Intersección de desigualdades y segregación de los mercados laborales

Marta Silvia Moreno

Introducción^[2]

A lo largo de la historia han persistido formas de movilidad recurrentes entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina. En la provincia de Mendoza estos flujos se reconocen desde mediados del siglo XX junto a la expansión de la demanda de mano de obra estacional en las cosechas hortícolas, frutícolas y vitícolas, que no alcanzaban a cubrirse con mano de obra local. El asentamiento paulatino en la provincia incidió en el surgimiento de nuevos espacios laborales para las/os migrantes, algunos de ellos vinculados con las agroindustrias capitalizadas, y otros asociados a diversas formas contractuales o de autoempleo, en un contexto de profundas transformaciones derivadas de los procesos de reestructuración productiva de la agricultura. En el presente la migración boliviana ocupa un rol protagónico en el escenario provincial como la primera minoría de extranjeras/os con unos 27.239 habitantes (CNPHyV, 2010).

En este capítulo abordaré la inserción de estos flujos migratorios en la ruralidad de Mendoza, considerando las particularidades de aquellos trabajos por los que fueron convocados, así como aquellos otros que se fueron inventando ‘para alcanzar una vida mejor’. Esta inquietud proviene del trabajo de campo para realizar mi tesis doctoral donde analicé la articulación de migrantes al trabajo estacional agrícola, principalmente a la actividad de cosecha^[3]. Esta investigación proporcionó información sobre un segmento laboral destinado a migrantes recientes (Herrera Lima, 2005) que es muy dinámico y se renueva periódicamente. No obstante, con el progresivo asentamiento^[4] de estos flujos en la provincia, surgieron otras actividades y labores donde las familias migrantes lograban insertarse y reproducirse. El empleo estacional en fábricas de conservas, la aparcería hortícola, el comercio en ferias, la construcción y los cortaderos de ladrillos se posicionaron como parte del abanico de ‘trabajos posibles’ para la mayor parte de la población migrante que prolongaba su estadía.

Con base en estas inquietudes buscaré caracterizar los mecanismos de segregación de la fuerza de trabajo migrante desde los aportes teóricos más importantes en el campo de estudio de las migraciones laborales. El recorte se basa en la información empírica disponible, tanto propia como de colegas que han abordado algunas dimensiones de este campo de estudio, lo que me permite reconstruir la inserción de estas/os migrantes en las cosechas agrícolas, el trabajo en fábricas de conservas, la mediería hortícola y el comercio en ferias.

El encuadre metodológico de esta propuesta articula una estrategia empírica a una conceptual (Maletta, 2009) que se dispone a interpretar la información disponible desde las teorías y conceptos de un campo de conocimiento específico, en nuestro caso, aquellas teorías que se han detenido a estudiar la vinculación entre migración y trabajo, es decir, las especificidades que adopta la inserción laboral de las poblaciones migrantes en el mundo globalizado. Estas teorías provienen inicialmente del contexto norteamericano debido a que el campo de estudios migratorios tuvo un papel decisivo en la constitución de la sociología como disciplina científica en este país, contrastando con una conformación más tardía y difusa en el continente europeo y latinoamericano (Domenech y Gil Araujo, 2016).

Para cumplir con este propósito realizaré una breve contextualización de los principales aportes teóricos en el campo de estudio de las migraciones laborales, para luego avanzar con una caracterización del territorio provincial y de los espacios laborales donde se concentra la población oriunda de Bolivia.

1. Breve recorrido por los estudios sobre migraciones laborales

¿Qué especificidades mantiene la vinculación entre migración y trabajo? ¿Por qué algunas/os migrantes están sobrerrepresentadas/os en ciertos trabajos que generalmente son los peor remunerados? ¿Por qué se torna tan difícil la movilidad social para estos sectores? Éstos y otros interrogantes han abonado la construcción de un campo de estudio cuyos primeros antecedentes se remontan al siglo XIX con autores como Ravenstein (1885), que identificó tempranamente ciertas regularidades en los desplazamientos poblacionales vinculados a los motivos de las migraciones, a las distancias recorridas, a la direccionalidad y a la presencia diferencial de mujeres y varones (Ravenstein, 1885).

A comienzos del siglo XX en el marco de las ‘grandes migraciones’ o ‘migraciones de masa’, la sociología norteamericana se orientó a estudiar estos procesos, así como sus principales consecuencias sociales. En el seno de la Escuela Sociológica de Chicago, se impulsaron un conjunto de investigaciones sobre la inmigración europea que tuvieron una enorme influencia en la posterior producción académica sobre la migración más allá de los Estados Unidos. William Thomas y Florian Znaniecki publicaron un libro que se convertiría en uno de los textos fundadores de la sociología de las migraciones: El campesino polaco en Europa y en América (1918). Asimismo, los trabajos de Robert Park inscriptos en la sociología urbana fueron contribuciones influyentes para la comprensión de los procesos de incorporación de los inmigrantes europeos en los Estados Unidos. Junto a Burgess fue uno de los principales propulsores de la denominada teoría de la asimilación^[5] (Park y Burgess, 1921), que quedaría plasmada en uno de los textos clásicos de la sociología norteamericana de las migraciones: Las migraciones humanas y el hombre marginal (Park, 1928). Menos visibles, aunque muy valorables son también los aportes recientemente rescatados de las ‘mujeres de la Escuela de Chicago’: las sociólogas Annie M. MacLean (1905) y Grace Abbott (1915), que tuvieron por objeto analizar aspectos relevantes como el significado de la inmigración, el acceso al trabajo, la salud de las mujeres inmigrantes y el papel de las comadronas (García Dauder, 2010).

Otra perspectiva que también mantuvo vigencia antes de 1960 fue el modelo push-pull (o de expulsión y atracción). Se trata de un marco conceptual que centraba su atención en los llamados factores de expulsión (push) y de atracción (pull) en las comunidades de origen y de destino de los migrantes (Boyd, 1989; Portes y Börökz, 1989). Su foco se circunscribía a las condiciones estructurales que generaban la decisión de migrar (generalmente las asociadas a la pobreza) y a los factores que condicionaban la elección de los lugares de destino de los migrantes (generalmente asociadas a las oportunidades de empleo) (Portes, 1995).

Muy emparentadas con esta perspectiva se hallaban las teorías económicas de la escuela neoclásica, que durante el primer tramo del siglo XX dominaron la explicación de los movimientos migratorios, especialmente de sus causas (Domenech y Gil Araujo, 2016). Estos modelos consideraban que la raíz de las migraciones se encontraba en las disparidades entre los niveles salariales de los distintos países, que a su vez reflejaban diferencias en los niveles de ingresos y de bienestar. Por lo tanto, la movilidad de los trabajadores se regía por las leyes de oferta y demanda (Lara Flores, 2001) y cumplía un rol central al equilibrar estos desbalances eliminando las diferencias salariales y con ello el estímulo para la realización de nuevos desplazamientos. En algunos casos, este razonamiento llevaba a remarcar el efecto negativo de la migración dado que podía contribuir a incrementar la desocupación y disminuir los salarios (Moore, 2011), desde una óptica en que nativos e inmigrantes competían por los mismos puestos dentro de un solo mercado de trabajo.

Estas aproximaciones empezaron a recibir numerosas críticas en los años setenta, sobre todo desde el momento en que a nivel global comenzaron a multiplicarse las barreras fronterizas a la libre circulación de las personas. Además, aparecieron un conjunto de dificultades que no encontraban explicación desde un abordaje unidimensional que excluía la dimensión política (Arango, 2003), como el número relativamente reducido de migrantes internacionales, a pesar de las enormes diferencias de ingresos y los diferenciales en las tasas de emigración entre países estructuralmente similares.

