Adecuación a las necesidades de niñas,
niños y familias

Ana Laura Flores

Introducción

El estudio se propone describir y analizar la situación de los servicios de Salud Mental infantil, pertenecientes al segundo y tercer nivel de atención del subsector público de salud de la Ciudad de Córdoba, desde el enfoque de derechos y la perspectiva de los usuarios en el período 2013-2014^[1].

Según datos globales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los trastornos mentales y del comportamiento afectan a entre el 10% y el 15% de las niñas, niños y adolescentes. Particularmente en América latina y el Caribe, la prevalencia de este tipo de trastornos varía entre el 12,7% y el 15% (OPS, 2009), resultados similares a los que presentan distintas investigaciones realizadas en ámbitos locales. En Argentina, un estudio de 2007 sobre prevalencia de problemáticas de Salud Mental de niñas y niños pertenecientes a ocho centros urbanos del país, refirió que el 15% de ellos padece de algún trastorno mental y que la sintomatología infantil se encuentra asociada a determinantes sociales (Ministerio de Salud de la Nación, 2010).

Los estudios coinciden en que se debe intervenir de manera temprana y eficaz ante la aparición de las primeras manifestaciones de los trastornos. Por otro lado, se ha demostrado que la brecha de tratamiento en la niñez y la adolescencia es aún mayor que en los adultos. Esta situación se relacionaría con la falta de servicios de Salud Mental apropiados para este grupo etario y los escasos programas de promoción y prevención en el campo de la Salud Mental. Respecto al primer punto, la OPS recomienda revisar la organización de esos servicios para facilitar la definición de prioridades y planificar las intervenciones adecuadas; y sobre el segundo, insta a impulsar iniciativas intersectoriales para la promoción de la Salud Mental y la prevención de los trastornos psíquicos atendiendo al desarrollo psicosocial de la niñez.

En 2011, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones publicó un boletín en el que presentó la situación epidemiológica de la Salud Mental infantil en Argentina y América Latina de los últimos treinta años. A partir del relevamiento de investigaciones llevadas a cabo en este campo, se pudo determinar que los servicios dedicados a trabajar con la problemática de Salud Mental infanto-juvenil suelen tener bajas coberturas y presentar barreras físicas, temporales y psicosocioculturales que impiden a la población acceder a la atención. Se advierte sobre la necesidad de fortalecer e incorporar recursos humanos a los servicios y coordinar acciones de promoción y prevención con otros sectores (Ministerio de Salud de la Nación, 2011).

Puntualmente, una investigación llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires acerca de la capacidad de respuesta de los servicios de Salud Mental, arrojó resultados semejantes: se evidenció en la mayoría de estos servicios una ausencia de registros sistemáticos de prestaciones según el diagnóstico o los motivos de consulta, lo que marca una importante dificultad para arribar a datos precisos sobre la prevalencia de los trastornos mentales. Entre sus conclusiones, los investigadores sostienen que las prácticas deseables deberían favorecer la accesibilidad, evitar la expulsión de las niñas y niños del sistema, y contribuir a mejorar la calidad de la atención a través de la optimización de los recursos existentes, la detección temprana y el tratamiento oportuno de estos trastornos (Barcala y otros, 2007).

Respecto de la Ciudad de Córdoba, un informe sobre servicios de Salud Mental de hospitales generales indica que en los servicios que trabajan con niños se observó una falta de políticas de Salud Mental orientadas a niños y adolescentes, recursos humanos insuficientes en relación a la demanda, inadecuación de los recursos edilicios, problemas de articulación entre los efectores de salud y con otros sectores (Educación, Justicia), insuficientes espacios de capacitación, indefinición de áreas programáticas y perfiles institucionales (Burijovich, Carbonio y Regis, 2010).

Por otra parte, hay que considerar que, en general, la perspectiva de los usuarios de los servicios ha sido poco considerada en la planificación, monitoreo y evaluación de los mismos, por parte de las autoridades sanitarias. Y particularmente en lo que se refiere a niñas y niños, son escasas las investigaciones encontradas donde se les pregunte a los usuarios sobre sus experiencias en el pasaje por instituciones y servicios de salud (Rivera Díaz y Rivera Díaz, 2011). En este sentido, hay que recordar que en nuestro país tanto la Ley Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (n° 26.061) como la Ley Nacional de Salud Mental (n° 26.657), ambas basadas en los derechos humanos, subrayan el hecho de otorgar voz a los niños y a los usuarios de los servicios de salud.

