Entre la moral, la razón y la patología

Ante todo, hay que afirmar el principio del mundo nuevo: lo único soberano es lo útil, y el juego no es tolerado sino cuando sirve.

Georges Bataille,
“¿Estamos aquí para jugar o para ser serios?”

En su revista número 99 de febrero de 2012, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires anunciaba con orgullo un nuevo crecimiento durante el 2011 en los montos destinados a distintos organismos y programas “cuyos beneficiarios no son otros que nuestra comunidad”^[1]. En el artículo, podía leerse la reflexión del en aquel entonces presidente de la entidad, Jorge Rodríguez, quien señalaba:

[…] cuando, cada fin de año, hacemos el balance numérico del Instituto, la alegría es doble no solamente porque los números son positivos sino porque sabemos que cada centavo fue transformado en respuesta a las necesidades de la comunidad en materia de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad^[2].

En idéntica dirección, las publicaciones y publicidades de la Lotería Nacional exhibían y recordaban permanentemente –con más declaraciones que datos– el sentido social del juego oficial y la responsabilidad de la institución por velar por los valores de transparencia y solidaridad, conjugando parámetros de eficiencia propias del mercado con objetivos de bienestar social. En ambos casos, los incrementos en la recaudación eran (y continúan siendo) objeto de satisfacción, pero subyace una necesidad por explicitar la pulcritud, probidad y transparencia que adopta dicho dinero bajo la órbita de las instituciones que lo centralizan. Es así que la alegría que señala la cita anterior era marcada como doble: como objetivo económico, fruto del desempeño eficiente de la institución, pero cuyo destino debía ser el beneficio de la comunidad.

El espacio de la función pública como lugar en el que son reconocidos oficialmente valores asociados al desinterés (Bourdieu, 2012) puede observarse con énfasis notable en el caso de las Loterías. Sin embargo, teniendo por objeto un carácter eminentemente social, este no deja de contradecirse con la hermeticidad de los funcionarios y de la información pública disponible en nuestro país. Así, el juego es a la vez un asunto social que debe promocionarse en sus beneficios y un asunto de gran impermeabilidad frente a las indagaciones externas^[3]. Si las instituciones que organizan los juegos tienen la doble exigencia de promoverlos (de manera responsable) y de declamar la profunda moralidad de las ganancias que produce, se debe a que, como muestran Boltanski y Chiapello (2011), la acumulación por sí sola no otorga las justificaciones morales de las que la economía también se halla investida^[4]. Pero además porque, en el caso particular de los juegos de azar, se está ante una práctica cuya comercialización (especialmente si la realiza el Estado) mantiene un carácter moralmente cuestionado y bajo sospecha (Steiner y Trespeuch, 2014), aun cuando haya habido desplazamientos en su moralización. En primer lugar, debido a la oposición que presenta a los criterios normativos del uso del dinero heredados de la economía política clásica y a los criterios de productividad y acumulación. Y, en segundo lugar, estrechamente vinculado a lo anterior, por las pasiones que genera y que hacen muy difícil una prohibición o un control por parte de las autoridades, asumiéndolo ya como una cuestión de orden público, de salubridad, de incumbencia fiscal, o bien una combinatoria de estas.

La práctica de los juegos siempre ha preexistido a su institucionalización, y este ha sido un importante argumento por parte de las autoridades públicas a la hora de tomar a su cargo el control y la regulación de la industria. Sin embargo, al mismo tiempo, la acción estatal ha favorecido la difusión y popularización de los juegos, lo cual también implicó que se convirtieran en una industria con alta visibilidad pública. Pero, ya sea que las impugnaciones se asienten más sobre una o sobre otra (o sobre ambas) de aquellas dimensiones, el carácter controvertido del juego en nuestras sociedades es puesto en evidencia por el lavado moral que realiza el Estado al monopolizar la actividad (a través de la explotación directa o por terceros) y derivar gran parte de lo generado por ella a fines sociales.

Lo que quisiera mostrar en este capítulo es justamente ese trabajo de conversión que ha requerido y requiere permanentemente el juego para poder ser presentado como una industria decente y productiva, y los virajes que supuso en su comprensión durante las últimas décadas. Con esto no pretendo que sea de por sí una actividad inmoral y que el Estado venga a encubrir dicha situación, sino que el juego se presenta como un asunto problemático para determinadas sociedades que se han estructurado en torno al trabajo. Al igual que con el alcohol o el uso de sustancias psicoactivas en diversas culturas, el juego no es per se necesariamente algo que pueda comprometer el desarrollo de la vida social, sino que, por el contrario, puede ser un elemento constitutivo de la experiencia de las personas en ella. Sin embargo, sabemos los estragos de dichos consumos en nuestras propias sociedades, ya que los resultados no tienen que ver con las actividades o substancias en sí mismas, sino con la configuración específica que se establece entre ellas y determinadas sociedades. Dependen, en gran medida, de los contextos culturales y sociales en los que se desarrollan la experiencia de estas prácticas y su interpretación. Así, “pueden ser veneradas durante siglos como algo sagrado, benigno, agente de la integración cultural en unos contextos, mientras que en otros son consideradas tan inherentemente maléficas y peligrosas que […] constituyen un delito grave” (Furst, 1980: 17).

En este sentido, aunque el juego siempre ha sido objeto de atención por parte de los poderes públicos y religiosos, esto no significó un tratamiento igualitario en todas las épocas. Si bien la naturaleza del fenómeno fue variando de acuerdo al contexto sociohistórico y cultural de cada sociedad (Reith, 2007), las últimas décadas marcan –como indiqué en el capítulo 1– una expansión a nivel global que fue acompañada por un trabajo de edulcoración moral de la actividad, tendiente a neutralizar parte de las impugnaciones que aún mantenía en diversas sociedades occidentales y no occidentales. De igual manera, si hoy en día parece algo evidente que determinados juegos son una realidad social aceptada y hasta “folclorizada” en nuestro país, con secciones en radio, televisión y diarios, publicidades y folletos especializados, y dichos populares, pero también con una amplia red de agencias de lotería y salas de juego oficiales que dan cuenta de la cotidianidad del fenómeno, esta naturalidad requirió de un proceso cuyas implicancias están lejos de centrarse únicamente en el aspecto lúdico de la cuestión. El sentido común acerca de que el juego es algo “natural” al hombre, que ha existido en todos los tiempos y culturas, oscurece la modalidad que su práctica ha asumido a lo largo de la historia en cada sociedad particular y las diferentes regulaciones morales y políticas de las que fue objeto.

De esta manera, la construcción de una industria estatal del juego parece un caso ejemplar de la relación entre moral y economía. Pero la moral no es un elemento externo a las relaciones mercantiles, sino que es, junto con el saber, uno de los factores esenciales en la construcción de estas (Lorenc Valcarce, 2012). Como muestra el trabajo pionero de Zelizer (1979) sobre la emergencia de los seguros de vida en Estados Unidos, fue necesario que el riesgo de muerte fuera algo susceptible de ser pensado y aceptado, a la vez que se debió convertir la vida en un objeto de valuación monetaria. Esto suponía ofender un sistema de valores que santificaba la vida humana y su inconmensurabilidad.

