Roberto Ottaviano

1. Introducción ^[1]

1.1. Tiempos de Neoliberalismo

A partir de mediados de los años setenta del pasado siglo, la reestructuración capitalista a escala mundial comenzó a girar en torno al capital financiero. El predominio de la valorización financiera fue capaz de desplazar así a la industria manufacturera como eje ordenador de las relaciones económicas y sociales. El modelo neoliberal impuso un nuevo régimen de acumulación del capital y de distribución del ingreso, con retraimiento del Estado y sumisión a los valores de la economía según los dictados del FMI (Bourdieu, 1999).

En la Argentina, esta mutación también se inauguró por aquellos años, a partir de lo que se conoció como el rodrigazo en 1975 (Restivo y Dellatorre, 2016), se profundizó con la dictadura de 1976 y avanzó más en la década del noventa, período en el que se consolidó un cambio de modelo económico y social, una nueva estructura social (Feijoó, 2003). La dictadura impuso un patrón de acumulación fundado en la valorización financiera del capital, convertido así en el mecanismo rector de las relaciones económicas (Basualdo, 2018).

El neoliberalismo generó, en estos años, una nueva sociedad y un nuevo Estado, regresivo, desigual y represivo. En la Argentina, donde el Estado había desplegado una función protagónica en la economía y en la cobertura de la red de seguridad y asistencia social, se privatizaron las empresas públicas y se desarmó gran parte del sistema de seguridad social. Se convirtió en una maquinaria cuya función fue, en forma primordial, garantizar los intereses del gran capital (Ruggeri, 2014a).

Desde mediados de los años noventa, se aceleró el cierre de empresas, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo. El denominado Plan de Convertibilidad, fundado en la apertura comercial y la desregulación económico-financiera, alentó la especulación, a través de muy diversas colocaciones en el mercado local. El capital pudo aprovechar el diferencial entre las tasas locales y las internacionales y finalmente remitir valores al exterior a través de la fuga de capitales y el reinicio del ciclo (Rebón y Saavedra, 2006). Como señalan estos autores, solo unas pocas empresas pertenecientes a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales se expandieron aceleradamente, mediante la incorporación de tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo y reducción del salario real.

En cambio, muchas pequeñas y medianas empresas no lograron sobrevivir y, con la profundización de la crisis en 1998, se agudizó el proceso de cierre, con un consecuente retroceso de las condiciones laborales, aumento del desempleo, desocupación y precarización laboral. Este conjunto de unidades productivas quedó aprisionado entre costos de servicios cada vez más elevados, costos financieros exorbitantes y bienes importados competidores de sus producciones que ingresaban sin ninguna limitación. Sectores económicos diferentes (textil, calzado, alimentación, metalúrgicas y metalmecánicas, etc.) perdieron un número importante de empresas y fuentes de trabajo (Tresca, 2000).

El panorama socio-económico se caracterizó por un profundo deterioro: la tasa de desocupación urbana durante 1999 alcanzó casi el 14% y, si se consideran los trabajadores y trabajadoras en situación de desocupación y sub-ocupación a nivel nacional, la proporción fue del 30% (Vitoli, 2015).

A fines de ese año, asumió el gobierno una alianza opositora al gobierno saliente, pero se mantuvieron los grandes lineamientos de política socio-económica imperantes. La crisis económica, social y política se agudizó: la tasa de desocupación, durante fines de 2001, superó el 18%. Con el estallido de la devaluación de la moneda y la cesación de pagos de la deuda, durante 2002, la tasa de desocupación se incrementó al 21,5% y la de subocupación alcanzó el 18,6%. Un enorme contingente de trabajadores y trabajadoras fue expulsado del mercado de trabajo (Svampa y Pereyra, 2003). Entre mayo de 2001 y mayo de 2002, la economía argentina destruyó más de 700 mil puestos de trabajo (Del Bono, 2003).

1.2. Protesta social y movimiento de empresas recuperadas

En este escenario socio-económico, la sociedad argentina ingresó a una etapa signada por uno de los más importantes ciclos de protesta social de los últimos tiempos de la historia argentina. Diferentes grupos sociales, con distintas intensidades y tiempos, se sintieron convocados. Las jornadas de diciembre de 2001 potenciaron aún más el proceso. La acción directa, con fuerte originalidad y creatividad, tomó protagonismo. Asambleas barriales, organizaciones de desocupados y desocupadas, grupos de trabajadores y trabajadoras que, a través de la autogestión, pusieron en producción organizaciones abandonadas, se constituyeron, junto a otros actores, en movimientos sociales que se apropiaron de las calles y el espacio público del país (Rebón y Saavedra, 2006).

La noción de movimiento social irrumpió décadas atrás como una alternativa capaz de expresar el surgimiento de fuerzas sociales que se mostraban, en el espacio político, con reclamos novedosos, sostenidos con cierta continuidad en el tiempo y a través de un conjunto relativamente homogéneo de acciones. Con mayor precisión, un movimiento social determinado, si lo es, incluirá identidad colectiva, organización, continuidad en el tiempo y extensión en el espacio (Schuster, 2005).

Hasta fines de los años setenta del pasado siglo, “la construcción de sujetos colectivos no constituía un auténtico problema […] Los términos colectivos se definían de antemano. […] Así, un individuo podía ser, antes que nada, un portador de estructura” (Naishtat y Schuster, 2005, p. 9). Durante los años ochenta, se produjo un fenómeno inocultable: la transformación de aquellos “sujetos colectivos ‘fijos’ (las clases sociales, las naciones, los pueblos, etcétera)” (Naishtat y Schuster, 2005, p. 9) y la aparición de los dinámicos movimientos sociales.

Estos movimientos sociales, entre otros aspectos, desde su aparición se distinguieron por no haber sido creados por partidos políticos establecidos, ni depender de los recursos de estos, por persistir como movimientos políticos en un sentido amplio y por diferenciarse y distanciarse, con claridad, de formas reaccionarias de protesta social, como lo son, entre otros, los movimientos nacionalistas, xenofóbicos, racistas o en contra del pago de impuestos (Ramos Rollón, 1997).

En particular, el movimiento de empresas recuperadas constituyó uno de los novedosos movimientos sociales emergentes. Alcanzó mayor repercusión por desarrollarse en el núcleo mismo de las relaciones sociales en el capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta cuestión resulta clave. Fue capaz de mostrar la posibilidad de una economía sin patrones, con la dirección a cargo del grupo trabajador. Atrajo así a intelectuales y militantes sociales y políticos de diferentes lugares, muchos de los cuales vieron en este fenómeno una alternativa contra el proceso mundial de globalización neoliberal (Ruggeri, 2014a).

Es posible concebir un hilo conductor entre este movimiento y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, la versión urbana del planteo del MST, pues en ambos se da la ocupación y puesta en producción. Incluso se observa en algunas experiencias idéntico eslogan: “Ocupar, resistir, producir” (Acuña, Gociol, Rosemberg y Ciancaglini, 2004). Línea similar se encuentra en el planteo de Fernández et al (2006), quienes afirman que, en la experiencia argentina, es posible ubicar como uno de sus precedentes más inmediatos los movimientos de los Sin Tierra en Brasil, que reivindican el derecho a trabajar la tierra.

