La sucesión de hallazgos de cuerpos en las playas argentinas comenzó más tarde que en Uruguay, aunque, en ambos lados del río, se extendió por igual a lo largo del tiempo.

La práctica de deshacerse de los secuestrados arrojándolos al agua no era privativa de las costas rioplatenses. El 20 de octubre de 1976, la agencia ANCLA publicó un cable titulado “Encuentran cadáveres en un lago de la provincia de Córdoba”. Reproducía una carta enviada a la redacción por Isaías Zanotti, vecino de Carlos Paz. En aquel texto, escrito en primera persona, el hombre contaba que concurría habitualmente a pescar a un club en el lago San Roque. Afirmaba que desde hacía tiempo venían observando la presencia de un helicóptero, que atribuían a tareas de desinfección. El día 7 de agosto, había tenido un incidente con su bote en el lago y había requerido la ayuda de buzos para recuperar el motor que se había caído al agua. Intentando rescatarlo, los buzos se sumergieron,

pero al cabo de unos quince minutos volvieron a la superficie, bastante asustados, diciendo que se habían encontrado con un cuadro bastante horroroso, ya que habían contado siete u ocho cadáveres en el fondo, con una cosa redonda que les sujetaba los pies y que ellos no querían proseguir la tarea.

Zanotti continuó su relato contando que intentó hacer la denuncia en la comisaría, pero no se la quisieron recibir. Concluyó su carta diciendo: “Pensamos en escribir a su diario, a ver si recibimos una respuesta más satisfactoria” (Lorensztain y Bufano, 2014: 60-61).

ANCLA reiteró esta denuncia más tarde cuando, con motivo de cumplirse un año del golpe militar, publicó una serie de informes, entre ellos, el titulado “Los derechos humanos”. Allí refirió a la “aparición de cadáveres en parajes abandonados, lagos, ríos y en el océano Atlántico”. Indicando en particular el caso del cuerpo aparecido en Uruguay, identificado como Floreal Avellaneda: “… un menor de edad secuestrado semanas atrás por efectivos de la Marina argentina junto a su madre, detenida actualmente en un establecimiento penal”.^[1] Reclamaba, a continuación, que las denuncias referidas a cadáveres en los lagos de Córdoba no habían sido investigadas. En su “Carta Abierta a la Junta Militar”, Rodolfo Walsh volvió a mencionar ese hecho.

En aquel informe la agencia ANCLA citaba también a un ministro del gabinete militar que, en el mes de enero de 1977, durante una reunión social en el “night club ‘Mau Mau’”, se jactó diciendo: “… ahora sí las cosas van bien, porque los metemos a todos [los presuntos subversivos] en bolsas, los trasladamos en embarcaciones y los arrojamos al mar; es lo que habría que haber hecho desde el principio” (Lorensztain y Bufano, 2014: 124).

Hasta ahí, una premisa aparecía sugerida con insistencia: que la práctica consistía en arrojar cadáveres al agua desde embarcaciones. Aun en el caso de los helicópteros, se asumía que era una vía para deshacerse de los cuerpos y no una forma de exterminio.

Contemporáneamente a estas publicaciones, en diciembre de 1976, los cadáveres comenzaron a ser devueltos por el mar en las costas bonaerenses, ocasionalmente en grupos, a veces en una misma playa, y otras, diseminados en playas cercanas.

A lo largo de este capítulo, abordaré, entre otros aspectos del tema, tres hechos que agrupan hallazgos: el primero en el partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires, en diciembre de 1976, el segundo en diciembre de 1977, y el tercero en diciembre de 1978, ambos en playas turísticas bonaerenses.

2.1. Magdalena, 1976

En diciembre de 1976, fueron hallados cuatro cadáveres en las costas de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Primero, el día 6, los de un hombre y una mujer. Más tarde, el 9 y el 18, los de dos hombres. Su tramitación correspondió al destacamento que la policía provincial tenía en esa localidad. Era una oficina chica, sin línea telefónica, con poco personal y poco trabajo. La comandaba un oficial principal, cuya dependencia jerárquica ascendía a la comisaría de Magdalena, localidad donde se hallaban el cementerio y la morgue a donde este oficial llevó los cuerpos.

