Después de la sentencia establecida en el año 2012, el proceso judicial continuó. En el año 2015 el JuezdeCapital se expidió en relación con el procesamiento de Jefe y SubjefedelaArmada. En el fallo, se comenta el extenso derrotero institucional de una causa que “tramitó por separado”, que fue escindida de la causa inicial –tal como se comentó en el primer capítulo– y que, pese a la desazón de los querellantes, que supusieron que de este modo la causa no prosperaría, llegó a tener una sentencia de magnitud similar a la de los integrantes de La Casita en Trelew.
Efectivamente, que las causas se tramitaran “por separado” hacía correr el riesgo de que sucediese aquello que los marinos de menos jerarquía temían: que las responsabilidades quedaran circunscriptas a una pequeña oficina del sur patagónico. Que el delito quedara confinado a La Casita. Esta imagen, la de un grupo de gente aislado, desconectado, liberado de la cadena de mando que las instituciones militares veneran por obra y gracia de la inmensidad patagónica, sin lugar a dudas fue en algún momento la solución ideal para los responsables en la cadena de mandos. Desligado en este contexto del deber de la conducción, Jefe experimentó una importante caída de su liderazgo, a pesar del apoyo que continuó brindándole el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el análisis de la prueba jurídica mostró, por un lado, que la información circulaba en el espacio de inteligencia de la Armada, y que –tal como se expresa en el fallo– el producto de los informes hallados y sus respuestas
fueron sistemáticamente transmitidos, con carácter confidencial a la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y al Comando de la Aviación Naval (COAN) que dependían funcional y orgánicamente de Subjefe, y además a la Central de Inteligencia Principal (CEIP) del Comando de Operaciones Navales (COOP) que se encontraba a cargo de Jefe (Poder Judicial de la Nación, 2008: 7).
Indica el fallo también que entre las órdenes e instrucciones de inteligencia se encontraba la edición 2005 del Plan Básico de Inteligencia N° 201, firmado por Jefe y Subjefe, y que, como se ha detallado ya, presentaba como misión la producción de información sobre “amenazas asimétricas”. JuezdeCapital entendió que, a través de este concepto, fue posible establecer una prolongación entre las viejas categorías, asimilables a la Doctrina de la Seguridad Nacional, vigentes para el archivo de La Casita, y una actualización doctrinaria que amplía las categorías de seguimiento. Es así como aparecen la comunidad islámica, los grupos piqueteros y los activistas indígenas, sentencia.
Y hete aquí uno de los puntos que son de mayor relevancia para el análisis. Porque en definitiva, lo que hemos indicado como una ampliación del schema remite a la persistencia de un paradigma que debe rastrearse históricamente. De acuerdo con lo que se ha propuesto en este trabajo, la mirada retrospectiva debe sortear la década de 1950 –que aparece como el núcleo básico de la configuración militarizada de la inteligencia– para entender cabalmente cuál ha sido el proceso que dio origen a esta perspectiva. Lo que eventualmente se denominará enemigo interno tiene hondas raíces; también las maneras de identificarlo, de clasificarlo. Resta entonces terminar de desandar esta producción categorial, cuya indagación genealógica permitiría, al mismo tiempo, dar cuenta de la constitución histórica de un sistema de inteligencia que se ha desarrollado de manera paralela a la de las fuerzas policiales y armadas.
Este aspecto de la investigación, que se desprende del trabajo aquí presentado, sin lugar a dudas aparece como un ámbito poco explorado, por muy diferentes razones. Para el caso argentino, buena parte de la producción ha sido propositiva y ha insistido en las necesidades de reforma y actualización del sector con una perspectiva democrática, pero son escasas las miradas de primera mano que han indagado sobre las tareas cotidianas del sector, ya sea por las dificultades que representa el análisis concreto de las formas de trabajo de la inteligencia como por las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el secreto. Es en este sentido que el derrotero metodológico por archivos y expedientes se convierte en un recurso invaluable para el análisis, una vez que se ha sorteado el fetiche del documento.
