Algunas hebras historiográficas, entre lo social y lo cultural
Tomás Cornejo C.
Las preguntas planteadas por los editores de este volumen colectivo llevan, casi por necesidad, a algunos ejercicios de memoria. Como no siempre nos fiamos de esta, o porque algunos recuerdos pueden ser imprecisos, he tenido, incluso, que revolver algunos papeles olvidados y revisar carpetas del computador que ya no suelo abrir. Lo que pueda decir aquí será a título personal, aunque algunos puntos los haré extensivos a impresiones más colectivas sobre la comunidad de historiadores e historiadoras en Chile, sin pretender, claro está, arrogarme su voz.
Conocí el trabajo de Chartier hacia 2003 o 2004, en el marco de uno de los primeros proyectos de investigación académica al cual me habían invitado a participar, sobre la prensa satírica chilena de fines del siglo XIX. Era un equipo de la Universidad de Santiago conformado por Maximiliano Salinas, Daniel Palma y Catalina Saldaña, al cual se uniría posteriormente Elisabet Prudant. El foco de la investigación era un conjunto de periódicos editados por Juan Rafael Allende, que ejercían una crítica política y social feroz en contra tanto del clericalismo como de la oligarquía liberal chilena, por medio de textos de diversa naturaleza y de caricaturas muy punzantes. En las discusiones grupales y en algunas publicaciones producto de ese proyecto, resultó, por tanto, de gran utilidad el trabajo de Chartier (1995) sobre los orígenes culturales de la Revolución francesa, en particular por los temas que ya anuncia el título de ese libro: espacio público, crítica y desacralización. La prensa callejera que analizábamos requería de un conjunto de herramientas teóricas e historiográficas como las que ahí se planteaba, algunas de las cuales ya estaban siendo recogidas por otros estudios recientes acerca de la realidad chilena (Ossandón y Santa Cruz, 2001). Por una parte, el problema del espacio público y sus actores era un punto importante para situar nuestro corpus y someterlo a una crítica documental. Por otra, ese mismo estudio nos entregaba sugerencias a propósito del funcionamiento de la cultura impresa –y de la prensa en particular– en contextos de agitación social e impugnación del poder por parte de sectores sociales que habían labrado su capacidad de decir y de hacer en la discusión pública, por medio de diálogos de distinto calibre con la creciente cultura letrada de la época, más plástica y diversa de lo que se supondría de antemano (Cornejo, 2004; Salinas, Cornejo y Saldaña, 2005).
Poco después, en 2005, la Universidad de Chile organizó las Segundas Jornadas de Historia de las Mentalidades, cuyo invitado principal fue justamente Roger Chartier. Ignoro si había venido antes al país. Las organizadoras del encuentro, Alejandra Araya, Azun Candina y Celia Cussen, editaron luego un libro con las ponencias que entonces se presentaron, el cual reúne un abanico variado de temas y un arco cronológico bastante amplio. Su título es Del Nuevo al Viejo Mundo: Mentalidades y representaciones desde América (2007). Aquí cabe hacer una observación de carácter más general sobre el desarrollo de la historiografía chilena en el ámbito cultural. La vigencia de los postulados de Annales era por entonces todavía bastante fuerte y se expresaba, precisamente, en las indagaciones en torno a las mentalidades. Quizás, quienes éramos más jóvenes y recién terminábamos el pregrado o el posgrado transitábamos por esos caminos de forma intuitiva y experimental, con más entusiasmo que certezas, con arrojo y creatividad, en lugar de verdades absolutas. Historiadores e historiadoras con mayor recorrido ya habían desarrollado varios aportes en ese ámbito, como Rolando Mellafe (1995), en la propia Universidad de Chile. En el cambio de milenio, las mentalidades seguían cultivándose vinculadas fuertemente a la historia social, de cuya convergencia surgió, entre otros proyectos fructíferos, la Revista de Historia Social y de las Mentalidades en la Universidad de Santiago. Y también, de forma paralela, otro tanto ocurría en distintas universidades del país, actividad que había tenido un punto de encuentro en las Primeras Jornadas de Historia de las Mentalidades, llevadas a cabo en 1998, donde el invitado fue Michel Vovelle y las cuales, es de notar, se organizaron como un homenaje a Georges Duby, que había recientemente fallecido (Departamento de Ciencias Históricas, 2000).
