La presente investigación parte del postulado de la existencia de una razón de Estado, la cual a lo largo de los siglos XX y XXI ha asistido a un proceso de burocratización en ciernes. No obstante, ello no remite a la defensa de una posición donde el Estado resulta homogéneo y, por ende, invariable y con un destino unívoco en términos de las políticas que procura implementar. De igual manera, una estatalidad que reclute a agentes de perfiles similares y sin divergencias en torno a las representaciones que ellos poseen producto de una socialización común.
Sobre la premisa precedente, los interrogantes que guiaron la investigación fueron: ¿Cuáles son los procesos que atraviesa una política pública? ¿Qué fenómenos inciden en su configuración? ¿Cómo ha sido ello en el caso de la seguridad interior en Argentina entre 1983 y 2010? ¿Quiénes son los agentes intervinientes en dicho proceso? ¿Qué perfil sociológico poseen? ¿Cuáles son sus representaciones en torno al Estado y la política pública? En estas conclusiones se busca sintetizar los hallazgos teóricos y empíricos sobre las preguntas anteriores.
Al dar respuesta a los interrogantes que guiaron el libro se origina una conclusión de primer orden. Ella indica que el Estado no es un ente inmanente desde su formación. Por el contrario, partiendo de la sociología histórica se corrobora su construcción continua en tanto fenómeno social situado. Ahora bien, en la multiplicidad de factores que inciden en su configuración deben revalorizarse factores contextuales y las designaciones de los cuadros político-administrativos, los cuales no son determinantes últimos del Estado, sino que mantienen un proceso de doble estructuración con la arquitectura estatal.
Ahondando en las preguntas propias de la investigación, el rechazo a una postura del Estado homogénea y con una política unívoca posibilitó descartar apreciaciones de políticas públicas en tanto ellas como un devenir natural. En este sentido, la perspectiva constructivista fue adoptada al descartar las posturas precedentes, ya que demuestra una construcción polietápica donde las diversas fases, a saber, emergencia del problema, legitimación, movilización de la acción respecto a la problemática, formulación de un plan oficial de acción y la implementación del plan, no respetan una linealidad, sino que pueden rastrearse idas y venidas entre ellas.
En este sentido, las etapas de emergencia y legitimación en el período estudiado respondieron al incremento sostenido de los índices delictivos, así como al aumento de la percepción ciudadana de la inseguridad como problema público. En lo que refiere a las tasas delictuales, ellas son una marca objetiva del fenómeno de inseguridad, no obstante, los índices ciudadanos demuestran la faceta subjetiva. Esta es dinamizada por casos conmocionantes, tal como refleja los sucesos de saqueos por el contexto hiperinflacionario de finales de la presidencia de Raúl Alfonsín y principios de la de Carlos Menem, momento en el cual la delimitación de la noción de inseguridad se vio expandida al asociarse a la incertidumbre económica.
Si bien el párrafo anterior refiere a la emergencia del problema securitario en el retorno democrático, este también estuvo asociado a un fenómeno que distaba de la inseguridad como lo fueran las relaciones cívico-militares heredadas del PRN. Es decir, en un inicio la emergencia no redundó en hechos delictivos únicamente. Tal como fue demostrado la preocupación inicial de Raúl Alfonsín remitía a controlar la politización de las FF. AA. Por ello es que a lo largo del período fueron suscitadas diversas propuestas legislativas, que demostraron el avance y retroceso en la construcción de las políticas públicas, en torno a la LDN. Más aún, en este momento puede apreciarse la complementariedad de la perspectiva constructivista con la teoría de las coaliciones defensoras, particularmente la suscitada en torno a la Mesa del Consenso Democrático. Esa experiencia manifiesta de un núcleo duro en relación a la representación de una política también comportó la tenencia de un saber fuera de discusión sobre la temática, lo cual demostró la formación de una comunidad epistémica. Ahora bien, en términos teóricos la perspectiva constructivista, la teoría de las coaliciones defensoras y la noción de comunidad epistémica fueron trabajados señalando sus discrepancias. En este punto, pudo demostrarse no sólo su aplicabilidad sino su complementariedad.
