Una perspectiva sociopolítica para su abordaje

Un concepto, entonces, es palabra historizada e historia verbalizada; consecuentemente, todo concepto es político. Y es acaso este el tan mentado concepto de lo político: un concepto es un campo de batalla donde entran en disputa las narrativas posibles que restituyen a y en la acción su significado histórico

Germán Pérez, El malestar en el concepto: Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica

 

La lucha política es siempre también una lucha por definir lo que es la política

Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado

Para analizar las acciones colectivas de las organizaciones sociales y su vinculación con el Estado y los procesos de democratización y desdemocratización desde una interrogación por las relaciones que se producen entre lo social y lo político, en las páginas siguientes definimos una perspectiva de análisis y construimos una red conceptual en la que lo político constituye una dimensión central de comprensión de la sociedad.

Para ello recuperamos discusiones y aportes de las investigaciones sobre acciones colectivas presentadas como antecedentes en la Introducción y lo articulamos con algunas contribuciones por fuera de ese campo de estudio en particular. Sobre estas últimas, iniciamos este capítulo retomando el debate con las posiciones que han postulado la existencia de un fundamento último de lo social y la posibilidad de una ciencia “objetiva” y verificable.

Luego, para comprender los vínculos y solapamientos entre lo social y lo político desde una relación entre agencia y estructura, nos concentramos en los conceptos de “acciones colectivas”, de “gramáticas políticas” y de “institucionalización” construidos desde una perspectiva pragmática. La articulación de estas nociones se propone para comprender las relaciones entre las organizaciones sociales, las políticas sociales y los procesos de democratización y desdemocratización.

Hacia el final de este capítulo presentamos el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis y la metodología.

Perspectiva sociopolítica

Lo político como conflicto y forma colectiva

Desde la óptica de Mouffe (2009), lo social puede ser concebido como el trasfondo sobre el que opera la lógica de lo político para instituir la sociedad como objeto nunca terminado. Es decir, mientras que lo social refiere al campo de las prácticas socio-históricas sedimentadas, heterogéneas e indeterminadas que son condición de posibilidad ―e imposibilidad― de la sociedad ―o del orden social― a la que siempre excede (Retamozo, 2009a), lo político alude a la dimensión de conflicto por la nominación e institución de lo social que involucra diversas formas del antagonismo constitutivo de las sociedades humanas y que pueden surgir en distintas relaciones sociales (Mouffe, 2009).

Se trata de un interregno simbólico inaugural ―sin un contenido prefijado― que produce un acontecimiento social potencialmente abierto y contingente y, en tal sentido, tiene una dimensión instituyente y performativa. En tanto implica una relación de diferencia y de oposición entre un “nosotros” y un “ellos” ―su exterior constitutivo―, a diferencia de lo que comprende el pensamiento racional-liberal, lo político está vinculado con formas colectivas de identificación. Esta relación entre ambos no siempre es antagónica o adversativa pero existe la posibilidad de que se convierta en tal.

Desde esta perspectiva, todo orden social es contingente y político en tanto está basado en la exclusión de otras posibilidades y es expresión de una configuración particular de relaciones de poder que son constitutivas de lo social. Señala Mouffe (2009) que aquello que en un momento es considerado como el orden natural ―y legitimado por el sentido común que lo acompaña― es el resultado de prácticas hegemónicas sedimentadas y no de una objetividad más profunda e independiente de las prácticas que le dieron origen, como lo concibe el racionalismo liberal o un marxismo economicista. Por ello, las prácticas a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales son “prácticas hegemónicas” pasibles de ser desafiadas por prácticas contrahegemónicas.

Por su parte, la política surge del movimiento de lo social y refiere a un “conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de conflictividad derivada de lo político” (Mouffe, 2009, p. 16). Supone orden, conflicto y antagonismo por el reconocimiento de un “nosotros” en oposición a unos “otros”, en las luchas por la producción y reproducción de la sociedad^[1], disputas en las que los hombres se constituyen como sujetos; involucra decisiones y opciones entre alternativas opuestas y no sólo cuestiones técnicas relativas a expertos; tampoco puede ser reducida a la mera gestión o administración del orden instituido.

Este modo de concebir la relación entre lo social y lo político supone discutir con las posiciones que han postulado la existencia de un fundamento último de lo social y la necesidad y posibilidad de una ciencia objetiva y verificable. Como señala Marchart (2009), la propuesta de Mouffe, Schmitt, Ricoeur, Wolin, Laclau, Nancy, Badiou, Rancière, y otros se inscribe en el “posfundacionalismo”, de inspiración lefortiana, que reconoce su procedencia en lo que denomina como “heideggerianismo de izquierda”. Esta perspectiva comparte:

(…) la necesidad de dividir la noción de la política desde dentro (y, como ya dijimos, hacerlo de una manera por completo diferente de las distinciones meramente ‘ónticas’ como las que se establecen, por ejemplo, entre la política, la determinación de normas y objetivos generales y la forma de gobierno). Al escindir la política desde dentro se libera algo esencial. Por una parte, la política en el nivel óntico continúa siendo un régimen discursivo específico, un sistema social particular, una cierta forma de acción; mientras que, por otra parte, lo político asume en el nivel ontológico el rol de algo que es de una naturaleza totalmente distinta: el principio de autonomía política, o el momento de institución de la sociedad. En cuanto diferenciada de la política, la noción de lo político no puede integrarse en las diferencias sociales, la repetición, la tradición, la sedimentación o la burocracia. Lo político, al igual que otras figuras de la contingencia y la infundabilidad tales como el acontecimiento, el antagonismo, la verdad, lo real o la libertad, mora, por así decirlo, en el no-fundamento de la sociedad, el cual se hace sentir en el juego diferencial de la diferencia política. Pero el fundamento de la sociedad no está “meramente” ausente. (Re-) aparece y está suplementado por el momento que podemos llamar, haciendo referencia al ‘momento maquiaveliano’ de J. G. A. Pocock (1975), el momento de lo político (Marchart, 2009, p. 8).

Precisadas estas nociones, nos interesa plantear dos cuestiones vinculadas con nuestro objeto de estudio y la perspectiva sociopolítica desde la que fue construido.

La primera, es que la diferenciación entre lo político y la política que se propone en estos planteos pone más énfasis en marcar los límites entre una y otra ―demarcaciones a partir de las cuales a “lo político” le corresponde la disputa y la capacidad de institución y a “la política”, lo instituido, la “tristeza sepia de las rutinas institucionales”, dirá Pérez (2017), y la administración― antes que indagar en sus relaciones, solapamientos, disrupciones; procesos a los que sí nos interesó atender en la investigación que dio por resultado esta tesis.

La segunda sigue una advertencia de Pérez (2017) acerca de que la crítica a una filosofía de la historia y al positivismo realizada por el posfundacionalismo no debe conducirnos a una escisión entre lo social y lo político. Dicha separación se produce como resultado de un desplazamiento que se sostiene en las premisas de que lo social como “totalidad representable” es siempre “el resultado contingente de una lucha política por la hegemonía significante de un campo discursivo determinado” y que como tal no conforma un “régimen de producción de significados” (Pérez, 2017, p. 284). Es decir, dicho corrimiento es producto de una lectura que desenfoca las transformaciones en las estructuras sociales, en las instituciones, en las tradiciones y en los repertorios de acción colectiva y que tiene su origen en la filosofía del lenguaje en la que se funda:

El desplazamiento semiótico de la teoría política “posfundacionalista” se produce, precisamente, por abrazar una teoría del significado heredera de la tradición saussureana para la cual el foco de atención debe colocarse en la dimensión paradigmática de la lengua cuya estructura no sólo es independiente de la experiencia social de los hablantes sino que la configura. Y en este punto, vale aclarar, las diferencias entre el estructuralismo y el pos son de grado, no de fondo. Desde semejante perspectiva, la palabra política constituye de cabo a rabo el espacio social en el que se la reconoce, desconociendo la existencia de tradiciones, memorias y repertorios de acción que se fraguan en los lenguajes naturales a través de los cuales los hablantes definen su medio y coordinan sus relaciones entre sí y con el mundo (Pérez, 2017, p. 284).

