Diego Martínez-Godoy (Ecuador)

Introducción

Los diálogos sociológicos provenientes de las ramas de la sociología urbana y rural se han centrado históricamente en una argumentación dicotómica sobre la división entre campo y ciudad. No obstante, estas discusiones conceptuales, pese a sus limitaciones, constituyeron el punto de partida para importantes avances en la reflexión sobre las transformaciones de las interconexiones urbano-rurales. En la actualidad, resulta fundamental retomar estos análisis para comprender los orígenes de las reflexiones sobre los procesos de construcción social del espacio, que hoy nos permiten avanzar hacia el pensamiento propio de una sociología del territorio.

Desde la sociología rural, Jollivet (1998; 2003) advierte una clara limitación en los estudios rurales contemporáneos, centrados casi exclusivamente en las transformaciones de la sociedad campesina como eje del mundo rural. Sin embargo, la realidad actual evidencia territorios complejos donde convergen diversos actores económicos, políticos, culturales y externos que disputan el control del espacio, tanto físico como social. A ello se suman las múltiples complejidades derivadas de la acelerada transformación de los territorios rurales, caracterizados por un mosaico de situaciones asociadas a la expansión urbana desordenada, los conflictos por el uso del suelo, los nuevos patrones migratorios y los intereses políticos orientados a la dominación del espacio social.

Lefebvre señalaba que “el movimiento se intensifica, superponiendo y uniendo uno con otro. […] Sea como fuere, la ciudad en expansión destruyó al campo, lo erosionó, lo disolvió […]. La vida urbana penetra en la vida campesina despojándola de elementos tradicionales” (Lefebvre, 2013, pp. 68-69). Años más tarde, se plantea que el mundo rural no ha desaparecido con la modernidad, “pero se transforma, es objeto de profundas mutaciones” (Jean, 2011, p. 257), siendo modificado “hasta hacerlo cada vez más continuo” (Santos y Silveira, 2001).

De este modo, tanto la sociología urbana como la rural han desarrollado análisis separados e insuficientes para explicar las transformaciones y dinámicas contemporáneas. Se requiere, por tanto, un enfoque capaz de dar cuenta de las recomposiciones del poder a nivel territorial y de correlacionar las múltiples transformaciones físicas, productivas, económicas, sociales y culturales que atraviesan los espacios rurales en el marco de las nuevas formas de subordinación del campo en el siglo XXI.

Como advierte Bonnet (2016), la literatura científica evidencia una notable carencia en el estudio de los territorios rurales y sus articulaciones con los denominados “estudios urbanos”. Siendo la sociología la disciplina que dio origen al análisis de los fenómenos socioespaciales tanto rurales como urbanos, recae en ella la responsabilidad de examinar la evolución del pensamiento sociológico respecto a estas transformaciones. Este ejercicio es clave para avanzar hacia una transición conceptual que permita el desarrollo de una sociología del territorio, capaz de integrar y comprender las dinámicas contemporáneas de transformación espacial y de ofrecer herramientas analíticas para abordar los retos actuales de gobernanza, desarrollo y gestión de los conflictos en los territorios.

El presente capítulo se propone, en primer lugar, discutir la transición conceptual desde la sociología urbana y rural hacia un enfoque sociológico centrado en el territorio. En segundo lugar, plantea la utilización de la definición sociológica del territorio como base para comprender las dinámicas contemporáneas de los espacios rurales en transición hacia la hibridez con los espacios urbanos, tomando como referencia un ejercicio de tipologización territorial para la región metropolitana de Quito, en Ecuador. Finalmente, aborda la sociología del territorio como una perspectiva teórica y analítica idónea para reflexionar sobre los procesos diferenciados de disputas y conflictos inherentes a la gobernanza territorial en contextos metropolitanos.

1. De la sociología urbano-rural a una sociología socioespacial poco explorada

La sociología constituye una ciencia que abordó tempranamente las configuraciones espaciales urbanas y rurales en función de diversos factores, como las relaciones entre las estructuras sociales y las relaciones económico-productivas. Bajo este contexto, en el último siglo y medio, se desarrollaron diversos enfoques dicotomizados entre el estudio de lo urbano y lo rural, en tanto que ramas subdisciplinarias sociológicas. A partir de sus propias limitaciones, serían el punto de partida de las reflexiones de una sociología del espacio que hoy ha evolucionado hacia la sociología del territorio.

La división sociológica entre lo urbano y lo rural ha sido ampliamente estudiada. Encuentra su origen en el contexto de la Revolución Industrial, entre el siglo XIX y comienzos del XX, donde la supremacía de la ciudad sobre el campo se consolidó como un eje central en las interpretaciones de varios de los principales teóricos clásicos de la sociología, como Émile Durkheim, Max Weber y Ferdinand Tönnies. Estos autores privilegiaban un enfoque evolucionista del desarrollo, en el que los espacios rurales debían atravesar transformaciones materiales y culturales para emular el modelo urbano-industrial, considerado el ideal de progreso (Hervieu y Purseigle, 2013).