Los hallazgos de cadáveres con marcas de muertes violentas no eran novedosos en esa jurisdicción. La ruta 36 que lleva hasta Magdalena fue durante 1976 uno de los lugares donde el Área 113 del Ejército depositaba los cadáveres que quería que fueran encontrados. Ejemplo de esta práctica fueron los cuerpos de Sergio Karakachoff y Domingo Teruggi, el 12 de septiembre de 1976. El 21 de octubre de ese año, fueron hallados también en esa ruta los cadáveres calcinados de Susana Abad, Oscar Gerardo Abad y Pablo Gabriel Bustos. La misma comisaría intervino en esos casos.

La diferencia entre estos cuerpos y los de diciembre es que el hallazgo de los últimos no había sido planificado. Estaban destinados a continuar desaparecidos y, por ello, debían ocultarse. La gestión de la información en uno y otro caso fue distinta. La prueba más clara de esto es que, como resultado, los familiares de Abad y Bustos tomaron conocimiento de los hallazgos inmediatamente y pudieron reconocer los cadáveres y darles sepultura. Mientras tanto, los familiares de Rosa Novillo Corvalán –a quien pertenecía uno de los cadáveres devueltos por el mar el día 6 de diciembre– conocieron el destino de sus restos mediante la confirmación de su identidad 22 años más tarde, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (en adelante E.A.A.F.).^[2]

Cuando la policía bonaerense tomaba conocimiento de un hallazgo de este tipo, convocaba habitualmente a los bomberos locales o a quien tuviera los medios para retirar los cuerpos de la playa. Inmediatamente, se debía iniciar un sumario, que se regía por el reglamento titulado Normas para la Instrucción del Sumario Judicial, que indicaba los pasos que seguir.

En el caso de que el hecho involucrara cadáveres sin identificar, el artículo 46 de la Sección III “Identificación de fallecidos” indicaba cuándo debía procederse a la identificación por huellas dactilares. El artículo 448 establecía que en 24 horas los agentes de policía debían poner en conocimiento al juez de turno y al agente fiscal y continuar la instrucción del sumario en carácter de auxiliares.

El acto de registro judicial implicaba la posibilidad de dar una respuesta ante la presentación de un recurso de habeas corpus por parte de los familiares de una persona desaparecida.

Sin embargo, esa cadena de actos no necesariamente se cumplía en todos sus extremos. En el caso de Punta Indio, las acciones trascendieron de manera oficial solo hasta la subcomisaría de Verónica. Allí los hallazgos fueron asentados en los libros. La comisaría de Magdalena, mientras tanto, tomó conocimiento, pero no asentó las novedades. No obstante, informó sobre ello a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), remitiendo detalles de los casos.

En los registros de necropapiloscopía de la policía bonaerense, consta que el oficial sumariante ordenó la identificación, por lo menos, de los restos de la mujer. Los registros del cementerio local dan cuenta de que se gestionó su inhumación como N.N. antes de recibir el informe que indicaba a quién pertenecía el cuerpo.^[3] La identificación por huellas, producida el 8 de febrero de 1977, no se tradujo en una rectificación de la partida ni del registro del cementerio hasta muchos años más tarde.

Con el tiempo, el destino de Rosa pudo esclarecerse en todo su recorrido, desde su secuestro hasta su inhumación. Algunos datos pudieron constatarse a través de testimonios y otros elementos, por ejemplo, que los cuerpos hallados en aquellos eventos en Punta Indio habían sido arrojados desde aviones que partieron de la pista del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. También que dos de los cadáveres masculinos pertenecían a Adrián Enrique Accrecimbeni y Juan Carlos Rosace –ambos identificados por el E.A.A.F.– y que todos ellos habían permanecido secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como “el Campito”, en jurisdicción del Comando de Institutos Militares.

