María Virginia Quiroga e Iván Baggini

Resumen

El ciclo 2001–2003 resulta especialmente significativo en la historia argentina reciente porque constituyó un hito en las luchas sociales contemporáneas y marcó una inflexión en las lógicas neoliberales predominantes desde la última dictadura cívico militar en adelante. Se trató de una etapa de profunda conflictividad, con numerosas protestas sociales portadoras de demandas que hacían eco del rechazo a las medidas de ajuste económico y a las instancias y canales tradicionales de representación y participación política.

En ese marco, el presente capítulo recoge la pretensión de extender la mirada e interpretación de los hechos ocurridos en las grandes urbes, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia espacios locales de la provincia de Córdoba: concretamente la ciudad de Río Cuarto. En esa senda, se procura dar cuenta de algunas de las dimensiones implicadas en las protestas, a saber: la frecuencia de las acciones colectivas, los actores sociales que se movilizaron, las formas de organización, los repertorios de la acción contenciosa y las demandas que se plantearon, en miras a construir una aproximación “situada” de los ribetes de la multicrisis en la escala local.

Introducción

El ciclo 2001–2003 resulta especialmente significativo en la historia argentina reciente porque constituyó un hito en las luchas sociales contemporáneas y marcó una inflexión en las lógicas neoliberales predominantes desde la última dictadura cívico militar en adelante. Entendemos, entonces, a este período como una multicrisis generalizada (Calderón, 2012) que desestabiliza el orden social, político y económico vigente; es decir, no sólo se trataría de un desequilibrio económico y financiero, sino también de lesivas consecuencias sociales y profundas dificultades de orden político institucional. En ese sentido, cabe destacar que, entre los meses de agosto de 2001 y febrero de 2002, la conflictividad social se reveló con especial notoriedad. Durante ese lapso se desencadenaron fuertes cuestionamientos y denuncias por la compleja situación macroeconómica del país y también se visibilizaron las problemáticas cotidianas que, a lo largo y ancho del territorio nacional, atravesaban distintas familias para satisfacer sus necesidades básicas.

En vinculación con ello, esta coyuntura mostró la extensión de diversas protestas sociales con un heterogéneo abanico de repertorios de acción y demandas de transformación. Las mismas hacían eco del rechazo a las medidas de ajuste económico y a las instancias y canales tradicionales de representación y participación política. ¡Ya Basta!, ¡Que se vayan todos!, ¡Bancos y políticos corruptos!, Neoliberalismo, ¡nunca más!… eran algunas de las consignas que resonaban con vehemencia en las sucesivas movilizaciones, piquetes y asambleas barriales de aquellos meses.

Por su parte, entre julio de 2002 y abril de 2003, advertimos, en general, un amesetamiento en la frecuencia de las acciones colectivas. Si bien fue en enero de 2002 que se logró confirmar a un nuevo presidente (Eduardo Duhalde, designado por el Congreso para culminar el mandato de Fernando de la Rúa), fue recién, a partir de mediados de ese año, que amainó la crispación social. Tal como se analiza en apartados siguientes, ello se vincularía con un amplio abanico de estrategias de contención (desde iniciativas en favor de recuperar la “normalidad” económico institucional, hasta la represión y criminalización de las protestas, y la masificación de los programas sociales). Vale recordar que, en mayo de 2003, asumió el nuevo presidente, Néstor Kirchner, electo por voto popular, dando paso a una nueva etapa de gestión estatal.

Nos interesa destacar, además, la existencia de una profusa producción académica sobre la etapa bajo estudio, que, si bien focaliza en aspectos diferenciales (la economía, el proceso histórico, la crisis de representación, la dinámica de la movilización, entre otros tópicos), tiende a coincidir en la desestructuración a la que aludíamos. Es decir, la mayoría de las investigaciones sostiene que la multicrisis del 2001 marcó un hecho histórico a nivel estructural, como también en la dinámica de las prácticas sociales y en la subjetividad de múltiples ciudadanos y ciudadanas de Argentina.

A su vez, resulta notorio que dicha prolífera producción tiende a centrar la mirada en las áreas metropolitanas y capitalinas. En consonancia con ello, son escasos los análisis del devenir de la crisis y las reacciones que suscita en las ciudades intermedias del interior del país, especialmente en aquellas que conservan un perfil agropecuario y de servicios. Al respecto, la investigadora Mónica Gordillo (2010) advierte sobre la necesidad de rastrear la historicidad y la multiescalaridad de los acontecimientos del período; es decir, reconstruir las huellas anteriores que incidieron en las jornadas épicas del 19 y 20 de diciembre del 2001 y, asimismo, procurar dar cuenta de las conexiones y tensiones a lo largo y ancho del país.