Al respecto, consideramos importante la advertencia de Pérez (2017) acerca de la necesidad de diferenciar el posfundacionalismo del posestructuralismo, y rescatar la idea de evitar tomar una posición totalizadora y final de la sociedad. Como alternativa autores como Natalucci (2015; 2018) y Pérez (2017) proponen reponer la noción de “gramáticas políticas” para analizar las prácticas de los agentes ―considerando la performatividad política de la acción― y su vínculo con el Estado, a partir de relaciones de recursividad y no de dualidad entre estructura y acción.

Los aportes del concepto de “gramáticas políticas”

La noción de “gramática política” entendida en términos generales como “performatividad política de la acción”^[2] remite al concepto de “gramática”. En particular, se nutre de los conceptos de “regla” y “juego de lenguaje” acuñados por el segundo Wittgenstein (1976). Desde esta perspectiva, el lenguaje es concebido como un repertorio de juegos ―escenarios y reglas de acción tanto lingüísticas como no lingüísticas―, en los cuales las palabras adquieren su significado. El sentido de una palabra va a depender “de su uso en los distintos juegos de lenguaje en que aparece, esto es, del marco de prácticas sociales en las que interviene: como se advierte, un juego de lenguaje consiste no sólo en el lenguaje sino también en las prácticas sociales a las que se vincula” (Maccioni, 2002). Tales contribuciones han permitido superar concepciones positivistas y perspectivas dualistas y deterministas de la relación entre estructura y acción (Pérez, 2002; Nardacchione, 2005; Trom, 2008; Giddens, 2011) y configurar una concepción pragmática de la política entendida como una red de significados en acción, como “juego de lenguaje” (Wittgenstein, 1976).

En este sentido, Pitkin (1984) sostiene que la dimensión que más se asemeja al pragmatismo en Wittgenstein es la de considerar que un concepto está condicionado por los juegos de lenguaje en que se utiliza; y que los conceptos y sus gramáticas determinan las posibilidades de los fenómenos.^[3] El concepto de gramática se refiere a “las reglas no escritas que gobiernan nuestro lenguaje y regulan nuestros juegos de lenguaje” (Pitkin, 1984, p. 175). De allí que, como señala Pérez:

a un mismo tiempo habilitan y constriñen las posibilidades y oportunidades de (inter)acción produciendo el significado de una manera relacional y dialógica; desde esta perspectiva el significado no procede de las combinatorias contingentes operadas en la estructura ―más o menos fallida― de la lengua, ni en la representación realista de estados de cosas externos a la comunidad de hablantes, sino que se plasma y recrea en la medida que contribuye a las definiciones de mundo y la coordinación de las acciones en los juegos de lenguaje naturales. Complementariamente, el significado no se restringe a la dimensión verbal de la lengua sino que el discurso se constituye como un régimen general de significación que articula saberes, instituciones, prácticas y subjetividades en un “teatro de operaciones” (Foucault, 1987 en Pérez, 2017, p. 287).

Entonces, el concepto de gramáticas no nos conduce a reintroducir ninguna esencia o concepción determinista de la acción. Más bien, nos permite reconocer las condiciones de producción de las prácticas atendiendo a las transformaciones en las estructuras sociales y las instituciones, a las memorias y experiencias aprendidas por los actores y también a sus posibilidades de recreación, transformación y reproducción de sus propias prácticas y del orden social. Las “gramáticas políticas” incluyen el sistema de reglas que dan sentido a las relaciones entre los actores movilizados y las estructuras institucionales del régimen político de gobierno; es decir, partidos políticos, asociaciones sindicales, otras asociaciones intermedias y el Estado (Pérez, 2017). Asimismo, implican un modo particular de construcción de los problemas públicos, un sentido performativo con capacidad de reconfigurar los límites entre lo público, lo privado y lo estatal (Nardacchione, 2005).

A diferencia de la noción de “gramáticas de movilización” (Trom, 2008), las “gramáticas políticas” no suponen un estudio de la estructura motivacional de los sujetos, más propio de un enfoque fenomenológico.^[4] Tampoco, la indagación de las “configuraciones militantes” (Pudal, 2011 en Aiziczon, 2018) entendidas como esos modos de practicar la militancia y las corrientes teóricas que dan cuenta de ellos y que predominan en determinados períodos históricos.^[5]

El foco en las “gramáticas políticas” invita a reconocer sus particularidades y la posibilidad de coexistencia de ellas en un mismo período de tiempo como modos de intervenir en el espacio público. Su indagación convoca a analizar, por un lado, las reglas no escritas y usos que configuran formas de relación entre los actores movilizados y el Estado, el gobierno y otros colectivos, los modos de organización y construcción política, sus repertorios de acción y marcos interpretativos; y, por otro lado, las relaciones entre las acciones que dan impulso a las intervenciones en el espacio público para reproducir, transformar o cuestionar el orden social. Para Pitkin (1984) esta búsqueda de visibilidad y legitimidad pública es lo que les otorga a las gramáticas su estatuto político. Al respecto, señala Natalucci que una gramática refiere al modo en que “un sujeto colectivo interviene en el espacio público, encuentra motivos de justificación y razones para actuar, establece estrategias de coordinación y articulación política y propone un modo de ordenamiento social” (2015, p. 92. Traducción propia)^[6].

En tal sentido, el reconocimiento de gramáticas diferentes tiene en este trabajo un sentido analítico que permite categorizar y diferenciar los modos de organización internos, las concepciones del cambio social y de la política, el papel y la forma de construcción del trabajo territorial, el Estado y el orden social, atendiendo a los contextos sociohistóricos particulares.

Organizaciones sociales, Estado, espacio público y procesos de democratización

Como afirmamos, la política surge del movimiento de lo social a lo largo de la historia y es la propia sociedad la que define los lugares de la política, las instituciones, los actores y las acciones políticas consideradas legítimas.

La sociedad moderna legitimó al Estado junto con una estructura de dispositivos, actores e instituciones de representación y legislación política. Esto fue posible a través de la instauración y el reconocimiento de un conjunto de derechos políticos que también permitieron la práctica política en la organización de la sociedad civil y la esfera de lo público (Tapia, 2009). Como parte del proceso de constitución y desarrollo de la sociedad moderna, los lugares de la política han tendido a diversificarse y también a estabilizarse, a institucionalizarse. Este proceso ha ido de la mano, al mismo tiempo, del rebase por parte de organizaciones y movimientos que participan de la disputa del orden social.

Desde esta perspectiva, la noción de acción colectiva es clave, en tanto cuando desborda los lugares estables de la política, comienza a configurarse un movimiento social. Como señala Tapia éstos pueden pensarse en el tránsito entre el espacio social y el político, aquel que “se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y del gobierno” (2009, p. 2). La disputa que dan los movimientos como agentes de cambio social incluye no sólo el cuestionamiento de las reglas sistémicas que redefinen el juego político ―movimientos societales― sino también la posibilidad de profundizar la conservación y reproducción de determinado orden social. Cuando lo que está en juego es la puesta en cuestión de los criterios, los modos y los sujetos que pueden participar de la distribución de bienes materiales o simbólicos de una sociedad, estamos ante la posibilidad de la recreación y/o ampliación (o no) democrática.

Relacionado con esta posición, García Linera (2010) diferencia aquellos movimientos sociales que tienen por objetivo modificar aspectos particulares de la normativa estatal, “movimientos socio-políticos reivindicativos”, respecto de los que procuran tomar el control del Estado y promover un nuevo orden estatal, “movimientos socio-políticos estructurales”. Desde esta perspectiva ni los movimientos sociales ni el Estado pueden ser pensados por fuera de lo político, de los conflictos que los constituyen.

En lo que sigue del capítulo, recuperamos las contribuciones del campo de la acción colectiva (Gamson, 1995; Mc Adam et. al., 2005; Tilly, 2010) y de los desarrollos que al respecto han realizado algunos autores latinoamericanos (Tapia, 2009; García Linera, 2010; Gordillo et al., 2012; Ferrari y Gordillo, 2015) incluyendo aquellos que introdujeron aportes de la sociología pragmática para la comprensión de la acción y los movimientos sociales (Nardacchione, 2005; Schuster 2005; Naishtat, 2005; Pérez y Natalucci, 2008, Natalucci, 2012, Pérez, 2018).

