A menos de un año y medio del estallido popular de diciembre del año 2001 en Argentina, en un contexto de movilización y de crisis económica, social, política e institucional, se realizaron elecciones presidenciales que pusieron fin al gobierno provisional de Duhalde. La asunción de Néstor Kirchner como presidente en el año 2003 fue acompañada de una crítica al modelo neoliberal, la recuperación de buena parte de las demandas que habían articulado las acciones de un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, organismos de DDHH ―entre otras―, el llamado a la institución de una “nueva normalidad” y una convocatoria amplia a diferentes actores sociales a la construcción de un proyecto de “transversalidad”. Desde esa iniciativa, referentes de algunas organizaciones sociales integraron el equipo de gobierno y participaron, entre otras, de la propuesta de transformación de la política asistencial vigente.

Argentina transitó un proceso en sintonía con otros iniciados en algunos países de América del Sur ―cada uno con sus particularidades― en el sentido de que la emergencia de organizaciones y movimientos de resistencia a la implementación de las políticas neoliberales iba acompañada de la posterior llegada al poder presidencial de gobiernos con vertientes nacional-populares que revalorizaban el poder del Estado, incorporaban a referentes de estos colectivos a la gestión pública y apostaban a consolidar alianzas entre países latinoamericanos.

Estas transformaciones renovaron los debates sobre la articulación entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización al interior de los propios colectivos y de sus espacios de articulación, de los gobiernos y del campo académico e intelectual, tras un período en el que, como parte del dispositivo ideológico neoliberal, lo social y lo político habían resultado escindidos.

Si bien estos cambios fueron analizados a nivel nacional por vasta bibliografía, aquellos que se produjeron al interior del país, recibieron menor atención por parte de las ciencias sociales. En particular, los ritmos y modalidades que asumieron estos procesos en la provincia de Córdoba no fueron siempre acompasados ni tuvieron similares orientaciones a los desarrollados a nivel nacional.

En la provincia, como referente de la coalición Unión por Córdoba, José Manuel De la Sota había asumido la gobernación en 1999, tras quince años ininterrumpidos de gobierno del partido de la Unión Cívica Radical. En el año 2000 había lanzado la reforma del Estado en alianza con el capital privado, con el respaldo de los organismos de crédito internacional. Esta reforma relativamente “tardía” respecto de la desarrollada a nivel nacional en la década del 90 durante el gobierno de Carlos Menem, redefinió las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. La orientación de estos procesos, en términos generales, se mantuvo en las políticas provinciales que promovió el gobierno en sus dos mandatos consecutivos hasta diciembre de 2007 y tuvieron una línea de continuidad a nivel municipal, con la gestión de Germán Kammerath hasta el fin de su único mandato en el año 2003.

En diciembre de ese año, con la asunción de Luis Juez como nuevo intendente de la ciudad capital por el Frente Nuevo, el papel del Estado y la perspectiva sostenida en estas políticas municipales fue puesta en tensión. Por entonces, el mandatario había adherido al proyecto de la “transversalidad” y había convocado a referentes de organizaciones sociales a participar de la gestión municipal.

Asimismo, como en otras partes del país, a comienzos del nuevo milenio se desplegaron en el espacio público cordobés acciones colectivas de organizaciones de vecinos y desocupados^[1] de resistencia al modelo neoliberal y a los gobiernos que implementaban políticas con esas orientaciones. Con afluentes en los procesos de organización y movilización en Córdoba en los años 90 ―e incluso en algunos casos de los años 80―, estos colectivos habían surgido al calor de la profundización de este modelo de desigualdad que se fue profundizando con particularidades al interior del país. Un modelo que fue acompañado de reformas estructurales, tecnológicas, en los modos de la organización del trabajo y una reconfiguración de los sistemas de protección. Entre ellos, el de las políticas sociales asistenciales ―descentralizadas, focalizadas y comunitarizadas― que atentas a las prescripciones del Banco Mundial, promovían la “autorganización” de estos colectivos para la participación en la administración de los programas sociales en un contexto de crecimiento de la tasa de desempleo, empleo informal y pobreza.