En este marco se difundieron un conjunto de teorías orientadas al análisis de la cuestión del mercado de trabajo y su diferenciación, que partían de una mirada crítica sobre las teorías neoclásicas. Los aportes segmentalistas (o neo-institucionalistas) introdujeron elementos de análisis sociológico a este campo de estudio (Pries, 2000; Herrera Lima, 2005) que buscaban poner de relieve la heterogeneidad, al punto que no podía hablarse de un sólo mercado de trabajo sino de mercados de trabajo distintos con sistemas organizativos particulares y diversos tipos de trabajadoras/es (Lara Flores, 2001).

Dentro de un conjunto más amplio de propuestas, la teoría del mercado de trabajo dual (Piore, 1979) se orientó a analizar las migraciones desde las sociedades receptoras y desde un nivel macro que puntualizaba en los factores estructurales que resultaban determinantes de la migración (Riesco Sanz, 2021). El argumento central de esta perspectiva esgrimía que las migraciones internacionales obedecían a una demanda estructural de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas, que tenía su origen en ciertas características intrínsecas de éstas y que, a su vez, provocaba una segmentación en sus mercados de trabajo en uno primario, que englobaba las actividades mejor calificadas, con salarios más altos y mayor estabilidad laboral; y otro secundario, que presentaba las características opuestas, como una creciente inestabilidad laboral, salarios más bajos y condiciones laborales precarias y peligrosas (Lara Flores, 2001; Benencia, 2008). Por lo tanto, desde esta nueva óptica las y los migrantes jugaban un rol complementario (no competitivo) de la mano de obra local (Arango, 2000) en las posiciones más subordinadas de la jerarquía laboral.

Saskia Sassen (1988) refiere a este proceso en el contexto de desarrollo de un nuevo mercado global con base en el modelo neoliberal en los años setenta, en el que las economías postindustriales de servicios comenzaron a necesitar un número cada vez mayor de trabajadores de escasa capacitación para atender las necesidades de las élites. La autora argumenta que estas/os trabajadoras/es ya no pueden conseguirse entre las filas locales, primero por razones demográficas, dado el descenso de la fecundidad y de las cifras de personas jóvenes que ingresan a los mercados laborales en los países ricos; y segundo por razones sociales, dado que las/os jóvenes locales tienen buenas oportunidades educativas que les permiten rechazar el trabajo de escasa capacitación y remuneración. Como los gobiernos se niegan a admitir la necesidad de trabajadores migrantes de escasa capacitación, estas/os comienzan a reclutarse por medio de la migración irregular (especialmente en los casos de Estados Unidos, el sur de Europa y varios países asiáticos) (Castles, 2013).

Durante este mismo período surgió otro vasto conjunto de teorías vinculadas a los debates sobre la economía dual y la segmentación del mercado de trabajo en Estados Unidos, cuyos planteamientos fueron impulsados, entre otros, por Alejandro Portes (Riesco Sánz, 2020). Estas teorías pretendían constituirse en una tercera alternativa a la dualidad de los modos de incorporación laboral de las/os migrantes en las sociedades de llegada, que daban empleo a una proporción significativa de trabajadoras/es de su mismo grupo étnico y/o nacional (Portes, 1980). En este marco, a partir de conceptos como el de economía de enclave étnico o empresarialidad étnica se buscaba explicar los procesos mediante los cuales determinados grupos de población étnicamente marcados se especializaban y concentraban en ciertos tipos de actividades económicas por cuenta propia, así como las consecuencias de dicha especialización. Desde estas aproximaciones se pensaba que la lógica económica de mercado no permitía explicar por sí misma la especialización de determinados grupos en el trabajo por cuenta propia. Las causas de estos comportamientos debían buscarse en las dimensiones y estructuras socioculturales en las que la propia dinámica económica se encontraba inserta. Se trataba de hacer hincapié en la trama social, cultural e institucional (valores, tejido asociativo, redes, marcos normativos y reglas) que articularía internamente a dichas comunidades étnicamente diferenciadas, siendo la presencia o ausencia de este entramado social y de estas formas de vida (que permitían movilizar recursos financieros, fuerza de trabajo, información, clientes) lo que determinaría, en última instancia, las posibilidades emprendedoras de unos u otros grupos.

En esta clase de planteos se advierte la recuperación de los desarrollos conceptuales de la antropología económica y de autores pioneros como Karl Polanyi (1992), que entendía lo económico y lo social de modo imbricado. A través de la categoría de embeddedness el autor aducía que toda acción económica estaba contenida o entramada en interacciones sociales, lo que ubicaba a los sujetos dentro de un campo de interacciones múltiples y recurrentes, que suponían no sólo el conocimiento cercano entre los individuos con quienes se realizaban los intercambios, sino también de las reglas sociales de funcionamiento de dichos espacios. Desde esta perspectiva se empezó a recuperar el abordaje sobre las redes sociales como estructuradoras de los intercambios involucrados en los procesos de reclutamiento, remuneración, asignación a puestos y movilidad de la fuerza de trabajo en el mundo laboral (Herrera Lima, 2005).

Otro modelo teórico que también comenzó a recuperar niveles de análisis meso durante este período fue el de la Nueva economía de las migraciones laborales (Stark, 1991), que analizaba las migraciones en relación con las unidades domésticas y como resultado de una decisión familiar. Además, focalizaba en el modo en que se tomaba la decisión de migrar, así como en las características de la comunidad de origen, para comprender la migración como una estrategia para reducir los riesgos a través de la diversificación del trabajo familiar y de las fuentes de ingresos (Arango, 2003). Asimismo, ganaron fuerza las perspectivas diacrónico/longitudinales que tomaban como unidad de análisis las trayectorias, es decir, los cursos de vida y de trabajo de las personas como secuencia de posiciones ocupacionales-laborales en el tiempo. En estos análisis se cruzaba un desplazamiento espacial y temporal por el territorio, con otro social de movilidad ascendente o descendente en las trayectorias ocupacionales. Tanto las redes como las unidades domésticas y las trayectorias comenzaron a situarse, en este campo de estudio, en un punto de abordaje intermedio entre el nivel macro de los condicionantes estructurales y el plano micro de las decisiones individuales (Faist, 1997). Estos avances contribuyeron a colmar un enorme vacío en las teorías sobre migraciones laborales hasta ese momento (Pedone, 2004).

Las investigaciones contemporáneas sobre migraciones laborales han ampliado y desbordado la categoría económica de mercado de trabajo y su tradicional división entre nativos e inmigrantes. Otras áreas de conocimiento de las ciencias sociales han impactado este campo de estudio introduciendo el género y el Estado en el análisis de los movimientos migratorios (Domenech y Gil Araujo, 2016).

La influencia del pensamiento feminista en los estudios migratorios puede rastrearse en el afán de visibilizar la participación de las mujeres en los movimientos poblacionales durante la década de 1970. Hasta ese momento se había considerado que las migraciones eran básicamente fenómenos “laborales y masculinos”, donde las mujeres tenían un rol secundario cuya movilidad se reducía al patrón asociativo o de reunificación familiar (Ariza, 2007), constituyendo otra de las grandes omisiones en la investigación sobre la migración hasta ese momento. Esta influencia redundó en una renovación del campo de estudios a partir de aproximaciones menos economicistas sobre la temática, que ofrecían una mirada metodológica “más centrada en los aspectos culturales que económicos; en la agencia que en la estructura; en las redes, las organizaciones sociales de base, las comunidades y las familias, que en los mercados y las macroestructuras” (Ariza, 2007, p. 467).

