Maximizar la productividad eliminando subsecretarías

Las elecciones presidenciales de 1999 estuvieron marcadas por la imposibilidad del presidente Carlos Menem de presentarse a un nuevo mandato y por el triunfo en primera vuelta el domingo 24 de octubre de Fernando De la Rúa, candidato por la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Su asunción el 10 de diciembre de ese año estuvo signada por el agravamiento de los indicadores económicos producto del mantenimiento del modelo de convertibilidad de la moneda nacional. En ese contexto es que el mismo día de la toma de posesión, el presidente decreta la reorganización de la estructura organizacional del Estado mediante la modificación de la Ley de Ministerios N°22.520 a través del Decreto N°20^[1]. Esta normativa tenía como objetivo “(…) perfeccionar el uso de los recursos públicos, incrementando la calidad de la acción estatal (…)”, es decir, optimizar los recursos del Estado maximizando su productividad, atendiendo a la mejora de las variables económicas. Por ello, tendió a reducir “(…) sustancialmente el número de Secretarías y Subsecretarías”, no siendo la SSI una excepción dado que fueron eliminadas las Subsecretarías de Asuntos Técnicos de Seguridad y de Planeamiento y Protección Civil, quedando únicamente la Subsecretaría de Seguridad Interior.

Con la asunción del gobierno de la Alianza aconteció la renuncia de los funcionarios del área durante el gobierno menemista, por lo cual fueron designadas nuevas autoridades en el área. La SSI fue ocupada por Enrique Mathov, abogado de extensa trayectoria militante en la UCR y secretario de Gobierno durante la gestión de Fernando De la Rúa como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1996 y 1999, en tanto que la Subsecretaría de Seguridad Interior contó con la designación del abogado Carlos Ricardo Martin, ladero de Mathov en la misma jurisdicción y período. No obstante, atendiendo a la profundización de la crisis económica la Subsecretaría fue absorbida por la Secretaría mediante el Decreto N°1.045^[2], el cual aclaraba que “(…) el compromiso asumido por el Gobierno en procura de la racionalización de los recursos disponibles del Estado Nacional, imponen la necesidad de realizar un profundo rediseño organizacional en la Jurisdicción.”. De esta manera, quedó estipulada la estructura estatal y los funcionarios que la ocuparon hasta el final del gobierno de coalición en diciembre de 2001. En función de lo expuesto, resulta plausible afirmar que el gobierno de Fernando De la Rúa desarrolló en el área de seguridad interior una concentración de las funciones ejecutivas tendiendo, como objetivo último, a un recorte presupuestario impuesto por la coyuntura económica.

Los sucesos de diciembre de 2001 y la caída de la Alianza

Ante una situación económica acuciante, el 1 de diciembre de 2001 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto N°1.570^[3] que estableció restricciones transitorias para el retiro de dinero en efectivo y la imposibilidad de realizar transferencias al exterior por parte de las entidades financieras. Este suceso desencadenó un aumento sostenido de la conflictividad social que tuvo como corolario los saqueos producidos el 19 y 20 de diciembre de ese año. El desenlace de dichas fechas, previo establecimiento del estado de sitio bajo el Decreto N°1.678^[4], fue el deceso de 39 personas (CELS, 2002) y la renuncia a la presidencia de Fernando De la Rúa, la cual fuera efectiva el 21 de diciembre con el reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa.

Como consecuencia de la renuncia del presidente fue aplicada la Ley N°20.972^[5] Ley de Acefalía, por la cual fue designado jefe del Poder Ejecutivo el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. Este interregno que duró un día dio lugar a la designación del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, como presidente provisional hasta el llamado de nuevas elecciones. En este punto fue designado frente a la SSI el ex intendente de Hurlingham y entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Álvarez, cuya figura lograría continuidad dentro del gobierno. No ocurrió de igual manera para Rodríguez Saá, quien ante la pérdida de apoyo del PJ debió dejar su puesto al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Finalmente, Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de la Nación entre 1989 y 1991, fue investido presidente el 1 de enero de 2002 con el propósito de organizar un nuevo llamado a elecciones. En tanto la figura de Juan José Álvarez había sido ratificada por el nuevo presidente.