Estas vinculaciones entre lo social y lo político son las que en la investigación que dio lugar a esta tesis nos propusimos comprender a partir de una pregunta por las acciones colectivas de organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados de Córdoba y su relación con el Estado ―en particular con las políticas sociales asistenciales― y los procesos de democratización y desdemocratización entre los años 2001 y 2007. Como cuestiones más específicas nos preguntamos ¿cuáles fueron las condiciones de emergencia y despliegue de las acciones colectivas de estas organizaciones y su vínculo con los distintos niveles del Estado en estos años? ¿Cuáles fueron las gramáticas políticas reactualizadas y recreadas, los sentidos sobre lo social, lo político y los procesos de democratización que estos colectivos pusieron en juego? ¿Cuáles fueron las limitaciones y las posibilidades que habilitaron o no su constitución como sujetos de transformaciones políticas?

Para responder estos interrogantes, se analizaron dos casos significativos en el período 2001-2007 en Córdoba: una organización de trabajadores desocupados, el Movimiento Barrios de Pie, y un colectivo de vecinos, el Centro de Vecinos Autoconvocados. Ambos, con distintas magnitudes en términos organizativos, diferentes trayectorias, gramáticas y apuestas políticas a nivel nacional, compartieron a lo largo de este período algunas demandas y modos de abordar la problemática social; entre ellas, la administración de planes nacionales de asistencia al desempleo, la participación en el Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales y en la gestión municipal y, finalmente, el desarrollo de proyectos de cooperativización.

Nuestro enfoque sobre la relación entre lo local y lo nacional distó de aquella metáfora de la “isla” con la que, desde el retorno a la democracia, el gobierno radical asoció a Córdoba, como modo de legitimar una forma de gestión provincial diferente a la del resto del país. Antes bien, analizamos los procesos locales en diálogo con aquellos nacionales, revisando convergencias, diferencias, articulaciones y desarticulaciones.

Presentación de la propuesta teórico metodológica

Cuando comenzamos a construir la propuesta teórica de investigación, encontrábamos que parte de los enfoques de la bibliografía que indagaba estos procesos presentaba un límite para comprenderlos. Se trataba de lecturas sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización que reponían una concepción esencialista y de exterioridad entre lo social y lo político y una perspectiva de las relaciones de poder que situaba a las propias organizaciones sociales por fuera del conflicto del que emergían, en una relación de heteronomía respecto de un Estado, comprendido como un espacio monolítico.

Asimismo, partíamos de reconocer la presencia de otras producciones ―algunas que estudiaban relaciones entre organizaciones sociales y Estado y procesos sociopolíticos más generales― con otra perspectiva sobre estas relaciones. Entre ellas recuperamos las contribuciones de la concepción posfundacional de lo social y de lo político y un enfoque pragmático de la política. Desde ese enfoque construimos una red conceptual que articula las nociones de “acción colectiva”, “gramáticas políticas”, “institucionalización” y “democratización”/“desdemocratización”, entendidos como procesos dinámicos, resultado de contiendas políticas de las que participan, entre otros actores, el gobierno, el Estado y las organizaciones sociales.

En términos metodológicos, a diferencia de los estudios de corte más positivista, construimos una propuesta centralmente cualitativa y comprensiva de la perspectiva de los propios actores a partir del análisis de sus prácticas, a través de fuentes orales y escritas (Vasilachis, 1992). Asimismo, decidimos triangular esta metodología con otra cuantitativa para el procesamiento y análisis de cuatro bases de datos: una de acciones colectivas de protesta en Córdoba entre los años 1989 y 2003 ―elaborada por el equipo de investigación del que formo parte― y otras tres bases sobre políticas sociales implementadas en la provincia de Córdoba en el período objeto de estudio. Desarrollamos estas discusiones y la propuesta teórico-metodológica en el capítulo 1 de esta tesis.

En lo que sigue de esta Introducción presentamos los antecedentes principales que revisamos para construir esa propuesta, sin pretender agotar la vasta y prolífica cantidad de estudios sobre estos procesos a nivel nacional. Decidimos agruparlos en tres sub-apartados para facilitar la lectura aunque entre ellos hubo cruces, discusiones e influencias mutuas. Sobre estas producciones dejamos enunciadas sus concepciones y/o propuestas para pensar las relaciones entre lo social y lo político y sus aportes y limitaciones para comprender las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización. Un desarrollo más extenso de las discusiones con algunos de esos planteos y sus contribuciones se recuperan en el capítulo 1 de la tesis.