Sobre la investigación

En la investigación del estudio que aquí se presenta se trabajó con un abordaje cualitativo de tipo descriptivo y de diseño emergente. Para ello, se realizaron entrevistas a los diferentes actores del sistema público de salud que trabajaba en servicios de Salud Mental de niños o en funciones de coordinación de los mismos, y también a niñas, niños y familiares. Se utilizaron además otras técnicas de recolección de datos, como observación participante, grupo focal con niñas y niños y revisión de fuentes documentales. Los datos fueron analizados teniendo en cuenta los distintos niveles de complejidad en que se ubicaban los actores que interactuaban en el circuito “demanda de atención-recepción y respuesta por parte de los servicios”. Como es sabido, este recorrido no es lineal ni satisfactorio en todos los casos, por ello se decidió conocer qué acciones y bajo qué criterios respondían los servicios, y cómo era esto percibido por quienes solicitaban la atención en instituciones públicas de salud en la Ciudad de Córdoba.

El estudio se llevó a cabo a través de un diseño exploratorio descriptivo interpretativo, enmarcado en un abordaje de tipo cualitativo (De Sousa Minayo, 1997; Vasilachis de Gialdino, 2007) y de acuerdo a las pautas del UBACyT referido. El mismo se inscribe en el enfoque de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud (Paim, 2000), ya que es una de las dimensiones centrales de este modelo el análisis de las respuestas institucionales, desigualdades y barreras en el acceso a la utilización de esos servicios. Se incluyeron como estrategias de integración metodológica procedimientos de combinación y triangulación de herramientas de recolección de datos. Para analizar los servicios se utilizó el sistema de indicadores para los derechos de la infancia (Laje, Pumo y Cristini, s./f.) en lo referente al derecho a la salud.

Se consideraron para el estudio autoridades de la Dirección de Salud Mental; referentes de distintos servicios –Hospital Neonatal, el Hospital Pediátrico, el Hospital de Niños (Servicio de Salud Mental y Sala de Psiquiatría), el Hospital Misericordia y el Centro Integral Infanto-Juvenil–; niñas y niños usuarios de los servicio, de entre cinco y trece años, que hubieran concurrido a ellos de manera continua y sistemática durante el semestre abarcado en la investigación; familias y/o adultos significativos de las niñas y niños. Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional y la cantidad de sujetos entrevistados se decidió por saturación.

Para el análisis de los datos se trabajó con categorías establecidas en función de los ejes propuestos de acuerdo a los objetivos de investigación. Se realizó un análisis de contenido cualitativo a partir de la construcción de una matriz y un esquema de codificación. Las categorías se definieron a partir de las opciones teóricas y siguiendo un recorrido emergente (Marradi y otros, 2006). Para el análisis de las prácticas desde la perspectiva de derechos se incorporó la perspectiva desarrollada por Alejandra Barcala, que adecuó los criterios de selección de buenas prácticas de Unicef, basados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y los criterios de buenas prácticas de la Red de Intercambio de Buenas Prácticas en el campo de los Servicios Sociales, de Salud de Base y Salud Mental al análisis de los servicios de Salud Mental en la infancia y adolescencia (Barcala, 2001).

Asimismo, se incorporó la perspectiva metodológica de investigación en sistemas complejos (García, 1986), que permitió conceptualizar las relaciones en tres niveles y confeccionar una matriz de datos para analizar las relaciones relevantes entre las dimensiones estudiadas. De esta forma, se pudieron articular las prácticas en Salud Mental con el escenario macrocontextual en el que se producen (Stolkiner, 2008; Barcala, 2012) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Dimensiones y Niveles de Análisis.