Si se observa retrospectivamente el citado libro compilatorio como una suerte de recepción chilena de Chartier –aunque no se circunscribe solo a eso, ya que incluye otras preocupaciones, así como autores provenientes de otros países–, lo más evidente es el reemplazo de las mentalidades por las representaciones como categoría de análisis. Más que un impacto directo de El mundo como representación (2002), que sin duda lo hubo, o de otros textos donde el historiador francés expone y debate sobre aquel concepto, me parece que se debió al agotamiento de ciertos modos de explicación y de formulación de las interrogantes históricas que se debían a la categoría de mentalidades. En mi caso particular, la cuestión de las representaciones fue de mucha utilidad analítica para discernir espacios de conflicto o disensiones dentro de un mismo grupo social o entre grupos sociales distintos, a propósito de determinados problemas históricos que no parecían deliberadamente anclados en el conflicto social o en la esfera de lo político. Para otros y otras colegas, creo, las representaciones fueron una herramienta que les permitió anudar mejor sus investigaciones desde el punto de vista del tejido simbólico del lenguaje avizorado en las fuentes y los objetos culturales de la sociedad del pasado.
Con todo, creo advertir que venían ocurriendo varios desplazamientos tanto en las preguntas como respecto a los problemas y los actores históricos que indagaba la historiografía chilena que tenía un pie en lo social y otro en lo cultural. A riesgo de generalizar, así como de omitir otras dimensiones, subrayo algunos elementos que se aprecian en el mencionado libro editado por Araya, Candina y Cussen (2007): en primer término, la irrupción de los impresos y lo que gira en torno a ellos como materia de estudio. Esto tiene un doble corolario. De partida, el reemplazo –no total ni definitivo, en ningún caso– del archivo por la biblioteca, entendiendo por ello las instituciones principales de resguardo y acopio documental (Archivo Nacional y Biblioteca Nacional) y el tipo de materiales preferentemente compulsados (manuscritos en el primero e impresos en la segunda). Es decir, la institucionalidad ligada al lugar social y a los protocolos de la escritura de la historia, los procedimientos de la actividad historiadora, en el decir de De Certeau (1999), tan caro a Chartier. Esto no es menor en el marco de la actividad disciplinar en general, pero, en el caso de nuestro país y, en cierta medida, en otros países latinoamericanos, significa también un recorte temporal. El impreso no abundaba en el período colonial, salvo en los centros virreinales, o estaba restringido a determinados circuitos específicos. Por tanto, transitar al estudio de la cultura impresa redunda en adentrarse en cuestiones referidas al período republicano, sea respecto de su etapa inicial, que no estuvo, como sería de esperar, monopolizada por elites letradas, como respecto de su fase de masificación y proliferación de actores a inicios del siglo XX (Biotti, 2010; Araya, 2011; Cornejo, 2019).
Luego, se advierte una mayor dimensión reflexiva en el análisis y la interpretación historiográfica, muy de la mano con lo anterior, puesto que la operación histórica ya no consistía en extraer información referencial o fáctica de un cierto tipo de documentos, sino en interrogarlos en su propia materialidad y en su condición de producciones culturales cuya discursividad requería ser entendida en su contexto enunciativo (Serna y Pons, 2013). O sea, se pasaba del “descubrimiento” o la “constatación” a un vínculo crítico con la información que podían referir los documentos entendidos en sus propias lógicas y puestos en relación con otros documentos, fueran de naturaleza similar o diferente.