Por su parte, el transnacionalismo como perspectiva de estudio que se tornó relevante en las últimas décadas en Estados Unidos (Wimmer y Glick Schiller, 2002)^[6], vino a remarcar la incidencia de los Estados Nacionales en los procesos de movilidad. Desde este nuevo enfoque comenzó a interpretarse la migración como un fenómeno siempre inacabado de traspaso de fronteras que son custodiadas por los Estados-nación (Marzadro, 2010), fenómeno que hasta la década de 1980 había pasado inadvertido para los estudiosos de la migración en general, y que se tornó cada vez más relevante conforme se incrementaban los controles fronterizos a la libre circulación (Domenech y Gil Araujo, 2016). Esta suerte de focalización en las fronteras también posibilitó sortear el nacionalismo metodológico que hasta ese entonces había consistido en incorporar, tácitamente como premisa epistemológica, los confines territoriales de las naciones en tanto contenedores “naturales” de los fenómenos sociales.

Más recientemente, se ha sumado en América Latina el giro decolonial para contribuir en el análisis de las estructuras de dominación que inciden en los procesos migratorios (Trpin y Jardim, 2015). En este marco, los feminismos afrodescendientes e indígenas en América Latina y el Caribe, influenciados por los feminismos negros del norte, han comenzado a criticar el racismo, elitismo y clasismo de los activismos políticos y las producciones académicas, con clara conciencia de la matriz colonial de poder^[7] en esta región (Curiel, 2007). Se han centrado en construir herramientas teórico-políticas para desmontar las clasificaciones de género y de sexualidad ligadas a la dominación (neo)colonial (Lugones, 2005), que denuncia la explotación y el reparto desigual de las riquezas como los problemas centrales para las mujeres latinoamericanas (Viezzer, 1977).

Bajo este marco, se han multiplicado los enfoques del trabajo centrados en la segregación, que comparten con los estudios segmentalistas su énfasis en las diferencias existentes al interior de la fuerza de trabajo, aunque van un poco más allá al indicar que estos segmentos “se contraponen en una estructura de fuertes asimetrías” (Lara Flores, 2001, p. 375). Estos estudios recuperan el potencial de la perspectiva interseccional para pensar la segregación laboral en tanto experiencia de múltiples opresiones, que parte de reconocer que las posibilidades de que las personas obtengan un trabajo dependen no sólo de su capital humano sino también de otros criterios no económicos (Castles, 2013).

Esta perspectiva caleidoscópica sobre la desigualdad surge en el marco de los debates feministas y refiere a la percepción imbricada de las relaciones de poder (Vivieros Vigoya, 2016). Para ello apela al entrelazamiento y a la co-constitución de matrices de opresión y a la diversidad de posiciones que los sujetos sociales ocupan en virtud de ellas en las sociedades capitalistas, racistas y patriarcales (Davis, 2005; Crenshaw, 2013; Hill Collins, 2012; Hooks, 1992; Lorde, 1978). En el campo de estudios sobre migraciones laborales, este enfoque se ha presentado como apuesta teórico-metodológica para comprender las relaciones sociales de poder y los contextos en que se producen las desigualdades sociales vividas por los sujetos (Magliano y Mallimaci Barral, 2018), que exceden el mercado de trabajo para entrar en diálogo con formas de segregación territorial, barrial, social, etc., que complejizan los abordajes (Magliano, 2021).

Finalmente, a estos desarrollos contemporáneos que han impactado sobre el campo de estudio de las migraciones laborales, debemos sumar un conjunto de planteos que han buscado distanciarse del concepto clásico de trabajo -trabajadores libres, asalariados, masculinizados y blancos- asociado al empleo (Antúnes, 2003), dada la notable expansión de las ocupaciones no salariales. Para referirse a estos sectores la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1972) ha utilizado la noción de sector informal, aunque luego han surgido miradas críticas agrupadas alrededor de la categoría de economía popular. Estos desarrollos tienen en común con aquellos vinculados con las economías de enclave el hecho de buscar explicar aquellas modalidades de autoempleo en las que se concentran los sectores populares de la población, entre ellos las/os migrantes. Uno de sus propulsores en la región, José Luis Coraggio, define la economía popular como un “sustrato imprescindible del sistema económico en su conjunto, ya que cumple funciones vitales pero que permanecen aún subordinadas a la lógica mercantil capitalista” (Coraggio, 2014, p. 22). Se trata de la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades primarias, cuya lógica es la de la obtención de medios para la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles (Martínez Espínola y Moreno, 2019). Coraggio identifica que el potencial de la economía popular está reprimido por las condiciones que impone el sistema imperante de acumulación, así como por la ilegalidad a la que la empujan las normas jurídicas y las prácticas regulatorias del mercado, la segregación social y espacial, el limitado acceso a infraestructura y servicios públicos, entre otros. Así, para el autor la economía popular no representa el polo marginal de la economía, sino una esfera con potencial productivo que se vincula subterráneamente con el resto de la economía. Este enfoque nos pone en sintonía con el análisis de Verónica Gago (2014) sobre “economías barrocas”, expresión que da cuenta del conjunto de alternativas económicas que los sectores populares desarrollan frente a las crisis sucesivas del sistema en el marco de un neoliberalismo desde abajo, “que funciona como motor de una poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas” (Gago, 2014, p. 12). Para Gago, Cielo y Gachet (2018) las economías populares (y sus organizaciones) tienen una fuerte composición migrante en Argentina, donde esta categoría ha sido impulsada en el devenir político de muchas de las organizaciones de desocupados fruto de la crisis en 2001. Es desde estos espacios que comienzan a gestarse nuevas concepciones sobre demandas y aportes al Estado, que cristalizan en el concepto de economía popular^[8].

Como resulta de este recorrido podemos advertir que existe un vasto campo de aproximaciones teóricas que bajo diversas lógicas y en distintos contextos han buscado explicar la vinculación entre migración y trabajo, así como las especificidades que adoptan estas inserciones laborales en las sociedades de acogida. Muchos de estos planteos se contraponen, sobre todo aquellos que buscan distanciarse del enfoque neoclásico. No obstante, un cúmulo importante de teorías resultan explicaciones complementarias o alternativas en los análisis empíricos particulares, ya que ponen el foco en diversos aspectos (variables y niveles analíticos) de la migración laboral. En ese sentido, todos son provechosos y productivos para identificar, describir y comprender los fenómenos bajo estudio. Siguiendo este horizonte, en las siguientes páginas complementaré estos desarrollos con una breve revisión de antecedentes sobre las especificidades del caso argentino, para luego centrarme en el agro de Mendoza a la luz de la información empírica disponible y de los aportes teóricos referenciados.

2. Las y los migrantes de Bolivia en la agricultura de Mendoza

La inmigración boliviana ocupa un rol protagónico en el escenario de las migraciones internacionales de Argentina, en tanto corriente tradicional que mantiene una vigente actualidad. Sassone (2021) argumenta que su cultura de movilidad, sus dinámicas espaciales y los modos de territorialización muy propios de esta población (Zalles Cueto 2002; Hinojosa Gordonava, 2009), ponen de manifiesto una migración activa compuesta de generaciones y generaciones que renuevan y singularizan su geografía. Sus comportamientos espaciales muestran, a escala nacional, una distribución por difusión territorial, que los posiciona como el colectivo más disperso en todo el país (Sassone et al., 2021).

Los antecedentes disponibles sobre migración limítrofe permiten señalar que una proporción considerable de estos desplazamientos constituyen migraciones laborales (Pizarro et al., 2011), dado que la motivación laboral ha resultado central en estos flujos. De acuerdo con Cerrutti (2009), alrededor de 3/4 de los varones que inmigraron a la Argentina provenientes de países limítrofes declararon que se fueron de sus países por falta o problemas de trabajo. Entre las mujeres, si bien las motivaciones para emigrar resultan más variadas, la búsqueda de alternativas laborales constituye también la razón predominante. En este marco, casi la mitad de las migrantes bolivianas (48,3%) adujeron dicho motivo (Cerrutti, 2009, p. 44).