El presente capítulo recoge, entonces, la pretensión de extender la mirada e interpretación de los hechos ocurridos en las grandes urbes, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia espacios locales de la provincia de Córdoba: concretamente la ciudad de Río Cuarto. En esa senda, se procura dar cuenta de algunas de las dimensiones implicadas en las protestas, a saber: la frecuencia de las acciones colectivas, los actores sociales que se movilizaron, las formas de organización, los repertorios de la acción contenciosa y las demandas que se plantearon, en miras a construir una aproximación “situada” de los ribetes de la multicrisis en la escala local. Así, analizar la protesta, nos conduce al desafío de, por un lado, considerar los procesos nacionales y provinciales de manera relacional y conectada con el contexto local y, por el otro, reconocer aquellas singularidades que tuvo la acción contenciosa en las dimensiones elegidas para su estudio.

En cuanto a la organización del texto, el primer apartado se dedica a la contextualización general de la coyuntura crítica asociada a la crisis del 2001, hasta reparar en los aspectos específicos que atañen a la ciudad de Río Cuarto. A su vez, se hace especial hincapié en la particular frecuencia de las protestas en la escala local, atendiendo a sus posibles vinculaciones con el entorno. En una segunda parte, se caracteriza a los actores movilizados y sus formas predominantes de organización. En el tercer apartado, se exhiben los principales repertorios de acción y las demandas planteadas. Por último, se incluyen algunas reflexiones finales, enfatizando los hallazgos centrales y las líneas futuras de indagación.

Momento histórico y emergencia de las protestas

Al caracterizar el contexto bajo estudio, partimos de remarcar su relevancia para la historia argentina reciente. Tal como anticipábamos, se trata de un período de multicrisis (Calderón, 2012) en el que emergieron diversos cuestionamientos acerca de las relaciones políticas, los patrones institucionales y los modelos de desarrollo que parecían haberse normalizado y estabilizado a lo largo del tiempo (Capoccia y Kelemen, 2007). Esta multicrisis marcó, justamente, una inflexión en el predominio del orden neoliberal (Pérez, 2010; Magrini y Quiroga, 2012; Pucciarelli y Castellani, 2014).

A nivel nacional, desde 1999, gobernaba la coalición política denominada “Alianza” (conformada por los partidos Unión Cívica Radical y Frente País Solidario). El presidente Fernando de la Rúa había sostenido, durante su campaña, un discurso sumamente crítico con el gobierno anterior (de Carlos Menem); no obstante, en lo sustancial, el discurso neoliberal siguió articulando la formación política. En armonía con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, se aplicaron distintas medidas de ajuste, las cuales implicaron congelamiento del gasto público, reducción de salarios, recortes al presupuesto educativo, entre otras. Ello profundizó el deterioro de las condiciones socio económicas de diversos sectores sociales.

En la provincia de Córdoba, el año 1999 había significado un corte con la hegemonía política de la Unión Cívica Radical (UCR) imperante desde 1983, a través de la elección de José Manuel de la Sota en el marco de la coalición peronista Unión por Córdoba (UpC). La gestión delasotista se había caracterizado por profundos cambios en las estructuras y funciones del Estado, a partir de un conjunto de disposiciones legales con la finalidad de introducir un modelo gerencial en la administración pública en alianza con el capital privado. Esta política se plasmó en la privatización de empresas estatales, la participación de sectores productivos en la gestión pública, entre otras acciones gubernamentales, acompañadas de algunas medidas sociales destinadas a mitigar la problemática del desempleo como el Plan Primer Paso y el Volver al Trabajo, entre otras (Arriaga et al., 2012). Es preciso advertir aquí que estos lineamientos, identificados con el discurso neoliberal, permitieron reconocer consonancias entre las medidas del Ejecutivo Nacional (tanto con Menem, como con De la Rúa) y el proyecto político del gobernador de Córdoba (Arriaga et al., 2012; Reynares, 2014). No obstante, más allá del clima general de inestabilidad política, económica y social; no hubo un desplazamiento de la elite gobernante en el nivel provincial. La coalición UpC y el sector privado mantuvieron su hegemonía en el juego político y continuaron pregonando la introducción del Estado en una lógica empresarial de mercado (Reynares, 2014).

