Un ejercicio para comenzar a reponer un protagonismo invisibilizado

Gabriela Scodeller, Patricia Collado y Marcela Emili

A continuación, presentamos un ejercicio para comenzar a entramar una historia del trabajo y los/las trabajadores que circularon por Mendoza desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, en clave de hipótesis de investigación^[1]. Este esbozo, incompleto, nos servirá para pensar posibles aproximaciones y preguntas frente al doble silenciamiento que se observa en buena parte de la bibliografía local en relación con la conflictividad como expresión del cambio social y de aquello que está en disputa y, las mujeres, como innegables protagonistas de la historia del movimiento obrero. Nuestra selección no es caprichosa: repone a trabajadoras en conflictos vinculados al mundo productivo agrícola y/o agroindustrial –central en el entramado socioproductivo de la provincia.

Para ello organizamos este escrito en cuatro secciones. En la primera esbozamos los principales hitos de la conformación del movimiento trabajador en la provincia con mención especial a sus luchas y organizaciones, para enmarcar la trayectoria de las trabajadoras y luego reponer su presencia en diferentes momentos históricos, en los apartados titulados: ‘Conserveras poco Conservadoras’; ‘Trabajadoras rurales y obreras agroindustriales’ y ‘Campesinas: la opción del silencio al grito’.

1. Algunos hitos del movimiento trabajador en Mendoza

Internarnos en la historia mendocina nos somete a leer su desenvolvimiento bajo fuertes sesgos, entre otros: su impronta institucionalista, la denotada apología del orden como ‘producto cultural singular’ de la provincia y por tanto el borramiento de la conflictividad social en general y específicamente del conflicto laboral; mientras que cuando aparece, trasluce una marcada perspectiva masculinizada. Esta última tiene múltiples y hondas raíces en la producción de conocimiento científico: desde conformarse en la expresión de la división sexual del trabajo, pasando por la atribución de roles asignados a las mujeres y la segmentación del empleo en relación con el género hasta enclaustrar a las féminas solo en tareas de reproducción. En tanto que en general, abrevan en la concepción unívoca del obrero como trabajador varón-blanco-adulto-industrial de overol. Si bien intentamos eludir dicha aporía, a la que abonan las fuentes disponibles, orales y escritas, los documentos institucionales y las normas, nuestra tarea se plantea inconclusa y en ciernes. Por tanto, en este apartado general, prevenimos a los/las lectores acerca de dicha limitación

Con esta advertencia preliminar podemos partir en nuestro recorrido del último tercio del siglo XIX, etapa formativa del movimiento obrero local, cuando las protestas solían tener motivos vinculados a los bajos salarios y a las malas condiciones laborales, al atraso en los pagos y a las extensas jornadas; pero también se reclamaba contra leyes represivas, reglamentaciones arbitrarias o contra los maltratos a los/as trabajadores, mientras que, en menor medida, ocurrían luchas que defendían los derechos de agremiación. El proceso de acumulación de fuerzas y experiencias tuvo un punto de inflexión en la gran huelga de maestras y maestros de 1919. Iniciada por una prolongada falta de pagos, el conflicto –fuertemente reprimido por el gobierno de J.N. Lencinas- logró aglutinar a amplios sectores de la comunidad educativa y al conjunto del movimiento obrero organizado en acciones callejeras. Frente a un actor cada vez más relevante en la escena provincial, el estado ensayó en las primeras décadas del siglo XX diversas respuestas: la prescindencia fue dejando paso a la represión, pero también a algunos intentos de integración, con el establecimiento de pautas que mejoraban la condición obrera. De la mano del lencinismo, Mendoza fue pionera en legislación laboral. Las políticas sociales de estos gobiernos (1918-1928) obtuvieron un amplio apoyo social y acompañamiento electoral. Estas respuestas de nuevo tipo -no sólo represivas- daban cuenta del significativo desarrollo de un movimiento que, con sus avances y reflujos, había que contener. En la escena conflictual de aquellas décadas irrumpen ferroviarios, toneleros, docentes, empleados de bodegas, tranviarios, entre otros/as; abrazando las corrientes anarquista, socialista y sindicalista.

En el marco de la crisis económica del ‘29, que en la provincia sumaba el difícil momento por el que atravesaba la industria vitivinícola, los reclamos de los/las trabajadores fueron contra la carestía de la vida y se orientaron a lograr la sanción de una Ley del Despido. A lo largo de los años treinta se comenzó a diversificar la agroindustria alimentaria y a cobrar fuerza la actividad minero-industrial representada por el cemento y el petróleo. Con ello, desde mediados de la década, cementeros y obreros de la construcción fueron protagonistas de importantes conflictos laborales acompañados por las/los trabajadores vitivinícolas, madereros, de la alimentación, comercio, transporte y del magisterio. Entre asambleas y manifestaciones, con la huelga como forma principal de protesta, la lucha se dio en torno a reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo, convenios colectivos, aumentos salariales y por el cumplimiento de la legislación laboral, y también la exigencia a los gobiernos conservadores locales de reconocimiento de las organizaciones obreras.

A pesar del contexto adverso, ni los sindicatos ni los partidos obreros olvidaron levantar consignas políticas, y organizaron campañas en solidaridad contra las diversas formas de fascismos que comenzaban a surgir en Europa; la Asociación Femenina Antiguerrera fue una importante promotora de estas agitaciones. Las ideas comunistas y socialistas tenían gran predicamento en estos años, y crecían con fuerza en el ámbito sindical y electoral, aunque a pesar de algunas conquistas, fueron años de reflujo. Los/as trabajadores se vieron debilitados/as laboral y organizativamente debido a distintas estrategias patronales: la intimidación, los despidos o sanciones eran moneda corriente para intentar frenar todo proceso organizativo por parte de los/las obreros/as. Cuando ello no surtía efecto, procuraron –en especial las patronales vitivinícolas, de la alimentación y de la construcción– fomentar las fracciones al interior del movimiento trabajador o formaron sindicatos pro patronales.