Sobre todo estas últimas dos perspectivas ―latinoamericana y pragmática― nos permiten conceptualizar al poder como “poder hacer” y a la política como “capacidad de actuar”. Esta conceptualización es clave para reconocer a los procesos de “institucionalización” como aquellos que se pueden generar a nivel de la sociedad civil y del Estado y que no pueden reducirse a la mera “cooptación” o “estatización”.

Para avanzar en la comprensión del vínculo de estas organizaciones con el espacio público y el Estado, recuperamos una concepción de éste como relación y conjunto de estructuras en disputa.

Aportes del concepto pragmático de institucionalización

Anteriormente, nos referimos a los límites para pensar las relaciones entre lo social y lo político y la acción colectiva de los dos grandes paradigmas sobre los movimientos sociales, el estratégico y el identitario. Señalamos con Pérez (2011) que, frente a la “encrucijada teórica” presente en la corriente estratégica ―para la cual el logro estratégico de los movimientos sociales implica su capacidad para incidir en el sistema político como el lugar donde se resuelve el conflicto e institucionalizan sus demandas― y en la teoría de los nuevos movimientos sociales ―para la que la potencialidad de los movimientos sociales reside en su posibilidad de promover el “radicalismo autolimitante” por fuera de la instrumentalidad del Estado y del utilitarismo del mercado―, es posible pensar estas relaciones desde otra concepción, una de articulación, de no exterioridad. Asumir esta última perspectiva supone abandonar una concepción minimalista de la política, guiada por un “modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (Pérez y Natalucci, 2008, p. 83) y una perspectiva estática del poder entendido como dominación de unos por sobre otros (Otto Maduro, 1992).

Sostenemos que las organizaciones sociales no sólo producen política en su constitución y en la confrontación con otros actores sociales ―incluyendo al Estado― sino también en la disputa por la institución de un orden eminentemente conflictivo y que la propia existencia de los movimientos sociales reproduce. Ellos participan y promueven procesos de institución más allá del Estado y son ellos mismos producto de procesos instituyentes. Con respecto a esto último, no sería posible imaginar una organización de trabajadores desocupados o de vecinos en Córdoba, sin una movilización de trabajadores desocupados como la de Argentina a fines del s. XX y comienzos del s. XXI, un movimiento de organizaciones vecinales de base, barriales y villeras como la de Córdoba desde mediados de los años 80 comienzos de los años 90 sin un contexto económico, político y cultural como el de entonces. Al mismo tiempo, tampoco puede pensarse a estas organizaciones como mero resultado de esos procesos.

A partir de una noción de poder como “poder hacer” (Otto Maduro, 1992) y de política como “capacidad de actuar” (Natalucci, 2012), recuperamos un concepto pragmático de institucionalización como una actividad no circunscripta a las instituciones y a la relación entre organizaciones sociales y Estado; concepciones ambas que ―de diferente modo― reproducen la escisión entre lo social y lo político a la que referimos con anterioridad.

En su reflexión sobre los procesos de democratización y las poliarquías en Latinoamérica, O’Donnell propone comprender a las instituciones como “(…) una pauta regularizada de interacción conocida, practicada y aceptada (si bien no necesariamente aprobada) por actores cuya expectativa es seguir actuando de acuerdo con las reglas sancionadas y sostenidas por ella” (1997, p. 224).

Frente a un neoinstitucionalismo que plantea que la democracia será más consolidada en tanto y en cuanto exista una mayor adecuación entre, por un lado, la garantía de elecciones libres, la división y el control de poderes y la libertad de opinión pública y, por el otro, los comportamientos y las expectativas de comportamiento de la ciudadanía en su conjunto de respeto de estas reglas institucionales, O’Donnell propone otra concepción. Sostiene una perspectiva que atiende a los “juegos” que realmente se practican y a las reglas formales e informales en el marco de las cuales éstos se producen.

Desde esta concepción es posible pensar que los actores movilizados son producto y productores de nuevas pautas de acción ―más o menos democratizadoras o desdemocratizadoras― que pueden institucionalizarse no sólo a nivel de la sociedad civil sino también en el Estado. Como señalan Natalucci et al., los movimientos sociales pueden contribuir a conformar un “dispositivo institucional capaz de abrir el Estado y el sistema político a una interrogación democrática desde las formas de organización y los repertorios de acción de la propia sociedad civil” (2013, p. 145). A diferencia del privilegio que le otorgan las perspectivas de la “cooptación” o la “estatización” a un sentido eminentemente destituyente de la política, entendemos que lo contencioso de la acción no se opone a la institución sino que es la propia acción de los movimientos y el conflicto el que puede interpelar a (y verse interpelado por) el Estado ―y la sociedad en su conjunto― respecto de las posibilidades de democratización.

Organizaciones sociales, acciones colectivas y la constitución de subjetividades políticas

Como advierte la vasta bibliografía sobre movimientos sociales y acción colectiva, no concebimos a las organizaciones sociales como entidades preconstituidas. Ni los movimientos sociales ni las propias organizaciones sociales preexisten a la acción ni, agregamos, sus prácticas son a priori transgresoras o reproductoras. Antes bien, los actores movilizados se constituyen en la lucha por la hegemonía, en el cruce entre procesos de interpelación ―como propuestas de identificación y de construcción de subjetividades más o menos contingentes― y de reconocimiento ―en los que los sujetos podrán aceptarlas, rechazarlas y/o proponerlas―. Esta perspectiva implica reconocer el peso de los mandatos hegemónicos sin desconocer, por otra parte, la dimensión autoconstituyente de los sujetos y la precariedad e inestabilidad de las eventuales adscripciones identitarias (Grüner, 1998). De ahí la importancia de atender a la historicidad para comprender la densidad de los sujetos que se construyen en la disputa política (Pérez, 2010).

En ese sentido, algunas de las preguntas que articularon el análisis de los colectivos que abordamos en este trabajo refirieron a las transformaciones en sus acciones colectivas y en los procesos identitarios, a las trayectorias que recuperaron y a los modos en los que se amalgamaron en la construcción de subjetividades políticas y su vínculo con otros actores sociales incluyendo el Estado.

Comprendemos por acciones colectivas aquellas emprendidas por un grupo que se ve implicado en un proceso de identificación en torno a un objetivo común y, de ese modo, involucrado con una misma acción-discurso. En dicho proceso, ese nosotros se diferencia de un otro ―alteridad― que puede o no convertirse en antagónico. La acción colectiva se inscribe en el espacio público, ámbito donde se despliega su contenido político (Nardacchione, 2005).

En este concepto amplio se inscribe el de acción colectiva de protesta, definida por Schuster como un:

acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientada al sostenimiento de una demanda (en general con referencia directa o indirecta al Estado). En este sentido, cabe remarcar que el concepto se limita a partir de su carácter contencioso e intencional, por un lado, y de su visibilidad pública, por el otro. (2005, p. 56)

Schuster señala que la demanda puede dirigirse al Estado o a todo el sistema político. En este trabajo, nos resulta pertinente ampliar esta definición para incluir acciones y demandas no necesariamente dirigidas al Estado, aunque mientras subsista la hegemonía estatal sobre la regulación del orden, éste formará parte de los diversos reclamos como el caso de las acciones emprendidas por los dos colectivos analizados en esta tesis.

A diferencia de la acción colectiva, la protesta incluye un escenario de conflicto “(…) que rompe con un estado de relaciones, aunque su aparición siempre se inscriba (…) dentro de ciertas reglas de juego” (Nardacchione, 2005, p 91). Retomando a Wittgenstein, Nardacchione señala que si bien cualquier acción colectiva se desarrolla en un escenario de juego y con unas reglas preestablecidas, al mismo tiempo puede “intentar reordenar las reglas a las cuales debe someterse” y aun cuando un acto se inscriba siempre en un determinado marco, ese marco no determina el contenido de la acción (Nardacchione, 2005, p 91).

