Alicia Massarini^[1]

A la memoria de Andrés Carrasco, por su integridad, por honrar con su ejemplo la dignidad en la ciencia, enfrentando las mentiras y ocultamientos del poder hegemónico y acompañando hasta el final la lucha de las comunidades con humildad, generosidad y valentía.

¿Ciencia neutral?

Los conceptos y modelos que se construyen en el campo científico son, sin duda, caminos estimulantes para aproximarnos al conocimiento del mundo. Caminos que han producido valiosas herramientas que contribuyeron a mejorar la calidad de vida y resolver problemas relevantes para la humanidad. Pero también han dado lugar a la creación de conocimientos e instrumentos que involucran dolor y sufrimiento, destrucción y sometimiento y que, particularmente en esta etapa del desarrollo del capitalismo, han contribuido a incrementar la inequidad y a profundizar la crisis ambiental. Estos contrastes no son sorprendentes ni esporádicos, sino que son parte constitutiva de los procesos de construcción del conocimiento científico, porque los rumbos de la ciencia y las decisiones de los científicos y de sus instituciones están atravesados por valores, intereses, conflictos ideológicos, políticos y éticos. Como en toda actividad humana, estas dimensiones siempre están presentes, de modo que las creaciones de la ciencia y la tecnología no son neutrales.

Pese a que la mirada compleja acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad se ha instalado hace varias décadas en el ámbito académico de las disciplinas que estudian a la ciencias –la sociología de la ciencia, la antropología de la ciencia, los estudios del campo CTS, la epistemología crítica–, en el imaginario social se sigue imponiendo una imagen que describe a la ciencia y la tecnología como actividades neutrales, imparciales, racionales; y las presenta como motores de una necesaria, inevitable y deseable marcha hacia el progreso. La naturalización de esta imagen, que obtura toda discusión y oculta las complejidades y tensiones que mencionamos, se refuerza en las representaciones y sentencias acerca de la ciencia y la tecnología en la educación, la publicidad, la divulgación, en el discurso de políticxs y funcionarixs y frecuentemente, en el de lxs propixs científicxs.

El sostenimiento y la reproducción de estos supuestos no es un hecho aleatorio o ingenuo. Por el contrario estos supuestos son pilares de la modernidad, parte vital del aparato ideológico del capitalismo, porque la ciencia y la tecnología son piezas fundamentales para su sostenimiento, reproducción y expansión. Y ello es especialmente significativo en esta etapa en que ciencia y tecnología están inseparablemente articuladas a modo de tecnociencia, plasmada en programas de gran escala que requieren grandes fuentes de financiamiento y que apuntan al desarrollo de mercancías, productoras de enormes ganancias para la elite que las promueve. Mercancías que se instalan rápidamente en el mercado, que eluden el principio precautorio pese a que sus impactos son generalmente inciertos y que se imponen apelando al discurso del progreso y de las bondades del desarrollo tecnocientífico para contribuir al bien común.

Biotecnologías, nanotecnologías, desarrollos informáticos, neurociencias, células madre. Caminos y tendencias de la tecnociencia de mercado que promueven las grandes corporaciones, que se asumen como prioritarios en las políticas de los países centrales, y que los gobiernos de nuestra región toman como propios a la hora de establecer prioridades, importando a través de sus políticas científicas modas internacionales, sostenidas con financiamiento externo, renunciando de cuajo a la soberanía en las decisiones en ciencia y tecnología y eludiendo el debate político en torno a la pregunta: ¿ciencia para qué y para quién?

Por ello, la clásica analogía que compara a la ciencia y sus creaciones con un martillo –una herramienta neutra– que puede ser usado para clavar un clavo o romper la cabeza de unx enemigx, constituye una peligrosa falacia que es indispensable desenmascarar (Heler, 2009).

Así, resulta claro que es necesario abordar un debate en torno a los rumbos de la ciencia, y que este debate no debe focalizarse en analizar los buenos o malos usos de productos supuestamente neutrales, sino que debe interpelar mucho más profundamente a los sentidos de sus modelos, de sus procesos, y sus impactos. Un debate que debe incluir desde los criterios de elección de los temas de investigación hasta sus proyecciones tecnológicas, ya sean potenciales o explícitas. Porque la ciencia y la tecnología hegemónicas, particularmente en esta etapa de su desarrollo, se focaliza fundamentalmente de aquellos desarrollos tecnocientíficos que el sistema capitalista requiere para su expansión. Muy tempranamente Oscar Varsavsky planteaba, “… la ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino sólo aquellos que el sistema le estimula a crear. Para el bienestar individual de algunos o muchos” (Varsavsky, 1969).

