Protestas, cupos de producción
y diversificación de cultivos

María Celia Bravo (ISES/CONICET)

Introducción

Entre 1966 y 1967 dos medidas de la dictadura militar asestaron a la agroindustria azucarera de Tucumán, el golpe más contundente de su historia. En 1966 se decretó la intervención de siete ingenios azucareros de la provincia con el objetivo de cerrarlos y desmantelarlos (ley 16926). En dos años cerraron sus puertas once establecimientos azucareros, aproximadamente el 40% de su parque industrial, con su consecuente secuela de desocupación. En relación con el estadio agrario, se sancionó la ley 17163 de 1967 que determinó la expropiación compulsiva de cupos a los pequeños cañeros de hasta tres hectáreas, medida que expulsó a alrededor de 10 000 productores de la actividad, sin contemplar una alternativa productiva viable. Los efectos de estas políticas fueron devastadores: se incrementó la desocupación en el campo cañero a niveles inéditos y tomó impulso un proceso migratorio que determinó la pérdida de población provincial.

¿Cómo aconteció semejante desastre? A las leyes mencionadas las precedió la crisis de sobreproducción de 1958, cuyas consecuencias se intensificaron por la política azucarera de Álvaro Alsogaray que impuso un rendimiento único nacional, valor que definió los beneficios azucareros. Tal decisión facilitó el avance de la industria salto-jujeña en el control del mercado interno y determinó el desfinanciamiento de la agroindustria tucumana, en un contexto de caída del precio del producto elaborado y de recorte de la producción azucarera. En lo relativo a Tucumán, se avanzó con la desregulación de las relaciones fabril-cañeras, cuyos efectos, combinados con las discusiones paritarias, desataron una áspera puja distributiva intersectorial (entre industriales, cañeros y trabajadores) expresada en huelgas de trabajadores, en reclamos y movilizaciones cañeras, en la reducción de los ingresos fiscales de la provincia. La situación se trasladó a la administración pública y transformó la crisis azucarera en una crisis del Estado provincial.

En ese contexto, los diagnósticos sobre las causas de la crisis de la agroindustria tucumana ocuparon un papel relevante y gravitaron en la solución adoptada por la dictadura de Onganía. El Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA) fue el primero en criticar los bajos rendimientos productivos de la agroindustria tucumana, factor asumido como un axioma por el poder político desde 1955.^[1] En esa línea, se responsabilizó a un segmento del sector industrial debido a su atrasada tecnología. Tal imputación asociada con la ineficiencia se hizo extensiva a la economía tucumana al recibir el calificativo de “monoproductora”. En consonancia, el sector cañero también fue estigmatizado; se atribuyó a la fragmentada estructura agraria, y especialmente a los minifundistas, la responsabilidad por la caída de los rendimientos culturales de Tucumán. El cañero minifundista ha sido objeto de numerosos estudios que destacaron su condición campesina.^[2] En esta etapa, este productor fue caracterizado desde sus deficiencias, postura asumida por el gobierno, que se propuso como objetivo la eliminación del segmento más pequeño de los productores de la actividad azucarera, asignándole como horizonte la “diversificación productiva”.

El trabajo centra el análisis en la política azucarera en materia agraria, los criterios configurados en torno a la estructura agraria cañera, las razones que incidieron en la baja productividad; considera la reacción del sector cañero nucleado en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT); incorpora las soluciones técnicas implementadas por INTA, los avances científicos alcanzados y los efectos sociales. Se organiza en dos apartados. En el primero, examina las condiciones productivas del complejo azucarero tucumano, las políticas públicas destinadas al sector cañero entre 1960 y 1965 que impulsaron la disputa intersectorial. En el segundo, considera los decretos-leyes impartidos en el marco de la dictadura militar instalada en 1966 que habilitaron la ofensiva patronal, los embates al minifundio cañero y la diversificación productiva. Postula que tales medidas generaron mayor diversidad de la producción agraria, pero no modificaron la centralidad de la producción cañera desde el punto de vista de su valor bruto. A pesar de las medidas gubernamentales, los productores minifundistas resistieron en condiciones impropias, en tanto fueron expulsados del mercado legal de la caña y sometidos a la pauperización.

El complejo azucarero de Tucumán y la situación del sector cañero entre 1960 y 1965

Desde 1950 se instaló a nivel nacional el criterio de considerar antieconómica a la agroindustria tucumana debido a la caída de los rendimientos fabriles cuyas causas reconocían varios factores: la obligatoriedad de moler la totalidad del cañaveral y el pago de la tonelada de caña solo en función del peso, medida que desalentó el mejoramiento de los cañaverales y alentó la expansión de los cultivos hacia zonas marginales para satisfacer la demanda del mercado interno.^[3] En contraste, la agroindustria salto-jujeña (región productiva denominada “norte”) obtenía rendimientos culturales y fabriles superiores en función de la localización de sus cañaverales.^[4] El CARNA fue el núcleo promotor de esta visión al presentar al minifundio cañero como el principal factor de encarecimiento del azúcar y responsable de la extensión del cultivo hacia zonas no aptas. Como contrapartida, exaltaba su modelo productivo cuyos ingenios contaban con grandes extensiones, condición que permitía una mejor coordinación de la cosecha y la aplicación de técnicas modernas. Tales funciones revelaban la presencia de un empresariado dinámico, abierto a la innovación tecnológica, mientras en Tucumán se descuidaba la eficiencia fabril.^[5]

A la luz de tales imputaciones, examinaremos el modelo agroindustrial tucumano, integrado por 27 ingenios, de los cuales 17 (el 63%) eran fábricas pequeñas con una capacidad de molienda anual de 15 000 y 25 000 toneladas; 9 establecimientos (11%) de rango medio con una producción de 25 000 y 60 000 toneladas; solo uno, el ingenio Concepción, tenía una producción de 73 000 toneladas.^[6] En 1965 se abastecían con un 19,5% de caña propia y requerían del concurso del plantador independiente. La materia prima era el principal insumo para la fabricación de azúcar, cuyo costo de producción representaba el 50% del valor del azúcar.^[7] Las refinerías de alcohol instaladas en 22 establecimientos revelaban que los ingenios habían incursionado en la diversificación industrial, aunque el aprovechamiento de otros subproductos comenzaba a explorarse.^[8]

La principal crítica al parque industrial –difundida por los ingenios del “norte” hasta convertirla en un axioma que no necesitaba demostración– refería al carácter obsoleto de su maquinaria. En líneas generales, el retraso tecnológico de las fábricas azucareras comprendía a la totalidad de sus unidades, en tanto la renovación y compra de equipos se inició en 1958. Por la dificultad de importar, los ingenios instalaron talleres de reparaciones en sus predios, incluso se abrieron establecimientos metalúrgicos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en algunos poblados a la vera de los ingenios. Estos emprendimientos crecieron durante la Segunda Guerra Mundial estimulados por el retiro de firmas extranjeras proveedoras de repuestos y de maquinaria.^[9]