Paralelamente, hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, los sociólogos de la Escuela de Chicago, por ejemplo Robert Park y Louis Wirth, comenzaron a analizar la ciudad desde el paradigma del “orden ecológico”. Aunque aún estaban inmersos en la lógica dicotómica entre lo urbano y lo rural, estos estudios introdujeron un enfoque empírico que abordaba problemáticas como la migración, la ocupación del espacio, las dinámicas poblacionales y los conflictos sociales asociados al uso del suelo, lo que sentó las bases para una comprensión más compleja de la estructura urbana (Thomas & Znaniecki, 2006).

Posteriormente, desde Harvard, el enfoque teórico del continuum rural-urbano (Sorokin y Zimmerman, 1969) pretendía superar la dicotomización asumiendo el espacio urbano-rural como un espacio continuo, sin una ruptura absoluta entre campo y ciudad, y con diferentes grados de variación y evolución hacia una transición inevitable de las sociedades rurales hacia sociedades urbanas.

Sin embargo, para introducirnos en los orígenes de lo que hoy denominamos la sociología del espacio, es fundamental regresar a finales del siglo XIX, para resaltar el enfoque de la “morfología social” de Durkheim (1969). Este enfoque, poco explorado, constituye la principal referencia en la búsqueda de los orígenes de la sociología del espacio, y sería determinante e influyente en los abordajes analíticos y debates posteriores de autores claves como Henri Lefebvre o Pierre Bourdieu. Según Durkheim, la morfología de una sociedad es el substrato material en donde reposa la vida social, y si bien el tamaño y forma de ese substrato están determinados por los individuos, también existe una influencia del “medio” sobre las conciencias. Desde esta perspectiva, para Durkheim, las edificaciones y su distribución territorial son “factores activos” que afectan directamente las acciones e interacciones humanas. Así, bajo el término “efectos de lugar”, este enfoque deja una marcada influencia en el análisis de la importancia de las estructuras espaciales en la incorporación de las distancias sociales.

Años más tarde Lefebvre (2013), en su obra La producción del espacio, retoma la espacialidad de lo social, aunque desde una vertiente del marxismo crítico, y profundiza la idea de que el espacio no es únicamente el factor físico condicionante sino el resultado de la densificación de relaciones sociales, económicas y de poder político. Desde esta perspectiva, para Lefebvre, con el avance de la dominación del mercado, el espacio social “deviene un espacio instrumental”, generado por la racionalidad económica y lleno de contradicciones, lo que implica un uso perpetuo de la violencia como mecanismo de control del caos espacial.

Por su parte, Bourdieu (1993), en su libro La miseria del mundo, establece un puente o continuidad teórico-conceptual entre la morfología social de Durkheim y la producción del espacio de Lefebvre, a partir del cual explica cómo el lugar (territorio) incide en las posiciones de los agentes en el espacio social condicionando estructuralmente las trayectorias y opciones de movilidad social. Según Bourdieu, las posibilidades de alcanzar una posición privilegiada o “dominante” a partir de estrategias específicas de movilidad en lo que denomina el “espacio social” visto como campo social^[1] se encuentran determinadas por la disponibilidad de recursos en términos de capitales (Bourdieu, 2013). Según Duval (2015), los actores deberán construir estrategias de conversión de capitales (en el tiempo), en tanto que “operación fundamental”, para alcanzar la posición dominante en el campo. Bajo esta línea, Wacquant (2007) ha podido sistematizar e introducir el término de territorio para referirse a una “marca estigmatizante que reestructura las relaciones sociales y afecta no sólo la manera en que uno es percibido por los demás, sino también las oportunidades objetivas de vida” (Wacquant, 2007, p. 192).

También es pertinente destacar la obra de Castells (1972), directamente influenciada por el enfoque de Lefebvre. Con el fin de superar la dicotomía entre lo urbano y lo rural, Castells rechaza la idea de un espacio como simple “contenedor geográfico” y se acerca a la comprensión del espacio como un proceso histórico, conflictivo y socialmente construido, atravesado por relaciones de poder y desigualdad. Para el autor, campo y ciudad están interrelacionados en un mismo sistema de producción capitalista. En el contexto de globalización y el tránsito hacia la era informacional, se produce la disolución progresiva de las fronteras entre lo urbano y lo rural, lo que da lugar a nuevas configuraciones territoriales o tipos de territorios funcionales al sistema, y redes de poder que reestructuran el espacio social.