Dimensión	Nivel de análisis	Variables
Nivel macrocontextual Políticas públicas y legislaciones	–Ley Nacional de Salud Mental (n° 26.657). –Ley Provincial de Salud Mental (n° 9.848) –Ley Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (n° 26.061) –Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de Niños/as y Adolescentes (n° 9944).	–Derecho a la salud (concepciones y valoraciones). –Promoción de la Salud Mental (concepciones y valoraciones de las leyes). –Atención y cuidados de la Salud Mental infantil (concepciones y valoraciones). –Lineamientos, articulaciones, tensiones, similitudes y diferencias entre las legislaciones nacionales y provinciales.
	–Políticas de salud existentes en materia de niñez y Salud Mental en la Ciudad de Córdoba.	–Plan de Salud Mental. –Programas de Salud Mental infantil. –Modalidades de intervención desde protocolos preestablecidos. –Financiamiento.
Nivel de metaprocesos Servicios públicos de Salud Mental infantil del segundo y tercer nivel de atención de la Ciudad de Córdoba	–Prácticas Institucionales de los servicios públicos de Salud Mental infantil de la Ciudad de Córdoba.	–Ubicación en la estructura del sistema. –Infraestructura. –Horarios de atención. –Conformación de los equipos: disciplinas representadas y cantidad de profesionales. –Dispositivos, programas, protocolos. –Categorías diagnósticas utilizadas. –Circuitos de derivación. –Articulación interinstitucional e intersectorial –Capacitación, investigación, supervisión. –Prácticas de promoción de la Salud Mental.
Nivel de procesos básicos Percepciones y prácticas de los actores sociales institucionales y de las familias usuarias	Acerca del perfil de la demanda.	Estimaciones de los profesionales sobre: –Magnitud de las consultas de niñas y niños en los seis meses considerados en la investigación. –Perfil de los usuarios. –Características de la demanda, motivos de consulta. –Origen de las derivaciones hacia los servicios.
	Acerca las características de los equipos y su modalidad de atención.	–Marcos teóricos adoptados. –Dispositivos en los que participan y modalidad de los mismos. –Terapéuticas utilizadas. –Interdisciplina. –Intersectorialidad. –Incorporación de medicación en niños.
	Usuarios de los servicios de Salud Mental destinados a niñas y niños.	–Motivo de la consulta. –Zona de residencia. –Accesibilidad a los servicios de salud. –Grado de satisfacción en relación a la respuesta recibida por parte de los servicios.

Legislación vigente

Los resultados arrojados indican que la legislación vigente en materia de Salud Mental, tanto en Argentina como en la provincia de Córdoba, se enmarca en el enfoque de derechos humanos siguiendo lineamientos y recomendaciones de organismos internacionales que establecen estándares para garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos. En lo referente a Salud Mental tanto la Ley Nacional 26.657 como la provincial 9.848 se remiten a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y a la Ley Nacional 26.061, cuyo correlato en Córdoba es la Ley 9.944. Estas leyes conllevan un cambio paradigmático en la concepción de la niñez y una transformación de las políticas públicas. En el sistema de salud se percibe, desde la Dirección de Salud Mental, una apertura al trabajo con los servicios, que participan a través de representantes de una “red infanto-juvenil”. El objetivo de la misma es “contribuir a la conformación del subsistema de Salud Mental Infanto-Juvenil en el marco de la Ley de Salud Mental de la provincia de Córdoba”. Otros dos puntos a destacar son: la puesta en marcha de una Residencia de Salud Mental Infanto-Juvenil de la provincia, conformada de manera interdisciplinaria, cuyos residentes se encuentran desde 2013 transitando su formación por tres de los servicios incluidos en este estudio; y una comisión de investigación que trabaja en la confección de instrumentos de registro común para todos los servicios de Salud Mental de la provincia de Córdoba, lo que a futuro permitirá obtener datos plausibles de comparar entre los distintos efectores, poblaciones y regiones.

Resultados de la investigación

En el análisis de las políticas y prácticas de Salud Mental infantil, este estudio reveló que existía en los servicios y quienes los coordinaban un discurso coherente respecto de las leyes, pero al mismo tiempo se observaron dificultades en la implementación de acciones transformadoras de un sistema que convive aún con prácticas del paradigma tutelar, lo que lleva a que muchas veces se incurra en la vulneración de derechos de los usuarios de los servicios.