Desde el golpe de 1943, numerosos gremios fueron disueltos o intervenidos. Debido a la fuerte represión dirigida hacia los agrupamientos comunistas, sus dirigentes debieron continuar militando en condiciones adversas, en la clandestinidad. Así todo, fueron también años de gran efervescencia, en que se sucedieron dilatadas huelgas impulsadas por gastronómicos, panaderos, contratistas de viña de San Rafael, cementistas de Las Heras y el personal de colectivos. A partir de 1946, con el triunfo del peronismo y la adscripción masiva de las/los trabajadores al mismo, comenzó a ser otro el escenario. El sindicalismo componía un actor complejo, que no fue subsumido por la rama política del movimiento desde arriba, sino que se incorporó al mismo como parte de una estrategia política propia. Ahora, los/as trabajadores peronistas se sentían contenidos/as para exigirle a un gobierno que consideraban propio, derechos largamente postergados. En concordancia, las acciones obreras en esta etapa tienen que ver más con la resolución de tareas de una lucha cotidiana, institucionalizada, que con grandes conflictos. Si bien éstos no desaparecieron, su carácter y el vínculo entre trabajadores y Estado cambió sustancialmente, lo cual resultó en la obtención de demandas más rápidamente a partir del arbitraje del Departamento de Trabajo.

Derrocado el gobierno peronista en 1955, entramos en otra etapa nacional y provincial. Los primeros años conjugan rupturas y reunificaciones de la CGT local, luchas dispersas en viñas y fábricas, con el carácter espontáneo que tuvieron ciertas expresiones de la Resistencia Peronista. Luego, el desarrollismo convive con un movimiento obrero muy activo. La situación socioeconómica impulsaba luchas contra la carestía de la vida, en reclamo de aumentos salariales, por condiciones de trabajo, convenios colectivos y contra despidos masivos; a lo cual se sumaba el pedido por la liberación de detenidos políticos y gremiales y fuertes huelgas en rechazo a los procesos de achicamiento de las empresas estatales. Conflictos como los de los obreros petroleros (1958) o ferroviarios (1961) -en sintonía con el programa de La Falda- dan cuenta de una extendida cultura política antiimperialista en la provincia. Otra coyuntura en que la clase obrera local participó en dinámicas nacionales fue en 1964, durante el Plan de Lucha con ocupaciones de fábricas impulsado por la CGT.

En el contexto de represión y censura impuesto por la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) las luchas irán adquiriendo un carácter más general –menos corporativo- a la vez que se profundizaron las diferencias conceptuales y prácticas al interior de la clase obrera. Es así como en Mendoza también se conformó la CGT de los Argentinos, que nucleaba a una treintena de gremios. La nueva central -que incluyó en su seno a trabajadores del peronismo combativo y de organizaciones de izquierda- encaró con mayor énfasis la lucha contra la dictadura, llevando el conflicto laboral a la calle para actuar en conjunto con estudiantes, militantes barriales, sacerdotes, etc. El clima de contestación social fue en aumento hasta llegar al Mendozazo en 1972, pueblada que si bien emerge por aumentos de la luz da lugar a una de las movilizaciones y expresiones barriales de lucha obrera más importantes de la historia local. Con posterioridad a este hecho social de masas, se observaron mayores niveles de organización y unidad tanto intragremial como intersectorial, y se acrecentó el carácter político-ideológico de las luchas. La avanzada desde mediados de 1974 de los sectores de derecha a través de prácticas de desaparición y tortura tempranas, con el peronismo ortodoxo como cómplice, complejizó la situación del sindicalismo local. Como sucedió a nivel nacional, la dictadura cívico-militar-patronal de 1976 vino a obturar el proceso de cuestionamiento al orden social capitalista. Al disciplinamiento vía terrorismo de estado siguió otro, vía violencia económica.

Los años 80 fueron de preparación para la gran reconversión neoliberal. Si bien con la reapertura democrática se inició un proceso de normalización sindical que se sostuvo en un crecimiento de la militancia desde las bases y fortalecimiento de sus organizaciones, la década corta de renovación y emergencia de cuadros, militantes y activistas se vio cercenada por la crisis hiperinflacionaria y el aumento geométrico del desempleo. Estos procesos sirvieron para reforzar el terror, esta vez por expulsión social y pauperismo. Lejos de apaciguar la cuestión social, el estallido fue la respuesta de las y los trabajadores.

Todo ello en un escenario de financiarización económica generalizada que empalmó en nuestra provincia con la reconversión agroindustrial, sobre todo de la industria vitivinícola, y que llevó al proceso de centralización, concentración y extranjerización del capital. La conjugación de los cambios en la economía local y en la composición y fuerza del movimiento trabajador se expresó con fuerza en la condición inerme, cuando no cómplice de los sindicatos frente a la reforma laboral de los 90, en especial en el sector agroindustrial.

La privatización de YPF, de Empresas y Bodegas GIOL SE, la desaparición de los dos Bancos provinciales (de Previsión Social y de Mendoza) y la reforma del estado y sus consecuencias de destrucción de empleos, marcaron en los noventa una generalización de desigualdad, desocupación y hambruna, que llevaron a nuevas formas de protestas de los/las expulsados/as: el piquete y la visibilización de su movimiento y organizaciones en la escena política nacional y local. Frente a la eclosión de los movimientos de desocupados, las organizaciones barriales y rurales, dada la necesidad y capacidad de resolver la subsistencia más allá del mercado, en fuerte confrontación y demandas hacia el Estado, se visibilizaron nuevos colectivos donde la participación de las mujeres era mayoritaria.