La presidencia de Raúl Alfonsín operó en la emergencia y legitimación de la problemática pública de seguridad al establecer la diferenciación con el ámbito de competencia de las FF. AA. No obstante, hacia finales de su período fue comprobado un retroceso en relación al mismo, permitiendo la injerencia de los sectores pretorianos en la seguridad interior ante sucesos de conmoción. Esta renovada formulación de un plan de acción fue continuada y acentuada por Menem en sus primeros años de mandato. Fue con la sanción de la LSI que se reeditó la coalición defensora y la comunidad epistémica del mandato anterior, a la vez que fue formulado e implementado un nuevo plan de acción que contemplaba la creación de una subsecretaría abocada a la seguridad interior dentro del MI. Sin embargo, durante la década de 1990 sucesos conmocionantes como el Santiagueñazo y el atentado a la AMIA implicaron reformulaciones que dieron lugar a la elevación ministerial del área de gobierno, así como su doble dependencia ministerial. Aquel aspecto a resaltar es que una vez creada la secretaría y, por ende, implementada la política esta en sí misma fue modificada en función de la ampliación de sus atribuciones mediante la creación de subsecretarías a su interior. Es decir, la política propiamente implementada sufre un proceso constructivista a su interior y, en este caso, producto de la visión de un alto cuadro de gobierno como Adrián Pelacchi y su concepción sobre seguridad interior sin implicar una coalición defensora. Por tanto, esta última noción si bien es complementaria también es accesoria, constituyéndose según el marco contextual.
Ese marco al cual se hizo referencia fue el que propició el achicamiento de la estructura estatal por una renovada crisis económica a inicios del siglo XXI. Al igual que en el caso de finales del menemismo, el eje fue puesto en el sostenimiento de la política pública con una modificación a su interior. Diferentes fueron los sucesos del interregno duhaldista, donde la disputa entre los grupos denominados halcones y palomas demostró la formación de coaliciones defensoras opuestas en torno al abordaje de las protestas sociales. En este punto, la predominancia de los enfoques más tolerantes a las protestas incidió en una nueva formulación de la política pública de seguridad gracias al enfoque de la defensa de los derechos humanos.
En definitiva, el esquema precedente fue consolidado mediante el traspaso del área de seguridad interior al MJSDDHH durante la presidencia de Néstor Kirchner. Este período fue expansivo de la arquitectura con la creación de un programa de seguridad en espectáculos deportivos, el cual continuaría hasta tiempo presente. Además, en este momento se intentó consolidar la estructura vigente mediante la formulación de una reforma integral en el seno de la seguridad pública, la cual no resultó aplicada. Por último, en la presidencia de Cristina Kirchner la modificación de envergadura fue el traspaso del MJSDDHH al MI y viceversa, aunque no revistió cambio alguno en la funcionalidad. Ahora bien, fueron los elementos contextuales aquellos que incidieron en la creación definitiva del Ministerio de Seguridad. Ello a partir de los sucesos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, los cuales demostraron la colisión entre la postura de tolerancia sostenida durante el gobierno precedente y un renovado impulso securitario punitivista tal como refleja la apreciación de la presidenta en día de creación de la nueva cartera.
Consecuentemente y en paralelo al trabajo detallado fueron identificados aquellos agentes político-administrativos que desempeñaron funciones como secretarios, subsecretarios y el primer director nacional en el proceso de autonomización del área securitaria. La premisa que fue utilizada parte de rastrear aquellos que, en términos de De Ímaz, mandan en el Estado, es decir, quienes desde la posición que detentaron tuvieron performatividad en las políticas formuladas e implementadas. En ese sentido fueron reconstruidos veinticinco perfiles, de lo cual pueden extraerse dos conclusiones. Primeramente, en el ámbito específico estudiado no se presenta la noción de carrerismo político propia de la ciencia política estadounidense en el sentido de un cursus honorum por el cual deba discurrirse a fin de acceder a posiciones de gobierno, lo cual queda demostrado en los cargos inmediatos anteriores y posteriores que no comportan regularidad y, en ciertos casos, implican la culminación de la carrera política. Por el contrario, existen trayectorias de encumbramiento, esto implica perfiles comunes en ciertos períodos como es el caso de una presencia mayoritaria de integrantes de las FF. AA y de seguridad durante la década de 1990, una presencia de perfiles políticos en el gobierno de la De la Rúa y Duhalde, así como de Cristina Kirchner, y predominancia de abogados penalistas durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ahora bien, también queda en evidencia la existencia de ámbitos de socialización comunes como los estudios universitarios y la afiliación a un partido político, lo que permite emparentar el estudio con la corriente francesa de estudios sobre agentes estatales. En segundo término, el impacto de dichos perfiles en la estructuración de un sector determinado de políticas públicas, lo cual es apreciable en su variación a cada reformulación de los planes de acción.
En conclusión, a lo largo del presente se buscó realizar una doble contribución. Por una parte, aportar a la discusión teórica sobre las políticas públicas y los estudios sobre agentes político-administrativos. Por otra parte, abordar la configuración y estructuración de la seguridad interior en Argentina.