Ante el cierre, incumplimiento de la relación salarial o quiebra, a finales de la década de 1990 y con más intensidad a partir de fines de 2001, grupos de trabajadores y trabajadoras de todo el país, iniciaron o intentaron iniciar el camino de conducir las empresas en las que se desempeñaban. Hicieron frente a enormes dificultades para intentar no caer en la desocupación estructural: generaron el fenómeno de la ocupación y puesta en producción de empresas quebradas o abandonadas, llamadas por los propios protagonistas empresas recuperadas (Ruggeri, 2009), que no reconoce historias homogéneas y no siempre logró el objetivo de proteger las fuentes de trabajo. Incluso existieron numerosos intentos que no pudieron prosperar, pero que responden a causas semejantes y avanzaron en procesos similares a las empresas que sí lograron trascender (Ruggeri, 2014a).

Se inscriben como empresas recuperadas aquellas empresas de gestión colectiva de trabajadores y trabajadoras, con origen en empresas anteriores de gestión privada capitalista. Son unidades económicas productoras de bienes o servicios que atraviesan un proceso por el cual la gestión colectiva del antiguo grupo asalariado se hace cargo de la gestión que llevaba adelante el capital y busca, principalmente, conservar puestos de trabajo (Ruggeri, 2014a).

Desde el interior de sociedades capitalistas, las empresas recuperadas, junto a otras expresiones del mundo del trabajo, constituyen un conjunto de experiencias multifacéticas de otra economía, que intentan articularse a través del impulso por sobrevivir en un sistema excluyente, mediante el aprendizaje y difusión de prácticas no conducidas por los agentes del capital (Coraggio, 2007). De este modo, este conjunto de organizaciones de diverso tipo, cuestionan la tradicional articulación capital-trabajo y, sin constituirse en unidades de producción con finalidad de lucro, persiguen excedentes económicos y, para ello, requieren competir en el mercado (Casalis, 2007). Son empresas solidarias dentro del mercado capitalista (Singer, 2001).

Sin patrones, contra el desempleo, la lucha por el trabajo en una sociedad inmersa en una profunda crisis, legitimó la recuperación de empresas. Al enfrentar un destino aparentemente inevitable, estos grupos asumieron el desafío de producir sin el comando del capital (Rebón, 2004). Como afirma Castel (1995), la parálisis de una unidad productiva destruye fuentes de trabajo, fenómeno de profundas consecuencias económicas, pero también subjetivas en los trabajadores y trabajadoras. De alguna manera, se derrumban las bases mismas de la identidad social construida a lo largo del tiempo. En consecuencia, resulta difícil enunciar con nombre propio; la lucha supone, la mayoría de las veces, la existencia de un colectivo y de un proyecto para el futuro.

Es un movimiento capaz de reconocer antecedentes con otros procesos históricos de la Argentina y de otros lugares. Respecto a nuestro país, en la década de 1980 y principios de 1990, grupos trabajadores de ciertas empresas en crisis conformaron asociaciones, generalmente cooperativas. En algunos casos, estos pasos constituían una estrategia de presión a la empresa, en el marco de un conflicto laboral y no todas llegaron a producir (Rebón, 2007).

Lo particular en nuestro país ha sido no solo la denominación del proceso, sino también su relativa masividad, capaz de conformar un colectivo con perfil propio y autónomo. Las experiencias de otros países, en cambio, han alcanzado menor visibilidad propia, ya que se confundieron, de alguna manera, con las expresiones del cooperativismo tradicional. Una fuerte ligazón de esta característica, propia de la experiencia argentina, puede observarse al interior de los grupos protagonistas de las recuperaciones: predomina mayoritariamente el asumirse como trabajadores y trabajadoras, por encima de su condición de integrantes de cooperativas, formato jurídico significativamente elegido para la gestión colectiva (Ruggeri, 2014a).

Resulta relevante la formación de un sujeto de gestión colectiva, que produce un tránsito de una unidad productiva con gestión capitalista a una organización empresarial de autogestión y no la forma jurídica bajo la cual el colectivo autogestionario despliega la actividad. La constitución como cooperativas los habilita a presentarse ante la justicia como un eventual sujeto de continuidad laboral y les posibilita, entre otras cosas, ser beneficiarios de leyes de expropiación (Ruggeri, 2010). Además, solamente pueden asociarse trabajadores y trabajadoras de la unidad cooperativa y solo pueden trabajar quienes sean asociados y asociadas. Esta cuestión, en principio, garantiza que la organización sea conducida por el grupo trabajador. Es decir, dentro de un modo de producción capitalista como el que transitamos, que los grupos asociativos autogestionarios adopten la forma de cooperativas de trabajo significa la posibilidad de que una unidad productiva sea de propiedad del colectivo que aporta su fuerza de trabajo en la asociación (Ruggeri, 2014a).

1.3. El movimiento de empresas recuperadas y algunos indicadores

En la Argentina, en el año 2002, se estimaban 128 empresas recuperadas; en 2004, 161; y en año 2010, 205 unidades (Ruggeri, 2010). En 2013, se reconocen 311 unidades recuperadas (Ruggeri, 2014b); 368 en 2017 (Ruggeri, 2017) y 384 empresas en 2018 (Ruggeri, 2018).

Con relación a las ramas de actividad de las empresas, en 2010, la metalúrgica tenía la mayor incidencia con el 23%; la alimenticia, en segundo orden, con el 12%; mientras que la textil y la industria de la carne participaban con un 6% aproximadamente, cada una. Las dedicadas a medios de comunicación se aproximaban al 2% del total (Ruggeri, 2010). En 2018, la metalúrgica seguía contando con la mayor incidencia, pero con un porcentaje menor, el 17%, seguida por alimentación con el 14%, la textil aumentó al 9% y la industria de la carne se mantuvo en el 6%. La actividad de medios de comunicación duplicó el porcentaje de su participación, con el 4% (Ruggeri, 2018).

En los primeros años de expansión del movimiento, alrededor del 65% de las empresas recuperadas pertenecían al sector industrial en su conjunto. Por una parte, porque fue el sector que más experimentó destrucción de fuentes de trabajo y capital en ese período; por otra, porque es el sector en el que se encontraban los grupos trabajadores con mayor experiencia organizativa (Rebón y Saavedra, 2006). Posteriormente, se verifica mayor diversificación de sectores. El industrial contaba con el 50% del total en 2004 y el 42% en 2010 (Ruggeri, 2010). No obstante, en relevamientos posteriores se observa la consolidación de un proceso capaz de encontrar representados a todos los sectores económicos en los que existía relación salarial, pero con el 50% de casos de tipo industrial fabril (Ruggeri, 2014b).

En referencia al número de trabajadores y trabajadoras protagonistas de las diferentes unidades recuperadas, de acuerdo a diferentes relevamientos, se pueden observar:

Cantidad de trabajadores/as protagonistas de las recuperaciones

	2004	2010	2013	2017	2018
Trabajadores/as	6.900	9.362	13.462	15.323	15.525

Elaboración propia. Fuente: Ruggeri, 2010; 2014b; 2017; 2018.

Con relación al lugar de pertenencia de las empresas recuperadas, se observa la tendencia de un mayor protagonismo, a lo largo del tiempo, de las experiencias en el llamado Interior del país, en comparación con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por el conglomerado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En años anteriores la distribución era diferente.

Lugar de pertenencia de las recuperaciones – en porcentaje

	2002	2004	2010	2013	2017	2018
AMBA	84	61	56	50	49	47
Resto del país	16	39	44	50	51	53

Elaboración propia. Fuente: Ruggeri, 2005; 2010; 2014b; 2017; 2018.