Las dificultades observadas, en general, se relacionan con una inadecuación de los servicios respecto de las necesidades de la población infantil que demanda atención psicosocial. Los equipos de salud están integrados por profesionales capacitados, que trabajan interdisciplinariamente y con una modalidad correspondiente al enfoque de derechos, pero que encuentran obstáculos en la articulación de acciones con otros sectores (Educación y Justicia, entre otros) para el abordaje de las problemáticas. No sucede lo mismo con la articulación entre equipos del sector Salud.

En general, los servicios cuentan con una guía de recursos donde figuran todos los efectores e instituciones del Sistema de Salud Mental, con direcciones, teléfonos y referentes. En este sentido, se observó una fragmentación del sistema sanitario, lo que se traduce tanto en una superposición de acciones como en barreras de accesibilidad para algunas familias. Además, en varios casos la conformación de los equipos era deficiente (en cantidad del recurso humano y disciplinas) respecto a la proporción de consultas en Salud Mental infantil y su grado de complejidad, aunque adecuaban sus prácticas para responder a los requerimientos eficientemente.

La atención es mayormente de tipo asistencial y, en algunos servicios, con desarrollo de acciones de promoción de la salud. Los abordajes son en su mayoría individuales y con inclusión de las familias. En uno de los servicios estudiados, los abordajes grupales y espacios de promoción de la salud son una práctica corriente y, en otro, las acciones de prevención en comunidad se sostienen a pesar de no contar con los recursos materiales para llevarlas adelante. En otro servicio hospitalario, las prácticas se desarrollan en relación a patologías graves, plausibles de internación según la valoración del equipo interviniente. Esta Sala Psiquiátrica se encuentra en un espacio distinto al Servicio de Salud Mental y cuenta con un equipo conformado por psiquiatras infanto-juveniles, enfermeros y una trabajadora social.

Respecto a la medicación de los niños, los entrevistados manifestaron no contar siempre con la necesaria para cada situación, y que basaban sus prácticas en las leyes de Salud Mental, es decir medicando e internando a los niños y las niñas sólo en casos excepcionales y luego de una valoración interdisciplinaria que fundamentara esa práctica. En los servicios de tipo ambulatorio, la medicación se practica excepcionalmente (no cuentan con psicofármacos, pero en caso de ser necesario realizan gestiones para que las familias los obtengan), ya que en ellos se priorizan prácticas y dispositivos más ligados a trabajos psicoterapéuticos y espacios de promoción de la salud.

Por otro lado, se observó que dos de los servicios cuentan con psicomotricistas, dado el tipo de dispositivos que brindan, que en todos los servicios se realizan actividades de capacitación y en tres de ellos se forman estudiantes de pre y posgrado y residentes de Salud Mental infanto-juvenil (de dependencia provincial). Algo a destacar es la prevalencia en los discursos de los profesionales de más antigüedad en los servicios, que apelan a su historia y trayectoria y a las transformaciones de los mismos vinculadas a eventos de tipo social, histórico y político, a cambios de jefatura, de autoridades en la dirección de los servicios y de gestiones de gobiernos. Todo ello para determinar las prácticas seguidas en cada época de la trayectoria de trabajo.

La infraestructura y ubicación de los servicios dentro de los hospitales mostró un “achicamiento” de los servicios y una disminución del personal en los cinco años anteriores al trabajo de campo (a veces por traslados de agentes, otras veces por jubilación del personal más antiguo).

Se observó que uno de los servicios, perteneciente a un hospital general, había dejado atender población infantil por decisión de sus autoridades y del equipo de salud, que aducían una falta de formación respecto al trabajo con niños y un aumento importante en la demanda de población adulta. También se hizo notar que otro servicio, ubicado en un hospital de perfil neonatológico-obstétrico, trabajaba específicamente en el vínculo temprano madre-bebé, el seguimiento de niños que tuvieron problemas al nacer y la valoración del desarrollo de niños pequeños. Este servicio trabaja de acuerdo a programas preestablecidos y conjuntamente con otros servicios y especialidades del hospital.

