidades brindadas por el medio y las capacidades o condiciones de los hogares para poder acceder a aquellas (Kaztman, 1999). Por su parte, pensamos a la ciudadanía como una identidad, esto es, la percepción de igualdad de todos los individuos, más allá de su condición o situación social, como miembros activos de una misma comunidad; de todos modos, y reconociendo las diferencias existentes entre los diferentes sectores sociales, adscribimos a las figuras de la ciudadanía señaladas por Svampa (2005): patrimonialista, del consumidor y asistencial-participativa. En relación con las ideas de igualdad y justicia social, nos basamos en lo que sostiene Dubet (2011) respecto a la igualdad de posiciones o lugares y la igualdad de oportunidades, en la búsqueda de reducir la tensión existente entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna. A su vez, adoptamos el concepto de “capital cultural” de Bourdieu (2012), resaltando el alcance que tienen los individuos sobre los bienes culturales, su incorporación y su reconocimiento por la sociedad; capital que se manifiesta de tres formas: como capital cultural incorporado (capital simbólico), capital objetivado (capital material) y capital institucionalizado (títulos). Por último, consideramos la política social como “constructora de ciudadanía” y no solamente como una política “contra la pobreza”, englobando al conjunto de las relaciones sociales: todo aquel miembro de una sociedad debe ser sujeto y objeto de la política social.

Entrando en el objeto del presente estudio, cabe preguntarse qué entendemos por “clases medias”. Sin profundizar en las conceptualizaciones clásicas sobre clases sociales, como son las de Marx, Weber o Thompson, podemos mencionar a Cavalli (2008), quien identifica a una clase social no solo por las características que les son comunes a sus miembros, sino también por el manifiesto de un sentimiento de comunidad y solidaridad entre ellos, compartiendo un destino común y una misma visión sobre la sociedad, reconociéndose como “iguales” y considerando como “distintos” a los que no pertenecen a ella. Hacia la misma dirección apunta Dubet (2013) cuando plantea que toda clase construye su propia identidad, su pertenencia y su propia cultura de clase, creando ciertas especies de “barreras” que distinguen el “ellos” del “nosotros”. Y aquí podemos incluir a Bourdieu (2011), cuando señala que la condición de clase se define a partir de “categorías de posesión y desposesión de bienes”, siendo la posición de clase aquella situación que hace referencia a la “posesión relativa de los bienes”, asociándola a una relación de “dominación-dependencia” y a la noción de “espacio social”.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones sobre las clases sociales, podemos coincidir con Bourdieu (2011; 2012) cuando resalta que el concepto de “clases medias” también “es una construcción teórica basada en la existencia objetiva de diferencias y diferenciaciones que a su vez se expresan en disposiciones o habitus igualmente diversos”; las clases existen en estado virtual, como algo que se trata de construir, y esto es lo que podemos decir sobre las clases medias. A diferencia de la concepción marxista de clase, lo que distingue a estos sectores sociales es su gran heterogeneidad, de ahí el “plural” al hacer referencia a ellas. Como sostiene Dubet (2013: 63), “cuanto más se extiende la galaxia media, más dificultoso resulta definir ese continente central que engloba todo salvo los extremos de los extremos”. En efecto, el sociólogo francés resalta que, cuando los individuos se definen por su trabajo, piensan en términos “clasistas”, pero, al hacerlo por sus consumos y participación en la vida social y política, se autopiensan como clases medias, llegando a la conclusión de que las clases medias son las que consideran que gozan de un nivel de vida “normal” (Dubet, 2013: 64).

Es común señalar que todos aquellos individuos que no son “ni ricos ni pobres” constituyen las clases medias, lo que implica considerar en términos simbólicos, culturales y anticoyunturales a un elevado porcentaje de la población; por supuesto que esta definición no se ajusta a algo estricto, sino más bien a las autopercepciones de las personas, a su propia identificación como miembros de los estratos medios de la sociedad: el ingreso y el modo de vida, en especial el nivel de consumo, como las calificaciones y los títulos profesionales, constituyen la “carta de presentación” como “clase media”, dejando de lado, incluso, al elemento trabajo en esta consideración –o, al menos, considerándolo como un factor secundario, más allá de que sea el “trabajo” el que garantice los “ingresos” y el “nivel de vida”–.

Las clases medias, por consiguiente, no conforman un conglomerado homogéneo; al contrario, habitualmente presentan diferencias según su capital económico y cultural, siendo su característica central su gran heterogeneidad. Esto nos da indicio de una total falta de identificación de clase, tanto como clase en sí y clase para sí, parafraseando a Marx, debido a su diversidad de intereses y anhelos, pero no respecto a su autopercepción como parte integrante de una sociedad: “ni pobres ni ricos”, esa es una definición por demás “simplista” de quienes se consideran clases medias. De todos modos, y coincidiendo con una clasificación funcionalista, los propios miembros de estos sectores se diferencian en tres niveles: clase media alta, clase media-media o “tradicional” (la de mayor envergadura), y clase media baja; estas últimas dos categorías se perciben, asimismo, como clase trabajadora, considerándose los miembros de la clase media baja más cercanos a la categoría de “pobre” que de “clase media”, especialmente las y los jóvenes^[1].

Esto no significa que las clases medias no tengan pautas comunes de comportamiento que les permitan contar con un grado ostensible de unidad cultural y social: el anhelo de lograr su progreso personal (movilidad social ascendente), una fuerte apuesta por la educación y una definida orientación hacia el consumo constituyen rasgos típicos que nos permiten hablar de cierto nivel de cohesión a su interior. Cohesión entendida no como conciencia de pertenencia a una clase social determinada, sino en el sentido de conductas y procederes claramente identificables y que recorren todo el entramado de dichos sectores; lo distintivo de ellas pasa por su “identidad simbólica”.

Siguiendo a Minujín y Anguita (2004), en nuestro país las clases medias se caracterizan por dos rasgos centrales: su cultura y su expansión estrechamente ligada al desarrollo del Estado. Svampa (2005) coincide con esta apreciación: las clases medias urbanas “educadas, dinámicas y modernizadoras y, en gran medida, de origen inmigrante” constituyen el prototipo de un modelo argentino basado en dos componentes centrales: progreso y movilidad social ascendente, además de manifestar cierta homogeneidad racial y cultural. De esta manera, se va consolidando una clase media de servicios ligada al Estado a través del empleo público y a los servicios sociales públicos y privados, principalmente, los relacionados con la educación y la salud, siendo un agente significativo de la vida social. Esta categorización de la clase media es la que tomamos como base para nuestro estudio, sin desconocer los sectores relacionados con el comercio, los oficios u otras actividades típicas de las llamadas “profesiones liberales”, más allá de la salud, la educación y el empleo público. Y comprendiendo de este modo a las clases medias urbanas, pensamos a las juventudes de dichos sectores, poniendo nuestra óptica en el conurbano bonaerense.

Y como en aquella oportunidad quisimos analizar la fragmentación de las clases medias urbanas fruto de las políticas neoliberales implementadas en los años noventa, y su impacto en el mercado de trabajo para sus estratos juveniles, consideramos atinado centrarnos en la dicotomía inclusión-exclusión social para profundizar en la idea de fragmentación y constatar cuán significativo fue, o no, el proceso de empobrecimiento de las clases medias, constituyendo la llamada “nueva pobreza”. Cuestiones que hoy vuelven a florecer, esencialmente a partir del intento de retorno de políticas de corte neoliberal en la segunda mitad de la década pasada –y que parecen renovarse con el triunfo de La Libertad Avanza a finales de 2023– y del agravamiento de la crisis económica producto de la pandemia del covid-19.

A comienzos de este siglo, planteábamos que los altos índices de desempleo, la regresión en la distribución del ingreso, la exclusión de un novedoso e importante sector de la población de los beneficios del gasto social, entre otros factores, habían llevado a que la pobreza en Argentina creciera a niveles insospechados décadas atrás, arrastrando a sectores que tradicionalmente se encontraban dentro de los grupos considerados no pobres. Esto trajo graves consecuencias para el conjunto del entramado social, ya que, sumados a problemas propios del subdesarrollo –pobreza, analfabetismo, alta mortalidad–, el flagelo del desempleo asociado con la ausencia de mecanismos compensadores de la falta de ingresos –rasgos centrales del proceso de modernización de finales del siglo xx– provocó nuevos problemas como la violencia, la anomia y la desintegración social (Caamaño, 2007). Casi veinte años después, podemos observar que dichos problemas dejaron de ser “nuevos” para pasar a ser algo recurrente y cotidiano. El final de la “sociedad salarial” –fruto de la crisis del Estado de bienestar– sigue replicándose, e incrementándose, en la actualidad, conduciendo a la vulnerabilidad e, incluso, a la exclusión social a vastos sectores de la población: los llamados “nuevos pobres” (las clases medias empobrecidas) y las y los jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan.

