Alcances y desafíos desde un enfoque realista

Cristian D. Reyes

Introducción

La importancia estratégica de los mares encuentra sentido desde su concepción como espacio común en disputa. La potencialidad de sus recursos en una coyuntura signada por la escasez y la falta de insumos, provocadas por un marcado deterioro medioambiental, el auge de conflictos armados de índole intra e interestatal y los desplazamientos forzados, que desembocan en crisis humanitarias y alimentarias, realza aún más su valor, potenciando una carrera tan furtiva como expansionista de los actores internacionales en pos de proyectar una dosis de poder relativo que les permita dominar áreas geoestratégicas del globo.

A partir de este panorama de proporciones realistas, en donde el pesimismo de la naturaleza humana lleva a la competencia en un sistema anárquico, carente de una autoridad ejecutiva que dictamine, contenga o castigue comportamientos lesivos defendiendo a ultranza principios del derecho internacional, los Estados actúan desde las concepciones más racionales del “ser” en un orden pragmático factual, dejando de lado premisas idealistas del “deber ser” fundadas en una armonía de corte institucional liberal.

Desde este enfoque, solo las potencias con un caudal de recursos duros proyectables y una inversión en defensa sostenida pueden delimitar una política de prestigio basada en el control de los océanos y pasos internacionales como factor de interés nacional que garantice no solo el suministro, sino también el dominio de zonas geográficas ricas en recursos naturales esenciales para la subsistencia.

En este orden de análisis, la geopolítica de los mares también se ve robustecida por la trascendencia estratégica de las rutas para el intercambio comercial y las líneas de comunicación marítima, una característica sustancial del espacio marino que imprime rasgos de apertura continental para cualquier actor que intente proyectar poder nacional en un tablero de disputa permanente. En este sentido, la fuerza naval adquiere un rol troncal en el aseguramiento del espacio, no solo como un medio para consolidar presencia y control, sino como capacidad material de expansión para la proyección de recursos militares a tierra.

El estudio del poder naval como táctica de contención y concentración del espacio marítimo fue abordado por el contralmirante Alfred Thayer Mahan, quien fuera el profeta de la marina estadounidense. Su célebre libro, La influencia del poder naval en la historia 1660-1783, configuró los lineamientos de comportamiento que una nación como Estados Unidos debía tener en el orden mundial para alcanzar sus imperativos estratégicos. En este plano, Mahan reconocía tres conceptos geopolíticos que se debían forjar para lograr un dominio de los mares sobre la base de una acumulación de poder nacional y economía: la dotación de una flota para controlar el entorno cercano, una presencia naval en aguas más lejanas y el dominio tanto de mercados como de puertos de apoyo (Aznar Fernández Montesinos y González Martín, 2013: 345).

La doctrina implementada por Mahan supuso un orden de competencia intrínseco a la dominación geopolítica, en donde la demostración de fuerzas materiales y simbólicas coadyuva a la concentración de poder. Desde este enfoque, el poder relativo a los ojos de otros actores constituye una condición sine qua non para el prisma realista, ya que, desde un punto de vista coercitivo, el poder es la capacidad que tiene el actor A para hacer que el actor B haga lo que A quiere, aunque B no quiera (Dahl, 1957: 201, en Jordán, 2022). En este marco, y de manera absoluta, el poder puede verse como la cantidad de recursos materiales que posee un Estado (medido en indicadores de PIB, demografía, capacidades militares, capacidad de extracción, gestión de recursos, etc.), o como poder relativo, al comparar los recursos de poder con los de otros Estados (ibid.).

Esta identificación del poder como elemento basal de la seguridad nacional también supone la maximización de recursos estatales para asegurar la supervivencia en un estado de naturaleza conflictivo, en donde el mecanismo de autoayuda se impone como leitmotiv en la concepción realista clásica, siendo la lucha por el poder un objetivo central. En este sentido, y siguiendo a Morgenthau (1986: 41, en Salimena, 2021: 135), “como toda política, la política internacional implica una lucha por el poder. No importa cuáles sean los fines últimos de la política internacional: el poder será el objetivo inmediato”.

Las variables que supone la concentración y acumulación de poder, como característica de enfoque multidimensional aplicable a distintos factores, lleva a los Estados a procurar un equilibrio o balance de poder que pone en tensión la configuración del statu quo. Para Morgenthau (1986: 210, en Salimena, 2021: 136), “las aspiraciones de poder de varias naciones, cada una de ellas tratando de mantener o quebrar el statu quo, llevan necesariamente a una configuración de poder que se denomina el equilibro de poder y a las políticas que procuran preservarlo”.