Es fácil pensar que todos los actores intervinientes en la gestión de los cadáveres y de la información conocían todo esto y que, en complicidad con los autores de los secuestros y homicidios, intentaban ocultarlo. Pero ¿qué se sabía en ese momento? ¿Qué sabían los policías?

Es posible que estos cadáveres hayan sido los primeros en ser hallados en las costas argentinas. Son, por lo menos, las primeras apariciones sucesivas en un mismo lugar registradas oficialmente. No obstante, por tratarse de este sitio en particular, a cargo de una repartición policial que ya había sido testigo del hallazgo de cuerpos calcinados, torturados y mutilados, no puede pensarse que esas marcas físicas fueran a sorprender a los agentes de la comisaría. Posiblemente sí a los del destacamento, 40 kilómetros distante de Magdalena, aunque no lo puedo afirmar.

A un año del golpe militar, los operativos policiales “antisubversivos” eran abiertamente conocidos. Las muertes se publicaban en los diarios, a veces con detalles y ocasionalmente incluyendo los nombres de las víctimas. Como ya vimos, los hallazgos de cuerpos en Uruguay habían tenido difusión mediática. En Argentina se informaban los frecuentes hallazgos de cadáveres en rutas o descampados. ¿Qué podía resultar distinto para los policías en estos casos?

Posiblemente, la diferencia surgiera en los informes de autopsias, aunque en este caso no los conocemos. Los certificados de defunción con los que se inhumaron los restos de Novillo Corvalán y Accrescimbeni indicaban muerte por destrucción de masa encefálica por disparo de arma de fuego. En el caso de Rosace, se indicaba asfixia por inmersión. En los tres cadáveres, podían verificarse múltiples fracturas óseas, producto del choque de los cuerpos contra el agua.

Esas y otras marcas pudieron haber permitido inferir algo relacionado con la voluntad de ocultamiento de los cuerpos. Allí residía la diferencia: en la manera de despojarse de esas personas asesinándolas y arrojando sus restos al río o tirándolas vivas. No era una ruta provincial, como en el caso de Teruggi y Karakachoff; no era el camino de ingreso a alguna finca, como en el caso de Abad y Bustos. Era el Río de la Plata, uno de los más anchos del mundo.

Además, la cantidad de cadáveres –de estos, sumados a los aparecidos en las costas uruguayas– y la regularidad de los eventos permitían descartar que se tratara de hechos aislados, señalando en su lugar una sistematicidad y una planificación propia de una estructura con determinados recursos.

Todo eso pudieron haber sabido o inferido los policías. La motivación de esos crímenes era conocida por toda la sociedad. Podrían haber recibido alguna orden respecto de cómo proceder ante estos eventos. El hecho de que el comisario de Magdalena informara a la Dirección de Inteligencia de su fuerza permite imaginar que esa información trascendió por intermedio de la comunidad informativa, alcanzando en otro extremo al Batallón 601 de Inteligencia y, a través de él, al Comando de Aviación, responsable, en estos casos, del lanzamiento de los secuestrados en Campo de Mayo al mar. No podemos saber si eso se tradujo en instrucciones para futuros casos similares, pero podría haber existido algún tipo de alerta –propia o jerárquica– que hubiera operado haciendo que el comisario no asentara estos hallazgos en su libro de novedades.

2.1.a. Lo secreto, lo sabido y el espacio entre uno y otro

“El secreto, lo que se esconde, lo subterráneo, es parte de la centralidad del poder. […]. Sin embargo, para que funcionara el dispositivo desaparecedor debían ser secretos a voces; era preciso que se supiera para diseminar el terror”. Pilar Calveiro afirmó esto respecto del modo en que el conocimiento sobre los traslados circulaba en el interior de los centros clandestinos de detención (1998: 77). En seguida volveré sobre el contexto específico al que ella se refiere, pero acá me gustaría pensar esta idea en el ámbito de las fuerzas policiales y castrenses, donde la relación entre secreto y poder tomó también otras formas.