Cuando analizamos la fragmentación de los sectores medios urbanos, hicimos hincapié en la fórmula “incluidos-vulnerables-excluidos” y en el universo de ganadores y perdedores dentro de los sectores medios que nos depararon las políticas de los años noventa, analizando tres localidades del conurbano bonaerense que, a nuestro juicio, reflejaban –y entendemos que aún reflejan– las distintas realidades en que se ven inmersos dichos sectores. La localidad de La Tablada en el Partido de La Matanza como reflejo de la irrupción de la nueva pobreza, la cabecera del Partido de Lomas de Zamora como paradigma de aquellos grupos que mantenían su estatus, pero se sentían vulnerables a los vaivenes económicos, y la cabecera del Partido de Vicente López como representante de los grupos de clase media que habían logrado obtener beneficios con el modelo neoliberal constituyeron adecuados parámetros para comprender el estado de las capas medias de la sociedad a comienzos del presente siglo. Esta selección, además de permitirnos tener un panorama lo más aproximado posible de una realidad que ha golpeado, y golpea, a todo el conjunto de los estratos medios urbanos, induce a la constitución de una visión distinta de la evolución histórica de la política económica y social de nuestro país.

En tal sentido, focalizar nuestra atención en una localidad como La Tablada –y, junto a ella, localidades vecinas como Aldo Bonzi, Ciudad Madero o Tapiales– nos permitiría pensar en proyectos de políticas concretas en áreas relacionadas con el mercado de trabajo y la inclusión ciudadana; analizar la cabecera de Lomas de Zamora –centro de Lomas junto a las partes céntricas de Banfield y Temperley– nos dejaría entrever qué recaudos deberían tomarse para evitar que el peligro de la vulnerabilidad llevase a una total desintegración de la llamada “clase media tradicional”; y, por último, conocer la idiosincrasia de la población de la cabecera de Vicente López nos ayudaría a entender los valores socioculturales impregnados por el modelo neoliberal que han contribuido a corroer los cimientos de la clase media argentina. Observando los objetivos y las metas que nos propusimos a comienzos de siglo, podemos apreciar que estos siguen vigentes, más allá de mejoras o cambios –no solo económicos y sociales, sino también urbanísticos– que pudieron acontecer en estas últimas dos décadas. La realidad actual de La Tablada y sus alrededores nos sigue generando material como para pensar políticas de trabajo e inclusión social destinadas a los sectores bajos de las clases medias urbanas; lo que sucede con el centro de Banfield, Temperley y Lomas de Zamora –estamos hablando de unas 10 a 15 cuadras partiendo de las vías del Ferrocarril Roca, tanto del sector este como del oeste– nos permite, en cierto modo, seguir pensando en el peligro de la vulnerabilidad de buena parte de las clases medias tradicionales, a pesar del crecimiento urbano y edilicio de la zona; mientras que recorrer las calles de Vicente López nos posibilita comprender aún más los reclamos por políticas “noventosas” y el apoyo a candidatos como Javier Milei (aunque este apoyo recorre a todos los fragmentos de las clases medias urbanas).

El mercado de trabajo entre la convertibilidad y la pandemia

Repasando un poco lo acontecido con el mercado de trabajo durante los años de la convertibilidad, desde 1991 hasta comienzos de 2002, Lo Vuolo (2003: 144-145) nos sintetiza sus características más sobresalientes: estampida de la desocupación (de 700 mil personas desocupadas con el inicio de la convertibilidad se pasó a 2,5 millones una década después) y del desempleo oculto (aquellos individuos que dejan de buscar trabajo por desesperanza, no siendo considerados como población económicamente activa [PEA]); subocupación horaria; reducción de la “ocupación plena” (47 % de la PEA total en 2001); crecimiento marcado de la “brecha de empleo”, esto es, de la diferencia entre la PEA (corregida por desempleo oculto) y la ocupación plena del sector formal (del 40 % en 1991 al 53 % en 2001); mayor impacto de los problemas de empleo a medida que se desciende en la escala de ingresos, dicho en otros términos, mayor impacto en los trabajadores menos calificados.

Para Lo Vuolo, claramente las regulaciones laborales de los años noventa (basadas en las políticas de flexibilización laboral) constituyeron parte importante de la explicación de la creciente vulnerabilidad social de las personas y de los hogares, siendo las causantes del aumento de la precariedad laboral, de la erosión del financiamiento de los seguros sociales, de la mayor rotación del empleo, de la caída e inestabilidad de los ingresos provenientes del trabajo y del aumento del empleo “no registrado”. Lo anterior trajo aparejados efectos negativos en el comportamiento de los ingresos, ya que estos se vieron fuertemente deteriorados e inestables, principalmente en los sectores más vulnerables, producto de la precariedad e inestabilidad ocupacional (Lo Vuolo, 2003: 149). En tal sentido, el propio Lo Vuolo nos alertaba a comienzos de siglo que la relación

entre pobreza y mercado de empleo se entrelaza en un círculo vicioso […] las personas son pobres porque no acceden a un empleo adecuadamente remunerado, sino que también […] la pobreza les impide acceder y mucho menos elegir su relación de empleo (Lo Vuolo, 2003: 151).

Complementando este panorama, y siguiendo a Agustín Salvia (2004), terminado el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, más de 10 millones de personas (aproximadamente el 70 % de la PEA total del país) padecían problemas de empleo, ya sea desocupación, trabajo indigente, precariedad laboral, subempleo o insatisfacción laboral; lo que, sumado a la heterogeneidad y debilidad del mercado de trabajo (la mitad de la fuerza de trabajo está dentro de la informalidad laboral), da cuenta del estado en que se encontraba la mayoría de la población argentina a comienzos del siglo xxi. Paradójicamente, y luego de dos décadas y diferentes estilos y gestiones de gobierno, nos encontramos aún con un sistema productivo con fuertes desigualdades estructurales, en el cual tanto el desempleo como el subempleo se han convertido en un déficit estructural, mientras que el mercado de trabajo se ve afectado por una fuerte y creciente segmentación de las oportunidades de empleo en términos de calidad y remuneración (agravándose tal situación con la depresión de la mayoría de las economías regionales y la falta de iniciativas de desarrollo local). A este panorama debemos sumarle que el trabajo asalariado sigue siendo un valor cultural de suma importancia para la inmensa mayoría de los argentinos, tanto para los sectores populares, como para los estratos medios de la sociedad.

Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo (2022) reconocen al quinquenio 2003-2007 como el período de mayor expansión del producto por habitante de la historia argentina, a partir de la conjunción de una serie de factores endógenos y exógenos que permitieron, a su vez, un notable mejoramiento en todos los indicadores ocupacionales, destacándose un fuerte descenso de la tasa de desempleo y un considerable incremento del porcentaje de la PEA con empleo de pleno derecho. Pero dicho crecimiento fue decayendo, principalmente, a partir de 2013, con estancamientos tanto del PBI como del trabajo privado asalariado y de la población con pleno empleo. Verónica Maceira (2021) y Agustín Salvia (2015) concuerdan con tales apreciaciones trazando un panorama del mercado laboral entre 2004 y 2012 que nos permite constatar los efectos tardíos de la crisis internacional de 2008. A diferencia de lo sucedido tras las crisis capitalistas de 1889 y 1929, que repercutieron rápida y drásticamente sobre nuestra economía, en esta oportunidad se hizo sentir tiempo después, una vez transcurrida la etapa “dorada” del periodo kirchnerista, principalmente, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández.

Maceira observa en los dos primeros gobiernos kirchneristas (Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández) un cambio sostenido en la estratificación interna de los hogares trabajadores: reducción de hogares encabezados por trabajadores desocupados de larga duración y beneficiarios de programas de empleo; disminución de la clase trabajadora informal, tanto asalariada como autónoma, excepto en el servicio doméstico; crecimiento del trabajo formal, en especial los que requieren calificaciones medias y bajas; aumento de trabajadores de cuello blanco y, en menor medida, de trabajadores manuales de distintos niveles de calificación; aumento cercano al 5 % de hogares encabezados por trabajadores ocupados, entre otros cambios significativos. Por su parte, Salvia compara los datos de cuatro años de acuerdo con lo trabajado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) para los períodos 2004-2009 y 2010-2014, señalando lo sucedido con el empleo y la protección social, destacándose el crecimiento del empleo y la caída del desempleo entre los años 2004 y 2012 y la fuerte presencia del trabajo informal, constatándose una media del 50 % de las y los trabajadores que no cuentan con seguridad social (si comparamos entre 2004 y 2012, hubo una disminución de cinco puntos porcentuales, pero una suba de más de dos puntos después de la crisis de 2008):

Cuadro 1. Características del mercado laboral en Argentina.
Total urbano 2004-2012 (en %)

	2004	2007	2010	2012
Empleo total	83,30	89,60	88,80	91,60
Empleo pleno	30,10	46,80	44,50	45,00
Empleo precario	38,10	32,10	35,30	35,30
Desempleo	16,70	10,40	11,20	8,40
Trabajadores sin seguridad social	54,40	47,00	47,20	49,40

Fuente: elaboración propia con base en Salvia (2015: 209).