Luego del primer quinquenio del nuevo siglo, los sindicatos lograron nuevamente regular el conflicto laboral y consolidar su papel frente al Estado en la negociación colectiva, centrada en el debate salarial, sobre todo bajo la égida de los gremios estatales. Sin grandes modificaciones en las secuelas de informalidad del mercado de trabajo, flexibilidad y precariedad laboral cerrarán una década de conquistas corporativas. El común denominador, hasta hoy, es la fragmentación de intereses, la mengua de acciones colectivas contenciosas integradas provincialmente o por rama y la explosión siempre acotada, de conflictos particularizados, defensivos y focalizados.

Como se desprende de este recorrido, es mucho –casi todo- lo que resta conocer sobre las formas de vida y de trabajo, de lucha, organización, recreación y sociabilidad, de las/los trabajadores en Mendoza y en especial de la historia protagonizada por las mujeres.

Por ello escogimos en este ensayo, exponer tres escenas específicas, acotadas en tiempo y espacio, para señalar algunos hilos sueltos de la precedente trama, llena de agujeros, silencios e interrogantes, entre los cuales se encuentra la participación de las mujeres en tanto trabajadoras y luchadoras.

2. Conserveras poco conservadoras

A partir de los años treinta, la actividad industrial en Mendoza aumentó como resultado del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que tenía lugar en el plano nacional, como así también por la diversificación de la producción primaria provincial. En esta dinámica, las mujeres abultaron significativamente la mano de obra en esta creciente agroindustria. Según el censo de 1947^[2], el 29% de las mismas se empleaban en el sector secundario y, en términos porcentuales, superaban la participación masculina dentro de la rama de la alimentación. Las fábricas conserveras, de producción de dulces o frutas secas, y de empaque de frutas frescas y hortalizas tomaban mano de obra femenina de manera casi exclusiva, prefiriéndolas por sus cuidados a la hora de manipular los delicados productos.

Las condiciones en que realizaban las tareas desde la década del veinte en adelante fueron precarias: a la intemperie, en extensas jornadas, sin vestimenta ni instrumentos adecuados (Rodríguez Vázquez, 2017). Sus salarios eran inferiores a los de los operarios varones, por cuanto se los consideraba un complemento al ingreso familiar, garantizado por el varón proveedor. Si bien la agroindustria alimentaria demandaba gran cantidad de mano de obra, estas actividades se concentraban en cortas temporadas. Se trataba de un trabajo estacional donde existía un alto nivel de rotación ya que las tareas realizadas no requerían de una alta calificación; situación que a su vez dificultaba el proceso de organización sindical en las fábricas.

Sin embargo, ya en 1936 se produjo un importante conflicto en una de las fábricas emblemáticas de este proceso de diversificación productiva. Se trataba de la conservera Arcanco S.A., fundada en 1932-1933 por la familia Von der Heyde (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018, p. 18). Ubicada en el departamento de Godoy Cruz (canal Zanjón y Newbery), hasta allí llegaba un ramal del ferrocarril (Raffa, 2016, p. 62) con la materia prima que luego era procesada en una moderna planta, entonces a cargo del agrónomo inglés Howards Mathews (Silva, 2020, p. 257), dedicada a la elaboración por temporada de tomate y, en menor cantidad, del durazno (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018, p. 18)^[3] . Durante el mes de marzo, 110 de las 120 obreras que allí trabajaban emprendieron una huelga que se prolongó durante más de dos semanas.

Acorde a las condiciones de trabajo recién descriptas, reclamaban aumento salarial y pago de horas extras conforme a la ley, cumplimiento de horarios, supresión del trabajo nocturno, provisión de vestimenta adecuada, así como la instalación de camarines para el aseo, entre otros. La situación en que realizaban sus tareas las llevaba a exigir también un “trato respetuoso de parte de capataces y superiores inmediatos”^[4]. El petitorio presentado al gerente de la empresa pretendía una respuesta a sus demandas en el lapso de 24 horas. Al día siguiente, 13 de marzo, la huelga estaba declarada.

Desde el primer momento, la protesta vivió momentos de violencia material y simbólica por parte tanto de la gerencia como de las fuerzas policiales, quienes en numerosas oportunidades atacaron y corrieron con sus caballos a las obreras que se encontraban manifestándose frente a la fábrica a fin de obstaculizar la entrada de rompehuelgas y empleados ajenos al conflicto. La policía no sólo custodiaba la periferia de las instalaciones, sino que se encontraba apostada en su interior, desde donde una noche se escucharon disparos, fundamentados en defensa de la propiedad privada contra supuestos usurpadores. La actitud de las fuerzas del orden inclusive motivó la presencia en el lugar del entonces diputado socialista Renato Della Santa, en solidaridad y defensa de las mujeres en huelga. La dirección de la empresa luego denunció que tres altos funcionarios habían sido agredidos a pedradas por parte de las obreras, motivo por el cual decidieron un cierre provisorio de la empresa.

Por su lado, las obreras también denunciaron la actitud persecutoria por parte del Departamento Provincial del Trabajo (DPT), entidad que exigió la nómina de las trabajadoras involucradas en la protesta como prerrequisito para arbitrar en el conflicto. Institución que tampoco le reconoció personería para intervenir en el conflicto a las organizaciones sindicales en las cuales las obreras se apoyaban, ya sea el Sindicato de Oficios Varios de Godoy Cruz al cual estaban mayoritariamente afiliadas, o la Federación Obrera Provincial Mendocina.

Más allá de estos acompañamientos, las obreras montaron una serie de instancias organizativas propias. Sostuvieron el conflicto por medio de numerosas y nutridas asambleas y formaron un comité de huelga encargado de las negociaciones. Se organizaron, además, en comisiones que rotativamente vigilaban las proximidades de la fábrica a fin de evitar, en sus palabras, “que se traiga personal de otra parte a trabajar en el establecimiento”^[5] .

