De la resistencia y la defensa de la vivienda única a la construcción de la cooperativa CVA

Centro de Vecinos Autoconvocados (CVA) es una organización local de origen vecinal, surgida a mitad de los 90 en Córdoba Capital. El colectivo que la antecedió —Centros Vecinales Autoconvocados—, se creó poco tiempo antes agrupando a pobladores de diferentes barrios de la ciudad que no se sentían contenidos en la propuesta de las agrupaciones vecinales vinculadas con los partidos políticos tradicionales, en particular con la Unión Cívica Radical, que por entonces llevaba once años en la conducción del gobierno municipal y provincial. Desde su origen el colectivo se nutrió de la experiencia de las organizaciones de centros vecinales creadas durante el período de reconstrucción democrática iniciado en 1983.

Para presentar las acciones colectivas que emprendió esta organización, su vínculo con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización, este capítulo se estructura en el siguiente orden. En tanto las acciones colectivas que desarrolló en los años 2001/2002 conservan el modo de organización y concepción del régimen político de mitad de los años 90, la primera parte comienza con los antecedentes de su constitución como colectivo. Luego, avanzamos en el desarrollo de lo que reconocemos como dos momentos en la historia de esta organización, que incluyen transformaciones en sus acciones colectivas y desplazamientos respecto de las identidades predominantes.

El primero, el período 2001-2004, en el que este colectivo desplegó en el espacio público acciones colectivas territoriales —incluyendo la protesta—, consiguió algunas respuestas a sus demandas históricas vinculadas con la defensa de la vivienda única e inscribió una nueva cuestión en torno al desempleo y la exigencia de planes sociales, en consonancia con las demandas de las organizaciones de desocupados del momento. Asimismo, desarrolló microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD, recuperando su histórica preocupación por el trabajo. En este proceso, complejizó su adscripción identitaria vecinal e incorporó un reclamo por la incidencia del desempleo en los sectores medios bajos. Por entonces —y a lo largo de ambos momentos—, las prácticas de este colectivo asumieron algunas de las particularidades de lo que Natalucci (2015) define como gramática autonomista. Desde ese lugar, CVA sostuvo acciones dentro de ciertos marcos destituyentes y confrontativos con el Estado y los distintos gobiernos -entre otros actores-, con sentidos de resistencia al capitalismo y al modelo neoliberal. Si bien también participó en este período de una experiencia de trabajo institucional local en el Consejo Consultivo Municipal ello no implicó un abandono de sus prácticas confrontativas con el Estado.

Hacia el año 2005 inicia lo que reconocemos como el segundo momento en el que junto con la consecución de respuestas parciales a la demanda de trabajo, se advierte una merma de las acciones colectivas de protesta y un desplazamiento en términos identitarios y de demandas más vinculado con un proceso de institucionalización de la cooperativa de estacionamiento medido y controlado “Centro de Vecinos Autoconvocados” (CVA). En estos años se produce una transformación de su relación con el Estado y con el gobierno que incluye la participación durante escasos meses de una de sus referentes en la gestión del Estado municipal en el gobierno del Partido Nuevo. Ello no supuso un cese de las acciones de protesta contra el mismo.

Antecedentes

Durante el período de reconstrucción democrática emergieron en el espacio público cordobés diversos modos de organización barrial vecinal que incluyeron centros vecinales —intervenidos, en formación, recuperados—, comisiones provisorias de vecinos, entre otras. Su conformación y funcionamiento se articuló en torno a una serie de demandas y acciones colectivas construidas en el marco de dos grandes ejes: la discusión respecto de la propuesta de una nueva ordenanza municipal por parte del gobierno en 1985 para la regulación de los centros vecinales y el debate —junto con otros actores— por el derecho al acceso a servicios básicos de luz, agua y gas así como, en términos más generales, a un hábitat digno.^[1]

De estas experiencias organizativas y de las ollas populares realizadas en la ciudad en el marco de la crisis económica de 1989, se nutrió el colectivo que abordamos en este capítulo, el Centro de Vecinos Autoconvocados (CVA) y también su organización “madre” —y con nombre muy semejante—, Centros Vecinales Autoconvocados. Esta última había surgido a mitad de la década del 90 agrupando a habitantes de diferentes barrios de la ciudad que no se sentían contenidos por las conducciones de los centros vecinales a cargo de integrantes de los partidos políticos hegemónicos. Como Centros Vecinales Autoconvocados, una de las acciones colectivas de “información y concientización” y de protesta que promovieron tuvo que ver con la disputa por el reconocimiento de los Centros Vecinales en la Carta Orgánica Municipal de Córdoba, sancionada el 6 de noviembre de 1995 durante la gestión del por entonces intendente de la ciudad, el radical Rubén Martí.

La conformación de CVA se produjo en el marco de ese proceso de disputa a mitad de los años 90 en torno a una identidad vecinal y, desde entonces, su sede principal funcionó en barrio General Urquiza en la zona sudeste de la ciudad capital.

La construcción identitaria se produjo desde una doble referencia. Por un lado, en palabras de los referentes y delegados entrevistados, como organización “de nuevo tipo” a la que los ciudadanos podían recurrir para generar demandas colectivas sobre sus derechos como vecinos y conseguir asesoramiento y capacitación. La idea de vecino como parte de una “comunidad imaginada” sugiere inmediatez, sociabilidad y reproductividad, sensibilidades vinculadas a lo compartido entre las y los más cercanos a nosotros (Rusconi, 2006, p. 211). Pero, además en este contexto, el vecino era también un “ciudadano” que reclamaba, como elementos de una misma identidad construida en el espacio público que legitimaba un tipo de práctica política.

Por otro lado, como colectivo “autoconvocado” se proclamó independiente de los partidos políticos, específicamente en Córdoba respecto del radicalismo y del justicialismo. Esta definición de constituirse sin una adscripción partidaria se sostuvo más allá de la trayectoria previa que refirieron haber tenido algunos pocos de sus integrantes en la Juventud Comunista y en el Partido Comunista o la afinidad de otros con el anarquismo, el Movimiento al Socialismo (MAS) e, incluso, con el radicalismo o el peronismo (Entrevistas 11, 12, 13, 14).

El vínculo entre la adscripción vecinal y ciudadana, su carácter autoconvocado e independiente de los partidos políticos como aspectos identitarios guardaban sintonía con otros procesos vecinales analizados en los años 90 por Nardacchione (2005) y Frederic (2017). En el caso particular de VA, no fue acompañado de una concepción apolítica de sus prácticas sino más bien apartidarias, en el marco de la profundización de la crisis de representatividad a nivel nacional y local.

Asimismo, no obstante la situación de desempleo y de creciente empobrecimiento fueron parte de las condiciones de vida en común entre quienes integraron este colectivo, estos elementos no fueron centrales para su construcción identitaria en estos primeros años. En este período, la organización estuvo compuesta predominantemente por mujeres y hombres adultos y adultos mayores de barrios en los que habitaban sectores medios y medios bajos —una “clase media empobrecida” (Minujin, 1993) antes que de pobreza estructural— que empezaban a ver el peligro de la pérdida de su única vivienda, como consecuencia de las políticas neoliberales profundizadas en los 90.

Si bien, por entonces, la relación capital–trabajo tampoco se constituyó en un aspecto central identitario, en las revistas y en las entrevistas realizadas a sus referentes, fue posible reconocer algunas referencias al respecto y expresiones de aspiración a la construcción de una sociedad anticapitalista, anti imperialista y con un sistema democrático que efectivamente respete los derechos de los ciudadanos.

En contraposición, caracterizaron a la sociedad argentina de los 90 como parte de un proyecto neoliberal de “dominio y exclusión”, de “subordinación del vecino trabajador”, con una democracia “vaciada de su auténtico contenido” que “consigue utilizar a los vecinos en defensa de sus propias instituciones y desde éstas impone condiciones de vida indigna, luego transforma su existencia en un calvario” (Revista Che Vecino, 1999, p.1).

Desde esta lectura, construyeron una perspectiva monolítica de las instituciones estatales y de los sistemas de representación efectivamente existentes a los que repudiaron y resistieron. Las relaciones de representación, en particular, se constituyeron en centro de sus críticas y contrapropuestas, proponiendo en varias ocasiones la construcción de un “poder paralelo”. Al respecto, afirmaba uno de sus referentes y fundador de CVA en una nota editorial de la primera revista que publicaron como colectivo, titulada “Defender la dignidad”

Los derechos democráticos tradicionalmente violados y negados contradicen la letra y los hechos producidos por la misma democracia (…) Los vecinos deberán asumir el desafío de confiar en sus propias fuerzas y construir un poder paralelo que cabalmente los represente y que ellos mismos fiscalicen (Revista Vecinos, 1999, p. 1).