Un rasgo central del mercado laboral en Argentina lo constituye su heterogeneidad estructural, aspecto remarcado por la mayoría de los especialistas en la materia. Como el caso de Santiago Poy (2019), quien describe la participación de los hogares y las políticas sociales durante los años kirchneristas, destacando la segmentación del mercado de trabajo, la marginalidad económica y una marcada desigualdad sociolaboral que afecta la capacidad de reproducción de los hogares: si bien existen hogares que participan de los sectores dinámicos y regulados de la economía, una gran mayoría participa en ocupaciones sin protección laboral y con ingresos insuficientes. Esta heterogeneidad nos ayuda a comprender los procesos empobrecedores fruto de las políticas de corte liberal implementadas desde mediados de los años setenta, debido a los cuales no solo los pobres son más pobres, sino también vastos sectores de los estratos medios de la población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) llevada a cabo por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC), en el bienio 2014-2015 los mercados de trabajo urbanos en Argentina presentaron una tasa de participación general del 68 %, con una desocupación abierta del 7 %. Si bien estas tasas generales no reflejan las heterogeneidades y desigualdades existentes, tanto en el sistema productivo como en los diferentes mercados laborales de todo el territorio nacional, pueden señalarse algunas particularidades si las desagregamos por género, franja etaria o nivel educativo alcanzado. Si nos atenemos a las diferencias por género, podemos observar la pronunciada brecha entre varones y mujeres: mientras que la participación laboral de los primeros fue del 81 %, la de las mujeres fue del 56.5 %, superando la desocupación femenina significativamente a la masculina (10.3 % a 4.4 %). Por su parte, en relación con la edad, la participación económica más alta se registró en la franja comprendida entre los 30 y 54 años (85.2 %), seguida por los jóvenes de entre 18 y 29 años (67.2 %), y cayendo abruptamente en la franja de 55 o más años (41.3 %); a su vez, la desocupación afectó más a los jóvenes (15 %) en comparación con los adultos (4 %) y los mayores (3 %). Si nos centramos en los estudios alcanzados, observamos que, a mayor nivel educativo, mayores porcentajes de participación laboral: la participación en el mercado de quienes tienen hasta el nivel secundario completo es del 60.4 %, mientras que el 7.8 % se encuentra desocupado, los que cuentan con estudios terciarios o universitarios incompletos presentan una participación del 71.6 % y una desocupación del 8.5 %; por último, el 81.2 % de los que cuentan con estudios terciarios o universitarios completos participan del mercado laboral, presentando este sector tan solo una tasa de desocupación del 2.5 % (Salvia, Fachal y Robles, 2018: 120-122).

Tomando los datos de esta encuesta, Pablo Pérez y Mariana Busso (2018) se centran en el análisis de la heterogeneidad laboral de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años, explorando las desigualdades existentes en cuanto al género, el lugar de residencia y su posición en la estructura social. Se observan marcadas diferencias en las posibilidades de inserción laboral de jóvenes varones y mujeres con distintos niveles educativos. Mientras que las variaciones en la tasa de actividad de los varones de acuerdo con el nivel educativo alcanzado son ínfimas (más allá del nivel educativo, por lo general la gran mayoría ingresa al mercado de trabajo), para las mujeres jóvenes existe una importante diferencia en la participación laboral entre aquellas de bajo nivel educativo (36.9 %) y las de nivel superior (76.6 %). Al parecer, mientras que el temprano abandono escolar masculino representa una transición hacia el mercado de trabajo, en el caso de las jóvenes, tal vez significa el inicio de las tareas de cuidado como actividad principal. El acceso al diploma secundario no parece modificar los mandatos de género tradicionales para muchas mujeres. Son aquellas con mayores niveles de instrucción formal quienes participan plenamente en el mercado de trabajo, dado que tienen más posibilidades de seguir una trayectoria laboral no precaria y, de esta forma, delegar y mercantilizar las tareas de cuidado (Pérez y Busso, 2018: 574).

Los datos que los autores, y la encuesta, nos presentan indican un claro aumento en las exigencias educativas por parte de los empleadores, producto de la obligatoriedad de los estudios secundarios impuesta por la Ley Nacional de Educación de finales de 2006 (Ley n.º 26.206) y el desarrollo de las nuevas tecnologías y del sector servicios, como así también la incidencia de los recursos monetarios con los que cuentan los hogares: a medida que se incrementan los ingresos, crecen las posibilidades de las y los jóvenes de alcanzar estudios superiores, disminuyendo, en contrapartida, el porcentaje de jóvenes sin terminar los estudios medios, siendo esto evidente según la clase social de pertenencia, ya que, mientras que el 57.5 % de las y los jóvenes de clase media mayores de 18 años inician sus estudios universitarios, esta tasa se reduce al 30 % en la clase obrera (Pérez y Busso, 2018: 579-582). En relación con las heterogeneidades regionales del mercado de trabajo en nuestro país, los autores establecen tres claras “categorías” en lo que respecta a la presentación de mayores y mejores oportunidades de inserción laboral para las y los jóvenes de entre 15 y 24 años: el Gran Buenos Aires (que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano) es la región que presenta las mejores oportunidades, aunque esto no significa los “mejores empleos” y “las mejores condiciones de trabajo de pleno derecho”, seguida de las regiones pampeana, centro y Patagonia, siendo las que presentan peores oportunidades laborales para esta franja etaria las regiones del norte argentino, tanto el NOA como el NEA, y la región del Cuyo (Pérez y Busso, 2018: 584-588).

Durante ambos gobiernos de Cristina Fernández, se trató de fortalecer la presencia del Estado en el mercado laboral, remarcando tres años centrales en este sentido: 2008, 2009 y 2014. En el primero de estos años, se derogó el sistema privado de jubilaciones y pensiones, retomando el sistema previsional estatal; aunque 2008 estuvo signado por el enfrentamiento con el “campo” a partir de la fallida resolución 125, que establecía un esquema de retenciones móviles sobre las exportaciones de soja (Neffa, 2020). Por su parte, al año siguiente, y tras la derrota electoral, el oficialismo implementó una batería de políticas de índole popular tendientes a recuperar el voto, como lo fueron la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa de Inclusión Social con Trabajo Argentina Trabaja, con el cual se fomentó la economía social y el cooperativismo. En 2014, y como medidas paliativas a la crisis, podemos mencionar la ampliación de la moratoria y el aumento de la cobertura del sistema previsional, como así también el incremento de las pensiones no contributivas, especialmente para personas con discapacidad o invalidez, alcanzando este beneficio a un millón y medio de personas, y el lanzamiento del Programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años –luego ampliado a jóvenes desde los 16 años–, con transferencias mensuales condicionadas al estudio y controles de salud. Como resultante de estas políticas, y haciendo una suerte de balance, se aumentó la proporción de hogares que recibían transferencias económicas de un 40.5 % a un 48.9 %, se incrementaron los hogares con ingresos por jubilaciones y pensiones del 13.5 % al 20.3 %, y se produjo un leve crecimiento del 16.2 % al 18.6 % en la proporción de hogares cubiertos por asignaciones familiares (Poy, 2021; Arcidiácono y Gamallo, 2022).

Las consecuencias de la crisis económica no se hicieron esperar, y, en diciembre de 2015, asumió la presidencia Mauricio Macri, representando ideológicamente, al menos discursivamente, las antípodas del kirchnerismo y el retorno a políticas neoliberales. Las esperanzas de una mejora en las condiciones de vida de la población muy pronto se esfumaron, aunque las elecciones intermedias de 2017 ratificaron el apoyo al gobierno. Siguiendo a Neffa (2020), podemos sintéticamente mencionar las principales medidas en materia económica implementadas por el gobierno de Macri: pago rápido a los “fondos buitres” para acceder al crédito internacional; eliminación de restricciones cambiarias y libre operación en el mercado de cambios; dolarización de tarifas de servicios públicos y energía; eliminación del cepo cambiario y establecimiento de un mercado único de cambios; reducción de controles para la compra y fuga de divisas y liberación progresiva de las importaciones; caída de la obra pública; liberalización de los mercados y reducción del intervencionismo estatal; promoción del “emprendedurismo” frente al desempleo y el cierre de empresas; con relación al empleo público, se aplicaron medidas de disciplinamiento y control del personal con la instauración de un sistema polivalente y rotativo y ascensos basados en evaluaciones de desempeño, meritocracia, presentismo y puntualidad, disminuyendo el empleo público a nivel nacional (despidos más no renovaciones de contratos), aunque no a nivel local o provincial, constituyéndose este en una alternativa al empleo privado. Precisamente, entre finales de 2015 y 2018, el empleo en pequeñas y medianas empresas industriales, de servicios y de comercio minorista se vio fuertemente deteriorado, con muchas empresas obligadas a no renovar contratos, suspender o despedir directamente al personal; siendo esto por demás relevante, ya que las PyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado.