Dos elementos más podrían añadirse. Las nuevas preguntas o problemas que por entonces guiaban la pesquisa tenían que ver con las identidades y con actores históricos que antes no habían sido estudiados de manera sistemática desde el saber profesional. Valga decir que unas y otros también recibían atención desde la veta de la historia social, que en Chile era muy vigorosa, cuyos practicantes tendían puentes hacia las mentalidades, en especial en estudios de más larga perspectiva temporal, que cubrían desde inicios de la colonia hasta el siglo XIX, los que contravenían la cronología política usual –y su consiguiente periodificación– por medio del constructo del “Chile tradicional”, a medio camino entre colonia y república, y atento a las continuidades sociales, económicas y culturales, así como a sus modulaciones, en las que se dibujaban distintas transformaciones, más que a las coyunturas de ruptura política que habían alimentado el relato historiográfico habitual. Aquello permitió abrirse a temáticas como los cuerpos, la familia, las sexualidades y el uso de la violencia, así como las transgresiones al orden moral, jurídico y religioso (Cavieres y Salinas, 1991; Goicovic, 1999; Araya, 1999).
En consonancia con todo lo anterior, en el referido momento de reconfiguración de los intereses y las prácticas históricas, se nota una apertura a campos como el de las imágenes, que había sido bastante resistido por la historiografía nacional. Aquí también, indagar esos objetos culturales desde las representaciones supuso adentrarse en espacios disciplinares que parecían reservados a la historia del arte, provista de un lenguaje o unos conceptos que arredraban a quienes lidiábamos con la aparente certeza y la igualmente aparente simplicidad de los documentos escritos. Hubo que apertrecharse con otras herramientas conceptuales para adentrarse en el análisis de retratos, caricaturas o fotografías, pero con el horizonte de situarlos en sus propias lógicas de elaboración y entenderlos como productores de efectos diferenciados socialmente en la sociedad de su tiempo.
Con el andar de los años, mi principal línea de investigación se fue decantando hacia el estudio de la cultura popular en América Latina a partir de las últimas décadas del siglo XIX. En especial, me interesan los intercambios y las interacciones que se observan en los impresos “menores” o “no canónicos” y desde ellos, esa variopinta gama de papeles que en otras latitudes llaman “literatura de cordel”, entendiendo por tal una serie de formatos impresos, textuales y gráficos muy diversa (Cornejo, 2020). Estos, según se ha planteado, podían ser “populares” por sus coordenadas socioculturales de elaboración (o sea, hombres y mujeres de las clases subordinadas), pero también porque su temática, su factura material y sus lenguajes reproducían las hablas populares, si bien no provenían desde ahí mismo. Esto implica una serie de interrogantes y suspicacias en el estudio histórico, ya que nos hace dudar de la información compulsada, mientras que, al mismo tiempo, lleva a cuestiones de análisis social y cultural de mayor hondura. En aquello que puede verse como una impostación o una fabricación de lo popular, hubo además cuestiones relativas a una “fórmula editorial”, según la proposición de Chartier (2005, p. 170), que puede constatarse en varios contextos latinoamericanos (Abreu, 1999; Cornejo, 2020). Por otra parte, se vuelve pertinente examinar nuestras fuentes impresas en cuanto a su propia historia, sea como documento de archivo o bien como objetos con valor patrimonial (Ledezma y Cornejo, 2019). ¿Por qué y cómo, si ayer fueron despreciadas, hoy podemos acceder a ellas? ¿Quiénes las colectaron y conservaron? ¿Bajo qué estatus y con qué finalidades?