Las investigaciones reseñadas documentan que estas/os migrantes han tenido históricamente una inserción marginal en el mercado de trabajo argentino, que resultaba funcional a la demanda de empleos de baja calificación, especialmente en el sector informal (Benencia, 2008), junto a la asignación de los/as migrantes a los escalones más bajos de las jerarquías laborales en áreas rurales (Trpin y Pizarro, 2017). En este marco, existe una amplia producción investigativa a nivel nacional que ha abordado la participación histórica de migrantes de Bolivia que acompañaron la expansión de las economías regionales a partir de 1950 y contribuyeron con creces al desarrollo de la horticultura y los cultivos de vid, azúcar, yerba mate y tabaco (Balán, 1980, Giarraca, Bidaseca y Mariotti, 1999, Benencia y Karasik, 1995; Benencia, 2006, Pizarro y Trpin, 2010, Aguilera y Aparicio, 2011, Bendini y Radonich, 1999; Bendini y Steimbreger, 2015; Ciarallo, 2014; Moreno y Torres, 2013, Moreno, 2017).

No obstante, estas modalidades de segregación laboral se han transformado en el contexto de una nueva geografía social global desde finales del siglo XX en adelante (Sassen, 2003). La desregulación económica bajo el auge neoliberal ha derivado en una creciente jerarquización, precarización e informalización del empleo para las/os migrantes (Castles, 2013), dando lugar a lo que Sassen (2003) denomina contrageografías de la globalización. En la actualidad, sostienen Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2016, p. 137), “las prácticas de movilidad constituyen una parte fundamental de la heterogeneidad y precariedad resultante del trabajo vivo –el trabajo como subjetividad– comandado y explotado por el capital”. En este marco, el desafío es comprender la profundización de tal heterogeneidad para poder explicar la proliferación de los límites y las fronteras que atraviesan el campo del trabajo vivo (Mezzadra y Neilson, 2016).

Sobre la base de estos desarrollos, buscaré proceder de forma inductiva para realizar, siguiendo a Maletta (2009), una pesquisa retrospectiva y focalizada, que parta de los estudios más recientes y específicos vinculados a nuestra temática de investigación. Las fuentes secundarias utilizadas para ello corresponden a mi investigación etnográfica previa (2009 – presente), como a la realizada en los últimos años por colegas en los oasis Norte y Valle de Uco de Mendoza^[9]. Este ejercicio permitirá restituir el complejo mapa que surge del cruce entre migraciones y trabajo en territorios agrícolas, a la vez que remarcar las especificidades que adopta cada una de las actividades para los sectores que representan en ellas una mayoría.

3. El trabajo estacional en las cosechas como destino laboral para estas/os migrantes

Mendoza es una provincia ubicada en el centro-oeste de Argentina que se caracteriza por poseer un clima árido con fuertes restricciones hídricas. Por este motivo, la actividad agrícola se efectúa en los oasis agrícolas irrigados^[10] que abarcan el 5% de la superficie provincial. Estos espacios también concentran las actividades productivas, las áreas urbanas y la mayor parte de la población.

En referencia a la estructura del sector agrícola de la provincia, el 85,5% corresponde a la producción vitícola, seguida en un 9,7% por la producción de frutales, y en 4,9% por la producción de hortalizas (DEIE, periodo 2017/2018). Estas producciones han estado sujetas a profundas transformaciones en las últimas décadas, de la mano del auge del modelo neoliberal (Balán, 1980)^[11]. Estos procesos de ‘reestructuración’ de la agricultura (Neiman, 2010) han propiciado mayor concentración de los factores de producción, favoreciendo a los grandes productores nacionales y extranjeros de perfil empresarial, que han orientado su producción al mercado internacional en escenarios altamente competitivos (Pedone, 1999, Cerdá, 2020). Paralelamente, estas transformaciones han tendido a subordinar y, en algunos casos, a excluir a los pequeños productores locales de estas actividades y han mantenido las condiciones de precariedad con relación a las/os trabajadoras/es agrícolas (Neiman y Bocco, 2005; Bocco, 2007; Berger y Mingo, 2012).

Todos estos procesos han provocado una transformación de los territorios rurales vinculados a la actividad agrícola. Se puede observar una reducción del área cultivada, asociada a la disminución de la superficie vitícola; una expansión de la superficie frutícola (con nogales y especialmente olivos, que triplican su participación); mientras que las hortalizas han permanecido más estables^[12], aunque con importantes variaciones en la composición del sector (Van den Bosch y Bocco, 2016).

Desde una perspectiva longitudinal, la llegada de migrantes bolivianas/os a Mendoza coincide con la segunda ola inmigratoria a nivel nacional luego de la proveniente de Europa (de finales del siglo XIX). Esta última tuvo lugar en la década de 1940 y sus protagonistas fueron migrantes de regiones rurales de Argentina y de países limítrofes (Grimson, 2016), en su camino hacia las ciudades donde emergían las industrias. Estos flujos poblacionales se caracterizaron por constituir ‘migraciones desde abajo’ (Guarnizo y Smith, 1998), es decir que no respondieron a programas de promoción estatal de radicación de nuevos migrantes, como en el caso de la antigua inmigración europea. Por el contrario, otros factores económicos y sociales confluyeron en la producción de estos desplazamientos. Entre ellos se pueden destacar el crecimiento en la demanda de mano de obra en los centros industriales del país; la situación económica de Bolivia, que la convirtieron en una región expulsora de población (Ormachea Saavedra, 2015); y la incorporación de la mecanización ahorradora de mano de obra en la industria azucarera del noroeste de Argentina, que desplazó a gran parte de esta masa de trabajadoras/es hacia regiones más dinámicas en el sur (Benencia y Karasik, 1995).

En Mendoza la inserción de estas/os migrantes tuvo lugar especialmente en los espacios rurales y en estrecha relación con la apertura de nuevas posibilidades laborales motivadas por el incremento constante de la superficie cultivada y por los lugares vacantes que dejaba la población local, que era alentada a trasladarse a las grandes metrópolis (Cavagnaro y Balussi, 1962) en busca de mejores condiciones de vida y de nuevas oportunidades de trabajo. En un primer momento se trataba de una movilidad estacional conformada mayoritariamente por varones jóvenes solteros, pero con el tiempo se incrementó la participación de mujeres^[13] (así como su visibilización) en el marco de migraciones familiares.

En este contexto, los agricultores y bodegueros comenzaron a ver en esos flujos “una solución de mano de obra” frente a la escasez provocada por la expansión de las actividades agrícolas (Guibourdenche de Cabezas, 1976; López Lucero, 1997). Con la renovación de las migraciones año tras año, esta solución momentánea se tornó una preferencia por contratar mano de obra migrante, visible en diversos mitos y narrativas de etnicidad que calificaban a las/os bolivianas/os como las/os trabajadoras/es más adecuadas/os para afrontar las duras faenas del campo (Moreno, 2017). En estas investigaciones se señala que esta suerte de valoración y preferencia por las/os bolivianas/os no ha redundado en mejores condiciones de contratación y empleo, sino que las diversas cosechas y labores estacionales en que se desempeñan han mantenido los rasgos históricos de precariedad visibles en la inestabilidad, bajos niveles salariales, falta de protección social y ausencia de sindicalización, vinculados a la irregularidad en la condición migratoria y a la falta de registración de la relación laboral (Moreno, 2019).

Comprender estos desplazamientos como una estrategia de reproducción social para las familias (Stark, 1991) conduce a dar cuenta de una historia de despojos, de enajenación de bienes, recursos y también de relaciones que fueron desestructuradas (Trpin, Ataide y Moreno, 2020). Una historia que aparece como la contracara de la penetración del capitalismo agrario en los territorios de campesinos criollos e indígenas de nuestra región. En ese contexto las/os migrantes ponen en juego un “saber circular” (Tarrius, 2000) que les permite movilizarse en búsqueda de empleo, ingresos y esperanzas.

