Acción colectiva y sujetos sociales en Misiones (1953-2002)

Lisandro Rodríguez (CONICET/FHyCS,UNaM)

Introducción: la yerba mate como actividad agroindustrial

La actual provincia de Misiones forma parte durante el período 1881-1953 de los denominados Territorios Nacionales.^[1] Es en esta etapa^[2] cuando la actividad yerbatera crece de modo significativo, al tiempo que se promueve la colonización del territorio (a partir del cultivo de la yerba mate) al amparo del Estado nacional.^[3] El Ilex paraguariensis se consolida entonces como cultivo poblador e influye en la conformación de las explotaciones familiares y en la expansión de la frontera agrícola. Las modificaciones dan inicio a la industria yerbatera, que demanda mayores inversiones de capital, incorporación de nuevas tecnologías y renovadas formas de organización del trabajo agrícola (Rau, 2012).

Con el desarrollo de la agroindustria yerbatera, la producción aumenta a un ritmo considerable, hecho que genera conflictos de intereses con los importadores y el gobierno brasileño, país que hasta la década de 1930 abastece el mercado argentino. En este contexto y en el marco de un Estado intervencionista, se crea en 1935 la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) por la ley nacional 12236, entidad que entre sus funciones destaca la de:

Fijar las condiciones de elaboración, sanidad e higiene del producto en el ciclo de la zafra hasta su entrega al consumo con el asesoramiento de las reparticiones públicas especializadas; y reglamentar la época en que debe efectuarse la poda y vigilar el cumplimiento de la prohibición de la poda prematura (CRYM, 1936).

Un año más tarde, con el objetivo de regular la oferta acorde a las necesidades de consumo, se crea por el decreto 83816 el Mercado Concentrador de la Yerba Mate (MCYM). La principal función de esta institución consiste en realizar la venta de la yerba mate de los productores en el momento adecuado y al precio estipulado por la CRYM, además de facilitar al colono almacenamiento y transporte; como así también el pago de su producción y el otorgamiento de un crédito prendario financiado por el Banco de la Nación Argentina.

La CRYM y el MCYM son las instituciones promovidas por el Estado y las principales interlocutoras de los productores yerbateros. Además de fijar períodos de cosecha y cupos de entrega, establecen los cánones técnicos de elaboración.^[4] Las discusiones y decisiones involucran a partir de 1953, además del Estado nacional, a la reciente provincia de Misiones, particularmente al Ministerio del Agro y la Producción. A partir de entonces, los productores yerbateros misioneros establecen demandas en dos planos: nacional y provincial. Las respuestas no son homogéneas y en no pocos casos se evidencian contradicciones en la medidas a implementar.

Las alternancias de períodos de bonanzas y crisis en el sector generan ciclos que a su vez definen la composición y variación de las explotaciones agrícolas, generalmente determinan la implementación de nuevos cultivos, como por ejemplo el tung, aunque la yerba mate continúa en todas las etapas como el producto principal de la estructura agraria provincial. Entonces, el agro misionero se caracteriza por la existencia de distintos complejos agroindustriales (tabaco, té, yerba mate) que coexisten con grandes latifundios y la foresto-industria (Schiavoni, 1995). El escenario registra, generalmente, una oferta atomizada y una demanda concentrada, características que derivan en un mercado oligopsónico (Freaza, 2002: 89). La actividad yerbatera no escapa a esta lógica y es la razón por la que históricamente se encuentra en un estado latente de conflicto como consecuencia de la desigual participación de los actores sociales –en especial, pequeños productores– en la apropiación de las ganancias que genera la “industria madre” de la provincia.

Provincialización: nuevos cultivos y prohibición de cosecha (1953-1967)

En 1953, el Territorio Nacional de Misiones adquiere estatus de provincia, hecho que en términos políticos le otorga el carácter de autonomía y pone fin a la ciudadanía limitada. La consolidación institucional de la provincia es un proceso complejo, signado por las reiteradas interrupciones e intervenciones determinadas por los gobiernos cívico-militares que se sucedieron desde 1955. Buena parte de las medidas trascienden el plano económico, y la misma organización de la administración surge de interventores federales, por lo general a través de decretos-ley (Gutiérrez, 2011).

En la agroindustria yerbatera, desde 1952, se da lugar a la liberación de las cosechas. La producción asciende en 1953 para luego descender considerablemente en 1956. La decadencia se atribuye a la ausencia de cupos que, rápidamente, afecta los rendimientos de áreas cosechadas anualmente, hasta llegar al borde de la explotación descontrolada. Esta situación obliga a los productores a requerir al Estado autorización para las nuevas plantaciones, cuyos efectos no se hacen esperar y constituyen la base de la crisis que persiste luego de 1967, cuando el ciclo de estas plantas alcanza su máxima producción (Bolsi, 1986). Además, la crisis yerbatera altera la estabilidad que caracteriza a la tenencia de la tierra y las nuevas plantaciones efectuadas son realizados por plantadores y corporaciones, antes que por los pequeños y medianos colonos (Bartolomé, 1975).