En este aspecto, el equilibrio de poder subsume categorías que pueden identificarse en tres procesos: incertidumbre, respecto a la probabilidad o no de calcular los recursos de poder de otros actores; irrealidad, referida al incremento de poder ante la dificultad de calcularlo para mantener una mínima capacidad de seguridad y márgenes mínimos de error; e insuficiencia, como resultado de la incertidumbre y la irrealidad, dado que el equilibrio de poder no presupone un orden pacífico (Salimena, 2021: 137).

Así como la teoría clásica del realismo le imprime al poder una característica identitaria en la conformación del Estado como sujeto esencial, establecida en la naturaleza egoísta de los seres humanos, que tienden al conflicto permanente y a la competencia asidua por la supervivencia en un clima anárquico^[1], otra rama del realismo apunta a la estructura del sistema internacional como factor determinante del comportamiento estatal en la arena global. En este aspecto, la corriente neorrealista o realismo estructural de Kenneth Waltz nos aporta otro elemento sustancial al momento de configurar las acciones u omisiones de un Estado en torno a su esfera decisional.

El paradigma de Waltz^[2] pone especial énfasis en la estructura anárquica del sistema como condicionante de los conflictos armados a escala global y las disputas por el balance de poder, dejando de lado el argumento más clásico del estado de naturaleza de los Estados en función de los individuos. Para el autor, la fuerza que genera esta dinámica estructural adquiere tal magnitud que el comportamiento de las unidades (los Estados) queda supeditado fundamentalmente al sistema. En este punto, y siguiendo a Witker (2009: 25),

la política exterior de un país puede cambiar de orientación, de énfasis, de acentos, pero el resultado final no dependerá de los deseos de los tomadores (domésticos) de decisión, sino básicamente de los atributos del Estado en relación al ambiente donde se desenvuelven. Es decir, cómo su conducta es percibida por los otros actores y cómo ésta engarza con el contexto histórico cultural en que tiene lugar. El ambiente anárquico es el resultado de un conjunto casi infinito de acciones y contra acciones, de percepciones y capacidades para imponer planes, deseos e iniciativas.

En este abordaje de praxis waltzeana, en donde el cálculo de confrontación dirime niveles de costos y beneficios, Chaya (2021: 452-453) asevera:

En un sistema que es, por naturaleza, anárquico, no existe la armonía, por tanto, cualquier Estado que desee alcanzar determinados objetivos deberá evaluar si estos son lo suficientemente valiosos como para sacrificar la paz. En cuanto cada Estado es soberano, es decir, último juez en su propia causa, que es la determinación de sus objetivos nacionales, los gobiernos deben estar listos para emplearla fuerza o pagar el costo de su debilidad, porque el conflicto es una variable omnipresente en la vida de las naciones. En conclusión, entre Estados independientes, la guerra es inevitable; aunque ello no elimina la búsqueda de consensos, al menos temporales, a través de la cooperación. Esos acuerdos, invariablemente, estarán teñidos, si no de guerra, por lo menos de la amenaza de guerra. Hay una constante posibilidad de conflicto siempre que haya dos Estados en la búsqueda de promover sus intereses sin que haya una autoridad por sobre ellos que los regule a la cual el más débil pueda acudir para protección.

En este punto, podemos ver cómo la estructura influencia la conducta de los Estados a través de los mecanismos de socialización y competencia que operan en una lógica funcional. De esta manera, los sistemas competitivos actúan en la lógica de racionalidad de los competidores más exitosos, siendo la socialización un punto de la competencia en imitación de prácticas efectivas (Waltz, 1979: 74-77, en Vargas Hernández, 2009: 121). La racionalidad de Waltz no es de medios y fines, sino de resultados. Y se logra a través del funcionalismo y del filtro del sistema (ibid.).

Para el padre del neorrealismo, el sistema internacional como estructura política está compuesto por unidades que interactúan entre sí, en el cual confluyen un principio de ordenación (sistema anárquico o jerárquico), el carácter de las unidades (funcionalmente similares o diferenciadas) y la distribución de capacidades. Al aplicarlos al sistema internacional, los dos primeros resultan ser constantes; es decir, mientras que la estructura es anárquica, las unidades son funcionalmente similares (Waltz, 2010: 88-99, en Jordán, 2022).