Durante los primeros dos años del gobierno de Macri, hubo cierta continuidad en materia de transferencia de ingresos a los efectos de no provocar estallidos sociales. Hacia fines de 2016, se produjeron cambios significativos con la Ley de Emergencia Social, introduciendo el “salario social complementario”, además de transformar el Argentina Trabaja en Hacemos Futuro y promover modificaciones en el PROGRESAR^[2] (Arcidiácono y Gamallo, 2022: 390-393). Con relación a las juventudes, y a tono con el eslogan de campaña “Pobreza cero”, en abril de 2016 se presentó el proyecto de Ley del “Primer empleo formal”, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años a los efectos de brindarles su “primera oportunidad laboral”, otorgando exenciones y subsidios a las empresas que participaran del programa durante los primeros 36 meses de su ejecución. Proyecto que, finalmente, no fue aprobado por el Congreso y que no abordaba, ciertamente, los problemas estructurales del mercado de trabajo para esta franja etaria y para terminar con la informalidad, sino que apuntaba a reducir considerablemente los costes laborales.

Si nos concentramos en el nivel de los salarios, podemos observar que, desde comienzos de 2016, los salarios reales disminuyeron, así como su parte en la distribución funcional del ingreso, debido al desempleo y al aumento de la inflación. La fuerte suba de los servicios de transporte, electricidad, gas, agua potable, peajes y otros precios regulados contribuyó a una reducción considerable del consumo de los asalariados y de los trabajadores precarios e informales. Esta tendencia fue en paralelo con el deterioro del salario indirecto en cuanto al aumento de precios de los servicios privados de educación, salud, vivienda, seguridad social, deportes y recreación. El salario real promedio de los trabajadores con convenios colectivos de trabajo del sector privado disminuyó fuertemente. El salario mínimo vital y móvil promedio en pesos y dólares de Argentina cayó abruptamente: entre noviembre de 2015 y mediados de 2019, se registró un retroceso de 52 % al pasar de 580 a 279 dólares por mes, producto de las fuertes devaluaciones (Neffa, 2020: 303).

Lo anterior nos permite constatar lo sucedido con las tasas de asalarización, que fueron desde un fuerte crecimiento a partir de comienzos de 2003, con un 72.5 %, hasta llegar al pico en 2012 con un 77.6 %, momento en el que se estancó el crecimiento del PBI, y cayó luego de manera sostenida hasta alcanzar el 74.5 % a comienzos de 2019 (Neffa, 2020: 298). Esta caída de la tasa de asalarización marcó un quiebre en las tendencias de la estructura social, afectando la estratificación interna de los trabajadores tanto a nivel nacional urbano, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las dinámicas de los trabajadores principales del hogar reflejaron este quiebre de tendencia. Se observaron cambios en la estructura socioocupacional de la fuerza de trabajo en edades activas del Área Metropolitana en dos etapas: 2010-2014 y 2016-2019. Las transiciones indicativas de permanencia en situación de desocupación aumentaron del 23.7 % en el primer período al 28.4 % entre 2016 y 2019. Las salidas hacia la desocupación desde otras posiciones, excepto el asalariado registrado, también aumentaron (incrementos entre 1.1 y 2.4 puntos). El gobierno de Macri amplió las tendencias regresivas en las trayectorias laborales, aumentando la desocupación y el cuentapropismo de bajas calificaciones, y reduciendo, asimismo, la incorporación al empleo asalariado formal desde posiciones desfavorables. Se observó una nueva crisis en el segmento formal de la clase trabajadora asalariada, tanto en posiciones manuales como no manuales, aunque menos severa que en los años noventa (Maceira, 2021).

El desempleo afectó más a las y los trabajadores de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio y, a su vez, a la franja etaria más joven comprendida entre los 14 y 29 años, intensificándose la desigualdad de género con un aumento significativo del desempleo femenino, llegando al 23.4 % en 2018 para las mujeres hasta los 29 años. En términos generales, a partir de 2017, la tasa de desempleo fue elevándose a valores cercanos al 10 %; de todos modos, el empleo asalariado representaba el 70 % hacia fines de 2018; sin embargo, el empleo no registrado se mantuvo elevado e, incluso, en aumento, al igual que los empleos precarios formales sin contrato de duración por tiempo indeterminado y los empleos por tiempo determinado –part time–, entre otros (Neffa, 2020: 301; Arcidiácono y Gamallo, 2022: 375). Como síntesis del gobierno de Macri, podemos apreciar un incremento de la pobreza, sustentado en la inflación, el trabajo precario y el aumento del desempleo, además de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las transferencias como la AUH o el Hacemos Futuro. Respecto al mercado de trabajo, en el segundo trimestre de 2019, la tasa de actividad fue del 47.7 %, la tasa de empleo, 42.6 %, la desocupación fue del 10.6 %, y la subocupación, del 13.1 % de la PEA (Neffa, 2020: 294).

Juventudes, mercado de trabajo y covid-19

El escenario heredado por el gobierno de Alberto Fernández no resultó el más apropiado para hacer frente a la pandemia que asoló prácticamente a todo el mundo en marzo de 2020. Lo pregonado durante la campaña electoral ni siquiera pudo llegar a ponerse en práctica, más allá de la viabilidad política, económica y social de la propuesta y de las intenciones, o no, de llevarlas a cabo fehacientemente. El aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) implementado como respuesta inmediata a la pandemia del covid-19 no hizo otra cosa que agravar el deterioro económico que ya empezaba a vislumbrarse a finales del segundo gobierno de Cristina Fernández. En este periodo previo a la pandemia y que podemos ubicar a partir de 2014, se observa un declive en la actividad productiva que afectó negativamente al empleo y a las remuneraciones. La “cuarentena” terminó exacerbando aún más las desigualdades existentes, impactando con mayor crudeza en los trabajadores informales y cuentapropistas. En 2019, el PBI se redujo un 2.2 % y, aunque la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 9 %, la calidad del empleo empeoró con un aumento de la informalidad. Las remuneraciones reales cayeron, y el salario promedio de fines de 2019 fue el más bajo en diez años. A pesar del estancamiento y la recesión, la protección social creció con medidas como la actualización de la AUH y de las jubilaciones. Durante la pandemia, los asalariados formales y públicos mantuvieron ciertas ventajas debido a mecanismos de actualización de salarios y preservación de empleo. Los ingresos laborales ayudaron a reducir la desigualdad en un contexto de empobrecimiento general, y las transferencias sociales contribuyeron a moderar la desigualdad ante la pandemia del covid-19 (Beccaria y Maurizio, 2020; Ledda, Robles, Poy y Salvia, 2021).

Luis Beccaria y Roxana Maurizio planteaban a mediados de 2020 dos escenarios que efectivamente se materializaron: la pérdida total de ingresos laborales en el segmento de trabajadores por cuenta propia no profesionales de los sectores no exceptuados y una reducción del 30 % de las remuneraciones para el resto de los trabajadores en actividades no exceptuadas y que no podían realizar sus tareas desde el hogar. Ello devendría en un fuerte incremento de la pobreza, que afectó a alrededor del 50 % de los hogares (Beccaria y Maurizio, 2020). Estos escenarios pueden constatarse observando la disminución de la estabilidad del empleo asalariado no registrado (-9.7 %) y del trabajo autónomo de bajas calificaciones (-6.7 %), como el fuerte incremento de la inactividad y la desocupación, especialmente entre asalariados no registrados y cuentapropistas de bajas calificaciones (13.4 % y 21.1 % de transiciones, respectivamente); como contrapartida, el empleo asalariado registrado mantuvo un nivel de retención ocupacional interanual del 85.6 % (Maceira, 2021).