El primero de los apartados, presenta las perspectivas de las dos grandes corrientes ―nortamericana y europea― que se constituyeron en referencias teóricas para el análisis de organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina. El segundo, organiza las principales contribuciones de algunos estudios sociopolíticos producidos en América del Sur post dictaduras. El tercero, recupera los aportes de importantes investigaciones sobre organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina y en Córdoba, en particular.

Las perspectivas norteamericanas y europeas

Las dos principales corrientes de las que se nutrieron los estudios sobre movimientos sociales y acciones colectivas en Argentina en los últimos treinta años fueron, primero, la de los “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) ―o corriente identitaria― y, entrados los años 90, la de la “Movilización de Recursos” (MR) ―o corriente estratégica―.

No vamos a reconstruir pormenorizada ni históricamente los planteos de ambas corrientes porque ya hay una importante cantidad de bibliografía que ha sistematizado sus aportes y críticas y no es objeto de este trabajo hacerlo. No obstante ello, sí nos interesa dejar planteada la perspectiva de lo social y lo político desde la que construyen sus objetos de estudio en tanto han atravesado las discusiones de parte de los estudios sobre acción colectiva.

Sendos abordajes habían surgido en la década del 60 en el marco de la emergencia de movimientos sociales de gran escala en EEUU y Europa (Cohen y Arato, 2000) y cuestionaron la perspectiva teórica clásica de la conducta colectiva dominante hasta la década del 70, vinculada con la tradición sociopsicológica de la Escuela de Chicago. A partir de una diferenciación entre las acciones no institucionales-colectivas y las acciones institucionales, la teoría clásica caracterizaba a las primeras como respuestas no racionales o irracionales de las masas o de la multitud al cambio, resultantes de procesos de anomia, del colapso normativo o institucional de la sociedad civil.

Frente a esas explicaciones, la corriente de la MR se centró en la racionalidad estratégica de la acción y priorizó “variables objetivas” para explicar las movilizaciones a gran escala como la organización, los intereses, los recursos, las oportunidades políticas y las estrategias. Las acciones colectivas fueron comprendidas por esta corriente como conflictos construidos dentro de relaciones de poder por parte de quienes eran excluidos de la representación directa dentro del sistema político. El éxito de la acción se evidenciaba en su reconocimiento como actores políticos y en la obtención de recursos materiales.

Esta concepción, deudora en sus comienzos de la lógica utilitaria del actor racional presente en la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson (1968) y de los desarrollos de la teoría de la elección racional de Jon Elster (1990) en términos epistemológicos, tuvo sus particularidades según las distintas orientaciones de sus referentes. Entre ellos, el enfoque organizativo-empresarial de McCarthy y Zald, el modelo multifactorial de Jenkins o los modelos de los procesos políticos de Tilly, Gamson, Tarrow, entre otros (Cohen y Arato, 2000). En especial, los estudios de Tilly y luego Tarrow hicieron inteligibles cuestiones sub consideradas en la perspectiva clásica como la relación entre los movimientos sociales ―sus estrategias― y el contexto político social, a través de conceptos como los de oportunidades políticas, repertorios de acción, procesos enmarcadores y estructuras movilizadoras. Los desarrollos recientes de Tilly sobre los procesos de democratización y desdemocratización y sus aportes son retomados con algunas discusiones en el capítulo 1 de esta tesis.

Por otra parte, la corriente de los NMS desarrolló una clave de lectura de estos movimientos aunque descentrándose del conflicto de clase y la referencia al Estado como el interlocutor central de la lucha. Esta perspectiva hizo foco en los procesos culturales y puso énfasis en la identidad colectiva, como puente entre la acción social y la dimensión estructural. La construcción identitaria implicaba un doble proceso ―inacabado, precario― de construcción de significados compartidos que, como señalaba Melucci (1994) incluían la construcción de lazos de “solidaridad” así como también de “conflictos” o ―en algunos casos― consensos en torno a determinados recursos simbólicos o materiales.