Más recientemente, siguiendo los desarrollos de Radin (1996) y de Zelizer (1985), Steiner y Trespeuch (2013 y 2014) indagan las condiciones bajo las cuales puede emerger un mercado cuestionado moralmente. A partir del trabajo de Hirschman (1999), quien muestra cómo la emergencia del capitalismo reposa sobre un largo trabajo de justificación del comportamiento interesado, tratan de identificar gracias a qué dispositivos se establece una distinción entre pasiones (nefastas) e interés mercantil (legítimo) en la formación de un mercado. Esto supone que el interés no es un dato ya dado, sino que es construido como una pasión constante, previsible, universal y moderada, es decir, como una pasión legítima. Esta operación se vuelve tanto más crucial cuanto más se hallan impugnadas moralmente las mercancías por ser intercambiadas (juegos de azar, venta de órganos, cannabis, pornografía, datos personales, etc.). La hipótesis que utilizan dichos autores es que la construcción social de un mercado pasa por dispositivos mercantiles que califican el resorte de la acción como un interés racionalmente gobernable y benéfico, diferenciado de las pasiones por ser excluidas del mercado. En Argentina esta temática también fue objeto de análisis para casos tan disímiles como la prostitución (Puglia, 2018) y el mercado paralelo del dólar (Sánchez, 2018). Pero, en todos los casos, se evidencia que la forma de comprender aquello que se intercambia es crucial para poder establecer una valuación monetaria (Wilkis y Figueiro, 2020).

En línea con estas perspectivas, es posible ver cómo el juego de apuestas debió transformarse en un interés social, basado en la presentación de lo que se considera una conducta natural e inevitable, pero manteniendo un control monopólico del Estado para garantizar la exclusión de lo pasional, de lo heterogéneo y, de esta forma, integrarlo a la dimensión homogénea –útil, identificable y mensurable– de la sociedad (Bataille, 2008). Esto supuso enlazar el ciclo corto de circulación monetaria del juego (que simplemente implica transferencia de dinero entre los apostadores, y entre estos y los capitalistas privados) a un ciclo largo de reproducción social. Según Parry y Bloch (1989), puede diferenciarse un ciclo corto vinculado a la apropiación individual y a lo que, en este caso, podría llamar una actividad antieconómica, de un ciclo largo de reproducción social, siempre asociado positivamente con los preceptos de moralidad hegemónicos. Como muestran dichos autores, si lo obtenido en el ciclo corto puede ser subordinado a la reproducción del ciclo largo, deviene entonces moralmente positivo. Pero siempre se encuentra presente la posibilidad de que ocurra lo contrario: que los recursos sean desviados hacia la reproducción del propio ciclo corto. Es por esto por lo que solo el Estado, en cuanto intenta monopolizar la pronunciación acerca del bien público y su definición (Bourdieu, 2012), puede legitimarse como el garante de esta operación velando por circunscribir las pasiones que rodearían al juego, es decir, racionalizándolo. Justamente esta operación no anula la moralidad de las apuestas, sino que solo la condiciona. La transformación desde una moralidad centrada en el uso del dinero no desaparece, sino que se va yuxtaponiendo con una redefinición del juego en términos de ocio y diversión racional por oposición a una dimensión patológica a ser controlada. En este último caso, a la vez que se identifica el juego con un placer legítimo, la cuestión del control de las pasiones pasa a estar cada vez más en manos de los propios jugadores. Sin embargo, en ambos casos, se trata de evitar el desenfreno de lo pasional, sea bajo una concepción de corrupción de las clases trabajadoras, sea bajo una figura médica que condensa todo lo que es deseable expulsar del mercado y de la figura racional del consumidor.

En este sentido, dicha transformación contiene un cambio en la definición de quiénes son los agentes legítimos para realizar determinados consumos (Appadurai, 1991). El juego se halla entrecruzado no solo por la cuestión de si es una actividad moral o no en sí misma, sino además por los efectos diferenciales que produciría sobre ricos y pobres, tanto desde una postura miserabilista (en cuanto corrompería el débil carácter de las masas), cuanto desde una crítica social (se trataría de un impuesto regresivo y de un placebo de la burguesía). Pero, además, sobre este eje fue emergiendo y superponiéndose otro distinto: aquel del juego normal-patológico, el cual supone una invisibilización de dichos efectos diferenciales para democratizar un problema que atravesaría a toda la población. El eje sobre el que se trata el juego patológico no es ya aquel de las clases sociales, sino el de lo psicológico.

A continuación, rastrearemos la situación de los juegos de apuesta en nuestro país en los inicios mismos de su institucionalización, no para hacer una historia institucional de la lotería, sino para dar cuenta de la problemática moral que conllevaba en su contexto particular y cómo se hilvanaba con las necesidades fiscales de los Estados, lo cual requirió redefinir la cuestión de las apuestas a favor de la totalidad social que el Estado intentaba delinear.

El contexto de la discusión

Luego de sucesivas legalizaciones y prohibiciones de los juegos de apuestas en el ámbito del territorio nacional, finalmente la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional tuvo lugar en 1893, tras la crisis económica desatada en 1890^[5]. Durante las décadas previas, la posibilidad del juego como un recurso legítimo del Estado para solventar distintas necesidades sociales era algo que ya se venía instalando en la mente de muchos de los letrados de la época, aunque todavía encontrase, como expondré, fuertes detractores. Las rentas que producía se habían evidenciado como un aporte de importancia frente a la fuerte transformación que venía sufriendo la Ciudad de Buenos Aires^[6].

En términos tanto edilicios cuanto humanos, el crecimiento que registraba la Ciudad superaba ampliamente la capacidad administrativa y presupuestaria del gobierno para absorber y contener todas las nuevas problemáticas y asuntos que generaba^[7]. Hacinamiento, baja calidad de la alimentación y carencia de un sistema sanitario acorde eran los problemas más acuciantes de la temprana cuestión social, la cual tuvo sus momentos más dramáticos con las sucesivas olas de fiebre amarilla y de cólera^[8]. La mayoría de las instituciones que tomaban a su cargo la ayuda sanitaria y educativa eran sociedades de beneficencia inspiradas en experiencias europeas, particularmente francesas, que recurrían a la realización de loterías para solventar sus actividades. Pero, junto a estas, también se hallaban privados que comercializaban sus propios billetes o importaban juegos de otros lugares para beneficio personal. Encausar la heterogeneidad de tal panorama a través de la estatización significaría, por un lado, aprovechar económicamente el juego y, por otro, generar las condiciones para una mayor confianza en él, es decir, ampliar las posibilidades de su explotación bajo las garantías del monopolio estatal.

La crisis de 1890 (desatada por el riesgo de quiebra de la casa Baring, agente financiero del gobierno argentino) se sumó a las modificaciones y necesidades que venía mostrando la Ciudad de Buenos Aires. Como señala Oszlak (2006), las consecuencias de dicha crisis se manifestaron de forma dramática bajo la restricción del crédito, la desvalorización de títulos y valores públicos y privados, el drenaje del metálico, la paralización de las construcciones, la caída en el valor de la tierra y en los precios de los productos exportados, y el cierre de bancos y comercios.

En estas circunstancias, si, por un lado, se perfilaba un recrudecimiento de la condena del juego a partir de la lectura moral que se hacía de la crisis como resultante del auge especulativo, por el otro, más se volvían necesarios los fondos que la lotería podía proveer. Diversas entidades de bien común solicitaron permisos para realizar sorteos que permitieran la obtención de dinero para la construcción o el mantenimiento de inmuebles de bien público (Cecchi, 2010a).