Es claro que tampoco allí circulaba la información de manera abierta. La propia clasificación de los documentos –y de la información– en públicos, confidenciales, secretos o estrictamente secretos y confidenciales marcaba niveles de acceso y de conocimiento. Los oficiales y suboficiales que no se encontraban habilitados para acceder al secreto sabían, no obstante, de su existencia. Sabían de las órdenes secretas. Sabían que había en funcionamiento algo que no les era del todo ajeno, pero que no estaban habilitados a conocer en su totalidad. Esa forma de construcción del poder operaba posiblemente acentuando estatus entre quienes sabían y eran parte y quienes no –esa es la manera más básica en que información y poder se articulan en cualquier contexto– y también puede haber incidido en la percepción de la responsabilidad propia. Estar excluido total o parcialmente de lo secreto debía equivaler a estar más o menos libre de culpa.

En el caso de los cuerpos hallados en Punta Indio, puede verse cómo la información migró de los libros, que son documentos de carácter público, a los partes de inteligencia secretos. Esa migración podría haber llevado a tematizar de algún modo cómo se gestionaría esa información. El oficial del destacamento de Punta Indio posiblemente no manejara información reservada en su rutina cotidiana hasta que, de pronto, el mar comenzó a dejar secretos en sus playas.

La aparición de la evidencia más clara, del indicio seguro que permitía conocer lo más oscuro de esas prácticas secretas, materializándose frente a un oficial de bajo grado y de sus ayudantes en un destacamento ubicado en un lugar poco poblado y no turístico de la costa, tiene que haber desafiado las estrategias de reserva y secretismo. Habrá provocado seguramente un desequilibrio en los resguardos de sigilo propios de aquella fuerza porque no solo sus agentes, sino también varios vecinos tomaron conocimiento, de pronto, de la barbarie que se leía en aquellos cadáveres.

Para acomodar los efectos de ese quiebre, estaban los médicos forenses, que escribirían con precisión técnica lo que veían o lo que querían escribir; los jueces, que podían investigar homicidios o archivar los expedientes sin más; los intendentes, que tomaban los recaudos para inhumaciones rápidas y silenciosas; y, por supuesto, también las jerarquías policiales, que definirían las nuevas rutas para dar curso internamente a la información.

Las interpretaciones que cada uno de los actores podía realizar sobre lo que realmente ocurría se fundaban en el repertorio de respuestas que podían imaginar y, dentro de ese universo, en aquellas que les resultaban posibles, es decir, la dimensión acotada de lo que en cada caso resultaba verosímil. Ese campo de verosimilitud –reducción de lo posible, según Metz– seguramente se encontraba condicionado por la información a la que cada uno podía acceder y el modo en que esta le llegaba.

Vale preguntarse si quienes recogían los cuerpos en las playas –policías, veraneantes, bomberos– consideraban los vuelos como una de entre las posibles respuestas. Poder intuir no significa intuir, así como poder saber tampoco significa saber. De los datos al conocimiento, existe un camino sinuoso en el que intervienen múltiples factores.

2.1.b. Los mitos

Algunos habitantes de las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires se convirtieron, de la noche a la mañana, en testigos selectos de los casos fallidos de desaparición forzada y de los métodos macabros de exterminio. De boca en boca, el relato del shock fue cobrando distintas dimensiones, convirtiendo datos de casos individuales en series, contingencias en perversiones, comentarios en hechos indiscutidos. Así, un cuerpo al que le faltaba la cabeza se transformaba en un hecho deliberado y común a todos: “les cortan la cabeza”. El comentario acerca de que en la morgue les cortaban las manos o la aparición de un cuerpo sin ellas transmutaba en que los cuerpos llegaban a las costas sin manos. Y así sucesivamente.