El gobierno de Frondizi estimuló el cambio tecnológico en la industria azucarera a través de créditos. A su influjo, las inversiones cobraron un fuerte impulso en 1961.^[10] Se reemplazaron los viejos trapiches por maquinaria moderna con el objetivo de incrementar la producción. Se adoptó la automatización en la fase de centrifugación y el embolsado con el consecuente ahorro de mano de obra (Mora y Araujo y Orlansky, 1976: 109). En 1960 el ingenio Concepción, con el apoyo del Banco Industrial, adaptó sus instalaciones para el empleo de gas como combustible, innovación que implicó una sustancial reducción de los costos y mayor poder calórico (La industria azucarera, núm. 803, septiembre de 1960: 432). En 1961 el ingenio San José remodeló su usina con la instalación de un turbo alternador de 1000 kW; remodeló la instalación eléctrica, la batería de centrífugas; adquirió nuevos tachos al vacío y amplió el depósito de azúcar (La Gaceta, 16/07/1961 y 23/07/1961). Lo mismo sucedió con el ingenio La Corona, que instaló un trapiche nuevo. En 1962 el ingenio Los Ralos comenzó a experimentar con cosechadoras para mecanizar la cosecha. La iniciativa fue seguida por las fábricas de Santa Lucía, San Pablo, Concepción y La Corona, al encargar máquinas cosechadoras que en una hora realizaban el trabajo de 200 peladores de caña.^[11] El cambio tecnológico emprendido por varias unidades fabriles cuestiona el supuesto de la ineficiencia productiva o el estado vetusto de las maquinarias de los ingenios.^[12]

La mayoría de estas empresas eran sociedades familiares pertenecientes al linaje industrial azucarero de la provincia, poseedoras de extensos cañaverales. Se trataba de un grupo concentrado que controlaba el 50% de los ingenios.^[13] Su comportamiento empresario durante la década de 1960 constituye un terreno todavía inexplorado. Gaignard (2011) sostiene que el ingenio San Pablo informaba una ganancia neta de $50 millones en el ejercicio 1960-1961, en un contexto de crisis azucarera, cuando las fábricas anunciaban que carecían de capital operativo para saldar sus deudas con trabajadores y cañeros. El autor sugiere que las ganancias deparadas por el azúcar fueron invertidas en negocios ajenos a la actividad azucarera: seguros, industrias alimenticias, mecánicas y empresas comerciales.^[14]

No obstante, el universo empresarial del parque azucarero tucumano era diverso. Los ingenios Ñuñorco y Marapa se crearon como sociedades mixtas, integradas por accionistas cañeros y el Estado provincial (Bustelo, 2016). Estos establecimientos concretaban una vieja aspiración de los productores, que tomó impulso a finales de la década de 1920. Integraban una entidad provincial, la Organización Financiadora de Empresas Mixtas Privado Estatal (OFEMPE), que explotaba el ingenio Esperanza, posteriormente incorporó el ingenio Santa Ana, que pasó de la órbita nacional a la provincial en 1958.

En 1965 los ingenios de Tucumán reunían una masa laboral de 35 285 trabajadores, de los cuales el 31% era permanente y el 69% transitorio (Análisis y evaluación del plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán. Informe final, 1973: 123). Tal distinción era relevante. El obrero permanente (que debía exhibir un desempeño laboral continuado de ocho años en época de zafra y cosecha) estaba mensualizado, percibía el salario familiar, gozaba de vacaciones y del escalafón, vía de promoción que incluía a 32 especialidades de fábrica (Bravo y Gutiérrez, 2014; Bravo, 2015: 238.). Tal clasificación revela el carácter especializado de los trabajadores azucareros estables, acostumbrados a operar con maquinarias complejas.^[15] Los industriales cuestionaron el peso de las cargas sociales que representaban –según sus cálculos– más del 100% del salario nominal y aducían que el resto de la industria argentina sufragaba por este concepto una erogación menor, calculada entre un 50 y 60% (CARNA, 1964: 28). Por tal motivo, procuraron reducir la presencia de este trabajador sujeto de derechos, cuya presencia en la actividad industrial descendió del 41% en 1956 hasta el 28% en 1966 (Análisis y Evaluación del Plan de Transformación Industrial de la provincia de Tucumán, 1973: 3).

La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), que nucleaba a los trabajadores de fábrica y surco, permanentes y transitorios, afrontó la ofensiva patronal desplegada a partir de 1955 para limitar los avances laborales obtenidos durante el ciclo peronista.^[16] En 1961 el gobierno canceló la personería gremial de la federación, luego de una prolongada huelga de 21 días que cobró la vida de un trabajador azucarero. Tal medida impidió la participación de los representantes de FOTIA en las reuniones paritarias, pero sus demandas fueron asumidas por el Frente Único Nacional de Trabajadores Azucareros (FUNTA), organización que reunía a trabajadores y empleados de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Chaco (Gutiérrez y Parolo, 2017: 164).

La agroindustria configuró un tipo especial de ruralidad que expresaba las formaciones sociales gestadas por la actividad azucarera. Se formaron pueblos en torno a las fábricas que prestaban servicios públicos (educativos, sanitarios, gubernamentales, administrativos, policiales, etcétera), además de comerciales, sociales, deportivos y religiosos. Su población oscilaba entre los 1500 y 4000 habitantes. Sin embargo, no solo los ingenios generaron aglomerados de población. En las áreas donde el fraccionamiento de la propiedad rural era intenso se formaron localidades populosas que reunían entre 1100 y 1800 habitantes.^[17] En consecuencia, el área azucarera de Tucumán presentaba las características de una ruralidad urbanizada configurada por la fragmentación de la propiedad, un rasgo singular de la campaña cañera.

Cuadro 1. Número de productores y extensión de fincas según escala, 1963

Escala	Número de fincas	%	Extensión has	%
0-4	13 033	60	30 335	16
5-10	5111	24	33 729	17
11-40	2719	12	50 375	26
40-100	608	3	38 424	20
100 y más	195	1	41 099	21
Total	21 666	100	193 962	100

Fuente: La industria azucarera, núm. 841, diciembre de 1963: 364.

En 1963 existían 21 666 fundos, de los cuales el 84% tenían una extensión de 1 a 10 hectáreas y controlaban el 33% de los cañaverales. La franja considerada media (de fincas de 11 a 40 hectáreas) representaba el 12% del total de fundos y el 26% del área cultivada con caña, mientras que las fincas de más de 41 hectáreas –estimadas como grandes en un universo dominado por pequeños fundos– constituían el 4% del sector y ocupaban el 41% de la superficie cañera. Se trataba de un universo cañero marcado por la desigualdad y la disputa. Los cañeros grandes compartían la visión de los industriales y del gobierno de responsabilizar a los minifundistas por los bajos rendimientos y proponían para este segmento la “diversificación productiva” (Análisis y evaluación del Plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán, 1973: 36). Tal posición contradecía la propuesta de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán de 1965 que sugirió programas de diversificación para las fincas de mayor tamaño debido a su mayor capacidad de inversión y que se mantuviera a los minifundistas como productores de caña. El proyecto fue desechado por la política de cupos, que adoptó la postura contraria a la institución en concordancia con los intereses de industriales y grandes cañeros (Canitrot y Sommer, 1972: 151).