Ante esta situación, volvió a debatirse la idea de una lotería oficial que regulara la cuestión al tiempo que explotara el beneficio a favor de los hospicios y demás actividades de caridad. Este debate fue el más álgido en términos de la cristalización de dos posturas confrontadas que, bajo el aspecto lúdico, venían pugnando en torno a la relación entre economía, moral y estatalidad. Se trataba de definir si era posible que una actividad “inmoral” que promovía el derroche y, por tanto, fuera considerada antieconómica pudiera convertirse en una benéfica, se constituyese en ahorro y fuese rentable económicamente, y bajo qué condiciones se podría hacer esto. No obstante, propondré realizar la lectura invertida de dicho debate: como se verá, la discusión moral se da en los términos de una economía política, y es en la medida misma en que se trata de una actividad basada en el derroche y no meritocrática que era considerada inmoral.

El trabajo y el ahorro como virtudes económicas y cívicas para la consolidación y el engrandecimiento de la República se mostraban como la antítesis de los juegos de apuestas en una época en que la economía entera y la propia bolsa de comercio eran vistas como un gran garito^[9]. Como muestra Salvatore (2001), el juego, la prostitución, el alcoholismo, el crimen y el fraude en la Buenos Aires de aquellos años eran considerados por diversos sectores sociales como una patología que minaba las instituciones y los valores considerados esenciales para el funcionamiento del mercado, a saber: el trabajo, la familia y la propiedad privada. El temor de la elite gobernante frente a lo que se consideraba una economía inmoral, agudizado por las crecientes oleadas inmigratorias, llevó a exigir desde distintas posiciones del arco político una mayor intervención estatal que delimitara las fronteras legítimas de la actividad mercantil, regulando los peligros de dichos excesos (Figueiro y Puglia, 2021). En este escenario, el juego de apuestas era considerado como una perversión de la actividad económica y un descarrilamiento de la ética del trabajo, junto con otras actividades que subvertían los atributos éticos de capitalismo.

Trabajadores que se volvían ladrones profesionales, vírgenes que se convertían en prostitutas y los sectores populares enviciados por las apuestas, podrían socavar, de no controlarse, la estabilidad y legitimidad de las instituciones de mercado. Los discursos sobre el peligro moral sirvieron para delimitar el espacio y la legitimidad de la actividad mercantil. Como espacio cultural, la economía tenía un costado “bueno” y un costado “malo”. Juzgado como un exceso de pasión o como un síntoma de un trastorno psicológico o mental, el juego de apuestas y otros desórdenes representaban lo que la economía “buena” no era ( Salvatore, 2001: 17).

La cuestión, entonces, era cómo una lotería podía convertirse en la parte “buena” de la economía, es decir, aquella económica y socialmente productiva para los parámetros de una elite que veía esa actividad como un peligro de disolución de los lazos sociales y fuente de atraso económico. Delimitar la racionalidad de la lotería implicaba hacer de ella algo productivo, es decir, volverla socialmente aceptable dentro de los marcos de la regulación estatal, evitando el desenfreno del exceso y la confrontación con una ética del trabajo.

La conversión moral del juego y la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional

¿No se comprende, señor, que una nación pueda ser arruinada como lo está la España, porque no se forma el ahorro, que es la base del capital de los bancos y de todos los capitales? ¿No se explica, a la inversa, que las naciones que no tienen semejante lotería estén acumulando capital en sus bancos, en sus cajas de ahorros, en todas partes donde se recibe desde el penique hasta la suma más cuantiosa?

Pero, señor, yo debo presentar a la cámara este dato.

Conversaba yo con uno de tantos inválidos que venden lotería, y le preguntaba: “Dígame, ¿quiénes son los que compran números?”. “¡Ah! Señor; ¡si viera! Ahí, de aquella casa de en frente”. Y me mostraba una de tres pisos. Todos los sirvientes me tienen ya anticipado el sueldo, para comprar billetes.^[10]

El 1.° de septiembre de 1892, el senador de Jujuy Eugenio Tello presentó un proyecto para la creación de una Lotería municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El 60 % de los beneficios debería aplicarse al sostenimiento de los hospitales y asilos públicos de la Capital, y el 40 % restante, por partes iguales a las provincias. Se prohibía además la circulación de toda otra Lotería en la Ciudad. La idea de que las anteriores prohibiciones solo habían logrado expandir las loterías clandestinas, y especialmente la de Montevideo, fue el argumento inicial para dar lugar a un debate sobre la conveniencia de tener un monopolio propio del juego para solventar la ayuda a los más necesitados. Las voces a favor del proyecto partían de una concepción antropológica del juego que ya había sido sostenida en diversas oportunidades, según la cual dicha práctica sería un hecho innegable de la condición humana y, por lo tanto, vano el esfuerzo por erradicarlo. Antes bien, debía ser canalizado.

La mayoría de las provincias ya habían legalizado Loterías propias y, según se argumentaba, la Capital Federal se hallaba presa de ellas en cuanto extraían las apuestas hacia otras regiones y, mayoritariamente, hacia la capital uruguaya. Las entidades de beneficencia, por su parte, solo recibían permisos provisorios para desarrollar determinada cantidad de sorteos y de montos por año para cubrir sus necesidades. El senador Tello declaró en la presentación:

Yo no puedo sostener que el juego de la lotería sea moral, pero sí que puede establecerse en tales condiciones, que al mismo tiempo que disimula lo inmoral venga a crear una fuente de recursos para el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia.

[…]. El congreso, señor presidente, tiene facultad para crear impuestos, y en esa virtud yo, sin que esto importe una ley de impuestos en el sentido constitucional, presento este proyecto estableciendo un impuesto módico y voluntario. ¿Con qué objeto? Con el de crear una caja de ahorros.

Véase entonces si puede ser más moral, de mi punto de mira, este proyecto.

De este modo (y me refiero en general al menesteroso) algunos de sus ahorros podrá entregarlos al juego de la lotería como contribución voluntaria y módica. ¿Para qué? Para formar una caja de ahorros a fin de sostener los hospitales, porque mañana puede necesitar el proletario de ese auxilio, y si no los necesita él será el pariente, y si no es el pariente será un amigo cualquiera: la humanidad se impone en todos los casos.

[…]. Bien sé, señor Presidente, que en economía política el juego es inmoral, porque absorbe el ahorro y muchas veces destruye la fortuna y corrompe las costumbres, es cierto; pero también no es menos cierto que el Congreso tiene facultades para imponer contribuciones al pueblo, y que puede hacerlo en la forma que más estime conveniente.
¿Qué mejor forma, pues, que imponerle una contribución voluntaria y módica para formar una caja de ahorros? Ese es mi proyecto^[11].

Por una inversión simbólica, el juego pasaría a tener un carácter moral a través de la utilidad pública del dinero que generase. Al introducir el dinero del juego en el ciclo largo de reproducción social mediante el vínculo fiscal, el derroche se convertiría en ahorro, vinculación que estaría presente en la creación de varias de las Loterías provinciales. En el origen de las Loterías de las provincias de Tucumán (1915), Córdoba (1920) y Santiago del Estero (1941), por ejemplo, había cajas populares de ahorros que hacían de dicho juego una fuente de recursos para solventar sus actividades principales, vinculadas a la asistencia social y a los créditos populares. No es solamente que dicha utilidad del dinero conjurara la “depravación” de este, sino que además, por intermedio de esta transmutación simbólica, modificaba el carácter del juego, porque en definitiva se volvería moralmente (productivamente) fecundo.