Lamentablemente esta reflexión crítica, que instalaron lxs científicxs de la corriente de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad (PLATCS) en las décadas de 1960 y 1970, que fue parte de una etapa política de rebelión y cambio social aniquilada y silenciada años después por las dictaduras de nuestra región, no ha vuelto a encontrar aun su lugar en la agenda política. En la actualidad, los escasos debates en el ámbito de las políticas en ciencia y tecnología, lejos de interpelar las tendencias y mandatos hegemónicos de los países centrales, los asumen como progresivos, necesarios o inevitables, y los cuestionamientos se focalizan principalmente en el reclamo de mayor financiamiento o en la disputa en torno a los marcos regulatorios de los productos tecnocientíficos que ya se han instalado en el mercado. Pero ha quedado relegada una discusión mucho más relevante, profunda y significativa: ¿cuáles son los sentidos de esos desarrollos y tendencias de la tecnociencia? ¿Cuáles sus impactos sociales y ambientales? ¿Quiénes se benefician con ellos? ¿Quiénes resultan dañados? Y en función de ello ¿Es admisible la aceptación acrítica de las tendencias hegemónicas en la investigación y la rápida introducción de los productos tecnocientíficos en la trama social?

Esta reflexión habilita a su vez diversas preguntas acerca de los usos y los sentidos de los desarrollos tecnocientíficos que podrían dar lugar a necesarios debates. Por ejemplo: ¿las semillas transgénicas adictas a agrotóxicos podrían tener un uso o un propósito diferente al actual, el cual habilita la contaminación y la apropiación del patrimonio genético de los pueblos a través de patentes y junto con ello la venta de los venenos a los que esa semilla es adicta? ¿Se podría considerar que las semillas transgénicas podrían ser un producto tecnocientífico virtuoso si la patente perteneciera a una empresa nacional, a un organismo público o a un Estado? ¿Sería deseable que el tóxico que envenena al ambiente y a las comunidades fuera fabricado por una empresa pública? ¿Puede pensarse en un buen uso de una tecnología de robots polinizadores con las que se pretende reemplazar a las abejas, agentes polinizadores naturales cuyas colmenas están siendo diezmadas por los agrotóxicos? ¿Podrían tener un posible buen uso las sustancias alimenticias fabricadas mediante biología sintética que pretenden reemplazar a alimentos naturales saludables cuya producción es fuente de vida de miles de campesinos?

Sin duda, los desarrollos tecnocientíficos mencionados y muchos otros, no son neutrales. Fueron concebidos desde sus inicios para la meta a la que están destinados: maximizar ganancias, concentrar poder y riqueza, más allá de los daños sociales, ambientales y en la salud comunitaria que puedan provocar. Por ello, la reflexión crítica en torno a la ciencia y la tecnología no puede ni debe limitarse a la discusión acerca de la regulación de los usos de las tecnologías que impone el sistema hegemónico. La pregunta que debe orientar nuestra reflexión para promover un cambio y construir una agenda propia es qué ciencia y qué tecnologías necesitamos en nuestra región para contribuir a la construcción de un orden social más justo, compatible con la salud de la madre tierra.

En Latinoamérica los desarrollos tecnocientíficos de los países centrales están produciendo enormes impactos y daños irreparables. Minería a cielo abierto, fracking, pesca industrial extensiva, monocultivos forestales, cultivos industriales de peces y especialmente agricultura industrial con el paquete tecnológico de semillas transgénicas y uso intensivo de agrotóxicos. Todos ellos desarrollos que impulsan y sostienen un nuevo ciclo del capitalismo signado por la acumulación por despojo de las regiones más pobres del planeta, por la apropiación privada de los bienes comunes de la naturaleza, el avasallamiento de nuestras culturas, de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Desarrollos de la tecnociencia cuyo denominador común es el propósito de apropiarse del agua, de los minerales, de las semillas, de organismos y fragmentos de organismos, de la vida en todas sus formas.

Las corporaciones y los gobiernos que financian estos desarrollos tienen bien claro el para qué de su tecnociencia. Por su parte, los gobiernos de nuestra región importan paquetes tecnológicos, modelos de ciencia y de científicos, ocultando e invisibilizando que junto con ello se está importando dependencia económica y vastos impactos negativos en la cultura, en las relaciones sociales, en las relaciones con la naturaleza. Todo ello en ausencia de debate en público, excluyendo de las decisiones a la sociedad que padece las consecuencias de estas políticas. Y con una comunidad científica que mayoritariamente parece ignorar su responsabilidad al respecto.

Analizaremos a continuación algunos de los principales debates en torno al modelo de la agrobiotecnología, uno de los paquetes tecnológicos que está produciendo mayores impactos sociales, ambientales y sanitarios en nuestra región.

El modelo de la agrobiotecnología

El modelo de la agrobiotecnología basado en cultivos genéticamente modificados (GM), se instaló en primera instancia en Estados Unidos, a mediados de la década del noventa. En Argentina fue introducido casi al mismo tiempo a partir del cultivo de soja transgénica resistente al herbicida glifosato –soja RR–. Si bien en nuestro país ya se cultivaba soja desde la década del setenta, fue a partir de 1996 cuando se aceleró notablemente el incremento del área cultivada, conjuntamente con la introducción del paquete tecnológico de la soja RR (resistente al glifosato), el herbicida glifosato y la técnica de siembra directa (Gras y Hernández, 2016; Bisang, Anlló & Campi, 2008).