Se han producido recuperaciones de empresas en 20 de los 24 distritos del país (Ruggeri, 2018). El 95% adoptó como figura legal la cooperativa de trabajo (Ruggeri, 2010).

2. Los procesos de recuperación en La Pampa: breve historia

En nuestra provincia, son cuatro las experiencias que se inscriben como empresas recuperadas: La Histórica, dedicada a la actividad metalúrgica y radicada en General Pico; Textil Pampeana y Trabajadores de Emisora Pampeana, ambas ubicadas en Santa Rosa; y Frigorífico Uriburu, establecimiento de la localidad de Uriburu. Todas las organizaciones se constituyeron como cooperativas de trabajo.

Además de las experiencias mencionadas, consideramos necesario sumar el proceso fallido que tuvo lugar en Anguil, protagonizado por el grupo trabajador de la empresa láctea Consommé (Ottaviano, 2011).

En adelante, se realizará una breve descripción de cada colectivo laboral.

2.1. Cooperativa de Trabajo La Histórica

La Histórica es empresa recuperada de Luna Hermanos S.R.L., unidad productiva dedicada a la fabricación de bulones en General Pico^[2] surgida en la década del sesenta del siglo pasado.

La antecesora tuvo gran expansión en la primera mitad de la década siguiente. En 1973, había incrementado su plantel de quince a cien personas. Su crecimiento no se detuvo y años después funcionó durante las 24 horas a través de tres turnos, con un plantel de quinientas personas. “Abastecía al mercado interno y llegó a exportar a algunos países de América latina” (M., socio originario e integrante del Consejo de Administración^[3]).

A principios de los años noventa, en el marco del proceso des-industrializador que desató el denominado Plan de Convertibilidad, la empresa comenzó a experimentar problemas económico-financieros e ingresó en concurso de acreedores. La combinación de caída del mercado interno, apertura de importaciones y retraso cambiario le generó severos inconvenientes. De hecho, en ese período algunos artículos importados que competían con la producción de la empresa, ingresaban a un valor similar o menor al costo de su materia prima (Ananía, 2015).

En febrero de 1999, la firma suspendió el pago de haberes. El 22 de febrero el grupo de trabajadores y trabajadoras decidió tomar la planta. Los empresarios abandonaron la unidad productiva. Con enorme esfuerzo, sin electricidad y con el apoyo de gran parte de la comunidad, el grupo comenzó a resistir la posibilidad del vaciamiento. La lucha por la posible recuperación les llevó el resto del año 1999 y parte del siguiente. La mayoría de las reuniones se realizaron en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional General Pico (Ananía, 2015). Allí se formalizó, el 6 de abril de 2000, la asamblea constitutiva, con aprobación del Estatuto y elección del primer Consejo de Administración. La cooperativa estuvo integrada por cuarenta y dos trabajadores y trabajadoras. El grupo que lideró el proceso superaba los 40 años de edad y contaba con varios años de antigüedad en la empresa antecesora.

La Histórica procedió a alquilar el inmueble ante el juez del concurso por 5 años y el grupo decidió afrontar parte de las cancelaciones con las correspondientes acreencias individuales de las indemnizaciones. De esta forma, cada derecho personal, que como trabajador o trabajadora tenían, fue sumado al proyecto colectivo para sostener la fuente de trabajo (Ananía, 2015).

En mayo de 2000, iniciaron la actividad productiva. Los comienzos fueron duros. Las grandes variables económicas que afectaban al sector seguían siendo un contexto desfavorable para la empresa. La gran diferencia existente, que se verifica también en una importante cantidad de casos de otras empresas recuperadas, es que los emprendimientos asociativos priorizan el sostenimiento de la fuente de trabajo y no están enfocados en la maximización de la rentabilidad del capital, como ocurre en las empresas lucrativas.

A partir de enero de 2002, la economía nacional experimentó drásticos cambios con fuerte impacto en el sector. La traumática salida devaluatoria provocada por el estallido de la Convertibilidad significó un derrumbe de las importaciones. Esto les permitió obtener mayores ventas. “La recuperación del mercado interno y de los niveles de actividad económica en los meses siguientes nos significó un crecimiento del 10% mensual” (M., SO e integrante del CA).

En ese período, obtuvieron de la Municipalidad de General Pico préstamos renovables y a plazo breve, que destinaron a la compra de materias primas. “Decidimos priorizar contar con un stock de materias primas que nos garantizara tres meses de producción y un crecimiento sostenido, pero que no comprometiera patrimonialmente a la cooperativa” (M., SO e integrante del CA).

Esta etapa fue fundamental para consolidar al grupo: “Ese tiempo nos resultó clave para llevar adelante un aprendizaje colectivo de la gestión y la toma de decisiones […] En los años que siguieron pudimos expandirnos en el mercado y en el nivel de ventas” (J., SO e integrante del CA).

Afrontaron los remates del inmueble y de las maquinarias, por ejecución de sentencia del Banco de La Pampa contra la empresa antecesora. El del inmueble se realizó en 2010 y el de los bienes muebles al año siguiente. “El segundo remate nos provocó mucha preocupación. Se acercaron dueños de empresas interesadas de diferentes lugares del país. Si perdíamos la posesión de ciertas máquinas no podíamos seguir. Otra vez sentimos el apoyo que nos dio la comunidad” (M., SO e integrante del CA).

En ambos remates el adquirente fue el Estado Provincial y los bienes inmuebles y muebles quedaron en posesión de la cooperativa (Alvarellos y Cantera, 2018).

El 28 de noviembre de 2013 la Cámara de Diputados provincial convirtió en Ley Nº 2749 el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de transferencia del dominio, a título gratuito, del inmueble y de 64 máquinas a la cooperativa.

El 10 de abril de 2014, en las instalaciones de la Cooperativa, se formalizó el acto mediante el cual el Estado provincial concretó la donación a la cooperativa, integrada entonces por cincuenta y cinco asociados y asociadas. (Ananía, 2015).

2.2. Cooperativa de Trabajo Textil Pampeana

La fábrica textil Indumentaria Argentina S.A., funcionó en el parque industrial de Santa Rosa^[4] con un plantel de doscientas personas, en su mayoría mujeres.

En 1999, problemas financieros y de endeudamiento le provocaron a la empresa, entre otras consecuencias, dificultades en la provisión de insumos y consecuente caída en los niveles de producción. Poco tiempo después, durante ese año, la planta cesó la actividad y despidió a la totalidad del personal.

A partir de fines de 1999, las trabajadoras y los trabajadores se auto-convocaron con el objetivo de impedir el vaciamiento de la empresa y sostener la fuente de trabajo. Un grupo reducido intentó movilizar al conjunto e interiorizarse acerca de las características de un proyecto cooperativo. La mayoría eran mujeres, tenían edad cercana a los 40 años y varios años de antigüedad en la empresa anterior (Norverto, 2011).

El 30 de noviembre de 2000 un grupo conformado por veintitrés trabajadoras y trabajadores constituyó la cooperativa. Recibieron asesoramiento de la Subsecretaría y de la Dirección de Cooperativas del Estado provincial para llevar adelante los trámites iniciales. En diciembre de 2000, se produjo el remate público de las máquinas de la fábrica anterior y pudieron ser adquiridas por el grupo. Aunque eran enormes las dificultades económicas que atravesaban, durante ese tiempo, concurrieron a diferentes áreas del Estado provincial a solicitar ayuda económica para afrontarlo, conscientes de que era un hecho clave para sostener la fuente laboral.