Para la perspectiva de la MR el logro estratégico de los movimientos sociales estaba dado por su capacidad para incidir en el sistema político ―lugar donde se resolvía el conflicto― institucionalizando sus demandas. Como señalaron Pérez y Natalucci (2008), subyacía a este planteo la teoría del Pluralismo Competitivo de Robert Dahl (1989) que concebía a la política “según el modelo económico de la competencia por recursos e influencia, llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (2008, p. 83). Por su parte, para la teoría de los NMS la potencialidad estribaba en la posibilidad de los movimientos de promover el “radicalismo autolimitante”; es decir, espacios de construcción de identidades que disputaban el modelo de desarrollo postindustrial, por fuera de la instrumentalidad del Estado y del utilitarismo del mercado (Pérez, 2010).

No obstante las importantes diferencias entre estos enfoques, ambos incluían una concepción de exterioridad entre lo social ―y como parte del mismo, las organizaciones sociales― y lo político ―principalmente cristalizado en instituciones― que limitaba las posibilidades de pensar la relación entre las organizaciones sociales, lo público y los procesos de democratización.

Los estudios sociopolíticos latinoamericanos posdictadura

En Latinoamérica, iniciado el siglo XX, la preocupación por la relación entre lo social y lo político atravesó las reflexiones y las investigaciones producidas desde la sociología, la política y la historia, entre otras disciplinas. Recuperamos en este apartado algunos aspectos centrales a partir del período de reconstrucción democrática en adelante.

Tras los regímenes dictatoriales y la desarticulación de esa matriz sociopolítica, en los años 80 emergió una discusión sobre la relación entre lo sociocultural y lo político vinculada a los procesos de democratización, desde una inquietud por las condiciones de fortalecimiento de las instituciones y la modernización del Estado. Con respecto a las organizaciones y movimiento sociales, relacionado con el postulado del resurgimiento de la “sociedad civil”, Calderón y Jelin (1987), reconocieron la emergencia de nuevos actores y la multiplicación de prácticas colectivas segmentadas que, entre otras, suponían nuevas formas de sociabilidad y proponían nuevos modos de hacer política que cuestionaban el sistema de representación partidario. Dos Santos y Calderón expresaron, por entonces, la necesidad de “politizar la democracia social y socializar la democracia política” (1987, p. 635) y propusieron una articulación en la que los mecanismos de participación política de los grupos se plasmaran en las instituciones según las reglas de la representación y la delegación política y en la que éstas pudieran registrar las demandas sociales para elaborar un proyecto societal. Ello implicó un corrimiento sobre la preocupación de las ciencias sociales en Latinoamérica que ―entre los años 30 y 60, con variantes entre los diferentes países y períodos―, se habían concentrado en el Estado, los partidos políticos y los actores sociales como componentes centrales de lo que se denominó matriz sociopolítica “clásica”, “político-céntrica” o “nacional popular” (Garretón, 2002).^[2]

Los debates de este período fueron puestos entre paréntesis a fines de los años 80 y comienzos de la década del 90. A medida que la política era colonizada por la economía de la mano de una concepción de la primera que negaba su forma colectiva y conflictiva, se trasformaron los sentidos de lo público, lo estatal y lo privado y se escindió lo social de lo político, como dos categorías “ónticas” o esencialistas (Natalucci y Pagliarone, 2013, p. 85).

En detrimento de una perspectiva democrática, la deslegitimación del papel del Estado como garante de derechos e inclusión social frente a la libertad de un mercado que se proponía como autoregulado (Morresi, 2007) se desplegaba en un escenario político cultural caracterizado por la sustracción de los asuntos políticos del espacio público, la reducción de la política a estrategias de administración y gestión y la disolución de sus anhelos de universalidad (Mata, 2002; Rancière, 2007).

Por entonces, Garretón (2002) identificaba en América Latina una redefinición de los actores y de los modos de acción colectiva tradicional ―ligados al modelo de sociedad industrial de Estado nacional―, menos vinculados con la posición estructural de quienes los promueven que a ejes de sentido referidos a procesos de democratización política y social, reestructuración económica y afirmación de identidades y modelos de modernidad. Asimismo sostenía que quedaba pendiente “la relación de estas manifestaciones con la vida política” por lo que resultaba “indispensable la institucionalización de espacios en que se expresen formas clásicas con formas emergentes” (Garretón, 2002, p. 23).