La autorización de la soja RR en Argentina, se concretó muy rápidamente, a partir de un breve expediente de 136 folios –de los cuales 108 pertenecen a informes presentados en inglés por la transnacional Monsanto–, y fue firmada en 1996 por Felipe Solá, en su rol de Secretario Nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Carlos Menem. A partir de entonces, la expansión del área cultivada se aceleró debido a la rápida y masiva adopción del paquete tecnológico, favorecido por la relajación de los procedimientos regulatorios para autorizar el cultivo y la ausencia de restricciones para el consumo de alimentos transgénicos. Como resultado de este proceso, en pocos años la soja RR reemplazó a otros cultivos, reemplazó diversas actividades agropecuarias y avanzó sobre ecosistemas naturales. El área sembrada con soja se incrementó exponencialmente: pasó de 5 millones de hectáreas en 1990 a 12,6 millones en 2003 y en 2016 este cultivo ocupaba 20,3 millones de hectáreas (INTA, 2017). El debate en torno a los impactos de este modelo involucra diversas dimensiones que incluyen tanto controversias científicas como valoraciones acerca de los impactos a nivel social y ambiental en la salud comunitaria.

En relación al tema de la agricultura transgénica y sus impactos en nuestra región, desde hace varios años se advierte una clara polarización en el ámbito académico, acompañada de una notable asimetría: mientras la mayor parte de las voces de especialistas y académicxs han apoyado e incluso promovido activamente el modelo de la agrobiotecnología con transgénicos, un pequeño grupo de científicxs –en muchos casos aisladxs y hostigadxs en sus instituciones– se ha hecho cargo de investigar y dar a conocer los daños y los impactos negativos que este modelo produce. Expondremos a continuación algunos de estos debates, que involucran múltiples dimensiones de esta problemática.

La dimensión epistemológica

Resulta indudable el daño en la salud humana y ecosistémica que producen los agrotóxicos. Existen numerosos testimonios y encuestas de salud llevadas a cabo por las comunidades afectadas, además de cientos de publicaciones científicas que dan cuenta de ello (Grupo de Reflexión Rural, 2009; Ferment et al., 2015). Pero menos abordado ha sido el debate sobre la valoración de los riesgos e impactos potenciales que pueden tener los transgénicos, también llamados organismos genéticamente modificados (OGM), el cual está atravesado por las tensiones existentes entre dos concepciones enfrentadas acerca de la naturaleza de los sistemas biológicos.

Una de ellas es la que encarna el paradigma reduccionista de la biología molecular, que comienza a estructurarse en 1953, cuando se da a conocer el modelo de estructura tridimensional de la molécula de ADN. La nueva subdisciplina que se inicia con gran ímpetu, pronto acuñó el llamado “dogma central”, modelo que supone el flujo lineal y unidireccional de información genética desde el ADN hacia las proteínas, pasando por el ARN. Entre las décadas de 1950 y 1990, tanto en el campo de la investigación como en el de la comunicación pública, fueron imponiéndose nuevas representaciones de lo viviente, según las cuales los genes se encontrarían en el nivel fundamental de la jerarquía en los sistemas vivos al ser portadores de aquella clave a la que actualmente se asigna un máximo valor para el ejercicio del poder: la información. En esta metáfora se asume que los genes tienen atributos tales como producirse a sí mismos, ser depositarios del monopolio de la información, dirigir a través de órdenes toda la maquinaria celular, crear el organismo, perpetuar las especies. Esta representación, a la que Evelyn Fox Keller (1995) denominó “discurso de acción de los genes”, reforzó la creencia de que todo lo que se espera comprender acerca de los seres vivos está contenido en la secuencia del ADN. Uno de los principales resultados prácticos de esta visión del mundo biológico es la noción de que ningún problema “está por fuera” del análisis de lxs genetistas permitiendo (al menos en términos de “promesas”) el completo conocimiento de aspectos tan diversos como la identidad de las especies biológicas, las claves de nuestra condición humana o la comprensión integral de las principales enfermedades (Lewontin, 1998; Fox Keller, 2013).

En contraste con esta visión reduccionista, diversos modelos que abonaron la comprensión de los mecanismos que operan en la expresión de los genes muestran que el genoma es un sistema jerárquico, en el que algunos genes producen proteínas estructurales mientras otros expresan productos que regulan la expresión de otros genes, inhibiendo, estimulando o modulando en tiempo, cantidad e intensidad los productos de su expresión. A su vez estas interacciones son múltiples, conformando complejas y delicadas tramas, en las que el ambiente cobra una importancia singular. Esta segunda mirada, integradora y sistémica da cuenta de una gran cantidad de modelos recientes de un nuevo y pujante campo de la biología, la epigenética. Estos modelos profundizan nuestra comprensión sobre la complejidad de los sistemas vivos, en la diferenciación celular, el desarrollo embrionario y en mecanismos de herencia no genéticos en los que el ambiente tiene un papel central (Jablonka y Lamb, 2005).

Notablemente, el cuerpo teórico cada vez más amplio de la epigenética es sistemáticamente ignorado en las explicaciones de lxs biotecnólogxs que afirman que la introducción o la supresión de un gen, o cualquier procedimiento de manipulación genética, afectará –únicamente y de forma predecible– a la expresión del fragmento que ha sido modificado. Si se consideran y se integran los conocimientos y modelos que revelan la existencia de un genoma fluido, integrado y activamente relacionado con el ambiente, la manipulación del genoma –por ejemplo, la introducción de un gen, su supresión o su modificación–, puede sin duda, producir una serie de efectos diversos. Por ejemplo, un gen incorporado artificialmente en un genoma integrado podría funcionar correctamente o bien no funcionar. Estos efectos de “todo o nada” pueden, hasta cierto punto, ser explorados experimentalmente. Pero también podrían producirse efectos impredecibles, tales como el bloqueo de la expresión de otro gen funcional, la activación de un gen cuya expresión se encontraba silenciada, la modificación de la regulación de uno a más genes –potenciando, reduciendo o inhibiendo la expresión de proteínas–, la alteración de rutas metabólicas, entre otros. Y estas alteraciones en la mayor parte de los casos no son detectables y menos aún mensurables (Mae-Wan Ho, [2000] 2001).