Alquilaron un inmueble reacondicionado por el propio grupo cooperativo, fuera del parque industrial. Posteriormente, el Estado provincial brindó apoyo financiero para su adquisición (Norverto, 2011).

En abril de 2001, la cooperativa inició la actividad de fabricación de camisas. Principalmente, lo hicieron como taller a través de trabajo a fasón^[5]. En esa primera etapa, lograron brindar servicio a firmas de diferentes lugares del país. “En 2002 tuvimos mucho trabajo. Producíamos para Mónaco, Yagmour… ahí llegamos a ser cuarenta y cinco. Pero de repente se nos caen esos trabajos” (M., SO).

Las dos firmas dejaron de demandar trabajo a la cooperativa y durante varios meses de 2002 y la primera parte del 2003, prácticamente, no hubo actividad en la organización. “En ese tiempo pasamos a ser alrededor de veinte que estábamos como de guardia en la fábrica, porque no teníamos casi trabajo. Muchas compañeras se fueron” (M., SO).

Meses más tarde, en 2003, comenzaron a trabajar para una empresa radicada en la Provincia de Córdoba. “En ese tiempo aparece Pato Pampa y durante varios años volvemos a tener más actividad” (M., SO).

La cooperativa, en ese período, se estabilizó en alrededor de treinta integrantes y creó su propia marca de camisas. No obstante, no lograron desarrollarla como alternativa para intentar quebrar la dependencia con las marcas (Norverto, 2011).

2.3. Trabajadores de Emisora Pampeana Cooperativa de Trabajo

LU33 Emisora Pampeana fue una empresa pública comercial de amplitud modulada (AM) creada en Santa Rosa el 1 de diciembre de 1970 por el Estado nacional, bajo la órbita de la entonces Subsecretaría de Medios de la Nación. Hasta entonces, la única radio que existía era Radio Nacional Santa Rosa, de modo que Emisora Pampeana se constituyó en la primera radio comercial de la provincia. La primera sede de sus estudios se ubicó en el centro santarroseño (Margenet, 2015).

Logró amplia inserción en el área provincial, supo unir las diferentes localidades de La Pampa y fue nexo entre diversos parajes de población rural. También alcanzó cobertura en el Oeste de la provincia de Buenos Aires y Sur de las provincias de Córdoba y San Luis.

En 1991, en el contexto del programa neoliberal de desguace del Estado, el Gobierno nacional, a través de la denominada Ley de Reforma del Estado, concesionó el servicio. Se privatizaron varias emisoras, entre ellas LU33, que así se convirtió en una empresa privada con fines de lucro, en una organización capitalista. El Estado también otorgó licencia para emitir en frecuencia modulada (FM) y conservó la propiedad pública de los inmuebles. “Ahí comenzó la debacle de Emisora Pampeana. Por desconocimiento o desinterés, por priorizar la inmediatez de la ganancia económica, la radio perdió vínculo con lo cotidiano, desdibujándose su sentido comunicacional con la comunidad” (D., SO e integrante del CA).

En 2008, el titular de la concesión comenzó a incumplir la relación salarial, a través de atrasos y faltas de pago de haberes. La conflictividad y las acciones de protesta se profundizaron en los meses finales de ese año. En diciembre, el grupo de trabajo tomó la radio. El empresario abandonó la unidad de producción a mediados de 2009. En estado de asamblea permanente, trabajadores y trabajadoras decidieron continuar con la radio en funcionamiento. De esta manera, el ingreso por publicidad, –originado en la pauta oficial fundamentalmente del Estado nacional y provincial, más los avisos publicitarios privados–, principal fuente de financiamiento de la radio, siguió percibiéndose (Ottaviano y Gómez Castrilli, 2015).

Poco tiempo después se constituyeron como grupo auto-gestionado, pre-cooperativo, con el objetivo de recuperar la empresa. El 29 de diciembre de 2009, obtuvieron la matrícula como cooperativa de trabajo, fundada por veintitrés asociados y asociadas. Tres trabajadores que habían integrado a la empresa anterior no se sumaron al nuevo proyecto. En marzo de 2010, el grupo comenzó a funcionar formalmente constituido. El promedio de edad era relativamente alto. Algunas personas se encontraban por encima de los 60 años, varias superaban los 50 años y el promedio era de 45 años. La antigüedad en la unidad también era alta: había quienes superaban los 30 años en la radio y el promedio era de 20 años.

2.4. Cooperativa de Trabajo Frigorífico Uriburu

Frigorífico Uriburu S.R.L., ubicado en la localidad de Uriburu^[6], era uno de los cinco establecimientos habilitados en el país para faena de equinos destinada a exportación (Álvarez Bustos, 2013).

Desde 2002, se encontraba en concurso preventivo y en 2012, luego de algunos años de actividad sostenida, la empresa manifestó cuantiosos inconvenientes económico-financieros. Como consecuencia, dejó de faenar en forma propia y comenzó a realizar el servicio a otra empresa bajo la figura de usuario^[7].

Carlos Serrano, uno de los socios de la empresa, afirmaba que el problema era estructural ya que, con el tipo de cambio vigente en ese momento, la actividad no era rentable. También señalaba que el nivel de endeudamiento era alto (impositivo, previsional y salarial) y que no contaban con suficiente capital de trabajo para afrontar los compromisos en el corto plazo (El Diario de La Pampa, 4/10/12).

Durante el segundo semestre de 2012, el único usuario del servicio de faena suspendió la relación y, en septiembre de ese año, la empresa procedió al cierre definitivo y al despido de la totalidad de personas, sesenta y cuatro trabajadores y trabajadoras de la planta.

En forma inmediata, el grupo resistió el cierre y algunos frigoríficos recuperados de diferentes lugares del país comenzaron a brindarle información útil sobre los pasos a seguir (Sánchez, 2015). La cooperativa fue constituida por un grupo de treinta y cinco trabajadores y trabajadoras en junio de 2014.

Fue mucho lo que debieron trajinar durante un largo tiempo por diferentes agencias del Estado para poder dar inicio a la actividad en la planta. Los trabajadores de mayor edad y experiencia en el sector se constituyeron en líderes. “Los más grandes nos pusimos al frente, venimos de años en la actividad. Por ahí los más chicos se ponen a buscar changas. Pero cuando los buscábamos o llamábamos para firmar algo o estar en tal lugar, ahí estaban” (B., SO e integrante del CA).

En los primeros meses de 2015, se intensificó el reacondicionamiento de la planta. El trabajo estuvo a cargo del grupo cooperativo y contó con el apoyo del Estado provincial, a través del Ministerio de la Producción. “El gobierno provincial nos acompañó, especialmente Ferrán desde el Ministerio de la Producción” (R., SO e integrante del CA).

En junio de 2015, con el entonces ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada en la planta, se produjo la reapertura del frigorífico cooperativo. Comenzaron a realizar servicio de faena de bovinos a usuarios con la tenencia precaria del inmueble mediante contrato de alquiler acordado con la jueza de la causa, quien, por otra parte, había declarado en quiebra a la firma antecesora en diciembre de 2013.