El “problema azucarero” tenía otras aristas que aludían a las condiciones productivas de la provincia. En esa dirección, el ingeniero Jaime Alzaraqui Alonso, quien se desempeñó como director de la Dirección de Azúcar (DA) en 1954, tenía una visión “pesimista” al sostener que el problema de Tucumán residía en el agotamiento de la tierra.^[18] Los técnicos del INTA refutaron esta afirmación que negaba viabilidad productiva a la provincia en materia azucarera y aseveraron que las condiciones naturales de Tucumán no constituían el factor determinante de los bajos rendimientos agrícolas. Informaban que sus plantaciones habían conseguido rendimientos superiores a 90 toneladas por hectárea (similares a las del norte), de modo que eran las condiciones productivas las responsables de los bajos rendimientos agrícolas (Análisis y Evaluación del Plan de Transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán, 1973: 34). En esa dirección, el ingeniero Roberto Ullivarri, director del Centro Regional del Noroeste del INTA, sostenía que la clave de la productividad en el agro cañero dependía de la utilización de variedades de caña aptas para la zona. Las cañas de azúcar CP 34-120 y CP 34-79, creadas genéticamente en Tucumán, alcanzaron valores del 7,89 y 8,92% de rendimientos sacarinos, pero su difusión en la campaña tucumana fue paulatina y sus efectos se hicieron evidentes a comienzos de la década de 1970 (Sánchez, 2018: 7). En consecuencia, el avance científico permitió el incremento de la productividad en un rubro sensible en tanto la calidad de la planta tenía una incidencia decisiva en los rendimientos fabriles (Mora y Araujo y Orlansky, 1976: 48). También se analizaron otros aspectos técnicos, como el acarreo de la caña al trapiche. La operación debía hacerse de manera acelerada para evitar el rápido deterioro del jugo de la caña, cuyo nivel de sacarosa disminuye una vez cortada la planta. Tal condición exigía organizar la recepción de la materia prima por parte de los ingenios, establecer un calendario de cosecha y un plan de zafra que notificara a los productores los días de recepción de la caña, además de instalar cargaderos en zonas cañeras para recibir y pesar los atados de materia prima. La determinación de estos aspectos suponía la coordinación del ingenio con el plantador, situación que se desbarató con la falta de financiamiento de las zafras, como veremos más adelante.

Respecto de la caída de los rendimientos fabriles, los industriales de Tucumán transfirieron esa responsabilidad a los cañeros al afirmar que la obtención de buenos registros dependía de causas ajenas a su órbita en tanto esos resultados dependían de la calidad de la materia prima (Nota del Centro Azucarero Tucumano al ministro de Comercio de la Nación, 31/01/1955). En esa línea, CARNA avanzó al afirmar que los minifundios eran un factor fundamental del encarecimiento del azúcar nacional (CARNA, 1964: 6).

¿Qué características tenían los cultivadores minifundistas? Se trataba de productores propietarios que utilizaban trabajo familiar, poseían escasos útiles de trabajo, algunos carecían de carros y dependían de otros productores de mayor tamaño para el transporte de la materia prima. En 1968 Delich recabó información sobre la posición de los campesinos respecto de la productividad agraria. El 73% de este segmento era consciente de su menguada productividad y confiaba en mejorarla. El 16% estimaba que el aumento de rendimiento podía lograrse mediante la utilización de abonos, solo el 8% confiaba en la utilización de variedades de caña adecuada, mientras que el 30% sostenía que con mejores técnicas de cultivo –única variable que podía manejar– podrían alcanzar mejores resultados. Concluía que los campesinos no tenían acceso a las novedades tecnológicas del INTA por la escasa relación con la institución; solo el 12% del segmento recibía información de la entidad, aunque era muy bajo el número de pequeños cañeros que no respetaban sus indicaciones (Delich, 1970: 93). Otro argumento muy utilizado para denostar a los minifundistas era considerarlos un obstáculo para la mecanización del agro. Este punto fue muy debatido. Los técnicos del INTA consideraban irracional la sobrecapitalización de algunas cooperativas de pequeños productores en lo relativo a la disponibilidad de tractores y admitían que en las pequeñas explotaciones era más productiva la mula.^[19] La debilidad económica del segmento se reveló también en el escaso uso de fertilizantes y herbicidas debido a su alto costo.

Otro lugar común respecto de los productores minifundistas refería a su falta de iniciativa gremial, que se reflejaba en la dirección de UCIT, dirigida por los medianos plantadores. Sin embargo, los minifundistas encontraron resquicios para expresarse en el gobierno de la entidad. En 1956 UCIT modificó sus estatutos para ampliar la representación de su dirección y evitar la formación de liderazgos. Se constituyó un nuevo cuerpo, la Asamblea de Delegados (ADD), integrada por un representante cada 200 socios activos, que elegía de entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Directiva.^[20] Por esta vía expresaron sus reclamos y lograron modificar las tradicionales posiciones de la entidad centradas en la petición a los poderes públicos.

En 1959 la política azucarera decidida por Alsogaray estableció el rendimiento fabril único que determinó los beneficios industriales, disposición que anulaba los rendimientos zonales que contemplaba las características productivas de cada región, con la consiguiente redistribución de los ingresos azucareros a favor de los ingenios del norte en virtud de sus mayores rendimientos y menores costos.^[21] Para Tucumán se instituyó la libre contratación de la materia prima a través de la negociación entre industriales y cañeros para definir el precio de la caña. La medida desreguló las relaciones fabril-cañeras al anular el contrato único establecido por el laudo Alvear en 1928 y dejó a los cultivadores supeditados a la voluntad de los industriales.^[22] La decisión de exportar a pérdida para disminuir los excedentes y la reducción del 21% de la producción tucumana dejó 56 000 hectáreas sin cosechar, ajuste que tuvo un fuerte impacto en las localidades cañeras.

Al comenzar la cosecha de 1960, los ingenios debían a los cañeros los anticipos y saldos pendientes de la zafra anterior –que seguían sin resolverse por la falta de acuerdo entre cañeros e industriales– y la definición del precio de la caña de ese año. Los delegados de la ADD criticaron por ineficaz la vía seguida por la dirección de UCIT que se agotaba con gestiones infructuosas en Buenos Aires y solicitaron la declaración de la huelga para hacer sentir sus reclamos. En consecuencia, el giro en la política de la entidad fue promovido por los pequeños plantadores que tenían preponderancia en la ADD (Actas de la ADD de UCIT, 01/09/1960 y 13/11/1960). Su influencia se reflejó en la dirección del gremio, que eligió en mayo de 1961 a Segundo Correa como vicepresidente. Se trataba de un dirigente agrario con dilatada militancia como presidente del Sindicato de Cañeros Chicos de Gastona, fundado en 1946 al influjo del peronismo.^[23]

En ese contexto, UCIT formó comités de resistencia en las distintas localidades cañeras para activar el movimiento de fuerza. Al mismo tiempo definió sus demandas: determinación del precio de la caña para la cosecha de 1959, pago de los saldos pendientes de zafras que se remontaban en algunos casos a 1958 y la oficialización de un cronograma de pago. El lema del paro agrario se reflejó en la consigna: “O todos los ingenios pagan o no muele ninguno”, medida que solo podía hacerse efectiva con la participación del conjunto de los cañeros. El corolario del movimiento se reflejó en una masiva movilización de plantadores hacia San Miguel de Tucumán que se denominó “marcha del hambre”.^[24] Las columnas de cañeros, identificadas según su lugar de procedencia, se dirigieron a la plaza Independencia, principal paseo de la ciudad. Inflamados por las arengas de los delegados departamentales, los cañeros decidieron acampar en la plaza hasta que se resolvieran sus demandas. En la madrugada del día siguiente fueron violentamente desalojados por orden del gobierno provincial. La policía montada invadió el local de UCIT para reprimir a los plantadores y sus familias.

La huelga representó un triunfo simbólico al conseguir la adhesión de numerosas organizaciones gremiales, profesionales y universitarias, además de las individuales de los ciudadanos de a pie que aplaudieron el desfile de las columnas cañeras (Bravo, 2017: 180-187). La medida de fuerza se levantó a fines de junio y significó un triunfo para los cañeros. Los industriales se comprometieron a pagar la totalidad de la zafra de 1958 y 1959, se definió el precio de la materia prima que debía liquidarse tomando como base el precio promedio del azúcar vendido en mercado interno y externo en la proporción del 58% para el cañero, se decidió que la financiación de la zafra 1960 se realizaría con fondos del Banco Nación.^[25] Incluso, se impuso a los ingenios la obligación de abonar intereses por mora en el pago; se estipuló el valor de los anticipos de la zafra de 1961, fijados en $360 por tonelada de caña entregada. Por su parte, el gobierno provincial contraía la obligación formal de velar por el cumplimiento de este compromiso (La Gaceta, 29/06/1961).