Las consecuencias fisiológicas, ecológicas y/o evolutivas que pueden acarrear cualquiera de estas modificaciones cuando los OGM son introducidos a campo abierto en cultivos industriales extensivos o incorporados en la alimentación animal o humana, son potencialmente múltiples e impredecibles. Pese a la abundante cantidad de datos presentes en la bibliografía especializada que muestran la pertinencia del enfoque complejo del comportamiento celular, y de la expresión de la información contenida en el ADN, resulta llamativa la persistencia y la extensiva presencia del enfoque reduccionista en el discurso de lxs biotecnólogxs. La permanencia de este enfoque puede interpretarse como el resultado de una fuerte resistencia a incorporar la noción de complejidad, ya que la misma interpela no sólo a las visiones conservadoras en el ámbito conceptual de la biología en general y la genética molecular en particular, sino también en el campo de sus aplicaciones tecnológicas.

Las consecuencias de considerar a la célula y al organismo como sistemas complejos, conectados e interdependientes son muy significativas y perturbadoras, especialmente porque cuestionan los supuestos que subyacen a buena parte de las prácticas de la biotecnología. Así como el dogma central de la biología molecular excluye el contexto celular (la relación entre núcleo y citoplasma), tisular (el contexto del tejido y órgano), el contexto del organismo como un todo y el contexto temporal en los procesos del desarrollo para explicar la expresión de los genes, también excluye el papel del ambiente externo.

En contraste con esta visión reduccionista, autores como Stephen Gould, Richard Lewontin o Steven Rose, asumiendo una mirada alternativa, han señalado que los factores externos son parcialmente consecuencia de las actividades del organismo, que produce las condiciones de su propia existencia, de modo que los organismos no se limitan a ocupar el ambiente donde se desenvuelven: ellos lo crean. Recíprocamente los procesos internos no son autónomos ya que operan en respuesta a fuerzas externas: parte de la actividad química de una célula sólo es realizada cuando las presiones externas lo demandan (Lewontin, 1998, Rose, [1998] 2001).

Desde el punto de vista biológico, si se admite que tanto los procesos internos como los factores externos interactúan íntimamente en la constitución de los organismos, no es posible aceptar que la secuencia lineal del genoma constituya la clave central para comprender y/o predecir cómo se comportará un sistema biológico. Así, frente a la introducción del cultivo extensivo de OGM, resulta claro que el destino de los cultivos tradicionales, de las poblaciones silvestres y de los ecosistemas también se verá seriamente afectado de diversas maneras, tanto en el contexto temporal como en la dimensión espacial. Del mismo modo, la incorporación de alimentos transgénicos en la dieta de humanos y animales puede producir impactos no predecibles en la salud colectiva de corto, mediano y largo plazo.

La dimensión ecosistémica y agroecosistémica

Uno de los impactos de los cultivos transgénicos es la contaminación genética. Se denomina contaminación genética a la introducción por hibridación de genes foráneos (transgenes) provenientes de plantas transgénicas, tanto en cultivos no transgénicos como en poblaciones naturales de variedades silvestres emparentadas con los cultivos en cuestión. Los genes foráneos así introducidos podrían modificar características de la especie receptora, que a su vez podrían constituir nuevas presiones de selección sobre otras especies. Ello puede traer como consecuencia la perturbación de las poblaciones afectadas o incluso su desaparición.

Un caso ilustrativo es el de la mariposa monarca. La introducción de genes insecticidas provenientes de la bacteria Bacillus thurigiensis (gen BT) en diversos cultivos para controlar la proliferación de insectos considerados plaga, afecta a las poblaciones de mariposas monarca y a otras especies de mariposas, que se alimentan del polen de esos cultivos. Las poblaciones de mariposas y de otros polinizadores –como las abejas– están actualmente reduciéndose drásticamente y según diversos estudios uno de los factores significativos de este proceso es la presencia de estas toxinas en los cultivos transgénicos. Al mismo tiempo, el problema puede magnificarse si los genes introducidos para producir la toxina BT se introducen en poblaciones silvestres de plantas por procesos de transferencia horizontal de la información genética –por ejemplo mediante infecciones virales– o por hibridación.

La contaminación genética es potencialmente irreversible en las poblaciones naturales y la presencia de estos genes contaminantes puede producir efectos en cascada en los ecosistemas que redundarán en una reducción de la diversidad biológica. Es particularmente grave la introducción de cultivos transgénicos en los centros geográficos de origen de los diversos cultivos, ya que en dichas regiones generalmente se encuentran disponibles algunas de las variedades naturales a partir de las cuales los pueblos llevaron a cabo su domesticación y mejoramiento durante miles de años. Si ese reservorio génico resulta contaminado, se vería afectado un patrimonio colectivo invalorable. Este es el caso del maíz en México, que es su centro de origen y base de la cultura y la alimentación de los pueblos de Mesoamérica. Las comunidades, organizaciones sociales y científicos comprometidos de ese país han logrado resistir hasta ahora el ingreso del maíz transgénico, pero la presión de las corporaciones para lograrlo no cesa.