2.5. Grupo de trabajadores de Consommé

Consommé S.A., con domicilio legal en Capital Federal, inauguró, en 1997, la planta industrializadora láctea en Anguil^[8]. Fueron intensas las acciones realizadas por el Municipio para lograr la radicación de la firma en la localidad. El Estado provincial, a través del Banco de La Pampa, financió parte del emprendimiento, el que despertó gran expectativa en la comunidad. Su principal producto fue leche en polvo (Ottaviano, 2011)^[9].

Varios años después la firma experimentó inconvenientes. Desde diciembre de 2004, incumplió los pagos salariales y, en los primeros meses de 2005, cesó la actividad productiva. El 22 de marzo de 2005, la empresa despidió a la totalidad de trabajadores, un grupo con poca antigüedad en la planta, integrado por jóvenes. Algunos rondaban los 30 años y la mayoría apenas superaba los 20. Existía manifiesta precariedad laboral: muchos habían sido contratados como monotributistas^[10].

Inmediatamente, el grupo tomó la planta y, en un contexto de auge del movimiento en la Argentina, manifestó intención de recuperarla a través de una cooperativa de trabajo. Las autoridades de la Municipalidad de Anguil acompañaron el proceso desde sus primeros pasos.

La Intendencia de la localidad, conducida por la alianza Frente Alternativa Pampeana (FRAP), integrada por la Unión Cívica Radical (UCR) y otras fuerzas políticas, solicitó audiencia al Ministerio de la Producción provincial. “Allí manifestamos la decisión de los trabajadores de intentar recuperar la empresa a través de una cooperativa de trabajo. La respuesta fue que no acordaban con esa alternativa y que por lo tanto no la avalarían” (Élida Deanna, exviceintendenta de Anguil).

El 27 de marzo, una delegación del grupo en conflicto se reunió con algunos diputados provinciales del Partido Justicialista -integrantes del bloque oficialista- y con responsables de las Subsecretarías de Industria del Ministerio de la Producción, de Trabajo y de Cooperativas del Estado provincial. Horas más tarde, los trabajadores convocaron a asamblea popular frente a la planta. Recibieron el apoyo de gran parte de la comunidad. Participaron vecinas y vecinos de Anguil, funcionarios y funcionarias municipales, dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-La Pampa), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-La Pampa) , de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE) y algunos diputados y diputadas de la oposición provincial.

Los trabajadores redactaron una carta al Presidente de la Nación que el Intendente llevó en forma personal.

La respuesta fue la puesta a disposición de un equipo técnico del INAES por dos años, la disposición de un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación por el cual durante seis meses se financiaba con un subsidio por cada socio la posible cooperativa y la propuesta de abonar por adelantado la primera compra de partida de leche para el Estado Nacional desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Élida Deanna, exviceintendenta de Anguil).

En abril, se manifestaron a favor de la recuperación y la formación de una cooperativa de trabajo el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Coordinador Nacional de Empresas Autogestionadas de la CTA, quien además visitó al grupo en conflicto. Durante ese mes, a partir de gestiones de la Intendencia, una funcionaria de la Subsecretaría de Cooperativas mantuvo reunión con el grupo pre-cooperativo: “Quien participó por parte de la Subsecretaría planteó rápidamente: ‘¡No saben en la que se meten si quieren armar una cooperativa de trabajo!’. Así fue la primera intervención, a mi entender nefasta, porque varios trabajadores se desalentaron” (Élida Deanna, exviceintendenta de Anguil).

En esos días, en declaraciones a la prensa, el Subsecretario de Industria del Ministerio de la Producción del Estado provincial, Claudio Gordillo, en referencia a la intención de los trabajadores de recuperar la planta, afirmó: “No podemos ir más allá de la propiedad privada” (El Diario de La Pampa, 6/4/05, p. 2).

“Durante ese tiempo la Dirección de Relaciones Laborales empieza a llamarnos más…y empieza a dilatar más. Parecía que quería romper el núcleo de trabajadores, esa sensación te daba” (J., trabajador de Consommé). El 26 de abril, en audiencia en la Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia de La Pampa, se suscribió un acuerdo con representantes de la firma mediante el cual se reincorporaban veintitrés de los veintiséis trabajadores, se levantaba la toma, se reiniciaba la actividad productiva dentro de los siguientes 60 días. El acuerdo no fue respetado por la empresa, que luego volvió a despedir a cuatro trabajadores. No obstante, la Dirección de Relaciones Laborales del Estado provincial no denunció el incumplimiento del convenio.

La empresa no recuperó la actividad productiva. La planta permaneció abierta, sin suministro de electricidad y gas. El grupo de trabajadores solo desarrolló tareas de limpieza y mantenimiento. Pocas semanas después, en la primera quincena de julio, ante la falta de pago, los once trabajadores que quedaban en la empresa enviaron cartas documentos considerándose despedidos.

Desde esa fecha y hasta 2009, el establecimiento permaneció cerrado y sin cambios, en que fue vendido a la firma Colonia Lechera S.A., conformada por empresarios de Río Cuarto. A principios de 2012, comenzó a producir. Un tiempo después, a raíz de un litigio por incumplimiento del convenio de compra-venta, el anterior propietario, mediante acciones judiciales puso fuera de la planta a los empresarios compradores y a los trabajadores que intentaron resistir la medida. Desde esa fecha la planta permanece inactiva (Chicco, Ottaviano y Petrucci, 2013).

3. Algunas características de los procesos

Entre muchos otros, es posible trazar algunos análisis de estos procesos. Por un lado, se observa que los cuatro grupos que lograron consolidar y poner en marcha una organización estaban integrados por personas de edad levemente mayor al del promedio del conjunto de la clase trabajadora y con un importante nivel de antigüedad en la unidad productiva (Rebón y Saavedra, 2006). Estas condiciones se ligan con lo planteado por Fernández et al (2006), quienes sostienen que, en general, son grupos con conocimiento del oficio y, a su vez, convencidos de que es una especie de última oportunidad para no caer en la desocupación. El grupo de trabajadores de Consommé era muy joven. La mayoría rondaba los 20 años de edad.

Por otro lado, en gran parte de las experiencias de recuperaciones producidas en el país, la principal causa que inició o agudizó el conflicto fue el prolongado retraso en el pago salarial y la discontinuidad en la producción. Esta es una de las estrategias más habituales para enfrentar las crisis en las empresas de capital. Provoca lo que Rebón y Saavedra dieron en llamar indignación moral en los trabajadores y trabajadoras, pues perciben que no son responsables del incumplimiento de la relación laboral, especialmente, cuando se produce en un ambiente en el cual la función directiva del patrón se encuentra cuestionada o ausente (Rebón y Saavedra, 2006). Esta característica se verifica en todas las expresiones acontecidas en La Pampa.