En sintonía con la provincia, la ciudad de Río Cuarto también había vivenciado, en 1999, el recambio de fuerzas políticas en la intendencia, que pasó de la UCR^[1] a UpC bajo gestión del intendente Alberto Cantero (1999–2003). Particularmente, Río Cuarto no estaba exenta de las problemáticas que atravesaba la Argentina en ese entonces. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001, la cantidad de habitantes del Departamento Río Cuarto con necesidades básicas insatisfechas correspondía al 11,1% (25.402 personas de un total de 227.877 censados); mientras que la población en condición de desempleo representaba el 23,50% (equivalente a 23.576 habitantes). En esa misma línea, diversas noticias en el periódico local (Diario Puntal) advertían sobre el crecimiento de la pobreza^[2], el desempleo^[3], la desigualdad social^[4] y la recesión económica^[5]. A su vez, algunos testimonios de funcionarios locales y referentes territoriales^[6] trazaron un diagnóstico crítico de la situación económica y política durante aquella coyuntura: fuerte incremento de la deuda externa, achicamiento del gasto público, recesión, desocupación, ampliación de la brecha social, crisis de representación, entre otras problemáticas.

Ante este panorama, las reacciones sociales no tardaron en visibilizarse en todo el país. Como hitos conflictivos del período cabe destacar las manifestaciones, en diversas localidades, en contra del plan de ajuste anunciado por el flamante ministro de Economía Ricardo López Murphy (marzo 2001); las huelgas y marchas en oposición a los recortes en los salarios públicos implementados por el nuevo ministro Domingo Cavallo (agosto 2001); los altos porcentajes de abstencionismo electoral y el protagonismo del “voto bronca” en ocasión de las elecciones legislativas (octubre 2001)^[7]; y, finalmente, los fuertes rechazos a la medida conocida como “corralito”^[8] (diciembre 2001).

Vale recordar que el día 13 de diciembre de 2001, las confederaciones de trabajadores declararon un paro general, con alto acatamiento en todo el territorio nacional. A su vez, se vivían jornadas de movilización permanente en repudio al Gobierno de De la Rúa y al modelo de ajuste vigente. El Ejecutivo respondió declarando el Estado de Sitio, lo que aumentó el descontento popular y culminó con una masiva marcha hacia los lugares símbolos del poder político durante los días 19 y 20, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia, el presidente De la Rúa abandonó el cargo y se sucedieron “los locos diez últimos días de diciembre de 2001”^[9] (Ansaldi, 2004, p.27).

En este marco contextual es posible situar la emergencia de protestas sociales que, en la escala local, pretendían visibilizar la gravedad de la crisis y pugnar por opciones de transformación (de diversa magnitud y sentido). Según el diario Puntal, en Río Cuarto se registraron 100 protestas entre enero de 2001 y mayo de 2003 (46 en el 2001, 40 en el 2002, y 14 en el lapso enero mayo de 2003).

Gráfico 1. Cantidad de protestas por año y por meses 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Al respecto podemos notar que los picos en la frecuencia de la movilización social correspondieron, en primer lugar, a los meses de agosto y diciembre del año 2001, con 9 y 10 protestas respectivamente. En agosto, las acciones colectivas acompañaron el rechazo nacional a los recortes en los salarios públicos, de allí que resultaron mayormente protagonizadas por trabajadores y trabajadoras estatales en el marco de sus sindicatos. En diciembre, destacó la confluencia de varias iniciativas a lo largo de diferentes espacios de la ciudad, con protagonismo de los citados actores además de la ciudadanía autoconvocada, y empresarios y empresarias del agro y el comercio. Cabe resaltar las caravanas y movilizaciones durante la jornada del 19 de diciembre, los cacerolazos del día 20 e, incluso, los primeros intentos de saqueos en dos supermercados^[10]. A diferencia de lo que sucedía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se registraron enfrentamientos ni hechos de violencia (Giarracca et al., 2007). La dirigencia local respondió con un reforzamiento de las partidas sociales y se mostró abierta a las demandas y reclamos que, hasta ese momento, se centraban primordialmente en el orden nacional: “Contra la recesión y el empobrecimiento” (Puntal,19/12/2001); “Basta”, “Fuera Cavallo”, “políticos corruptos” “Río Cuarto unido” (Puntal, 20/12/2001).