En efecto, esta nueva fuente de recursos debía contar con una condición para ser aceptada moralmente, pues no se trataba solo de la mayor recaudación fiscal, sino que esta recaudación debía ser direccionada hacia lo que se pretendía como una “caja de ahorros”. Resulta por demás curiosa la aclaración que realiza el senador Tello cuando dice: “Bien sé, señor presidente, que en economía política el juego es inmoral”. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en economía política y no, en todo caso, inmoral a secas? Existe un discurso “moralista” heredado de la Ilustración, centrado en las consecuencias sociales nefastas de los juegos de azar y de apuestas, según el cual estos abonarían los vicios humanos, la avaricia y la ociosidad (Inserm, 2008), contrarios al clima de moderación y racionalidad (Reith, 1999). Pero lo interesante es ver cómo esa concepción, que continúa en su aspecto esencial hasta nuestros días, se halla vinculada a la productividad y el esfuerzo. Toda la argumentación –tanto a favor como en contra– giró en torno a la inmoralidad o moralidad de los juegos en función de los efectos económicos que llevaban aparejados para el trabajador y, por este medio, las consecuencias en su estilo de vida y sobre la nación toda^[12]. Lo que se hallaba en juego, en suma, era la construcción de un ethos económico de la población acorde a un proyecto de nación.

Esta concepción no era propia de Argentina, sino que se asentaba en un sistema de ideas muy característico de la época. La economía del siglo xix básicamente condenaba el juego, a pesar de que reconociera que asumir ciertos riesgos era compatible con la acción económica racional del capitalismo (Douglas, 1996). En el ámbito local, la formación de ahorros nacionales se presentaba como uno de los puntos fuertes en la concepción de los gobernantes de la época para el desarrollo económico de una nación, pese a la impronta rentística que caracterizaba a la elite gobernante (Rapoport, 2006). El deseo de inmigración europea en parte se vinculaba con la percepción de un ethos económico adecuado a este proyecto –aunque dicha expectativa no se viera satisfecha–, mientras que el juego se contraponía como un medio no meritocrático de acceso a la riqueza, socavando el espíritu de trabajo y de ahorro que se buscaba para la población argentina. En este sentido, era observado como un gasto infructuoso que podría hundir a las mentes exaltadas en la miseria, lo cual conllevaba en el fondo una relación prohibida con el dinero: tanto acceder a él sin trabajo como gastarlo de manera no productiva estaba vedado para las clases populares^[13]. Pero, en la medida en que pudiera destinarse lo recaudado por la lotería a la caridad de esas mismas clases populares, el juego podría ser considerado como un acto de bien e incluso como una necesidad, teniendo en cuenta el requerimiento financiero de las sociedades de beneficencia. Era el dinero de los sectores populares el que estaba en discusión y no el dinero en general y, por ello, era el juego de esos mismos sectores el que se debatía. Pero, si ese dinero podía por una vía indirecta volver a los “menesterosos”, el asunto estaría moralmente resuelto para quienes apoyaban la propuesta. El modo ideado era justamente convertirlo en una “caja de ahorro” manejada por el Estado.

El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda y debió esperar un año hasta que se volviese a tratar en el Senado. Allí se efectuó un nuevo acalorado debate entre los senadores Tello y Anadón que expresa y condensa los argumentos en pugna. Anadón, senador de Santa Fe, expuso en la primera sesión:

[…] es condición humana que cuando se puede obtener sin el esfuerzo es preferible; pero los que se tientan no son, por de contado, los mejores; son los más remisos al trabajo, son los más inclinados naturalmente al vicio. Compran a escote entre varios un billete, pasan algunos días y por desgracia de ellos resulta que el premio mayor les ha salido. Los gananciosos abandonan la fábrica en seguida; empiezan a frecuentar la más próxima taberna; muy pronto tienen las primeras entradas policiales; a poco andar ya dejan de regresar a sus hogares por la noche, y algunos meses después, señor Presidente, esos hombres están perdidos para la sociedad y para sí propios: son ociosos de profesión, son candidatos para el crimen; serán habitantes de la penitenciaría en breve tiempo^[14].

La asociación entre “remisos al trabajo”, “vicios” y “fábrica” señala claramente cuáles eran los sectores dentro de los cuales se percibía una relación malsana con grandes sumas de dinero obtenidas por azar^[15]. La descripción señala la manera en que estas corromperían el ya de por sí débil carácter de los trabajadores, asumiendo el destino que les sería dado y el derrotero que los conduciría al crimen y a la cárcel^[16]. En la sesión del día siguiente, el mismo senador expuso:

No conspire, pues, el señor Senador [Tello] contra el ahorro, no fomente la pobreza por la multiplicación de los asilos, so pretexto de que así va a mejorar la condición de las clases indigentes, cuando lo que se necesita es mejorarla en otra forma, depurando la administración, disminuyendo los impuestos, equilibrando los presupuestos, ejerciendo, en un apalabra, las verdaderas, las únicas funciones del gobierno^[17].

El problema no solo incumbía a la moralidad del juego, sino también al rol y a las funciones mismas del gobierno ante tales iniciativas y ante las necesidades económicas del país, que aún sentía los tumultos de la crisis. A la concepción clásicamente liberal de reducción del gasto público, baja de impuestos y depuración de la administración, se le proponía un Estado –no menos liberal, dado el carácter “voluntario” del impuesto– como artefacto que podría funcionar como agente de reasignación que invertiría la matriz económicamente inmoral del juego para el beneficio de los propios jugadores de lotería, asimilados a los sectores trabajadores. Decía Tello en esa oportunidad:

Efectivamente, el proletariado emplea sus ahorros o parte de ellos en el juego de lotería y este beneficio va a ser destinado especialmente al fomento de hospitales. A esos hospitales va ese proletariado, y, sino él, su pariente, y si no, un amigo o un prójimo cualquiera; de esta manera es que se fomenta esa caja de ahorros, por medio de esta contribución voluntaria, para formar y sostener estos establecimientos de beneficencia^[18].

Así, por mediación de la centralización y el redireccionamiento del Estado, se convertiría el gasto en ahorro, pero ambos focalizados: en una época en que el gobierno se sucedía en manos de una minoría privilegiada (Botana, 1985), en la que los aspectos más básicos del Estado de bienestar aún eran históricamente insólitos, y la movilización de una incipiente clase obrera apenas empezaba a cobrar mayor fuerza (Suriano, 2010) –si bien ya existían hacía varias décadas los problemas sanitarios y de higiene pública que implicaban a toda la población–, el dinero para las crecientes necesidades hospitalarias debería partir de las mismas masas trabajadoras que concurrirían a dichos nosocomios. Por eso, desde el punto de vista de la totalidad social, no se trata en realidad de redistribución –y menos de reciprocidad–, sino efectivamente de un impuesto sobre los sectores populares para un servicio que, tarde o temprano, ellos mismos utilizarían^[19]. Esto no implica una denuncia de cinismo o de malevolencia por parte de los gobernantes de esa época, sino que expresa la lógica que atraviesa la constitución de la institución que nos incumbe: los hospitales debían ser sustentados por el “ahorro” de los trabajadores que concurrían a esos establecimientos, “ahorros” que se sustraerían del juego de esos mismos sectores, lo cual contrarrestaría el vicio privado mediante el bien público por la mediación de la administración estatal. Pero esto se funda sobre la consideración del juego popular como una actividad inerradicable dada la supuesta naturaleza misma del fenómeno.