Algunas investigaciones específicas (Rebón y Saavedra, 2006; Rebón, 2007) señalan que las estrategias de recuperación, en muchos casos, han contado con actores por fuera del grupo, a quienes denominan promotores y viabilizadores. Los primeros serían quienes sugirieron o acercaron la idea, alentaron al grupo a intentar los primeros pasos. Los segundos, quienes aportaron algún elemento o información preliminar sobre la estrategia a seguir. En algunos de los procesos descriptos, es posible identificar, con mayor nitidez, el desempeño de estos roles. En el caso de La Histórica, el Estado provincial a través de diferentes instancias y agencias, la Municipalidad de General Pico y la Seccional General Pico de la UOM pueden considerarse viabilizadores. El grupo también destaca el apoyo de la comunidad en los momentos más críticos. Respecto a Textil Pampeana, en ese rol puede inscribirse al Estado provincial, especialmente, a la Subsecretaría y Dirección de Cooperativas. Con relación a Frigorífico Uriburu, en una primera etapa, algunos frigoríficos recuperados de diferentes lugares del país brindaron información sobre los pasos a seguir y el Ministerio de la Producción de la provincia contribuyó, en el tramo final, con el grupo pre-cooperativo para concretar la apertura de la planta. La experiencia fallida de Consommé mostró a la Municipalidad de Anguil en el papel de organización y promoción del intento, como también el área de Empresas Autogestionadas de la CTA Nacional y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Como viabilizadores fue posible observar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), agencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A su vez, Rebón (2007) destaca que en la gran mayoría de las recuperaciones los sindicatos a los que pertenecen los grupos en conflicto han optado por la prescindencia, el no involucrarse en la estrategia, el actuar de modo ambiguo o con indiferencia, o por la oposición. En los casos de recuperaciones de empresas pampeanas únicamente observamos a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)-Seccional General Pico desplegar una acción distinta, de apoyo concreto, al ceder sus instalaciones para las asambleas previas y para la asamblea constitutiva de la Cooperativa La Histórica. Esta postura coincide con la que se verificó en varias recuperaciones en el mismo sindicato metalúrgico de Seccional Quilmes (Ruggeri, 2014a). En el proceso protagonizado por el grupo de trabajadores de Consommé, se observa nítidamente la prescindencia y no involucramiento con el intento del grupo de trabajadores, de parte del sindicato (Ottaviano, 2011).

3.1. Actores, instituciones y políticas públicas

El Estado no ha tenido una política pública específica para las empresas recuperadas. La ausencia de marco regulatorio ha creado un ambiente propicio para acciones no uniformes, voluntaristas, espasmódicas y contradictorias (Rebón y Saavedra, 2006; Ruggeri, 2009).

El análisis se complejiza porque es necesario observar las acciones (u omisiones) desarrolladas por cada uno de los tres poderes y también en los diferentes niveles de cada poder. Es decir, sin un marco normativo propio, en cada proceso de recuperación se ha dado, de alguna manera, un caso específico. En consecuencia, hay que distinguir cómo ha jugado cada organización estatal interviniente. La falta de regulaciones amplía la probabilidad de que el Estado tome decisiones políticas no unívocas, homogéneas ni permanentes (Oszlak y O´Donnell, 1984).

Con relación al Estado nacional, desde los inicios del movimiento de recuperaciones, es posible trazar diferencias a partir de la concepción de los distintos gobiernos. En los orígenes, en el marco de la crisis institucional, política y socio-económica, las experiencias desbordaron gobiernos profundamente deslegitimados. A partir de 2003, el nuevo gobierno, –encabezado por Néstor Kirchner como presidente y Daniel Scioli como vicepresidente, pertenecientes al Frente para la Victoria–, comenzó a plantear algunos instrumentos incipientes, tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Ruggeri, 2014a). En esta etapa, sin una política específica para el sector, podríamos afirmar que lo que más contribuyó a las empresas recuperadas fue el proceso sostenido de recuperación económica y crecimiento de los niveles de actividad y consumo (la inmensa mayoría de las organizaciones operan con el mercado interno), combinado con una política de no combatirlas.

En el plano nacional, entre otras cuantiosas tareas por afrontar, una necesaria sería el involucrar en las definiciones de política económica la presencia de las empresas recuperadas. Romper con perspectivas socioeconómicas afines al pensamiento neoliberal, que consideran que lo económico debe regirse por las leyes del mercado y que las experiencias de las empresas recuperadas y otras expresiones de la economía popular son materia de la política social. Significa desmontar que lo económico “opera necesariamente como un mecanismo natural, separable y efectivamente separado de la sociedad” (Coraggio, 2004, p. 209) y, en consecuencia, romper el modelo asistencialista, funcional a esa lógica de lo económico, “y pasar a la promoción firme, continuada y eficiente de un desarrollo sustentable y sostenible, integral e integrador” (Coraggio, 2004, p. 212). Esta mirada significaría, como plantea Coraggio, concebir la política pública social dentro de la política económica y constituirse como política socioeconómica.

En la provincia de La Pampa, el Estado no diseñó una política específica para acompañar procesos de recuperación. Y se verifican, en las distintas experiencias, acciones similares a las apuntadas a nivel nacional: carentes de uniformidad, voluntaristas, espasmódicas y contradictorias. Como señalábamos más arriba, por ejemplo, las máquinas de la empresa antecesora de la cooperativa textil ofrecidas en remate público fueron adquiridas por las trabajadoras y trabajadores, quienes reconocen haber recorrido distintas reparticiones para lograr ayuda económica. Posteriormente, el Estado provincial brindó ayuda para la compra del lugar físico (Norverto, 2011). El bien inmueble y el equipamiento ofrecido en remates públicos de la antecesora de la cooperativa La Histórica fueron adquiridos, dados en posesión por el Estado provincial y, posteriormente, cedidos por ley a la cooperativa metalúrgica. Sin embargo, la planta láctea de Anguil con todo su equipamiento permanece inactiva, entre otras cosas, porque el Estado consideró que no debía ir contra la propiedad privada.

Las recuperaciones que lograron ponerse en marcha y el intento fallido en Anguil optaron por constituirse como cooperativas de trabajo. Pero mientras el grupo de trabajo reconoce un rol activo por parte de la Subsecretaría de Cooperativas de la Provincia en las experiencias de La Histórica (Ananía, 2015) y Textil Pampeana (Norverto, 2011), en el caso de Consommé, fue lo opuesto (Ottaviano, 2011).

Similar conclusión se puede extraer si se compara la acción ejercida por el Ministerio de la Producción provincial en el proceso de Consommé con relación a la desarrollada por el mismo ministerio en el de Frigorífico Uriburu. A pesar de tratarse de una planta industrial cuya construcción fue financiada por el Banco de La Pampa^[11], más de 15 años transcurridos y aquel capital productivo inactivo sigue constituyendo una insólita y triste paradoja (Ottaviano, 2011).

La ausencia de una política pública institucionalizada frente a procesos de este tipo permite discrecionalidad del Estado frente a cada caso, con consecuencias políticas que pagan las víctimas centrales de los cierres de las empresas de capital, los grupos de trabajadores y trabajadoras, pues disminuye su poder para actuar y transformar determinadas estructuras sociales.

4. El regreso del neoliberalismo y su impacto en las empresas recuperadas

En diciembre de 2015, asumió la gestión del gobierno nacional la alianza Cambiemos –encabezada por la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti como presidente y vice–, opositora al signo político que gestionaba desde 2003. Ese cambio significó un punto de inflexión y una modificación abrupta en materia política, económica y social. El programa económico neoliberal implementado desde el inicio, afectó negativamente gran parte de la actividad productiva, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones autogestivas en general, y a las empresas recuperadas, en particular. La combinación de la caída del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación de la moneda –que genera, entre otras cosas, aumentos directos de precios de insumos importados y escalada inflacionaria–, las altas tasas de interés y el exorbitante incremento tarifario, plantearon un nuevo escenario con severas consecuencias para las diferentes unidades productivas (Ruggeri et al, 2016). Este proceso se profundizó a partir de 2018, al iniciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que creó condiciones capaces de reeditar un proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales, con previsibles consecuencias sobre la distribución del ingreso y la economía real (Basualdo, 2018).