Dicho escenario construye el antagonismo y realiza un trazado que permite la constitución de los sujetos en disputa. El antagonismo ―con los nombres y lugares que otorga a los actores― habilita una “ilusión identitaria” que sustenta la cohesión interna de los protagonistas de la protesta; como operación de sentido, ordena el campo de lucha y somete a otras contradicciones a la polarización planteada. Como señala Maneiro la identidad colectiva se transforma así en “(…) un puente entre los aspectos estructurales y la acción social” (2012, p. 61).

Junto con la construcción de un campo de identidad de los protagonistas y los antagonistas, el desarrollo de acciones colectivas de protesta requiere de la construcción de lo que Gamson denomina un “marco de injusticia”. No todo daño es interpretado como una situación de injusticia; puede ser también procesado como un “infortunio”, dando lugar a una petición a la autoridad por parte de actores no necesariamente autoconcebidos como agentes con capacidad de movilización. Es la construcción de un hecho/problema como injusto, producto de la intencionalidad de unos actores de perjudicar a otros, lo que habilita la acción colectiva de unos agentes contra aquellos identificados como responsables, como adversarios. Esta acción supone, asimismo, la posibilidad de una reconfiguración de esos sentidos naturalizados como justos e injustos (Chihu Amparan y Lopez Gallegos en Franco y Medina, 2012).

De ahí que el conflicto político no se reduce a aquella polaridad simple entre dos términos antagónicos e irreductibles, sino que supone la apelación a un otro, que garantiza lo común entre las partes, “(…) debe traducirse en un sentido público que pueda generalizar una prédica dentro de un campo hegemónico de disputa discursiva” (Nardacchione, 2005, p. 93). La protesta supone un “nombre” que presenta al “nosotros” que integra al colectivo; una “voz” que fundamenta una pretensión de generalidad de la protesta y que inscribe al conflicto y su pretensión de generalidad (fundamentación) en el espacio público; y una generalización de la demanda particular que termina de definir el sentido público de la acción.

Con “sentido público” Nardacchione se refiere a la apertura pública-comunicativa de una cuestión no-tematizada y la pretensión de generalización de una argumentación que permita juzgar de otra forma una determinada situación conflictiva (Nardacchione, 2005).

La construcción y formulación de una demanda ―que incluye no sólo concretamente qué se pide sino la forma en que se lo hace― y los “repertorios” o los modos en que se presenta públicamente la acción colectiva como parte del proceso de construcción de la protesta son delineados por las particulares gramáticas políticas que los actores ponen en juego. Ambas no son resultado directo de la racionalidad estratégica sino que ponen en movimiento, además, tradiciones, memorias, experiencias a partir de las cuales los actores hacen lo que saben hacer, crean y recrean nuevas acciones y relaciones con otros actores sociales ―incluyendo al Estado― y su propia presencia en el espacio público.

Con respecto a los efectos de las acciones, la noción de performatividad nos propone atender a la capacidad que tienen de instalar un debate público, de generalizarlo, “de redefinir las reglas y los recursos que constituyen el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce” y, en esa enunciación, de producir pragmáticamente al sujeto colectivo que la realiza (Schuster, 2005, p. 65). El concepto alude a la capacidad de la acción para disputar y transformar el orden social a partir de la articulación de su aspecto estratégico vinculado con la efectividad o la medida en que el objetivo planteado se consigue o no; el institucional o los otros efectos políticos que genera la acción y que no necesariamente fueron previstos; y el comunicativo, referido a la capacidad de toda protesta de instalarse en el espacio público y conseguir legitimidad social. Este modo de comprender la articulación de estos procesos permite superar perspectivas estrictamente instrumentales o normativas respecto de la relación entre la comunicación, los procesos políticos y la construcción de subjetividades (Córdoba, 2013).

Ahora bien, como venimos argumentando, las formas de intervención en el espacio público no pueden ser reducidas al acto de protesta si el interés es comprender los quiebres, los fenómenos de desafiliación y las nuevas formas de solidaridad, las institucionalizaciones y las reinstitucionalizaciones. De allí que para su comprensión también sea importante atender a otras formas que asume la construcción política y la acción colectiva en interacción con otros actores sociales, incluyendo la gestión y la lucha por la supervivencia (Merklen, 2005).^[7]

Estado y espacio público. El Estado como relación y conjunto de estructuras en disputa

Como explicitamos en este capítulo, concebimos al espacio público como uno de los lugares privilegiados para la constitución de los sujetos de la política, en tanto, se construye en las disputas por la autorepresentación de lo social elaboradas desde diferentes sujetos con legitimidades y poderes desiguales. Dicha representación ―siempre fallida― implica la reposición ilusoria de lo común y su futuro. De allí que, en esta lucha por la representación de los asuntos comunes ―y más allá de la intencionalidad de los sujetos― emerja lo político como condición constitutiva de la vida pública (Caletti, 2007). En tal sentido, nos distanciamos de perspectivas juridicistas de lo público que lo reducen al Estado por oposición a lo privado ―asociado al individuo o al mercado independiente, espontáneo y previo al control del Estado― como contrato jurídicamente establecido entre esta institución y la “sociedad civil”. Tampoco lo concebimos como espacio de heteronomía frente a lo privado entendido como lugar de la autonomía. Lo público no es un espacio monolítico pensable por fuera de la construcción de hegemonía.

Desde este lugar es importante atender a las acciones de las organizaciones tanto en el espacio público territorial como en el callejero, en el mediático así como también en su vinculación con el Estado, en un contexto caracterizado por cambios en las relaciones y mediaciones políticas clásicas entre Estado y sociedad civil con “las transformaciones que han operado los movimientos societales sobre la gramática de lo público, lo privado y lo estatal” (Pérez, 2010, p. 440).

Si lo público no puede reducirse al Estado, éste sigue siendo un actor central para la política en tanto reenvía al problema del poder.^[8] Concebimos al Estado como relación y conjunto de estructuras, como campo de lucha y expresión de la lucha política. Como señala Twaites Rey (2010), en su plano interno, el Estado expresa una relación social de dominación capitalista. Sin embargo, esa relación de fuerzas sociales se materializa de distintos modos y tiene formatos que se despliegan en un campo social y político más amplio. A su vez, las reglas mediante las cuales transita la dominación se entrelazan con las formas de institucionalización política y, por tanto, el Estado no es unívoco, monolítico (Franco, 2017). Como lo expresa Twaites Rey, el Estado:

“es” en sus agencias burocráticas de reproducción sistémica, tanto como “es” en las reglas, procedimientos y cargos resultantes de la acción política propiamente dicha, gubernamental. Y ambas están directamente relacionadas, porque tanto la estructura burocrática, en tanto límite material de lo dado y reiterado a lo largo del tiempo, condiciona el accionar de los gobiernos, como las decisiones gubernamentales pueden impactar sobre la morfología estatal (…) Porque el gobierno, con sus decisiones y acciones, también puede impactar sobre la estructura estatal misma, y en un proceso de transformación impulsado y protagonizado por la movilización popular, puede alterar y trastocar las bases materiales que le dan sustento. (2010, p. 13)

Esta perspectiva no pretende restar importancia a las instituciones, a las burocracias y a los funcionarios ni entender al Estado como mero reflejo de la sociedad. Propone comprenderlo, en cambio, como actor central en la contienda y, en todo caso, hacer lugar al interrogante por la racionalidad que sustenta sus políticas y los modos en que la misma se asemeja o no a las de particulares organizaciones sociales, las posibilidades o no de permear las unas y las otras. En ese camino, consideramos fundamental recuperar su “historicidad, espacialidad y contingencia” (Bringel y Falero, 2016, p. 33) desde la interrogación por las relaciones entre lo social y lo político, entre Estado y organizaciones sociales y los procesos de democratización.