Finalmente, el 16 de octubre de 1893, fue sancionada la ley 2.989, la cual autorizaba a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la extracción periódica de una lotería de beneficencia. Dado que se trataba de un organismo comunal de la Ciudad, pero cuyos beneficios alcanzaban a las provincias y cuya reglamentación dependía del Poder Ejecutivo nacional, se originó una polémica entre este último y el Consejo Deliberante de la Ciudad, que se extendió por dos años. Esto ocasionó la presentación de un nuevo proyecto para que la Lotería de Beneficencia se transformase en Lotería de Beneficencia Nacional, administrada por una comisión de seis personas nombradas por el Poder Ejecutivo. Nuevamente se generaron acalorados debates en los que se discutían tanto las facultades y competencias de los distintos poderes, como la legitimidad de un juego promovido desde el Estado. El diputado de Corrientes, Manuel Mantilla, en la sesión del 4 de octubre de 1895, expresó:

No es posible, señor, que el Presidente de la República, el jefe del Estado, el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, sea empresario de loterías. Eso deprime el carácter de nuestras instituciones; eso no estuvo en la índole de la moralidad pública; eso no debe aportar recurso aceptable al poder federal (citado en Elía y Pardo, 1974: 318).

Pero el centro del debate ya no era el de hacía dos años, y finalmente fue sancionada la ley 3.313, que establecía la Lotería de Beneficencia Nacional (manteniéndose los nombramientos por parte del Poder Ejecutivo), cuya extracción se haría en la Capital Federal. El 75 % de lo recaudado debía destinarse a premios^[20], mientras que los beneficios líquidos debían ser aplicados en un 60 % al sostenimiento de hospitales y asilos públicos de la Capital Federal, y en un 40 % a los de las provincias.

La creación de la Lotería de Beneficencia Nacional no acalló los debates sobre el juego. La indignación ante su expansión legal e ilegal se vio reflejada en el meeting organizado en 1901, en el que alrededor de 5.000 personas se congregaron en la Plaza de Mayo para peticionarle al presidente de la República la represión de los juegos de azar en el ámbito urbano (Cecchi, 2010b). Esta movilización fue organizada por sociedades obreras y recreativas, de entre cuyas figuras sobresalió la del orador principal, Alfredo Palacios, pero también fue acompañado por gobernadores, legisladores y diversas asociaciones civiles que veían el crecimiento de las casas de apuesta como una perturbación al orden moral y económico que atentaba contra el trabajo. Con la movilización se buscaba dar apoyo a la presentación de dos proyectos tendientes a restringir y prohibir la práctica del juego, los cuales se proyectaron en debates parlamentarios que derivaron, en 1902, en la sanción de la ley de represión del juego, por la que se legalizó la potestad de la fuerza pública para realizar allanamiento de domicilio privado. Pero era nuevamente el dinero del pueblo el que se buscaba reencausar a las arcas estatales: Rufino Varela Ortiz, antiguo funcionario policial devenido diputado y autor del proyecto, señaló que el juego debía reprimirse en aquellos lugares a los que concurría la masa del pueblo, garitos que “socava[ban] la fortuna destinada a la beneficencia”^[21], y no en los clubes de la alta sociedad, en donde no había perjuicio alguno. Decía Varela Ortiz: “El juego en los clubes no constituye delito de orden moral ni legal, son simples expresiones de la sociedad. Hay que curar allí donde la enfermedad puede ser peligrosa, no en los centros superiores de la sociedad”^[22]. Al igual que en las discusiones anteriores, era el dinero de los sectores populares el que debía ser conjurado, dado que era allí donde producía enfermedades morales.

Si bien posteriormente hubo otros intentos por prohibir todo juego (el último proyecto en tal sentido data de junio de 1927, presentado por el diputado socialista Adolfo Dickmann), en términos institucionales la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional vino a estabilizar el conflicto sobre la actividad, aun cuando subsistieran las críticas. El proceso que se abría era más bien de popularización y represión de las manifestaciones ilegales antes que de contracción. Las mismas obras que el juego financiaba (como la provisión de agua potable a varias provincias, subsidios a la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico Nacional y el Archivo General de la Nación, el financiamiento de la construcción del Policlínico José de San Martín –actual Hospital de Clínicas–, la reconstrucción del club Gimnasia y Esgrima, entre muchos otros ejemplos) contribuían a publicitar la función que se le había dado a la institución, y, por este medio, al mismo juego, a la vez que justificaban el aumento de sorteos y de montos para cubrir las nuevas metas.

Dinero viciado vs. dinero público

El período del que me he ocupado aquí, el del surgimiento de la Lotería de Beneficencia Nacional a fines del siglo xix en la Argentina, presenta entonces una articulación específica entre el trabajo, el dinero y el ahorro especialmente marcada para los sectores populares; articulación que reproducía una lógica fuertemente moralizada sobre la base de una economía política en torno al uso del dinero y a la construcción de un trabajador próvido.

En este sentido, el manejo y administración del dinero era un aspecto central –y continúa siéndolo– para las concepciones dominantes de la época, en la medida en que ponía en discusión cuáles debían ser las cualidades morales de un ethos económico responsable. El problema mayor del dinero en manos de los pobres ha sido justamente cuál puede ser su uso adecuado (Zelizer, 2011; Wilkis, 2013; Hornes, 2020), cuándo es posible decir que es legítimamente gastado (Figueiro, 2013). Pero también se trata de una cuestión de procedencia, de las fuentes de las que proviene el dinero: “Eso no debe aportar recurso aceptable al poder federal”, se discutía en las sesiones parlamentarias. El Estado también podía ser “manchado” por ese numerario, por lo que era necesario imprimirle el sello de la beneficencia antes que el del derroche. En la definición del dinero del juego, era la finalidad antes que su origen lo que debía privilegiarse.

El juego debe poder enlazarse a un interés social que lo justifique en términos del bien común (Boltanski y Chiapello, 2011). Para que cumpliese con esta exigencia, el Estado debía intervenir devolviendo la imagen no ya de una amenaza de destrucción de los lazos sociales, sino de una oportunidad para aprovechar una tendencia “natural” de los individuos en favor de la comunidad, en la medida en que pudiera restringirlo. Se trataba, en suma, de que el Estado fuera capaz de controlar y encausar las prácticas económicas –y “antieconómicas”– en reglas que las contuvieran (Lordon, 2011). Tiene, en este sentido, un lugar central en la producción de las prácticas económicas “normales”, al acotar la violencia de estas, que no es solo del orden del juego, sino de la economía mercantil, sobre la cual debió hacerse un trabajo ideológico (Dumont, 1999; Hirschman, 1999) pero también institucional (Polanyi, 2007) para que la lógica de acaparamiento sobre las cosas (y sobre el dinero) no fuera percibida como riesgo de destrucción del grupo social, sino como condición de su prosperidad. En este sentido, las fuerzas del juego, vistas como “disolventes”, requirieron de garantías institucionales para refrenar los peligros que traían aparejados, encausándolo en un circuito productivo bajo una garantía estatal que previniera los desenfrenos privados por su explotación.

Sin embargo, la paradoja del juego estatal es que, por un lado, debe acotarlo en la medida en que se propone reprimir lo más posible la competencia clandestina, y prevenir y paliar sus manifestaciones excesivas, pero, al mismo tiempo, debe promoverlo como una fuente de recursos legítima bajo su tutela, especialmente requerida en tiempos de necesidad fiscal. La restricción no implica entonces reducir el juego, sino que puede ser expandido bajo la órbita del Estado. Como expuse en el capítulo 1, en este sentido fueron las estatizaciones de los casinos (ubicados en la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires) e hipódromos realizadas durante las décadas de 1940 y 1950, así como la apertura de nuevas casas de juego en centros turísticos en las décadas siguientes. Por un lado, supusieron la masificación y popularización de dichos espacios^[23], pero también, al mismo tiempo, el incremento de los montos de dinero disponibles para los fines que hasta ese momento solo había contribuido la lotería.