En aquellos años, Felipe Ismael Olivera Moreno trabajaba como guardavidas municipal en el balneario de Mar de Ostende. Reproduzco un fragmento extenso de su testimonio, donde narra una escena que ocurrió en el mes de diciembre, no recuerda si era 1977 o 1978:

Veo que a unos 700 u 800 metros de donde estaba yo, para el lado del sur del muelle, había una bandada de gaviotas e incluso algunos albatros que sobrevolaban la zona, habrán estado a unos 200 ó 250 metros volando el mar, del otro lado de la rompiente, y pensé en ese momento que había un cardumen grande de peces por la cantidad de pájaros que había. En ese momento, no llego a ver bien qué es lo que había en la playa, porque había deriva fuerte de sur a norte y había varios montículos de arena que se formaron que impedían ver bien el ras de la playa y veo que llega una camioneta tipo estanciera, doble tracción, que bajan 3 ó 4 personas, era la ambulancia, que era la única que había para entrar a la playa porque tenía esto de la doble tracción y recuerdo que la manejaba Pedro Cardozo (que ahora está fallecido), era el que manejaba la ambulancia en aquel entonces y yo lo conocía de antes. Esto llamó mi atención y me dirigí hacia el lugar para ver mejor lo que pasaba. Cuando estoy cerca, a unos 80 ó 100 metros del lugar, me salió al cruce una persona que tenía cubierta la cabeza y la cara con una toalla o una remera, no recuerdo bien qué era lo que tenía, pero sí que tenía cubierta la cabeza, no recuerdo bien si estaba uniformado, tenía el pelo corto, tengo la sensación para mí que era policía. Esta persona me dijo “Eh, pará, no tenés nada que hacer acá” y me volví sobre los pasos, pero sí recuerdo que la manera que me lo dijo fue firme, de tipo policial. Recuerdo que en ese entonces era muy fuerte el comentario de gente que anduvo por ese lugar, de gente que estaba ahí en la playa al igual que yo, y era conocido por todos que habían aparecido 6 ó 7 cuerpos (no recuerdo bien la cantidad, pero era esa más o menos), que decían que estaban como comidos por los peces, a algunos les faltaban las manos e incluso se comentaba que a otros la cabeza, pero estaban muy estropeados. También recuerdo que era muy fuerte el comentario que decía que esa camioneta que yo vi, se los cargó y se los llevó al cementerio de General Madariaga […]. También es sabido por todos que fueron enterrados todos esos cuerpos en una fosa común […]. Ese tipo de cosas yo me cuidé mucho de hablarlo…^[4]

Roland Barthes afirma que “el mito constituye una forma de comunicación. No se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere. Sus límites son formales, no sustanciales” (1957: 199-200). Son estas operaciones y el modo de transmisión lo que le da la dimensión mítica al tema, el modo en que la dimensión macabra de cada escena corría en voz baja de casa en casa, alcanzando el punto del anonimato. Como sucede con los mitos, al circular sostenidamente el mensaje, se borra su origen, convirtiéndose en patrimonio de quien lo quiera enunciar.

Barthes afirma que el mito funciona como un metalenguaje, es decir, un lenguaje que se monta sobre un sentido preexistente. No es una lectura individual de una situación, sino un sentido construido más allá de la individualidad, que no es asible como el de un vocablo. Podría decirse que es inestable y constantemente construido. En este caso, en tanto circule y cuanto más sigilo lo rodee, continuará creciendo en su dimensión fantasiosa.

Este tipo de relatos no solo corría entre los civiles. También en las fuerzas sucedía que, donde la información se discontinuaba, se completaba con la fantasía. Se decía, por ejemplo, que la Prefectura Naval, sin dar parte a nadie, enterraba los cuerpos en los médanos –debe haber pocos lugares más complicados que un médano para enterrar cualquier cosa–, omitiendo no solo los registros, sino hasta el acto de la inhumación en el cementerio. Se trata de información que puede ser verdadera, pero, por el modo en que circula y sus imprecisiones crecientes, se vuelve borrosa.^[5]

El testimonio de Olivera da cuenta de cómo los hechos eran “sabidos por todos”, del modo en que se saben los rumores, que se dicen como si no se dijeran y se saben casi por ósmosis. Son sucesos protagonizados por algún conocido y otros desconocidos, en lugares de paso frecuente, lugares propios que de pronto se vuelven extraños y que luego hay que volver a habitar.