El triunfo cañero era contundente. Sin embargo, se trató de una victoria pírrica. El acuerdo fabril-cañero naufragó ante la política nacional, que impuso obligaciones difíciles de cumplir a una industria desfinanciada por la exportación a pérdidas. El pago de anticipos recibió una financiación tardía y parcial del Banco Nación. Los desembolsos se hicieron de manera parcial y las deudas de los ingenios con los plantadores se mantuvieron. La huelga y la “marcha del hambre” fueron las únicas acciones de envergadura protagonizadas por los pequeños cañeros en la década de 1960; este acontecimiento contradice los comentarios sobre la pasividad y mansedumbre de los pequeños productores.^[26]

La contundencia del paro y la eficacia simbólica de la “marcha del hambre” tuvo efectos políticos y gremiales. La Legislatura provincial sancionó la ley 3073, una iniciativa de la bancada de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), que declaró de utilidad pública a la industria azucarera, sujeta a expropiación, incautación de uso e intervención de las fábricas en Tucumán (La Gaceta, 14/08/1961). Se trataba de una medida reclamada por UCIT para garantizar el funcionamiento de la totalidad del parque industrial de la provincia. La legislación no fue reglamentada, pero la existencia de dicho instrumento constituyó una amenaza a los industriales azucareros, considerados responsables de desfinanciar las fábricas y provocar la crisis económica y la efervescencia social de la provincia.

El efecto gremial de la huelga se manifestó al año siguiente. En 1962 se formó una nueva entidad agraria, el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), asociación integrada por grandes cañeros, cuyo número de asociados ascendía a 159 productores y sus posturas por lo general eran coincidentes con las de los industriales (Diagnóstico Regional de la Provincia de Tucumán, 1973: 181). No participaron en la medida de fuerza de UCIT, pero tampoco la obstaculizaron. El surgimiento de una nueva asociación cañera restó poder a UCIT para garantizar medidas extremas, como el paro agrario.

En 1964 la situación de la agroindustria se tornó preocupante por la falta de financiamiento.^[27] Los ingenios interrumpieron la cadena de pagos, debían los aumentos salariales a los trabajadores y los anticipos de materia prima de la zafra pasada a los cañeros. La persistencia de la crisis azucarera afectó a la administración provincial, cuya recaudación declinó sensiblemente. El gobierno no pudo pagar los salarios de los empleados públicos y emitió bonos de cancelación de deudas endosables como pago. A los conflictos azucareros se sumaron los de la administración pública, que comenzó con paros.

El sombrío panorama se profundizó con una nueva crisis de sobreproducción en 1965. La cosecha de ese año superó nuevamente el millón de toneladas, acumulando un stock de 405 275 toneladas. El excedente doméstico coincidió con el bajo precio del azúcar en el mercado internacional, situación que dificultó la exportación. En ese contexto, ante la renuencia del Banco Nación de otorgar financiamiento, la Cámara Azucarera Regional-Tucumán (CART), que nucleaba a los industriales, anunció la quiebra de la agroindustria:

La demora de los fondos comprometidos ha determinado la asfixia financiera de las empresas […] Esta situación ha llevado inexorablemente a la industria a su ruina y no quedarían disponibilidades para cumplir con el pago de salarios, tampoco podrán atenderse las obligaciones con los proveedores con quienes la deuda asciende a cifras millonarias (La Gaceta, 06/8/1965).

La crisis se trasladó a todos los sectores azucareros. Los plantadores suspendieron la entrega de caña a los ingenios y anunciaron la imposibilidad de cumplir con el 30% de aumento a los trabajadores de surco. Los obreros realizaron paros y ocuparon ingenios con el objetivo de forzar el cobro de salarios adeudados. En octubre el ingenio La Esperanza cerró definitivamente sus puertas para reconvertirse en un establecimiento metalúrgico. La protesta social se desarrolló en forma desordenada e inorgánica al compás de la caída libre de la economía de Tucumán, afectada por el derrumbe del precio del azúcar de $37 a $28 el kilo, valor que no cubría los costos de producción.^[28]

La crisis tucumana se discutió en el Congreso nacional, donde se sancionó la ley de emergencia azucarera (16880/65), que facultó al Poder Ejecutivo Nacional a regular la producción, industrialización y comercialización de azúcar. Estableció $6 por kilo para alimentar el Fondo de Regulación Azucarera (FRA), fijó cupos de exportación con compensaciones e instituyó el mercado legal de caña al estipular que solo los productores inscriptos en el registro nacional de productores de caña de azúcar podían continuar en la actividad. El FRA estaba desfinanciado, pero su tonificación estaba destinada a solventar las deudas de los industriales con los cañeros en concepto de materia prima y los salarios de los obreros. La ley ordenaba la reincorporación de los trabajadores separados y prohibía nuevos despidos.^[29]

El Centro Azucarero Argentino (CAA) se opuso frontalmente a la ley de emergencia por impedir despidos y lanzó un violento ataque a los dirigentes de UCIT, a quienes consideraba “agentes provocadores de la subversión total del orden constitucional que actúan en una entidad gremial cuyo único objetivo parece haberse convertido en el atropello de personas, derechos e instituciones” (La industria azucarera, núm. 868, marzo de 1966: 81). Los cañeros habían ocupado en 17 oportunidades los establecimientos fabriles, incluso habían tomado las oficinas de la DA y retenido a sus funcionarios en un vano intento de conseguir medidas favorables al sector. En junio, la policía dispersó una columna de 500 cañeros, encabezada por el presidente de UCIT, Gaspar Lasalle, que reclamaba el pago de la materia prima. En ese clima de desborde social, el conflicto azucarero constituyó una pieza central para descalificar al gobierno de Illia y preparar las condiciones para una salida militar.

La dictadura militar, intervencionismo estatal, cierre de ingenios y expropiación de cupos

La dictadura militar fue recibida con cierto alivio en los sectores azucareros luego de una década de políticas desorganizadoras de la agroindustria. La zafra de 1965 estaba sin saldar a los cañeros y continuaban impagos los salarios de los trabajadores. La primera medida fue limitar la producción de Tucumán en un 30%, mientras que Salta y Jujuy solo reducían su producción un 17% (La Gaceta, 20/07/1966). La decisión estatal favoreció a los ingenios del norte, que incrementaron su participación en el mercado nacional protegido.

El 22 de agosto de 1966 el Poder Ejecutivo intervino siete ingenios: Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana. En un discurso por radio y televisión el ministro de economía de la nación, Jorge Salimei, responsabilizó a la estructura económica “colonialista” de la provincia basada en el monocultivo. Cuestionó a la industria por “beneficiarse” de la subvención estatal, señaló que los ingenios estaban en quiebra, no afrontaban las obligaciones salariales, con sus pagos suspendidos a los cañeros y demás proveedores. Tal situación favorecía el “caos social” de la provincia, a la que consideró una “isla de presente explosivo y porvenir incierto” (La industria azucarera, núm. 872, julio de 1966: 226).