Un expediente muestra las sutiles maneras en que se conectan diferentes espacios burocráticos, los diversos registros que cada uno de ellos maneja, los códigos que requiere su manejo. Lo mismo puede afirmarse en relación con los archivos, y este trabajo ha intentado dar cuenta de ello concibiendo estos registros como “campo”, lo cual significa que la indagación no debe remitirse a dar cuenta, a confirmar o desestimar lo que un documento dice o no dice, a convertir el mero contenido en “dato”, sino a buscar aquella diversidad de lo real y aprehender la perspectiva de los actores (Balbi, 2007) también en los registros escritos a partir de una estrategia que se centre en los procesos y las lógicas de producción de los mismos. La perspectiva nativa del archivo que se ha propuesto radica en entenderlo –teniendo en cuenta la miríada de lecturas y acercamientos posibles que sobre un archivo se pueden realizar– en sus propios términos de conformación histórica (Trouillot, 1995), a fin de dar cuenta de las categorías, relaciones y ordenamiento que en él se presentan y rastrear los procesos, perspectivas y discursos que habilitaron su aparición, así como la extensión de sus efectos.
Por su parte, seguir el hilo de un expediente, en particular una causa judicial, me produjo en el transcurso de la investigación una sensación parecida a la omnisciencia no necesariamente porque me permitiera ver todo, sino porque me permitía intuir que nada allí era el todo, y desencializar lo que los propios sistemas administrativos continuamente recrean como límites sustanciales. Me fue posible entonces tender hilos de tal manera que pude entrever y, eventualmente, perseguir y analizar, las sutiles formas de conexión, aquellos puentes que lejos están de ser evidentes. Lo cual es increíblemente útil cuando de lo que se trata es de desreificar el Estado. Y esta conformación apareció de manera más evidente en el contrapunto que se estableció entre la normativa que regía las actividades de inteligencia y las prácticas de clasificación que imperaban en el archivo, entre el recurso al “secreto de Estado” y la categoría de “amenazas asimétricas”. La “inteligencia naval” como burocracia estatal se disgregó como unidad, como ente homogéneo. No se trataba meramente de diferencias en los discursos tal y como se presentaban ante la justicia. Se trataba de ver cómo y de qué manera había diferentes discursos disponibles que eran diferencialmente utilizados por los involucrados en el caso. Y así, mientras que quienes aceptaron recurrir al “secreto” ordenaban la información en “factores”, Jefe apeló a la complejidad de las “amenazas asimétricas” y la defendió interpretando la ley.
El análisis de tal distancia conceptual permite develar no solo las diferentes temporalidades que cada una de tales construcciones tiene como horizonte, sino también las diferencias jerárquicas que en ellas quedan soterradas. No es novedad la diferencia que existe entre oficiales y suboficiales, pero lo cierto es que habitualmente no son estos últimos los sujetos del análisis (Soprano, 2016). Y, sin embargo, dos de ellos (SM y NS) fueron quienes encarnaron la disidencia con éxito, para sorpresa de sus propios camaradas. Abordar, en definitiva, el quiebre que enfrenta a los integrantes de la Armada con la Justicia es lo que permite que afloren diversas cuestiones que resultan de sumo interés para el estudio de estas burocracias. Entre ellas, algunas de corte más “clásico”: se trata de volver a poner en el tapete, por ejemplo, la pregunta respecto de la “autonomía militar” y su actualidad en tanto concepto, no ya estableciendo una separación sustancial entre lo civil y lo militar, sino agregando esta perspectiva que entiende que la Armada en general, y su Oficina de Inteligencia en particular, constituyen burocracias y que, por ende, disputan poder y recursos en el campo de lo estatal.
Evitar nuevas reificaciones es, tal como se ha propuesto a lo largo de este libro, un desafío. E indagar en torno a temas “fuera de foco” –es decir que crucen límites previamente establecidos, ya sea en términos de “grupo” o de “problema” etnográfico– termina constituyendo una gran posibilidad porque es esa perspectiva oblicua la que permite discernir entre lo que como investigadora construyo como campo de investigación y los márgenes y límites que el discurso sobre el Estado impone.