A partir de este lugar de externalidad entre lo social y la política, las únicas dos y breves experiencias de participación en espacios estatales expresaron su resistencia a la construcción de procesos de institucionalización a largo plazo dentro del Estado y/o a su inclusión en un espacio político partidario mayor con capacidad de promoverlos. Esta característica guardaba sintonía con algunos rasgos de las protestas barriales que Nardaccione encontraba a comienzos de los años 90 en Buenos Aires, respecto a la tendencia a repudiar la “excesiva institucionalización (post conflicto)” de las organizaciones vecinales” (2005, p. 2015).

En términos de su construcción política, la organización interna asumió la forma de redes en las que los delegados cumplieron un papel importante como vínculo entre los distintos barrios y VA. Ellos eran quienes llevaban las necesidades y problemáticas de allí a la organización y las iniciativas de ésta a los vecinos. Además, coordinaban el trabajo que ésta mantenía en diferentes barrios de la ciudad.

Como colectivo, reivindicaban y promovían mecanismos deliberativos asamblearios y el aporte de los delegados para la toma de sus decisiones. En las asambleas, podían participar con voz y voto todos los vecinos y los delegados, siempre con la presencia y visibilidad de sus referentes principales. Este aspecto de la dinámica de debate y de toma de decisiones era valorado positivamente en tanto incentivo a la participación vecinal.

Asimismo, aunque en menor medida en esta década, promovió espacios de formación y desarrollo de emprendimientos laborales con jóvenes a través de la Escuela Comunitaria de Oficios (ECO) “Hugo Núñez”, nombre de un vecino desaparecido de barrio General Urquiza de Córdoba capital en el contexto de la última dictadura militar. Creada en 1992 por algunos referentes de CVA, este espacio tuvo por objetivo enseñar labores y promover derechos civiles y políticos en un sector de la población que se diagnosticaba había abandonado el colegio secundario, no conseguía trabajo y, en algunos casos, tenía problemas de adicciones. El trabajo con esta escuela tuvo su período de mayor desarrollo hasta mediados de los 90, aunque continuó a lo largo de los años e incluyó la primera experiencia de articulación con el Estado a través de políticas sociales. Tal fue el caso del proyecto de capacitación en carpintería a 40 jóvenes de entre 12 y 16 años realizado y financiado en el marco del Programa “Crecer”, del Consejo del Menor de la provincia, durante el gobierno de Mestre en la segunda mitad de los años 90. El proyecto tuvo por objetivo no sólo el desarrollo de destrezas manuales sino también de capacidades intelectuales, a través del cursado de materias en las que las y los jóvenes aprendían matemáticas, lectura y escritura, dibujo y otras (Proyecto CVA, s/f).

Para el desarrollo y también financiamiento de los proyectos que surgían de esta escuela, y de otras iniciativas posteriores de CVA, en 1995 el colectivo obtuvo la personería jurídica para la Asociación Civil Entre Muchos Organismos Sociales (ACEMOS). Otra fuente de financiamiento de los proyectos fueron los aportes individuales de sus integrantes, rifas y/o eventos que realizaban para recaudar dinero.

En términos de gramáticas políticas, estas formas que asumió su organización, el modo de construcción y de trabajo territorial, sus concepciones sobre el orden, el cambio social y el Estado guardaron similitudes con las que Natalucci (2012) caracterizó como “autonomistas”. Es decir, aquellas en las que cobraron centralidad los mecanismos deliberativos asamblearios para la toma de decisiones, que construyeron una organización interna rizomática, con una concepción del cambio social desde lo local y barrial. En términos de Thwaites Rey (2004) y de una de las acepciones de “autonomía” sistematizadas por la autora, es posible reconocer la importancia que otorgaron a la “lucha” y la “auto- organización” como formas de edificación de “un sistema social distinto” (Thwaites Rey, 2004, p.18). Asimismo, sostuvieron una perspectiva de no subordinación a las instituciones estatales entendidas en un sentido monolítico y una concepción del sistema político como “un dispositivo de captura de la autonomía colectiva y subjetiva que debe ser preservada rechazando cualquier forma de representación” (Pérez y Natalucci 2012, p. 22).

A lo largo de la historia de este colectivo, esta gramática no solo marcó sus modos de intervención en el espacio público con sus potencialidades y limitaciones sino que también delimitó las relaciones con otros actores sociales. Tal fue el caso, de su decisión de no articular acciones ni conformar un movimiento barrial con la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS), por considerarla atravesada por la misma lógica punteril que los distanciaba de los partidos políticos tradicionales. La UOBDS, creada en 1992, se había consolidado por entonces como una de las principales organizaciones del espacio barrial en torno al derecho al hábitat y fue uno de los principales colectivos que participaron en la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, convocada por el gobierno radical.^[2]

Desde su nacimiento y hasta comienzos de 2001, las acciones colectivas territoriales de información, formación y protesta de CVA se construyeron en torno a la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Al respecto narra una de sus referentes y fundadoras de CVA que el proceso de trabajo sobre este tema empezó con “pequeños grupos, en los barrios”, organizando reuniones en casas de vecinos/as o espacios comunitarios, incluyendo la propia sede del local de CVA (Entrevista 11).

La misma fue formulada como demanda en términos de defensa de la vivienda única como bien social, frente a las amenazas de remate por deudas impositivas, de obras públicas y/o servicios que los vecinos no podían pagar. De allí también la exigencia de la creación de una tarifa social para el pago de servicios básicos de luz y agua, de “moratorias” y/o planes espaciales para el pago de impuestos municipales y provinciales y de la “suspensión de acciones jurídicas y/o administrativas contra los vecinos deudores de obras públicas”. Durante la intendencia del radical Rubén A. Martí (1991-1999), se habían creado los “Entes Promotores” a los que se delegó el control y la adjudicación de la obra pública en firmas privadas, obras que los frentistas estaban obligados a pagar. Estas incluyeron la construcción de sistemas cloacales y obras complementarias como gas, calzadas y cordones cuneta, entre otras.

También, por estos años, se manifestaron en contra de la suba del boleto de transporte público (La Voz del Interior, 18/07/1998, p. 4A; Volante “Boicot al Aumento del Transporte”, julio 1998) y de la privatización de servicios de agua y de luz, del Banco de la Provincia de Córdoba, entre otras, frente a las que demandaron la realización de una “consulta popular”, a la que el gobierno provincial no hizo lugar. En los casos de las protestas contra las privatizaciones, las realizaron en articulación con el Sindicato de Luz y Fuerza y con SIPOS.

Uno de los volantes producidos por la organización, que incluía historietas, historización de procesos, citas de artículos constitucionales, argumentos sobre derechos y la inconstitucionalidad del contrato de concesión de agua potable de la ciudad de Córdoba, cerraba “No nos lavemos las manos. No a las privatizaciones!!” e invitaba a crear y sumarse a un “Movimiento de Unidad Barrial” (Volante de distribución callejera, fecha estimada por sus referentes, año 1997).

Por entonces, el fundamento de las demandas de CVA, se construyó desde un discurso “ciudadano” y de “garantía de derechos” y fue acompañado con la creación de espacios de formación para las y los vecinos en torno a derechos constitucionales, normativas y procedimientos legales para hacer efectivo su cumplimiento. Estos procesos que articularon la acción colectiva apuntaban en el sentido de lo que en el capítulo 2 referimos como una ampliación de los procesos de democratización, en particular de lo que Garretón (2002) nombró específicamente como “democratización social”; es decir, una transformación y ampliación del sentido de la ciudadanía en las luchas sociales, orientadas en algunos casos —como éste— a demandar mayor calidad de los servicios y/o a instaurar nuevos derechos donde no existen aún instituciones para garantizarlos y a superar las formas de exclusión del sistema capitalista y el modelo neoliberal, como responsables últimos del avasallamiento de estos derechos reconocidos por la constitución.