Durante enero y febrero de 2002, persistió el clima de movilización permanente y “la tensión social llegó a su nivel más elevado” (Puntal, 7/12/2021). Por aquel entonces se desarrollaron las iniciativas de mayor intensidad en la ciudad, principalmente manifestaciones y cacerolazos en contra del intendente Alberto Cantero y los concejales, e, inclusive, se impulsaron algunos escraches frente a reparticiones públicas y viviendas de referentes partidarios.

En esta línea, destacamos los sucesos del 17 de enero, ocasión en que el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS) organizó una masiva marcha que derivó en un brote de violencia inusitada para Río Cuarto^[11]. La sede del poder legislativo fue el epicentro de las protestas: “Los manifestantes causaron destrozos y pintadas (…) Algunos concejales tuvieron que retirarse por la puerta secundaria del recinto para evitar ser alcanzados por los vecinos” (Puntal, 9/12/2021). Tal como relata el entonces presidente del Concejo Deliberante: “Fue una situación dura e imprevisible, ya que en Río Cuarto no percibíamos el clima social que a uno le llegaba a través de los medios, algo que comenzó con la renuncia de De la Rúa” (Puntal, 9/12/2021).

Para atenuar el malestar, el conjunto de ediles acordó recortar sus dietas a la mitad^[12] y el intendente se comprometió a una reforma política que pretendía reducir concejales, tribunos, sesionar todo el año y la elección directa del defensor o defensora del pueblo. No obstante, la conflictividad no cesó y durante las jornadas del 25 de enero y el 14 de febrero se desarrollaron nuevas movilizaciones y cacerolazos, aunque sin incidentes y en sintonía con convocatorias nacionales (Puntal, 26/1/2002 y Puntal, 15/2/2002).

El clima contencioso de enero, febrero y mayo de 2002 fue aminorando. En este último mes, el empresariado agropecuario fue el sector que se mostró activo, en reacción a la medida nacional que reintrodujo las retenciones a las exportaciones de productos primarios (en el caso de Río Cuarto llevaron adelante siete protestas con diferentes repertorios).

Desde junio de 2002 hasta finales de año, es posible reconocer un amesetamiento de las acciones colectivas; en el caso de nuestra ciudad solo contabilizamos dos o tres protestas mensuales^[13]. Ello podría vincularse con el paulatino proceso de recomposición del sistema político argentino, que respondería a tres factores clave: el disciplinamiento económico y fiscal; la masiva distribución de planes sociales; y el aumento de la represión de los conflictos y movilizaciones sociales (Ansaldi, 2003; Burkart et al., 2008; Quiroga, 2017). En el nivel local, algunos funcionarios de la época destacan sobremanera la asistencia a los sectores más desfavorecidos como una vía eficaz para contener las protestas^[14].

Hacia el año 2003 la frecuencia de las protestas locales continuó con bajos registros, salvo durante el mes de marzo (con varias iniciativas protagonizadas por trabajadores y trabajadoras de la educación). Tratándose de un año electoral, la mirada recayó en las urnas: en mayo, Néstor Kirchner fue proclamado presidente (tras no presentarse Menem al ballotage) y, en junio, De la Sota resultó reelecto como gobernador. Si bien éste no logró apoyo en sus aspiraciones presidenciales, sí se consolidó en la gobernación con la mayoría de los votos en la primera vuelta electoral. En el ámbito local, la contienda por la intendencia llegará recién en el 2004, ocasión en la que el intendente Cantero no logró ser reelegido y el radicalismo retornó al poder municipal.

Actores sociales movilizados y formas predominantes de organización

Teniendo presente que el actor colectivo dinamiza de manera contenciosa la protesta y es su principal protagonista, se destacan durante este período a los trabajadores y las trabajadoras con 49 protestas y, luego, a ciudadanos y ciudadanas con 21 iniciativas, y vecinos y vecinas con 11, incrementándose estos últimos dos a lo largo del año 2002. Le siguen en orden decreciente la protesta de empresarios y empresarias con 7, estudiantes con 6 y personas desocupadas, por un lado, y familiares y amistades, por otro, con 3 acciones conflictivas cada uno de ellos.

Gráfico 2. Principales actores protagonistas de las protestas 2001–2003 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

En conjunto se puede afirmar que los actores que más protestaron fueron trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas con un total de 81 iniciativas, seguidos por un segundo grupo integrado por empresarios y empresarias, estudiantes, desocupados y desocupadas, familiares y amistades que totalizaron 19 protestas. Resulta interesante señalar que los trabajadores y las trabajadoras siguen siendo el actor más contencioso durante todo este ciclo concentrando el 49% del protagonismo, lo que denota las consecuencias de la crisis a nivel local durante esos años.