El abordaje de estas prácticas de movilidad laboral se complejiza porque existe además un extendido uso de la intermediación laboral en la que destacan los ‘cuadrilleros’, quienes facilitan los mecanismos informales de contratación y traslado de las/os trabajadoras/es (Moreno, 2018). Se trata de agentes que previamente se han desempeñado como trabajadoras/es estacionales y viven en los mismos barrios y caseríos rururbanos que las/os migrantes. La presencia de estos intermediarios no solo invisibiliza al efectivo empleador, sino que además limita las posibilidades de reclamo legal por las irregulares condiciones de contratación (Benencia y Quaranta, 2006; Moreno, 2018).

Esto favorece al mismo tiempo la posibilidad que los intermediarios y empleadores del sector se sirvan de una mano de obra barata por hallarse en una situación de mayor vulnerabilidad, fruto de la intersección de diversas formas de desigualdad de clase, raza y etnia/nacionalidad, consustanciales a su condición migrante. Atendiendo a estas formas de desigualdad, Courtis y Pacceca sostienen que “quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda vulnerables, pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros en situación irregular, están permanentemente y estructuralmente al borde de la explotación” (2006, p. 4).

Estas condiciones laborales en la agricultura responden a la falta de políticas activas para atender a este segmento de trabajadoras/es y a una postura estatal de ‘pasar por alto’ la irregularidad en el ingreso al país de trabajadoras/es estacionales, descargando en ellas/os la responsabilidad por sus propias condiciones de trabajo y de vida, tal como se señala desde los aportes teóricos segmentalistas y las contrageografías de la globalización con relación a la migración indocumentada en el norte global. Por lo tanto, aun cuando se reconoce la necesidad del aporte de mano de obra extralocal para levantar las cosechas de Mendoza, los circuitos migratorios por los que se obtiene dicha fuerza de trabajo y las condiciones en las que viven y trabajan las/os migrantes, suelen quedar en el terreno de la inacción estatal^[14].

Este proceso se torna plausible en la construcción de una preferencia por contratar trabajadoras/es bolivianas/os basada en características supuestamente innatas vinculadas al trabajo duro ‘de sol a sol’. Esta construcción de sentido les facilita a las/os migrantes adecuarse y acceder a estos segmentos laborales, aunque también contribuye a justificar condiciones de extrema precariedad que se sostienen sólo por la sobreexplotación de dichos trabajadores (Moreno, 2019).

Con relación a las teorías revisadas en el apartado anterior ‘las cosechas como destino’ representan el proceso histórico de segmentación laboral en estos mercados laborales y la construcción de una mano de obra móvil, barata y siempre disponible para cubrir los momentos de mayor demanda en las cosechas. Como desarrollaremos a continuación, esta ‘disponibilidad’ de la mano de obra construida en el sector primario de la agricultura, junto con el progresivo asentamiento de una parte de estos flujos, va a habilitar el acceso progresivo a otros segmentos laborales que van a segregarse por género además de clase, raza y etnia/nacionalidad.

4. El trabajo estacional en las agroindustrias como segmento feminizado para migrantes

El trabajo estacional en las agroindustrias procesadoras de frutas y verduras es otro ámbito en que la mano de obra migrante fue ganando terreno -fundamentalmente entre las mujeres-. En América Latina, esta participación laboral femenina ha sido una dimensión destacada en el análisis de los procesos de reconversión productiva de los sectores agroindustriales (Lara Flores, 1995; Bendini y Lara Flores, 2007). Estos estudios muestran la importancia de las mujeres en puestos de trabajo que son críticos para el proceso productivo (Mingo, 2014). En este sentido, Diana Deere (2006) advierte que lo novedoso ha sido el cambio en las tasas de participación femenina en el mercado de trabajo, hecho que visibiliza a las mujeres como trabajadoras asalariadas independientes^[15].

Las investigaciones han documentado una larga trayectoria femenina entre la mano de obra rural en nuestra región. Es decir, que no resulta una novedad la presencia de mujeres trabajando en los diversos cultivos ya que han sido parte de la fuerza de trabajo agrícola primero (Moreno, 2015 y 2017) y agroindustrial después (Linardelli, 2020), a lo largo del desarrollo del modelo productivo provincial (Mingo, 2014).

Según estos estudios, la mayor demanda de mujeres se vincula con requerimientos de calidad impuestos a las producciones agroalimentarias en el marco de la restructuración productiva ya reseñada. Una clave para alcanzar estos parámetros se ha sustentado en la introducción de etapas casi artesanales en el manejo y control de la producción. Dentro de estas fases productivas es la mano de obra femenina la que aporta las ‘herramientas de trabajo’ específicas para estas tareas, a través de ciertos atributos como la constancia, la responsabilidad y la paciencia (Mingo, 2011). Para Elena Mingo, este conjunto de destrezas es considerado como un patrimonio de la femineidad normativa. De este modo, se identifica como saber tácito al “saber hacer” de estas trabajadoras que es adquirido en largas trayectorias de aprendizaje, tanto individuales como colectivas, en los diferentes oficios necesarios para desempeñarse en la agricultura (Mingo, 2012; 2015).

A los trabajos de Elena Mingo (2011, 2012, 2013, 2014) que dan cuenta de la segmentación por género en las labores de selección de las agroindustrias en el Valle de Uco, María Florencia Linardelli (2020) suma la condición migratoria de estas mujeres, sobre todo en las industrias emplazadas en territorios próximos a las barriadas de residencia de la población migrante en el oasis Norte de Mendoza. La autora menciona que se conjugan dos elementos en este proceso de segregación: a la constancia y responsabilidad que caracteriza a las mujeres, se le suma la presunta resistencia física natural de las trabajadoras de nacionalidad boliviana y de aquellas nativas – norteñas e indígenas – que se le parecen física y culturalmente. Estas representaciones e imaginarios sobre las mujeres y sus atributos organizan la demanda e impactan en la división del trabajo, tornándose una fuente de mayores exigencias en el desempeño laboral de las trabajadoras, sin que esta se vea reflejada en mejores salarios en virtud de su consideración como cualidades innatas, similar a lo referido en el caso de las cosechas.

Entre las actividades que comenzaron a segregarse por género dentro de las empresas agroindustriales de Mendoza cuenta la selección de fruta, así como la limpieza y rellenado de latas de conservas (Linardelli, 2020). También las labores de limpieza general de galpón y de armado de cajas de embalaje, constituyen puestos ocupados exclusivamente por mujeres en la agroindustria (Mingo, 2013). Estas actividades se remuneran por día, es decir, por jornadas de ocho horas de trabajo en turnos rotativos. De acuerdo con Linardelli (2020), para las trabajadoras esto supone un ritmo de trabajo de menor intensidad y una retribución levemente mayor a la obtenida en el trabajo de viña. No obstante, se trata de las labores de menor jerarquía y niveles salariales que carecen de mecanismos que traccionen una oportunidad de ascenso social debido, entre otros factores, a la falta de estabilidad y a la forma de registración. Al igual que en las fincas, las agroindustrias no establecen ningún mecanismo que les garantice la continuidad laboral en cada temporada, aun cuando este derecho está contemplado en el convenio colectivo del sector^[16]. Por otro lado, son empleos que no se organizan sobre la base de cuadrillas o intermediarios, sino que las trabajadoras efectúan una inscripción anual en la convocatoria de personal de las fábricas. En la práctica no se traduce siempre en mejores condiciones de trabajo, ya que múltiples derechos son vulnerados por incumplimientos de la legislación vigente, como la registración bajo la categoría de “trabajadora transitoria”, en lugar de “permanente discontinua”, que computa la antigüedad, así como la escasa posibilidad de solicitar licencias bajo amenaza de despido (Linardelli, 2020).

Parte del entramado de justificaciones que naturalizan esta clase de inserciones en el caso de las mujeres, resulta de considerar que la participación en el trabajo asalariado es secundaria al rol femenino vinculado a su desempeño en los ámbitos reproductivos. Esto obtura las posibilidades de las trabajadoras para desempeñarse en puestos de trabajo de mayor continuidad durante el año y las sujeta a los periodos de alta demanda durante los picos del ciclo productivo (Deere y León, 1986).