El contexto favorece a la consolidación de una nueva burguesía agroindustrial que concentra cada vez más verticalmente algunos de los circuitos productivos tradicionales de la economía agraria (Schvorer, 2011). La situación de crisis que atraviesa el sector durante este período es permanente. La instrumentación y el traslado de la CRYM a la zona productora (Posadas) representan un paliativo, pero no responden a las condiciones estructurales. La crisis yerbatera es manifestada, e incluso vaticinada, por el movimiento cooperativo:

La economía yerbatera se verá abogada a un problema que ya fue conocido en otros tiempos: la superproducción. Indudablemente, los elevados precios con los que la yerba mate llega al consumidor y su deficiente calidad, no propenden precisamente a un aumento en el consumo y si bien estos aspectos han de ser superados cuando la producción sea mayor que la demanda, es muy probable que entonces se vuelva contra el productor yerbatero, que tal vez no pueda pensar en la venta total de su producción (FEDECOOP, 1959).

Los productores se ven condicionados por el panorama económico y político; por ende, buscan alternativas que generen respuestas concretas a sus necesidades. El objetivo es que las producciones de sus chacras, particularmente la yerba mate, sean competitivas en el mercado. A partir de 1958, el escenario nacional toma un nuevo rumbo. La asunción de Arturo Frondizi como presidente de la nación (1958-1962) determina modificaciones estructurales, tanto en términos políticos como económicos, canalizados a través del desarrollismo. En la región yerbatera, la situación agrícola parece no mejorar su rumbo. Las demandas se materializan nuevamente en el pedido explícito por parte de los pequeños productores para que el Estado interfiera, a través de la CRYM, en la importación de yerba en un contexto caracterizado por la superproducción de origen nacional:

Llama poderosamente la atención el desconocimiento de que hicieron gala los negociadores argentinos del unánime pronunciamiento de la CRYM en el que el sentido de la inclusión de la yerba mate en las listas nacionales y/o comunes a tratar por la Comisión Latinoamericana de Libre Comercio, provocaría la desarticulación de la producción yerbatera de las provincias del N.E. argentino y por ende de sus economías […]. De nada valió la sólida argumentación vertida ante la propia comisión negociadora en Montevideo, por el miembro designado por la CRYM en representación de los productores, que señalaba las graves consecuencias, que las liberalidades que se otorgaren, podría acarrear a la familia agrícola de la zona, así como a millares de trabajadores y, en suma, a la economía misma de la provincia. Tampoco tuvieron traducción práctica las promesas formuladas en las altas esferas del Gobierno Nacional de que la actitud oficial sería coincidente con la propiciada por los productores. Se evidenció otra vez que prevalecen los intereses de grupo a los legítimos intereses agrarios (FEDECOOP, 1963).

El rol y los límites de la CRYM son cuestionados. La base de esta controversia radica en que a partir de 1956 esta institución oficial posee una fuerte injerencia por parte algunos sectores de la producción, que en la práctica son los grandes plantadores, los sectores productores y agroindustriales (Roze, 2006). Es al interior del organismo que se evidencian las relaciones de poder y se traslucen los intereses sectoriales. La puja de poder deviene en un ámbito propicio para el establecimiento correntino Las Marías. Grandes plantadores integran el directorio de la entidad oficial en representación de esta empresa, pero también participan como representantes de los molineros, favorecidos por ostentar los distintos eslabones de la actividad. Este accionar le permite ampliar su liderazgo en el mercado yerbatero, mientras consolidan su posición política ante el Estado (Schamber, 2001).

Empero, desde la Comisión Intergremial de Defensa de la Economía Yerbatera (CIDEY), integrada por la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA) y la Federación de Cooperativas de Misiones (FEDECOOP), argumentan que el problema de la yerba mate no se reduce en la crítica a la CRYM y al MCYM, incluso consideran que la limitación no es una solución a la coyuntura que atraviesa el sector. Desde esta institución –y desde una perspectiva diacrónica–, se percibe la polarización que existe históricamente entre productores y molineros:

En un examen de la situación actual del problema podemos percibir, por vía de síntesis, que existe en concreto un ataque directo en contra del sistema de ordenamiento de la economía yerbatera, responsabilizando a la CRYM de todas las dificultades, debilitando el funcionamiento del Mercado Consignatario y atacando a las organizaciones gremiales de productores y a sus representantes […]. El planteo constituye un episodio más de una lucha de sectores industriales, en las que se quiere envolver y manejar a la producción (CIDEY, 1965: 2).