En este orden de prelación, la inexistencia de una autoridad internacional da lugar a la anarquía, y esta, unida a la búsqueda egoísta del interés y al principio de autoayuda, lleva a los Estados a comportarse como unidades funcionalmente similares. De esta manera, ningún Estado quiere ser dependiente de los demás y por ello evita la especialización de funciones. Como consecuencia, el único aspecto del sistema que varía es la distribución de capacidades materiales, tanto actuales como potenciales. Según Waltz, si bien el poder de los Estados puede medirse en esferas económicas, militares, políticas y demográficas, lo determinante es cómo los Estados combinan recursos para competir eficazmente en el sistema internacional y ocupar una posición predominante (ibid.).

El abordaje de estas teorías realistas nos permite trasladar el enfoque de análisis a lo fáctico, ya que, desde la órbita internacional, la geopolítica marítima representa un juego de intereses a escala global, en donde se vislumbran comportamientos estatales propios de las doctrinas referidas; tanto la competencia, como la supervivencia, el equilibrio de poder, el interés nacional y la lucha por el poder como basamento esencial nos permiten reconfigurar un espacio común de dominio a los efectos de poner en relieve una escalada de confrontaciones en regiones de alto contenido estratégico.

La confluencia de nódulos polimetálicos en las profundidades oceánicas, las grandes reservas de petróleo y gas natural, la convergencia de recursos naturales e ictícolas, y la apertura continental que prevén las vías de comunicación marítima en zonas como el mar de China Meridional, en el sudeste asiático, o el mar Egeo, en el Mediterráneo oriental, reflejan la trascendencia geoestratégica y geoeconómica de espacios comunes que derivan en conflictos endémicos, lo que lleva a la implementación de políticas de orden disuasorio, en donde los actores con poder de proyección maximizan sus recursos duros produciendo una cambio sistémico que provoca la inexorable alteración y modificación del statu quo.

Desde aquí, disposiciones normativas del derecho del mar tratan de amortizar tensiones entre los actores que luchan por un expansionismo y dominio, a priori, regional, y aquellos que, con menos recursos disponibles, buscan la conservación de sus legítimos intereses marítimos. Los alcances logrados en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), llevada a cabo en Montego Bay (Jamaica)^[3], que permitieron inaugurar los cimientos de una diplomacia multilateral en clara protección de recursos naturales vernáculos y con el fin de la preservación de los fondos marinos oceánicos, marcaron un cambio de paradigma en las relaciones internacionales desde los albores del modelo institucional.

Sin embargo, el comportamiento de potencias regionales y emergentes en una coyuntura signada por la cosmovisión del sistema internacional respecto a mares y océanos como reductos de vital interés, tanto para la accesibilidad de rutas comerciales y presencia naval, como para la supervivencia ante el agotamiento de recursos esenciales, nos permite bosquejar un estado de cuestión por demás conflictivo y en permanente disputa, en donde los actores con mayor potencial militar, tecnológico y económico trazan los lineamientos de un nuevo orden mundial del mar, condicionando en gran medida las disposiciones codificadas en Montego Bay.

Ante esto, y en relación con la estructura del sistema internacional, como condicionante de comportamientos en un orden anárquico que busca la preeminencia de actores con alta dosis de poder absoluto proyectable, encontramos otro basamento teórico desde el enfoque realista que nos da marco para sustentar la iniciativa competitiva de las potencias regionales y emergentes en la búsqueda de la influencia externa. En este sentido, la corriente del realismo ofensivo elaborada por John Mearsheimer (2003) con su obra The Tragedy of Great Power Politics nos aporta características esenciales de la maximización de poder en torno al dominio, la seguridad y la desconfianza que generan las presiones sistémicas.

Según Mearsheimer (2003: 30-32, en Jordán, 2013: 28), hay factores que explican la orientación ofensiva de las grandes potencias:

El incremento de poder de una gran potencia suscita miedo e incertidumbre en el resto. Los Estados se fijan en las capacidades materiales de los demás, no solo en sus intenciones, ya que éstas, además de ser difíciles de escrutar, pueden variar con el tiempo. Una gran potencia no debe descartar por completo el enfrentamiento futuro con otra gran potencia.

Por lo tanto, para una gran potencia, el único modo de garantizar su seguridad consiste en acumular cuotas de poder mayores al resto, cuyo resultado sería este:

… una competencia interminable, ya que, aunque una gran potencia sea objetivamente superior a las demás, nunca sabe con certeza si es suficientemente poderosa en el presente o si lo continuará siendo en el futuro. La percepción de inseguridad y la incertidumbre alimentan el afán insaciable de poder (ibid.).