A la luz de los aportes teóricos desarrollados en el apartado anterior, vemos que el trabajo estacional en la producción primaria y luego en las agroindustrias, constituyen ejemplos paradigmáticos de los procesos de segmentación laboral en los mercados de trabajo, que se han ido modificando en el contexto de una nueva geografía social global desde finales del siglo XX en adelante. Tal como plantea Castles et al. (2012), emplear migrantes temporalmente es una forma de aumentar el control patronal y reducir la demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. En este marco, la expresión trabajo precario se utiliza cada vez más para caracterizar la reestructuración neoliberal de los mercados de trabajo en que “los migrantes constituyen una gran parte del precariado mundial” (Standing, 2011, p. 90).

Asimismo, interesa destacar que la construcción social de la disponibilidad de cierto tipo de trabajadoras/es no solamente asigna determinados puestos de trabajo en el caso de las mujeres, sino que, además, impone un valor diferente a la fuerza de trabajo (Mingo, 2013). Al respecto, Pedreño sostiene que socialmente se asigna determinado valor a la fuerza de trabajo que, al sostenerse en categorías sociales débiles^[17], resulta fuerza de trabajo altamente vulnerable y adecuada a las necesidades de gestión de la mano de obra en la agricultura empresarial (Pedreño Cánovas, 1999). Vemos así que el proceso de segregación laboral por sexo también cumple un rol fundamental en las estrategias de acumulación de capital en el que las empresas apelan a determinados rasgos de género, que se intersectan con aquellos de clase y etnia/origen nacional, para organizar más eficientemente la mano de obra.

5. La chacra hortícola: ¿enclave étnico, recampesinización o asalarización encubierta?

Junto a los procesos de segmentación en el trabajo estacional, comenzaron a abrirse otras alternativas asociadas a formas contractuales o de ‘autoempleo’. Roberto Benencia (1997), en el contexto de la producción hortícola en Argentina, sentó las bases del concepto de escalera boliviana, donde daba una explicación sociológica a un fenómeno que venía observando en el cinturón verde de la Provincia de Buenos Aires: la movilidad social ascendente de familias bolivianas de origen campesino, en un contexto de agricultura moderna en la periferia de un gran conglomerado urbano, donde un mismo sujeto social se iba haciendo lugar en los distintos estratos de la estructura (Rivero Sierra y Alamo, 2016).

El modelo original de Benencia (1997) contemplaba cuatro estadios. Un primer escalón constituido por el trabajador asalariado (‘peón tantero’), compuesto por migrantes recién llegados a la región, cuyo único factor de producción disponible es su mano de obra. El segundo escalón sería el trabajador ‘mediero/chacarero/porcentajero’, caracterizado por un migrante y su familia que, a cambio de aportar toda su mano de obra, ‘acuerdan’ con el patrón recibir un porcentaje de la producción en una relación de seudo aparcería. Un tercer escalón es el productor arrendatario, en donde el migrante adquirió no solo conocimientos para gestionar una chacra, sino también capital para alquilar una tierra y ponerla en producción. Un cuarto y último escalón está reservado para el migrante boliviano que ha conseguido convertirse tanto en productor como en comercializador de su producción.

En este y en posteriores trabajos Benencia llegaba a la conclusión de que la capitalización de estos actores derivaba del mantenimiento de lógicas campesinas combinadas con otras de tipo capitalista (Benencia, 1997). Sirviéndose de algunos planteos campesinistas como los de Chayanov (1974) y Shejtman (1980), sugería que las unidades campesinas mantenían un tipo de racionalidad distinta a la empresarial, determinada por factores de orden histórico-estructural tanto internos como externos a las unidades productivas (Shejtman, 1980). Entre los factores externos se ponía de relieve el carácter parcialmente mercantil de la producción campesina desde el momento en que una proporción variable de los elementos materiales de su reproducción -trátese de insumos o de productos de consumo final- debían ser adquiridos por dinero en el mercado. Por ello, la unidad familiar estaba forzada a incorporarse al mercado de bienes y servicios como oferente de productos y/o de fuerza de trabajo.

En el caso de la escalera boliviana, Benencia recupera además el análisis de las redes y las relaciones de parentesco desde los planteos de Portes sobre economías de enclave étnicas. A través de esta idea se focaliza en la concentración de un grupo de inmigrantes en un sector distintivo de la economía que representa una oportunidad alternativa al sector secundario en una economía dual. “Este espacio proporciona a los migrantes un nicho protegido de oportunidades para hacer una carrera con movilidad y lograr su ‘autoempleo’, que no sería posible en el mercado de trabajo secundario (Portes y Bach, 1985)” (Benencia, 2009, p. 17). En este contexto, las redes de relaciones de las que se forma parte son quienes estructuran las oportunidades a las que finalmente acceden los emigrados.

Carballo Hiramatsu (2019) sostiene que la mayoría de los inmigrantes bolivianos ingresaron a la actividad durante la década de 1980 en la provincia de Mendoza. Este proceso se enmarcó en una mayor oferta de tierras producto de la salida de muchos productores locales ante la reducción de los ingresos por el estancamiento de los precios de venta y el considerable aumento en los costos de producción, particularmente de los insumos, junto a la falta de relevo de los adultos mayores por parte de sus hijas/os en dicha actividad. Esto provocó que un creciente número de productores criollos abandonara la producción hortícola para transformarse en arrendadores de sus tierras o pequeños patrones que delegaban el trabajo directo en chacareros bolivianos^[18] (Carballo Hiramatsu, 2019).

La mayoría de los inmigrantes bolivianos ingresaron a la actividad con contratos de aparcería, que poseen larga presencia en la horticultura local. En estos contratos se suele establecer que un 70% de la producción le corresponde al patrón y el 30% restante es para el chacarero. Bajo esta relación, el primero se hace cargo de todos los medios de producción, insumos y semillas, además de la tierra; mientras que el chacarero aporta todo el trabajo necesario, tanto el propio como el de su grupo familiar y en los momentos de mayor demanda, moviliza, además, trabajo adicional a través de relaciones de reciprocidad y paisanaje^[19].

La forma de cubrir estas necesidades de mano de obra de parte del chacarero demuestra la enorme disparidad presente en esta relación. “Se trataría entonces de un trabajador incluso más precario que el asalariado, por cuanto ni siquiera posee una retribución fija o segura, dependiendo esto de la producción alcanzada y los precios obtenidos” (García, González y Lemmi, 2015, p. 71). Vemos así que el contrato de aparcería permite atenuar los riesgos frente a resultados económicos negativos inherentes a la actividad -bajos precios, pérdida de la producción, etc.-, ya que transforma una parte importante del costo fijo que implica la contratación de asalariados en un costo variable.

Para las/os chacareras/os que aportan toda la mano de obra se trata entonces de una inserción que no garantiza la reproducción cotidiana e implica la capacidad para adaptarse a condiciones adversas, tolerando precarias condiciones de vida y de trabajo, donde se relega el consumo familiar para enfrentar las inversiones productivas que permiten producir más cantidad, a menores costos y durante todo el año. Esto se combina con la superexplotación de la fuerza de trabajo familiar expresada en jornadas de trabajo de más de diez horas, trabajo nocturno o de madrugada, remuneraciones por debajo del salario mínimo e informalidad laboral (Rivero Sierra y Alamo, 2017; Ambort, 2019); que suele combinarse en muchos casos con el trabajo extrapredial de una parte de sus miembros para diversificar las fuentes de ingreso. Carballo Hiramatsu (2019) nos recuerda que más del 40 % de las explotaciones con cultivos hortícolas en Mendoza dependen de chacareros o asalariados permanentes (CNA 2008) que se encuentran trabajando bajo esta situación, los que en buena medida quizás nunca puedan dar el salto a productores independientes. Vemos entonces que en la gran mayoría de los casos esta forma de organización del trabajo se asemeja mucho a una asalarización encubierta y fuertemente precarizada, indisociable de la tolerancia estatal a la degradación de las condiciones generales del trabajo y de vulneración de derechos de muchas familias migrantes (Carballo Hiramatsu, 2019).