Un impacto muy peligroso de la agrobiotecnología es la posibilidad de contaminación con un gen de esterilidad que se ha incorporado en semillas transgénicas conocidas como “terminator”. Las semillas a las que se ha introducido ese gen dan origen a plantas incapaces de reproducirse. Las empresas que promueven este producto se aseguran así la venta de las semillas toda vez que el agricultor desee sembrar. Uno de los problemas más graves de la tecnología transgénica es que despoja a los agricultores de la posibilidad de volver a sembrar las semillas obtenidas en su propia cosecha. En el caso de la tecnología “terminator”, la empresa incorpora una “llave de seguridad” biológica para garantizar sus negocios, al mismo tiempo que introduce el gravísimo riesgo de que esos genes de esterilidad puedan ser transferidos a otros cultivos o poblaciones silvestres, comprometiendo su continuidad reproductiva. Esta tecnología no está aún en el mercado, pero las empresas han desarrollado y patentado diversas semillas con estas características y presionan constantemente a los gobiernos para lograr su aprobación.

Otro de los problemas que agravan estas tecnologías es la erosión genética, ya que el uso de variedades transgénicas de alta rentabilidad inmediata profundiza la tendencia al monocultivo. La modalidad de monocultivo industrial comenzó a establecerse durante la llamada “Revolución verde”, una forma de agricultura comercial a gran escala que se expandió a partir de la década de 1950 incorporando maquinaria agrícola, agroquímicos a gran escala y unas pocas variedades comerciales de semillas híbridas. El cultivo de una única variedad lleva a la pérdida de variedades locales, lo cual redunda en un estrechamiento de la base genética del cultivo en cuestión, ya que el conjunto de estas variedades constituyen un reservorio de variabilidad genética. La reducción de la variabilidad genética tanto en poblaciones naturales como en especies en cultivo involucra necesariamente un aumento de la vulnerabilidad frente a plagas, enfermedades y retos ambientales. El cultivo de una única variedad transgénica agudiza el proceso de pérdida de variedades locales iniciado con la Revolución verde, promueve la uniformidad genética de los cultivos y conduce a la pérdida del patrimonio genético. Existen ejemplos históricos ilustrativos de este problema, como el caso de la pérdida de la cosecha de papa en Irlanda en 1860 debido al hongo Phytophthora infestans, o las pérdidas de la cosecha de maíz en EEUU en 1970 y de caña en Cuba en 1980, también destruidas por un hongo. En todos los casos mencionados se cultivaba una única variedad, y la solución para revertir el problema fue la introducción de cultivos con variabilidad genética más amplia. Si no se dispone de variedades en cultivo que permitan enfrentar este tipo de crisis, la seguridad alimentaria se verá seriamente amenazada.

Los cultivos genéticamente modificados (GM) traen aparejados impactos adicionales a los que ya producían los cultivos industriales introducidos durante la Revolución verde. Estos no pueden ser entendidos sólo como resultado de un manejo inadecuado, sino que atañen a la propia naturaleza y concepción de la tecnología diseñada. Por ejemplo, el manejo de la Soja RR resistente al herbicida glifosato, supone el uso de un único herbicida para el control del crecimiento de otras plantas que afectarían el rendimiento, a las que se llama “malezas”. Como lo predicen los modelos más básicos de la biología evolutiva, la fuerte y sostenida presión de selección que constituye el glifosato, incrementó crecientemente la proliferación de las variantes de “malezas” capaces de tolerar la acción del herbicida (Pengue, 2005; Benbrook, 2012). Así, se requieren dosis cada vez más altas de herbicida para lograr el mismo resultado, hasta que finalmente, dicho herbicida se torna ineficiente y debe ser complementado o reemplazado por otros herbicidas. El resultado de estas prácticas es la expansión de poblaciones de plantas resistentes al herbicida, con el consecuente uso incremental del glifosato y la adición al sistema de herbicidas aún más tóxicos, como el glufosinato de amonio o el 2,4-D. A ello se suma el resto de agrotóxicos adicionales –insecticidas, acaricidas, fungicidas, entre otros–, necesarios para sostener el modelo de agricultura química. El resultado es la creciente contaminación de suelos, aguas y aire, lo cual, sin duda, provoca gravísimos daños en la salud de los ecosistemas y de la población (Massarini, 2004; Ferment et al., 2015).

Estos efectos indeseables pero previsibles ya se verifican ampliamente en los territorios en los que se emplea esta tecnología. Así, contrariamente a lo anunciado por los promotores de este modelo, presentado como “ambientalmente amigable”, su expansión trajo aparejado un crecimiento exponencial del uso de agrotóxicos. En 2013 CASAFE (la Cámara empresaria que reúne a las empresas que fabrican y comercializan agrotóxicos en Argentina) informó la evolución de su mercado: el consumo de pesticidas aumentó 858% en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50% y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30% (RedUAS, 2013).