Si bien abundante bibliografía sobre acciones colectivas de protesta a fines de los años 90 y comienzos de siglo en Argentina señalaron al Estado y a los gobiernos como los principales actores a los que iban dirigidas las demandas, en el caso de las protestas protagonizadas por CVA en esta primera etapa, también se constituyeron como adversarias algunas empresas de servicios públicos privatizadas a fines de la década del 90 —como el caso de DIPAS^[3]— y algunas tarjetas de crédito como Tarjeta Naranja, Provencred y Kadicard, con las que los vecinos mantenían deudas.

Vinculados con su concepción del cambio social entendido como “lucha”, los formatos de protesta predominantes en este período fueron, en una primera instancia, las demandas administrativas- judiciales acompañadas de marchas y/o concentraciones y, en caso de no recibir respuesta a esas demandas uno de los más empleados fue la “ocupación pacífica” de edificios públicos para peticionar o la “toma”, según quien refiera a ellos; en el primer caso, Vecinos Autoconvocados y en el segundo, la prensa local (La Voz del Interior, 18/07/1998, p. 4A; La Voz del Interior, 13/4/1999, p. 15A). Los diferentes modos en que la ocupación de espacios públicos es nombrada explicitan la disputa por los sentidos públicos construidos en torno a este formato y al propio actor, al mismo tiempo que una preocupación de este colectivo por los modos de visibilizar el conflicto y conseguir impacto mediático.

Otro formato utilizado fue la interposición e impedimento de corte de algún servicio de algún vecino/a frente a quienes fueran a realizarlo, junto con la instalación de una leyenda en alusión al conflicto. El formato de “boicot” o “paro de usuarios” fue usado ante el aumento de precio del boleto de transporte público en el año 1998 (Volante “Boicot al Aumento del Transporte”, julio 1998) y desechado tras ser evaluado negativamente. La organización entendió que no había conseguido una adhesión importante por tratarse de una necesidad de los trabajadores movilizarse a sus espacios laborales. Según los referentes de este colectivo, la elección de uno u otro formato tomó en cuenta como criterio, comenzar con protestas a través de “pasos administrativos” y “movilización” y, en caso de no conseguir respuesta a la demanda, avanzar en la petición con ocupación de un espacio público.

Varias de estas “ocupaciones”, “interposiciones” para impedir el corte de servicios y movilizaciones incluyeron la puesta del cuerpo de los integrantes de CVA como modo de confrontación y resistencia a las autoridades gubernamentales o policiales en caso de que las demandas no fueran escuchadas o atendidas. Ello, también fue un límite para la articulación con otros colectivos con los que a veces compartieron demandas pero que habían optado por otros modos de construcción política y protesta. Al respecto, señala una de las referentes históricas de CVA, que como colectivo tenían “una impronta más confrontativa y más reivindicatoria” que otros y que esa característica fue motivo para que “algunas organizaciones nos merecen el respeto, pero también que nos tengan un poco de temor (…)” (Entrevista 11).

Una de las ocupaciones que CVA recordaba como un hito fue la primera toma de la Catedral de la ciudad, realizada en mayo de 1999 y replicada en junio del mismo año, permaneciendo durante 45 días en un salón contiguo al recinto principal y por momentos dentro del salón principal. La acción se realizó en reclamo de una Ley de Emergencia Social que declarara —entre otras demandas— la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única y dispusiera un relevamiento socioeconómico en los barrios de la ciudad (Franco y Medina, 2012, p. 291- 292).

También, la problemática de los derechos humanos atravesó la historia y las acciones colectivas protagonizadas por este colectivo. Desde la década de los 90 CVA participó de las marchas del 24 de marzo y del espacio multiactoral de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos (DDHH) en Córdoba que reunió desde entonces a sectores políticos, sociales y populares de la provincia en torno a las políticas de DDHH, Verdad, Memoria y Justicia. Sin embargo, su participación en la Mesa se discontinuó a comienzos del nuevo siglo porque lo consideraron un espacio atravesado por partidos políticos (Entrevista 11).

2001: Por la defensa de la vivienda única, una ley de emergencia económica, social, empleo y salario digno. Un cabildo abierto a la esperanza

Cuando el agravio se institucionaliza la dignidad vecinal se pone de pie. Cabildo abierto ¡El pueblo se constituye!

 

Volante CVA

El año 2001 es, según referentes de CVA, el de apogeo de la organización. Se intensificaron las protestas y se construyeron nuevas demandas, registrándose nueve acciones de este tipo a lo largo del año. La mayoría, en el marco de las movilizaciones masivas que se producían en todo el país en contra de las sucesivas medidas de ajuste del gobierno nacional y, otras, vinculadas con las temáticas que se venían trabajando en Córdoba desde fines de los 90.

En la construcción de estas acciones y demandas, el trabajo territorial en los barrios fue su motor. Para entonces, CVA articulaba acciones con habitantes de una diversidad de barrios de la ciudad. Entre ellos: José Ignacio Díaz secciones I, II y III, José Hernández, Panamericano, Los Gigantes, Jardín del Pilar, General Mosconi, Zumarán, Patricios, Lamadrid, Sarmientos, Residencial Oeste, Los Granados, General Bustos, Pueyrredón, La Francia, Parque Liceo, Villa Urquiza, H. Irigoyen, Parque Futura, San Vicente, Güemes, Altos de Vélez Sarfield, Cabildo, San Roque, Matienzo, Villa Adela, Ameguino, San Martín, Santa Isabel, Cerro norte, Fragueiro, Jardín, Argüello, Don Bosco, Centro América, Alto Alberdi, Nueva Italia, La Fraternidad, Las Palmas, Ampliación 23 de abril, Los Álamos, Villa El Libertador (Relevamiento Poblacional, Escuela de Trabajo Social de la UNC, 4/09/2000).

A través de los delegados en distintas zonas de la ciudad, CVA generaba charlas informativas y de concientización de derechos entre los vecinos a quienes, además, se convocaba a formar parte de la organización para buscar soluciones colectivas. En tal sentido, CVA contaba con el asesoramiento de abogados —que no pertenecían al colectivo aunque eran “afines”— respecto de las distintas problemáticas y cómo resolverlas. En la sede principal de la organización, algunos de sus integrantes —principalmente mujeres— eran responsables de armar carpetas con las fotocopias de los documentos necesarios para la consecución de tarifas sociales, planes de pago y moratorias que después eran presentados ante las dependencias correspondientes, en particular ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) dependiente del gobierno de la Provincia de Córdoba. Según una de las referentes creadoras de CVA, el colectivo llegó a llevar 2500 casos vinculados con estas problemáticas (Entrevistas 11 y 13).

Más allá de su estrategia de intervención a partir de acciones administrativas, el trabajo barrial también incluyó en algunos casos extremos interponerse entre el personal que iba a realizar el corte de agua para impedirlo, a la vez que evitar la discriminación por el no pago del servicio. Durante un tiempo, como modo de “disciplinar” a los usuarios, la empresa Aguas Cordobesas implementó un sistema de “marcación” con una mancha roja en los domicilios de los deudores próximos al corte del servicio por falta de pago, modalidad que luego fue abandonada a pedido del gobierno provincial (La Voz del Interior, 15/03/2001, en línea). En los casos en que el corte no se había podido impedir, se armaban “brigadas” constituidas por plomeros integrantes o allegados a CVA que iban al domicilio y reconectaban el servicio. En ese momento, con los vecinos concentrados, se instalaba un cartel que decía “Reconectado por Vecinos Autoconvocados” (Entrevistas 11 y 13).

Una de las acciones colectivas de protesta más significativas del año 2001, fue el “Cabildo Abierto” realizado en la Plaza San Martín entre el 22 y el 25 mayo, para el aniversario de la Revolución de Mayo. Su relevancia estuvo dada tanto por el despliegue del proceso organizativo previo como por los sentidos políticos que puso en juego y por la emergencia de nuevas demandas tematizadas por CVA en el espacio público. Según los registros de la propia organización generados en un taller de evaluación del Cabildo Abierto, se habían repartido 7500 afiches, 27 mil volantes y se habían realizado diversas pintadas en las calles de la ciudad (Taller de Evaluación: Cabildo Abierto, 20/06/2001). Los referentes entrevistados, refirieron a una participación de entre 300 y 500 vecinos en esta instancia. El formato de “cabildo”, significado por CVA como “gobierno paralelo” y “teniendo en cuenta que el pueblo es soberano”, retomaba de las asambleas populares el ideario de democracia directa para discutir problemáticas centrales de la realidad. Si bien el mismo finalizó con una orden de desalojo por parte de la policía, otro fue convocado para el 16 y 17 de agosto de ese año en la misma plaza de la ciudad. La propuesta, en un comienzo, incluía la generación de otros cabildos en los diferentes barrios de la ciudad para confluir en uno provincial aunque finalmente no se realizaron otros posteriores.