Entre los diferentes ámbitos de intervención del Estado, entendemos con Danani a las políticas sociales como aquellas que:

se orientan (en el sentido de que producen y moldean) directamente a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales y, que lo hacen operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso. (2004, p. 11)

Según Esping-Andersen (1993), las políticas sociales constituyen un conjunto de bienes y servicios que se distribuyen entre los ciudadanos a partir de su status político antes que por justicia económica, desmercantilizando algunos costos de supervivencia y reproducción de individuos y grupos. Los tipos de estratificación, los grados de desmercantilización y los sujetos de protección sobre los que interviene definen a modo de tipos ideales, tres regímenes del capitalismo de Bienestar del s. XX: socialdemócrata, corporativo y residual. Cada uno de estos modos supone Estados que absorben una gran parte de los costos con políticas universales, abarcativas para garantizar derechos sociales amplios; otros que distribuyen bienes sociales según el tipo de inserción en el mercado de trabajo a través de pactos principalmente particularistas y corporativos; y hay Estados que intervienen de modo acotado sobre grupos o individuos considerados de “riesgo”.

La política social moderna del Estado Social o de Bienestar trabajó sobre lo que Soldano y Andrenacci (2006) sugieren agrupar en tres modalidades: la política del trabajo, la política de servicios universales y la política asistencial. Si la primera intervino sobre los modos y condiciones del trabajo mediando entre capital y trabajo para consolidar al empleo como condición salarial, la segunda generó graduales procesos de acceso universal y gratuito a servicios ―como educación, salud e infraestructura social―regulando estándares mínimos para las condiciones de vida ciudadanas. Finalmente, las políticas asistenciales generaron mecanismos de transferencia de bienes y servicios para los individuos y grupos que quedaban por fuera o accedían sólo de modo poco regular al mercado de trabajo.

En las sociedades capitalistas, en las que se construye y legitima la separación entre “trabajadores” y “pobres” ―es decir, el momento socio histórico a partir del cual, asentado en el principio de auto valía, la población no propietaria debe trabajar para vivir y todo aquel que no lo haga debe demostrar, en principio, su validez―, las políticas sociales se ubican en el centro del proceso de constitución de la forma mercancía de la fuerza de trabajo; un proceso sociopolítico, económico y cultural en que se expresan y se constituyen las formas de vida y las condiciones en las que se produce la reproducción social.

Estas formas y condiciones de las políticas son objeto de la lucha social en la que se dirimen, definen y legitiman determinadas construcciones sobre la relación trabajo/pobreza y sobre la política, y determinados sujetos, objetos y medios para la satisfacción de las necesidades (Lindenboim y Danani, 2003). Como señala de Swaan (1992), la pobreza es una relación entre personas, un estatus social, un invento de la civilización. Cuando la propiedad queda socialmente legitimada surge la necesidad de justificar la exclusión y de definir también alguna forma de derecho para los pobres.^[9] En tal sentido, puede comprenderse la afirmación de Denning cuando sostiene que el capitalismo comienza no con la oferta de trabajo, sino con el imperativo de ganarse la vida de modo tal que “la única cosa peor que estar explotado es no estar explotado” (2011, p. 77). La separación entre trabajo y pobreza es fundamental no solo por lo que describe sino por lo que produce, por los sentidos y las prácticas que genera y desde las que se genera (Franco, 2013).

Cuando la pobreza es comprendida como consecuencia de deficiencias individuales antes que como resultado de la desigual distribución de recursos y cuando se las diseñan a partir de definiciones de gobernantes antes que de legislaciones que tengan como base derechos de las personas, las políticas de asistencia se construyen como políticas “asistencialistas” (González, 2012).

En la Argentina de fines del siglo pasado, la orientación de las políticas sociales se transformó, pasando de un modo de intervención social del Estado principalmente concentrado en la regulación de la sociedad salarial a otro que compensaba y reparaba parcialmente la degradación de ésta (Soldano y Andrenacci, 2006). En ese contexto, el aspecto asistencial de las políticas cobró centralidad como modo de intervención sobre la pobreza y el desempleo produciéndose lo que diversos autores refieren como una “asistencialización del desempleo” (Grassi, 2003).

Como parte de ese proceso y atentos a las prescripciones de los organismos internacionales de crédito, diversos programas de transferencia de ingresos condicionaron la percepción de subsidios a “contraprestaciones” ―con horas de trabajo, estudio y/o controles de salud― que debían realizar las y los destinatarios de los mismos o familiares a cargo. Dicha contraprestación tenía como antecedente los programas sociales “workfare”, desarrollados en EEUU y en Inglaterra en la década de los 80 que, como Kymlicka y Norman (2002), fueron concebidos desde una particular perspectiva de lo público y lo político que veía en el Estado de Bienestar una de las causas del desaliento a la búsqueda de autoabastecimiento por parte de los sujetos. A continuación, retomamos estos cambios para ponerlos en relación con los procesos de democratización.

Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización

Es probable que entonces se trate de desplazar la intensa atención otorgada a la política de los movimientos para captar la política en movimiento

 

Virginia Manzano, Demandas colectivas y formas de intervención estatal: un enfoque relacional de la política en el Gran Buenos Aires

Desde el enfoque que venimos proponiendo, la comprensión de la relación entre las organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización requiere de una concepción de estos últimos que no los limite a un sistema de reglas y procedimientos de elección de gobierno. En ese camino, en este apartado recuperamos algunos aportes de Tilly (2010) al tiempo que lo ponemos en relación y en discusión con otros autores y con aspectos de las políticas sociales en Argentina para abordar las preguntas de esta tesis. En particular aquellas en torno a los procesos de democratización posibles cuando interactúan Estado y organizaciones sociales, el modo en que se transforman uno y otros en esas relaciones así como los aspectos de las organizaciones y de las políticas sociales que se presentan como un límite o una potencialidad para la construcción de subjetividades políticas y sociedades más democráticas.

Con Tilly entendemos a la democratización como un “proceso dinámico que siempre permanece incompleto y corre permanentemente el riesgo de inversión, de desdemocratización” (2010, p. 29). Es resultado de la contienda política, de la interacción entre reivindicaciones y contra-reivindicaciones (McAdam et. al., 2005, p. 295-298 en Gordillo y otros, 2015). Tilly propone cuatro dimensiones desde las que la democratización tiende a producir cambios en: la “igualdad” dentro y entre categorías de ciudadanos; la “amplitud” referida a la inclusión de la población en la política pública; la “protección” a las y los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado; y la “consulta mutuamente vinculante” (2010, p. 45-46). En sus extremos este movimiento podrá generar más democratización o desdemocratización según tienda a disminuir o no la desigualdad, a ser más o menos amplio e inclusivo, a generar más protección o desprotección y a favorecer más o menos la consulta. Estos procesos interactúan con la “capacidad estatal” entendida como:

la medida en que las intervenciones de los agentes estatales sobre los recursos, actividades y conexiones interpersonales no estatales alteran las distribuciones existentes de dichos recursos, actividades e interconexiones interpersonales, así como las relaciones entre tales distribuciones. (Tilly, 2010, p. 48)

Para el autor, el aumento o disminución de la capacidad estatal no genera necesariamente efectos más democratizadores e incluye tres indicadores de esta capacidad: la integración de redes de confianza en las políticas públicas; el aislamiento de las políticas públicas de las principales desigualdades en torno a las cuales los ciudadanos organizan su vida; y la autonomía de los principales centros de poder con relación a las políticas públicas. Tilly analiza estas capacidades en regímenes democráticos liberales y entiende que todos ellos conviven e invierten en la desigualdad material por lo que no es la ausencia de desigualdad una condición para la democratización sino más bien la posibilidad de aislar a la política pública de las desigualdades materiales existentes.

Al respecto, nos interesa plantear algunas cuestiones sobre estos indicadores y postulados en los que se asientan para construir nuestra perspectiva de abordaje. Por una parte, en coincidencia con Tilly, entendemos que los procesos de mayor democratización suponen la propensión a disminuir la desigualdad de la vida social para la construcción de un horizonte más justo e igualitario, para la “restauración y/o ampliación de los derechos” (Ferrari y Gordillo, 2015, p. 32) y la participación de aquellos que “no tienen parte” (Rancière, 2007; Mouffe, 2009). Sin embargo, considerando las características de las políticas sociales implementadas en los 90 y el contexto de la crisis de 2001 en Argentina, algunas dimensiones vinculadas con la capacidad estatal propuestas por Tilly pueden ser al menos tensionadas.