En sintonía con esta advertencia, al ingreso al nuevo milenio y en el marco de la crisis del modelo neoliberal y de lo que se denominó como “giro a la izquierda” en algunos países sudamericanos ―entre ellos Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay―, García Linera y Tapia fueron dos de los referentes a nivel regional que propusieron un enfoque articulado y no esencialista de la relación entre lo social y lo político. Ambos intelectuales, proponían concebir lo político como el momento de institución de lo social, abriéndose en la sociedad la posibilidad de disputa del orden social. La acción colectiva se presentaba como clave en esa lucha y, cuando desbordaba los lugares estables de la política, se abría paso a la posibilidad de configuración de un movimiento social o de movimientos societales (Tapia, 2009) y la oportunidad de la recreación y/o ampliación (o no) democrática. De las propuestas de ambos autores, recuperamos en esta tesis sus planteos para la comprensión de las acciones colectivas de las organizaciones sociales indagadas y su relación con el Estado, en el tránsito entre lo social y lo político antes que en uno de estos ámbitos en particular.

Aportes y límites de los estudios sobre organizaciones de vecinos y desocupados en Argentina

En Argentina, los debates sobre estas relaciones también cobraron relevancia en el nuevo milenio al calor de los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y tras las elecciones presidenciales del año 2003. Por entonces era posible constatar que las ciencias sociales no habían podido anticipar estos procesos, que las categorías con las que contaba en las dos décadas previas resultaban insuficientes para comprenderlos y que habían sido desarrolladas desde concepciones que reproducían cierta exterioridad entre lo social y lo político.

El período posdictadura, había sido muy prolífico respecto del estudio de lo que se denominó “transición democrática”. Por entonces, se había privilegiado un enfoque en cierta forma etapista para el que la democracia era un punto de llegada. Dicho proceso tendría lugar a partir de un movimiento principalmente político que acentuaba la generación de un consenso para la consolidación de las instituciones y procedimientos políticos, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y la preservación de un conjunto de derechos y libertades que permitieran garantizar el pluralismo y fortalecer una cultura democrática (Nun y Portantiero, 1987; O’Donnell et al., 1988; De Ipola, 1987). En esa definición, el objeto de preocupación de la ciencia política argentina priorizó al régimen político antes que al Estado (Lesgart, 2003). Como señalaron Rinesi et al. (2007), ello tuvo diversas consecuencias: en la construcción de una teoría de la transición democrática más limitada, la carencia de una perspectiva crítica para reflexionar sobre la reforma neoliberal del Estado que se profundizó en los años 90 y la crisis del nuevo milenio y en la reducción de los procesos políticos, los propios objetos de estudio y las incumbencias de la ciencia política y la sociología. En esa distribución, como si se tratara de ámbitos y condiciones escindibles, a la sociología le correspondía el estudio de la sociedad y, en particular, de la pobreza y los pobres; y a la ciencia política, la política y, en especial, los derechos y la ciudadanía (Merklen, 2005).

Con respecto a los estudios sobre vecinos, predominaron en esta década aquellos sobre acciones colectivas de protesta y procesos de constitución de comisiones vecinales y normalización de centros vecinales post dictadura; también otros sobre la organización territorial de actores que no se nombraron siempre como vecinos sino ―y sobre todo en los años 80― como villeros, habitantes de asentamientos, entre otros. Se trataba de actores que centralmente se organizaban y movilizaban en torno a cuestiones de hábitat urbano vinculadas al acceso a servicios básicos, tierra, vivienda, pago de impuestos, entre otras (Jelin, 1985; González Bombal, 1988; Merklen, 2005; Nardacchione, 2005; Franco et al., 2015; y otros). Estas producciones aportaron elementos para comprender parte de las vertientes organizativas de las que se nutrieron los colectivos objeto de estudio de esta tesis.

Frederic (2006), advertía para los años 90 un desplazamiento de la categoría de la “causa villera” a la de “vecino” como comunidad política de referencia de unos representantes políticos profesionalizados y una reconversión de los “militantes políticos” en “militantes sociales” en el Gran Buenos Aires. Asimismo, en el análisis de Nardaccione sobre distintas protestas vecinales que tuvieron como antagonista al Estado a comienzos de los años 90 en Buenos Aires, el autor resaltaba dos aspectos importantes para la comprensión de la complejidad de las acciones vecinales, aportes que recuperamos en esta tesis. Por una parte, su dificultad para constituirse en interlocutores válidos reconocidos frente al Estado y la “red de maniobras” a las que apelaron para ello. Por otra parte, la relevancia de generalizar la protesta frente a la tendencia vecinal a reducirla a lo local ―a una afectividad propia de la “comunidad orgánica”, en palabras de Rusconi (2006, p. 211)― y a una participación intermitente que repudiaba la “excesiva institucionalización (post conflicto) de las organizaciones vecinales” (Nardaccione, 2005, p. 214-215).