La inmensa mayoría de las empresas recuperadas depende del mercado interno, por lo cual la contracción del consumo, combinada con la apertura importadora, incidió en forma directa el nivel de producción y ventas de las organizaciones. A su vez, el aumento tarifario las afectó en un doble sentido: incrementó costos que redujeron niveles de excedentes repartibles entre los grupos asociativos y profundizó la caída de la demanda como efecto del empobrecimiento de la población, el que se vio acelerado por el aumento de tasas de interés, inflación y desocupación.

El 80% de las empresas recuperadas rápidamente experimentó caída en la producción. Entre los sectores más afectados se encontraron las empresas metalúrgicas y textiles, pertenecientes además a rubros que reconocen mayor impacto negativo provocado por la importación. Con relación a los ingresos monetarios personales, el 42% de los trabajadores y trabajadoras reconoció percibir retiros de menor valor nominal mientras que el 32% reconoció percibir el mismo valor, lo cual significa, en un contexto inflacionario, una sensible caída para el 74% de la muestra (Ruggeri, 2017). La disminución de los retiros mensuales personales es consecuencia de la nueva estructura de ingresos y costos de las empresas. La aceptación de esta situación por parte de los diferentes grupos trabajadores, muestra cuál es el objetivo principal de este tipo de organizaciones: proteger la fuente de trabajo del colectivo.

No obstante, la caída en ciertos rubros fue tan profunda que la imposibilidad de ingresos provocó destrucción de puestos de trabajo en muchas unidades productivas (Ruggeri, 2017).

4.1. El proceso al interior de las empresas recuperadas pampeanas

A continuación, se describe la evolución de las empresas recuperadas pampeanas en esta etapa^[12]. Las cuatro organizaciones coinciden en destacar a las condiciones macroeconómicas y la política aplicada por el gobierno nacional en el período como las causas de las principales dificultades afrontadas.

4.1.1. Cooperativa de Trabajo La Histórica

Durante el período de mayor producción y ventas (2011 a 2014), la organización estaba integrada por cincuenta y cinco trabajadores y trabajadoras. En los años 2017-18, eran treinta y dos y en 2019, veintisiete, el mínimo histórico.

A pesar de las consecuencias provocadas por la inflación, los retiros mensuales se mantuvieron durante mucho tiempo en el mismo valor nominal y, a partir de 2018, aprobaron una reducción. Como compensación, resolvieron una reducción de la jornada de labor. “Actualmente estamos recibiendo un ingreso casi inferior a un haber jubilatorio” (M., SO e integrante del CA, julio-2019).

En la producción, el servicio eléctrico es el más relevante. El segundo es el gas. “En los dos hemos sufrido un aumento tarifario muy grande en este período” (J., SO e integrante del CA, julio-2019). Esto impacta en la estructura de costos y en la generación de excedentes, porque la organización decidió no trasladar la totalidad a precios. “Somos conscientes que estamos con los precios algo retrasados para intentar evitar perder más ventas” (J., SO e integrante del CA, julio-2019).

El nivel de actividad durante parte del período analizado, a través de la cantidad de kg producidos en igual mes de diferentes años: mayo 2015: 51.318 kg; mayo 2018: 33.632 kg; mayo 2019: 30.968 kg. “La caída de las ventas en estos años fue consecuencia de la baja sufrida por la actividad económica general y la apertura de las importaciones, provenientes de China, Brasil y Japón” (M., SO e integrante del CA, julio-2019).

4.1.2. Cooperativa Textil Pampeana

Llegaron a ser cuarenta y cinco trabajadoras en 2002. Desde fines de 2003 y por varios años, se estabilizaron en treinta asociadas. En 2015, veintiséis; en 2017, diecisiete; en 2018, quince; y, en julio de 2019, once asociadas. “Percibimos retornos bajos y en los últimos años, a pesar de que los precios suben, retiramos lo mismo. Esta es la principal causa de que algunas compañeras busquen otras alternativas” (A., asociada, julio-2019). Pocos meses antes dos asociadas dejaron de ir: “Estamos ganando mucho menos. Encima los clientes tardan en pagar, o sea que el retorno se cobra en cuotas durante el mes. Es muy difícil la situación para sostener la cooperativa” (N., asociada, julio-2019).

Históricamente, alrededor del 90% de la producción fue a fasón y la empresa tuvo un número reducido de clientes, de las cuales solo uno demandó producción en forma permanente desde 2003. Esta situación le provocó a la cooperativa absoluta dependencia. El problema fue mucho mayor a fines de 2017. “En los últimos meses de 2017 Pato Pampa dejó de enviarnos trabajo” (M., SO).

La disminución de la actividad, en el sector, fue provocada por la apertura importadora asociada a la caída del consumo interno en el país:

Es muy difícil competir con prendas importadas, eso siempre nos provoca daños. Más cuando baja la actividad general. Estamos trabajando muy por debajo de lo que es nuestra capacidad. Y no sabemos cómo resolver la falta de trabajo. Estamos bastante desesperanzadas, se nos está haciendo muy difícil. Encima nos llegan las boletas de luz, de gas, y con muchos aumentos. Se nos está poniendo cada vez más difícil (S., asociada de la cooperativa, julio-2019).

La producción minorista, a través de la marca propia, fue la única que se mantuvo relativamente constante durante 2017-18, pero siempre en niveles de incidencia muy bajos. “En lo que va del año fue prácticamente nula por la falta de fondos suficientes para la compra de insumos” (N., asociada de la cooperativa, julio-2019).

4.1.3. Trabajadores de Emisora Pampeana

El grupo fundador estuvo integrado por veintitrés asociados y asociadas. Alcanzó el máximo en 2013 con veintisiete; en 2017, fueron diecisiete; en 2018, dieciséis, número de trabajadores y trabajadoras que se mantenía en julio de 2019. Representa el mínimo histórico de la organización.

“Los retornos mensuales son bajos, están atrasados. Por eso la mayoría busca generar otros ingresos. Esto lleva a que la mayoría tampoco se involucre en los cuantiosos problemas que debemos afrontar como cooperativa” (G., SO e integrante del CA, julio-2019). Desde hace varios años esta situación fue problemática para la organización y se ha visto agudizada en los últimos años, en los que se verifica el alejamiento de varios asociados y asociadas.

La cooperativa ha sufrido históricamente inconvenientes para alcanzar suficientes ingresos publicitarios privados. “Esto, en un contexto de mayor competencia radial y fuerte caída de la actividad económica general, experimenta un sensible descenso en el último tiempo. Nos golpea duro” (D., SO, julio-2019).

El servicio de mayor incidencia en el costo de la actividad es el eléctrico. “En el período que va de 2016 a 2019 sufrimos un aumento tarifario del 900%. Eso daña los valores que podemos disponer para los retornos mensuales” (G., SO e integrante del CA).

En este contexto, al inicio de 2019 resolvieron reducir la jornada laboral de seis a cuatro horas, como forma de atenuar la caída de ingresos.

Pero esto, que es entendible, nos perjudica más como organización. Es más difícil involucrarse en la solución de los problemas en tan poco tiempo. Le ponemos menos cabeza a la cooperativa. Lo vivimos como un empleo en el que ficho, hago lo que debo hacer y me voy a otra actividad (D., SO).