A partir del minucioso trabajo llevado a cabo por especialistas en el campo laboral, encabezados principalmente por Agustín Salvia entre 2020 y 2022 (Bonfiglio, Salvia y Vera, 2020; Pla, Poy y Salvia, 2021 y 2022^[3]), podemos trazar un panorama sobre el escenario económico-social que nos deparó el aislamiento en particular y la pandemia en general en nuestro país. Las políticas de aislamiento durante la pandemia del covid-19 mitigaron parcialmente el impacto de la crisis, aunque no lograron compensar completamente la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, que ya venía desde tiempo atrás, especialmente entre los sectores considerados más vulnerables. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 38.8 % de los hogares reportaron una disminución de ingresos de hasta el 50 %, mientras que el 18.8 % padeció una reducción mayor al 50 %, siendo más visibles en el conurbano bonaerense, lo cual afectó básicamente, aunque no únicamente, a los hogares pobres y sin empleo registrado. Las políticas sociales compensatorias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los bonos extraordinarios, ayudaron a mitigar el impacto, pero no fueron suficientes para contrarrestar la pérdida de empleo y la disminución de ingresos.

El mercado laboral ya era precario antes de la pandemia, con solo el 41.6 % de la población económicamente activa con empleo pleno de derechos en 2019. La crisis sanitaria encontró al país con un alto endeudamiento externo y una situación fiscal delicada. La pandemia duplicó la proporción de trabajadores en hogares pobres y afectó a todos los estratos sociales. Las mujeres, concentradas en sectores feminizados con peores condiciones laborales, fueron especialmente afectadas. La falta de sistemas de cuidados adecuados agravó estas desigualdades, limitando su participación laboral. La crisis del covid-19 impactó fuertemente en las trayectorias laborales, afectando principalmente a las y los trabajadores más precarizados. En 2020, el 22.7 % de las y los trabajadores con subempleos inestables en 2019 estaban desocupados. Las políticas sociales jugaron un papel crucial durante la crisis, proporcionando ingresos a los hogares para satisfacer sus necesidades básicas, pero no lograron compensar completamente la retracción económica y la destrucción de empleo. El empleo formal se mantuvo mejor gracias a intervenciones gubernamentales, mientras que las y los trabajadores informales quedaron desprotegidos, exacerbándose las desigualdades preexistentes en Argentina y aumentando la pobreza significativamente en 2020.

En ese año, el producto bruto interno (PBI) se redujo un 9.9 %, con una pérdida de más de 2.5 millones de empleos y un aumento de la desocupación del 10.4 % al 13.1 %. El 23.7 % de los ocupados en 2019 perdió su empleo o no pudo realizar su actividad por cuenta propia, mientras que el 12.1 % de los ocupados pasó a la inactividad, y el 37.6 % de los desocupados en 2019 abandonaron la búsqueda de empleo, con el consiguiente incremento de la población inactiva. Si bien aproximadamente el 15 % de la población en cada fracción de clase fue suspendida temporalmente, las fracciones “cuenta propia” y “trabajadora no calificada” fueron quienes perdieron mayor participación laboral, siendo esta última la más afectada. La pandemia provocó inactividad forzada y aumentó la desocupación, especialmente entre la clase trabajadora y el sector cuenta propia. Los trabajadores con ocupaciones profesionales o técnicas pudieron mantener sus empleos trabajando desde casa, mientras que las clases trabajadoras enfrentaron más desempleo e inactividad. La crisis impactó fuertemente en los desocupados, en especial en los recientemente cesanteados, generando un efecto desaliento y un pase a la inactividad, moderando el incremento de la tasa de desocupación en un contexto de destrucción de puestos de trabajo. A partir de 2021, hubo signos de recuperación económica, pero el mercado laboral seguía mostrando altos niveles de precariedad y exclusión y, aunque la pobreza se redujo, con la relajación de las medidas restrictivas en 2021, la desigualdad aumentó.

En síntesis, podemos observar que, durante el binomio 2020-2021, y como consecuencia de las medidas restrictivas por la pandemia, se produjo un considerable aumento de la pobreza coyuntural o por ingresos, ya sea por la caída y retracción de los salarios o las transferencias o por la carencia de estos, lo cual profundizó las situaciones de desigualdad y marginalidad social. Este contexto influye notoriamente en las posibilidades que se les presentan a las y los jóvenes tanto para ingresar al mercado laboral o mantenerse dentro de él, como para poder terminar o continuar sus estudios, tanto a nivel secundario como terciario o universitario. En relación con lo primero, los varones mayores de 16 años pudieron acceder con mayor facilidad que las mujeres a trabajos de bajas calificaciones y totalmente precarios, prácticamente sin gozar ningún tipo de beneficio establecido por las leyes laborales vigentes, pero tanto unos como otras tuvieron escaso acceso a trabajos formales de pleno derecho. Esta realidad atravesó a todas y todos los jóvenes de cualquier estrato social, mostrando las profundas desigualdades sociales en lo atinente a la educación y a la posibilidad de poder ejercer algún tipo de actividad rentada a partir de los recursos materiales, sociales y culturales con los que pueden contar.

Las clases medias en el siglo xxi: polarización y fragmentación

El escenario planteado a mediados de la primera década del presente siglo nos permitió visualizar una nueva estructuración social sobre la base de la existencia de “ganadores” y “perdedores” del modelo neoliberal, a pesar de las visibles mejoras en la economía y en las condiciones sociales de la población durante el gobierno de Néstor Kirchner (Caamaño, 2005; 2007). Esta nueva estructura marca una creciente polarización entre aquellas personas y hogares que mejoraron su situación, o pudieron revertirla positivamente, y aquellos que empeoraron sus condiciones de vida, dependiendo de algún tipo de ayuda estatal. Esta dualidad se ve reflejada también al interior de las clases medias, ya que la desmantelación del modelo de integración característico del Estado social puso en tela de juicio las representaciones de progreso y, con ello, toda pretensión de mantener cierta unidad cultural y social de estas. La dimensión colectiva adoptada por el proceso de movilidad social descendente hacia finales del siglo xx terminó depositando en el lado de los “perdedores” a vastos grupos sociales pertenecientes a las capas medias de la sociedad, destacándose entre ellos los empleados y profesionales del sector público, los comerciantes y los trabajadores autónomos; mientras que, del lado de los “ganadores”, podemos encontrar aquellos grupos asociados al ámbito privado, particularmente los vinculados a los nuevos servicios (gerentes, empresarios, profesionales y personal altamente calificado). Esta evidente fractura social provocó un debilitamiento e, incluso, la ruptura de los lazos culturales y sociales en el propio seno de la clase media argentina, por lo que se incrementó considerablemente la brecha existente entre los “perdedores” y los “ganadores” de su propia clase (González Bombal y Svampa, 2002; Svampa, 2005). Casi dos décadas después, no podemos sostener que la situación haya variado o mejorado; al contrario, podemos considerarla agravada.

A partir de los años noventa, con los procesos de convertibilidad y sobrevaluación del peso, una parte de los sectores medios urbanos vio incrementado su poder de compra y, a su modo, reeditó el “Deme dos” de la época de la “plata dulce” de la última dictadura militar, mientras que el resto (claramente mayoritario) sufre los efectos del ajuste y del empobrecimiento. En concordancia con esto, la clase media presenta dos posturas políticas –e identitarias– bastante extremas: por un lado, están aquellos que se ven beneficiados y apuestan por las bondades del nuevo modelo y su estilo de vida pregonado, y, por el otro, los que se empobrecen, tanto en términos materiales como sociales y hasta éticos, en la medida en que el neoliberalismo introduce un estilo de pensamiento hegemónico en el cual la supervivencia es para los más capaces en adaptarse al “libre juego” del mercado (Minujín y Anguita, 2004: 35). Teniendo en cuenta no solo esto, sino también las transformaciones acaecidas en los últimos cincuenta años junto a los procesos de inclusión e integración social, podemos encuadrar a los diferentes sectores sociales en tres grandes grupos: incluidos, vulnerables y excluidos. Los dos primeros grupos están caracterizados por cierto estatus laboral, un determinado nivel de ingresos y algún tipo de capacitación: aquellos individuos, hogares y familias (incluyendo, al menos, entre dos o tres generaciones) que han logrado adaptarse al modelo económico pos industrialización, se encuentran plenamente incluidos en el sistema social, mientras que aquellos que no han podido “adecuarse” satisfactoriamente, dependiendo de la administración pública o de una informalidad no tan precaria, se encuentran en esa zona de riesgo límite entre la inclusión y la exclusión. Por su parte, los excluidos han dejado de tener algún tipo de estatus laboral, y su nivel de ingresos es bajo o nulo, dependiendo de los subsidios estatales y de las ayudas sociales (Caamaño, 2007).