Para este trabajo, y en relación con la posición determinante que imprime la geografía en la acción exterior de los Estados dentro un escenario concomitante, resulta sustancial el abordaje estratégico del mar y su afluencia; con base en ello, ahondaremos en los casos de China y Turquía, teniendo en cuenta la importancia geopolítica tanto del mar Meridional como del mar Egeo.

China y el mar Meridional: expansión y control del entorno cercano

Al observar la coyuntura que rodea las aguas del mar Meridional, claramente se vislumbra un orden anárquico que pendula entre la inestabilidad y el conflicto interestatal. Una zona geoestratégica por su riqueza marítima, esencial para las rutas de navegación por la cercanía de estrechos internacionales y neurálgica para el intercambio comercial en virtud de la densidad de su tráfico^[4], confluye entre demandas de soberanía y ejercicios militares de alcance disuasorio, enfrentando a Estados ribereños y archipelágicos contra la potencia regional.

Ubicado en el océano Pacífico, más precisamente en el sudeste asiático y con una profundidad de 3.500.000 kilómetros cuadrados, el mar de China Meridional actualmente es disputado por seis países: China, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunéi y Taiwán. Las controversias en relación con la soberanía territorial y los derechos marítimos encuentran a China como el actor más preponderante en la disputa: por un lado, se enfrenta a Taiwán y Vietnam por el control total de las islas Paracelso; y, por el otro, mantiene un litigio con Filipinas, Malasia, Brunéi y Vietnam por la totalidad de las islas Spratly^[5].

La importancia de ambos archipiélagos radica principalmente en la abundancia de recursos energéticos, las grandes reservas de hidrocarburos y la accesibilidad de las rutas marítimas para conectar África, Europa y el este de Asia. En este sentido, y en palabras de Rubiolo (2016: 54):

Los principales recursos de la zona son los hidrocarburos y las reservas pesqueras, que proveen de alimento a poblaciones de la región. En cuanto a los recursos energéticos, se estima que las aguas del Mar de China Meridional contienen 7 mil millones de barriles en reservas de petróleo y un estimado de 900 billones de pies cúbicos de gas natural. Más allá de la relevancia de estas aguas por sus reservas naturales, cuyo potencial puede significar una ventaja estratégica de suma importancia para quienes logren explotarlas, en la actualidad son las rutas marítimas que cruzan la zona en conflicto el eje de mayor preocupación. Esta región es la segunda ruta comercial marítima más importante del mundo por el flujo de bienes que la atraviesan con destino a las mayores economías asiáticas. A través de las rutas que atraviesan el Mar de China Meridional, Corea del Sur obtiene el 65% del petróleo que importa del mundo, Japón y Taiwán obtienen el 60% y China el 80% del total de su abastecimiento. De allí que el control del territorio que atraviesan estas vías sea considerado de interés nacional para el gobierno chino y que su reclamo se extienda al 90% del territorio marítimo.

Para la República Popular China, el control de la zona geográfica forma parte de sus imperativos estratégicos como elemento constitutivo del interés nacional, en donde el expansionismo se configura bajo el mandato de una diplomacia agresiva en torno a la demostración irrestricta de recursos duros. Según López Garay (2021: 169-170), el conflicto tiene tres factores:

En primer lugar, la presencia de China, que posee líneas de costa en ambos mares, un país desestabilizador y expansionista, dado su comportamiento agresivo, que incluye el armamento de numerosas islas de la región, el reclamo de soberanía más allá de la Plataforma Continental y la aplicación de una política económica depredadora que desgasta a los países vecinos. En segundo lugar, la peculiar situación jurídica de la isla de Taiwán ‒no reconocida como Estado soberano por ningún país de Asia‒. Y, por último, la multitud de islas, islotes, arrecifes, bancos de arena ‒y las recientemente islas artificiales construidas en la región‒ en los que podrían localizarse yacimientos de hidrocarburos.

Como argumento para el reclamo del espacio marítimo, el gigante asiático alega vínculos históricos, políticos, geográficos y jurídicos con la región. Desde el punto de vista histórico y geográfico, China sostiene que su acercamiento a las islas condice tanto con el período de los Tres Reinos^[6], como con las expediciones de la Dinastía Han, en el 110 d. C., y de la Dinastía Ming, entre 1403 y 1433 d. C., las cuales se asentarían en el patrimonio pesquero y los derechos de navegación, explotación y exploración de recursos naturales.