La demanda principal de estos espacios y de otras protestas desarrolladas por estos años fue la “declaración de la Emergencia Económica y Social”. La misma incluía la petición de un relevamiento socioeconómico poblacional, la protección de la vivienda única declarándose inembargable e inejecutable, la prórroga de las deudas contraídas por los vecinos y la restitución de servicios básicos como agua y luz. Vinculado con la discusión de las causas de la crisis que atravesaba el país, uno de los temas que se habían propuesto debatir en estos espacios fue el de “la deuda externa y sus consecuencias políticas, económicas y sociales” (Revista Che Vecino, julio 2001).

Asimismo, se incorporó la declaración de la problemática del desempleo que en agosto de 2001 se articuló en una demanda que incluyó “salario digno” y —en consonancia con los debates públicos del momento motorizados por la consulta del FRENAPO— la implementación de un “seguro único” de cobro mensual. El seguro debería ser de carácter transitorio e incluir la asignación familiar por hijo para todo ciudadano declarado en estado de emergencia económica social.

En el marco de esta nueva demanda que construía el colectivo y de algunos formatos de protesta similares a los de las organizaciones piqueteras, deciden participar de la primera Asamblea Nacional Piquetera en Buenos Aires y de las acciones de protesta que incluyeron cortes escalonados de 24, 48 y 72 horas que se extendieron entre el 31 de julio y el 16 de agosto de 2001. Las mismas se desarrollaron en rechazo del plan de ajuste del gobierno nacional, por la liberación de los presos sociales, la conservación de los planes de empleo y la adjudicación de nuevos subsidios para los jefes de hogar desocupados. En Córdoba, además de piquetes con cortes parciales de tránsito en algunas rutas de ingreso a la ciudad capital y ollas populares, se desarrolló una marcha que llegó hasta la plaza San Martín y finalizó con un acto público (La Voz del Interior, 8/8/2001, p. 3A; 15/8/2001, p. 3A). Sin embargo, la participación de CVA en este espacio de articulación con las organizaciones piqueteras no prosperó en el tiempo. Entre otras discusiones, se encontraba la demanda de planes sociales y su vínculo con el trabajo y los partidos políticos, cuestión sobre la que CVA continuó discutiendo unos meses después hasta definir su propia incorporación al Consejo Consultivo Municipal en el año 2002. No obstante ello, según narran dos entrevistadas, en el marco de la crisis económica del 2001, demandaron y recibieron de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia algunos de los módulos alimentarios que distribuía el gobierno provincial como respuesta a la protesta de las organizaciones. En este caso, los bolsones estuvieron destinados a familias de adultos/as mayores que transitaban situaciones de mucha pobreza y que estaban vinculados a CVA.

Durante el año 2001 también se realizaron otras protestas que volvieron a demandar la garantía del suministro de servicios de agua potable en la provincia y el rechazo a la privatización de los servicios de luz eléctrica tras nuevas arremetidas del gobierno provincial. La demanda de acceso al agua, continuó hasta mitad de la primera década del siglo XXI cuando consiguieron la tarifa social y en algunos momentos generaron articulaciones con la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios de Vivienda y Consumo Limitada (COOPI) de la localidad de Carlos Paz. Con respecto a la protesta por la iniciativa del gobierno provincial de privatizar el servicio de luz, la misma continuó y acompañó el plan de lucha iniciado por el Sindicato de Luz y Fuerza, incluyendo marchas, concentraciones y cortes de las principales calles de la ciudad entre mayo y octubre de 2001, junto con diversas organizaciones sociales incluyendo al Movimiento Barrios de Pie, a gremios, organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros actores sociales (La Voz del Interior, 101/05/2001, p. 8A; 11/05/2001, p. 7A; 16/05/2001, p. 9A; 26/07/2001, p. 4A; 30/10/2001, p. 7A). Asimismo, como parte de esas acciones y en apoyo al sindicato, a comienzos de septiembre del 2001 CVA —junto con el grupo cooperativo “Remolino”^[4]— realizó una protesta artística frente a la Legislatura, instalando una vela gigante en una importante calle peatonal de la ciudad (La Voz del Interior, 5/9/2001, p. 6A) y repartiendo volantes que versaban

Epec no es del Gobierno, es del pueblo de Córdoba. ¿Podemos quedarnos mirando como regalan lo nuestro? Luchemos ahora para que la luz de Agustín Tosco no la apaguen los representantes de la oscuridad. Consulta popular vinculante (Volante callejero, setiembre 2001).

Se inscribía así la lucha por la empresa estatal y el servicio público de luz en el marco de la historia de la lucha del movimiento obrero. Al respecto cabe señalar que el plan iniciado a fines de 1999 por el Sindicato Luz y Fuerza, finalmente daría sus frutos en noviembre de 2001 en términos de los objetivos que se había planteado: concientizar a la población, visibilizar el conflicto y conseguir el abandono de la intención de privatización de la empresa por parte del gobernador De la Sota (Arriaga, 2012).

Todas estas protestas tuvieron al “vecino” como protagonista y, salvo en el caso de los servicios de agua que habían sido privatizados al promediar los años 90, el resto de los reclamos sostuvieron como principal destinatario al Estado y a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a los que vecinos de distintos barrios de la ciudad le reclamaron por la garantía de un derecho vulnerado.

Según las entrevistas realizadas, la relación con el gobierno nacional y provincial fue muy mala. A nivel local, uno de los fundadores de CVA caracterizaba al gobierno provincial como de una democracia “filo fascista que combina la represión con la dádiva” (Entrevista 12). En la trayectoria de CVA, la criminalización y la represión de la protesta por parte de la policía fueron hechos que se repitieron, en particular, en respuesta al formato de “ocupación” del espacio público. Una nota publicada en la revista “Che Vecino” (2001) titulaba “Cuando la inseguridad es la policía. Se reiteran los atropellos sobre el delegado del Barrio Urquiza Noel Quinteros”. La nota aludía al allanamiento que había sufrido en su domicilio uno de sus referentes históricos y que interpretaba como un acto de intimidación y persecución ideológica; persecución que no era planteada en términos individuales sino que era inscripta en el marco de otros 37 vecinos autoconvocados procesados desde el 5 setiembre del 2000, cuando se produjo la ocupación del edificio de Tribunales para exigir el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución que garantiza el trabajo y el salario digno.

Asimismo, los medios masivos de comunicación comenzaron a ser otro antagonista presente en el discurso de este colectivo. “Apaguemos la tele y salgamos a la calle” era el título de otra de las notas publicadas en la Revista ¡Che Vecino! (julio de 2001, p. 2). La preocupación por la información que circulaba en el espacio público fue una constante en la organización y motivó la creación de la propia revista. Asimismo, otro antecedente se registró con la participación del centro vecinal de General Urquiza —junto con el Círculo Sindical de Prensa— en el lanzamiento, a comienzos de los años 90, del Canal 4 de TV comunitaria.

En cuanto a los formatos de protesta predominantes, como en los años 90, continuaron siendo la concentración y la petición, la ocupación de edificios o espacios públicos. Entre ellos, el Consejo de Partidos Políticos, la ya mencionada ocupación de Tribunales I, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la plaza San Martín (La Voz del Interior, 2/10/2002, en línea; 3/10/2001, p. 10A; 4/10/2001, p. 11A; 8/3/2001, p. 11A; 24/05/2002, en línea; 20/06/2002, en línea), seguidos de marchas, amparos judiciales y la protesta artística. Esta multiplicidad de formatos empleados como estrategias para visibilizar las demandas y conseguir soluciones a sus reclamos se evidenciaba en una nota de la revista de la organización

Veamos… ¿Nos quieren engañar con la moratoria? Ya tenemos la nuestra. ¿Nos quieren cobrar $100 de rentas? No tenemos trabajo, le pagamos $5 ¿Nos quieren rematar las casas? Paramos el remate en Tribunales mediante un recurso de amparo o “de pecho” en la sala de remates. ¿Nos quieren cortar el agua? Realizamos una acción ante la justicia o hacemos un abrazo solidario en el barrio (Revista “Che Vecino”, N° 3, julio de 2001).