Estos enfoques, sin duda, nos permiten consolidar las bases teóricas del análisis del espacio social que reconocen nuevas estructuras territoriales fruto de estos procesos sociales de disputas por el espacio y a su vez disminuyen la capacidad explicativa de formas espaciales que la sociología urbana consideraba hasta aquí como estáticas. En este sentido, Mela y Randoing (1992) introducen “la sociología del territorio” acuñando el término de la “desespacialización”, el cual asume globalmente que lo espacial tiene una significación debilitada si no se lo comprende en su contexto social, dinámico y complejo. En efecto, según Bourdieu (1980), es fundamental tener presentes estos elementos críticos sobre el espacio y las regiones, reconociendo que el enfoque geográfico es limitante dado que se concentra en “lo que se ve” sin analizar “más allá de las fronteras políticas o administrativas” y omitiendo el poder analítico de las relaciones sociales.

Desde esta perspectiva, Bourdieu (1980) sostiene que el estudio de las regiones y del territorio constituye una “lucha por la autoridad científica”. Sin embargo, actualmente, este contexto ha sido en gran medida superado, en el marco más amplio de las ciencias del territorio. Si bien existen diálogos y debates interdisciplinarios entre los aportes de la economía regional y la evolución de los enfoques geográficos sobre el espacio, la sociología marca aún el punto de partida de este proceso analítico del territorio. Sus contribuciones resultaron clave para la consolidación del enfoque territorial en las ciencias sociales contemporáneas, a partir de tres aportes fundamentales.

Primeramente, la sociología del territorio ha logrado superar el enfoque dicotómico tradicional, que, como señala Picciani (2015), resultaba insuficiente para explicar las transformaciones territoriales, las asimetrías de poder entre lo urbano y lo rural, y la disminución del peso de una “ruralidad profunda” (Berdegué, Carriazo et al., 2015). En este contexto, la incorporación del “territorio” como categoría analítica de base sociológica ha sido clave para visibilizar la multiplicidad de espacios interconectados y nuevas configuraciones territoriales complejas. Abordar el espacio desde una perspectiva integral permite reconocer la aparición de nuevos espacios fruto de las crecientes interacciones entre campo y ciudad, en el marco de procesos de hibridación territorial o formación de espacios “rururbanos” (Hoffmann et al., 2023). Esta perspectiva también permite abordar los procesos de expulsión demográfica, despoblamiento de los espacios rurales y transformación de áreas suburbanas y periurbanas caracterizadas por la presencia de poblaciones de origen rural (Martínez Godoy, 2017). De esta manera, actualmente, se analizan nuevos patrones migratorios entre campos y ciudades capaces de incidir en las transformaciones de los procesos de desestructuración y descomposición de los territorios y en el surgimiento de nuevos espacios perirrurales con implicaciones directas para la sostenibilidad territorial y el futuro de las ciudades (Barragán Ochoa y Martínez Godoy, 2023; Martínez Godoy, 2020).

En segundo lugar, las contribuciones sociológicas sobre el espacio y el territorio han consolidado y operativizado la idea de que la producción social del espacio no es un proceso neutro, sino que responde a una lógica de disputas y tensiones por legitimidad y poder. Este enfoque permite desplegar diversos marcos metodológicos para analizar los cambios en las estructuras sociales, así como las disputas y conflictos que las atraviesan. Entre estos aportes, destaca la metodología estructuralista del “campo social” propuesta por Bourdieu (2013), que resulta clave para comprender el incremento de las distancias sociales —en los planos organizativo y relacional—, también visible en el uso del “espacio físico”, pero, sobre todo, en la configuración de un “espacio abstracto jerarquizado” (Bourdieu, 1993), caracterizado por múltiples correlaciones de fuerzas que se entretejen como principal factor explicativo de las transformaciones multidimensionales de los territorios. Esta perspectiva se ve enriquecida por los aportes de la sociología de las redes sociales desarrollada por Mark Granovetter (1985) y Pierre Mercklé (2011).

Finalmente, un tercer aporte consiste en subrayar que el tránsito de la sociología urbana y rural hacia la sociología del territorio tiene como punto de partida la definición misma del concepto de territorio. A partir de los aportes previamente señalados, es posible avanzar hacia una propuesta de definición evolutiva que antepone la dimensión social como eje de consenso entre las diversas disciplinas de las ciencias territoriales. En este sentido, la noción de producción social del espacio (Matijasevic y Ruiz-Silva, 2013) sitúa al territorio como un proceso dinámico, continuo e interconectado (Kim, 2015, citado en Ramírez et al., 2021), donde las dimensiones espaciales y económicas mantienen una relación constante con las dimensiones socio-organizativas y culturales. Asimismo, se asume el territorio como un espacio participativo, abstracto y de cooperación (Baudelle et al., 2011), en el que la interacción de los actores con el espacio físico está profundamente marcada por sus trayectorias históricas. No obstante, este consenso interdisciplinar de raíz sociológica también reconoce al territorio como un espacio de disputa y conflicto, donde los actores identifican problemáticas comunes y, simultáneamente, buscan generar soluciones endógenas e innovadoras orientadas al desarrollo territorial.