Finalmente, ambas partes –las obreras luego de una extensa asamblea y sin brindar los datos sobre las participantes que se les había exigido- aceptaron la mediación del DPT. Según éste, la empresa debía garantizar “un trabajo permanente y un salario a razón de $ 0,25 la hora (dos pesos diarios por ocho horas de trabajo)”^[6]. Definió además que se establezca una jornada mínima de seis horas, la aplicación del sábado inglés (cuatro horas de trabajo pagados como jornada completa), el 50% en el pago de horas extras y 100% los días domingo, la supresión del trabajo nocturno, el pago (quincenal) en tiempo y forma, la provisión de delantales impermeables, la instalación de los camarines solicitados, y el trato respetuoso exigido por las obreras. Finalmente, se estableció que no se tomarían represalias contra las huelguistas.

Sin embargo, varios puntos seguían siendo motivo de discordia, lo cual causó que la huelga siguiera en pie. Uno refería a la facultad que se otorgaba a la gerencia para disminuir personal basado en razones de “organización del trabajo”, seleccionándolas con base en criterios de “competencia” que, las huelguistas entendían, podría traducirse en “que sean desplazadas todas las obreras que toman parte en el actual conflicto”^[7]. Por otro lado, insistían en el reconocimiento del Sindicato de Oficios Varios de Godoy Cruz.

Ante ello, la empresa retomó su funcionamiento con la presencia de las 10 trabajadoras que no se habían plegado a la medida de fuerza, quienes para ello debieron ser custodiadas desde y hacia sus domicilios por agentes policiales y soldados armados. Su arribo a Arcanco hizo que se repitieran los enfrentamientos entre estos últimos y las huelguistas, al intentar estas últimas convencer a sus compañeras de no ingresar a trabajar. En un comunicado, el sindicato denunciaba que “ese grupo de entusiastas mujeres que están cumpliendo con esforzado espíritu de justicia con un deber inexcusable de mejoramiento colectivo” habían sido “brutalmente” tratadas por parte de las fuerzas represivas, “estropeándolas e insultándolas con el lenguaje más bajo que se puede concebir”^[8].

Días después, el 28 de marzo, el conflicto vería una resolución definitiva. La asamblea de huelguistas levantó la medida de fuerza cuando, además de obtener la mayoría de las demandas vinculadas a sus salarios y condiciones laborales, lograron la personería para el sindicato al cual estaban afiliadas. Semejante triunfo fue festejado con un baile en el local sindical, ubicado en calle Las Heras 260 de Godoy Cruz. Según el por entonces novel dirigente comunista Benito Marianetti, resultado de esta lucha 15 de las obreras se afiliarían al Partido y, siguiendo los lineamientos del mismo, conformarían una célula de empresa (Marianetti, 1970, p. 105).

Tres décadas después, ahora en un contexto de concentración económica de las empresas del sector (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018, p. 26), la fábrica Arcanco sería nuevamente escenario de conflictos. Se desarrollaba a nivel nacional entre 1963 y 1965 el Plan de Lucha de la Confederación General del Trabajo y, más precisamente en 1964, las ocupaciones masivas de los lugares de trabajo, que en Mendoza llegaron a 143 entre los meses de mayo y junio (Álvarez, 2007, p. 167). Junto a los más de veinte establecimientos de la industria alimenticia que se plegaron en la provincia estaba Arcanco. Y, aunque las fuentes periodísticas no lo refieran, es muy probable que entre los 2000 “obreros” de la alimentación que menciona el diario El Tiempo de Cuyo^[9] como protagonistas de las tomas de fábrica, las obreras de la rama hayan participado activamente, por cuanto en el sector la mano de obra continuaba siendo predominantemente femenina^[10]. Compartían necesidades, inquietudes, deseos y luchas con sus compañeras en otro de los sectores económicos líderes de la provincia, la vitivinicultura.

3. Trabajadoras rurales y obreras agroindustriales

Un exiguo registro habla de ellas en la prensa provincial y en la historiografía local sobre el movimiento obrero. En tiempos en que se acentuó o se visibilizó más en el espacio público el enfrentamiento capital-trabajo, las trabajadoras rurales y obreras agroindustriales no fueron protagonistas según esas fuentes. Sin embargo, formaban parte de la clase y del movimiento trabajador, fueron explotadas y lucharon por alcanzar o sostener derechos, por mejorar sus condiciones de trabajo. Aunque no contemos con información suficiente de esas experiencias de lucha, sí podemos enhebrar algunos tramos de su paso por el mundo laboral en los sesenta/setentas.

De la mano de la modernización económica y cultural de las décadas del sesenta y setenta, las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo en forma creciente. En algunas regiones del país creció la presencia femenina incluso en ramas que hasta ese momento se habían considerado exclusivamente masculinas, como la de la industria automotriz o gráfica (Andújar y D´Antonio, 2020).

En Mendoza se mantuvo la tendencia analizada en el apartado anterior. Las mujeres continuaron trabajando en la industria de alimentos y en las fincas, y engrosaron fundamentalmente el sector de servicios (dato que se vincula por un lado con el acelerado proceso de urbanización del Gran Mendoza, y por otro, con la inclusión en ese sector de algunas de las tareas que prolongan fuera del hogar el “natural” rol de cuidados que ellas ejercen en el espacio reproductivo). El 19% de la PEA local era femenina en 1960, para 1970 había ascendido al 21,5%. Si bien estas cifras nos ayudan a ubicar esa presencia femenina en términos generales, sabemos también que los censos no tienen variables que permitan contabilizar los trabajos – temporarios, de tiempo parcial- en los que las mujeres eran empleadas. Esto invisibiliza parte del trabajo remunerado que realizan, situación que se acrecienta en los espacios rurales, donde las características de inestabilidad del empleo femenino se asocian directamente a la estacionalidad de la demanda de trabajo y a la consiguiente imposibilidad de completar un ciclo ocupacional (Mingo, 2011).