Para las elecciones legislativas de mitad del 2001, CVA llamó a la desobediencia civil y a no votar por no sentirse representados con los candidatos. En ese marco, con el objetivo de eximirse de votar, realizó una presentación a la justicia, según narra uno de los fundadores del colectivo (Entrevista 12). De las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, CVA no participó como colectivo.

2002-2004: La incorporación de una nueva demanda en las protestas, el desarrollo de microemprendimientos y procesos de autogestión en torno al PJyJHD y la experiencia de participación en el Consejo Consultivo Municipal

A comienzos del año 2002, la organización había conseguido alcanzar parte de sus objetivos vinculados con la defensa de la vivienda única. Algunos de ellos fueron, por ordenanza Municipal, el retiro del “libro del SEVEN”^[5] de los vecinos que mantenían deudas por obras públicas y el establecimiento de acuerdos y planes de pago de deudas con Aguas Cordobesas y EPEC (Revista Vecinos, 1999). El 20 de febrero de 2002, obtuvieron además la sanción de la Ley Nº 8998 que suspendía por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas para familias pobres y desempleadas que hubieran contraído deudas y autorizaba al Ejecutivo a prorrogar por tiempo indeterminado esa medida (La Voz del Interior, 21/2/2002, p. 1A). Un año después, conseguiría la tarifa social para el pago de los servicios de luz que permitió a quienes no podían pagar el precio del servicio, hacerlo con un monto accesible.

Sin embargo, a fines y comienzos del nuevo siglo —señalan referentes de Vecinos Autoconvocados— el problema de la crisis y el desempleo se había tornado acuciante y se había convertido en un tema central de debate hacia el interior de este colectivo. En ese marco, en el año 2002, conservando su identidad vecinal CVA decidió participar de algunas protestas junto con organizaciones de trabajadores desocupados. Entre ellas, algunas en demandas de trabajo y planes de empleo (La Voz del Interior, 21/6/2002, p. 2A) y otras que incluyeron el repudio a las políticas imperialistas y a la presión que recibía Argentina respecto de empresas extranjeras (La Voz del Interior, 24/05/2002, p. 4A). El principal formato siguió siendo el corte de calle, la entrega de petitorios y la ocupación de edificios públicos, como una delegación del Ministerio de Trabajo y el Consulado de España en el año 2002. Los antagonistas principales continuaron siendo los gobiernos nacionales y locales, el propio Estado y el “Imperio”.

La protesta ante el Consulado fue precedida por la entrega de un petitorio que criticaba el papel de las empresas españolas en el país y declaraba “no grata” a la sede consular española. La misma estuvo acompañada de una intervención en la plaza España junto con el MBP que incluía la puesta de un “indio” hecho en hierro y una propuesta de cambio de nombre a dicha plaza por el de “Plaza Comechingones” (Entrevista 11). El diario de mayor tirada local “La Voz del Interior” se refirió a estas acciones como “una protesta sin antecedentes” y “con trascendencia internacional”. La ocupación del Consulado terminó con el desalojo por parte de la policía y el posterior desarrollo de un acto con el apoyo de algunos partidos políticos de izquierda, organizaciones sociales y de desocupados (La Voz del Interior, 25/05/2002, en línea). Por estas acciones de ocupación del edificio, a los pocos meses, uno de los fundadores y referente de CVA fue imputado por la justicia (La Voz del Interior, 2/7/2002, p. 2A).

Asimismo, por estos años CVA cambió de posición y resolvió incorporar la demanda de subsidios y planes sociales, principalmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJHD) para el desarrollo de proyectos autogestivos. También definió participar del Consejo Consultivo Municipal. Las decisiones se tomaron en asamblea y luego de intensas discusiones en torno a las políticas sociales, a la dignidad de la persona, al trabajo y a las propias características de este espacio.

En la trayectoria de CVA, a diferencia de las “políticas asistenciales” que consideraban “paliativas” y asociadas a las “organizaciones de los bolsones”, este colectivo postulaba que el trabajo dignificaba a las personas y que era a partir de él que se podía avanzar en procesos de politización y no a la inversa. En particular, el trabajo que se construía “por” —y no “para”— la organización en espacios autogestivos, sin patrones, según relata una de las fundadoras de este colectivo (Entrevista 11). Además, entendía que la posibilidad de tener o no un empleo no era principalmente una responsabilidad de los individuos sino de la sociedad y del Estado y que el desarrollo de una política en torno a estos planes venía a cambiar el eje del debate público y de las demandas de las organizaciones sociales. En palabras de uno de los fundadores de CVA,

(…) todo lo que venía de la resistencia de la organización, de la unidad de la acción; a todo eso el régimen le mete un mazazo, porque a partir de ahí lo que se pasó a discutir en las organizaciones era cuántos bolsones, cuántos Jefes y Jefas de Hogar. La tarea fue de bombero (…) fue una respuesta de una pateada para delante de un poder político desbordado que no quería perder el poder real y que quería apagar el incendio (Entrevista 12).

En relación al PJyJHD, la organización desarrolló diferentes acciones colectivas territoriales-barriales e inició un nuevo modo de vinculación con otros colectivos y con el Estado a partir de su integración en la conducción del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales a mitad del año 2002. Su participación en ese rol, a través de la figura de Noel Quinteros —referente histórico y uno de los fundadores de CVA— fue rotativa junto con un miembro de la Mesa de Desempleados de la Ciudad de Córdoba y con un referente del Movimiento Barrios de Pie.

El Consejo Consultivo se presentó como una alternativa para canalizar —aunque no necesariamente resolver— algunas problemáticas al tiempo que fue un espacio de nuevos conflictos por las limitaciones del propio Consejo, de los planes sociales y por las características, expectativas y prácticas de los distintos actores que lo integraron.

En la evaluación de algunos de los referentes históricos del Centro de Vecinos Autoconvocados, el Consejo fue un ámbito atravesado por las prácticas clientelares de ciertas organizaciones; sin embargo, recuperan la contribución “propositiva” de CVA como facilitadores de otras dinámicas de participación en ese espacio “(…) Y nosotros entramos y le dimos otra impronta al Consejo, ¡nosotros lo sacamos a la calle!, ¡nosotros hacemos un recurso de amparo!, ¡hacemos movilizaciones! (…)” (Entrevista 11)

En el año 2002, con ese objetivo, desde la conducción del Consejo se propuso que las organizaciones expusieran los proyectos que desarrollaban y en los que trabajaban quienes cobraban Planes Jefes y Jefas de Hogar, como modo de transparentar parte de estos procesos.

Otras de las acciones colectivas del Consejo Consultivo en octubre del mismo año de la que participaron CVA y el MBP junto con otras 15 organizaciones, fue en un sentido semejante. El 24 de octubre, los colectivos agrupados en el CCM iniciaron una movilización a Tribunales Federales en la ciudad de Córdoba para pedir la restitución de 11 mil planes JyJHD que habían sido dados de baja el mes anterior y para el pago de otros 8 mil planes a quienes habían completado sus planillas y, no obstante reunir los requisitos, no lo habían recibido hasta el momento. Según relatos del diario y de integrantes de CVA, de la movilización participaron unas dos mil personas (La Voz del Interior, 25/10/2002, p. A3). En Tribunales, el CCM y la Municipalidad presentaron un amparo judicial que tuvo resolución favorable a los pocos días y que ordenaba al Ministerio de Trabajo de la Nación —a cargo de Graciela Camagno— pagar 19 mil planes.

Este conflicto no se resolvió en ese momento y complejizó las relaciones entre los distintos actores que integraban el CCM y que mantenían distintas relaciones con el Estado y gobierno nacional. A la resolución judicial le siguieron una serie de sucesos: una apelación del Ministerio, su rechazo por parte de la justicia, una movilización del CCM y discusiones internas entre las organizaciones que integraban el propio Consejo, en tanto algunas sostenían que en lugar de realizar una presentación judicial al Ministerio este colectivo debería haber abierto un espacio de negociación (La Voz del Interior, 7/1172002, p. A4). Al poco tiempo, además, la Ministra fue imputada por “desobediencia” a la resolución judicial y al mes siguiente el ministerio hizo efectivo el pago a un poco más de 17 mil destinarios/as de estos planes (La Voz del Interior, 16/11/2002, p. A4; 28/11/2002, p. A3). Los conflictos hacia el interior del CCM y en torno a los planes continuaron en los meses siguientes.