La dimensión espacial de estos relatos, su diseminación en los espacios de circulación cotidiana (los cadáveres flotando en el mar; los camiones llenos de cuerpos atravesando las calles; los médanos convertidos en cementerios; el pozo enorme donde los sepultaban a todos juntos), debe haber inspirado en aquellas localidades algunos relatos fantasmagóricos, volviendo inverosímil hasta lo más constatable, que ya en sí mismo era difícil de asimilar.

2.2. Escuela de Mecánica de la Armada, 1977

Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, “con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según su autopsia.

En su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh articulaba así en marzo de 1977 la información de la que disponía. Entendía posible que los cadáveres hallados provinieran de la ESMA y que se trataba de personas muertas en la tortura, llevadas al mar en barcos de la Armada.

Afirmaba como un hecho la prohibición de informar sobre nuevos hallazgos de cuerpos en las costas, coincidente con que hubiesen comenzado a suceder con mayor frecuencia en las playas argentinas.

¿Por qué descontaba Walsh que los cuerpos provenían de la ESMA y no de algún otro lugar? Asumía asimismo que Floreal Avellaneda había estado secuestrado ahí. Esa fue una hipótesis que circuló más tarde, cuando se comenzó a pensar que Rosa Mora había estado en la ESMA, en razón de que, como expuse anteriormente, ambos cuerpos fueron hallados en fechas y lugares cercanos. Pero en ese entonces todo esto no se sabía.

¿Cuáles eran, en ese momento y en ese marco de posibilidades, las condiciones de verosimilitud requeridas para saber?

En el presente, esa vinculación entre cuerpos en el mar y ESMA podría fundarse en el hecho de que, entre los cuerpos que fueron devueltos por el mar y que pudieron identificarse, no hubo ninguno que proviniera de otros lugares de la Armada. Sin embargo, la relación numérica entre cuerpos devueltos y la cantidad de personas que se supone que fueron arrojadas al mar no permite afirmar ni descartar nada taxativamente.

Menos aún podía haberse sabido algo de esto con certeza en 1977. En ese momento había menos información, y la que circulaba provenía en general de fuentes únicas, lo cual dificultaba su cotejo.

En el interior de la ESMA, mientras tanto, los marinos afirmaban ser los creadores del nuevo método de exterminio. Martín Gras, sobreviviente de ese centro clandestino, lo recuerda así:

Yo creo que los vuelos de la muerte empiezan siendo una solución o dispositivo naval. De hecho algún oficial explicó con mucho orgullo que esto –y esta es exactamente la palabra que usó– que esto era una “solución naval” y explicó que arrojarlos a cierta distancia y desde cierta altura hacía que el cuerpo penetrara una determinada cantidad de metros en el agua y que quedara entonces atrapado en una corriente submarina […] era alguna corriente submarina que recorría el sur del Atlántico y luego lo cruzaba terminando en algún lugar del océano Índico o algo por el estilo.^[6]

Gras afirma tener la impresión de que la primacía en el uso de los vuelos como método de exterminio la tuvo el grupo represivo que dependía del marino Jorge Acosta en la ESMA.

Pero no fue inmediatamente que las personas allí secuestradas supieron de la existencia de la práctica de los vuelos. Para todos, lo que ocurría eran “traslados”.

Alguna gente pensaba que era la muerte –afirma Lila Pastoriza en el testimonio ya citado–. Muchos por ahí lo temíamos. Pero no lo sabíamos. Y yo, por ejemplo, que tuve una característica de negación de toda la situación –que hoy pienso que fue un mecanismo de defensa– no pensaba que los fueran a matar. Ellos nos decían que los iban a llevar a otros lados, al sur, no sé, a distintos lugares.