Durante el siglo xx, y ante la posible ocupación de los archipiélagos, el gobierno chino presentó sus primeras reclamaciones desde un enfoque jurídico. Siguiendo a Rubiolo (2016: 52):

El gobierno de la República de China sentó las primeras bases de sus reclamos cuando protestó frente a intrusiones externas en las islas y la toma de posesión francesa en 1933 y japonesa en 1939, dándoles a sus reivindicaciones sustento legal. Posteriormente, con el objetivo de fijar claramente los límites del país, el gobierno chino publicó por primera vez un mapa donde se incluían las islas en disputa del Mar de China Meridional. En este mapa, que data de 1948, se da a conocer por primera vez la “línea de nueve puntos” (nine-dashed line o U-line) que aún hoy se constituye en el límite territorial que reivindica el gobierno chino.

La denominada “línea de nueve puntos” o “de nueve guiones”^[7] delimita la reivindicación de China sobre un área que cubre más del 90 % de las aguas y las configuraciones marítimas en el mar Meridional^[8]. El desequilibrio que esto supone pone en riesgo no solo las rutas de navegación para el comercio internacional, sino también las jurisdicciones y millas soberanas del resto de los Estados ribereños codificadas en Montego Bay. Dice López Garay (2021: 190-191):

La reclamación que contiene las aguas contenidas bajo la “línea de nueve puntos” otorgaría a China el derecho de explotación del subsuelo, construcción de islas y pesca más allá de las 200 MN y hasta las 1600 MN hacia el sur de la costa china. Mientras que la creación de la Zona Económica Exclusiva (hasta un máximo de 200 millas) se acordó como una solución de compromiso que debía establecerse de forma deliberada para alcanzar un equilibrio entre países ribereños, a la vez que garantizase la protección del mar, y la libertad de navegación y sobrevuelo para fines militares, desde el punto de vista geopolítico, la soberanía de las aguas de la “línea de nueve puntos” concedería a China la supremacía militar y económica en el mar Meridional, dejando al resto de naciones en una clara posición de desventaja táctica, que les relegase a una dependencia energética de por vida al gigante asiático, sin respetar estos principios fundamentales.

Partiendo del enfoque realista que traza nuestro análisis, claramente observamos una asimetría de poder en relación con la capacidad de disuasión y recursos militares que beneficia a la República Popular China respecto al resto de los Estados ribereños. El sostenido crecimiento de su economía, sumado a un incremento en el gasto de defensa, ha hecho del país asiático una potencia regional con atributos hegemónicos^[9], lo cual altera y condiciona el nivel de confrontación por la soberanía marítima.

En este sentido, y con base en el ranking elaborado por el portal Global Firepower (2022), en materia de capacidades militares, poder de fuego, logística, tecnología y presupuesto, la República Popular China se encuentra en el puesto 3, con una puntuación PowerIndex^[10] de 0.0511, sobre un total de 142 países analizados^[11]. Esta maximización de poder por parte del gigante asiático permite vislumbrar un potencial naval altamente agresivo en el mar Meridional, consolidando una supremacía favorable a sus imperativos estratégicos en el enclave marítimo del océano Pacífico^[12].

Las características que presenta el expansionismo chino permiten arribar a la clasificación de gran potencia revisionista (Mearsheimer, 2003: 5, en Jordán, 2013: 27), por la capacidad de aumentar su poder duro de manera sofisticada y desafiar el orden establecido por la gran potencia mundial. En este caso, el plan naval de China no solo supone alterar el statu quo del mar Meridional, sino también modificar los parámetros impuestos por Estados Unidos en la región en clara muestra de afectación al balance de poder, condicionando los comportamientos que subyacen en la estructura^[13].

Para este fin, el gigante asiático dispone de un campo estratégico en clave realista que intenta delimitar la proyección de su poder relativo en tres misiones claves: “mantener al enemigo fuera de los límites y resistir toda agresión desde el mar; proteger su soberanía territorial; y salvaguardar la unidad y los derechos marítimos nacionales” (Altieri, 2018: 205). De esta manera, Pekín intentará ser un nuevo garante en la zona mediante la implementación de recursos militares, por un lado, para socavar y deslegitimar el reclamo de los Estados ribereños en las aguas compartidas, y, por el otro, para atenuar el acercamiento de Estados Unidos a su entorno más próximo^[14].