Como remarcáramos casi veinte años atrás, la condición económica no es lo único que determina la pobreza, sino que se trata de una “pérdida del estatus social, de las condiciones de integración y riesgo social que conducen a situaciones de exclusión en alguna o diversas esferas de la vida ciudadana. Conlleva el sentido de ‘otredad’ respecto a la parte ‘integrada’ de la sociedad” (Minujín y Anguita, 2004: 58). En sintonía con esto, podemos ver que la entrada en una sociedad excluyente reformula la dialéctica entre estructura y estrategias en el seno de las clases medias, quienes adoptan diferentes posturas de acuerdo a su nueva situación: las clases medias empobrecidas desarrollan nuevas estrategias de sobrevivencia, basadas en la utilización y potenciación de competencias culturales y sociales preexistentes, para volver a vincularse con el mundo social, mientras que un sector de las clases medias consolidadas y en ascenso apuntan a la búsqueda de la distancia como modo de inclusión en el nuevo modelo (mediante el consumo suntuario y los nuevos estilos de vida basados en la seguridad privada). Por su parte, las clases medias “típicas” o “tradicionales” acentúan como estrategia de inclusión el consumo y su relación con la cultura (Svampa, 2005: 139). Este panorama planteado a comienzos de siglo no ha variado con el paso de los años, más bien, se ha consolidado.

La sociedad inclusiva característica de la llamada “sociedad salarial” del siglo xx parece haberle dejado su lugar en forma definitiva a una sociedad excluyente, propia de un nuevo tipo de sociedad que bien podríamos denominarla como “postsalarial”. El exministro de Desarrollo Social durante la pandemia y actual diputado nacional, Daniel Arroyo, mencionaba a comienzos del corriente siglo a cuatro sectores sociales claramente diferenciados producto de las políticas neoliberales de los años noventa, teniendo en cuenta el grado de “inclusión” en la sociedad y la percepción del estilo de vida –aspectos socioculturales– concebido por los propios sujetos: los sectores altos, adaptados al cambio de las reglas de juego y con la capacidad suficiente para acumular riqueza e imponer las condiciones económicas; los sectores medios en transición, quienes han sabido adaptarse al nuevo modelo e interactúan con el mercado sin la dependencia del Estado, aunque percibiéndose con una fuerte tendencia de transición hacia abajo; los nuevos pobres, los cuales cubren las necesidades mínimas, pero se encuentran en un claro proceso de empobrecimiento, viéndose como los que terminan pagando los costos del ajuste; y, por último, los pobres estructurales, quienes no han podido cubrir las condiciones mínimas de subsistencia (Arroyo, s/d). Podemos sostener en el tiempo esta clasificación proponiendo un quinto sector, si descomponemos a los sectores medios en transición en dos: las clases medias consolidadas y en ascenso y las clases medias típicas, profundizando la fragmentación de las clases medias en particular y de la sociedad argentina en general, como así también la polarización de esta última entre “ganadores” y “perdedores” del modelo.

Ese cuadro de fragmentación y polarización se refleja en la fisonomía de los principales conglomerados urbanos, confluyendo realidades diametralmente opuestas. La construcción de edificios modernos reconfigurando las llamadas “zonas residenciales” y de barrios cerrados con seguridad, recreaciones, escuelas y servicios básicos “propios y exclusivos” contrastan con la cada vez mayor proliferación de barrios populares carentes, la mayoría de ellos de servicios básicos elementales, y fundamentales, para llevar adelante una vida mínimamente digna. Estos barrios están insertos tanto dentro de la geografía urbana tradicional –y “preexistente”–, como en aquellas zonas de carácter semirrural, constituyendo nuevos “corredores urbanos” que llevan a una mayor dispersión territorial de los estratos medios, especialmente en el AMBA.

El fenómeno de las urbanizaciones privadas a comienzos de siglo en la actualidad es algo ya consolidado, siendo ilustrativo del proceso de reconstitución de los marcos de sociabilidad. Los barrios privados, los countries, las chacras o los megaemprendimientos (pueblos o ciudades privadas) dan cuenta de esta suburbanización descripta por los especialistas en urbanismo como el desplazamiento del modelo europeo de ciudad abierta, en el cual se destaca la noción de “espacio público” y de “ciudadanía política” y de “integración social”, a un modelo norteamericano de ciudad cerrada, cuya noción prevaleciente es la de ciudadanía “privada”, profundizando la fragmentación social (Caamaño, 2005). A su vez, el cada vez más numeroso sector de la otrora clase media que constituye la llamada “nueva pobreza”, que a comienzos de siglo trataba de “reinventarse su vida” a través de alternativas como el “trueque”, basadas en principios de “confianza” y “reciprocidad” (Svampa, 2005: 144-147), cada vez fue dependiendo más de subsidios estatales y de la informalidad y precariedad. Y entre ambos extremos, podemos encontrar a las llamadas “clases medias típicas”, quienes, a lo largo de estos años, pudieron mantener su “identidad y pertenencia social”, aunque sufriendo los vaivenes de la economía a través de una lógica de acción individualista-estratégica, apuntando a una integración por medio del consumo: tratan de diferenciarse de los “perdedores” mirando con agrado a los “ganadores” y tratando de conservar su estatus, siendo el consumo lo que les permite lograrlo en cierta medida.

Al revisar el escenario de “ganadores” y “perdedores” del modelo neoliberal hacia mediados de la primera década del corriente siglo, teniendo en cuenta quiénes constituyen el espectro de los sectores incluidos y quiénes de los excluidos, como así también quiénes se encuentran en cierta situación de vulnerabilidad, resolvimos abordarlo analizando diferentes “territorios” o espacios urbanísticos que reflejen, a grandes rasgos, las distintas realidades en las que se ven inmersas las clases medias. Por tal motivo, escogimos tres localidades del primer cordón industrial del conurbano bonaerense que, a nuestro juicio, cumplen con esa función: la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza, la zona céntrica del partido de Lomas de Zamora, y el barrio de Vicente López. Las tres localidades han sabido ser, y lo son, una suerte de radiografía de la idiosincrasia y de la conformación heterogénea de las clases medias argentinas.

Vicente López se constituyó con el paso del tiempo en refugio de aquellos primeros grupos de clase media surgidos al son de la gran oleada inmigratoria de fines del siglo xix que lograron un rápido ascenso social a partir de su vinculación con el sector comercial y financiero porteño, muchos de ellos confundiéndose incluso con la incipiente burguesía porteña; considerados desde un comienzo como el escalón más alto de los sectores medios urbanos, estos grupos buscan fuera del espacio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires su lugar de residencia fija.

Por su parte, Lomas de Zamora fue creciendo al calor de la segunda gran oleada inmigratoria de comienzos del siglo xx, principalmente, por la posibilidad que se les presentó a los nuevos profesionales y obreros calificados de adquirir su propio terreno y tener, por consiguiente, su “casa propia”; los barrios céntricos de Lomas de Zamora, Banfield y Temperley se levantan como verdaderos monumentos a las expectativas y los sueños de las clases medias típicas, conformándose la tradicional cultura de la clase media en estas localidades del sur del Gran Buenos Aires.

Finalmente, La Tablada es un buen ejemplo del ascenso social de los trabajadores en épocas del primer peronismo, terminando de conformar la fisonomía de las clases medias argentinas; zona de grandes casonas con huertas, fue transformándose en un territorio predominantemente fabril, constituyendo, junto a Ciudad Madero, Villa Luzuriaga, Tapiales y Aldo Bonzi, un paisaje urbano en el cual se destacan construcciones sencillas que acompañan el crecimiento industrial, fiel reflejo del último grupo que se sumó a los sectores medios y que representa a los estratos más bajos de estos: La Tablada se caracteriza en su momento de esplendor por la sencillez, humildad y calidez de sus viviendas, la mayoría de las cuales están habitadas por sus propios constructores o propietarios.

Consideramos que no es casual que los que hayan salido “ganadores” sean aquellos grupos provenientes de las familias pioneras de la clase media argentina, mientras que los que se ubican en el lado de los “perdedores” sean aquellos que más tardíamente han ingresado a dicha categoría social. Como tampoco lo es que el grueso de los sectores medios emergentes hacia las primeras décadas del siglo pasado, por otra parte, los que mejor representan la idiosincrasia e identidad de la clase media urbana en nuestro país, sean los que traten de conservar su estatus y su posición, más allá de su vulnerabilidad. De todos modos, lo anterior no es algo tan lineal, ya que podemos encontrar “ganadores”, “vulnerables” o “perdedores” en cualquiera de los grupos y las zonas mencionados, pero el grueso de los datos y las estadísticas a que pudimos acceder, como así también la información recogida de nuestro trabajo de campo, tanto en aquellos años como en los tiempos actuales, nos llevan a inferir tal afirmación.