No obstante, a pesar de que la separación espacial y temporal entre juego y trabajo se mantenía vigente, se empezaba a argumentar el carácter en sí mismo productivo de la actividad, antes que el uso de lo recaudado para actividades benéficas, en cuanto podía constituirse como una fuente de trabajo y de desarrollo local. Entre los considerandos de algunos de los decretos que autorizaban la firma de convenios o directamente la apertura de nuevos casinos, pueden leerse los criterios de “reactivación económica e incremento turístico”^[24], “fomento del turismo y creación de nuevas fuentes de trabajo”^[25], “verdadero interés nacional” y mejora de las “condiciones para atender los gastos que le demandara [a la provincia] el mejoramiento de la zona”^[26], y el alivio de “tensiones socioeconómicas”^{[27] [28]}. En todos estos casos, antes que en oposición al trabajo, los nuevos establecimientos se creaban como fuentes de él, en un contexto en el que la diversión era ya vista como un derecho al que debían tener acceso los trabajadores como compensación por su labor, aunque manteniendo una clara delimitación entre ambas actividades.

Pero, más allá de los argumentos con los que se abrieron estas nuevas casas de apuestas, la marca de origen es indeleble y el dinero jugado sigue legitimándose en la medida en que sirva para los fines de ayuda social: este será hasta el día de hoy el leitmotiv que, en las distintas Loterías del país, se presenta como la razón de ser de estas. En el funcionamiento mismo del Estado, se ve entonces cuestionada la fungibilidad del dinero, su carácter neutral, inodoro e incoloro. Su condición moral de posibilidad radica en ser un dinero para usos especiales (Polanyi, 1976), cuya obtención se encuentra regulada por el propio Estado.

La moralidad del dinero del juego, entonces, se fue resolviendo desde un punto de vista societal a través de la cuestión fiscal: la fiscalidad sobre el juego es la que atraviesa y articula la paradojal relación entre derroche y productividad, al convertir el vicio privado en beneficio público. Al operar como un recaudador sobre “los vicios privados” (resaltando su carácter voluntario), el Estado se asume como el único actor legítimo para actuar sobre lo prohibido regulándolo, porque solo él puede funcionar como totalizador redireccionando lo que de otra forma quedaría como dinero “negro” (Elía, 1975), asociado a jugadores y operadores privados en un circuito corto de inmoralidad. En la medida en que el juego pueda percibirse como “inevitable”, el Estado, en cuanto monopoliza el pronunciamiento sobre lo universal, vuelve ese dinero público y federal –en el caso de la Lotería Nacional–, y lo exorciza del “vicio”. Me dijo con vehemencia en una entrevista el gerente de mercado de Lotería Nacional: “El juego es productivo porque lo recaudado se destina a obras de bien público”^[29]. Así, es el Estado el que, instituyéndolo como una recaudación para el bien común, lo legitima como actividad, a la vez que se legitima a sí mismo como regulador, administrador, explotador y ente de control de ella, sin perjuicio de las concesiones que les otorga a terceros.

De esta forma, la cuestión del dinero del juego, sin ser una realidad externa previa, como se ha pretendido desde las teorías económicas, se resuelve en el campo de la política a través de los procesos institucionales y de los esquemas cognitivos que puedan imponerse desde el Estado y que actúan como principios de percepción del fenómeno (Bourdieu, 1994). Realidad material, pero también institucional y simbólica (Théret, 2008), se le intenta imprimir un marcaje público al dinero mediante toda una serie de mecanismos de clasificación, contabilización (porcentajes destinados a premios, a hospitales, a las provincias, etc.) y normalización tendientes a racionalizarlo y a moralizarlo al mismo tiempo en nombre de un cierto público (los “menesterosos”, el “interés general”, “la humanidad”, el “bien público”), contribuyendo de esta manera a la producción de su valor y a la legitimidad de sus usos.

La demarcación entre juego normal y juego patológico

Si, a fines del siglo xix, se daba por descontado entre los sectores ilustrados que el juego era de por sí un instrumento de depravación de las clases populares, y, en este sentido, que se trataba de un asunto económico pero también de orden público, paulatinamente la actividad iría virando hacia una conceptualización en términos de ocio legítimo, siempre que se encontrase debidamente diferenciado del trabajo y canalizado por la oferta legal. Así, los juegos de apuestas dejaron de ser vistos como corruptores para ser, bajo ciertas condiciones, una recreación legítima. Aunque la vieja connotación moral vinculada a la economía no desapareció y aún hoy el dinero del juego deba tener destinos específicos, la preocupación central será no ya el juego en sí mismo, sino las formas de su exceso. En este sentido, existe una continuidad con la vieja crítica moral, pero esta quedará relegada a los potenciales problemas que el juego puede traer a partir de sus formas no recreativas ni legítimas, excesivas e irracionales. Primero bajo la mirada psicoanalítica, inaugurada con Freud a partir de su texto Dostoievski y el parricidio ( Freud, 1928), en el que analizaba la figura del jugador como un neurótico compulsivo, cuya obsesión se vinculaba a una forma de masoquismo. Pero no fue sino hasta la década de 1970 cuando empezó a cobrar fuerza el campo de la psiquiatría en la investigación sobre los comportamientos adictivos al juego. Aunque se trataba de una perspectiva distinta y la terminología variaba, se seguía considerando a los jugadores como personas enfermas.

Este nuevo registro del juego se fue consolidando con el crecimiento mundial de la industria de las apuestas a partir de las últimas décadas del siglo xx. La moral pasó allí a articularse con un discurso médico que demarca los límites entre una normalidad y una relación patológica con las apuestas. De esta forma, fue tomando la apariencia de un problema psiquiátrico y, por tanto, esencialmente privado, frente al cual a los Estados y a las empresas concesionarias les quedaría la prevención y la regulación, desvinculando así el crecimiento de la industria con la moral en términos de una economía política. Lo que se empezaba a proscribir era la marginalidad del juego (su ilegalidad) y su patología. En el primer caso, el Estado mantiene su potestad como regulador para evitar el lavado de dinero y las operaciones fraudulentas. En el segundo, es el encargado de velar por la salud pública y de prevenir los efectos nocivos, pero sin ser el responsable directo del crecimiento del problema.

En el año 1980, la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA) incluyó la ludopatía en la tercera edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III, por sus siglas en inglés). Sin sustituir la vieja interpretación moral de fundamento económico, el juego compulsivo pasó a considerarse bajo una perspectiva distinta y superpuesta: la ludopatía es la forma corrompida de una recreación legítima. Esta idea, que de por sí no era nueva (ya se encontraba en Aristóteles), se vuelca a los juegos de azar, pero bajo el lente de la medicina. Ya no se discute el carácter económico-moral del juego en sí mismo. Las apuestas se constituyen ahora a través del saber médico en una recreación individual, cuya verdad es realizada por la idea de que existiría una corrupción de esta recreación, tipificada como un trastorno que es posible identificar a través de una serie de rasgos. El carácter negativo del juego queda en buena medida condensado en esa tipificación, que implica y construye en el mismo movimiento la existencia de un juego no corrompido, normal ( Livingstone y Woolley, 2007).