Nos preguntamos entonces de qué manera se incorporó la mano de obra femenina al (a los) mundo(s) del trabajo en las décadas del sesenta y setenta, en una provincia que continuó en esos años con el desarrollo del complejo agroindustrial iniciado en la década del 30 (esbozado en el apartado anterior). Los pilares fundamentales de la economía local eran el petróleo y la vitivinicultura, lo que acentuó el perfil de economía regional sustentada en las riquezas naturales. (Azpiazu y Basualdo, 2000; Richard Jorba, 2008).

Según el Censo Nacional de 1970, el 25 % de la PEA de Mendoza se dedicaba a las tareas agropecuarias y el 11%, a la actividad industrial^[11]. De las primeras, el cultivo de la vid y el de frutas y hortalizas absorbían la mayor cantidad de mano de obra^[12]. Dentro de la industria, la manufacturera concentraba mayor número de empleados/as, especialmente en la industria de la bebida y de alimentos, seguidas por la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos (Censo económico 1974).

La industria de alimentos, en especial la conservera, reunía el mayor número de mujeres (aproximadamente 3600 en forma permanente)^[13]. A ellas debemos agregar las trabajadoras que se sumaban en las diversas etapas –cosecha, movilización de frutos y hortalizas, industrialización y empaque para la posterior comercialización-. Es decir que existía una gran parte de mano de obra que era temporaria y engrosaba el número de mujeres ocupadas en la actividad^[14]. Lo mismo ocurre con las tareas agrícolas. El pico de actividad se concentra entre los meses de octubre y julio tanto para el cultivo de la vid, como para el de frutas y hortalizas. La demanda de trabajo es mayor en esos meses, y esto no siempre aparece reflejado en los censos^[15]. Tampoco es posible advertir a partir de los datos censales la carga de trabajo familiar que incluían estas actividades.

En las fincas de viñedos, por ejemplo, el trabajo se organizaba mayoritariamente a partir de la figura del contratista de viña. Este era un trabajador rural sin tierra que trabajaba, junto con su familia, una parcela a cambio de una mensualidad y un porcentaje de la cosecha de cada año. Es decir que no se trataba de trabajadores asalariados, su mano de obra no era explotada en tanto tales, se trataba más bien de una auto explotación de la familia (Collado, 2006)^[16]. Desde fines de la década del 20 reclamaron por derechos laborales que les eran negados porque no eran reconocidos como trabajadores. Idas y vueltas en ese reconocimiento jalonan la experiencia de lucha de los contratistas. Nos interesa destacar dos cuestiones de toda esa experiencia porque ambas denotan los modos en que se pensaba el lugar de las mujeres en el trabajo rural.

Uno de los beneficios obtenidos en esa larga lucha fue la jubilación para el contratista y sus familiares a través de la sanción de una ley en 1969. La misma no incluía a la cónyuge ni a los/as hijas menores de edad del contratado (Mendoza, 18/10/1969) a pesar de que, como hemos dicho, también formaban parte de esa fuerza de trabajo ‘familiar’ en las tierras patronales. Así queda evidenciado el carácter invisibilizado de la mano de obra femenina e infantil (Rodríguez Agüero, 2017) de la que se aprovechaba la burguesía rural en la provincia.

Otro reclamo de los contratistas era el cobro del salario familiar, beneficio que los patrones se negaban a pagar amparados en que no se trataba de trabajadores dependientes. En 1975, en una nueva instancia de negociación, consiguen el beneficio, pero el mismo queda limitado a aquellos que no tuvieran obreros a cargo. Salvo excepciones (en especial en tiempos de cosecha), los contratistas no tenían obreros a cargo porque eran las mujeres y los niños/as quienes trabajaban. De manera que el trabajo productivo que éstas/os realizaban quedaba velado bajo la figura del salario familiar (que, vale decir, ya era un modo de cubrir el trabajo impago de cuidados/doméstico) (Rodríguez Agüero, 2017).

En el ámbito de las fincas en las que las labores estaban a cargo del contratista, las mujeres cumplían con la doble presencia en el trabajo familiar y extrafamiliar (Balbo, 1978), con el agravante de que en este tipo de trabajo ambas “presencias” no eran asalariadas. No se les pagaban las tareas que realizaban para la reproducción de la fuerza de trabajo (como al resto de las mujeres), pero tampoco el trabajo productivo que hacían (dentro de la unidad familiar y en colaboración con el varón).

Menor era el número de mujeres ocupadas en la industria vitivinícola: 1100 sumando calificadas, sin calificar y administrativas trabajaban en las bodegas provinciales^[17]. El censo económico de 1974 dividió al personal remunerado en dos categorías, obreros/as y empleados/as. Se consideraban calificados/as a los/as obreras dedicadas a las tareas productoras de bienes que requerían capacitación previa y/o experiencia laboral. Del total mencionado para la vitivinicultura, más de la mitad entraba en la categoría no calificada. En la industria conservera, las no calificadas eran abrumadora mayoría, casi 3000 de las 3600 que se desempeñaban en esa actividad^[18]. En ambas ramas, un pequeño grupo se ocupaba de las tareas administrativas, quienes quedaban dentro de la categoría de “empleadas”. En estos últimos casos raramente llegaban a ser jefas de sección, en general permanecían en las categorías más bajas de la administración^[19].