El “colonialismo” –concepto utilizado por el ministro– estaba determinado por la dependencia de la provincia de bienes producidos fuera de su geografía. Esta explicación que se ponderaba para Tucumán podía hacerse extensiva a las provincias del norte.^[30] El monocultivo de la caña de azúcar era el factor responsable del supuesto “colonialismo”. Entre 1960 y 1970 este rubro representó en promedio el 73% de la superficie sembrada y el 77,4% del valor bruto generado por la agricultura tucumana (“Plan Trienal 1974-1976 para la reconstrucción de Tucumán”, t. II, p. 10). Desde el punto de vista de Salimei, los cañeros eran parte del problema y la medicina recetada fue la diversificación productiva que podía atenuar los efectos adversos de la crisis azucarera. La metáfora utilizada por Salimei para referirse a Tucumán –“isla de presente explosivo y futuro incierto”– era lo suficientemente amenazante como para justificar un acto tan contundente como la destrucción de una porción significativa de su parque industrial. Sin embargo, este aspecto era discutible. Jorge Ronderos, ex subsecretario de Comercio, señaló: “Los ingenios clausurados lo fueron en razón de su capital operativo, sin tener en cuenta su grado de modernización o eficiencia […] como el caso del San Antonio que es uno de los mejores equipados de la provincia” (La Gaceta, 14/09/1966).

Los establecimientos intervenidos fueron dirigidos por interventores militares. La ocupación de los ingenios fue posible por la presencia de 600 efectivos de la policía federal que rodearon las fábricas. El objetivo era controlar a los trabajadores y habitantes de los pueblos azucareros que querían evitar el cierre de las fuentes de trabajo (La industria azucarera, agosto de 1966: 230). El destino de las plantas intervenidas era su cierre y desmantelamiento. A este grupo se sumó el ingenio San Antonio, cuya intervención judicial solicitó la quiebra. Se anunció que la Secretaría de Comercio, a través de la DA, se haría cargo de los salarios adeudados hasta el 31 de julio de 1967. A partir de esa fecha, se implementaría un programa de reestructuración económica de la provincia con la instalación de nuevas fábricas que debían absorber la mano de obra de los ingenios intervenidos. El gobierno no se refirió a la situación de los cañeros proveedores de los ingenios intervenidos y tampoco determinó dónde entregarían su materia prima. En la mayoría de las fábricas intervenidas se formaron comisiones de defensa y ollas populares conformadas por sindicatos, cañeros y pobladores de los pueblos azucareros.

Entre 1967 y 1968 se cerraron otros seis ingenios: San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucía, Mercedes y San Ramón, que reunían a 2865 obreros permanentes y 5892 transitorios. El informe del CFI, coordinado por Horacio Boneo, señala que a esta cifra debe agregarse la reducción de personal realizada por las fábricas al influjo de las condiciones políticas favorables a la patronal (“Análisis y evaluación del Plan de Transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán”, 1973: 6). Así, Tucumán alcanzó el índice de desocupación más alto del país, en 1967 (Nassif, 2015: 107). Ese año las protestas en pueblos azucareros desbordaron a las organizaciones gremiales. Dirigidas por comisiones de vecinos y encabezadas por párrocos, estallaron las puebladas que canalizaron el malestar de los vecinos –comerciantes, cañeros, profesionales, trabajadores, maestros– que exigían la apertura de los establecimientos cerrados.^[31]

En lo relativo a la situación cañera, miles de productores con cupo no consiguieron moler su caña por el cierre de las bocas de molienda en 1966 y 1967. UCIT denunció esta situación al secretario de Comercio Oscar Galimberti al tiempo que demandaba una ley integral de la actividad con orientación económico-social. En 1967 se promulgó la ley 17163, normativa orgánica que consideró la totalidad de las operaciones vinculadas a la actividad azucarera (producción, industrialización comercialización de azúcar y subproductos). La Secretaría de Industria y Comercio continuaba como la autoridad competente al fijar el volumen de molienda nacional y los cupos de producción de las distintas zonas productivas. Se exhumó el fondo, pero se reformularon sus funciones para subvencionar la exportación de azúcar a pérdida, financiar las erogaciones orientadas a la diversificación de cultivos, solventar los gastos de la DA y subsidiar estudios destinados al cultivo y la mecanización de la cosecha. Se prohibió la instalación de nuevos ingenios, aunque se permitieron las fusiones de plantas pertenecientes a una misma zona azucarera.

Las novedades más importantes de la legislación se realizaron en el sector agrícola. Se implementaron cupos provisorios de producción de azúcar a los cañeros que hubieran trabajado en 1967 y se redujo en un 10% el volumen de la materia prima entregado en dicho año, sin considerar la extensión de los fundos.^[32] Se suspendió el registro de productores cañeros creado en 1962 y se habilitó un nuevo registro de titulares de las fincas con el tonelaje de azúcar acordado. Se incentivó a los titulares de cupos (industriales y cañeros) a vender los mismos a cambio de una compensación destinada a cancelar las deudas con los trabajadores y saldar los impuestos impagos. A tales efectos, se establecieron tres zonas: 1) Tucumán; 2) Salta y Jujuy; y 3) Santa Fe, Chaco y Misiones.

La medida más contundente de la legislación consistió en la anulación de la totalidad de los cupos provisorios a los propietarios de fundos más pequeños (aproximadamente, tres hectáreas). Los titulares de los cupos provisorios anulados mediante oferta del productor recibían una compensación de $30 por tonelada, mientras que los cupos anulados compulsivamente recibieron una compensación menor, de $15 por tonelada. De esa forma, los minifundistas fueron confiscados en sus derechos de producción, pero su perjuicio era doble en tanto recibieron una indemnización menor. Se argumentó que se trataba de una operación de interés público adoptada para el beneficio común de la nación. El total de anulaciones voluntarias alcanzaron las 60 032 toneladas, de las cuales 17 059 correspondieron a los ingenios; 10 818, a productores que voluntariamente las ofrecieron; en tanto 32 155 fueron confiscadas a minifundistas. Como puede observarse, este sector fue el más perjudicado por la ley (Análisis y evaluación de la transformación agroindustrial de Tucumán, 1973: 42).^[33] Al mismo tiempo, se estipuló que el sector cañero no tendría coparticipación en lo producido por el azúcar y sus subproductos, medida que anulaba las fórmulas distributivas del laudo Alvear para el pago de la materia prima y la melaza. Se estableció un precio de $1500 por tonelada de caña, con el 12% de contenido sacarino, medida que convirtió a los análisis químicos de los atados de caña en una cuestión central para determinar las retribuciones de los productores. La ley era una muestra del dirigismo estatal de la dictadura de Onganía, orientada a forzar la concentración en el sector agrario para beneficiar a los propietarios de fundos de mayores extensiones. El ministro Krieger Vasena fue claro al afirmar el carácter estatista de la legislación, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de mayo de 1972.^[34]