La acción iniciada por el CCM y los hechos que le siguieron ilustran la complejidad de esta conflictividad en torno a los planes que involucraba al Estado y a las organizaciones, la labilidad y vulneración de derechos de quienes percibían o eran potenciales receptores del PJyJHD y la potencialidad de este Consejo de constituirse como sujeto político. En este caso, con posibilidad de expresar una voz en el espacio público y lograr ciertas transformaciones, combinando la movilización y la protesta, la presentación judicial y la gestión; una articulación de estrategias y formatos de acción de los distintos actores que componían este espacio: las diversas organizaciones sociales, sindicales y el Estado. De la participación en estas acciones de las organizaciones eclesiales, al menos hasta el momento no nos ha sido posible encontrar registro.

En marzo del año 2003, en el marco de denuncias públicas cruzadas sobre los espacios en los que los destinatarios del PJYJHD realizaban sus tareas de contraprestación, el Consejo presidido por un referente de CVA, inició una investigación al respecto. En una nota publicada por el diario La Voz del Interior, afirmaba que se estaba usando el programa Jefas y Jefes como “mano de obra barata del Estado, de las empresas particulares, de la Iglesia y de las organizaciones confesionales” y que si se quería “combatir en serio el desempleo” se deberían utilizar los planes nacionales en emprendimientos en los que el Estado también realizara un aporte técnico y material (La Voz del Interior, 22/03/03, en línea). En el año 2005, CVA decidió retirarse de este espacio por considerarlo impregnado de la lógica de una red punteril del gobierno provincial y de una perspectiva asistencialista.

Según relataba una de sus referentes históricas, CVA llegó a tener más de 2000 planillas de PJyJHD y a realizar diversos microemprendimientos que reivindicaban una concepción del trabajo desde la que se revalorizaba la autogestión y la dignidad del trabajo (Entrevista 11). En ese marco, la contraprestación requerida por el plan fue obligatoria en esta organización y percibida como “motivadora” para aquellas personas desocupadas que por entonces habían comenzado a atravesar estados depresivos y de baja autoestima. La mayoría de estos emprendimientos —costura, tejido y manualidades, copa de leche, panificadora y repostería, granja, huertas, herrería y carpintería, limpieza y “guardería”— terminaron siendo gestionados y trabajados por mujeres. Para su seguimiento y control, se designaron encargados de diferentes zonas de la ciudad. Los productos resultantes de estos emprendimientos en algunos casos se vendieron y en otros se usaron para el autoconsumo o el truque.

Con variantes, los proyectos se sostuvieron hasta el año 2004. Su declive se produjo, en algunos casos, por falta de insumos y maquinarias para dar un “salto” productivo; en otros, por deserción, disputas internas y la dificultad de construir colectivamente en grupos que se habían conformado ad hoc con el fin de cobrar el plan. También, a medida que los destinatarios de estos planes comenzaron a encontrar trabajo —principalmente en empresas de seguridad privada— o accedían a pensiones creadas en el marco del Programa para el Adulto Mayor Más.^[6]

Ni para las elecciones presidenciales ni para las municipales del año 2003, CVA participó como colectivo convocando a votar a sus integrantes. Sin embargo, en términos generales, sus referentes y los delegados entrevistados sostuvieron una valoración positiva de las políticas promovidas por ambos gobiernos hasta el año 2007. Al respecto, reivindicaban que se trataba de apuestas a la construcción desde la transversalidad y por fuera del bipartidismo; también recuperaban los resultados de las políticas económicas, sociales, culturales, de DDHH y a nivel regional latinoamericano, desarrolladas en los primeros años de gobierno.

Atento a estas valoraciones positivas, discutieron la posibilidad de constituirse en un partido político o ingresar a alguno de estos espacios pero definieron no hacerlo en estos primeros años. Con una actitud de “apoyo crítico”, participaron de distintos proyectos y políticas generadas a nivel nacional y local entre los años 2005 y 2007, al tiempo que continuaron con acciones de protesta (Entrevista 11).

Entre los años 2003 y 2004, las acciones emprendidas por este colectivo continuaron desarrollándose en torno a las demandas y experiencias desarrolladas en este apartado. Si en el capítulo 1 nos referimos a los procesos democratizadores como aquellos que favorecen una construcción política amplia, más allá de lo particular, por estos años CVA trabajó sus demandas y acciones en torno a dos problemáticas generales “el derecho a la vivienda” y al “trabajo”. Sin embargo, no construyó o permaneció mucho tiempo en espacios de articulación con otros actores ni involucró en la propia organización a otros sectores sociales —y sus problemáticas— distintos de aquellos con los que había iniciado sus acciones, apuntando a potenciar transformaciones societales más amplias.

2005: La construcción de la cooperativa de vecinos autoconvocados. Desafíos, demandas y protestas y un breve paso por la gestión municipal

Por la devolución de las fuentes de trabajo en el microcentro de la ciudad

Cooperativa Vecinos Autoconvocados

Como señalamos en los apartados precedentes, en el año 2005, CVA había conseguido respuesta a una parte de sus demandas principales. En este período, CVA continuó con algunas movilizaciones en torno a estas problemáticas pero en mucha menor medida que en el período anterior. Una de ellas se produjo en el marco de las discusiones que había iniciado el gobierno nacional sobre los servicios privatizados que atendían necesidades básicas y su decisión de rescindir el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas para ponerlo a cargo de una empresa con 90 % de participación estatal en 2006. En tal oportunidad, CVA se manifestó públicamente y repartió un volante en los barrios titulado “El robo del siglo continúa”, en contra de la definición del gobierno provincial de renovar el contrato a la empresa Aguas Cordobesas.

El problema del desempleo había tenido una solución parcial para los integrantes de este colectivo. En su mayoría habían conseguido paliativos a partir del plan JyJHD pero, luego, no todos habían accedido a puestos de trabajo o pensiones en el marco de las políticas impulsadas por el nuevo gobierno nacional.

Cuando el gobierno municipal habilitó la conformación de cooperativas para la prestación de un servicio de estacionamiento medido y controlado en la ciudad, CVA consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar en la construcción de una cooperativa de “naranjitas”, primero y, luego, impulsar el crecimiento de emprendimientos autogestivos. También, para su incorporación al servicio municipal de “servidores urbanos”.

La propuesta del municipio se producía en el contexto de la convocatoria a referentes de organizaciones sociales a participar de la gestión del Estado y, en particular, de su iniciativa en octubre de 2004 de retornar a un esquema de gerenciamiento estatal del estacionamiento medido y controlado de la ciudad de Córdoba. Como desarrollamos en el capítulo 2, en el marco del Plan de Inclusión Social y Economía Solidaria “Sí, nuestra gente vale”, la Dirección de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Municipalidad promovió dos programas “Productos y Servicios Éticos” y “Servicio de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública”. El segundo de éstos programas retomaba la demanda de los “naranjitas” desempleados que habían sido despedidos por la anterior empresa prestataria del servicio de estacionamiento medido y controlado de la ciudad —CIUCOR— y de los que históricamente trabajaban “a voluntad” en las calles de la ciudad, algunos de los cuales habían formado parte o eran allegados al colectivo Centro de Vecinos Autoconvocados.

La presencia de trabajadores “naranjitas” en la ciudad se retrotrae a mitad de los años 70 cuando, bajo la dictadura militar, el gobierno de la provincia les ofreció a unas 850 personas dejar el trabajo de vendedores ambulantes —que “afeaban la ciudad” y hacían competencia “desleal” a los comerciantes— para pasar a trabajar como “naranjitas”, ordenando y cuidando autos estacionados en la vía pública. Durante casi quince años, los “naranjitas” trabajaron de modo individual, en vinculación directa con la Municipalidad: le compraban los tickets y pagaban un canon. En el año 1994, cuando este trabajo se había vuelto un emprendimiento rentable, el gobierno radical decidió privatizar el servicio, resultando concesionado a CIUCOR, empresa que instaló parquímetros en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Con la presión de algunos naranjitas, 50 de ellos fueron empleados por la empresa. El resto de los no incorporados siguieron trabajando al margen del sistema oficial en las zonas donde no se habían instalado parquímetros, recibiendo “contribuciones voluntarias” (Entrevista 15).

Para su incorporación en este programa, la Municipalidad estipuló que los trabajadores debían organizarse en cooperativas a las que se les adjudicó el servicio en barrios periféricos de la ciudad donde no había parquímetros instalados. Los miembros de las cooperativas debieron adherir al “Monotributo Social”. En el marco de este proceso, el 15 de febrero del año 2005, se constituyeron cuatro cooperativas, entre ellas, la Cooperativa de Vecinos Autoconvocados, vinculada al colectivo CVA (La Voz del Interior, 12/2/2005, p. 1A).