El proceso de “desestatización” (Andrenacci y Repetto, 2006), “comunitarización” (Danani, 2005) y llamado a la “participación” de estas políticas en este período histórico, implicó la transferencia parcial de responsabilidades del Estado a otros actores sociales como organizaciones no gubernamentales, comunitarias y religiosas que quedaron encargadas de la ejecución y el control de programas sociales. Al respecto, Dagnino (2004) analiza la existencia de una “confluencia perversa” de dos proyectos con concepciones distintas sobre los procesos de democratización que interpelaron a la “participación” y al fortalecimiento de la sociedad civil desde sentidos diferentes ―y en disputa― en Brasil y que también nos permiten reflexionar sobre lo acontecido en Argentina: uno que emerge de la lucha por parte de sectores de la sociedad civil contra el último régimen militar para la reconstrucción de las instituciones, de los partidos políticos y el restablecimiento de derechos en democracia; otro de implementación del “ajuste neoliberal” y Estado mínimo a través de la transferencia de sus responsabilidades a la sociedad civil, núcleo duro del Consenso de Washington sobre el que se asentaron buena parte de las políticas sociales implementadas en los 90 en Argentina (2004, p. 95-96).

De este modo, analizar la “integración entre las redes de confianza y la política pública”, los sujetos y los espacios legitimados para la política, requiere indagar sentidos, prácticas y políticas en contextos históricos concretos sin partir del supuesto de que aporta en un sentido democratizador. Es decir, el incremento de la participación de distintos actores no necesariamente va acompañado de sentidos y prácticas más democráticas por parte de las organizaciones sociales ni aporta a la expansión de lo público en tanto, entre otros, puede fortalecer procesos de “corporatización por debajo” (Andrenacci y Repetto, 2006, p. 9) por los cuales éstas imponen sus intereses particulares en la gestión de lo común.

Al mismo tiempo, las propias políticas desarrolladas pueden en estos procesos intervenir para el desentendimiento o no de la gestión pública de la garantía de derechos en favor de la transferencia de esta responsabilidad a las organizaciones sociales como responsables de la “gestión de la pobreza”. Asimismo, como en otros países latinoamericanos, la “descentralización” y la “focalización” fueron otras de las características de la implementación de las políticas en Argentina. Desde estos procesos, entre otras consecuencias, se incrementaron las responsabilidades de los Estados subnacionales y se recortaron y redireccionaron las y los destinatarios de la política social a sectores de la población o a una zona considerada de riesgo (Danani, 2005; González et. al, 2006).

La focalización y asistencialización de la política social acentuaba lo que Castel (1995) denominaba “ayuda social” por sobre el “seguro social”. Mientras que este último suponía una “socialización generalizada de los riesgos al “cubrir” a los asalariados, a sus familias y finalmente a todos los que se inscriben en el orden del trabajo”, la “ayuda social” ―rebautizada de este modo en 1953―, heredaba “la muy antigua función de la asistencia: dispensar recursos subsidiarios a aquellos cuya experiencia no está asegurada sobre la base del trabajo o la propiedad” (1995, p. 423). ^[10]

Según Andrenacci y Repetto (2006), recuperando a Esping-Andersen, en términos de ciudadanía, estos procesos tuvieron consecuencias de “(re)mercantilización” de la integración social toda vez que el mercado ocupó un lugar central para definir el papel de las y los ciudadanos y de “desuniversalización” de la política social, incrementando las desigualdades geográficas entre las provincias y la fragmentación de derechos sociales, “(…) desde una perspectiva de ciudadanía plena hacia una de titularidades coyunturales para sectores determinados sobre servicios condicionados” (Andrenacci y Repetto, 2006, p. 6). Al respecto, se tensionaba también lo que en términos de Tilly (2010) se plantea como la posibilidad de aislar a la política pública de las desigualdades materiales y categoriales existentes, dimensión importante para indagar procesos más o menos democratizadores.

Finalmente, la dimensión planteada en términos de “autonomía de los principales centros de poder con relación a las políticas públicas”, se trata de un aspecto relevante para una concepción procesual y socio históricamente situada de los procesos de democratización. A partir de la asunción de la no neutralidad y la desigualdad de poder entre los actores sociales que interactúan con y en el Estado, la atención a esta dimensión de la capacidad estatal permite dar cuenta de los distintos actores que con poderes diferentes han tenido un papel y responsabilidades particulares en la construcción e implementación de la política pública ―y en particular de las políticas sociales― en contextos socio históricos determinados.

Planteadas estas tensiones y teniendo en cuenta el objetivo de la tesis, podemos concebir a la capacidad estatal como la aptitud de los gobiernos para desarrollar políticas que permitan obtener resultados democratizadores frente a los problemas públicos, definidos y redefinidos en la interacción de distintos actores con intereses, ideologías y diferentes dotaciones de recursos de poder (Repetto y Andrenacci, 2006: p. 314). La capacidad estatal y las características que asuma podrán potenciar o no, fortalecer o debilitar, procesos de democratización.

Con respecto a las organizaciones y a los movimientos sociales, si recuperamos la perspectiva propuesta, pensar desde esta concepción, nos invita a comprender la construcción de procesos de democratización, “en movimiento”, atendiendo a los modos en que el Estado es disputado y reconfigurado por la acción colectiva y cómo las políticas que desarrolla el Estado interpelan y se dejan interpelar por las organizaciones sociales en el marco de procesos hegemónicos socio-históricamente situados.

Asimismo, en cuanto a las organizaciones y los movimientos sociales, también es posible reconocer hacia dentro de ellos y en su vínculo con otros actores sociales, prácticas más o menos tendientes a la democratización. Estos procesos pueden reconocerse en los modos de organización y toma de decisiones y en sus marcos normativos, en su apertura y modos de incorporación y relación con otros actores sociales dentro y fuera del colectivo, en la amplitud o no de sus demandas, en su capacidad y decisión de articular demandas con otros actores, en la medida en que sus demandas y acciones colectivas tiendan o no a disminuir la desigualdad social y sean más o menos amplias, en los modos de relacionarse con el Estado y de participar o no en sus instituciones, en su capacidad de inscribir en el ámbito público sus demandas y sus efectos performativos.

Preguntas, objetivos e hipótesis

A partir de este entramado conceptual y en un contexto que caracterizamos como de crisis, redefinición y estabilización de un orden político, económico y social a nivel nacional, nos preguntamos acerca de las transformaciones en las acciones colectivas de organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados de Córdoba, su vínculo con el Estado -en particular con las políticas sociales asistenciales- y su incidencia en procesos de democratización o desdemocratización en el ámbito local entre los años 2001-2007. Como cuestiones más específicas indagamos las condiciones de emergencia y despliegue de las acciones colectivas y su vínculo con los distintos niveles del Estado en estos años; las gramáticas políticas reactualizadas y recreadas, los sentidos sobre lo social, lo político y los procesos de democratización puestos en juego; y las limitaciones y posibilidades que habilitaron o no su constitución como sujetos de transformaciones políticas. Para responder a estas preguntas, recuperamos y analizamos la perspectiva de los propios actores construida a partir de su práctica; en particular, abordamos las de dos casos significativos en el período: el Movimiento Barrios de Pie (MBP) y el Centros de Vecinos Autoconvocados (CVA).

Nuestro objetivo general de investigación consistió en comprender las acciones colectivas de las organizaciones estudiadas, sus relaciones con el Estado, principalmente a través de las políticas sociales, y su incidencia en procesos de democratización o desdemocratizaciónen el período 2001-2007. En ese camino, nos planteamos como objetivos específicos analizar las acciones colectivas protagonizadas por organizaciones de trabajadores desocupados y vecinos de Córdoba, sus condiciones de emergencia y desarrollo, las estrategias de intervención en el espacio público y los sentidos sobre lo social y lo político construidos en esos procesos entre el año 2001 y el 2007; caracterizar las principales políticas impulsadas por el Estado respecto de estas organizaciones en el período objeto de estudio a nivel nacional y local; y establecer relaciones entre las condiciones en las cuales estas organizaciones desarrollaron sus acciones colectivas, los vínculos que establecieron con el Estado y los procesos de democratización o desdemocratización que tuvieron lugar.