2. El enfoque sociológico del espacio como insumo para la tipologización territorial

La operativización del desarrollo territorial requiere, en efecto, partir de una definición clara y precisa del concepto de territorio. En esta línea, la incorporación de una perspectiva sociológica en los procesos de planificación territorial resulta clave para superar la dicotomía entre lo urbano y lo rural, ampliamente cuestionada en el plano teórico, pero con desafíos significativos en la práctica, especialmente en contextos regionales heterogéneos. Como advierten Zhou, Wang y Li (2023), pensar en un desarrollo verdaderamente integrado entre áreas urbanas y rurales constituye uno de los principales retos para la planificación territorial contemporánea.

En el caso ecuatoriano, las instituciones públicas responsables de diseñar políticas de desarrollo social y económico han tendido históricamente a abordar de forma separada las problemáticas urbanas y rurales, como si se tratara de dos ámbitos totalmente desvinculados. Esta visión ha contribuido a una fragmentación institucional y territorial, reflejada en la aplicación de políticas y estándares urbanos —especialmente en áreas como vivienda, salud, nutrición, educación, producción, empleo y seguridad— concebidos desde el Estado central bajo una lógica top-down, sin considerar adecuadamente las especificidades territoriales ni las dinámicas locales.

La imposición de estas visiones desarrollistas homogéneas, centradas en paradigmas urbanos, ha generado un proceso de exclusión y marginalización de amplios sectores rurales, particularmente en territorios campesinos de la sierra central, donde se concentran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema. Estos territorios han sido funcionalizados como proveedores de mano de obra barata o de materias primas para los mercados urbanos, lo cual intensificó su dependencia económica y su vulnerabilidad estructural frente a actores dominantes externos.

Desde esta lógica, el estudio de las interacciones urbano-rurales debe enmarcarse en una perspectiva relacional, que reconozca las múltiples conexiones y flujos entre espacios y actores, y que permita la apropiación social del territorio. Solo así será posible impulsar mecanismos de coordinación horizontal entre actores locales y regionales capaces de construir modelos de gestión de proximidad que permitan enfrentar las problemáticas desde la especificidad del territorio.

En un ámbito local, la ciudad de Quito, capital del Ecuador, desde el año 2023 se ha enfocado en la dinamización de su sector rural como dimensión estratégica del desarrollo local. Sin embargo, apostar por la materialización de esta visión implica superar las complejidades relacionadas con la comprensión de una diversidad de contextos territoriales rurales e híbridos, los conflictos de uso del suelo y los nuevos patrones migratorios. Para este caso, la definición sociológica del territorio ha sido útil en la medida en que, sobre la base de una propuesta de tipologización de los territorios rurales, ha permitido comprender las diversas transformaciones del espacio social ligadas al embate de una desordenada dominación urbanocéntrica y, además, realizar un análisis de los espacios conflictivos y dinámicas de disputa diferenciadas por el control del espacio social, con lo cual contribuyó a la planificación estratégica territorial como fundamento para la formulación de una política de rearticulación campo-ciudad y la consolidación de la gobernanza territorial.

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) no solo es el centro político del Ecuador, desde hace una década también se ha convertido en el centro económico, con una concentración del 25 % del PIB nacional. Sin embargo, también posee diversos problemas relacionados con la inseguridad, el empleo, la expansión urbana,  la reducción de espacios productivos, las desigualdades de acceso a servicios y los procesos migratorios y de expulsión demográfica (caracterizada por el envejecimiento de la población y una migración hacia entornos urbanos), mismos que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental y alimentaria del DMQ (INEC, 2022).

El DMQ también se configura como una región caracterizada por una compleja distribución demográfica y ocupación desigual del espacio. Según la división político-administrativa, cuenta con 32 parroquias urbanas, que concentran a 1.763.305 personas en apenas el 10.1 % de la ocupación de la superficie total del distrito. En contraste, existen 33 parroquias denominadas rurales, que a su vez conforman un grupo de gobiernos autónomos descentralizados,^[2] y contienen 916.417 personas, lo que equivale al 34 % de la población total, distribuidas en el 89.9 % del área del DMQ (INEC, 2022; PUGS-MDMQ, 2021).

Mapa 1. Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: elaboración propia.

Si bien existe un crecimiento demográfico en 10 parroquias denominadas “rurales”, aunque configuradas como áreas periurbanas y conurbadas desde hace más de dos décadas, en 13 parroquias rurales se registran procesos significativos de expulsión demográfica (tasas de crecimiento bajas o nulas, niveles elevados de envejecimiento y tasas considerables de migración del campo a la ciudad). Se trata, precisamente, de las parroquias con amplios anillos verdes y un uso de suelo vinculado a las actividades agropecuarias, turísticas y de protección ecosistémica.