La Tablada se caracteriza por contar históricamente con mayoría de población perteneciente a los grupos medio-bajos y medio-medios de la estratificación social y por ser netamente urbana, en especial a partir del crecimiento industrial que desplaza al antiguo emplazamiento de grandes casonas con proliferación de huertas y granjas particulares. Desde mediados de los años setenta, y a medida que las reformas neoliberales comenzaron a hacerse sentir, creció considerablemente el asentamiento de pequeños barrios carenciados, como así también, en forma directamente proporcional, el cierre de medianas y grandes fábricas características de la zona. Esta situación nos lleva a considerar esta localidad como un territorio de sectores “perdedores” del modelo neoliberal, debido a una alta presencia en su geografía de clases medias empobrecidas, constituyendo un prototipo de la “nueva pobreza”.

La cabecera del Partido de Lomas de Zamora es una localidad netamente urbana que gira al son del crecimiento del sector terciario de la economía, con una casi hegemónica presencia de los grupos medio-medios de la escala social. Poseyendo una de las primeras arterias “peatonales” del conurbano bonaerense, la localidad asemeja mucho su estructura urbanística y edilicia a los barrios del centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, consideramos esta localidad como representante genuina de las llamadas “clases medias típicas”, conformada por los segmentos medios y profesionales de los sectores medios urbanos.

A su vez, Vicente López está constituida por los segmentos medios y altos de los estratos medios, las llamadas “clases medias consolidadas” o “en ascenso”, representantes de la clase de servicios y gerentes de medianas y grandes empresas. Zona urbana extensiva de la arquitectura del norte de la Ciudad de Buenos Aires, con semejantes estándares y calidad de vida, esta localidad/barrio resulta adecuada para analizar el comportamiento de aquellos sectores medios que se han visto beneficiados con el modelo económico posindustrializador.

La Tablada es la que más incomunicada está con el centro de la Ciudad de Buenos Aires y la que con menos medios de locomoción cuenta. Las zonas del conurbano con las que más contacto tiene su población son Gregorio de Laferrere y González Catán, además de la cabecera del partido, San Justo. No existe movimiento en la localidad, salvo el ir y venir de los vecinos a los pequeños negocios que están sobre la avenida; incluso, el shopping perteneciente hoy a la empresa Chango Más no es muy concurrido, aunque suele ser lugar de encuentro de los más jóvenes en algunas oportunidades. La gente que circula por las calles de La Tablada es del barrio, siendo poca la que está de paso, a lo sumo para hacer combinación con alguna línea de colectivo. El tren que circula, conocido como “la chanchita” por los vecinos y usuarios, traslada muy poca gente de la localidad, por lo general en dirección a San Justo; el grueso de su pasaje lo conforman los habitantes de los barrios carenciados del km 12 y km 34, en su mayoría “cartoneros” o puesteros y “bolsistas” en el Mercado Central. El estado en que se encuentra la estación y el estado de las unidades y su frecuencia dan pautas del abandono del lugar, como si se tratara de un “pueblo fantasma”.

Lomas de Zamora vive al son del “ruido” de la muchedumbre que circula por sus calles céntricas. Salvo por las noches, poco después de las 21 horas, y los domingos, la peatonal Laprida y sus calles aledañas, en la zona oeste, son un “hervidero” de gente. Desde los sectores bajos hasta los medios-medios, todos se agolpan en las vitrinas de los distintos comercios en su afán de consultar precios, ver promociones y, por qué no, comprar. Mucho tránsito circula por sus calles: en las horas pico, por las calles internas de la zona oeste, prácticamente no se puede transitar, como así tampoco por la avenida Hipólito Yrigoyen; del lado este, también puede apreciarse un considerable movimiento de vehículos, particularmente por los alrededores del Hospital Gandulfo y por la avenida Alsina, aunque en menor medida que del otro lado de las vías del ferrocarril. Arquetipo de un centro urbano populoso, la localidad muestra los rasgos característicos de las clases medias típicas: desde su heterogénea edificación, hasta la proliferación de escuelas, clínicas y comercios, pasando por el concurrido tránsito y por el flujo incesante de gente.

Completando el escenario, Vicente López refleja claramente el universo de los beneficiados con el modelo neoliberal. Si bien históricamente la ciudad cobija a los sectores medios-altos, entremezclados con segmentos de los sectores altos, no existen indicios por parte de los vicentelopenses de haberse sentido en “zona de riesgo” durante los álgidos años noventa. Vicente López no parece haber sufrido los embates de las reformas neoliberales; sus calles transmiten tranquilidad y, en cierta forma, prosperidad, reflejando épocas de ascenso de las clases medias en nuestro país. Ascenso que aún hoy puede apreciarse al contemplar los portes de las casas, la imponencia de los coches estacionados, el paso de los chicos y adolescentes con sus uniformes escolares y la aparente despreocupación de los jóvenes, y no tanto, por los vaivenes de la política económica y las secuelas de la crisis padecida en los últimos años.

Caminar por las calles de las tres localidades, en consecuencia, puede trazar un panorama bastante aproximado de lo sucedido en el país en las últimas décadas. Incluso, puede llegar a constatarse quiénes han salido beneficiados por la implementación de las políticas neoliberales y quiénes no. Esta recorrida nos ha permitido indagar acerca de la situación actual de cada localidad en comparación con la de quince años atrás, desde la propia mirada de sus habitantes. De las personas entrevistadas en Vicente López, se puede destacar la autopercepción de un mejoramiento en la localidad o, a lo sumo, que no ha habido grandes modificaciones al respecto, salvo en lo atinente a la seguridad. Los habitantes de Lomas de Zamora ven un retroceso en la situación de la localidad respecto a comienzos de los años noventa, aunque coinciden en la mejoría detectada a partir de 2003 y que ese retroceso no es tan “grave” en comparación con otras zonas del Gran Buenos Aires. En donde existe plena coincidencia en las opiniones es en La Tablada. La localidad está mucho peor que hace quince años. El desmesurado crecimiento de los barrios carenciados y el empobrecimiento de los propios vecinos son destacados por todas y todos.

Respecto a su situación personal, los favorecidos por las políticas económicas de los últimos años lo toman como un logro personal, los “perdedores” atribuyen su estado a las malas políticas de los últimos gobiernos de turno. Eso sí, todos coinciden en que la situación económica nacional y provincial no es la misma que hace cuarenta años, incluso los más jóvenes señalan que, a pesar de las mejoras percibidas durante los años dorados del kirchnerismo, por lo que les contaron, “se está peor” y en camino de “seguir empeorando”; aunque no todos les echan la culpa a los gobiernos liberales de Menem o Macri; al contrario, hay quienes los defienden y sostienen que no les dejaron hacer todo lo que pretendían hacer. Para sorpresa nuestra, más que nada debido a las presunciones previas al trabajo de campo, tanto a comienzos de siglo como a la primera etapa posaislamiento obligatorio por la pandemia, muchos de los que opinan de esta manera se encuentran dentro del grupo de “vulnerables” al modelo neoliberal e, incluso, entre el universo de los “perdedores”, las clases medias empobrecidas o “nuevos pobres”. Entre estos últimos, incluso algunos reivindican al gobierno militar de 1976 (como dato para destacar, y que también llamó nuestra atención, esta reivindicación se trasladó a las nuevas generaciones, quienes solo conocen el sistema democrático, considerándolo “blando”, “permisivo” y “corrupto”).

Tal como nos ha sucedido casi veinte años atrás, y reafirmando lo sostenido por ese entonces con relación al escenario –o escenarios– resultante de las políticas de los años noventa, recorrer los distintos barrios escogidos, observar su fisonomía y, principalmente, hablar con su gente nos permite recalcar esa fragmentación al interior de las clases medias urbanas en el conurbano bonaerense, visualizando a través de ella el proceso de polarización de la estructura social argentina. Al recorrer las calles de La Tablada, se puede observar el estado de las casas y el abandono de varios de sus edificios característicos, que son huellas indelebles del crudo empobrecimiento de la localidad; muchos de sus vecinos se resisten a considerarse pobres, se definen culturalmente como clase media, pero tienen claro que, en cuestión de ingresos, no lo son.

Por su parte, caminar por Lomas de Zamora nos traslada a la historia de la clase media argentina tradicional, reviviendo sus anhelos y temores, sus esperanzas e incertidumbres; buena parte de los lomenses mantienen intactas sus expectativas de progreso material y, aunque sean conscientes de las limitadas oportunidades de ascenso social existentes en la actualidad, siguen considerando al trabajo y al esfuerzo personal como eje de su integración en la sociedad y como artífice excluyente de su destino.

Por último, Vicente López nos transporta a una escenografía deseada, y proclamada, por aquellas vertientes políticas que han hecho del fundamentalismo del mercado su prédica y su razón de ser: tranquilidad, un nivel importante de seguridad, un paisaje urbano con signos de progreso y bienestar social son algunos de los rasgos que presenta la localidad y que pueden señalarse como tópicos de un país que quiere cortejar con el mundo desarrollado e ignorar la realidad acuciante de América Latina.