Por otro lado, la modalidad de monocultivo extensivo trae aparejados daños a los agroecosistemas que ya estaban operando desde los inicios de la Revolución verde y se incrementaron y acentuaron con la agrobiotecnología. Por ejemplo, la pérdida de nutrientes y el agotamiento del suelo, al tiempo que el uso incremental de agrotóxicos compromete suelos, agua, aire y la salud de las poblaciones.

Debido a la alta rentabilidad inmediata y a la modalidad extensiva de producción, la tecnología de los OGM –en particular el cultivo de soja RR en Sudamérica– se ha extendido velozmente reemplazando otros cultivos y producciones agropecuarias, pero también mediante la expansión de la frontera agropecuaria. Ello significa que los territorios ahora sembrados con monocultivos de soja han sido “ganados” a costa de la destrucción de ecosistemas naturales tales como el monte chaqueño, las yungas en Salta y la selva paraguaya. Ello es particularmente dramático en amplios sectores de la amazonia, crecientemente diezmada debido a los incendios intencionales para sumar tierras al agronegocio. Los impactos ecológicos incluyen la fragmentación de ambientes, la destrucción de nichos ecológicos, de corredores biológicos y de ecosistemas naturales completos. Todo ello trae aparejado una drástica reducción de la diversidad biológica. Argentina, por ejemplo, está enfrentando uno de los procesos de deforestación más fuerte de su historia (Greenpeace, 2019). Si el desmonte continúa a este ritmo, en menos de un siglo, se habrán perdido todos los bosques del país.

La dimensión social, territorial y sanitaria

Además de los daños ambientales, algunos de los más significativos impactos de este modelo se manifiestan en el ámbito social y económico. La transformación de la estructura agro-productiva durante la última década muestra la exacerbación de tendencias preexistentes que profundizan la desigualdad y la exclusión social: mayor concentración de la riqueza, aumento del tamaño de la unidad productiva, pérdida de puestos de trabajo y cambios en los modos de producción campesinos ancestrales (Giarracca y Teubal, 2005). De acuerdo con los últimos datos censales disponibles, entre 1990 y 2003 en Argentina (notablemente no se han recabado datos censales después de esa fecha) desaparecieron el 30% de los establecimientos agropecuarios medianos y pequeños (más de 100 mil unidades) y el tamaño medio de la unidad productiva, ya de grandes dimensiones, se duplicó, pasando de 250 a 538 hectáreas. Durante ese mismo período, se produjo un notable aumento de los alquileres de las tierras debido a lo cual los pequeños productores pasaron a rentar sus parcelas a grandes corporaciones y abandonaron el campo (Teubal, 2006). Además, se perdieron muchos puestos de trabajo, ya que el modelo de agricultura industrial con transgénicos sólo requiere un trabajador cada 500 hectáreas sembradas (Grupo de Reflexión Rural, 2003).

Así, desaparecieron alrededor de 600 pueblos agrícolas y miles de pequeños productores y trabajadores agrarios, excluidos de sus prácticas de trabajo tradicionales, fueron expulsados y obligados a migrar del campo para pasar a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades (Grupo de Reflexión Rural, 2003). Por otro lado, el avance de la frontera agroindustrial, implicó la expulsión y la destrucción de pequeñas comunidades campesinas e indígenas, con la invaluable pérdida cultural correspondiente.

Sin duda, estas tendencias se han mantenido y profundizado en los siguientes años. Entre 2002 y 2008, Argentina siguió perdiendo el 18% de sus fincas, particularmente aquellas pequeñas y medianas (Grain, 2014). Paralelamente, la cantidad de cultivos transgénicos introducidos en el mercado se ha multiplicado, siendo actualmente 55 los eventos transgénicos aprobados –16 variedades de soja, 30 de maíz, 5 de algodón, 2 de papa, 1 de alfalfa y 1 de cártamo–. En los últimos años, esta tendencia se fue acelerando ya que 21 de estos cultivos fueron aprobados entre 2015 y 2019.

Las transformaciones en la estructura productiva del agro, asociadas al nuevo paquete tecnológico, han conducido a un modelo de agricultura industrializada sin agricultores, concentrada en la producción de materias primas y forrajes para exportar a los países centrales. Como contraparte, la pérdida de modos de producción tradicionales, la exclusión social y la destrucción de un modelo equilibrado de producción de alimentos que abastecía el mercado interno y permitía exportar, han provocado la pérdida de calidad de los alimentos y el aumento de su precio para el consumo interno, atentando gravemente contra la soberanía alimentaria. Además, se ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria al invadir el mercado con alimentos que contienen componentes transgénicos no etiquetados, y envenenados con altas cantidades de diversos agrotóxicos.

La destrucción de ecosistemas, con sus inevitables secuelas –erosión y pérdida de suelos, cambios en el clima, inundaciones–, la contaminación de suelos, agua y aire, con la consecuente pérdida de calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas –alrededor de 13 millones de personas– y el deterioro de la salud colectiva son asimismo parte indiscutible de las dolorosas secuelas que acarrea el agronegocio.