Esta problemática muestra que la división política administrativa del DMQ (dicotomizada entre parroquias urbanas y parroquias rurales) es insuficiente para poner en evidencia las complejas realidades de la “ruralidad de Quito”. Sin embargo, es posible afirmar que amplias áreas rurales del DMQ constituyen un espacio estratégico de garantía para la seguridad alimentaria del distrito, como garantizar los servicios ecosistémicos de la región.^[3] Pese a que, actualmente, la ruralidad de Quito solo abastece el 5 % de la demanda alimentaria de la ciudad, existe un potencial en materia de disponibilidad de suelo rural productivo y de conservación, que alcanza al menos el 25 % de la superficie total metropolitana (PUGS, 2021), útil para promover procesos de redinamización productiva y económica de las áreas rurales de la región del DMQ.

Estas características permiten hablar de un posible escenario de transición de la metropolitanía tradicional hacia una configuración agropolitana. Así, por ejemplo, Canales y Canales Cerón (2013) ya han discutido cómo, en el caso chileno, las configuraciones territoriales agropolitanas, caracterizadas por la variación de un aporte dinámico y creciente del PIB Agrícola, inciden directamente en una modificación de los patrones de poblamiento y despoblamiento territorial.

En efecto, el modelo tradicional metropolitano, caracterizado por la expansión urbana, las infraestructuras grises como motores de crecimiento y el dominio especulativo del capital inmobiliario y financiero, se encuentra en crisis. En contraste, el modelo agropolitano constituye una propuesta crítica de configuración urbana sustentada en la revalorización de la ruralidad y su dinamización productiva (Puello Bedoya, 2005). Este paradigma propone la articulación de una red de poblados con un patrón de poblamiento rural basado en la producción rural y la oferta de servicios, pero con un predominio de base estructural agraria y agroindustrial. Bajo este esquema, la valorización de lo rural permite una inserción en la globalización desde atrás, es decir, a partir de diversos procesos de reconversión agroproductivos y de valorización específica competitiva de los territorios.

Sin embargo, esta visión enfrentaría limitaciones en un DMQ “huérfano de futuro”, es decir, con dificultades para definir un proyecto estratégico orientado a “alcanzar escenarios de mayor desarrollo” (Sili, 2018). En efecto, la ruralidad en el DMQ es abordada en el corto plazo como un espacio de clientelismo y capitalización política materializada en la organización de fiestas, espectáculos y en el gasto público destinado a la construcción o mejoramiento de infraestructuras no siempre consecuentes con las problemáticas de orden estructural en materia de desarrollo rural.

Bajo este contexto, es necesario repensar el rol de los territorios rurales en la planificación local, sobrepasando el enfoque de la división político-administrativa parroquial mediante un análisis diferenciado de la ruralidad de Quito.

Tal como se señaló anteriormente, la comprensión de la heterogeneidad en los procesos de construcción social de los territorios rurales y la visibilización de sus dinámicas específicas y problemáticas estructurales constituyen uno de los principales obstáculos para la planificación en la región del DMQ. En este sentido, se propone un ejercicio de tipologización de los territorios rurales, según el cual se ubique la dimensión social del espacio en el centro de la interacción entre las dimensiones morfológicas geográficas y las socioeconómico-productivas. Desde este esquema analítico, los territorios rurales de Quito pueden ser diferenciados considerando cada dimensión mencionada. Para esto, se han escogido indicadores pertinentes^[4] en función de la disponibilidad de datos actualizados a nivel cantonal, tal como lo refleja la tabla 1.

Tabla 1. Dimensiones y variables de la tipología territorial

Dimensión	Indicadores
Dimensión morfológica territorial	Índice de expansión urbana, derivado del porcentaje de suelo urbano Porcentaje de suelo destinado a actividades productivas Porcentaje de suelo designado para fines de protección ambiental
Dimensión socioeconómico-productiva	Porcentaje de empleo rural agrícola Nivel de empleo asalariado Brecha digital (acceso de los hogares a computadoras y a tecnologías de información y comunicación)
Dimensión socioorganizativa y cultural	Índice de expulsión demográfica[5] Indicador de densidad socioorganizativa y cultural Cobertura de servicios básicos y porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas

Fuente: elaboración propia.

En función de estos indicadores se llevó a cabo su recopilación y cálculo en una base de datos integral. Esta base de datos se convirtió en el fundamento principal para la creación de un modelo estadístico de agrupación por clusters o clusterización,^[6] y mediante un análisis de componentes principales se obtuvo la categorización de las parroquias rurales en cuatro tipos distintos.

Como resultado del ejercicio, se identificaron cuatro tipos de parroquias rurales que configuran, a su vez, cuatro tipos de territorios. Estas configuraciones responden más a vocaciones socio-productivas específicas que a divisiones político-administrativas formales. Si bien el mapa destaca la caracterización física y la ubicación de estos territorios, más adelante se evidenciará la utilidad de esta tipología para comprender las estructuras socio-organizativas y los distintos ejes de disputa territorial.