La década de 1960 se inaugura con una nueva crisis de sobreoferta yerbatera, generada por la liberación de las cosechas. La cuestionada CRYM –que desde 1963 recomienda limitar las cosechas– opta por prohibir la cosecha en 1966, lo que significa un severo golpe para los productores que desde hacía diez años venían siendo alentados por la Dirección de la Yerba Mate a replantar nuevos yerbales (Gutiérrez, 2011). El movimiento cooperativo de la región manifiesta la situación descripta:

Puestos los productores en la tremenda encrucijada de solicitar el no levantamiento de la cosecha 1966, como un heroico recurso para no llevar, a sus propias expensas, el orden a la economía de este producto y sancionada la prohibición de cosecha por el Decreto N° 1922/66, quedó al descubierto la inconsistencia de la argumentación esgrimidas por quienes atentos a sus exclusivos intereses se esforzaron por impedir la adopción de tal medida. No ha faltado yerba para la molienda y al 31 de diciembre del año 1966, se anotaba una existencia de 131.000.000 de kilogramos en el depósito del Mercado Consignatario. Sin embargo, es preciso señalar que el sacrificio de los yerbateros, cuya determinación hizo que quedara en las plantas más del 95% de la posible cosecha, fue escarnecido por las ventajas logradas por quienes al amparo de resoluciones judiciales totalmente alejadas de razones de interés general, no solamente hicieron sus cosechas, sino que incitaron a los productores, con todos los medios a su alcance, a imitar su ejemplo, en la seguridad que en el desorden habría de prevalecer la ley del más fuerte (FEDECOOP, 1966).

Persistencia de la crisis (1967-1976)

La superficie cultivada se amplía desde 1954, y llega al límite de las 120 000 o 130 000 hectáreas, con un 50% de plantas nuevas en 1965. Cuando estas plantas comienzan a producir, se reduce la superficie cosechada y los rendimientos alcanzan niveles muy altos. Las existencias, otra vez abultadas, son uno de los factores principales de la crisis. No solo influyen las variaciones del consumo. Antes bien, los productores realizan en 1966 y 1967 cosechas clandestinas o disponen del producto consignado en chacra con la idea de reponerlo luego. La crisis yerbatera persiste en estos años tanto por el vuelco al mercado libre que ofrece precios más bajos como por los problemas de orden financiero y económico que entorpecen el progreso de los yerbateros (Bolsi, 1986). El comercio exterior aparece como una opción, aunque, como lo evidencian los registros, los niveles exportados son mínimos y no alcanzan a cubrir las condiciones decadentes y, paradójicamente, no superan a las importaciones.

La década de 1960 se caracteriza por un permanente estado de crisis agrícola en la región, dado el deterioro de los precios de los principales productos. Para fines del decenio, el productor percibe (en precios constantes) valores sustanciales menores a los recibidos al inicio del período. El descenso de los precios es muy notorio para el caso del té y del tung, y menor para la yerba y el tabaco, cultivos en los que es importante la intervención del Estado en la primera etapa de comercialización, a través de la CRYM y el Fondo Especial del Tabaco (FET). A su vez, el costo de vida aumenta de modo sostenido en estos años; el pequeño y mediano productor se mantiene a costa de un desmejoramiento de sus condiciones de vida (Schiavoni, 1995). Desde mediados de la década del sesenta, sobrevienen diversos factores críticos que si bien aquejan a la producción yerbatera, impactan sobre los otros cultivos importantes, los que a su vez enfrentan difíciles condiciones de mercado. La situación disminuye las posibilidades de capitalización de los productores menos favorecidos y crea condiciones para el surgimiento de la protesta agraria (Bartolomé, 1982).

El quiebre entre sociedad civil y Estado que determina el gobierno militar de junio de 1966, con la liquidación de los mecanismos políticos que establecían la mediación entre esas dos esferas y determinaban la selección de los intelectuales orgánicos, es decir los partidos, recrea las condiciones de accionar político (Roze, 2011: 62).

En los inicios de la década de 1970, la economía aún es primaria y, como no se ha utilizado todo el espacio disponible, es extensiva más que intensiva. La situación y perspectivas de los principales productos son desalentadoras. La crisis no obedece solamente a problemas coyunturales, expresa el carácter inadecuado de una estructura productiva basada fundamentalmente en cultivos tradicionales, cuya producción se enfrenta con mercados que tienen una capacidad de absorción muy limitada. La CRYM regula la producción de yerba mate mediante cupos de cultivos, precios y control de la comercialización; paga a los productores el 60% del precio del producto, el 40% restante (la prenda yerbatera) debe ser abona con posterioridad a la venta del producto (ajustado al precio real). El pago se hace a través de las entidades bancarias.