A través de un poderío económico y militar en constante ascenso, China demuestra la fragilidad de las leyes internacionales ante los reclamos soberanos de Estados ribereños en el mar Meridional, los cuales ven solapadas tanto sus aguas interiores como el mar territorial y sus zonas económicas exclusivas, en rededor de comportamientos que incumplen la delimitación y demarcación de derechos marítimos consagrados en la Convención de Jamaica. Los fallos judiciales en contra de sus aspiraciones expansionistas sobre territorio filipino dan cuenta de ello^[15].

Mientras la estructura en el mar de la China Meridional siga siendo anárquica y la distribución de poder favorable a la potencia regional, la estructura justificará el comportamiento del más fuerte en detrimento de aquellos que solo intentan conservar la soberanía marítima. En este sentido, Pekín tratará de asestar un golpe de timón al orden regional para consolidar su hegemonía y así poder enfrentar al orden mundial establecido por Estados Unidos en una lucha vis-a-vis por la supremacía del sistema internacional.

Turquía y el mar Egeo: demostraciones de fuerza, prospección y soberanía marítima

En el Mediterráneo oriental, existe una disputa añeja por la delimitación de los espacios marítimos que enfrenta a Turquía, como potencia media en constante ascenso, contra Grecia y Chipre. Los conflictos desatados en la región circundante al mar Egeo tienen una raigambre tanto histórica como geográfica, transversal a la religión e ideología de los actores implicados. Y, por si fuera poco, los últimos hallazgos en materia energética, relacionados con la riqueza de los suelos marinos, han posicionado a este sector geográfico como uno de los más estratégicos del globo, de manera que dio lugar a una competencia por la proyección de poder que desemboca inexorablemente en un contexto de proporciones anárquicas.

En este entorno de confrontación sistémica por el control de rutas marítimas estratégicas y por la explotación de recursos naturales, confluyen intereses nacionales de diverso sesgo idiosincrático, el cual se solapa con las demarcaciones que regula la CONVEMAR, dando lugar a acuerdos bilaterales y decisiones unilaterales que ponen en jaque el marco jurídico resultante de la diplomacia multilateral.

Turquía, por su parte, con una clara determinación hegemónica sobre la región, impulsa una competencia que combina recursos duros e imperativos geopolíticos de dominación en áreas de influencia, posicionándose como una potencia revisionista en la cuenca del Mediterráneo oriental en clara disrupción del orden regulatorio, al no ser signataria de la Convención de Montego Bay. En tanto, Grecia y Chipre auspician un statu quo en el orden regional respaldado por la Unión Europea, teniendo como principio rector el derecho del mar, al ser actores signatarios y ratificantes.

El descubrimiento de enormes yacimientos de hidrocarburos en la costa de Chipre^[16], si bien implica un desarrollo sustancial para la seguridad energética de la región, también alteró la paz, acrecentando las disputas por el alcance y la extensión del mar territorial, los derechos de exploración y explotación de los recursos pertenecientes a las zonas económicas exclusivas, y la proyección de la plataforma continental. En este sentido, el histórico enfrentamiento entre Turquía y Grecia por la delimitación del espacio marítimo en un contexto repleto de islas e islotes entró en auge por las diferencias que acarrea el vínculo interestatal que ambos tienen con la nación chipriota^[17].

Los enfrentamientos más crudos entre helenos y turcos se remontan al año 1974, tras una intentona de golpe de Estado por parte del gobierno griego, que pretendía anexar Chipre a su cadena de islas en el Mediterráneo, circunstancia que motivó una intervención militar del gobierno turco en el norte de la isla, lo cual provocó una ruptura de la integridad territorial y un desmembramiento de las comunidades, las cuales quedaron divididas bajo una zona desmilitarizada administrada por la ONU.

De esta manera, la isla quedó fragmentada en dos partes: al norte se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, administrada por Turquía y sin reconocimiento de Naciones Unidas; y al sur, quedó establecida la República de Chipre, de mayoría griega, bajo tutela de la Unión Europea, y reconocida por la organización de carácter universal^[18].