Como hipótesis sostenemos que, en el período considerado, se redefinieron las relaciones entre lo social y lo político y, en particular, las de las organizaciones sociales y el Estado. Ello habilitó procesos de institucionalización en el sentido de la creación de nuevas pautas de acción y de los sujetos legitimados para hacer política. Sin embargo, este proceso a priori de democratización no fue homogéneo ni en las políticas promovidas a nivel nacional ni entre las organizaciones sociales locales. Asimismo, tuvo una expresión paradojal en la política local. Con respecto a las políticas asistenciales nacionales desarrolladas a partir del año 2004, hubo una propuesta de “contrarreforma” que no llegó a concretarse, a diferencia del proceso que Danani y Hintze (2011) reconocen respecto de políticas laborales, educativas y de salud. En cuanto a las políticas locales, si a nivel municipal identificamos una tentativa por seguir una dinámica democratizadora, a nivel provincial se avanzó en un proceso contrario.

En lo que concierne a las organizaciones sociales, la inscripción del CVA en una gramática política con aspectos predominantemente autonomistas atravesó un modo de construcción política asentado en lo local desde el que consiguió desarrollar procesos de lucha e instalar demandas en el espacio público pero que también limitó su posibilidad de reconocimiento como sujeto político y su capacidad de generalizar sus demandas en articulación con otros actores y sectores sociales. Por otro lado, Barrios de Pie siguió el camino inverso en tanto fue asumiendo una gramática con algunas características movimientistas que le permitió ampliar sus marcos de alianzas y el proceso de generalización de sus demandas y de institucionalización en los niveles estatales subnacionales, en el marco de un gobierno nacional y municipal que abrió el Estado a su participación.

Perspectiva metodológica, estrategias y delimitación del objeto

Es un consenso ya en las ciencias sociales el hecho de que definir un enfoque metodológico supone, en primer lugar, una decisión teórica y, en segundo lugar, una procedimental; en palabras de Schuster implica “una operación lingüística de atribución de sentido dentro de un marco conceptual” (2005, p. 50). Asumir la perspectiva propuesta en esta investigación nos pone ante el desafío de una comprensión de las prácticas de los actores sociales atenta a ellos, a sus interpretaciones y argumentos.

En particular, optamos por el estudio de dos casos que, entendemos, son paradigmáticos y pueden colaborar a la comprensión de algunos hechos socio-históricamente situados, al tiempo que habilitar preguntas y relaciones en torno al entramado conceptual desarrollado en este capítulo. En tal sentido, la elección de los mismos atendió a un propósito conceptual y empírico.

Con respecto al recorte espacio–temporal, también fue realizado atendiendo a sus aportes conceptuales y empíricos. Sin presuponer que las coyunturas de cambio o crisis potencian mayores aportes al conocimiento que otras sino perspectivas particulares, analizamos un período que incluye la crisis del 2001 y cerramos en el año 2007. Estos años nos interesan especialmente porque sostenemos que asistimos a un cambio de sistema político en el que se transforman los modos de intervenir en el espacio público por parte de las organizaciones, incluyendo su relación con el Estado; en particular, luego de la estabilización de un nuevo gobierno a partir del año 2003. Córdoba, por su parte, aporta la especificidad de tratarse de una provincia en la que las relaciones entre gobiernos nacionales y locales ―cuestión que desarrollaremos en el próximo capítulo―, fueron complejas y particulares, desde los modos en que se implementaron las políticas sociales hasta los vínculos que entablaron con las organizaciones sociales y con los partidos políticos hegemónicos en el poder ejecutivo nacional.

Las definiciones teórico-metodológicas que adoptamos no son neutras respecto de los objetos que construimos, de aquellos con quienes desarrollamos los procesos de conocimiento y de las propias concepciones desde las que lo hacemos. En tal sentido, realizamos este estudio desde un paradigma interpretativo, con metodología cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 1993, p. 43) buscando comprender ―a través de fuentes orales y escritas― las prácticas, los sentidos que le atribuyen los sujetos y las relaciones que establecen con otros, en particular, con el Estado. De modo complementario, recurrimos también a la metodología cuantitativa para dimensionar la magnitud de algunos procesos.

Selección de casos

De manera intencional se eligieron dos colectivos: la organización Centros de Vecinos Autoconvocados y Movimiento Barrios de Pie. Ambos con distintas magnitudes en términos organizativos, diferentes trayectorias, gramáticas políticas y apuestas políticas a nivel nacional, comparten un importante protagonismo en la protesta callejera a comienzos del nuevo milenio en Córdoba; algunas demandas y modos de abordar la problemática social, entre ellas, la administración de planes de asistencia al desempleo, en particular el Plan Jefes y Jefas de Hogar; la participación en el Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales y, hacia el final del período, el desarrollo de proyectos cooperativos y la participación ―muy corta en el primer caso y de un mandato completo en el segundo― en la gestión Municipal. Entendemos que estas trayectorias, similares en estos aspectos pero diferentes en otros, pueden aportarnos a una comprensión socio-históricamente situada de la relación entre organizaciones sociales y Estado, entre lo social y lo político y las transformaciones que al respecto se produjeron en el período delimitado; los modos en que las organizaciones modificaron o no su participación en el Estado y en las políticas sociales, sus formas de construcción política, los sentidos sobre lo público y la democracia y su propia constitución o no como sujetos de transformaciones políticas. Ambos casos se abordan en los capítulos 3 y 4 de esta tesis.

Fuentes utilizadas y estrategias de recolección de información

En la tesis utilizamos diversas fuentes orales y escritas que presentamos a continuación.

Por un lado, la sistematización de información de una Base de Acciones Colectivas de Protesta en Córdoba entre 1989 y 2003^[11], elaborada por el equipo de investigación del que formo parte, produjo aportes cuantitativos que nos permitieron dimensionar la presencia público callejera de las organizaciones objeto de estudio y los distintos modos de relación que entablaron con el Estado para su selección como casos de estudio y también para la delimitación del año de inicio del recorte temporal de esta indagación. Asimismo, ofreció datos cualitativos para contextualizar, reconstruir y caracterizar parte de las acciones colectivas de protesta protagonizadas en el espacio público por estos y otros colectivos, sus experiencias de gestión de algunos programas sociales y su vínculo con el Estado, cuestiones que desarrollamos en los capítulos 3 y 4.

Al respecto cabe mencionar que entre 1989 y el 2003, fue el año 2001 el que mayor cantidad de protestas presentó ―11,50 % del total―, si se suman las que se registraron a nivel provincial y municipal, siendo éstas últimas las mayores. Ese porcentaje alto se mantiene en el año 2002, aunque disminuye al 8,47 %. Con respecto a las acciones en la ciudad capital, las protestas protagonizadas por vecinos y desocupados y otras organizaciones sociales^[12] se incrementa llegando a constituir el 35 % del total de protestas en el año 2002 y el 23 % en el año 2003. El año 2002 es el que agrupa la mayor cantidad de protestas del período completo y tiene como protagonistas principales a organizaciones de desocupados y luego a vecinos. Las acciones colectivas protagonizadas por las organizaciones objeto de este estudio se encuentran dentro de las que el periódico local registró mayor cantidad de veces.^[13]

Tres bases de datos sobre políticas sociales fueron también fuente de indagación. Dos de ellas, con datos sobre el Planes Jefes y Jefas de Hogar: una de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (GECAL) y otra de la Municipalidad de Córdoba. Su lectura y sistematización nos aportó datos sobre la cantidad de planes que administraron una y otra organización e información sobre el tipo de proyectos impulsados con estos programas sociales. En otro orden, evidenciaron también las dificultades que tuvo el Estado municipal y nacional para la carga y seguimiento de estos planes, los diferentes criterios con que se registraron, la falta de un espacio físico para el resguardo de la información e indicios de faltantes de documentación y hasta conflictos políticos entre gobiernos de signo partidario diferente, entre otras cuestiones que manifestó Alberto Villa Uría, ex subdirector de Empleo cordobés (SEHAS, CENOC, 2005, p. 60). La tercera base, sobre programas sociales del Área de Políticas Activas de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2019), permitió conocer y dimensionar cuáles y cuántos programas nacionales vinculados a este ministerio se implementaron en este período a nivel local.