Se registran además canales de comercialización alternativos al mercado consignatario, hecho que provoca un mercado paralelo. En 1971 la CRYM adeuda a los productores el pago de la prenda yerbatera correspondiente a seis períodos anuales. La persistencia de la crisis es constante. El cooperativismo yerbatero expone esta situación al denunciar la falta de solución por parte de su principal interlocutor: el Estado nacional y provincial. Se percibe en esta etapa un “alejamiento” de la regulación estatal, que se agudiza y consolida con el advenimiento del neoliberalismo.

Los problemas que afectan a la economía de este producto no encontraron solución. Las presentaciones, delegaciones, entrevistas, publicaciones y el permanente clamor de los productores continúan siendo “campanas de palos”, para los oídos de quienes dependen las soluciones […]. Creemos que solamente un productor yerbatero puede admitir que, en 1971 se adeuden todavía saldos que corresponden a la consignación de la cosecha de 1965. Solamente a él le toca observar impotente, como sus acreencias se esfuman devoradas por una feroz inflación por la insolvencia de un organismo que se supone creado para la defensa de sus legítimos intereses y al que la inercia oficial mantiene maniatado […]. Solamente un yerbatero admitirá como posible que mientras él se ve constreñido a dejar un 70% de su propia producción en la planta se posibilite generosamente, por las autoridades nacionales, la introducción del producto similar extranjero (FEDECOOP, 1972).

El contexto provoca el accionar gremial de los yerbateros. Las demandas están destinadas tanto al gobierno nacional como al provincial. Esta situación desencadena un descontento generalizado de los productores, no solo de los yerbateros porque el impacto de la crisis se siente también en la producción del té y, en menor medida, sobre el tabaco, es decir en todo el agro regional. En la provincia hace su aparición el Movimiento Agrario Misionero (MAM) que se constituye en la localidad de Oberá en mayo de 1971. Las principales reivindicaciones se orientan en mejorar los precios de los productos agrícolas y sus instrumentos de comercialización. Desde el momento de su fundación, se consolida como la organización gremial de mayor relevancia y legitimidad debido a su capacidad de movilización en toda la provincia (Bartolomé, 1982).

En esta etapa, se percibe la crisis de las asociaciones. Los registros constatan estos altibajos, y los productores de la región –particularmente, los pequeños– consideran que las entidades tradicionales y de mayor tamaño en la región ya no representan sus intereses. La crisis del movimiento cooperativo se hace sentir, al alejamiento de asociados de las entidades más convocantes se suma las restricciones que tienen los pequeños productores para formar nuevas cooperativas, con características más próximas a sus realidades. A partir de entonces, el MAM se posiciona con la entidad gremial que más productores reúne. Con el advenimiento de la dictadura militar (1976-1983), el movimiento sufre un retroceso como consecuencia de la persecución de sus principales dirigentes (Torres, 1999).

En los últimos años de la década del sesenta, se consolida una burguesía agroindustrial de capitales regionales y con capitales mixtos ligados a intereses extrarregionales. Es decir, que junto a productores de reducido tamaño, imposibilitados de un efectivo proceso de acumulación, existe un estrato de empresas que no solo actúan en el proceso de comercialización, sino que también participan de la fase de producción a partir de sus propias plantaciones. Esta clase empresarial, que en un principio se alía con los pequeños y medianos productores en el reclamo por las condiciones productivas, rápidamente se aleja al quedar formalmente conformado el MAM, para pasar a constituir, luego, uno de los agentes hacia los cuales están dirigidos los reclamos (Galafassi, 2008).

Neoliberalismo en la agroindustria yerbatera
(1976-2002)

El período que se inaugura con el golpe militar de 1976 se caracteriza por la liberación de cosecha, como así también por la expansión regulada del cultivo, es decir de la superficie implantada. En 1973 el Estado nacional sanciona la ley 20371, que otorga el carácter autárquico a la CRYM (la institución presenta hasta entonces el carácter autónomo que le asigna la ley 12326 de 1935), cuya vigencia se extiende hasta la desregulación total en 1991. La década del setenta se caracteriza por la declinación en los rendimientos por hectárea cosechada, al tiempo que la yerba canchada también registra la misma variable. La caída es del 27% en 1983 si se toman los valores correspondientes a 1973 (Freaza, 2002: 116). A mediados del decenio, las cooperativas manifiestan su preocupación ante la situación económica que atraviesa el país y se refieren a la crisis general del agro:

Estamos frente a la aplicación de una nueva política económica en el país […]. Estamos asistiendo incrédulos a una veloz y anárquica transformación de toda la estructura económica de la nación […]. La falta de insumo en todo intento productivo, el alza incontenible de los costos, la sofocante espiral inflacionaria, la carencia de dinero y el alto costo financiero de los préstamos, todo esto nos lleva inexorablemente a un estrangulamiento de todos los caminos que normalmente deben converger hacia lo positivo en materia de producción, sin la cual no existe estabilidad económica, social y política posible (FEDECOOP, 1976).