Entre halcones y palomas

Iniciado el gobierno de Eduardo Duhalde y superadas las protestas de diciembre de 2001 fue inaugurado un período de transición estable que requirió de definiciones en el terreno de las políticas de seguridad. Dado el sostenimiento de Juan José Álvarez al frente de SSI, dependiente del MI, así como de Presidencia de la Nación, y con la llegada de Horacio Jaunarena al MD es que tiene lugar una disputa en torno a dichas políticas. Por una parte, se encolumnaron tanto Eduardo Duhalde como Juan José Álvarez, quienes sostenían una política de tolerancia, prevención y control sin caer en la permisividad; recordando los homicidios acontecidos el mes de diciembre. Por el contrario se encontraban las posturas de Jaunarena, el canciller Carlos Ruckauf y los gobernadores de La Pampa, Córdoba y Salta, quienes sostenían la necesaria represión activa de las protestas sociales. Aún más, era solicitado por parte de los segundos la incorporación de la SSI a la órbita del MD. De esta forma fueron estipuladas posturas que la prensa gráfica caracterizó como “palomas” para los primeros y “halcones” para los segundos^[6].

En consonancia con el párrafo precedente, las disputas entre las distintas concepciones de la seguridad pública al interior del gobierno de Eduardo Duhalde se resolvieron con la promulgación del Decreto N°355^[7]. Este estipuló el traspaso de la SSI a la órbita exclusiva de Presidencia de la Nación. Este hecho refería al reclamo que Juan José Álvarez realizaba desde el interregno de Rodríguez Saá, y así lo expresaba:

Juan José Álvarez: Fines de 2001, 20 de diciembre pasa todo lo que pasa y a los tres días me dice Ruckauff que había hablado con el presidente Rodríguez Sáa y que yo era secretario de Seguridad de la Nación. Pongo como condición que la Secretaría de Seguridad dependa directamente del Presidente y no del Ministro del Interior, un rango parecido al que tiene la SIDE y otros organismos. Es decir, una Secretaría que dependa del presidente, cuasi un ministerio.

Entrevistador: ¿Por qué?

Juan José Álvarez: Porque no quería intermediación entre lo que yo hacía y la decisión última del presidente. No quería hacerme cargo de un problema, transmitirselo al ministro del Interior y que el ministro del Interior se lo llevara al presidente. Eso lo quería hablar yo con el presidente y buscar yo la respuesta del presidente sin ninguna intermediación. No nos olvidemos que yo asumo tres días después de lo que pasó en Plaza de Mayo.^[8]

La postura de Juan José Álvarez repercutió en la decisión presidencial de brindarle mayor autonomía orgánica, así como un vínculo decisorio directo con el jefe del Poder Ejecutivo. Asimismo, el decreto estipuló la creación de la Subsecretaría de Seguridad y Protección a la Comunidad, reeditando la ampliación que había tenido el área durante los gobiernos menemistas, siendo que el área fue ocupada por Carlos María Vilas, académico con grado de doctor en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Buenos Aires, militante exiliado durante el PRN y, en ese entonces, director nacional de capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública. En conclusión, la postura de las “palomas” fue aquella que prevaleció desde el plano organizacional y del aspecto de las capacidades de los agentes que lo integraron. No por ello la apreciación de los “halcones” quedó obturada, sino que manifestaron su posicionamiento hasta junio de 2002.

Puente Pueyrredón y cambio ministerial (2002-2003)

El 26 de junio de 2002 organizaciones piqueteras realizaron una jornada de protesta que implicaba el corte de los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto, hacia horas del mediodía aproximadamente 2.500 manifestantes se concentraron en el Puente Pueyrredón, el cual conecta la Capital Federal con el partido de Avellaneda. Por motivos que no fueron esclarecidos se produjo una gresca entre los manifestantes y los agentes de policía designados en el operativo. El resultado de dicha situación fue el homicidio de Darío Santillán de 21 años y de Maximiliano Kosteki de 24 años, ambos pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados Corriente Aníbal Verón. Además, 90 manifestantes resultaron heridos, 30 de ellos con armas de fuego, y 160 fueron detenidos (CELS, 2003).