En otro contexto, estudios sobre las protestas y asambleas vecinales gestadas en distintas localidades del país al calor de la crisis del 2001, interpretaron a esos y otros espacios como expresiones de un “ethos participativo” ―en términos de Pérez (2010)― o de un “ethos militante” (Svampa, 2005) que pretendían condensar al tiempo que eran inmediatamente desbordadas por una diversidad de sentidos en tensión y disputa. Esa pluralidad conformó un abanico que incluyó desde la impugnación del orden hasta un pedido de restauración de los ahorros confiscados por los bancos ―como el caso de algunos ahorristas o los “acorralados”― pasando por una efervescencia de formas organizativas autogestivas con cuestionamientos a los sentidos de la representación política institucional y la recreación de modos horizontales de democracia directa. Con respecto a las asambleas barriales, algunas investigaciones las comprendieron como una expectativa de recomposición política “desde abajo” (Svampa, 2003) mientras que otras las interpretaron como estrategias de supervivencia que tensaron “situacionalmente” la heteronomía de las estrategias biopolíticas de vulnerabilización (Fernández, 2011). Algunos estudios además dieron cuenta del trabajo territorial de estos y otros colectivos de vecinos, su vínculo con el Estado y con las organizaciones de trabajadores desocupados en distintas provincias del país y en Córdoba en particular (Cabral, 2005; Gordillo, 2009). Las reflexiones sobre las relaciones de autonomía/heteronomía de estas experiencias respecto del Estado y el orden social y sus aportes a los procesos de democratización son recuperados para analizar el caso de la organización Centro de Vecinos Autoconocados.

Posteriores indagaciones analizaron los desplazamientos en los sentidos que atravesaron algunas asambleas y cacerolazos cuando, a partir del año 2004, la cuestión de la “inseguridad” adquirió protagonismo en el espacio público y las vincularon a un antagonismo que lejos de radicalizar el proyecto democrático operó sobre la exclusión de grupos marginales y a legitimar la sociedad de castigo (Martínez, 2013). Estas producciones constituyeron un aporte para comprender el contexto de creación de políticas estatales en la provincia de Córdoba a comienzos del nuevo milenio.

Con respecto a las diversas y múltiples investigaciones sobre “piqueteros” y organizaciones de trabajadores desocupados en la década del 90, se ocuparon centralmente de analizar ―y en la mayoría de los casos comparar― la emergencia de distintos colectivos a nivel nacional y sus acciones colectivas de protesta. Entre otros, realizaron importantes aportes en torno a la constitución y consolidación de un espacio piquetero y sus afluentes (Svampa y Pereyra, 2003; Pereyra et al., 2008; Svampa, 2005); la relación entre los procesos de desafiliación, la emergencia de la organización colectiva y sus modos de politicidad (Merklen, 2005); los cambios en la escala de las relaciones sociales, la resignificación de los vínculos políticos y el papel de lo territorial (Delamata, 2004); las dinámicas y las particularidades que asumió la protesta social, el papel de las organizaciones en ella, el vínculo que establecieron con el Estado y el impacto político de las acciones (Schuster y otros, 2006; Massetti, 2009; Pereyra et al., 2008; Schuster et al., 2005; Schuster y Scribano, 2001; Auyero, 2002a; Maneiro, 2012; Gordillo, 2009), entre otras. Asimismo, otras investigaciones, desde una perspectiva etnográfica, enfocaron esas experiencias a partir de la vida cotidiana de quienes participaron de las organizaciones (Quirós, 2006), de la vinculación entre las biografías individuales y las protestas (Auyero, 2004), como “sitios” en los que reconocer la “política en movimiento” (Manzano, 2013). Por lo general, estos estudios se concentraron en indagar procesos en el conurbano bonaerense. Otros, por su parte, los indagaron en el interior del país (Aizicson, 2017; Giarraca et al., 2001) y, en particular, en Córdoba (Natalucci, 2008, 2011; Ciuffolini et al., 2007). Entre estas últimas se encuentran las que desarrollamos con el equipo de investigación que integro (Gordillo et al., 2012).