Un hito significativo en Argentina fue la denuncia del Dr. Andrés Carrasco sobre los efectos teratogénicos del glifosato, que desató como respuesta una campaña de hostigamiento y desprestigio impulsada por las corporaciones, los funcionarios del Conicet y el propio ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Han pasado ya 10 años desde la publicación de los resultados de Carrasco (Paganelli et al., 2010). En el mundo se han publicado centenas de trabajos científicos demostrando los efectos cancerígenos, los trastornos hormonales, las malformaciones y las múltiples alteraciones en la salud y el ambiente que produce el glifosato (Ferment el al., 2015). En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó, en base a numerosas publicaciones científicas disponibles, que este herbicida es “probablemente cancerígeno”, dado que se considera que la carcinogenicidad está demostrada en animales y que en humanos la evidencia es limitada, ya que no es posible realizar diseños experimentales con personas (IARC, 2015). A la fecha, diversos juicios contra Monsanto/Bayer llevados a cabo por personas enfermas de cáncer que estuvieron expuestas a glifosato en Estados Unidos fueron ganados por los demandantes y están en curso 18.000 demandas similares que tienen buenas posibilidades de tener sentencias positivas, situación que ya ha impactado en la cotización de las acciones de la corporación. A raíz del pronunciamiento del IARC, varios países dejaron de usar glifosato o endurecieron su marco regulatorio. En la normativa argentina aún no se produjo ningún eco. En 2009, Carrasco advertía que “somos parte de un experimento a cielo abierto”. Y el experimento continúa.

Promesas incumplidas y alternativas en acción

Las promesas de la tecnología transgénica, que anunciaban una solución a problemas tales como el hambre en el mundo, se han mostrado como argumentos falaces. A casi 25 años de introducción de la agrobiotecnología de los OGM, en diferentes países del mundo el hambre no se ha reducido, por el contrario, se ha incrementado. En 2018, más de 820 millones de personas padecieron hambre. Este flagelo ha aumentado en los últimos años en casi todas las subregiones africanas, en América Latina y el Caribe, y en Asia occidental (FAO, 2019). Por cierto, no cabe duda que las tecnologías por sí mismas no pueden resolver este problema. Se trata de una cuestión producida por la inequidad en la distribución de la riqueza y no por la disponibilidad de los alimentos. Actualmente la producción de alimentos es más que suficiente para alimentar a toda la humanidad, solo que una buena parte no dispone de los recursos económicos para acceder a ellos.

Existen, sin embargo, alternativas en curso que iluminan la posibilidad de un futuro diferente, en que la soberanía alimentaria esté garantizada por los propios pueblos, en base a prácticas y saberes actualmente en uso, accesibles, sustentables y en armonía con la salud de la madre Tierra. A pesar de las voces que invocan la necesidad de incorporar “tecnologías de punta” para enfrentar los problemas de alimentación de la humanidad, la realidad nos indica que estas tecnologías no sólo no están contribuyendo a resolver el problema sino que profundizan los ya existentes y crean nuevos problemas ambientales, energéticos, sociales y sanitarios. Actualmente, la cadena industrial de producción de alimentos utiliza el 70% de los recursos agrícolas y energéticos disponibles en la tierra para producir sólo el 30% de las provisiones alimentarias globales. Al mismo tiempo, en el mundo alrededor de tres mil millones de productores campesinos e indígenas, pescadores y pastores, en ámbitos rurales y periurbanos producen más de la mitad de los alimentos consumidos. Sus prácticas no sólo alimentan a la mayor parte de la población del Planeta, sino que por su escala y sus métodos crean y conservan la biodiversidad global (Grain, 2014). Silenciosamente, los pequeños productores de diferentes culturas poseen y practican un camino de sustentabilidad basado en saberes que es posible recuperar y poner en valor para defender la vida.

A su vez, frente a problemáticas como la expuesta y considerando el papel que ha jugado la mayor parte de la comunidad científica que contribuye a reproducir y promover el discurso legitimador del paradigma reduccionista y mercantil de la ciencia hegemónica, se hace indispensable una profunda reflexión (Folguera et al., 2013). Al respecto, la Doctora Sara Rietti, destacada científica crítica que recuperó el pensamiento de Oscar Varsavsky, planteaba hace pocos años:

Se podría argumentar que cuestiones tales como el aumento de la brecha entre ricos y pobres o el agotamiento de recursos no son responsabilidad de la ciencia y la tecnología. Pero afirmar esto sería no querer ver que la ciencia y la tecnología hegemónica son, y han sido, extremadamente funcionales y prácticamente irremplazables para un proyecto de concentración económica y de poder. (Rietti, 2012).

Entonces, cabe preguntarnos a quienes siendo parte de esa comunidad queremos contribuir a un cambio social: ¿cómo construimos conocimiento? ¿Para qué? ¿Con quién lo hacemos? Sin duda, es fundamental responder a estos interrogantes para repensar y transformar nuestra propia praxis. Inmersos en un sistema científico que asume una lógica hegemónica y homogeneizante instalada sobre criterios que se presentan como neutrales y universales. Un sistema que promueve el desarrollo de investigaciones acríticas, abordadas por disciplinas fragmentadas, generalmente de espaldas a la complejidad del contexto que les da marco, conforme a temas y pautas fijadas por los países centrales, con el propósito de publicar sus resultados en revistas internacionales o generar patentes al servicio del modelo productivo. En este contexto no podemos dejar de revisar y replantear los sentidos de nuestras prácticas.