Pero, además, se trata de un asunto médico que no invalida cierta duda sobre la propia responsabilidad del jugador: como en el caso de otras adicciones (alcohol y drogas), pero también de enfermedades venéreas como el HIV, subsiste una sospecha sobre las virtudes morales de los propios padecientes. En la página web del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, puede leerse: “Como Estado, también tenemos la responsabilidad de proteger la salud integral de nuestros habitantes. En este caso, de quienes por diferentes motivos hacen del juego una patología y no una forma de entretenimiento, de distracción” (la cursiva es mía). En idéntico sentido, leyendas tales como “Jugar es un placer, no lo convierta en un problema” y “Juegue responsablemente”, que eran adoptadas oficialmente por la Lotería Nacional, transmiten la idea de que finalmente habría una elección del jugador (a pesar de que se considere un trastorno) y de que este necesita valerse por sí mismo. Los operadores privados, por su parte, deben satisfacer la recreación genuina a la vez que amortiguar la situación de los ludópatas con medidas de prevención, contención y asesoramiento, en el marco de lo que se conoce como “socialmente responsable”.

Así, el problema del juego se desplaza parcialmente de su estatuto moral en relación con las clases populares para centrarse en las formas no reguladas e ilegales del juego, en las que el Estado aparece como el garante de la racionalidad, tanto económica cuanto social. En una entrevista realizada a un exgerente general de Lotería Nacional Sociedad del Estado, Jorge Cambareri, él declaraba:

El juego afecta ciertos elementos del ser humano muy especiales: todo está en qué hacemos con esa cuestión natural del hombre. Lotería Nacional la explota, porque sería ingenuo abandonar ese mercado, pero dentro de un marco de racionalidad, de cuidado, fundamentalmente de los chicos, de la salud de la población. Hay gente que aprovecha ese elemento natural para lograr otros objetivos: vender más (citado en Paszkowski, 1992: 77).

El Estado, entonces, se presenta como el racionalizador de las formas no racionales, corrompidas e ilegales del juego. Lo que evade o lo que trastorna, es ahí donde el Estado debe actuar, pero no ilegalizando la actividad, sino delineando el marco dentro del cual el juego puede ser racional y razonable, solidario, genuino y productivo. No se señalan los efectos de la expansión, sino su modalidad, puesto que el mercado ya se da por supuesto (“sería ingenuo abandonar ese mercado”). El asunto es, antes bien, quién lo monopoliza. Así, en una nota editorial del 2008, entonces presidente de la Lotería Nacional, se preguntaba:

¿Qué ocurriría de no existir intervención del Estado? La respuesta es que seguramente, proliferaría un submundo, marginal, violento y con operadores ocultos en la sombra de la clandestinidad. También significaría grandes pérdidas en impuestos, un alto costo social por disminución de puestos de trabajo genuino y obviamente menos beneficiados con el pago de premios. Por ello es que debemos cambiar la palabra prohibición por regulación y aceptar que definitivamente el juego es un mercado en expansión y constante crecimiento, con una legislación adecuada y transparencia en la gestión de sus operadores^[30].

De esta forma, el juego se convierte en una industria como las demás, generadora de puestos de trabajo, atento a las necesidades de un público, precavido frente a los trastornos que puede causar en razón de las formas no racionales de su consumo. En una palabra, el juego pasa a integrarse, bajo ciertas condiciones, a la parte homogénea de la sociedad, la parte útil y mensurable, al excluir su patología, su delincuencia, su delirio. Se trata, entonces, de demarcar y excluir lo irracional para hacer de la actividad algo perfectamente racional y, por lo tanto, normal. La patologización de un vínculo específico con el juego a través del saber médico, ponderado mediante un listado de ítems que permiten su diagnóstico –los cuales son tomados como referencia por todos los organismos públicos vinculados al juego, incluso por el IPLC en su página web–, desvincula así la ludopatía de una práctica “normal” que queda ubicada dentro del ocio legítimo. El peligro social que todo juego popular conllevaba durante el siglo xix queda condensado en una patología específica e identificado con ella. La crítica que veía en todo juego de apuestas, sin distinción, una actividad inmoral que llevaría al vicio (Reith, 2007) se ve así reorientada a partir del parámetro de racionalidad en función de un exceso definido por el saber médico, el cual constituye una población frágil no ya en términos morales, sino sanitarios (Steiner y Trespeuch, 2014). El DSM–IV, aparecido en 1994, indicaba una diferenciación más refinada con otras formas de juego (social y profesional) de la siguiente manera:

El juego patológico debe distinguirse del juego social y del juego profesional. El juego social tiene lugar entre amigos o compañeros y su duración es limitada, con pérdidas aceptables que se han determinado previamente. En el juego profesional los riesgos son limitados y la disciplina es central. Algunos individuos presentan problemas asociados al juego (p. ej., intento de recuperación de pérdidas y pérdida de control) que no cumplen todos los criterios para el juego patológico (American Psychiatric Association, 1995: 633).

Si bien la cuestión del exceso en el juego siempre había estado presente, por primera vez era definida y separada de un juego normal, cuantificada y legitimada por el saber médico (Reith, 2007). Toda una serie de investigaciones se focalizaron sobre este nuevo sujeto que se constituía en torno al juego y sobre su comportamiento, describiéndolo con una terminología propia y volviéndolo más visible a la vez que incrementándolo, lo cual contribuyó a eclipsar los análisis sociales y culturales sobre el fenómeno (Cosgrave, 2010). Esta problematización de las apuestas ocurría no en un momento marginal de estas, sino, por el contrario, a la par de un vertiginoso acrecentamiento. Pero esto no constituye una paradoja: justamente porque dicha problematización implica una focalización sobre lo patológico y un reconocimiento de las formas normales de juego, este no debe prohibirse, sino que debe dejarse desplegar esa naturalidad. Pero, además, porque los nuevos estudios sobre la problemática fueron emprendidos por las mismas empresas del sector y por los Estados interesados, y se constituyeron en fuentes de un nuevo saber sobre el comportamiento de los jugadores que permiten gobernar las acciones al orientarlas en el mercado, es decir, expandiendo la industria (Cosgrave, 2010)^[31].

El paroxismo de la distinción entre juego normal (o responsable) y patológico se da cuando este último es directamente excluido de la categoría de juego, en cuanto conduciría a lo opuesto de las virtudes que presentaría la actividad lúdica. Así, por ejemplo, en un artículo publicado en la revista oficial de LN sobre el juego patológico, puede leerse:

Cuando hablamos de juego patológico hablamos de adicción, y como tal consume energías y conduce a la esclavitud; cuando hablamos de juego responsable hablamos de salud, su práctica genera energía y conduce a la libertad. […].
El juego patológico (el mal llamado juego) no es juego, es una enfermedad tipificada en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), comprendida dentro de los Trastornos de Control de los Impulsos [cursiva resaltada en el original].^[32]

Cuestión energética, el juego responsable (que en realidad sería el verdadero juego) es el que conduce a estados saludables y, por tanto, benéficos para el ser humano. Pero, además, conduciría a la libertad, por lo que ingresa aquí una dimensión que no es solo del orden de la medicina, sino también, y quizás fundamentalmente, de la política. Si, a fines del siglo xix, el juego llevaría a la cárcel a los trabajadores embriagados por las grandes sumas de dinero fácil, a principios del siglo xxi el juego debidamente jugado es el espacio en el que las personas se volverían libres. Retomando la operación liberadora que todo juego supone, el efecto va más allá de esa caracterización lúdica al plantear su naturalidad. En cuanto función natural de incremento de las energías, el juego no debe privarse, sino dejarse a la libertad de los individuos, quienes son debidamente informados de los posibles riesgos que conllevan un consumo “no responsable”.