Desde entonces, los enfrentamientos fueron in crescendo y alcanzaron niveles de tensión que pusieron en jaque a la seguridad marítima en el corredor estratégico del Mediterráneo oriental que se conecta con el mar Egeo. Con base en esto, y en línea con Bonavita (2019: 520):

Chipre desempeña un papel vital como vector estratégico entre el este y el oeste, especialmente, podríamos añadir, desde la construcción del canal de Suez en 1869. Tras este punto de inflexión, se renovó el papel geopolítico de Chipre como base natural en el Mediterráneo oriental. El control de la isla permite una supervisión directa de las rutas comerciales estratégicas entre Europa y Asia, que pasan por debajo de Suez, así como una influencia directa sobre la costa de Oriente Medio.

Como potencia media en ascenso, Turquía, de la mano de Erdogan, ha implementado una política exterior más allá de sus fronteras, teniendo en cuenta la relevancia del mar Egeo y las ventajas de la prospección. Entre un expansionismo más ambicioso y una competencia más asertiva, de claro corte nacionalista, el interés doméstico turco reúne características de orden realista, en donde la estructura regional, imbuida por el equilibro de fuerzas, condiciona el comportamiento y desata una lucha por la proyección de poder relativo en las fronteras marítimas.

Es en este escenario donde Ankara se demuestra como un actor de tendencia disuasoria por las diferencias que sostiene respecto a la explotación de la riqueza en el lecho marino. Siguiendo a Bonavita (2019: 527):

Estratégicamente, el núcleo del enfrentamiento del Egeo puede dividirse en dos elementos principales: el primero es la disputa sobre la soberanía de las islas e islotes, su estatuto militar y la aspiración turca de obtener un acceso seguro al mar Egeo; el segundo elemento es el uso económico de los recursos naturales depositados en la plataforma continental del mar Egeo, la disputa sobre la extensión de las aguas territoriales, los derechos de extracción de los recursos naturales submarinos y los consiguientes aspectos jurídicos de esta cuestión.

Basados en el interés nacional y en proyectar cuotas de poder sobre la zona estratégica, Turquía, que solo reconoce a la República Turca del Norte de Chipre y desconoce al resto de la isla, se embarcó en una diplomacia agresiva con el propósito de reivindicar los derechos de la comunidad turcochipriota en la exploración de hidrocarburos, condenando las acciones de la República de Chipre –grecochipriotas–, con la cual no tiene lazos diplomáticos.

Como primera muestra de su expansión, en 2019 Ankara envió dos buques de perforación y exploración sísmica a la costa norte de Chipre, lo que generó el repudio tanto de la nación insular como de Grecia y la Unión Europea, que consideraron ilegal el accionar turco al reivindicar la zona norte como parte integrante de la República de Chipre, sosteniendo que las aguas que bañan sus costas forman parte de la zona económica exclusiva (ZEE) y que, en consecuencia, por las disposiciones de la CONVEMAR, solo las naciones de la Unión Europea tienen el derecho exclusivo de realizar otras actividades económicas compartidas con la isla^[19].

Lejos de reconocer las regulaciones codificadas en Jamaica, dado que no es país signatario ni se rige por sus normas, Ankara desestimó la condena y mantuvo sus buques en lo que considera como ZEE de la República Turca del Norte de Chipre, desafiando abiertamente tanto el orden del mar como el derecho internacional. En esta línea, en el mismo año, Turquía selló un acuerdo bilateral con el gobierno de Acuerdo Nacional de Libia (GNA) reconocido por Naciones Unidas, para delimitar el alcance de sus respectivas ZEE, lo que generó el repudio de los helenos por la ilegalidad que supone el pacto, al solaparse con aguas adyacentes a sus islas en el Mediterráneo oriental^[20].

Para Atenas, la postura irreverente de Turquía frente al derecho internacional y los ejercicios navales cercanos a sus costas implicaron un desafío no solo para la soberanía marítima, sino también para el equilibro de poder regional. Con el propósito de contrarrestar el avance progresivo de los turcos, Grecia tomó dos decisiones trascendentales para preservar la seguridad del espacio estratégico: por un lado, suscribió un acuerdo bilateral con Egipto para delinear el alcance respectivo de la ZEE^[21]; y, por el otro, decidió extender su mar territorial de 6 a 12 millas^[22].

La embestida griega enarboló aún más el espíritu nacionalista y expansionista turco, que, al verse rodeado de islas e islotes capaces de prolongar derechos marítimos sobre sus fronteras, apeló a las demostraciones de fuerza, representadas por una robusta presencia naval de sus fuerzas armadas, aumentando las tensiones en rededor de la isla griega de Kasterolizo^[23]. De esta manera, Ankara apostó a un incremento en sus cuotas relativas de poder para reconfigurar tanto la navegación de las rutas como el acceso a la explotación y exploración de los recursos marinos, en una clara postura revisionista.