El proceso de creación de este colectivo y de institución de una política estatal se produjo “de arriba hacia abajo”; es decir, recuperando demandas históricas del sector pero por iniciativa del gobierno municipal, en el marco de sus términos y condiciones, más allá del buen diálogo que la cooperativa y CVA tenían con él. No obstante ello, la forma organizativa que asumió este colectivo no le fue muy ajena a CVA que venía de una trayectoria de construcción de espacios autogestivos.

Desde entonces, y recuperando algunos vínculos previos con vecinos/“naranjitas” y algunas organizaciones sociales, el Centro de Vecinos Autoconvocados comenzó el desarrollo de la cooperativa. En términos identitarios, como colectivo se inscribía en la historia de los trabajadores “naranjitas” y del cooperativismo, al tiempo que en la propia trayectoria de CVA. La huella de CVA en esta cooperativa estuvo presente en el nombre de la organización, en la pertenencia de algunos de sus integrantes y en la práctica laboral que desarrollaron a cargo del ordenamiento, seguridad y cobro del estacionamiento en la vía pública, en vínculo con vecinos y en distintos barrios de la ciudad. Desde este lugar, construyó una identidad que combinaba acciones tendientes a la institución de un servicio público en la ciudad —y la propia cooperativa— en conjunto con el Estado municipal, al tiempo que otras de protesta dirigidas a la propia municipalidad y vinculadas con demandas laborales concretas. Desarrollamos esto en los párrafos siguientes.

Aunque la Cooperativa construyó sus propios espacios de toma de decisiones y de administración, su relación con CVA siempre se mantuvo. De hecho, en este período, el Consejo de Administración de la cooperativa estuvo principalmente a cargo de trabajadores vinculados con CVA.

La constitución de un tipo de organización que recuperara el valor de la solidaridad y no respondiera a ningún “patrón” fue valorada positivamente por los integrantes de CVA al tiempo que resultó un gran desafío. Algunas de las problemáticas que tuvo que afrontar este colectivo incluyeron la constitución de la propia cooperativa, sus espacios de toma de decisión, de administración y gestión y de formación para ello; la construcción del sentido mismo del trabajo cooperativo y la organización del trabajo hacia adentro del colectivo; la legitimación de su trabajo con la sociedad; y el vínculo con las distintas dependencias del Estado municipal y con las otras tres cooperativas.

Con respecto a la primera, una de las principales dificultades tuvo que ver con la organización laboral de unos 70 trabajadores desempleados de un promedio superior a los 45 años. En su mayoría venían trabajando a voluntad como parte de los “viejos naranjitas” —sin una organización que los nucleara— y otros eran “nuevos” —vinculados a CVA—, sin experiencia previa en el trabajo de estacionamiento medido y controlado. El modo de organización fue por áreas de trabajo en zonas de calles periféricas del centro de la ciudad, cada una de ellas, con coordinadores. La toma de decisiones se realizó a través de asambleas. Sin embargo, uno de los problemas que tuvieron en sus inicios fue la falta de participación en éstas. Con respecto a la formación en procesos cooperativos y viales, ambos estuvieron a cargo de la Municipalidad que abrió estas instancias con equipos de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (La Voz del Interior, 31/01/2005, p. A12) y con la Dirección de Tránsito de la propia Municipalidad.

El desarrollo de estas tareas permitió a estas personas construir un trabajo con un ingreso que, en la mayoría de los casos, no tenían. En la narración de una de las coordinadoras de zona y miembro del Consejo de Administración de la cooperativa, se advierte la falta de organización y contención con la que empezaron a trabajar y su experiencia de obtener un primer ingreso por el trabajo realizado

Me acuerdo que ese día no tenía ni para darle de comer a mis hijos, ni para que tomaran la leche. Y yo me fui sin saber a dónde era, porque no tenía idea dónde. Me dijeron “tenés que ir a la calle Europa”, “¿a dónde es?”, “ah, mirá, vos tenes que agarrar esta calle, pa, pa, metete, preguntá por ahí y te van a decir”. Bueno, y preguntando, preguntando, se llega (…) cuando yo termino de trabajar…, me dicen unas compañeras: “¿Cómo te fue Marga?”. “Mirá, no tengo ni idea”, porque no tenía ni idea. O sea, yo sentía monedas que llevaba, qué se yo, yo sentía peso de monedas que llevaba y qué se yo, yo sentía peso de monedas, no sé lo que… entonces, doy vuelta mi mochila y en esa época había hecho cincuenta y pico de pesos, que era un mundo. Entonces llorábamos y nos abrazábamos. No, no sabés. De no tener un mango a tener esa cantidad de plata, para nosotros era un mundo. Un mundo, digo, “Negra, tengo para comprar la leche, el pan” (Entrevista 13).

Con respecto a la relación con los “frentistas”, según relatan los entrevistados, al comienzo fue compleja por desconocimiento del sistema y de la constitución de esta cooperativa; porque en algunos casos comenzaban a tener que pagar por estacionar los autos en el espacio público donde antes no lo hacían; por falta de una discusión pública instalada al respecto; y, en algunos casos, por la experiencia de haber vivido situaciones complicadas con algunos “naranjitas viejos” con problemas de adicciones, “malos hábitos”, entre otros. Sin embargo, según narran los trabajadores, la relación fue mejorando (Informe de la Escuela de Trabajo Social y de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, 2007). En palabras de una integrante de la cooperativa, al poco tiempo, la presencia de CVA en las calles fue valorada positivamente por los vecinos que empezaron a circular con más tranquilidad

(…) estaban esos borrachos ahí y la gente no podía pasar. Y después empezaron a pasar las abuelas con sus nietos… cambió totalmente; después empezaron las mujeres a correr en la plaza, viste, haciendo gimnasia, o sea hubo un cambio ahí, un cambio muy notable, en donde muchos me agradecían y bueno… es mi fuente de trabajo (Entrevista 13).

La relación con la Municipalidad en términos generales fue evaluada como positiva. Sin embargo, no estuvo exenta de conflictos e incluso de protestas motorizadas por las cooperativas. La demanda central fue por la posibilidad de trabajar en las calles céntricas de la ciudad donde se encontraban las calles más rentables y los ciudadanos estaban acostumbrados a pagar. Según una nota publicada por el diario La Voz del Interior (08/12/2004, en línea), a dos meses de que la Municipalidad de Córdoba retomara la administración de los 1.132 parquímetros y 66 tiqueadoras en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba, ya había recaudado cuatro veces más que el canon aportado mensualmente por la empresa CIUCOR durante los 10 años que duró la concesión del servicio. Al respecto expresa uno de los fundadores de CVA e integrante del Consejo de Administración de la cooperativa

Lo que pasó es que cambiamos de collar pero seguimos siendo perros, porque en realidad el Estado Municipal se quedó con el paquete y nos condenó de alguna manera a volver a hacer el estacionamiento en los lugares donde no hay hábito de pago, donde los frentistas y los usuarios no estaban habituados a pagar en muchos casos, y en los casos en que estaban habituados a pagar ya estaban los compañeros acá, porque en realidad de hecho fue expulsado del centro y fue a ese lugar (Entrevista 15).

En los primeros años, otros de los reclamos tuvieron que ver con el apoyo, la señalización vial y el control por parte de la Dirección de Tránsito de la propia municipalidad; la garantía de seguridad en las horas de trabajo; la comunicación con los vecinos de las zonas en las que trabajaban (Escuela de Trabajo Social y Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, 2007; Entrevista 15).

El vínculo entre las cuatro cooperativas no fue fácil ya que a veces se producían disputas por los espacios de trabajo. Sin embargo, el trabajo fue conjunto ante la defensa de sus puestos laborales y la construcción de una nueva demanda con acciones de protesta dirigidas a la Municipalidad y/o al Consejo Deliberante de la ciudad por “la devolución de las fuentes de trabajo” en el casco céntrico de la ciudad, entre otras problemáticas que empezó a instalar en el espacio público (La Voz del Interior, 16/02/2005, p. A12; MinutoUno, 29/05/2007, en línea). También por la renovación de la concesión del servicio, finalmente prorrogada por el gobierno municipal en mayo de 2007 (MinutoUno, 30/05/2007, en línea). En todos los casos, las protestas fueron planteadas más para tensionar las políticas municipales al respecto que para destituir al gobierno.