En la empresa estatal Bodegas y Viñedos Giol^[20], las obreras eran las encargadas del vestido de botellas, trabajo manual de carácter artesanal. Este tipo de trabajo requería de ciertas habilidades -como una destreza manual muy precisa- aprendidas en el proceso de socialización de género. Sin embargo, ese carácter adquirido queda oculto y es presentado como ‘habilidades naturales’ en lugar de reconocerlas como calificaciones laborales en el espacio de trabajo. Así se pasa por alto el hecho de que las mujeres han realizado un entrenamiento en el ámbito laboral para desempeñar esa tarea (Roldán, 2000). Como vienen demostrando los estudios de género y trabajo, la categoría de calificado/a no era –ni es en la actualidad- puramente técnica, sino que se basaba en un sistema de valoraciones aplicado de manera desigual, de acuerdo con el sexo del trabajador/a (Lobato, 2007).

Así como fueron destinadas a tareas en función de su carácter de metódicas, prolijas, pacientes, minuciosas, fueron excluidas de otras por considerarlas débiles. Por ejemplo, en el convenio colectivo de FOEVA^[21] de 1975 se establecía que “Las mujeres no trabajarán en la carga, descarga y/o remoción de cajones con envases y carga de damajuanas llenas, atención de calderas, filtros a prensa y/o a presión y lavado de los mismos y/vasijas” (CCT 1975). Si bien sólo estaban exentas de realizar estas tareas en las bodegas, había otras que tampoco realizaban, como el cuidado y mantenimiento de máquinas, la pasteurización, o el trasiego y trasvase de líquidos, trabajos de carpintería o tonelería^[22].

En el caso del trabajo en las fincas, se consideraba que la poda (selección de los brotes que se dejan y los que se cortan de la planta) era un trabajo exclusivo de los varones por la fuerza y especialización que requería su realización, mientras que las mujeres sólo se encargaban del atado de la viña y de la limpieza de sarmientos, desbrote y deshoje. También de tareas de siembra y de la cosecha, tanto de la uva, como del resto de frutas, legumbres y hortalizas que se cultivaban en las fincas de la provincia. A diferencia del convenio colectivo de obreros/as y empleadas de la vitivinicultura, el de obreros/as de la viña no establecía tareas que las obreras de viña no debían realizar. Las restricciones o limitaciones aparecían en la práctica, fundadas en presunciones que limitaban aquello que pueden y lo que no pueden hacer, independientemente de sus habilidades o capacidades reales.

A las características que en general tenía la participación de las mujeres en el mercado laboral –condicionada por sus obligaciones domésticas, por la etapa de vida que atraviesan en sus inserciones en ese mercado, por el carácter de complementario de su salario-, debemos sumar en el ámbito rural y de la agroindustria local los rasgos que tenían esos tipos de trabajo. La estacionalidad propia de estas labores se asocia a otras dos cuestiones. Por un lado, imposibilita la construcción de un ciclo laboral anual. Y, en vínculo con la construcción simbólica de las calificaciones, se profundiza la transitoriedad del trabajo agrícola de las mujeres (Mingo, 2011) al quedar constreñidas sólo a algunas tareas que se realizan en determinados meses. Durante el resto del año, se ven imposibilitadas de insertarse.

Al asimilarse a unidades de trabajo domésticas, donde la división de género y las cargas de trabajo están pautadas social y culturalmente en su detrimento, las obreras y empleadas rurales padecen una doble invisibilización que solo en algunas circunstancias puede revelarse bajo el estatus de ‘trabajadoras’. Veremos a continuación cómo la configuración de una subjetividad política en lucha logra exponer en la actualidad su presencia en el medio rural.

4. Campesinas: la opción del silencio al grito

Si lanzamos una retrospectiva de largo aliento al mercado laboral en general, pero más aún en lo que respecta a las actividades que atañen al trabajo rural y campesino, pareciera que sus partícipes únicos son adultos, varones. Sin embargo, hay otra historia que convoca a las mujeres desde su infancia hasta la adultez en sus trayectorias y sus luchas.

Su presencia y su actividad no se puede silenciar desde la emergencia de la crisis del 2001, cuando el colapso económico del país puso en pie de guerra a las mujeres en función de la sostenibilidad de la vida, la imperiosa necesidad de alimentar a sus familias sin contar con recursos y solamente con su fuerza de trabajo para producir sin herramientas, tierra, semillas o agua. Para exponer su protagonismo en este proceso adoptamos como fuente su propia voz. En este caso tomaremos una de las experiencias autogestivas más novedosas emergida luego del parteaguas neoliberal en la provincia: el caso de la Unión de Trabajadores/as Sin Tierra (UST)^[23]en la narrativa de algunas de sus participantes.

Como dice Armando Bartra (2010), el campesinado es una opción y es una opción política. La primera decisión de las mujeres de la UST fue pertenecer a un colectivo de trabajadores/as negado por definición identitaria: el campesinado en Mendoza. Y esta negación no es ociosa: mientras los productores sean grandes, medianos o pequeños, son propietarios de la tierra y en nuestro terruño, en tanto propietarios detentan derecho al agua -tanto más importante que la primera debido al predominio del secano. Las trabajadoras/es a los/las que aludimos no son propietarios/as ‘legitimadas/os’, o lo son por ocupación atávica, sin papeles o con sostén endeble en la memoria y la ocupación generacional de largo aliento. En todo caso, son sujetos y sujetas que pelean por mantener, acceder, sostener o defender la tenencia y propiedad de la tierra en la que viven, crían a sus hijos/as y permanentemente, trabajan.