En primer lugar, se identifican 12 parroquias conurbadas o periurbanas (tipo 1), caracterizadas por una proporción de suelo urbano que oscila entre el 21 % y el 82 %. Aunque el rango es amplio, aquellas parroquias con una proporción urbana inferior al 50 % suelen presentar suelo rural destinado a la expansión urbana y un alto porcentaje de suelo productivo subutilizado. En segundo lugar, se reconocen 9 parroquias rururbanas (tipo 2), en las que pese a que el suelo urbano varía entre el 1 % y el 15 %, la disminución de actividades rurales, principalmente agrícolas, es notoria frente a dinámicas urbanas emergentes en centros poblados medianos. Para estos dos primeros casos, la expulsión demográfica es nula dadas las dinámicas dominantes de expansión urbana.

En contraste, las parroquias rurales de vocación agroproductiva (tipo 3), ubicadas al noreste del DMQ, muestran una baja influencia urbana, una clara predominancia del suelo productivo agrícola y pecuario y las tasas más elevadas de expulsión demográfica. Finalmente, se identifican 8 parroquias rurales de vocación orientada a servicios ecosistémicos (tipo 4), situadas al noroeste del distrito, en una microrregión reconocida como Reserva de Biósfera “Chocó Andino”. Estas parroquias presentan una alta proporción de suelo de conservación, al mismo tiempo que no logran retener a su población local joven en el territorio.

3. Tipologización territorial e identificación de conflictos y nuevas gobernanzas

Tal como se señaló en el apartado anterior, este ejercicio permitió profundizar en la comprensión diferenciada de las dinámicas de configuración social, materializadas en los juegos de actores presentes en los distintos campos sociales, con niveles diversos de disputa y tensión según el tipo de territorio analizado.

En efecto, la aplicación de esta tipología territorial, en el marco del diseño de una política de integración urbano-rural en contextos metropolitanos, fue pertinente para identificar no solo los conflictos relacionados con el uso, concentración y disputa por recursos clave como la tierra y el agua, sino también las nuevas tensiones asociadas a la asignación y priorización de recursos económicos en los espacios rurales.

En este sentido, la tipologización no es un proceso neutral: evidencia relaciones de poder y escenarios de conflicto entre actores con intereses diversos, lo cual resulta clave para comprender los procesos de construcción de la gobernanza territorial. Desde la perspectiva del campo social (Bourdieu, 2013), en cada tipo de territorio se manifestaron conflictos locales diferenciados, con juegos de actores particulares orientados o bien a consolidar posiciones dominantes o bien a resistir formas de subordinación.

Estas dinámicas no solo reflejan los desequilibrios en la distribución de capitales —económicos, simbólicos, sociales o políticos— entre los actores involucrados, sino que también muestran las dificultades estructurales para la construcción de consensos y el logro efectivo de los objetivos comunes de desarrollo rural planteados en los instrumentos de planificación local.

En las parroquias rurales pertenecientes al tipo de territorio 1 (periurbanos/conurbados), es común encontrar el antagonismo entre actores dominantes del sector inmobiliario y las comunidades locales, en su mayoría ya urbanizadas. En estos territorios se registran diversos conflictos con relación a procesos evidentes de gentrificación, pero de igual manera, en zonas de alta densidad natural y ecológica, grandes grupos inmobiliarios se disputan el control del espacio y de los recursos hídricos con comunidades tradicionales subsumidas en medio de las construcciones informales que ponen en riesgo la sostenibilidad territorial.

En las parroquias rurales pertenecientes al tipo de territorio 2 (rururbanas y periurbanas), existen conflictos vinculados tanto a la expansión de zonas industriales como al aumento de la franja urbana sobre los poblados rurales, en detrimento de la superficie agrícola útil. El avance de las lógicas de uso del espacio urbanas ha profundizado, además, tensiones entre actores campesinos que pretenden preservar sus dinámicas productivas agrícolas y nuevos habitantes rurales. A esto se suma un conflicto del tipo étnico manifestado en el distanciamiento social interno en las comunidades. Aquí surgen reclamos simbólicos relacionados con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y la recuperación de un espacio común inexistente. En contraste, se encuentran las demandas estructurales de actores denominados “antiancestrales”, quienes impulsan dinámicas no comunitarias de valorización de la tierra y el territorio. Este debilitamiento interno de las comunidades rurales favorece al capital inmobiliario e industrial, cuyo objetivo es controlar el espacio social en el mediano plazo y negociar la compra de grandes extensiones de tierra a precios convenientes. Al final de cuentas, al capitalismo no le interesa eliminar al campesinado, sino mantenerlo débil y alineado a sus intereses.