UCIT rechazó en todos sus términos la legislación, a la que consideró arbitraria y antisocial. Consideraba que su principal objetivo consistía en aniquilar a los cañeros independientes, especialmente a los pequeños productores, al tiempo que privilegiaba a los industriales (La Gaceta, 15/02/1967). No obstante, la ley introdujo un artículo que permitió la unificación de los cupos de producción en cooperativas. Este intersticio fue utilizado para paliar el desastre que se abatía sobre el sector cañero, en tanto las cooperativas permitieron mantener en la actividad a un gran número de pequeños cañeros. En lo sucesivo, la política de UCIT propició la formación de compañías comercializadoras en las comunidades cañeras. Según datos del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, el número de cañeros asociados creció de 1499 productores en 1964 a 4390 en 1970; de esa última cifra más de un tercio de los cañeros pertenecía al departamento de Monteros (Abdelnur, Acuña et al., 1975). UCIT señalaba que las cooperativas habían permitido adquisiciones trascendentes como cargaderos, tractores y otros elementos de trabajo, además de abonos y fertilizantes (“Observaciones de UCIT respecto a la incidencia de la ley 18179…”, 1971). Sin embargo, los técnicos del INTA tenían una mirada pesimista sobre estas organizaciones. Un estudio de la entidad sobre el proceso de cooperativización de productores señalaba que sus bases eran endebles y solo expresaban una respuesta coyuntural del sector para enfrentar las medidas gubernamentales. Consideraban que el único interés de UCIT era defender el cupo cañero, en tanto no se trataban de cooperativas de trabajo, modelo propiciado por el INTA al organizar la cooperativa Campo Herrera. Así, la decisión sobre el proceso productivo (variedad de caña a plantar, métodos de cultivo y organización de la cosecha) dependía de cada propietario, lo que tornaba anárquica la planificación de la zafra. Denunciaban haber detectado casos de dirigentes cooperativos que operaban para los ingenios formando consorcios de productores (Diagnóstico Regional de la Provincia de Tucumán, 1973: 178). Incluso mencionaron la oposición de UCIT a una iniciativa del INTA para organizar a las cooperativas cañeras en un sistema federativo. La reticencia de la organización gremial a la propuesta del INTA revelaba su distancia con los técnicos. Las actas de la comisión directiva de UCIT reflejan que la cooperativa era una herramienta clave para negociar los precios de la materia prima y cobrar las liquidaciones atrasadas.^[35] Los técnicos estaban en lo cierto respecto del carácter precario de las mismas, pero no dimensionaron los variados sentidos de estas organizaciones, cuyo objetivo era mitigar las condiciones asimétricas impuestas por la cupificación. Para los productores, las cooperativas significaban la garantía de molienda de la caña de los pequeños cañeros, la negociación de su precio y la discusión de la forma de pago de las deudas de los ingenios.

La zafra de 1967 fue deficitaria por la incertidumbre reinante respecto de cuáles eran los ingenios que se mantendrían en funcionamiento. La debilidad económica del sector cañero se acentuó por los bajos precios de la materia prima, la morosidad extendida de los ingenios y la distribución tardía de los cupos efectivos. Nuevas normativas empeoraron su situación cuando se rebajó el importe del anticipo a $ 1200 por tonelada de materia prima entregada.^[36] La producción de azúcar de Tucumán no pudo completar su cupo zonal de 400 000 toneladas al registrar un volumen de 378 197 toneladas, la peor cosecha de toda la década. Ese año la venta de abonos disminuyó a la mitad respecto de las compras realizadas en 1965 (La Gaceta, 12/01/1967).

¿Cuáles fueron los efectos de esta legislación en el sector cañero? El cuadro 2 compara el número de productores de 1966 con los existentes en el censo cañero de 1971. Se observa que 9123 cañeros fueron expulsados de la actividad. Tal eliminación se reflejó en los segmentos de cultivadores de 0 a 20 hectáreas que abandonaron de manera legal la actividad. Sin embargo, la expropiación de cupos no significó que dejaran de cultivar y cosechar su propia caña. Se desarrolló un mercado negro en el que los pequeños productores sin cupo vendieron su materia prima a una tercera parte o a la mitad del precio oficial. Parte de esa caña fue comprada por los ingenios, pero se estima que mayor producción fue comprada por cañeros con cupo. Es difícil cuantificar la magnitud de ese mercado, aunque se calcula que osciló alrededor de un 15% del volumen de caña legal (Análisis y evaluación del Plan de Transformación agroindustrial de la Provincia de Tucumán, 1973: 42). Durante 1968 y 1969 los cupos, sujetos al titular y no a la finca, generaron un tráfico comercial ilegal manejado por especuladores que no poseían tierra. Así, se estableció una mediación usuraria que perjudicó aún más a los pequeños productores. Tales maniobras fueron denunciadas por UCIT, que exigió de manera insistente el cupo cañero atado a la tierra, mientras mantenía su reclamo de restitución de los cupos anulados compulsivamente a los cañeros de 200 toneladas (equivalente a una superficie de tres hectáreas) (La Gaceta, 09/06/1969).

El Cordobazo y el Tucumanazo de mayo de 1969 fueron nítidas expresiones populares de repudio a la dictadura militar, cuyos efectos se reflejaron en el desplazamiento de Onganía y en un viraje en la política económica del nuevo gobierno militar. Durante la gestión de Levingston, se rectificó la rígida cupificación impuesta por Krieger Vasena con el objetivo de beneficiar a los productores reales. La ley 18769 reconoció las anomalías derivadas de la disociación del titular del cupo con la efectiva tenencia de la tierra y autorizó un incremento del 7% del total de cupos para distribuir de manera provisoria en productores no inscriptos en el registro, pero dedicados a la explotación cañera.^[37] Asimismo, se ordenó la purga y control del registro de productores cañeros, medida que se complementó con la eliminación de los cupos cañeros por parte de los ingenios. Esta última disposición atendió la demanda de UCIT referida a la compraventa libre de materia prima que los rescató de la dependencia de los ingenios tenedores de cupos de producción. Las nuevas condiciones otorgaron mayor libertad y fluidez a la comercialización de caña en el marco de la expansión de la demanda de azúcar en el mercado interno que se verificó a partir de 1971.^[38]

El precio de la caña y su relación con el precio del producto elaborado constituye un indicador clave para evaluar la situación del sector cañero. Durante toda la década, el precio de la materia prima acompañó la caída del precio del azúcar, pero a partir de 1967 su descenso fue más pronunciado. Desde el punto de vista distributivo, en 1960 el cañero recibía un 50% del precio del azúcar, su participación descendió a un 49% en 1961 hasta alcanzar un 37% en 1966. Con la aplicación de la ley 17163, el precio de la caña disminuyó abruptamente hasta alcanzar el 28% en 1967, ascendió al 33% en 1968 y al 37% en 1969 (Canitrot y Sommer, 1972: 97). El informe dirigido por Boneo consideraba que los precios efectivamente pagados fueron menores debido a la incidencia del mercado negro. La relación del precio de la materia prima con el precio del azúcar refleja una redistribución de los beneficios azucareros desfavorable para el sector cañero, especialmente para el segmento minifundista. Tal conclusión fue compartida por los técnicos del INTA, que informaron sobre la expansión acelerada de los fundos industriales a partir de 1967, situación que revela un proceso de concentración de la agricultura cañera desde 1966 (Diagnóstico Regional de la Provincia de Tucumán, 1973: 2).

Cuadro 2. Número de productores cañeros por escala de extensión,
1966 y 1971

Ha	Productores (1966)	%	Productores (1971)	%
0-3	19 602	73,2	13 102	74,2
2-10	3720	14,0	1862	10,5
10-20	2551	9,5	1381	8,0
20-100	811	3,0	1123	6,3
100 y más	96	0,3	189	1,0
Total	26 780	100,0	17 657	100,0

Elaboración propia a partir de los datos de Bilbao, 1972: 10 y 14.

El dato relevante del cuadro, como ya se adelantó, consiste en la desaparición de 9123 cañeros que dejaron de producir por la venta de la propiedad o por dedicarse a otros cultivos. No obstante, se advierte la resistencia del cañero minifundista, que mantuvo una participación levemente superior a la que ocupaba en 1966 respecto del total de productores.^[39] La caída de la cantidad de cañeros se observa en la franja de 2 a 10 hectáreas, cuya reducción en el sector es abrupta, con un descenso de 4 puntos en seis años. Un movimiento similar se registra en el segmento de plantadores de 10 a 20 hectáreas con un descenso de más de 1 punto en el total de productores. Por el contrario, el desempeño de los cultivadores medianos-grandes de 20 a 100 hectáreas es favorable, en tanto su participación crece 3 puntos; lo mismo puede decirse de los productores de más de 100 hectáreas, que podemos identificar como fundos de ingenios, cuyo porcentaje se incrementa levemente. El cuadro registra los productores agrarios efectivos cuya distribución por escala de extensión insinúa la concentración de propiedad.