En primer lugar, es indudable que el marco teórico que ofrece una única disciplina siempre es insuficiente cuando se trata de proveer una visión adecuada para el planteo y estudio de una situación compleja, como es el caso de todas las problemáticas socialmente relevantes. Por ello, es menester la articulación y el aporte conjunto de diversas disciplinas. En términos de Varsavsky (1969), no se trata de la necesidad de un estudio múltiple, de distintos aspectos de un problema abordados de forma aislada y luego compilados, sino que se requiere un grado de organización y amplitud que permita no sólo aprovechar los distintos tipos de conocimientos y miradas disciplinares, sino también articular diversas formas de pensar y encarar los problemas. Es decir, desarrollar un trabajo de discusión, crítica e intercambio, que permita generar enfoques novedosos e ideas superadoras y situadas. En segundo lugar, es indispensable que el proceso de construcción de conocimiento en torno a problemáticas sociales no se limite a equipos formados por integrantes de instituciones académicas sino también por lxs protagonistas, lxs interesados en comprender y transformar una determinada situación que lxs involucra, por ejemplo lxs vecinxs que se preguntan por su estado de salud frente a los embates ambientales del extractivismo. Así, la construcción de un nuevo tipo de conocimientos, producto del intercambio, el diálogo y la articulación no sólo de diversas disciplinas académicas sino, y principalmente, de distintos saberes populares, puede constituirse como una herramienta de resistencia y transformación (de Sousa Santos, 2010).

Este modo de pensar, sentir y hacer surge ante la necesidad de generar herramientas político-cognitivas y estrategias de nuevo tipo, coproducidas entre los cientificxs críticxs y las comunidades afectadas (Arancibia et al, 2018). La investigación se constituye entonces como una práctica colectiva de producción de conocimiento, que puede articularse en procesos organizativos y movimientos sociales, contribuyendo a la transformación de realidad desde una perspectiva crítica y emancipadora (Torres Carrillo, 2014). Este abordaje no sólo pretende superar la lógica reduccionista y fragmentaria de la ciencia hegemónica, integrando una lógica interdisciplinaria, saberes populares, dimensiones políticas, éticas, culturales, ideológicas y ambientales, sino que se funda en valores centrales y explícitos a la hora de construir conocimiento: la solidaridad, la equidad, la protección de los bienes comunes de la naturaleza, la salud comunitaria de las generaciones actuales y futuras y el respeto por la diversidad, entre otros.

Al mismo tiempo se plantea la necesidad de deconstruir la idea de una tecnociencia idealizada, promotora de progreso, que “avanza” velozmente y en base a procesos ajenos a la reflexión ético-política sin posibilidad de medir las consecuencias de sus impactos (Beck, [1986] 1992). En vistas a ensanchar y profundizar el debate social, resulta crucial contribuir a lograr la visibilidad de las controversias relativas a los aspectos teóricos, políticos y éticos involucrados en los desarrollos tecnocientíficos, cuestionando el carácter necesario que adoptan en la versión hegemónica del discurso de lxs especialistas. En este marco, la innegable tendencia a la uniformización de criterios de producción de conocimientos, a través de la sumisión a las reglas del mercado, plantea como desafío prioritario la recuperación de la pluralidad y heterogeneidad en la investigación científica, la inversión pública en investigación independiente y la urgente reflexión sobre la dimensión ético-política de estos temas, cuyo curso no puede quedar exclusivamente en manos de las decisiones de expertxs y tecnólogxs, ya que las consecuencias de sus implementaciones afectan a toda la sociedad.

Se trata de revisar críticamente nuestras prácticas, de animar a nuestrxs colegas y compañerxs a intercambiar ideas y a tomar postura, de invitarlos a desoír los mandatos acerca de qué es “la buena ciencia” o la “excelencia” que el sistema científico asume como únicas y universales. Se trata de encender la mecha del pensamiento crítico y preguntarnos una y otra vez, junto a las comunidades y movimientos sociales que resisten al extractivismo del sistema capitalista en sus territorios, qué ciencia y qué tecnología necesitamos. Una interpelación largamente soslayada, pero hoy indispensable como nunca, porque aunque los voceros del sistema insistan en invisibilizarla sabemos que la ciencia no habla con una sola voz y somos concientes de que, frente a la actual crisis ambiental y civilizatoria de la que el modelo hegemónico de tecnociencia es fuertemente responsable, no hay un único camino sino muchos futuros tecnológicos posibles.

En otras palabras, frente a los dolorosos daños que están produciendo los desarrollos de la tecnociencia de mercado en nuestro ambiente, en la salud y en la calidad de vida de nuestros pueblos, nuestro principal desafío es promover el debate, profundizar la reflexión y trabajar en la invención de nuevas prácticas para la construcción de una ciencia digna –en palabras de Andrés Carrasco–, de una ciencia pueblocéntrica –en palabras de Oscar Varsavsky–. Una ciencia y una tecnología que contribuyan a un cambio social.

En este sentido, tal como afirmaba Andrés Carrasco:

Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público, sin mitificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como un instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor (Carrasco, 2011).

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