Finalmente, en las parroquias rurales del tipo 3 y 4 (rurales con vocación de producción agrícola y ecosistémica), se evidencian tensiones entre actores en torno a las prácticas agrícolas y a la conservación ambiental. Aquí, pequeños y medianos productores locales han sido estigmatizados por nuevos habitantes rurales, quienes tratan de imponer a la agroecología como paradigma legítimo, sin considerar las dinámicas productivas endógenas.

Asimismo, se encuentran dilemas y conflictos vinculados a la minería metálica. Un caso representativo es el de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, donde en 2023, mediante un proceso de consulta popular, se prohibió la minería metálica. Aquí, diversos colectivos ambientalistas de Quito asumieron la vocería oficial del territorio. Sin embargo, estos grupos, en su mayoría urbanos y pertenecientes a una “elite ambientalista local”, desde una posición dominante, no se articulan con la población local ni tampoco con los pequeños y medianos productores del territorio. Además, tienden a deslegitimar las prácticas productivas locales, calificándolas de insostenibles ambientalmente sin entender que estos campesinos subsisten bajo lógicas de subordinación productiva y en economías de subsistencia.

Pero más allá de las tensiones y conflictos identificados, cada tipo de territorio también se caracteriza por diversas formas de presiones por parte de actores políticos, como concejales metropolitanos y grupos partidistas, que, en alianza con actores dominantes en los distintos territorios, reclamaron mayor protagonismo en la orientación del financiamiento destinado al desarrollo rural. Aunque dar paso a estos reclamos puede mejorar la gobernabilidad de la administración en el corto plazo, se deja de lado un proceso de construcción de la gobernanza territorial en el mediano plazo. Cabe a su vez recalcar que permitir la injerencia política en el uso del presupuesto destinado al desarrollo rural constituye actualmente una de las principales monedas de negociación para robustecer un bloque de oposición a un proceso de revocatoria de mandato de la máxima autoridad en el DMQ, impulsado por un sector de la ciudadanía quiteña.

Sin dudas, el escenario de injerencia política, marcado por intereses partidistas y clientelares, modifica la dinámica de construcción de la gobernanza territorial, a la vez que transforma las dinámicas de acumulación de capitales y así favorece procesos de consolidación de lógicas de dominación territorial. Este fenómeno se reproduce con facilidad en los tipos de territorios T1 y T4 (gráfico 1). Por el lado del T1, se trata de un territorio que concentra el mayor número de votantes y donde las lógicas de la articulación urbano-rural sostenibles ligadas a la reactivación agroproductiva resultan incómodas dados los intereses de la expansión inmobiliaria y el acaparamiento de recursos naturales. En efecto, en el T1, se busca dirigir los recursos hacia obras con rentabilidad electoral, como proyectos viales y de infraestructura, desvinculadas de las problemáticas locales y alejadas de una visión estratégica de futuro territorial. En lo que respecta al T4, tal como se señaló previamente, la imposición de la visión de la élite ambientalista quiteña ha dado lugar a múltiples conflictos. Este proceso, en el contexto de la definición del plan estratégico territorial, ha permitido al poder político afín consolidar una forma de acumulación de capitales y de control territorial dirigida a asegurar la gobernabilidad, en detrimento de una verdadera gobernanza.

Por el contrario, el T3, al estar menos poblado y en plena expulsión demográfica, es un territorio menos atractivo para los intereses partidistas, lo que genera un mayor margen de maniobra para los actores locales y la cooperación para la búsqueda de alternativas comunes frente a problemas comunes. En este sentido, la materialización de acciones favorables al desarrollo territorial, tales como la construcción de programas de estudio con pertinencia territorial, la consolidación de modelos de gestión mancomunados en favor de la protección ambiental y promoción turística y las inversiones en los ejes productivos, han sido fácilmente desarrolladas con muy poca injerencia política, lo que favorece una mejor construcción de los procesos de gobernanza y una menor alineación de intereses ligados a la concentración de capitales. Finalmente, el T2 constituye un territorio rururbano en transición acelerada hacia la periurbanización y a la espera de un proceso consolidado de concentración de capitales ligado a las nuevas inversiones inmobiliarias y de infraestructura en relación con la zona aeroportuaria. En este sentido, dada su ubicación estratégica, es el territorio de mayor movilidad entre los ejes de gobernanza y concentración de capitales.

Gráfico 1. Tipologías territoriales en función de la gobernanza y los procesos de concentración de capitales en los territorios rurales

Fuente: elaboración propia.

Así, de manera general, cabe resaltar que en los 4 tipos de territorios son notorios y diferenciados los desafíos en la construcción de gobernanza territorial (Perrin y Lacquement, 2023), los cuales deben ser liderados a través del fortalecimiento institucional para el desarrollo rural con el fin de marcar las reglas del juego y de facilitar la implementación de instrumentos, estrategias, lineamientos y políticas. Actualmente, esta discusión más sociológica del territorio, en el ámbito académico, es novedosa; sin embargo, en la administración pública, en relación con los procesos de formulación de la política de articulación urbano-rural, constituye una barrera política que afecta los objetivos de gobernabilidad inmediata buscados por las autoridades de turno en la región metropolitana. Actualmente, la gobernanza local se encuentra “en un estado inconcluso de avance, a la vez que la construcción del camino hacia el Desarrollo Territorial […] habría sido abortada” (Martínez-Godoy, 2022, p. 14).