En este sentido, un aspecto fundamental que fue apareciendo a lo largo de la investigación fue la importancia del estudio de aquello que se ha ido constituyendo, a lo largo del tiempo, como el campo del orden, la seguridad y la defensa. Términos que, poco indagados en su devenir histórico, han legitimado y otorgado sentido a la existencia de los cuerpos armados y que particularmente en los últimos años se han visto renovados con la reintroducción de la amenaza del “terrorismo”. Tal como se mencionó en la introducción, no solo se ha vuelto a considerar la participación de las Fuerzas Armadas para combatirlo, también se ha reinstalado un concepto que puede reconfigurar el escenario interno para ser abordado militarmente. Y este proceso ha sido independiente de una militarización semejante a la que se produjo entre las décadas de 1950 y 1970. La constitución del enemigo y de la amenaza en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que desde fines de julio de 2017 apareció como tal en los medios masivos de comunicación, ha sido impulsada desde un gobierno civil, electo bajo las reglas democráticas. Coinciden en esa forma de presentar a la RAM tanto elementos propios de la Doctrina de la Seguridad Nacional como de la perspectiva de las “amenazas asimétricas”, y han logrado incluir el aspecto cultural como variable disruptiva o desestabilizadora (Muzzopappa, 2000). No se trata, sin lugar a dudas, de un discurso completamente novedoso; lo que resulta inédito es la fuerza con la cual dicha perspectiva se impulsa, criminalizando a una comunidad indígena, rescatando un concepto que había pasado a pertenecer al repertorio de los organismos de los derechos humanos y a la implementación de una ley que, pese a las resistencias de diferentes organismos y referentes sociales, incluyó la figura del terrorismo en el Código Penal. La combinación de situaciones ha permitido así que este nuevo discurso sobre el terrorismo se erija y dispute con aquel hasta ahora hegemónico, que había logrado asociar el peligro intrínseco a esta figura con el “terrorismo de Estado” y convertirlo en el peligro mayor a conjurar (Muzzopappa y Ramos, 2017).
Este discurso sin dudas estaba presente, de manera soterrada, en el archivo de inteligencia, tal como el fallo lo señala y como desarrolla este trabajo. Junto a las categorías que permanecían, incólumes, al paso del tiempo, aparecían los “derechos humanos” y el “indigenismo”. Formas sutiles donde se evidenciaba el cambio junto con la continuidad del interés por el “orden interno”. Interés que en definitiva permitía también poner en perspectiva la estrategia institucional de movimiento en el “campo del Estado” que en estos tiempos recoge y hace propia el gobierno.
Finalmente, en esta mirada oblicua, resulta de utilidad retomar el concepto de “pacificación”, porque permite entender el papel productivo de la violencia estatal y su relación con el establecimiento del orden (Neocleous, 2016). Desentrañar la lógica de la pacificación es, para Neocleous, un modo de combatir uno de los conceptos centrales del lenguaje social político y contemporáneo: el de la seguridad. Para ello, rastrea el término “pacificación” hasta finales del siglo XVI, cuando en el discurso político moderno se describen los poderes empleados por el príncipe o el Estado “para poner fin a un conflicto o descontento” y para “reducir a una sumisión pacífica” a una determinada población (2016: 15). Paradójicamente, la campaña gemela a la llamada “Expedición al desierto” que se llevó a cabo en la Argentina fue en Chile la “Pacificación de la Araucanía”. Homónimos que no pueden pasarse por alto en estos tiempos.
Sin pretender asimilar sistemas de gobierno ni coyunturas históricas, lo que aparece en el horizonte es un modo de pensar conjuntamente la destrucción y la producción, la necesidad de destruir para construir. Y en este proceso, es que resulta vana esta dicotomía liberal que distingue lo militar de lo policial y presenta dicha distinción como esencial y fundante cuando, en definitiva, los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye.
Una propuesta tan desarticuladora permite, en el contexto de este trabajo, sustentar y fortalecer la necesidad de entender el recorrido conceptual de la seguridad a la defensa, de lo externo a lo interno, como espacios que son producidos históricamente y donde los pasajes institucionales, los préstamos entre agencias estatales, las configuraciones paralelas, la perpetuación de las prácticas, no pueden ser vistos como meras coincidencias. Desandar este concepto permite a su vez desarmar la lógica binaria que la política liberal impone, la de la distinción en cuerpos armados: policías y Fuerzas Armadas, discurso legitimador que finalmente más que describir el real funcionamiento de los aparatos represivos del Estado oblitera la mirada sobre las formas de ejercer la violencia estatal.
Finalmente, no se trata de abogar por una indistinción entre estos cuerpos armados, sino de volver a poner la mirada en la construcción que asumen el ámbito de la defensa, de la seguridad, del orden, de la inteligencia, en el campo de lo estatal, para detenerse en su calidad de contingentes y así analizar transversalmente, sorteando las reificaciones burocráticas, las maneras en las cuales son producidas, adaptadas y continuamente reinventadas las formas de control y policiamiento.