Hasta los acontecimientos de Puente Pueyrredón la disputa entre “palomas” y “halcones” no había sido clausurada, por más que orgánicamente la estructura estatal había virado de acuerdo con el posicionamiento de Juan José Álvarez. Días antes de los acontecimientos de Avellaneda fue celebrada una reunión de gobernadores y el gabinete ministerial nacional donde fue tratado este tópico con relación al tratamiento de la protesta social, el exsecretario lo recuerda de la siguiente manera:

Antes de que suceda lo de Kostecki y Santillán hay un congreso en La Pampa, creo que hay una nota en Clarín…Duhalde me dice que va a haber una reunión de gobernación en La Pampa y que una parte de los gobernadores querían hablar conmigo. Voy a La Pampa (…) A la hora que habíamos fijado me encuentro con los gobernadores y los gobernadores me hacen una recriminación porque según ellos la actitud mía frente a las manifestaciones, los piquetes, etc, no era suficientemente dura. Entonces le digo al gobernador de La Pampa “Escuchame, afuera hay tipos que nos están puteando desde las 8 de la mañana ¿Por qué no me mostrás con la policía tuya cómo se hace para reprimir? Así aprendo. Si ustedes empiezan con esta política esto va a traer problemas muy graves. Yo no estoy dispuesto a cambiar la política”. Me levanté y me fui. No sé qué tan de acuerdo estaba Duhalde conmigo, pero me bancó. A la semana sucede lo que sucedió con Kostecki y Santillán.^[9]

En primer lugar, las afirmaciones de Juan José Álvarez demuestran la persistencia de la concepción represiva de las protestas sociales, es decir, que la toma de posición de Duhalde frente al asunto no unificó las posiciones de la alianza de gobierno. Por otra parte, este episodio es señalado como un parteaguas en dicha disputa, conduciendo a la prevalencia de la postura de prevención y tolerancia frente a la coacción frente a las manifestaciones. Esto último quedó reflejado en las declaraciones del secretario el mismo día del acontecimiento al referir: “La actitud es permitir las manifestaciones. La policía tiene que garantizar que se su desarrollo…Lo que no vamos a permitir es que, bajo ese pretexto, real en muchos casos, se dañen vidas humanas”^[10]. De esta manera, el portavoz de la coalición gobernante explicitó la postura del Poder Ejecutivo, clausurando las internas.

Las consecuencias directas de los decesos del 26 de junio de 2002 fueron: por un lado, el adelantamiento de las elecciones presidenciales, previstas para octubre del año próximo fueron convocadas para el 27 de abril del 2003; por otro lado, en lo que refiere a la política de seguridad, el traspaso de la SSI al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N°1.210^[11], pasó a denominarse Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (MJSDDHH), señalando la postura de respeto a los derechos de los individuos que regiría desde ese momento. De esta manera, la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue ampliada al otorgarle la potestad sobre la seguridad interior y la conducción de las fuerzas de seguridad. Asimismo, Juan José Álvarez fue designado ministro responsable de la cartera recién creada, manteniendo su cargo hasta la asunción del nuevo mandatario. Consecuentemente, para el cargo de secretario de Seguridad Interior fue convocado el abogado y, en aquel momento, presidente de la Casa de la Moneda, Alberto Juan Bautista Iribarne, quien además era un militante peronista desde inicios de la década de 1970, camino que compartió con Miguel Ángel Toma. Por último, en el traspaso fue sostenido el cargo de Carlos María Vilas, quien renunció en el mes de diciembre del 2002 para dar lugar al militar retirado y ex asesor de la Asamblea Legislativa en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, Ricardo Federico Colombo Roque, retirado del Ejército Argentino junto con Luis Tibiletti por su cercanía al Comando Tecnológico Peronista fundado por Julián Licastro. La relevancia del mandato de Eduardo Duhalde radica en que por más que constituyese un interregno hasta un nuevo llamado a elecciones, construyó el aparato institucional en seguridad que sería sostenido por el próximo presidente.