Esta política ofensiva de corte realista por parte de Turquía busca un posicionamiento que le permita garantizar mayores márgenes de maniobrabilidad en la disputa por la seguridad regional. El proyecto de autosuficiencia en materia de defensa e insumos militares, para consolidar un complejo militar industrial de tendencia nacionalista, ha permitido la modernización técnica y un aumento considerable en la capacidad logística, que llevó a la nación a depender menos de sus aliados occidentales^[24].

En esta línea, y con base en el ranking elaborado por Global Firepower (2022), Turquía ocupa el puesto 13 con una puntuación PowerIndex de 0.1961, sobre un total de 142 países analizados, y su presupuesto para la defensa está valuado en $9,690,000,000. En materia naval, y según estimaciones del portal, la armada turca cuenta con una fuerza de flota de 156 unidades, 12 submarinos, 15 fragatas, 10 corbetas y 35 patrulleros oceánicos, superando a Grecia tanto en capacidad cualitativa como cuantitativa^[25].

La confluencia de islas, islotes, recursos y reservas naturales, naciones ribereñas y mares semicerrados como el Egeo hace de la cuenca este del Mediterráneo un espacio anárquico por la disputa de poder, en donde actores emergentes como Turquía no escatiman recursos para asegurar su expansión y dominio sobre zonas neurálgicas para la supervivencia.

En este aspecto, y en consonancia con Mearsheimer (2003: 338-346, en Jordán, 2013), la distribución de poder en la región lleva a un escenario de multipolaridad desequilibrada, en donde Ankara se autopercibe con la capacidad de alterar y modificar el equilibrio de poder por la fuerza, lo que genera incertidumbre e inseguridad en el resto de los actores y da lugar a coaliciones antihegemónicas para contener y repelar la espiral de violencia^[26].

Reflexiones finales

A lo largo del presente capítulo, tratamos de abordar la influencia que aún hoy sigue teniendo la teoría realista de las relaciones internacionales en una coyuntura conflictiva, en donde las normas del derecho internacional, en este caso las relacionadas con el derecho del mar, se ven perimidas de fuerza vinculante para obligar a los Estados de carácter revisionista a cumplir las normas vigentes o aceptar fallos adversos, lo que genera tensiones de difícil resolución desde el marco jurídico.

Las capacidades de ciertos Estados para reconfigurar el orden global mediante tácticas disuasorias, en combinación con políticas ofensivas y retóricas agresivas, nos demuestra que la acumulación de recursos duros en un escenario anárquico sigue moldeando el interés nacional en torno a la competencia y supervivencia, condicionando el comportamiento a niveles disruptivos en donde la estructura del sistema internacional coadyuva a la elección de medios afines.

En los casos analizados, podemos observar que tanto China como Turquía basan su accionar exterior en un esquema de costos y beneficios a corto y largo plazo. Si bien ambas estructuras internas distan en la concepción de su poder potencial, en sus recursos económicos y en la proyección de fuerzas, cada actor se posiciona como dominante en el entorno geopolítico que lo circunda, desafiando y condicionando el esquema decisional de otros actores. En esta línea, la postura realista resulta ser un parámetro para el análisis del comportamiento unilateral en detrimento de uno colectivo.

Asimismo, la autoayuda, como axioma imperativo del enfoque realista que impulsa una asidua maximización de las cuotas de poder relativo, puede verse en los presupuestos armamentísticos que ambos actores manejan para obtener un poder absoluto que imprima rasgos hegemónicos en sus respectivas áreas geoestratégicas. La pulsión por el control del entorno cercano en el ámbito de la seguridad marítima, el dominio de la actividad exploradora de los recursos esenciales y la garantía de estabilidad en las rutas de navegación para el intercambio comercial delimitan el alcance disuasorio de los actores preeminentes.

Mientras Pekín continúe con un elevado crecimiento económico y un constante desarrollo endógeno, su visión expansionista no cesará y procurará aumentar la conflictividad externa hasta el paroxismo, bajo elementos que aseguren su rol como nuevo garante del orden regional para desafiar a futuro el mandato a escala global; en cambio, Ankara buscará consolidar su posición estratégica con salida al mar como premisa básica para garantizar su espacio vital, inclinando la balanza de poder a su favor mediante la modernización de sus fuerzas armadas, condicionando a aquellos que quieran disputar su renacimiento de carácter hegemónico.

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