Los discursos de esta entidad de segundo grado, plasmados en sus memorias, aluden al contexto económico. Empero, no se percibe una reacción contra la dictadura, sino que depositan las “esperanzas” en el nuevo gobierno de facto:

Es comprensible que en este momento tengamos fe en las nuevas instancias que se abren en el orden nacional al igual que en el orden regional, y que exista de nuestra parte una expectativa reconfortante por los principios, declaraciones y resoluciones enunciadas en los primeros días del nuevo gobierno instaurado a fines de marzo […]. Nos asimos con firme esperanzas a la reconstrucción prospectiva que emana del Acta del 24 de marzo de 1976 que fija propósitos y objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional (FEDECOOP, 1976).

En el período democrático inaugurado en 1983, el gobierno radical de Misiones del Dr. Ricardo Barrios Arrechea (1983-1987) interviene la Comisión Reguladora de la Yerba Mate:

Según versiones de informantes que tuvieron una importantísima función durante dicho gobierno, la imposibilidad de llevar a cabo una política yerbatera desde el estado provincial por el dominio que en la CRYM tenían entonces los grandes grupos molineros, fue el motivo fundamental por el que se la intervino. Durante el gobierno del peronista Dr. Julio César Humada (1987-1991), que según algunos comentarios contó en su campaña proselitista con ayuda financiera de algunas grandes industrias molineras excluidas de ciertos beneficios de la política llevada a cabo por el radicalismo, se volvió a conformar el directorio de la CRYM, aunque ésta en realidad, ya casi no tenia incidencia en el mercado por falta de fondos para consignar la yerba mate (Schamber, 2000: 232).

Las transformaciones económicas, sociales y políticas, que devienen con la adopción –desde fines de la década del setenta y acentuadas en los noventa– del neoliberalismo como régimen social de acumulación, provocan modificaciones estructurales en la agroindustria yerbatera. La desregulación, la descentralización de la economía, la modificación de las estrategias productivas y el surgimiento de nuevos actores sociales son las características destacadas de este modelo. En este contexto, priman, entre otros factores, la inversión de capital y la incorporación de tecnología. En este escenario, la reproducción de los pequeños productores yerbateros queda sujeta a su integración en los complejos agroindustriales y a los planes compensatorios que intentan reducir, en parte, los efectos expulsores de los procesos de diferenciación agraria (Schiavoni, 2008).

La profundización de los procesos de diferenciación social agraria y de la crisis de los cultivos tradicionales –principalmente, la yerba mate– provoca, además, la expulsión de población rural a los centros urbanos más importantes de la región (Posadas y Corrientes) y al área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. A la luz de estas modificaciones, emergen nuevos actores sociales, tanto en los grupos dominantes –representados por los molineros y empresarios forestales– como en los sectores subalternos y desfavorecidos, integrantes de la denominada agricultura familiar.

El nuevo modelo de acumulación provoca una crisis en el sector yerbatero y, por ende, en las formas tradicionales de asociación, particularmente en las cooperativas que, desde 1926, agrupan a los pequeños y medianos productores misioneros. La experiencia de regulación del Estado por intermedio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) llega a su fin –luego de 56 años– en 1991 por intermedio del decreto de desregulación 2284/91.

Debe aclararse que si bien esta intervención reguladora del Estado continuó durante la dictadura militar, los intereses de los pequeños productores en el directorio de la CRYM se vio fuertemente debilitado al no constituir mayoría en el mismo y por la represión ejercida sobre el Movimiento Agrario de Misiones que, como sus similares de Chaco y Formosa –ligas agrarias– habían crecido en la década del 70 como movimiento representativo de los pequeños y medianos productores del NEA (Slutsky, 2011: 393).