Este cuerpo de interrogantes abre otros flancos que tienen que ver con el enfrentamiento social y la cooperación, con las luchas políticas y culturales que, en procesos de “larga revolución” como los descritos para algunos países europeos o, en el caso de América Latina, transformaciones aceleradas impuestas por la modernización capitalista, suelen interpretarse como represión cultural y disciplinamiento social, donde las elites ilustradas se enfrentaron al pueblo e intentaron modelarlo en función del progreso que trataba de inculcarse. En dicho ámbito de preocupaciones, pueden confrontarse nociones asumidas respecto a la supuesta separación entre cultura oficial y cultura popular, en particular las que aducen que esta última podría ser por completo autónoma o, de forma complementaria, pura o verdadera. Las interpretaciones actuales tienden, contrariamente, a enfatizar los canales de intercambio y las áreas de proximidad donde se intersecan ambas esferas culturales, como, entre otros, sucede en las tradiciones populares canonizadas desde el conocimiento académico, los lenguajes del pueblo adoptados por la prensa masiva, o los saberes cotidianos incorporados al quehacer escolar. En tal sentido, ha sido muy sugerente la manera en que Chartier propuso entender la idea de apropiación como “una historia social de los varios usos (que no son necesariamente interpretaciones) de discursos y modelos, volviendo a sus determinantes fundamentales e instalándolos en las prácticas específicas que los producen” (Chartier, 1994, p. 51). Desde su perspectiva, constituye una vía para salir de las diferenciaciones comunes respecto a la cultura popular como un conjunto homogéneo de prácticas, objetos y manifestaciones situados en un determinado espacio social y que resultaba significativo para quienes pertenecían a él. Por el contrario, la apropiación cultural revierte el interés analítico sobre acciones o actos, más que en repertorios de objetos o en los contenidos de estos.
Hay aquí una coincidencia parcial con Stuart Hall (1984), en cuanto a que el “inventario” o el “listado” de manifestaciones de la cultura popular no bastan para dar cuenta de ella. Aunque, mientras que Hall lleva esta consideración hacia las luchas de poder y la diferenciación de las cambiantes fuerzas en pugna que distinguen, agrupan o clasifican aquello que en ciertos momentos es legítimo, propio o aceptable, o sea, las relaciones de poder implicadas en este proceso, Chartier, por su parte, centra su mirada en los actores sociales, esto es, en las prácticas que llevan a cabo y los usos que les confieren a obras, materiales o contenidos (Biotti y Plaza, 2019). Estos pueden ser desviantes, heterodoxos, incluso paródicos respecto de su intención original. Así visto el panorama, quedan de manifiesto ciertas distancias, que pueden originarse por desconfianzas hacia los emisores (pensemos en el mundo campesino situado frente a lo que viene de la ciudad, o a poblaciones indígenas enfrentadas al aparato educativo estatal), tanto como por la existencia de determinadas tradiciones para asir tales mensajes o sus envoltorios, ancladas en comunidades interpretativas particulares.
En cuanto a los cuestionamientos surgidos durante las Segundas Jornadas de Historia de la Educación en la conversación con Chartier, quisiera referirme a dos problemas que considero capitales: el archivo de la era digital y el desigual intercambio académico global. Comenzaré por este último, que puede parecer algo paradójico, ya que henos aquí, investigadores e investigadoras de Sudamérica compartiendo nuestras lecturas sobre un destacado historiador francés. No será la primera vez ni la última. El espacio académico es, por definición, abierto y cosmopolita, aunque, asimismo, jerárquico, selectivo y discriminador. No pretendo hacer una defensa regional ni mucho menos nacional, pero no deja de ser cierto que nuestros países, aquellos que otras academias metropolitanas designan como “sur global”, ocupan una posición subordinada dentro del intercambio académico mundial. En materia historiográfica tenemos una crecida deuda externa, cuyos acreedores son los grandes centros del saber moderno: conocemos mejor los avatares y los debates de la producción historiográfica alemana, francesa, británica y estadounidense, que las propuestas o, siquiera, las obras principales de nuestros colegas de América Latina.