En cuanto a la atención ambulatoria, al momento de la investigación había sólo dos servicios en la Ciudad de Córdoba donde se realizaba esta práctica y lo hacían por zona programática (zona norte y zona sur de la ciudad). Esto parece influir en la dimensión de las demandas a los servicios, que ven dificultadas muchas veces las respuestas inmediatas a las familias. A pesar de ello, su percepción sobre la atención recibida y la accesibilidad a los servicios era mayormente satisfactoria y los usuarios destacaron el compromiso de los equipos y la calidad profesional (algo que también manifestaron en su discurso las autoridades de Salud Mental de la provincia). Según se pudo observar, el tiempo transcurrido entre la percepción de los problemas y la concurrencia a los servicios se encuentra fuertemente condicionado a las redes informales, y al capital social y simbólico de las familias: la mayoría de las veces, según sus dichos, estas familias no cuentan con información clara y suficiente sobre dónde acudir por asistencia. Por su parte, las niñas y niños relacionan su inclusión en los servicios con espacios donde son ayudados en sus dificultades, pueden hablar de lo que les pasa, jugar y aprender. Se constataron diferencias de opinión entre quienes concurrían a servicios de instituciones hospitalarias y los que asistían a servicios de atención ambulatoria.

Conclusiones

A partir de la descripción de los servicios de Salud Mental que conforman el estudio y la percepción de quienes los integran, es posible pensar que se brindan a la población infantil respuestas adecuadas y en concordancia con las denominadas “buenas prácticas en salud”. Pero que en lo referente a los aspectos organizativos, de recursos humanos y materiales, articulación intersectorial, presupuesto e infraestructura, muchas veces el área de Salud Mental infantil (dentro de lo que los gobiernos consideran “Salud”) es ignorada, subestimada y poco escuchada. Las redes de profesionales que intentan visibilizar estas cuestiones muchas veces se expresan y organizan por fuera del sistema formal.

Se percibe necesario un incremento del recurso humano y un mayor presupuesto para el desarrollo de las prácticas que llevan adelante los servicios, que se evidencian deficitarios en función de la realidad actual de las consultas. No obstante, estas prácticas están cada vez más ligadas a un enfoque de derecho y a los lineamientos de las leyes de Salud Mental y niñez. Esto se relaciona con el compromiso de los equipos de salud que, aunque se vean disminuidos en su conformación, recrean estas prácticas permanentemente e incorporan cada vez más dispositivos de promoción y prevención. Sin embargo, este accionar a veces se ve limitado por ciertas lógicas institucionales que continúan mirando las problemáticas de manera hegemónica, patologizante y que vulneran los derechos de las personas.

Las barreras de accesibilidad que deben afrontar las familias para su atención en Salud Mental están fuertemente relacionadas a aspectos económicos y de índole social; esto hace que los equipos deban revisar sus prácticas permanentemente e incorporar acciones en la búsqueda de soluciones para el sostenimiento de los tratamientos y el mejoramiento de la salud de niñas, niños y familias. Respecto al aumento de la demanda de atención, los servicios implementan respuestas, que desde las nuevas leyes podrían posicionarse como “dispositivos alternativos”, pero que se podrían pensar como prácticas de promoción de la salud de las familias y espacios que promueven los lazos entre ellas.

En cuanto al ejercicio de sus derechos, las familias tienen poca información acerca de las leyes vigentes en materia de Salud Mental y niñez, y sobre sus derechos como usuarios de los servicios; todavía sostienen prácticas que se han naturalizado en las instituciones hospitalarias y que los posiciona de manera pasiva ante las deficiencias del sistema de salud: siguen yendo a sacar turnos en horas de la madrugada, siguen “deambulando” de un hospital a otro, de un servicio a otro, sin saber muchas veces a dónde concurrir o por qué son “mandados” por la escuela del niño o niña, o por qué alguien les sugirió cierto diagnóstico. Muchas veces acuden a los servicios para solicitar un turno con un profesional de determinada disciplina o para solicitar una “evaluación” que determine si su hijo o hija es discapacitado; este diagnóstico significaría la extensión de un certificado que le permite obtener el “beneficio” del transporte, el acceso a una maestra integradora y la adjudicación de un subsidio que significa un aporte a la economía familiar. Estas situaciones son cada vez más comunes en los servicios, según lo refieren los entrevistados, y nos llevan a pensar que las problemáticas no son sólo de Salud Mental, sino de índole social, complejas, que nos remiten a una sistemática vulneración de derechos de niñas y niños en situación de calle y de familias pobres, desafiliadas socialmente, de padres desocupados.