Sin embargo, el proceso de concentración se advierte mejor si se compara la distribución de cupos de 1969 con el número de cañeros activos de 1963 y su participación en el total del cañaveral en función de la escala de superficie.

Cuadro 3. Equivalencia de cupos  a productores (según escala de extensión, superficie cultivada) en 1963 comparado con la distribución de cupos de 1969 a productores según escala de extensión. Se calcula 4 tn por hectárea

Fuente: Elaboración propia de la Revista La Industria Azucarera, Nº 841, diciembre de 1963, p. 364 con el cuadro elaborado por Bilbao, S. “El minifundio cañero”, INTA-Famaillá, 1972, p. 13.  Las escalas 11-50 y 51-100 pertenecen al año 1969.

El cuadro 3 refleja el carácter altamente restrictivo de la política de cupos de producción que solo reconoció a 4806 productores en 1969. De modo que casi el 78% de los productores activos en 1963 fueron expulsados del mercado legal de la caña, restricción que afectó a las distintas escalas del sector cañero. La reducción del cupo castigó intensamente a los minifundistas. El número de productores de 0-10 hectáreas del año 1969 sufrió una retracción de 18 puntos, tomando como referencia a la misma franja en el año 1963, la mejor zafra de la década. Al mismo tiempo, su participación en la producción legal de materia prima descendió un 19%, respecto del aporte en toneladas realizado por este grupo en 1963. El retroceso operado refleja la magnitud del mercado negro entre ese grupo de productores.

En las escalas medias (11-40/50 hectáreas), el número de productores decreció aproximadamente un 50%, aunque su participación en el universo de productores aumenta del 12% en 1963 al 28% en 1969 debido a la disminución numérica abrupta del universo de plantadores con cupo. Por el contrario, su participación en la producción total de materia prima legal disminuye un punto, valor que revela los efectos perniciosos de la política de cupos en esta franja de productores. Los cañeros medios-grandes (41/51 a 100 hectáreas) manifiestan un movimiento similar, un constreñimiento del 70% respecto de su número en 1963, aunque su participación se incrementó un punto, su porcentaje en la producción legal de caña disminuyó del 20% al 12% en 1969. Finalmente, la franja de productores de más de 100 hectáreas aumentó un punto en lo relativo al número de productores, pero su participación en la producción se incrementó del 21% al 49%. Este último porcentaje revela la redistribución inversa de cupos que favoreció al segmento más poderoso de la escala, donde 129 productores (industriales y cañeros) controlaron casi la mitad de la producción cañera de la provincia en 1969. Este último valor refleja la política agresiva hacia el sector cañero y los alcances de la concentración de la producción legal de materia prima generada por la cupificación derivada de la ley 17163.

Otro indicador del retroceso del sector cañero se reflejó en la disminución de la superficie sembrada con caña de azúcar: descendió de 228 100 hectáreas en 1960 a 140 600 hectáreas en 1970. De modo que el 38% de la superficie cañera se orientó a otros cultivos, como cereales y forrajes, cuya extensión en hectáreas se duplicó a lo largo de la década (62 375 hectáreas en 1960 a 121 305 hectáreas en 1970) (“Plan Trienal 1974-1976 para la reconstrucción de Tucumán”, t. II, p. 11). Estas cifras podrían revelar cierto éxito en la diversificación de cultivos (estimulada por la ley 17163) que prometía al cultivador que renunciara a la caña asesoramiento técnico y ventajas impositivas. Sobre este punto, el informe de la CFI refiere al escaso esfuerzo del gobierno en la diversificación (Análisis y evaluación del Plan de Transformación agroindustrial de la Provincia de Tucumán, 1973: 48). El congreso de UCIT y cañeros independientes realizado en 1971 afirmaba que la diversificación agrícola estuvo signada por la improvisación, sin estudios previos ni análisis de mercado. Alegaba que al pequeño productor cañero no se lo orientó a la diversificación de cultivos; se lo compelió a suplantar la caña por otros sembradíos, sin ningún criterio técnico. Se otorgaron créditos de fomento para cultivos de carácter extensivo, como soja, maní y girasol, que naufragaron en pequeñas parcelas y llevaron a los productores al fracaso económico (Actas del Congreso de UCIT y cañeros independientes realizado el 20/11/1971). La visión de UCIT es acertada si analizamos el desempeño del algodón, cuya área sembrada se mantuvo estacionaria por no alcanzar rendimientos significativos; lo mismo sucedió con el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo y la alfalfa. Estos cultivos fueron dependientes del ciclo del azúcar, que experimentó una fase expansiva en 1972, factor que generó su declinación respecto de las hectáreas cultivadas. Diferente fue el derrotero seguido por la soja, que experimentó un acelerado crecimiento de 1500 a 7400 hectáreas entre 1960 y 1970 y se mantuvo firme en áreas no apropiadas para el cultivo de la caña. El citrus fue el cultivo que se implantó con mayor consistencia y ubicó a la provincia como primer productor nacional. En esa década, se consolidó como agroindustria al instalarse –entre 1968 y 1969– plantas citrícolas elaboradoras de jugos bajo el régimen del “Operativo Tucumán” implementado en 1967 para subsanar la masiva pérdida de trabajo en la industria azucarera (“Plan Trienal 1974-1976 para la reconstrucción de Tucumán”, t. II, Diagnóstico Sectorial, pp. 44-139). Un cultivo tradicional como el tabaco registró una importante expansión, de 300 hectáreas en 1960 pasó a 2400 en 1970; lo mismo puede decirse de las hortalizas y frutas, que crecieron de 17 885 hectáreas en 1960 a 25 818 en 1970.

No obstante, luego de una década de crisis, el cultivo de la caña de azúcar no perdió su centralidad como generador de valor agregado y, aunque su participación en la producción agrícola descendió del 82,96% en 1960 al 77,49% en 1970, se mantuvo como la principal actividad en lo relativo al valor de su producción (“Plan Trienal 1974-1976 para la reconstrucción de Tucumán”, t. II, p 12). Por otra parte, siguió siendo el principal cultivo generador de mano de obra. Salvo el tabaco, que utilizaba 90 jornadas por hectárea y por año, la caña seguía en demanda de ocupación al exigir 50 o 60 jornales. En los demás cultivos el trabajo exigido era menor: en el rubro hortalizas, 30 jornales; en el algodón y citrus, 25; en alfalfa, menos de 10; en el maíz, sorgo, girasol y maní, menos de 5 jornales (Análisis y evaluación del Plan de Transformación agroindustrial de la Provincia de Tucumán, 1973: 31). De modo que la diversificación de cultivos no pudo compensar la caída del empleo por la disminución del área cañera y su crisis.

A lo largo de la década, la reducción de empleo en el sector agropecuario involucró a 35 093 trabajadores, de los cuales 33 597 eran obreros de surco, el 96% del sector agropecuario.^[40] La desocupación registrada en el Censo de Población y Vivienda de 1968 reflejó el impacto producido por la crisis azucarera en la población de los departamentos azucareros.

Cuadro 4: Población económicamente activa; ocupados y desocupados por departamento

Departamento	Total	PEA	Ocupados	Desocupados	%
Total provincia	507 456	260 405	225 151	35 254	13
Capital	235 584	121 905	106 410	15 495	13
Cruz Alta	47 325	23 396	19 202	4194	18
Chicligasta	37 428	19 685	17 368	2317	12
Famaillá	31 203	15 363	12 155	3208	21
Graneros	12 696	7272	6634	638	9
Leales	16 911	8555	7408	1147	13
Monteros	37 884	18 925	15 607	3318	17
Río Chico	32 600	16 462	14 300	2162	13
Tafí	33 015	16 218	13 997	2221	14
Burruyacu	16 169	8883	8488	395	4
Trancas	6641	3741	3582	159	4

Fuente: Censo de población y vivienda, 1968: 2.