En la primera mitad de la década del noventa –posterior a la desaparición de la CRYM–, los precios de la yerba mate se mantienen estables dada la existencia en stock de yerba canchada y al crecimiento de las exportaciones que se registran a partir de 1991, cuando se posibilita retirar del mercado doméstico volúmenes importantes de yerba mate. La colocación del producto en el mercado externo permite disimular los efectos de la sobreproducción (Gortari, 1998); razón por la cual no se registran mayores conflictos en la actividad. Esta realidad se manifiesta en las asociaciones colectivas:

En el transcurso del presente ejercicio nuestra producción de yerba mate canchada fue casi igual que el año anterior […]. En cuanto al precio de la hoja verde, este Consejo de Administración con gran esfuerzo pudo mantener los valores del ejercicio anterior, bien sabemos que el mismo es deficitario para el productor, tratamos de pagar el máximo posible, ya que el precio de la yerba mate canchada sigue en baja y el costo de la elaboración sigue en alza, debido a los constantes aumentos en el combustible, energía eléctrica. El precio abonado al socio es de 4,5 centavos por kilogramos en planta, si le agregamos los gastos de cosecha, capataz, flete, seguros, aportes provisionales, llegamos a 9 centavos por kilogramos de hoja verde puesta en secadero […]. Ya ni siquiera podemos hablar de crisis, pues la situación actual que atraviesa el productor en general llegó a límites extremos, y el productor ya no tiene márgenes para nada, porque está al límite mismo de su subsistencia y de mantenerse esta situación tiende a desaparecer como tal (Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América, 1999).

Entre 1995 y 2000, los precios inician una caída notoria. A pesar de la reducción en el precio de la hoja verde y canchada que percibe el productor, el precio del producto final en las góndolas de los supermercados mantiene un ritmo ascendente, lo que genera márgenes de ganancias extraordinarias para el sector industrial, es decir para los principales molinos. Las modificaciones conllevan a que el sector industrial acentué el proceso de concentración –que comienza desarrollarse por la crisis que sufre la actividad yerbatera en 1966– por las fluctuaciones económicas que afectan al producto y la política económica financiera nacional. La situación se complementa con la influencia creciente de las cadenas comercializadoras, y ambas consolidan su papel en tanto eslabones que dirigen el sector, al tiempo que absorben las mayores ganancias (Magán, 2008). Estas medidas contribuyen a debilitar el papel del Estado en la actividad y a disminuir la eficiencia del sector público.

Otro rasgo particular de la desregulación en el sector es que muchas empresas agroindustriales yerbateras avanzan en la externalización de sus funciones y tienden cada vez más a tercerizar las cosechas y el transporte de la materia prima. El proceso da lugar a la expansión de un sector de empresas de servicios especializadas, como los contratistas de mano de obra, vendedores de servicios de cosecha y transporte. El crecimiento de este sector, en las condiciones de desregulación del mercado laboral, se constituye en factor de expansión de la informalidad y precarización del empleo asalariado yerbatero; por ejemplo, el trabajo no registrado, el pago a destajo y las pésimas condiciones de los lugares de labor (Rau, 2012).

La década se caracteriza –siguiendo estas tendencias– por la concentración del capital de quienes controlan la última etapa del proceso yerbatero: la industrialización y la comercialización, relegando al sector productivo (sobre todo, al pequeño y mediano productor) a la descapitalización y dando origen a un mercado oligopsónico dominado por el sector molinero. El precio de la yerba mate y la irrupción –cada vez con mayor peso– de los molinos determinan gran parte de la actividad yerbatera de la provincia. Se consolida, así, una estructura que inclina la balanza a favor de dichos molinos en detrimento de los productores y cooperativas.

En este nuevo escenario, donde los agentes económicos operan y toman sus decisiones, se caracteriza por novedosas condiciones estructurales que inciden en las decisiones de inversión y prácticas sociales que las condicionan (Fabio, 2008: 128). A nivel productivo, el modelo de acumulación da lugar a la desaparición de numerosas unidades y genera cambios tanto en la dotación de los factores como en las formas de organización del trabajo en las unidades que permanecen (Craviotti, 2008: 19). Se registran, en este sentido, unidades diversificadas y productores dedicados a otros cultivos, además de la yerba mate.

Las modificaciones del contexto generan movilizaciones, protestas y resistencia^[5] llevadas a cabo por sectores afectados por las medidas desplegadas. Además, se producen las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas asociaciones y para la transformación de los discursos, estrategias y estructuras organizativas de las asociaciones preexistentes, redefiniéndose a su vez la red de representaciones de intereses y su interacción con el Estado y otros sectores sociales (Lattuada, 2006).

Hemos transcurrido un año en que la crisis yerbatera, lejos de presentar indicios de mejoría se acentuó notoriamente con la continua caída del precio de la yerba mate canchada, lo que se trasladó a la hoja verde. En este marco hemos apoyado en todo momento a los dirigentes de la Coordinadoras de Entidades de la Producción en sus protestas e intentos de mejores condiciones para el sector pero los resultados no fueron los pretendidos […]. En esta distorsión de precios, un papel preponderante debiera cumplir el Gobierno, en defensa del más débil (el productor) pero lamentablemente no lo hace, ni tampoco ha impulsado nuevas medidas tendientes a aumentar el consumo o desarrollar nuevos mercados (Cooperativa Yerbatera Andresito, 1999).