Como contraparte, un buen resultado económico puede dejarle al aparcero y su familia un ingreso superior al que obtendría como asalariado, posibilitándole acumular un parque de herramientas y capital sobre el cual ascender a la posición menos subordinada de arrendatarios y, en algunos casos, a la de propietarios (Benencia, 1999). Este último aspecto es de suma importancia, ya que a diferencia de los segmentos destinados a las/os migrantes en las cosechas y las agroindustrias, la relación de aparcería permite romper con estas formas de segregación para perfilar el acceso a otras oportunidades con mejores perspectivas de movilidad social ascendente. Esto sucede porque el acceso a la condición de campesinos proporciona una ocupación más estable para el grupo familiar, especialmente para aquellos miembros que, por su condición de género o edad, quedarían sometidos a situaciones más precarias aún. Se trata entonces de un nicho laboral que ha habilitado la construcción de trayectorias de creciente autonomía y ascenso social que están arraigadas en ‘cierta economía migrante’ tal como plantea Verónica Gago (2014).

A la luz de las perspectivas teóricas revisadas previamente vemos que el proceso de segregación laboral en la horticultura presenta grandes distancias respecto de los casos previos situados dentro del sector secundario, sobre todo por la posibilidad de autoempleo y ascenso social a tono con los aportes teóricos sobre empresarialidad étnica. Aunque quizás la diferencia más palpable se da en el nivel en que operan las redes de ‘paisanaje’, ya que las oportunidades están socialmente condicionadas y no dependen de las características personales -atributos o características fenotípicas- sino de las relaciones que se construyen entre los actores (Benencia, 2013). Así, las redes sociales resultan estructuradoras de los intercambios involucrados en los procesos de reclutamiento, remuneración y movilidad de la fuerza de trabajo, que en algunos casos habilitan trayectorias de movilidad ascendente vía recampesinización, y en muchos otros se parece más a una asalarización encubierta y altamente precarizada.

6. Las ferias populares y la presencia migrante: de sector informal a economía popular

Entre aquellas/os migrantes que se asentaron en Mendoza el comercio en ferias^[20] se tornó en una valiosa opción de autoempleo no agrícola que facilitaba sus oportunidades de reproducción social en contextos de inestabilidad y crisis (Moreno y Martínez Espínola, 2017). Estas modalidades de comercio comenzaron a expandirse desde 1980 en la provincia, para multiplicarse a partir de la profunda crisis que atravesó el país en 2001, que tornó a las ‘ferias populares’ y los ‘clubes del trueque’ en las únicas opciones frente a la desocupación y la caída general de los ingresos familiares (Colque et al, 2015).

Aun cuando estas formas de comercio en la región andina resultan una institución para sus pobladoras/es desde el período prehispánico, el gobierno municipal – en la escala local- no las reconoce como actividades lícitas ni a las/os comerciantes como trabajadores y los expone a diversas formas de confrontación con las fuerzas de seguridad, tornándose en ‘cuasipatrón’ en la gestión del espacio público. Estas confrontaciones expresan a través de sus prácticas concepciones antagónicas sobre lo que queda incluido en el término trabajo. La perspectiva del gobierno municipal se para en la idea de trabajo clásica vinculada al empleo (Garza Toledo, 2011) y categoriza como informal todo lo ‘otro’ respecto del trabajo asalariado formal. A su vez, las/os feriantes a través de sus resistencias y luchas, disputan estos sentidos para incluir otras formas dignas de ganarse autónomamente la vida, sobre la base de formas comunitarias de organización socioeconómica, donde las familias migrantes encuentran resquicios del mercado donde insertarse y reproducirse (Perissinotti, 2020).

En este sentido, vale aclarar que en parte fueron los debates en el seno de las organizaciones de desocupadas/os los impulsaron en Argentina el concepto de economía popular. Pérsico y Grabois (2014) la definen como la economía de los excluidos, pues está conformada por todas aquellas actividades precarizadas y desprotegidas que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecer ‘empleo’ a todos los ciudadanos. En este contexto, la ampliación de las políticas públicas relacionadas con las contraprestaciones monetarias para la realización de determinadas actividades, dieron un fuerte impulso al sector (Gago, Cielo y Gachet, 2018). En su definición y puesta en valor resultó clave la conformación de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2011, y en 2019, la Unión de Trabajadores/as de la EP (UTEP). Ambas organizaciones han reivindicado a sus afiliados como trabajadores/as, a sus actividades como trabajo y a su organización como sindicato, disputando las clasificaciones de los organismos internacionales de emprendedores y microempresarios (Bertolotti, Ortubia y Ramírez, 2021).

Una particularidad de estas formas de comercio está dada por la presencia mayoritaria de mujeres, que replica el protagonismo femenino en los mercados de Bolivia (Martínez Espínola y Moreno, 2019). Rivera Cusicanqui (2015) sostiene, en este sentido, que la presencia feminizada en los mercados data del período prehispánico y es uno de los aspectos que diferencian esta sociedad de sus vecinas respecto de algunas representaciones vinculadas a lo femenino, al uso del espacio público, a la capacidad de atravesar fronteras étnicas y al manejo del dinero por parte de las mujeres. En este sentido, resulta interesante destacar que estos modos de ganarse la vida vinculados al cuentapropismo, el comercio y la venta callejera no se tornaron en una novedad, como en el caso de las poblaciones locales que a fines de la década de 1990 debieron crear nuevas formas de ganarse la vida frente a la creciente desintegración del mundo asalariado formal. Como refiere Perissinotti, “dichas formas de comercio y actividad venían ‘migrando’ con ellas a través de trayectorias familiares y de vida mucho más largas vinculadas a sus territorios de origen” (2020, p. 130). Se trata de un repertorio de formas de hacer, de saberes prácticos y de conocimientos aprendidos en otros tiempos y otros espacios que se vuelven “un acervo experiencial que se tiene a la mano” (Gago, 2014, p. 255) y que se reutilizan frente a los avatares de la nueva situación en la sociedad de acogida (Magliano, 2021).

Estos saberes, además, aparecen asociados a un imaginario de progreso, de dejar atrás ocupaciones peor evaluadas (Magliano, Perissinotti y Zenklusen, 2013), propias del sector secundario de la economía. En este sentido, las investigaciones han documentado un conjunto de atractivos asociados a esta actividad. En particular se valora el mayor margen de independencia horaria, propio de un trabajo autónomo, que además brinda la posibilidad de compatibilizar mejor las labores productivas con las reproductivas, vinculadas con la crianza de las/os hijas/os menores (Martínez Espínola et al., 2015). Las interrupciones en las trayectorias laborales femeninas por la maternidad llevan a muchas migrantes a apreciar la actividad en el comercio como una alternativa que permite ‘ganarse la vida’ sin tener que descuidar a sus hijas/os (Moreno y Martínez Espínola, 2017).

Asimismo, estas formas de trabajo se convierten en la única opción laboral para las/os adultas/os mayores frente a la imposibilidad física de continuar trabajando en la agricultura. En todos los casos se señala la ventaja de contar con dinero efectivo en forma inmediata y, en muchos de ellos de reducir los gastos del hogar. Por ejemplo, cuando se comercializan alimentos que también se consumen (verduras, alimentos no perecederos, etc.), o que satisfacen algunas necesidades familiares (textiles, tejidos, accesorios).