A lo impropio de su situación social, se suma el debate teórico acerca de su posible inexistencia. Pues se trata a los/las campesinos/as como residuo premoderno y precapitalista de la sociedad actual, no como producto expulsado y/o diezmado del mismo sistema. Coincidimos en este tópico con Giarraca (1999) y Berger (2006), para quienes lejos de ser una rémora del pasado, las y los campesinos tienen la capacidad de subsistir al capitalismo con un modo de producción con lógica propia, subordinado al mismo. Sin una forma tipificable, el campesinado es un grupo social tan heterogéneo como los territorios que ocupan (Shanin 2008, citado en Bartra, 2010).

Así lo reconocen en cada testimonio las participantes de la organización. Campesina se ‘hace’ al enfrentar la crisis; luego, al tomar la opción -cosmovisión campesina-, y siempre, al sostener la lucha. El horizonte programático de la UST reclama la soberanía alimentaria, la reforma agraria, la ocupación del territorio y disponibilidad de agua tanto como la opción por otro desarrollo posible:

Somos una organización con objetivos políticos para el sector del campesinado y los trabajadores rurales (…) Son casi veinte años de trabajo territorial en defensa de la tierra, el agua y la producción, para la producción agroecológica, acompañada de la formación (Verónica, 2021).

En esta labor política, el papel de las mujeres es sustancial, ellas se describen en múltiples sentidos como ‘guardianas de las semillas que posibilitan la soberanía alimentaria’ (Cecilia, 2021), pero también como las encargadas de aprender y transmitir saberes diversos que hacen a su cultura y la vida en el campo, entre ellos el conocimiento de las plantas y animales, la huerta y también la realización de artesanías (Mariela, 2021).

Estas mujeres producen:

Yo acompaño el proceso político organizativo de la fábrica de conservas que hace poco, hace… tres años se conformó como Cooperativa Manos del Pueblo, donde actualmente se elaboran salsas, néctar, dulces…antes era un grupo de siete elaboradoras que trabajábamos seis meses por año. Desde 2016, trabaja anualmente con 16 compañeres (Verónica, 2021).

La cosmovisión campesina está fuertemente vinculada al respeto por la naturaleza, la ancestralidad, la relación con el territorio y de la comunidad como parte de este. Para sus participantes se trata de con-vivir con el territorio, en experiencias y prácticas comunitarias como ‘unidad en lo común’ (Lena, 2021). Pero esa comprensión de la vida choca con las lógicas de desarrollo actual del campo, sobre todo con el agronegocio, la manipulación genética de semillas y tierras, el uso de agrotóxicos y sobre todo el acaparamiento de predios y la renovada expulsión y cercamiento de familias y comunidades.

Ocupar el territorio conforma en sí una oposición al statu quo, pues es el soporte material de prácticas que potencialmente habilitan la construcción de autonomías (Wahren y Guerreiro, 2020). A partir de las 50 familias que comenzaron este proceso en el norte provincial, hoy la organización se expande al incluir más de 1500 familias localizadas en diferentes municipios de la provincia: Lavalle, Las Heras, San Martín, Santa Rosa, Luján, Capital, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe.

Cada uno de los hitos de la experiencia de la UST emerge de una lucha o conforma un logro organizativo. Una de sus integrantes, Lena Mozas, nos esboza una línea de tiempo realizada por la propia organización que indica los momentos más importantes de su trayectoria desde su propia percepción.

En síntesis apretada (Lena, 2021), sus hitos se remontan al año 2002, en la que aparecen como colectivo, en una marcha a la intendencia municipal de Lavalle frente a la hambruna y crisis generalizada, exigiendo respuestas; en 2004, acceden a los Proyectos Manos a La Obra, que posibilitaron la obtención de medios para la producción autogestiva; 2008 fue el período de reestructuración y reflexión organizacional en el que los/las miembros/as debaten su participación y nominación (militantes, bases, cuadros); en 2010 participan en el 1er. Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena, que los/las proyecta a nivel nacional y las enlaza con organizaciones afines. En este escenario, sus miembros/as desempeñaron un papel central en la exposición de problemáticas propias, debatiendo acerca de la cantidad de tierra improductiva, los límites que impone el riego en Mendoza, el abandono de fincas por endeudamiento con el Departamento General de Irrigación y el velado monopolio del agua, problema central para los campesinos y productores minifundistas^[24]. En 2011, la apertura de la Escuela Campesina de Agroecología marcó la madurez de la organización en la consecución de derechos y su defensa práctica: educación para y por el campesinado. La consolidación de las fincas recuperadas o reconquistadas marca otro hito entre los años 2014-2015, cuando se logra regularizar tenencia y ocupaciones que pasaron por procesos judiciales de larga duración. En 2016, otra organización, el CEFIC -Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina, consolidó los procesos educativos e investigativos de los miembros de la UST. En 2018 y 2019, la organización decidió participar en el proceso de elecciones provinciales y dar batalla en el terreno electoral, dentro de la conformación del Frente de Todos^[25]. Finalmente, la pandemia en 2020 obligó a la UST a redefinir su organización y representación regional, para trabajar en distintos frentes que denominan como: Cuestión Social, Político-Partidaria, Productiva- Federación de Cooperativas Campesinas y su articulación con otros espacios organizativos.

La participación política en la organización es una de las claves en función de promover un cambio social de trascendencia, fundamentalmente en el camino de sostener una vida digna en la ruralidad. En contexto de pandemia se elaboró un documento (MNCI, UST, CEFIC, 2021) que caracterizó la situación de las comunidades y la necesidad de intervención activa del Estado para disminuir las brechas de todo tipo que exacerban las desigualdades de la población rural sobre todo alrededor de tres ejes: acceso a políticas estatales en el marco de la emergencia, alimentación y producción, y educación y trabajo.

La UST tiene esa peculiaridad, de salvaguardar muchas situaciones. Porque va creciendo y se va ampliando y se va fortaleciendo y, generalmente fortalece a los sectores más afectados por el capitalismo y por el patriarcado, que son los que llevan acciones más poderosas, más fuertes (Débora, 2021).