Los departamentos donde la industria azucarera era más gravitante fueron los más castigados por la pérdida de trabajo: Famaillá, Cruz Alta y Monteros. La franja etaria comprendida entre 20 y 29 años fue la más afectada al representar el 35% de los desocupados. Tal porcentaje aumentaba si se ampliaba el radio de edad desde los 14 años hasta los 29 años: en dicho grupo el desempleo ascendía al 68%. Un efecto de la desocupación se advirtió en la caída de la población rural. En 1960 representaba el 46% del total, mientras que en 1970 expresaba el 36%. La diferencia de 10 puntos iluminaba un silencioso movimiento de la población hacia los centros urbanos. Se trató de una respuesta individual o familiar, efectuada sin asistencia del Estado. El movimiento no se redujo a desplazamientos dentro del perímetro provincial, también se orientó a otras provincias argentinas, especialmente Buenos Aires. Durante la década, Tucumán fue la única provincia de la región que registró una pérdida absoluta de su población (Bolsi, 1997: 17). Sus efectos fueron notables en los departamentos azucareros, que experimentaron altas tasas de crecimiento negativo de población.^[41]

La migración incorporó también a los productores minifundistas. En 1969 el INTA registró un aumento de la población migrante en dicho grupo. Menciona casos extremos: de los once miembros de una familia, migraron nueve; de catorce integrantes del grupo familiar, migraron entre diez y once personas. De las familias de productores sorteadas para ser encuestadas, el 12,9% estaban ausentes de la provincia y radicadas en Buenos Aires, mientras que el 11,6% fue imposible de ubicar en la zona. Estos datos revelan una migración silenciosa, que falta estudiar en profundidad (Bilbao, 1972: 16).

La política de la dictadura fue desastrosa para el sector cañero en su conjunto, especialmente para el segmento minifundista. La expropiación compulsiva de los cupos, su inequitativa distribución, la formación de un significativo mercado ilegal de caña y la caída del precio de la materia prima revelaban un proceso de redistribución del ingreso azucarero en beneficio de los industriales. Sus efectos se manifestaron en la concentración y diversificación productiva, en la desocupación en el agro cañero y en la migración que afectó a trabajadores de surco, pero también a los integrantes de las familias campesinas.

Conclusión

La caída de su rendimiento fabril (asociado al rendimiento cultural) constituyó el vector sobre el que se erigió la crítica a la agroindustria tucumana calificada de ineficiente en los estadios fabril y agrícola. El sector cañero fue atacado por sus altos costos y bajos rendimientos (en relación con la industria salto-jujeña) y, como principal responsable, se sindicó al productor minifundista. En esa línea, la política azucarera nacional se diseñó bajo esta noción al instituir un rendimiento fabril único cuyo objetivo fue promover la competencia interregional para definir la asignación de recursos por zona productiva, al tiempo que establecía los ingresos sectoriales correspondientes a los industriales y a los cañeros. Los rendimientos fabriles fijados beneficiaron a la industria del norte (debido a sus altos resultados y a su modelo productivo integrado que centralizaba producción y elaboración en una sola empresa) y descapitalizaron a la agroindustria tucumana. Respecto de las relaciones intersectoriales (cañeros e industriales), la política de Alsogaray avanzó en la desregulación del precio de la materia prima, que quedó sujeta a la libre negociación entre las partes, cuestión irresoluble al no conseguirse un precio consensuado.

Tal contexto fue sacudido por una crisis de sobreproducción azucarera en 1958, que generó la caída del precio del azúcar, obligó a los actores a afrontar el recorte de la producción y a recurrir a la exportación a pérdida para sanear el mercado doméstico. Las medidas, perjudiciales en el plano económico, profundizaron el desorden y la interrupción de la cadena de pagos en la agroindustria. En esa instancia, los cañeros enfrentaron la política azucarera, no solo a través de peticiones y audiencias con los poderes públicos, sino a través de la huelga y la movilización. Las medidas fueron impulsadas por UCIT a raíz del reclamo de los pequeños y medianos productores, que expresaron su voluntad de resistir de manera activa. La “marcha del hambre” representó un triunfo de los cañeros más simbólico que efectivo en tanto el arreglo arribado se cumplió parcialmente y con lentitud. En ese tramo, la crisis azucarera devino en una crisis del Estado provincial, asediado por las protestas de empleados, trabajadores y cañeros.

El golpe final fue asestado por la dictadura militar de Onganía en 1966-1968 al imponer el paradigma de ineficiencia productiva y monocultivo como causantes de la crisis azucarera. Bajo estos parámetros tomó impulso una ofensiva patronal que contó el respaldo del intervencionismo estatal. Se cerraron once establecimientos que representaban el 40% del parque industrial azucarero, con la consecuente secuela de desocupación obrera. El estadio agrario fue reformulado por una política restrictiva de cupos que promovió la concentración de la producción cañera en beneficio de los industriales y grandes cañeros. El instrumento utilizado fue la expropiación de cupos (por oferta y por incautación) con el objetivo de orientar a los pequeños cañeros a la diversificación productiva. Tales medidas distorsionaron el mercado de comercialización de la caña al crear un restringido circuito legal, mientras se configuraba otro “en negro” que deprimió los precios de la materia prima. En esa instancia, UCIT promovió la formación de cooperativas de comercialización con el objetivo de incluir a los pequeños productores en el circuito legal, que habilitaba una mejor posición para negociar la venta de la materia prima y los saldos adeudados por los ingenios. Los efectos sociales de dicha política se reflejaron en la desocupación en el estadio agrario y en la emigración, decisión que revelaba la ruptura de las comunidades cañeras y la aguda crisis que soportaban las familias campesinas.

A finales de la década, la confluencia de las protestas azucareras (obreras, las puebladas en el área azucarera que incluía a cañeros) con las movilizaciones estudiantiles desataron una extendida rebelión popular, conocida como Tucumanazo, que determinó el desalojo de Onganía y su equipo económico. En ese marco, se flexibilizó la política de cupos y se autorizó el incremento de la producción cañera, que mejoró su rendimiento debido a la utilización de variedades de caña más aptas y productivas. El policultivo pregonado por el gobierno se efectivizó parcialmente en áreas no azucareras, aunque el agro cañero mantuvo su centralidad en el estadio agrícola en lo relativo a su valor bruto. Su gravitación se reflejó en la declinación de otros cultivos, que disminuyeron su presencia cuando el azúcar retomó su ciclo ascendente a partir de 1971.

Fuentes

Archivo UCIT

Actas de la Comisión Directiva, 1967.

Actas de la ADD, 1960-1961.

Actas del congreso de UCIT y cañeros independientes, 20/11/1971.

Observaciones de UCIT respecto a la incidencia de la ley 18.179 sobre el desenvolvimiento de las cooperativas cañeras de la provincia de Tucumán, folleto, 1971 [Archivo UCIT].

Folletos corporativos

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CARNA, “El intervencionismo estatal en la industria azucarera”, 1956.

CARNA, “El problema del azúcar en la Argentina, Buenos Aires”, 1964.

Diarios y revistas

La Unión, de UCIT, 1957.

La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 1961-1969.

Revista industria azucarera, 1961-1969.

Censos

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Informes técnicos

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Anexo

Toneladas de azúcar producidas por provincia (1952-1969)

Fuente: Canitrot y Sommer, 1972: 54.

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