Conclusiones

La sociología urbana y la sociología rural, aunque tradicionalmente enseñadas como ramas separadas, han mantenido desde sus orígenes un diálogo más estrecho de lo que suele reconocerse. En este capítulo, se ha argumentado que la dicotomía entre lo urbano y lo rural comenzó a superarse en el plano teórico a partir de los propios aportes de algunos de los autores clásicos a quienes, paradójicamente, se les atribuye la consolidación de dicha división. En particular, los trabajos de Émile Durkheim —fundador de la escuela francesa de sociología— ya esbozaban, desde finales del siglo XIX, los primeros indicios de una “sociología del espacio”, al destacar la influencia estructurante y el interrelacionamiento del entorno físico en la vida social

Progresivamente, la evolución del pensamiento sociológico sobre el espacio, a partir de los aportes fundamentales de autores como Lefebvre, Bourdieu y Castells, ha permitido superar progresivamente las limitaciones dicotómicas que tradicionalmente separaron el estudio del campo y la ciudad. Actualmente, se observa una clara transición teórica hacia la sociología del territorio, la cual reconoce el espacio como una construcción social, resultado de relaciones históricas de poder, conflicto y desigual distribución de capitales. Este enfoque ha sido central para cimentar una conciliación interdisciplinaria que da origen a las llamadas ciencias del territorio. No obstante, esta integración no fue inmediata: durante décadas, el abordaje sociológico del espacio constituyó una “lucha por la autoridad científica” (Bourdieu, 1980), frente a miradas reduccionistas que priorizaban la dimensión geográfica o administrativa del territorio.

Desde este marco, el territorio deja de ser concebido como un simple soporte físico o una unidad político-administrativa para ser entendido como un campo social dinámico, estructurado por conflictos y disputas entre diversos actores con niveles diferenciados de disponibilidad de capitales que orientan esfuerzos hacia la movilidad y salida de posiciones subordinantes o la consolidación de posiciones dominantes. En consecuencia, la sociología del territorio no solo amplía la capacidad explicativa de las ciencias sociales frente a las transformaciones espaciales contemporáneas, sino que aporta herramientas teóricas y metodológicas claves para el análisis de la gobernanza territorial.

El capítulo ha mostrado, además, la manera en que en un contexto específico, como el del Distrito Metropolitano de Quito, la aplicación de un enfoque sociológico permitió construir una tipología de territorios rurales que visibiliza la complejidad y heterogeneidad de su ruralidad. Esta tipología —que distingue entre parroquias conurbadas, rururbanas, agroproductivas y orientadas a servicios ecosistémicos— constituye no solo una innovación metodológica relevante para la planificación metropolitana, sino que también revela patrones diferenciados de ocupación y uso del suelo, así como estructuras sociales particulares. Cada tipo territorial evidencia la presencia de actores diversos y distintos niveles de disputa por el control del territorio, lo que, además, refleja la fragilidad de estos procesos frente a coyunturas políticas cambiantes.

Asimismo, se identificaron conflictos socioespaciales específicos en cada tipología, relacionados con la expansión urbana desordenada, la presión inmobiliaria, los intereses industriales, la defensa de patrimonios identitarios y culturales, la conservación ambiental y el acceso a recursos naturales. Estas disputas ponen en evidencia la tensión entre modelos de desarrollo contrapuestos, así como la ausencia de mecanismos eficaces de gestión común del territorio, lo que impide la movilidad y redistribución equitativa de los actores en el campo social.

Finalmente, el capítulo destaca que la consolidación de una gobernanza territorial efectiva en el DMQ enfrenta desafíos estructurales y políticos significativos. La fragmentación institucional, la politización y las lógicas clientelares en la asignación de recursos para el desarrollo rural, así como la ausencia de una visión estratégica compartida, han limitado la formulación e implementación de políticas de articulación urbano-rural. En este contexto, la perspectiva sociológica del territorio ha resultado útil no solo para comprender las transformaciones espaciales, sino también para develar las lógicas de poder que vinculan estrechamente el capital económico con el capital político, lo cual evidencia que la interfaz urbano-rural en Quito es altamente disputada y constituye una barrera política para superar un modelo de desarrollo urbanocéntrico.

Desde esta perspectiva, se subraya la relevancia de una sociología del territorio aplicada, capaz de enfrentar las desigualdades territoriales, reconfigurar los modelos de desarrollo local y contribuir a la construcción de futuros territoriales más sostenibles, inclusivos y democráticos.

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