Una mención especial dentro de estos últimos lo tuvieron los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), quienes conjuntamente con los estudiantes desarrollaron un activo plan de lucha en defensa del presupuesto universitario ante los ajustes anunciados en marzo de 2001 por el entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy que afectaban directamente al sistema público educativo. En varias oportunidades esas iniciativas contaron con el apoyo de la ciudadanía en general, y desplegaron sus reclamos por diversos espacios de la ciudad. Luego, las acciones colectivas a nivel país y provincia se intensificaron en el segundo semestre, acompañando el rechazo al “déficit cero” del nuevo mandatario de economía, Domingo Cavallo, y los recortes salariales. En consonancia con lo que registra Gordillo (2010) para la ciudad de Córdoba, en los álgidos meses de agosto a diciembre de 2001, Río Cuarto destaca por diversas protestas de trabajadores y trabajadoras, principalmente en el marco de sus sindicatos.

Se puede ilustrar este clima de malestar económico y social generalizado con la convocatoria a una caravana de protesta, para el día 19 de diciembre de 2001, por parte del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS) y personas autoconvocadas del sector comercial (Puntal, 13/12/2001), a la que se sumaron, como organizadores, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y productores y productoras del agro. Durante enero y febrero de 2002 persistió la participación de los empresarios y empresarias de la rama agropecuaria y del comercio que se agrupaban en el CECIS (Puntal, 17/01/2002), quienes pretendían diferenciar sus iniciativas de aquellas protagonizadas por los y las comerciantes independientes y la ciudadanía autoconvocada.^[15] Particularmente, el empresariado agropecuario se mostró activo entre abril y mayo de 2002, en reacción a la medida nacional que reintrodujo las retenciones a las exportaciones de productos primarios.

Por su parte y según lo señala Reynoso (2017), las acciones de protesta que venían desarrollando los y las comerciantes autoconvocados y autoconvocadas desde el año 2000 en disidencia con la política del CECIS, contribuyó a que la crisis del año siguiente nucleara a su alrededor a un conjunto amplio de representantes de la sociedad civil no vinculados exclusivamente a la actividad mercantil, dando nacimiento a los ciudadanos autoconvocados de Río Cuarto. Emergió, de ese modo, un actor colectivo que tuvo un protagonismo relevante durante el ciclo de protesta; el cual, conjuntamente con el movimiento de vecinos y vecinas, interpeló las formas institucionales clásicas de hacer política y desarrolló, a través de las asambleas, una dinámica de participación social que fue inédita en la vida política argentina.

La forma en que los citados actores organizaron su protesta es otra dimensión de análisis que no debe soslayarse. A partir del relevamiento y procesamiento de la información periodística puede apreciarse (tal como muestra el gráfico 4) tendencias similares a lo largo de los años analizados, aunque con un notorio cambio en el año 2003. En el transcurso del 2001, la mayoría de las protestas fueron de carácter institucionalizado (19), principalmente del subtipo sindical laboral (18); en cercanía numérica se ubicaron las iniciativas de tipo autoconvocadas (17) y, luego, multisectoriales (9). Durante 2002, la forma predominante de organización fue autoconvocada (18); luego, institucionalizada (15, de las cuales 8 son del subtipo sindical laboral y las otras 7 responden a nuevas variantes como religiosa y empresarial); y, en tercer lugar, aparecen las acciones multisectoriales (8). En el 2003, de las 14 protestas registradas por la prensa, 10 tuvieron una organización institucionalizada con predominio de la sindical laboral (10), seguido de la autoconvocada con 2 casos y la multisectorial con la misma cantidad.