Creo que, por una parte, aún bebemos de la acumulación (financiera, material, simbólica y geopolítica) que las potencias imperiales realizaron antes de 1900. Eso explica que, cuando miramos con severidad la constitución de nuestras historiografías nacionales y las enjuiciamos críticamente, discutimos a Ranke o Michelet, o, para las renovaciones, a Bloch y Braudel, Hobsbawm y Thompson, Hunt y Davis. Por otra parte, la institucionalidad cultural o científica, así como los tamaños relativos de las academias, las universidades y las editoriales, continúan estableciendo diferenciaciones o desigualdades en un mercado de intercambio del conocimiento que, una vez más, es inequitativo. A este respecto, España a veces aparece como productor e intermediario (centro editor y de traducción), mientras que Argentina y México aventajan con mucho a Chile, al tiempo que Brasil es otro faro de irradiación y de recepción, del cual nos separa tristemente una lengua tan cercana. Sobra decir que las políticas nacionales sobre el conocimiento y la generación y la socialización de este aquí resultan primordiales. Vistos en conjunto, de todas maneras, los países latinoamericanos han seguido un trayecto que los pone irremediablemente a la zaga de la producción académica, si esta ha de medirse según los rankings y las métricas de un idioma ajeno que hoy impera como vehículo comunicativo de acuerdo con las reglas que imponen unas pocas empresas multinacionales de la edición científica. ¿Tiene sentido repetir este alegato, que tiene ya varios capítulos (Santos Herceg, 2020)? ¿Puede hacerse de otra manera? ¿Publicar menos y leer más, por ejemplo? ¿O leer mejor menos textos (indexados o no) y retomar algo de la fruición de la lectura y la relectura, tanto como del placer de escribir (sin apuros)? Yo creo que sí, en especial si –no olvidar– estamos justamente debatiendo en torno a la historia de la lectura, que, sabemos bien, no es lo mismo que la cantidad de descargas o el factor de impacto de una revista.
En seguida, vinculado en parte con lo anterior, se encuentra el problema del archivo contemporáneo. Esto también ha hecho inquietar a la comunidad historiográfica de todas las latitudes (Pons, 2013). No tanto, me parece, por conservadurismo respecto a unas formas particulares de trabajo, que privilegian gestos aprendidos en torno a lo escrito y, como apuntamos, lo impreso. Ni tampoco por actitudes románticas o nostálgicas sobre esos soportes en desmedro de las innovaciones tecnológicas. Al contrario, los beneficios de la digitalización y el uso razonado de las TIC dejan un saldo positivo, más en la actual coyuntura de confinamiento y cierre de las consultas presenciales de material que hemos atravesado. Para nuestra comunidad, en cambio, las interrogantes van en otra dirección. Dada la gran cantidad de interacciones sociales y las prácticas culturales que hoy ocurren de manera digital, mediadas por aplicaciones o interfaces de generación de contenidos, nos preguntamos cuáles serán las condiciones de acceso a esa parte de la vida social contemporánea en el futuro. Como se ha apuntado, hay dificultades sobre esta dimensión del asunto que devienen de la propia tecnología, en el sentido de la obsolescencia de esta, ¿habrá en 50 o 100 años aparatos que puedan leer todo lo que ocurre hoy en las redes sociales, por ejemplo? ¿O ya será cosa olvidada, algo nostálgico? Tanto o más que ello, me intriga las condiciones de almacenamiento y archivo, por razones tecnológicas y de costo, pero primordialmente porque se trata de interacciones que ocurren en plataformas digitales de propiedad privada y que tienden a ser monopólicas. No solo las alimentamos con nuestra información y nuestra actividad, por mucho que sean gratuitas, como se ha puesto de manifiesto. Para quienes nos interesa la reflexión sobre el pasado, ¿cómo se podrá acceder a esa información más adelante, cuando no se trata de entidades públicas, sino de corporaciones privadas? ¿Se tendrá que pagar una cuota, como investigadores? ¿Eso nos garantizará la entrada? ¿Y será a todo lo registrado o solo a una parte?
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