De modo general, estas producciones pusieron de relieve la capacidad de estas organizaciones de transformar en colectiva una experiencia que puede vivirse de modo individual como el desempleo, construyendo al desempleado como actor político con una identidad piquetera; la inscripción de estos procesos ―en algunos casos a partir de la trayectoria de quienes los protagonizaron― en otros de resistencia y organización colectiva en temporalidades históricas más amplias a su constitución como colectivos de trabajadores desocupados; el cuestionamiento de los modos de representación política delegativos a partir de la construcción de espacios deliberativos para la toma de decisiones y de participación directa; su importante presencia en el espacio público a partir de la protesta y un sostenido trabajo territorial; su capacidad de resignificar las políticas asistenciales del Estado y convertirlas en recursos organizacionales.

Con respecto a esta relación entre organizaciones de vecinos y trabajadores desocupados y políticas sociales que en esta investigación nos proponemos enfocar, las interpretaciones producidas por la academia partieron de distintos modos de pensar la relación entre lo social y lo político.

En algunos casos, estas políticas fueron estudiadas como respuestas estatales disciplinadoras ―no represivas― a la demanda de trabajo; es decir, como estrategias tendientes a disuadir las acciones de protesta de organizaciones de vecinos y desocupados apuntando a su desmovilización a partir de mecanismos de negociación en relación con estos programas y a otros de ayuda alimentaria (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003). La versión más extrema de estos procesos se sintetizó en algunos trabajos en la categoría de “cooptación” (Ciuffolini y De la Vega, 2010). Esta noción, como la de “disciplinamiento” y “estatalización”, reponía aquella fractura teórica entre entre lo social y lo político a la que nos referimos, limitando los modos de comprender la relación entre las organizaciones sociales, lo público-estatal y los procesos de democratización y desdemocratización. La política de las organizaciones reducida a las transformaciones territoriales y al momento destituyente y/o de confrontación con el Estado, se concebía como externa al conflicto de la que emergía. El Estado, en estas perspectivas, asumía la forma de un espacio monolítico, de administración y gestión del orden existente.

Muy emparentadas con esta perspectiva, algunas nociones de “clientelismo” que se propusieron para dar cuenta de la dinámica entre organizaciones sociales o sujetos, políticas sociales y partidos políticos en los años 90 en nuestro país, aportaron sentidos semejantes. En tensión con estas concepciones, la propuesta relacional y político-cultural de Auyero (1997; 2001), invitó a estudiar la “zona gris” desde un enfoque de no exterioridad entre estos espacios y, sobre todo, respecto del estatuto de los sujetos destinatarios de estas políticas.

Otra bibliografía, haciendo foco en la politicidad “positiva” en los sectores populares y los procesos de territorialización ―que incluye la protesta pero también la negociación para la supervivencia y/o para garantizar ciertos derechos básicos―, introdujeron la metáfora de la “caza” para nombrar las estrategias que los sectores populares desarrollan con respecto a las políticas asistenciales diseñadas desde el Estado (Merklen, 2005). Desarrollos más recientes que trabajaron con recortes temporales que incluyen al primer gobierno Kirchnerista recuperaron la categoría de “profanación” de Agamben para dar cuenta del proceso de apropiación no solo utilitario de estas políticas por parte de las organizaciones sociales (Maneiro, 2013). Por otra parte, algunos estudios desarrollados desde la antropología política pusieron de relieve la diversidad de prácticas que tensionaron algunas perspectivas analíticas reificadas que enfatizaban la distinción normativa entre los movimientos sociales y el Estado (Manzano, 2008). En sintonía con esta última, otras producciones pusieron en tensión la “encrucijada teórica” (Perez, 2010) ―“autonomía” versus “heteronomía”― desde la que se analizó la relación entre las organizaciones sociales y el Estado y recuperaron la noción de “institucionalización” para abordar estos procesos, sobre todo en el periodo post 2003 (Masseti, 2006; Natalucci, 2010a). De estas últimas producciones, retomamos centralmente con Natalucci (2013), las contribuciones de una perspectiva pragmática de estos procesos y una concepción relacional de lo social y lo político.