Accedimos también a un documento de sistematización de las acciones del Consejo Consultivo Municipal (CCM) en Córdoba elaborado por una ONG local, Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) y el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Consejos Consultivos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (SEHAS, CENOC, 2005). A través de esta fuente y las entrevistas a integrantes de las organizaciones pudimos reconstruir las tareas, límites y potencialidades de este espacio al tiempo que los modos de participación de las organizaciones objeto de estudio y el papel que tuvieron los referentes de estos colectivos en este cuerpo.

La realización de entrevistas, la recolección de noticias de la presa local, de revistas de las propias organizaciones, de documentos escritos y de cartillas nos posibilitó avanzar en la contextualización, caracterización y análisis de las acciones colectivas impulsadas por las organizaciones objeto de estudio, el vínculo con el Estado, los sentidos y sujetos construidos en estos procesos. Parte de estos materiales fueron digitalizados con recursos del equipo de investigación del que formo parte para su conservación y acceso.

Las entrevistas se realizaron en distintos momentos, entre los años 2009 y 2016.

En todos los casos, las mismas fueron individuales, a referentes de cada organización en el marco de nuestro objetivo de comprender las acciones colectivas de estos colectivos, las relaciones que entablaron con el Estado, su inscripción en el espacio público y los procesos de democratización/desdemocratización que se promovieron entre el 2001 y el 2007 en Córdoba. Para guardar el anonimato de los y las referentes de estos colectivos, no compartimos los nombres de las personas entrevistadas. Excepto los de aquellas que ocuparon cargos públicos o formaron parte de espacios institucionales y se mencionan en este trabajo. Todas las entrevistas y fuentes, su fecha y lugar de realización, están citadas al final de esta tesis. En todos los casos, están numeradas y son esos números los que se citan como referencia en los distintos capítulos.

En el caso del Movimiento Barrios de Pie se entrevistó a un responsable nacional, a las y los responsables provinciales y de las distintas áreas de la organización. Sobre el contexto de realización de estas entrevistas consideramos importante explicitar dos cuestiones. Por un lado, que el partido político con el que se vinculaba el Movimiento Barrios de Pie ―Libres del Sur― había roto sus relaciones partidarias con la conducción nacional del Frente para la Victoria y sus referentes principales habían renunciado a sus cargos en el Estado. Por otro lado, del diálogo con los distintos entrevistados, es posible reconocer que salvo dos de ellos, en los años que siguieron al 2007, el resto fue dejando de formar parte de la organización, por diferencias con los modos de concebir la política, la militancia y, en algunos casos, por diferencias con la propia decisión de la conducción del partido de romper su “alianza” con el gobierno kirchnerista y por las nuevas coaliciones políticas que conformó este colectivo en adelante.

En cuanto al Centro de Vecinos Autoconvocados, se entrevistó a los dos principales referentes de la organización y luego a responsables de distintas acciones y proyectos. Todas las personas, al momento de realización de la entrevista, formaban parte de la Cooperativa CVA o de su organización madre, Centros Vecinales Autoconvocados. Como se menciona en el capítulo en que se aborda este colectivo, al momento de realización de las entrevistas el mismo continuaba sin una adscripción partidaria.

En total, se realizaron 14 entrevistas, de manera no estructurada pero sí focalizada en aspectos centrales en torno a los objetivos de la investigación. La selección de entrevistados fue intencional, a partir de la técnica “bola de nieve” y atendiendo a información brindada por distintos informantes. Como parte de trabajos profesionales previos, contamos también con una entrevista colectiva realizada junto con otras profesionales en el año 2005 a la comisión directiva de la cooperativa de “Naranjitas” ―CVA―, colectivo que nace a partir de la iniciativa de integrantes del Centros de Vecinos Autoconvocados.

También se realizaron 7 entrevistas a funcionarios provinciales y municipales de los distintos períodos de gobierno, incluyendo entre ellos a representantes de organismos de control de programas sociales para reconstruir las políticas y sus apuestas más o menos democratizadoras, contextualizar el vínculo de estos colectivos con el Estado y sumar una fuente de información para enriquecer la comprensión de las prácticas de las organizaciones. En las últimas páginas de esta tesis se incluyen todos los datos de estas entrevistas y a lo largo del trabajo se citan los nombres completos de los funcionarios entrevistados.

Además, se analizaron discursos gubernamentales, documentos, normativas, artículos y materiales de difusión vinculados con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y otros programas sociales nacionales y municipales. Nos concentramos en los principales programas vinculados a las reparticiones estatales de Desarrollo Social y de Trabajo ―con sus variantes de nominaciones locales y nacionales― que se proponían intervenir sobre problemáticas de trabajo/empleo/desempleo y pobreza, según las definiciones y clasificaciones de los distintos gobiernos y normativas a lo largo del período objeto de estudio.

Dimensiones de análisis y procesamiento de los datos

El análisis de las acciones colectivas de las organizaciones se realizó a partir de cinco dimensiones, teniendo en cuenta la perspectiva y las nociones trabajadas en este capítulo. Las mismas fueron construidas recuperando y reformulando aportes de estudios enfocados en la acción colectiva de protesta, en particular del equipo de investigación que integro (Gordillo, 2012) y de los propuestos por Schuster (2005), articulados con aquellas construidas por Natalucci (2008) en su investigación sobre organizaciones piqueteras.

1. Adscripción identitaria: los sujetos que actúan, las categorías desde las que construyen un “nosotros” respecto de “alteridades”, “públicos” y “antagonistas”; las adscripciones político–ideológicas y los marcos interpretativos desde los que interactúan y conciben al Estado, a las organizaciones y a la democracia; su proyecto político y utopías.
2. Formas de construcción política y modos de intervención en el espacio público: organización interna, relaciones con otras organizaciones sociales y acciones colectivas que emprenden ―sean éstas de protesta, proyectos cooperativos, comedores, microemprendimientos, entre otros―, gestión de políticas y mecanismos de consulta; valoración sobre las condiciones y posibilidades sociales, políticas y económicas para la acción.
3. Problemas públicos, demandas y expectativas: incluye aquello que es construido como una problemática común, su formulación pública ―aquello que se pide―, el modo en que se demanda, a quién se dirige y lo que se espera de estas acciones; supone formas de interpretación del presente y proyecciones sobre aquello por construir. Esta dimensión delimita lo que se considera legítimo.
4. Vínculo con el Estado, las instituciones y sistemas de gobierno: relación con los distintos niveles y dependencias del Estado ―en particular aquellas vinculadas con la implementación de políticas sociales asistenciales― y con los programas sociales; participación en las instituciones, en las elecciones y las vivencias en torno a la represión.
5. Performatividad: refiere a la capacidad que tiene la enunciación pública para transformar el campo simbólico en el que se produce y reconoce. Incluye la relación entre aquello que se demanda y su satisfacción, los efectos políticos institucionales que produjo la acción ―planificados y no planificados― y la capacidad de instalar una temática en el espacio público.

En todos los casos las dimensiones incluyen un análisis de lo que los actores han aprendido a partir de su experiencia que no puede desligarse de aquello transmitido ―reconocido explícitamente o no― por otras generaciones, su tradición. Asimismo, los sentidos producidos en los diferentes soportes discursivos son puestos en relación con las prácticas de los colectivos.

Para el análisis de datos del material recogido, siguiendo los aportes de Maxwell (1996), además de la escucha y desgrabación de entrevistas y lectura de documentos, se elaboraron notas y memos con las categorías y relaciones que fuimos construyendo en torno a las cinco dimensiones de análisis. Asimismo, la codificación como estrategia de categorización nos permitió reorganizar datos de las distintas fuentes en categorías para su comparación y reorganización de nociones teóricas. Al respecto cabe aclarar que en este estudio, nuestro objetivo fue realizar un análisis en profundidad, generar interrogantes y aportar a la construcción de una red conceptual. La estrategia de contextualización, por su parte, tuvo el fin de comprender la información en relación con los eventos en el momento histórico particular. Estas estrategias se desarrollaron en un “ir y venir” permanente entre los datos y las categorías teóricas propuestas.

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