Una particularidad de la actividad de ‘feriar’ está dada por las redes de parentesco y de paisanaje que habilitan el ingreso y la permanencia en este rubro (Benencia y Karasik, 1995) que actúan sobre la base de una lógica comunitaria entendida como “la capacidad de cooperar entre distintos en condiciones más o menos paritarias jamás exentas de tensión” (Gutiérrez Aguilar, 2015, p. 15). Como sugiere Verónica Gago (2014, p. 18), las prácticas provenientes “desde abajo” combinan condiciones de extrema precariedad con formas comunitarias, con tácticas populares de resolución de la vida, con emprendimientos que alimentan las redes informales y con modalidades de negociación de derechos que se valen de esa vitalidad. Las ferias forman parte del paisaje dominical en las barriadas rururbanas mendocinas donde habitan las/os trabajadoras/es de los sectores populares (trabajadoras/es estacionales, chacareras/os, horticultores y tanteras/os, trabajadoras de la fábrica y peones al día), cuyos pocos momentos libres son destinados a realizar las compras semanales, degustar alguna ‘comida típica’, distenderse y socializar con vecinos y compatriotas (Moreno, 2019).

Aun cuando el Estado no avala en todas sus escalas el funcionamiento de estas economías barrocas, las mismas se han posicionado en formas de resistencia que habilitan el consumo popular a través de la pequeña escala y el acceso a bienes y servicios baratos. Por esta misma razón han cumplido además un importante rol en la disminución de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo (Torrado, 1998) que se desempeña en los segmentos precarizados del mercado de trabajo secundario. El conjunto de necesidades a las que responden estas ferias, tanto para las vendedoras como para sus clientes, permite situarlas como estrategias laborales autónomas de las mujeres que contribuyen a la sostenibilidad de la vida porque permiten la subsistencia y refuerzan el tejido social, contribuyendo a sobrellevar las exigencias del mundo laboral en las barriadas migrantes.

Retomando los aportes teóricos revisados al comienzo, se puede advertir una suerte de tránsito en la conceptualización de estas actividades desde ciertas miradas negativistas que cristalizaban en el trabajo informal, hacia su recuperación de forma propositiva en tanto que integrantes de la economía popular. Lo cierto es que entendida como apuesta política, esta categoría tracciona cada vez más sectores y actividades que en muchos casos difieren sustancialmente en el tipo de ámbito de desenvolvimiento (socio productivo o socio comunitario) y en el tipo de vínculo laboral (autónomo, en relación de dependencia), aunque todos se hallen en las antípodas del trabajo registrado formal. Esta rica diversidad de posiciones unidas bajo un solo paraguas puede también obturar el análisis empírico, invisibilizando justamente los aspectos que ponderan las/os propias/os migrantes, vinculados con las alternativas por el autoempleo y las oportunidades de movilidad social.

Reflexiones finales

En este trabajo abordé las particularidades que asume la participación de migrantes bolivianas/nos en la agricultura de Mendoza. Para ello revisé los aportes teóricos procedentes del campo de estudio sobre migraciones laborales, refiriendo los principales modelos y teorías que han orientado la mirada dentro del infinito de lo observable para enfocarla provechosamente sobre diversos aspectos (variables y niveles analíticos) que contribuyen a entender las lógicas y las dinámicas en que se desenvuelven las migraciones laborales.

Sobre la base de estas lentes analíticas me dispuse a profundizar sobre la participación de migrantes bolivianas/os y su inserción laboral en Argentina. Este recorrido permitió recalcar el modo en que a estos sectores se les reserva los peores puestos del mercado de trabajo, situación que se replica en los territorios rurales de Mendoza. El análisis de los procesos de segregación laboral en el contexto provincial permitió poner de relieve la segmentación de estas/os migrantes en el trabajo estacional agrícola, el empleo estacional en fábricas de conservas, los contratos en la producción hortícola y el comercio en ferias.

El enfoque interseccional resultó un punto de vista fructífero para analizar los mecanismos de segregación de la fuerza de trabajo, por su focalización en el entrecruzamiento de desigualdades que se (re)configuran para delimitar el universo de lugares permitidos y prohibidos para las/os migrantes. El abordaje del trabajo en articulación con otras marcaciones abrió un campo de indagación sobre la segregación de los mercados de trabajo en relación con los condicionamientos estructurales desde los cuales se organizan y reproducen. Desde este enfoque mostramos cómo el entrecruzamiento de desigualdades de clase, etnia, raza y condición migratoria condicionó la participación de migrantes bolivianas/os en las cosechas agrícolas desde mediados del siglo pasado, por su presunta predisposición al trabajo pesado, su fortaleza y sumisión. Posteriormente, reconstruí el modo en que más recientemente estas clasificaciones se han actualizado y plegado a ciertas cualidades sexo-genéricas para abrir un segmento destinado para las mujeres -en especial bolivianas- en el empleo estacional en fábricas agroindustriales de frutas y conservas.

No obstante, durante este recorrido también puse de relieve que las/os migrantes se abrieron espacios propios a estos segmentos disponibles para ellas/os vinculados con alternativas de autoempleo y oportunidades de movilidad social, donde las redes y los vínculos de parentesco constituían ejes analíticos de vital importancia. Uno de estos espacios se configuró a partir de una coyuntura favorable que posibilitó el ascenso social de algunas familias campesinas procedentes de Bolivia –comandadas por los varones jefes de familia-, a partir de los contratos de aparcería y de la figura de los chacareros hortícolas. Modalidad bastante precarizada de trabajo que, sin embargo, habilitó ciertos intersticios para el ascenso de algunos migrantes hacia posiciones más autónomas de arrendatarios, e incluso propietarios, advirtiéndose una leve tendencia hacia la recampesinización.

El otro espacio se tejió alrededor de la actividad comercial en el marco de la inestabilidad y de las crisis recurrentes en la agricultura, en que las ferias se fueron posicionando como un refugio para mujeres y ancianas/os, ante la explotación laboral propia del sector secundario de la economía, y frente al incremento en las cargas reproductivas. Se trata de actividades que operan bajo una logística subterránea, ‘oficialmente’ clandestina, pero altamente visible y vinculada al sistema capitalista hegemónico, que brindan la posibilidad de reproducir la vida y acceder al consumo, contribuyendo con ello al bienestar social.

En síntesis, el recorrido efectuado ha permitido establecer diversas lógicas detrás de las actividades en las que participan las/os migrantes bolivianas/os, permitiendo comprender que no nos encontramos frente a alternativas equivalentes en lo que atañe a las condiciones de precariedad. Por el contrario, el análisis realizado permite dar cuenta de un doble proceso. Por un lado, el de concentración de migrantes en ciertos segmentos precarizados del mercado de trabajo con la reproducción de formas de explotación y dominación asociadas al trabajo migrante -ya sea femenino, masculino o de ambos- y al sector secundario del mercado laboral. Y por el otro, el despliegue de un conjunto de prácticas autónomas y formas de resistencia frente al empobrecimiento y la precariedad que ha afectado a cada vez más sectores de la población migrante (Magliano y Mallimaci Barral, 2018) y que se materializan en algunas experiencias de recampesinización (Carballo, 2019), y en categorías como neoliberalismo desde abajo o economía popular informal (Gago, 2014; Coraggio, 2014). Desde estas nuevas miradas se ponen en primer plano los procesos de subjetivación en busca de alternativas a las definiciones clásicas que victimizan a las/os sujetas/os trabajadoras/es.

En este sentido, el recorrido efectuado ha vuelto visible los matices y complejidades que envuelve a una porción significativa de la población trabajadora, que opera por fuera de las políticas públicas, los derechos laborales y los resguardos sociales. En este sentido, los desarrollos teóricos disponibles han resultado centrales para ver más allá de la precariedad e informalidad generalizada que ha acompañado la inserción de estos flujos migrantes en el mundo del trabajo, complementando diversas lógicas y niveles analíticos en la comprensión de los mecanismos de su segregación laboral.

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