Reflexiones no tan finales

Hacia septiembre de 2022, el mercado de trabajo en Argentina mostraba un importante incremento tanto de la informalidad como de la precariedad, no como algo coyuntural, sino ya como un rasgo estructural. Prácticamente medio siglo después del inicio del proceso de desindustrialización y de la implementación de políticas de neto corte neoliberal, el principal eje de integración social se ve fuertemente debilitado y, con ello, los lazos y las relaciones sociales se encuentran totalmente vulnerables y, en vastos sectores y territorios, incluso destruidos. De acuerdo con estadísticas oficiales, de los casi 20 millones de trabajadores ocupados en el país durante el tercer trimestre de 2022, el 48 % son asalariados formales, el 26 % informales, el 18 % cuentapropistas precarios, el 5 % cuentapropistas calificados, y el 3 % en puestos directivos; con lo cual puede inferirse una precariedad laboral en el universo de las y los trabajadores que perciben ingresos por las tareas desarrolladas cercana al 45 %. Esto nos muestra que, a pesar de cierta recuperación de la economía luego de la pandemia, reflejada en un descenso de la desocupación hasta el 7 %, el trabajo informal creció en un 18 % contra un magro 2 % del trabajo formal. De lo anterior resulta una tasa de informalidad de los asalariados del 36 % (38 % para las mujeres y 34 % para los varones), sintiéndose fuertemente en los extremos de la PEA: la franja etaria comprendida entre los 18 y 24 años presenta una informalidad del 66 %, bajando al 43 % entre los 25 y 30 años, muy por encima de la tasa media, mientras que lo mismo sucede con las y los adultos mayores de 66 años, con una tasa de informalidad del 47 %; mientras que, si constatamos la informalidad por rama de actividad, nos encontramos con las tasas más elevadas en el servicio doméstico (76 %), la construcción (72 %), el sector de alojamiento y servicio de comida (57 %) y el comercio (48 %) (INCaP, 2023: 77-79).

Estos datos nos traen a colación no solo la heterogeneidad estructural del mercado de trabajo en nuestro país, sino también la cada vez más amplia brecha de desigualdad existente entre los diversos grupos etarios, el género y las calificaciones. Y es aquí donde entran en juego los diferentes tipos de capital que poseen las personas y los hogares y el papel que juegan el Estado, el mercado y la sociedad. Siguiendo a Dubet (2011), nos debemos preguntar acerca de la noción de “justicia social” que debemos hacer prevalecer en esta coyuntura, ya se trate de cualquiera de estas tres fuentes de oportunidades: si seguimos abogando por la igualdad de oportunidades o nos centramos en la igualdad de posiciones. Esto no significa que la segunda descarte a la primera, por el contrario, la complementa ampliando las posibilidades de disminución de la brecha de desigualdad para, con ello, ir combatiendo la fragmentación y polarización social. Con políticas, discursos y actitudes tendientes a favorecer la meritocracia en nombre del progreso individual y colectivo, haciendo alusión a la igualdad de oportunidades, obviando el punto de partida de cada individuo y hogar, lejos estaríamos, precisamente, de alcanzar ese progreso y bienestar.

Respecto a las clases medias urbanas, podemos sostener que estas no han sido ajenas a este escenario, viéndose –y sintiéndose– seriamente perjudicadas. Si bien la vulnerabilidad y la movilidad descendente de dichos sectores son consecuencias de las políticas neoliberales a nivel global, entendemos que en nuestro país se hicieron sentir de una manera más significativa, al menos en lo que atañe a América Latina. La historia de Argentina está signada por el comportamiento e itinerario de sus estratos medios. Son ellos los que consolidaron el Estado nacional una vez conformado hacia fines del siglo xix, construyendo el sistema político y dando vida al mercado interno. En este sentido, entendemos que no es casual que las reformas neoliberales hayan comenzado en paralelo a un proceso de degradación de dichos sectores, quienes se constituyen desde un comienzo en variable de ajuste del modelo. El inicio del deterioro de las condiciones de vida de algunos y de la pauperización de otros, acompañados de la vulnerabilidad de todos, marca el recorrido de los estratos medios urbanos en los años noventa (Caamaño, 2005; 2007). Recorrido que continúa por la misma senda durante el presente siglo, profundizando el deterioro de sus condiciones de vida y la fragmentación y polarización en su interior, más allá de los intentos por (re)construir su identidad como clase. Si bien su composición es muy heterogénea, se puede considerar la clase media como una “clase en sí”, presentando una característica peculiar que le es propia, como ser la constitución de movimientos sociales con fines eminentemente culturales y políticos, pero no económicos. Su meta coincide, tradicionalmente, con la de su comunidad y la del país, siendo el progreso de ambos su propio progreso. Y esto es, precisamente, lo que han provocado las reformas neoliberales en sus diferentes momentos, la ruptura de estos lazos y, por consiguiente, su fragmentación, debilitamiento y vulnerabilidad. El proceso de “segunda modernización” de nuestro país cien años después de la constitución del Estado nacional ha dejado secuelas imborrables en la conformación de los estratos medios, dividiéndolos en varios fragmentos homogéneos y diferentes entre sí, aunque con raíces, costumbres y hábitos en común que, en la actualidad, aún resultan difíciles de quebrar a pesar de los distintos embates sufridos con las políticas económicas implementadas por los gobiernos de turno en las últimas cinco décadas.

Tres escenarios distintos pudimos observar al transitar las calles de las tres localidades mencionadas del conurbano bonaerense durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner; tres realidades diferentes hemos constatado al hablar con los vecinos y contemplar sus condiciones de vida material; pero no hemos encontrado tres identidades distintas. Las personas con las cuales hemos podido conversar, en su gran mayoría, se sentían parte de un mismo aglomerado social; aglomerado heterogéneo, con distintos niveles de vida, en algunos casos bastante distanciados entre sí, pero con raíces culturales semejantes. Sin embargo, y eso fue lo que nos preocupó en su momento, sí habíamos notado identidades disímiles en los más jóvenes; identidades que podrían llegar a socavar por completo los propios cimientos de la clase media argentina, llevando a una situación futura de clara polarización social, con pocos “ricos” y muchos “pobres”, y, en el “medio”, una clase que tiende a ser cada vez más pequeña y oscila entre “ascender” o “descender” con el riesgo cierto de “caer” completamente. Y esa preocupación, a la vista de lo sucedido a posteriori, no estuvo tan desacertada. Si bien muchos de los jóvenes de entonces hoy se sienten identificados como “clase media”, vuelve a reiterarse esa percepción e identificación en las nuevas generaciones que, sumadas a las diferentes medidas y coyunturas políticas y económicas de los últimos años –pre, durante y pospandemia–, nos lleva a reafirmar esa preocupación.

En aquella oportunidad nos preguntábamos si el impacto de las reformas había generado un proceso tal de vulnerabilidad social, que solo podía hablarse de un pequeño grupo de incluidos cabalmente, sintiéndose la gran mayoría de la población vulnerable ante cualquier contingencia o política implementada desde el Estado, como así también si las clases medias tradicionales habían visto derrumbarse sus expectativas o solo se trataba de algo temporal, coyuntural. Esos interrogantes nos llevaban a presuponer que, si existían las intenciones y estaban dadas las condiciones de encauzar a nuestro país en el rumbo del crecimiento, los hacedores de políticas públicas no debían menospreciar ni ignorar a las clases medias, principalmente a las tradicionales y a las empobrecidas, apuntando esencialmente a los estratos más jóvenes, quienes habían sido en su gran mayoría los mayores “perdedores” del modelo en todo sentido. Más de una década y media después, debemos reconocer que dichas intenciones nunca fueron claras o, al menos, no pudieron materializarse y, por ende, no estuvieron dadas las condiciones para lograr el crecimiento del país.

El mercado de trabajo en la actualidad nos muestra esta realidad: siendo incapaz estructuralmente de cumplir un rol protagónico como mecanismo de distribución de bienestar e integración social, aunque el conjunto de la sociedad insista en conferirle esta función central. Es más, ninguna de las políticas implementadas en el área social a lo largo de estas décadas le ha discutido esta relevancia al empleo; por el contrario, surgen como complementarias o fortalecedoras de este. Más allá de estos paliativos, la incapacidad demostrada por el empleo provoca el alto grado de vulnerabilidad en el que se ven envueltos los individuos en nuestro país: precisamente, la vulnerabilidad de las familias deviene del desajuste existente entre los recursos con los que cuentan y el contexto en el cual deben interactuar para tener acceso a su bienestar; y esto ha provocado el empobrecimiento de vastos sectores sociales, haciendo pobres a quienes no lo eran y sumergiendo a situaciones críticas y por demás marginales a los que ya lo venían siendo.

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