Gráfico 3. Principales formas de organización de los actores movilizados 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Como puede observarse en el gráfico 3, la forma de organización de la protesta fue similar entre los años 2001 y 2002 en lo atinente al comportamiento general de la dimensión. Mientras que, en el año 2001, la modalidad institucionalizada tiene 19 expresiones, en el 2002 disminuye a 15 y aumenta en uno la autoconvocada (de 17 en 2001 se incrementa a 18 en el 2002). Mientras tanto, la multisectorial solo registra una unidad de aumento (de 9 en el 2001 a 8 en el 2002). Lo notorio se advierte si comparamos con los datos del año 2003 en donde predomina la forma de protesta institucionalizada (10 casos) frente al quiebre significativo de la autoconvocada y multisectorial con dos casos cada una. ¿Por qué se produce ese abrupto cambio en la organización de la protesta? Varios factores convergen, a nuestro parecer, para esbozar una respuesta posible a la pregunta. La vigencia de la legitimidad de los canales y formas tradicionales de protesta, en especial la laboral sindical ampliamente utilizada por los empleados y empleadas de la Administración Pública, trabajadores y trabajadoras de la Salud, Educación y Servicios, que continuaron con una lógica contenciosa expresada de manera institucionalizada. Diferente fue la posición de quienes apelaron al formato autoconvocado (asambleas), postura que se evidenció en la ciudadanía, vecinos y vecinas, familiares y amistades quienes optaron por canales no institucionalizados para expresar sus reclamos de manera unánime y sostenida en el tiempo; aunque la frecuencia fuera disminuyendo hacia inicios del año 2003 de manera considerable ya sea por la falta de sostenimiento de la participación política directa en el espacio público de los y las asambleístas, la reorganización de la estructura de gobierno que provocó el cierre de las oportunidades políticas^[16], entre otros factores.

Se puede sostener, de este modo, una correlación entre las dimensiones analizadas, actores colectivos contenciosos y formas de expresión de su reclamo a partir de la articulación que entabló cada colectivo con un formato predominante de protesta: así, aquellos actores que tenían trayectoria consolidada colectivamente de reclamo a través de los sindicatos y/o entidades corporativas (empresarios y empresarias del agro, CECIS) siguieron apelando a modalidades tradicionales y fueron poco permeables a innovar en nuevos formatos. Es más, los y las representantes del CECIS se deslindaron del grupo de comerciantes autoconvocados que recurrieron a otras instancias de representación como la asamblea. Estos últimos, al igual que la ciudadanía autoconvocada y otros actores introdujeron a nivel local la dinámica de participación y organización no institucionalizada que emergió como resultado de la crisis de representatividad que atravesaba a todos los actores en aquel momento. El ejercicio directo del poder de representación, la toma colectiva de decisiones, la no mediación social para expresar las demandas fueron acciones que cambiaron la forma de protestar y que, a nivel local, tuvieron su auge en los años 2001 y 2002 para luego entrar en un declive significativo. Estos cambios, además, nos ayudan a pensar la complejidad de la protesta en términos de las otras dimensiones seleccionadas como el repertorio y las demandas de los actores.

Demandas planteadas y repertorios de acción

En cuanto a las demandas manifiestas en las protestas, cabe advertir que se articularon alrededor de dos motivos específicos vinculados con temas políticos y económicos^[17].

De manera igualitaria, se ubican las exigencias al Gobierno en su dimensión administrativa o de representación republicana (19 protestas presentan como demanda principal cambios en medidas puntuales o modificaciones en sus representantes) y la mejora inmediata de la política económica (19 protestas expresan esa demanda como la principal reivindicación) y, en vinculación con ello, aparece, en segundo lugar, la solicitud de aumento salarial (18 protestas). Un grupo importante de demandas estaba encabezado por el respeto y defensa a los Derechos Humanos (10 protestas se desencadenaron por ese motivo), educación (7) y trabajo (5). Finalmente, un último conjunto de demandas las encabeza vivienda con 4 protestas; laboral y justicia con 3; reclamos agrarios, seguridad y salud con 2, y políticas sociales y defensa ambiental con 1. De esta manera, entendemos que la necesidad de lograr estabilidad económica y gubernamental era prioritaria para los riocuartenses en aquellos momentos.

Gráfico 4. Principales demandas de las protestas 

 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Durante las jornadas álgidas de diciembre 2001, las demandas arriba mencionadas se expresaron claramente articuladas. Los actores movilizados convocaban a protestar en rechazo del modelo económico y el Gobierno de la Alianza, y sostenían la consigna “Contra la recesión y el empobrecimiento” (Puntal,19/12/2001). Según la fuente relevada, de las caravanas del 19 de diciembre participaron “más de 500 vehículos y cientos de caminantes”, bajo consignas tales como: “Basta”, “Fuera Cavallo”, “políticos corruptos” “Río Cuarto unido” (Puntal, 20/12/2001). También, de acuerdo al periódico local, los días siguientes y los primeros meses posteriores a la salida de De la Rúa, evidenciaron la persistencia de las protestas en la ciudad, las cuales portaban fuertes exigencias al Estado por asistencia social y reiteradas manifestaciones de descontento para con la clase política.