En este contexto y como consecuencia de las constantes huelgas, lucha y resistencia por parte de los productores yerbateros en la capital de la provincia (Posadas), se crea en 2002 el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Este hecho refleja el retorno a la regulación de la actividad yerbatera, luego de diez años de libre mercado. Como la otrora CRYM, la nueva entidad estaría destinada a regularla y fijar los precios, aunque difería de su antecesora. Con objetivos similares a la CRYM y poder recaudatorio dado a través de un estampillado obligatorio para toda yerba de expendio público, nacional o importada, no fue dotado de poder de control y fiscalización sobre las plantaciones. Tampoco está acompañado de un mercado consignatario ni de una cartera de crédito bancario que pudiera adelantar el pago al productor ni negociar el precio base de la yerba apoyado en datos fehacientes de los costos de producción (Magán, 2003: 7-8). En la práctica, queda reducido a una mesa de discusión del precio que recibirían los productores. La representación es ampliada e incluye a los gobiernos nacional y de las dos principales provincias involucradas, Misiones y Corrientes, además de los trabajadores rurales y los secaderos.

Consideraciones finales

La etapa estudiada se caracteriza por una crisis constante del sector agrícola en general y del yerbatero en particular. Las políticas estatales (primero nacionales y luego provinciales y nacionales) no siempre estuvieron acordes a las necesidades del sector y el eco de esta inestabilidad se hace sentir con mayor fuerza en el pequeño productor, quien ve condicionada su capacidad de reproducción social, como consecuencia de la inestabilidad de los precios, los cambios constantes en sus explotaciones –debido a las políticas de liberación y limitación de plantaciones, prohibición o cupos de cosechas–, la importación de yerba mate de países limítrofes; como así también, por los mecanismos de comercialización, que, a pesar de ser canalizada por la CRYM, se detectan grietas que generan un comercio paralelo.

La categoría de provincia adquirida no resulta suficiente para solucionar las contradicciones entre intereses económicos locales y extrarregionales que identifican a esta agroindustria. En este sentido, el marco temporal propuesto abre la posibilidad de identificar los alcances y límites del accionar del Estado provincial en áreas que hasta entonces eran de competencia nacional, al tiempo que permite analizar las relaciones y tensiones económicas, políticas y sociales que se establecen entre ambas esferas (nación-provincia) y demás miembros de la sociedad civil.

En la región yerbatera argentina, las alteraciones del contexto socioeconómico registrado a nivel nacional y las transformaciones estructurales que se desarrollan a partir de la década del setenta y se consolidan en los noventa condicionan las posibilidades de reproducción social de la pequeña y mediana producción agrícola. Las mismas presentan serias dificultades para hacer frente a las fluctuaciones de los precios y las diferentes determinaciones ejercidas por los mercados nacionales e internacionales.

La retracción del Estado y el proceso de concentración capitalista que vive el país en este período golpea al sector agrícola en general y a las pequeñas y medianas explotaciones familiares en particular. La situación conlleva a la crisis de las formas tradicionales de asociación. Como consecuencia de este panorama, se inicia un período de elevada conflictividad entre los productores y la industria. El escenario político es diferente: el Estado deviene en un interlocutor “sordo”, y los productores se ven librados a las reglas de juego del mercado libre, con las consecuencias sociales y económicas (Schvorer, 2011). Las modificaciones del contexto generan movilizaciones, protestas y resistencia llevadas a cabo por sectores afectados por las medidas desplegadas; además, se producen las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas asociaciones y para la transformación de los discursos, estrategias y estructuras organizativas de las asociaciones preexistentes, redefiniéndose a su vez la red de representaciones de intereses y su interacción con el Estado y otros sectores sociales (Lattuada, 2006).

Bibliografía

Bartolomé, L. (1975). “Colonos, plantadores y agroindustrias. La explotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones”, en Desarrollo Económico, revista de ciencias sociales, n° 58, vol. 15, julio-septiembre.

Bartolomé, L. (1982). “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975”, en Desarrollo Económico, revista de ciencias sociales, , n° 85, vol. 22, abril-junio.

Bolsi, A. (1986). “Misiones una aproximación geográfica al problema de la yerba mate y sus efectos en la ocupación del espacio y el poblamiento”, en Folia Histórica del Nordeste, nº 17.

Comisión Integremial de Defensa de la Economía Yerbatera (CIDEY) (1965). La realidad en yerba mate. Posadas, Misiones.

Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) (1936). Memorias. Buenos Aires.

Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América Ltda. (1999). Memoria y balance. Jardín América, Misiones.

Cooperativa Yerbatera Andresito (1999). Memoria y Balance. Comandante Andresito, Misiones.

Craviotti, C. (2008). Los nuevos productores: alimentos de alto valor y reestructuraciones agrarias. Buenos Aires: Ciccus.

Fabio, J. F. (2008). “Representación de intereses de agricultores familiares. El caso de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM)”, en L. Bartolomé y G. Schiavoni (comps.) Desarrollo y estudios rurales en Misiones. Buenos Aires: Ciccus.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) (1959). Memoria. Posadas, Misiones.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) (1963). Memoria. Posadas, Misiones.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) (1966). Memoria. Posadas, Misiones.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) (1972). Memoria. Posadas, Misiones.

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) (1976). Memoria. Posadas, Misiones.

Freaza, J. (1958). Problemas de Misiones. Posadas: Archivo General de Gobernación, Centro de Documentación, Gobierno de la Provincia de Misiones.

Freaza, M. A. (2002). Economía de Misiones. Aspectos y actividades relevantes. Posadas: Editorial Universitaria UNaM.

Galafassi, G. (2008). “El Movimiento Agrario Misionero en los años setenta. Protesta, movilización y alternativas de desarrollo rural”, en Revista Herramienta, n° 38.

Gortari, J. (1998). “El Mercosur y la economía yerbatera: una aproximación al impacto en la pequeña producción regional”, en Realidad Económica, n° 154.

Gutiérrez, C. (2011). “Misiones: Núcleos de desarrollo y ciclos productivos de 1880 a la actualidad”, en F. Jaume y A. Báez (comps.) Desarrollo y ciudadanía en Misiones, Argentina. Posadas: Editorial Creativa.

Lattuada, M. (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. Bernal: Editorial Universidad Nacional de Quilmes.

Magán, M. V. (2003). “El amanecer de la esperanza. Un análisis del primer año del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, en terceras Jornadas Interdisciplinaria de estudio Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires, CIEA.

Magán, M. V. (2008). “¿Regulación o Crisis? La Influencia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate en los ciclos yerbateros 1924-2002”, en Pasado y Presente en el agro argentino. Buenos Aires: Lumiere.

Rau, V. (2002). “Yerba Mate: ‘El Paro Verde’”, en Revista Realidad Económica, n° 185.

Rau, V. (2012). Cosechando yerba mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agrario en el nordeste argentino. Buenos Aires: Ciccus.

Rosenfeld, V. y Martínez, E. (2007). “El conflicto yerbatero: un triunfo contra la desregulación en el agro”, en J. Gortari (comp.) De la tierra sin mal al tractorazo: Hacia una economía política de la yerba mate. Posadas: Editorial Universitaria de Misiones.

Roze, J. P. (2006). “Cooperativas: Entre la solidaridad y las leyes acumulativas”, en Revista AVA, nº 8.

Roze, J. P. (2011). Conflictos agrarios en la Argentina: El proceso liguista (1970-1976). Buenos Aires: Ediciones RyR.

Schamber, P. (2000). “Barajar y dar de nuevo. Consecuencia de la desregulación en el sector yerbatero”, en Revista Realidad Económica, IADE, Buenos Aires, núm. 169, enero-febrero.

Schamber, P. (2001). “Existo y ocaso de un estilo de gestión empresarial: El caso del Establecimiento Las Marías en el sector yerbatero”, en Revista Realidad Económica, nº 181.

Schamber, P. (2006). “Barajar y dar de nuevo. Consecuencias de la desregulación en el sector yerbatero”, en Revista Realidad Económica, n° 169, enero/febrero.

Schiavoni, G. (1995). Colonos y Ocupantes. Parentesco, reciprocidad y diferenciación social en la frontera agraria de Misiones. Posadas: Editorial Universitaria UNaM.

Schiavoni, G. (2008). “Repensar la reproducción. Del campesinado a la agricultura familiar”, en Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX. Buenos Aires: Ciccus.

Schvorer, E. L. (2011). “Misiones. Estructura social agraria, estado y conflictos sociales. Las circunstancias de una historiografía regional”. XIII Jornadas Interescuelas, Departamento de Historia, Mesa 63, Las “nuevas provincias”: políticas públicas, procesos económicos y conflictos sociales (1955 -2010). Catamarca, Argentina.

Slutsky, D. (2011). Estructura social agraria y agroindustrial del nordeste de la Argentina: desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador y excluyente. Buenos Aires: Instituto Argentino de Desarrollo Económico.

Torres, E. (1999). Cosechas de Injusticias. Historia de vida, lucha, horror y muerte. Asunción: Arandurá.

---