Se ha intentado con esta investigación profundizar en el conocimiento de las respuestas que brinda el Estado provincial, en un sector del territorio, a la población infantil y sus familias. Al echar luz sobre la realidad de los servicios de Salud Mental infantil y sus usuarios, sería posible identificar intervenciones y dispositivos de salud acordes con la protección de los derechos de niñas y niños y sus familias para ser revisados y replicados; y para destinar financiamiento a prácticas que han demostrado mejorar las situaciones de padecimiento mental de los sujetos. La información obtenida podría ser socializada entre los servicios, lo cual podría optimizar la articulación entre ellos para pensar conjuntamente soluciones y propuestas a las autoridades de gobierno. También se podría confeccionar una cartilla con datos esenciales para las familias que permitieran mejorar la llegada a los servicios con mayor información y pertinencia.

La propuesta es, además, invitar a los distintos actores a repensar algunas cuestiones, tales como el descentramiento del hospital hacia el territorio de las familias, lo cual favorecería situaciones que hoy implican barreras de accesibilidad, y para lo cual sería necesario el fortalecimiento de las equipos de salud comunitarios; una descentralización de las respuestas que no siempre deben ser de “tratamiento terapéutico”; una apuesta al trabajo interdisciplinario e intersectorial permanente y el sostenimiento de dispositivos de promoción de la salud y difusión de las leyes basadas en el enfoque de derechos.

Bibliografía

Barcala, A. (2001). “Dispositivos e intervenciones en Salud Mental infantil en la Ciudad de Buenos Aires”. Premio Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Barcala, A. (2012). “Estado, infancia y Salud Mental: impacto de las legislaciones en las políticas y en las prácticas de los actores sociales estatales en la década del 90”. Tesis de doctorado, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Barcala, A., F. Torricelli, M. C. Brio, N. Vila y J. Marotta (2007). “Salud mental infantil: un análisis de la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la Ciudad de Buenos Aires”, en M. C. Brio, Psicofarmacología y neurociencia en pediatría, pp. 167-174. Buenos Aires: Sciens.

Burijovich, J., R. Carbonio y E. Regis (2010). “Informe sobre Servicios de Salud Mental de Hospitales Generales. 2009-2010”. Área de investigación del Hospital Neuropsiquiátrico, Dirección de Jurisdicción de Salud Mental de la Provincia de Córdoba.

De Sousa Minayo, M. C. (1997). El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa en salud. Buenos Aires: Lugar.

García, R. (1986). “Conceptos básicos para el estudio de los sistemas complejos”, en E. Leff (comp.), Los problemas del crecimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Buenos Aires: Siglo XXI.

Laje, M. I., A. Pumo y M. R. Cristini (s./f.). “Indicadores e Impacto social según el enfoque de derechos”, en Derechos de la Niñez e Inversión Social. Unicef- Fundación Arcor-Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba.

Ministerio de Salud de la Nación (2010). “Estudios e investigaciones en salud mental y adicciones Nº1: Problemáticas de Salud Mental en la Infancia”. Proyecto de Investigación AUAPSI-MSAL. Informe final. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Ministerio de Salud de la Nación (2011). “Situación Epidemiológica de la Salud Mental Infanto-Juvenil en Argentina y América Latina durante el período 1980-2010”. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

OPS (2009). “Estrategia y plan de acción sobre salud mental”. 49º Consejo Directivo, 61ª Sesión del Comité Regional, Washington.

Paim, J. S. (2000). “Redefiniciones posibles en la investigación en sistemas y servicios de salud”, en C. Almeida (ed.), Investigación en sistemas y servicios de Salud. Cuadernos para discusión Nº 1. Río de Janeiro: CIID FIOCRUZ.

Rivera Díaz, M. e Y. Rivera Díaz (2011). “De los problemas del Interior y otros relatos: Construcciones infanto-juveniles sobre la salud mental”, en Salud & Sociedad, vol. 2, nº 3, septiembre-diciembre, pp. 322-333.

Stolkiner, A. (2008). Las dimensiones políticas de la investigación psicológica. Buenos Aires: JVE.

Vasilachis de Gialdino, I. (dir.) (2007). Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa.

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