Desde la perspectiva de algunos integrantes de CVA, la gestión municipal tuvo sus aspectos positivos y negativos. En cuanto a los aciertos, se destaca que fue la primera vez que el admitió cooperativas para la prestación de servicios públicos generando al mismo tiempo una solución al problema social del desempleo. Sin embargo, señala uno de sus referentes, la construcción de estas cooperativas y las demoras en los pagos entraban en contradicción con esta misma política promovida y evidenciaban su dimensión de “precarización laboral” (Entrevista 15). Por otra parte, sostuvieron, que si bien el municipio había estado conducido por personas con iniciativa y buena voluntad, en el caso del servicio medido y controlado de la ciudad, no consiguió generar una política que fuera acompañada por todas las reparticiones del Estado.

Los dos microemprendimientos autogestivos que CVA había iniciado a comienzos de siglo como parte de la Asociación Civil ACEMOS, se inscribieron y recibieron el apoyo del programa de “Productos y servicios éticos” de la municipalidad. El de costura incluyó entre sus servicios y productos la confección de las chaquetillas para los trabajadores de la cooperativa CVA. El de cocina del colectivo “Pacha”, la elaboración de panificados y dulces, entre otros (Entrevista 14).

Asimismo, algunos integrantes de CVA empezaron a trabajar como monotributistas sociales en el proyecto de “Servidores urbanos” de la ciudad, cumpliendo funciones de control del trabajo de estacionamiento medido y controlado, de educación vial, de apoyo en hogares de noche, en espacios de formación, entre otras. Algunos de ellos habían tenido con anterioridad una corta experiencia de trabajo administrativo en el Programa “Vale lo nuestro” impulsado por el mismo municipio (Entrevista 13 y 14).

En el marco del “apoyo crítico” al gobierno nacional y local y de algunas articulaciones que CVA había tenido con integrantes del MBP, en el año 2005, una de las referentes de CVA participó de las instancias de capacitación y trabajo territorial, como promotora del Programa “Promotores Territoriales para el Cambio Social” (PTCS) de la Dirección de Promotores Territoriales, perteneciente a la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En ese año también, recuperando la experiencia del área de género del Movimiento Barrios de Pie, como Vecinos Autoconvocados crearon el “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias”^[7] para abordar cuestiones de género vinculadas a su participación en estas organizaciones y más allá de ellas. Como parte de este colectivo, participaron de los Encuentros de Mujeres a nivel nacional y realizaron algunas intervenciones artísticas. Hacia el año 2007, formaron parte de los espacios de capacitación desarrollados en el marco del programa nacional de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy”, conformado por un equipo coordinador principalmente compuesto por integrantes de la Corriente Nacional Patria Libre y el Movimiento Barrios de Pie. El desarrollo de este espacio, le permitió ampliar los actores con los que articuló y abordar problemáticas más generales.

Asimismo, hacia fines de la gestión conducida por Luis Juez, una de las referentes y fundadoras de CVA, Key Massaccesi, ocupó durante unos meses un cargo en la Dirección de Impuestos Inmobiliarios de Desarrollo Social (DAJI) de la municipalidad. La decisión fue tomada por asamblea y supuso una tensión respecto de los aspectos autonomistas de su gramática política, en particular de aquellos vinculados con su relación con el Estado y con el gobierno. La incorporación de la referente a la gestión del Estado fue interpretada por CVA como un reconocimiento de la trayectoria de este colectivo en la defensa de los derechos de los vecinos y su lucha por la consecución de tarifas sociales para los servicios y las moratorias para el pago de impuestos y deudas por la obra pública.

Como parte de la gestión y no sin dificultades, según narra la entrevistada, logró resolver algunos casos que solicitaban cuotas para el pago de deudas impositivas de ciudadanos que vivían en condiciones de pobreza y desempleo (Entrevista 11 y 14). Sin embargo, el paso por la gestión fue corto y no avanzó en solucionar estos problemas para una población mayor ni en generar políticas societales más amplias.

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Comenzamos este capítulo con una caracterización del contexto de surgimiento del Centro de Vecinos Autoconvocados a mitad de los años 90 en Córdoba Capital y lo inscribimos en los procesos organizativos vecinales de Córdoba de la década del 80. Analizamos, además, el modo en el que desde una doble referencia identitaria, vecinal/ciudadana y “autoconvocada” e independiente de los partidos políticos, construyó y luego fue transformando sus acciones colectivas, su relación con otras organizaciones sociales, con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización a lo largo del período objeto de estudio.

Hasta comienzos del año 2001, reconocimos un crecimiento de la organización a partir del desarrollo de acciones colectivas territoriales en barrios de sectores económicos bajos o medios empobrecidos de la ciudad centralmente vinculados con la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Formulada como demanda de defensa de la vivienda única como bien social, incluyó la exigencia de una tarifa social, moratorias y/o planes para el pago de servicios, créditos e impuestos y la suspensión de acciones jurídicas y/o administrativas contra los vecinos deudores de obras públicas. Asimismo, por estos años, se manifestó en contra de la privatización de servicios públicos por parte de un sistema de gobierno provincial caracterizado como una democracia que combinaba la represión con la dádiva.

Entre el año 2001 —reconocido por sus integrantes como de apogeo de la organización— y el año 2007, pudimos reconocer dos momentos en la historia de este colectivo que incluyeron transformaciones en sus acciones colectivas y desplazamientos respecto de las identidades predominantes construidas.

Un primer período (2001-2004) en el que predominó el trabajo territorial y la protesta con demandas que sumaron a las cuestiones vecinales, la declaración de la Emergencia Económica y Social, trabajo y planes de empleo. En torno a estas generó algunas articulaciones con organizaciones de desocupados y hacia el 2002 desarrolló experiencias de creación de microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD. Sin abandonar prácticas confrontativas con el Estado hasta el año 2005 participó en conducciones rotativas del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales. Asimismo y como resultado de la protesta, recibió de parte del gobierno de la provincia algunos de los módulos alimentarios para familias de adultos mayores que transitaban situaciones de pobreza.

En el segundo momento (2005-2007), sus acciones se concentraron en la institución de un nuevo colectivo la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados”. Dicho proceso fue de la mano de la institución de una política estatal municipal —“de arriba hacia abajo”— de un servicio de estacionamiento medido y controlado en la vía pública y se inscribió en la historia de los trabajadores “naranjitas” y el cooperativismo. Ello planteó nuevos desafíos y problemáticas y mantuvo la protesta con demandas laborales dirigidas a la propia municipalidad.

Además, el desarrollo de los distintos programas municipales en articulación con políticas nacionales para el fomento de procesos autogestivos, el abordaje de derechos de las mujeres y el fortalecimiento del trabajo de promoción territorial, le habilitó a CVA inscribir otros proyectos de estas características, generar algunas articulaciones y un mayor desarrollo del “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias” creado por esta misma organización. Hacia el año 2007, definió ocupar durante unos meses un cargo en el Estado Municipal que permitió resoluciones parciales de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas.

En términos generales y hasta el ingreso a la gestión municipal sus prácticas guardaron aspectos comunes con aquellas que inscribimos como parte de una gramática “autonomista”. En ellas, cobraron centralidad los mecanismos deliberativos asamblearios para la toma de decisiones, una organización interna rizomática y una concepción del cambio social entendida como lucha desde la construcción política local y barrial que incluyó la protesta con distintas instancias e intensidades de confrontación —hasta la ocupación de edificios públicos para peticionar—.

Desde una concepción del sistema político como un dispositivo de captura de la autonomía colectiva, sus experiencias de participación en espacios estatales fueron acotadas y apostaron a la construcción de un poder popular paralelo entendido como forma de “autogobierno”. Asimismo, expresaron resistencia a su inclusión en un espacio político partidario, incluso con posterioridad al año 2003, cuando ganaron las elecciones nacionales y municipales gobiernos cuyas políticas y modos de construcción con las organizaciones sociales —al menos en estos primeros años de gobierno— fueron positivamente valoradas por este colectivo.

Estos modos de construcción política y de relación con otras organizaciones sociales y con el Estado constituyeron parte de las potencialidades para visibilizar y conseguir respuestas a sus reclamos en el espacio público y quizá también su dificultad para generar articulaciones con otras demandas y actores sociales que le permitieran participar como sujeto político de transformaciones societales más amplias.

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