Algunos estudios realizaron importantes aportes para analizar la participación de aquellas organizaciones de trabajadores desocupados que se integraron a la gestión del Estado nacional ―y en la implementación de políticas sociales asistenciales― tras la convocatoria de Kirchner y el modo en que eso se relacionó con el trabajo territorial en la capital federal y el conurbano bonaerense (Perelmiter, 2010; Massetti, 2010; Cortés, 2010; Gómez, 2010; Gradin, 2015; Forni y Castronuovo, 2014; Schuttenberg, 2010; Fornillo, 2008; entre otros). “Militar el Estado” en el territorio o ―en otra dirección― “disputar el Estado”, “territorializar” o “movimientizar el Estado”, “politización militante de la gestión” son algunas de las categorías que estas investigaciones recuperaron para analizar estas relaciones y el modo en que fueron interpretadas por estas organizaciones, atravesadas por una tensión entre la lógica de construcción de las organizaciones sociales y la racionalidad técnico-burocrática estatal. Las contribuciones de parte de estas investigaciones se recuperan a lo largo de las páginas que siguen; en particular, las de aquellos estudios que enfocaron a nivel nacional la relación entre el Estado y una de las organizaciones objeto de estudio en esta tesis, el Movimiento Barrios de Pie a nivel nacional (Perelmiter, 2010; Massetti, 2010; Cortés, 2010; Gómez, 2010; Gradin, 2015; y otros).

Otras investigaciones indagaron algunos aspectos de este colectivo a nivel local (Traversaro, 2014; Ramos Avila, 2004; Ciuffolini y De la Vega, 2007).^[3] De ellas, las más vinculadas con el tema y la perspectiva teórica de esta tesis fueron las producidas por Natalucci (2008; 2010). Estas realizaron aportes para comprender, primero, la constitución del espacio piquetero a nivel local y sus vínculos con el régimen político entre los años 1994 y el 2006 y, luego, la movilización de las organizaciones piqueteras y sindicales y sus relaciones en el espacio multiorganizacional en el período 1995 y 2001. Principalmente el primero de estos estudios nos ofreció datos y aportes teóricos que consideramos al construir las dimensiones de análisis en el proceso de investigación que dio lugar a esta tesis.

Hasta el momento no hemos encontrado investigaciones que indaguen sobre la relación del Centros de Vecinos Autoconvocados con el Estado. Con respecto a este colectivo sólo hemos podido reconocer una presentación general sobre algunas de sus acciones de resistencia (Ciuffolini, 2008) y la producción del equipo de investigación que integro, centrada en sus acciones de protesta entre los años 1995 y 2003 (Franco y Medina, 2012).

Organización de la tesis

La exposición de la tesis se estructura en una Introducción y cinco capítulos. Luego de la presentación del tema y la revisión de los antecedentes realizada en la Introducción, en el capítulo 1 explicitamos la perspectiva teórica de estudio, construimos una red conceptual, el problema, los objetivos, las hipótesis y exponemos la propuesta metodológica.

En el segundo capítulo, revisamos las transformaciones en el Estado ―a nivel nacional, provincial y municipal― y los vínculos con las organizaciones sociales, atendiendo a los distintos períodos y gestiones de gobierno involucradas en el contexto estudiado. Analizamos, en particular, los cambios en la política social, el papel de las organizaciones sociales en ellas y sus especificidades en Córdoba.

Los capítulos 3 y 4, presentan una reconstrucción empírica de los antecedentes, las acciones colectivas protagonizadas por ambas organizaciones y su vínculo con el Estado, atendiendo a las dimensiones propuestas y a las distintas temporalidades de la acción.

Finalmente, en el capítulo 5 realizamos una recapitulación de los principales resultados presentados en la tesis y una interpretación sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización. Para ello recuperamos los planteos teóricos y hallazgos empíricos y analizamos los encuentros y desencuentros, continuidades y desplazamientos entre las condiciones de surgimiento y de desarrollo de las dos organizaciones sociales analizadas, Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie, sus acciones colectivas y su vínculo con el Estado. Como parte de las consideraciones finales, dejamos formulados desafíos y nuevos interrogantes.

Al final de la tesis, incluimos la enumeración y descripción de las fuentes documentales, las referencias y datos contextuales sobre cada una de las entrevistas realizadas.