Esta operación es paralela a la afirmación creciente de un consumidor soberano de sí mismo ( Sassatelli, 2012), al cual se le otorga un abanico cada vez mayor de posibilidades. Los productos que ofrece la industria de los juegos están dirigidos a diferentes segmentos poblacionales: desde las raspaditas, loterías y apuestas deportivas, hasta bingos, máquinas tragamonedas y juegos de paño, no ya en determinados parajes turísticos, sino asequibles también en los grandes centros urbanos y hasta en los propios hogares a través de Internet y de los teléfonos celulares. En este sentido, deja entreverse en este nuevo escenario también un vínculo con la economía política: no ya centrada en el trabajo y en el ahorro, sino en la figura del consumidor.

La nueva economía política del juego

Si el juego se opuso durante tanto tiempo al trabajo en nuestras sociedades, no es por las esencias enfrentadas de ambos, sino por el vínculo que se ha establecido entre actividad humana y trabajo, vínculo que es político. El trabajo es necesario en cualquier sociedad, sin lugar a dudas, pero la constitución de una subjetividad trabajadora (por lo demás variable) con una moral que le sea solidaria no se halla inscripta en esta necesidad. Como señala Foucault, “para que la esencia del hombre pueda representarse como trabajo se necesita la operación o la síntesis operada por un poder político” (Foucault, 2007: 146). Todas las técnicas capilares del uso del tiempo, del cuerpo y del dinero (y de los saberes a ellas asociados) se encaminan a ligar la existencia del hombre a un determinado aparato de producción para el que trabajan, y es a ese entramado al que las apuestas parecían oponerse (Foucault, 2016). De igual manera, estos juegos solo pueden comprenderse en su singularidad histórica dentro del entramado que liga al individuo no ya con la producción, sino principalmente con el consumo.

Como indiqué en el capítulo 1, la creciente expansión de la industria lúdica y su liberalización también se observan en gran cantidad de países que durante el siglo xx habían mantenido prohibiciones sobre la actividad^[33]. Este incremento extraordinario tiene lugar en un contexto de transformación de las sociedades occidentales en el que, a partir de la década de 1970, empiezan a pesar cada vez más el consumo y la soberanía del consumidor por sobre la antigua ética del trabajo centrada en la producción y en los derechos laborales. De un esquema industrial y proteccionista organizado en torno al trabajo a través de un conjunto de políticas de orientación keynesianas, se dio un viraje hacia una liberalización creciente de los mercados –en particular de los financieros– y un retroceso de los sistemas de protección social. El mercado se constituyó como paradigma de todas las relaciones sociales y como mecanismo de resolución eficiente de los conflictos individuales y de asignación de recursos.

El auge de la industria de las apuestas, entonces, se inserta en un contexto en el que es el individuo el responsable de su propio bienestar y de su valorización en el mercado, a la vez que los Estados requieren más de los ingresos que dicha actividad provee por tratarse de formas voluntarias de extracción (Abt, Smith y Christiansen, 1985). El juego implica así una dimensión económica como gran industria que moviliza miles de billones de dólares en el mundo, una dimensión política en cuanto requiere de la intervención estatal y constituye una fuente de recursos fiscales frente a las consecuencias sociales de la desregulación, y una dimensión simbólica dado que pasa a ser un consumo asociado al placer y a la diversión, pero también una forma paradigmática de las relaciones sociales y del funcionamiento de la economía, en la que el riesgo es trasladado a los propios individuos y las formas de la esperanza se repliegan de sus manifestaciones colectivas.

En este escenario, el juego problemático emerge como una forma inapropiada de consumo, pero al mismo tiempo señala la normalidad de un ideal de consumo de los placeres y de las emociones (Illouz, 2019). Como señala Reith (2007), la lista de síntomas que constituyen al jugador patológico es la imagen invertida del ideal del consumidor soberano. La dependencia, la irracionalidad, la ausencia de autocontrol, la irresponsabilidad frente al dinero y a las relaciones sociales son las principales características asociadas, todas las cuales llevan implícitas un problema de la voluntad y, por lo tanto, constituyen la antítesis de las decisiones racionales y sobernas de un consumidor^[34]. “Jugar es un placer, no lo conviertas en un problema” presenta la idea de que existen placeres que pueden ser racionalmente consumidos. Al Estado y a las empresas, por su parte, les queda realizar una tarea de prevención basada en la advertencia de las posibles nocividades del juego, pero es el jugador quien debe observar su conducta y estar atento a la posible “problematización” de su práctica. En ningún caso se trata de restringir la oferta –por el contrario, se la incrementa–, sino de ofrecer al jugador individual medios a los cuales acudir: programas de “autoexclusión” de salas de juego, números telefónicos y centros de atención son las respuestas que tienen los distintos organismos y empresas encargados de regular y administrar la actividad. Al igual que con el alcohol, en cuyo caso se actúa no sobre la ingesta, sino sobre los efectos posteriores al recordar “Si tomaste, no manejes”, se construye la figura de un consumidor responsable, apelando a la racionalidad en un consumo que ya es demencial en su lógica. Lo que queda por fuera de esa figura, al menos por exceso, corresponde a la irresponsabilidad o a la patología.

Paradójicamente, los juegos de agencia (y entre ellos la quiniela) no son considerados por los especialistas como una fuente de juego problemático o patológico^[35], lo que contribuye a la permisividad y liviandad que se les otorga. Como expuse a lo largo de este trabajo, el hecho de que nadie se salve, pero que tampoco nadie se arruine económicamente con la quiniela invisibiliza la gran extracción de dinero que implica, a la vez que habilita la implementación de nuevos sorteos y modalidades de apuesta. Una gran tradición popular en torno a dicho juego, estimulada por crecientes sorteos, junto con la invisibilización de sus efectos económicos y sociales, conlleva una normalización de un mercado que constituye una gran porción de lo recaudado. En definitiva, las percepciones sobre el juego reciben mucho de las definiciones realizadas por las instituciones estatales y por las empresas privadas a través de las formas en que es organizado, regulado y presentado como un tipo de experiencia particular. A contramano de la idea de que simplemente regula una pasión o una actividad inevitable, el Estado tiene un lugar central en la definición del juego legítimo y de quiénes se hallan en condiciones de practicarlo (y de comercializarlo), así como de cuáles son los juegos y quiénes los agentes que incurren en una desviación.

De esta forma, el juego de apuestas como actividad mercantilizada tiene condiciones morales, fiscales y cognitivas de posibilidad que, en lo esencial, se han mantenido centradas en la figura del beneficio público que implica la recaudación estatal. Lo que varió fue la percepción de las relaciones que se establecen con el juego. De un análisis centrado en la figura caricaturizada de “los menesterosos” y el consecuente peligro desintegrador de la economía y la moral pública, se dio un pasaje gradual hacia la figura de un consumidor individual que, eventualmente, podría padecer de una enfermedad, pero las apuestas ya no representan un peligro social, sino una economía dinámica para los distritos en los que se emplazan, un espacio de recreación para los consumidores y un beneficio para la sociedad toda.

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