En la sub etapa de diciembre 2001 a febrero 2002, las consignas de las protestas locales aludían, en general, a la “construcción de un nuevo edificio social” y al impulso de una “política que reactive la economía y mejore la calidad de vida”, en contra de los “representantes políticos que no hacen causa común con el pueblo” (Puntal, 22/2/2002). A ello, durante los meses posteriores, se sumaron algunas demandas de política económica en directa vinculación con la política agraria y la cuestión salarial. La intención de reconstruir un nuevo contrato político social subyace a todas las demandas de la sociedad civil y obligó a los dirigentes políticos a implementar medidas urgentes que tendieran a satisfacer los reclamos.

Para que las peticiones sean visibles ante la opinión pública es importante el formato a través del cual se ejerce la protesta, es decir, el repertorio de la acción colectiva. La movilización y la huelga se registraron como las modalidades predominantes y más recurrentes de la etapa estudiada (se apela a la movilización en 42 protestas, y a la huelga en 19 oportunidades); luego corte (12) y cacerolazo (7). En ese sentido, vale destacar que casi nunca se trataba de una sola iniciativa, sino que se combinaron dos o más formatos de acción. Esta cuestión resulta más visible, incluso, a partir de diciembre de 2001 y durante los primeros meses del 2002, cuando aparecen formatos “nuevos” (como el cacerolazo, la caravana y el escrache), que vienen a complementar a otros ya existentes (huelga, toma, corte, entre otros).

Gráfico 5. Principales repertorios de las protestas 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Los cacerolazos, por ejemplo, resultaron un repertorio privilegiado durante la jornada del 20 de diciembre del 2001, replicándose masivamente en los espacios públicos del centro de la ciudad. Tal formato de acción también se utilizó para acompañar la movilización del día 15 de enero de 2002, instancia en que apareció por primera vez la modalidad del escrache dirigida a algunos políticos locales: “marchaban mientras crecía la violencia de sus reclamos. Fueron a las casas de algunos políticos y, mientras insultaban, tiraban huevos contra las viviendas” (Puntal, 26/01/2002).

El 16 de enero de 2002 el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante invitaron a una asamblea popular en el Salón Blanco de la municipalidad de Río Cuarto para buscar alternativas a la crisis en la escala local. Ese mismo día, el CECIS organizó una marcha y cacerolazo para la jornada del 17 de enero, que también fue acompañada de escraches con huevos, tarros de pinturas, aerosoles, rotura de vidrieras y frentes de entidades bancarias, destrozos generalizados y enfrentamientos con la policía.

Pensadas en conjunto, estas dimensiones retratan un panorama social que se caracterizó por la urgente necesidad de satisfacer las demandas vinculadas a la política económica, salarial y estabilidad gubernamental, a través de repertorios variados, pero con predominio de la movilización y el corte de la vía pública; es decir, formatos ya institucionalizados por los actores a lo largo del tiempo. La emergencia de nuevos repertorios (cacerolazo, escrache, caravana, entre otros) fue muy lenta en el ámbito local y no llegó a consolidarse en ese momento coyuntural a pesar de que forma parte de los recursos materiales y simbólicos a los que apelan quienes protestan en la actualidad.

Conclusiones

La ciudad de Río Cuarto evidenció un arco diverso de protestas sociales durante la etapa 2001–2003, las cuales alcanzaron especial magnitud en la coyuntura crítica de diciembre 2001 a febrero de 2002. En ese sentido, se trata de tres meses álgidos de conflictividad, con iniciativas contenciosas que formaron parte del escenario cotidiano. Cabe destacar que la frecuencia de las protestas fue disminuyendo de diciembre a febrero (de 10 a 6), mientras que su intensidad fue en aumento registrándose las acciones de mayor virulencia hacia mediados de enero.

Tal como relatábamos a lo largo del texto, los efectos de la multicrisis de 2001 impactaron en los cambios en la conducción política a nivel del Ejecutivo Nacional, con la salida de De la Rúa y la asunción de Eduardo Duhalde como presidente provisional. Mientras Duhalde procuraba recomponer la estabilidad institucional y económica, y contener el malestar social; en la provincia de Córdoba continuó gobernando De la Sota (incluso reelecto en el 2003), preservando los principales lineamientos de un modelo gerencial de Estado. En la ciudad de Río Cuarto, tampoco se registraron modificaciones en el arco político, ya que el entonces intendente se mantuvo en el cargo (aunque no logró la reelección en 2004) y no se advirtieron cambios sustantivos en los modos de vinculación entre ciudadanía y política, o en el diseño e implementación de buena parte de las políticas públicas municipales.