El feminismo ha calado hondo en la organización. Su movimiento penetró su estructura con impactos múltiples que se observan en redefiniciones organizativas, relevancia de sus temas en agenda, el uso de lenguaje inclusivo, autopercepción de la propia historia y visibilización de trayectorias y demandas que hoy las mujeres exponen en la escena pública tanto como en el ámbito doméstico. Tal fue el impacto de la oleada feminista que llevó a fuertes debates internos:

De 2017, en adelante […] teníamos un colectivo que se llamaba el Colectivo de Género, que fue cerrándose cada vez más y apropiándose de la lucha y acciones que otras mujeres llevaban a cabo, la lucha en el territorio […] como que eran las únicas líderes mujeres que podían hablar por las mujeres. A partir de eso […]se decide no tener un colectivo específico que labure la cuestión de género, sino un espacio de articulación de mujeres y colectivo LGTB (Lena, 2021).

A partir de esta bifurcación de caminos, la UST decidió tomar el género como problemática transversal alrededor de la defensa de la independencia económica para romper con la dominación patriarcal; fomentar la participación política en la toma de decisiones en la organización; trabajar con protocolos propios en casos de violencia de género y promover su erradicación y finalmente, como instancia de fortalecimiento general, sostener la formación política para el logro de todos los ejes anteriores (Lena, 2021). Y también la necesidad de no construir una organización paralela sino de llevar articuladamente las demandas y visiones de las mujeres en lo que denominan feminismo campesino y popular.

Las militantes consultadas asumen de manera certera la gran transformación que en sus vidas provocó la irrupción de la política, la organización, la capacidad de lucha y la pérdida de múltiples miedos: a la policía, los abogados, miedo de alzar la voz (Mariela, 2021).

En ese proceso, la marea verde en la Campaña por la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue un acontecimiento que marcó la vida de algunas de sus miembros^[26]:

Fue un momento mágico, fue un momento hasta inclusive liberador […] Donde hoy no me avergüenza contar mi historia, es magnífico. Y ese sí es un mensaje que quisiera dejarle a las mujeres. Ser parte de las formaciones de las organizaciones sociales llevan a eso, a abrirte, a entender que lo que te está pasando en realidad le está pasando a la de al lado, que sí podemos, lo podemos charlar mate de por medio, es un peso diferente en el cuerpo, en el alma, hablar de violaciones, de golpes […] Este sistema generó que eso estuviera guardado en una caja (Débora, 2021).

Hasta aquí nuestra intención fue postular la centralidad de las mujeres campesinas frente a la crisis. Su rol fue y es protagónico en la participación mayoritaria que detentan en las organizaciones y expresiones públicas de sus luchas. En este caso las mujeres de la UST se reconocieron como portadoras de otros saberes en el cultivo de la tierra, como garantes del sostenimiento vital de sus familias, en su rol aglutinante en la comunidad y, especialmente en la singularidad política, cultural y económica al identificarse como mujeres campesinas.

Frente a la pandemia y aún inmersas en este acontecimiento que transcurre mientras se suceden los ciclos de cultivo y producción, se agudiza la sobrecarga de los trabajos de reproducción, la necesidad organizativa de resolución del sostenimiento vital de sus comunidades, la cada vez más pronunciada brecha tecnológica que afecta a la ruralidad, la imperiosa necesidad de formación para sí y para otras/os, estas mujeres quieren ser parte de una nueva forma de narrar la historia.

5. Notas para pensar una agenda

Como enunciamos antes de arribar a los tres escenarios descritos, las principales ausentes en las narrativas sobre el movimiento trabajador a escala local son las mujeres, en tanto trabajadoras, sea en su rol productor como en el reproductor, y en tanto protagonistas de luchas, organizaciones y demandas. El recorrido por los tres momentos sociohistóricos de referencia nos advierte la diversidad de formas en las que la mujer trabajadora se hace presente y consolida su papel central en el juego de relaciones de fuerza, a pesar del lugar impuesto social y políticamente, subordinado al varón.

Reconstruir los trazos de otra historia posible que no se presente ciega a los géneros, la edad, la condición migrante, las clases y las etnias es posible en la medida que nos aproximemos a escucharlas y mostrarlas allí donde su relevancia irrumpió de modo tal en la escena que no pudo ser soslayado. Las fuentes disponibles han silenciado su protagonismo, aun cuando este ocupó importantes páginas de la prensa gráfica hegemónica, tanto como agendas y datos oficiales, constatando que se mantuvieron como cifra periférica en narrativas renuentes a reconocerlas y admitirlas como parte, litigante o contratante en normativas, negociaciones, conflictos, convenios colectivos y consecución de derechos.

En los tres casos propuestos nos dedicamos a manifestar su presencia más allá del triple silenciamiento que les impone su género, el tipo de trabajo que realizan o el ámbito de la ruralidad. Esto realza su relevancia habida cuenta de su locación en una provincia en que las narrativas dominantes especialmente abonan su invisibilidad, sobre todo en labores agroindustriales y de producción primaria, encubiertas bajo la institución de la ‘familia’.

Reponer-las-mujeres en el lugar que les corresponde impone leer a contrapelo la historia o como el angelus novus, tornar la mirada hacia atrás aparece como tarea imperiosa para conjurarlas del olvido y fortalecer la memoria.

Una memoria que no solo reconozca y reclame por la subalternización a la que han sido sometidas, sino que las rescate en sus relaciones, realizaciones, propuestas, saberes, socializaciones, organizaciones y saberes y aprendizajes compartidos.

Son esos logros colectivos y esas batallas a las que les han puesto el cuerpo silenciosamente, las que hacen que hoy las mujeres habitemos otros espacios, disputemos los lugares públicos y debatamos nuestro lugar en la arena política.

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