Esta situación, de alguna manera, los ha llevado a una especie de encerrona, la que no es sencillo sortear. Menos horas de trabajo disminuye la posibilidad de producir contenidos propios y de buena calidad:

Hoy la producción de contenidos es realmente escasa, en comparación con otras épocas de la radio. Esto nos lleva a perder identidad. Y es un círculo vicioso: al haber poca gente, la producción es casi nula y se utilizan las mismas producciones para la radio AM y la FM. Y así el perfil de cada radio se pierde, los públicos también. El panorama no es alentador (D., SO).

4.1.4. Cooperativa Frigorífico Uriburu

Esta experiencia representa la situación más grave de las empresas recuperadas pampeanas. El grupo asociativo, integrado por treinta y cinco trabajadores y trabajadoras, cesó la actividad en abril de 2018. Los bajos ingresos mensuales durante los últimos meses disminuyeron casi un 50%. “Estábamos faenando menos del 40% de la capacidad instalada, y además con el aumento de tarifas más la caída de los precios de los sub-productos nos hizo insostenible la actividad” (B., SO e integrante del CA).

El principal componente de los sub-productos es el cuero. Desde el inicio del gobierno nacional asumido en diciembre de 2015, su precio comenzó a caer. “La apertura de importaciones de calzado y otros productos derivados del cuero resintió toda la actividad industrial en el sector. Esto generó la caída del precio del cuero” (B., SO e integrante del CA). La situación, en este mercado, resulta más compleja debido a que la demanda está integrada por pocas firmas, que definen una estructura denominada oligopsónica, en la que el poder es ejercido por un muy reducido número de demandantes que fijan condiciones. “La nueva situación no hizo más que agravar lo que ya venía pasando en el mercado del cuero. Siempre tuvimos que lidiar con las condiciones que nos imponían los compradores. En una situación así, fue mucho mayor” (B., SO e integrante del CA). Esto se produce, además, en un contexto mundial en el que la demanda de cuero se vio afectada por el reemplazo de otros productos.

La cooperativa brindaba servicio de faena a un grupo de usuarios. “En promedio, durante el tiempo operado trabajábamos con alrededor de diez carnicerías” (B., SO e integrante del CA).

Simultáneamente, la estructura de costos experimentó un incremento exorbitante.

A lo largo de los meses, en este período sufrimos un aumento muy grande en los costos de la planta. La tarifa de gas nos aumentó aproximadamente el 700%, la de electricidad el 1000% y el precio del amoníaco, que es un material crítico en la actividad, el 500% (B., SO e integrante del CA).

Con este nuevo esquema era imprescindible, para alcanzar el equilibrio, una faena mensual cuatro veces mayor a la que venían realizando. Pero el consumo interno de carne, en el período, continuó en caída. “Mínimo eran ochocientos, mil animales por semana los que necesitábamos, y estábamos en doscientos cincuenta” (B., SO e integrante del CA).

En ese panorama, el Estado nacional modificó requisitos de innovación tecnológica a los frigoríficos que demandaban una cuantiosa inversión a la cooperativa:

Nos dieron un plazo de tres meses para poner cámaras en las balanzas y en las entradas de las puertas de las cámaras. Estamos hablando de millones de pesos. Tiramos los números sobre la mesa… El gobierno provincial no nos atendía. No nos atendía y teníamos plazo hasta marzo de 2018: o innovábamos o directamente no podíamos faenar (B., SO e integrante del CA).

Y esta parte final del relato del trabajador es clave. El mismo Estado que, a través del Ministerio de la Producción, apuntaló la puesta en funcionamiento de la cooperativa, no los escuchó. Frente a esta situación, a pesar de los enormes esfuerzos individuales y colectivos realizados por el grupo asociativo, en abril de 2018, la cooperativa de trabajo Frigorífico Uriburu cesó la actividad.

5. Algunas reflexiones

El fenómeno de las empresas recuperadas es uno de los emergentes, surgido del seno mismo del mundo del trabajo, en su lucha por evitar las consecuencias que impuso el modelo neoliberal, en sus diversas versiones. Desde sus orígenes, se trazó como objetivo sostener las fuentes de trabajo. Su viabilidad y su lógica no están fundadas en la rentabilidad o la maximización de la tasa de ganancia, como sí ocurre con las empresas de capital, sino en la eficacia para lograr proteger puestos de trabajo.

Las expresiones que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa son representativas de diferentes experiencias, lugares de pertenencia y épocas de inicio del proceso autogestivo. Las actividades de las cuatro que lograron poner en marcha la organización son también diferentes. Pero todas se inscriben como parte de un movimiento que no ha conocido etapas y caminos sencillos.

El Estado, a través de los diferentes gobiernos, no ha tenido una política pública capaz de atender la demanda de las experiencias de recuperaciones, como señalábamos más arriba. Esta característica, en la provincia de La Pampa, se expresó en acciones no uniformes y, a veces, contradictorias. Los grupos de trabajadores y trabajadoras que afrontan estos procesos atraviesan el duro trance de sentirse expulsados de su propia condición de ser. Es un mundo que se desfonda. Y la inmensa mayoría de las veces, de modo abrupto. En circunstancias particularmente cruciales, lidiar con integrantes de diferentes organismos estatales, tratar de remover escollos, trajinar pasillos y oficinas con resultado incierto, es muy difícil y complejo. Pero también es complejo que los logros alcanzados, en esas gestiones, operen en los grupos trabajadores como resultado de favores políticos, que los asuma como una especie de deudores frente a quien dio determinada respuesta.

Ante el abandono, fraude, severos incumplimientos y/o cierres de las empresas de capital, contar con normativa capaz de dar certidumbre y cumplimiento de derechos a los grupos trabajadores, es fundamental. Como también lo es que el Estado acompañe de modo más activo a las empresas recuperadas, cuando ya están en marcha. En ese aspecto, hay mucho por hacer y en diferentes niveles: municipal, provincial y nacional. En el plano municipal, dependerá de cada lugar y cada actividad. En la jurisdicción provincial, un primer paso, necesario para el conjunto de las cooperativas de trabajo, sería una gestión de acompañamiento mucho más activa por parte de la Subsecretaría de Cooperativas, capaz de instrumentar más a los grupos de trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a las lógicas hostiles del mercado. En el plano nacional, entre innumerables tareas por afrontar, una inmediata sería involucrar, en las definiciones de política económica, la presencia de las empresas recuperadas. En síntesis, se requiere romper con perspectivas socioeconómicas afines al pensamiento neoliberal, que consideran que lo económico debe regirse por las leyes del mercado.

Finalmente, el nuevo ensayo neoliberal en la Argentina, puesto en marcha a partir de diciembre de 2015, evidenció los graves inconvenientes provocados en el mundo del trabajo y en las empresas recuperadas en particular. Las cuatro unidades productivas recuperadas en La Pampa sufrieron, durante esta etapa, similares problemas que las del movimiento a nivel nacional, con pérdidas de puestos de trabajo e ingresos para el conjunto, más el cierre definitivo de una de las plantas.

A fines de 2019 se produjo el cambio de gobierno a nivel nacional. Triunfó en las elecciones la fuerza opositora Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Al momento de elaborar el presente escrito, en el marco de la pandemia como contexto inédito, con severas consecuencias negativas en lo socioeconómico, las organizaciones no han logrado revertir la crítica situación en la que se encontraban. Las tres han sufrido, en esta coyuntura, más destrucción de puestos de trabajo: La Histórica cuenta con veinticinco integrantes, Emisora Pampeana con catorce y Textil Pampeana con seis asociadas.

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