Este escenario de relativa recomposición político institucional y medidas tendientes a mitigar los impactos socio económicos de la crisis (especialmente programas sociales), repercutió en una disminución en la frecuencia protestataria. En la escala local, las fuentes consultadas enfatizaron el fuerte accionar de la Iglesia Católica y el municipio en el reparto de bolsones de alimentos como vía para contener los reclamos y evitar su radicalización; como así también, la implementación de nuevos programas sociales y la extensión de su alcance. Justamente esa intervención directa de actores mediadores ante la protesta social puede mostrarse como un rasgo particular del devenir de la conflictividad en localidades de tamaño intermedio, como la ciudad de Río Cuarto.

Otra nota peculiar que, de alguna manera cuestiona la reconstrucción nacional metropolitana de los sucesos del 2001, remite a que ciertamente las jornadas épicas del estallido social del 19 y 20 de diciembre no alcanzaron tal magnitud en nuestra localidad. Si bien se registraron diferentes acciones colectivas, no lograron total articulación ni un carácter fuertemente disruptivo.

Las dificultades para construir identidades mancomunadas entre actores sociales diversos también es un rasgo discordante con lo que se ha señalado a nivel nacional, a lo que se suma la escasa o nula presencia de personas desocupadas organizadas colectivamente (según permite inferir la fuente consultada). Entretanto, los sectores que muestran mayor protagonismo, además de los trabajadores y trabajadoras, se vinculan con las actividades de servicios y del agro, acorde con el perfil socio económico de la ciudad.

Es significativo pensar, por otra parte, los cruces analíticos que pueden desarrollarse entre las citadas dimensiones para mostrar la complejidad que tuvo la protesta situada. Así, una aseveración que podemos realizar es la existencia de una relación estrecha entre actor, demanda, repertorio, según la forma en que los primeros organizaron la protesta distinguiéndose dos grandes grupos: sectores que contaban con una trayectoria de militancia y que hicieron de la movilización y huelga su principal formato de acción contenciosa para reclamar aumento salarial y mejoras en la política económica, y actores sin experiencia de militancia sindical política que expresaron su malestar ante la crítica situación social y económica a través de asambleas y cacerolazos, es decir, procedimientos no institucionalizados de organización.

Este hecho nos anima a considerar que el ciclo de protesta fue protagonizado por actores fragmentados, ya que hubo muy pocas instancias, según la prensa, donde la manifestación incluyó a un colectivo que superara los intereses sectoriales o corporativos. El carácter segmentado de los actores se transluce en las otras dimensiones de análisis mostrando una protesta que se caracteriza por reproducir prácticas institucionalizadas e instituidas. No obstante, el movimiento asambleario mostró que también se pudo instalar una práctica política instituyente en el cual las decisiones estuvieran cercanas a un ideal de democracia directa; expresión que fue ampliamente celebrada por la sociedad civil en su momento.

A veinte años de los hechos estudiados y partiendo del convencimiento que los temas de investigación pueden revisarse a partir de nuevos interrogantes, nos preguntamos: ¿cuál fue el impacto en la política y en lo político de este ciclo de protestas, es decir, con su performatividad?, ¿qué sucedió con el espíritu no representativo de las asambleas?, ¿se transformaron los diferentes repertorios de acción y formas de organización en patrimonio de las futuras protestas?, ¿qué rol desempeñaron los mediadores en la protesta, como la Iglesia Católica, los partidos políticos y las organizaciones territoriales barriales? Respuestas que, sin dudas, inauguran nuevas líneas de investigación sobre la protesta social situada.

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Fuente hemerográfica

Ediciones registradas del periódico Puntal sobre protesta en Río Cuarto: 16/05/2001; 15/06/2001; 24/06/2001; 15/10/2001; 8/12/2001; 11/12/2001; 19/12/2001; 20/12/2001; 16/01/2002; 18/01/2002; 19/01/2002; 26/01/2002; 30/01/2002; 15/02/2002; 22/05/2002; 7/12/2021; 9/12/2021.

Fuente estadística

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Argentina. Recuperado de https://www.indec.gob.ar

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