Desde los interrogatorios iniciales, los militares ofrecían traslados a modo de premio a los torturados, a cambio de información. Decían que consistían en el paso a un lugar de recuperación en el sur del país e implicaban la salida con vida para quienes colaboraran. La razón de esta ficción, montada ya en la tortura, es explicada por algunos sobrevivientes citando al militar retirado Francis Whamond, quien en la ESMA sostenía que, para interrogar a un hombre, lo último que había que quitarle era la esperanza.^[7]

2.2.a. Contextos progresivos de aproximación a la verdad

Las amenazas que pudieran proferir los marinos prometiendo la muerte no eran suficientes para rebatir la idea de que los traslados eran una forma de paso hacia la legalización. Muchos sobrevivientes afirman haber necesitado instancias sucesivas de verificación para llegar a considerar realmente lo que los traslados significaban.

A principios de 1977, entre las personas cautivas en el área de “Capucha”, estaba Silvia Labayru. Tenía 20 años y estaba embarazada de seis meses. Tal vez por su proveniencia de familia de militares de alto rango, ella tenía un trato preferencial, que se traducía, por ejemplo, en una cama de bronce en medio de los tabiques donde estaban los demás.

Por ese tiempo, Alfredo Astiz recorría el área de “Capucha” algunos días, en el rol de oficial de guardia, y se detenía a conversar con ella. Aprovechando que esa situación se daba con regularidad, Martín Gras le pidió a Labayru que le preguntara si era cierto que los traslados significaban la muerte.^[8] Ella no se lo preguntó, pero le pidió que usara sus contactos para ponerla en una lista de trasladados, para así llegar a quedar a disposición del Poder Ejecutivo y que, de ese modo, su familia pudiera ayudarla a salir del país. Cuenta Gras que ella le describió que Astiz –cuya identidad no conocían en ese momento– al escuchar esto se puso nervioso y le dijo que él se comprometía a que, mientras él estuviera ahí, iba a hacer todo lo posible para que no la trasladasen, que por favor no usara más esa palabra; que los traslados significaban la muerte.

Cuando Silvia me dice eso, yo me desmayé. […]. Empezó a girar todo alrededor mío, veía las caras, las situaciones de las decenas de personas, casi centenares que yo había visto trasladar en esos meses y pierdo el contacto con la realidad […]. Literalmente me desmayé.^[9]

Pocos días después se inició una sucesión de hechos que, en cierto modo, selló una verdad sobre los traslados. Fueron dos casos en que algunos prisioneros fueron incluidos por error en el tránsito hacia un vuelo y, advertido esto, fueron devueltos al lugar de cautiverio, y un tercero en el que algún inconveniente provocó que a último momento el vuelo no se realizara.

El primer caso fue en febrero de 1977. En esa ocasión llevaron para ser trasladado a un militante de la organización Montoneros de Mendoza, llamado Emilio Carlos Asales, a quien los demás secuestrados conocían como “Tincho”. Lo llevaron con otros a la enfermería del sótano. Le informaron que sería llevado a un lugar mejor y que lo vacunarían para evitar el contagio de enfermedades. La inyección que le aplicaron lo debilitó, aunque, por tratarse de una persona de contextura fuerte, no lo durmió. Entonces lo sentaron en un banco del sótano junto a otras personas que también habían sido inyectadas y vomitaban. Algunos se desvanecían. A continuación, todos fueron arrastrados a un camión que los condujo a Aeroparque. Una vez en el avión, alguien llamó por handy al suboficial que dirigía el traslado, indicándole el número que correspondía a Tincho, y le dio la orden de que lo llevasen de vuelta a la ESMA. Entonces, ese suboficial –que podría haber sido el apodado “Pedro Bolita”– le preguntó su nombre, e inmediatamente lo bajaron y lo devolvieron al camión en que habían llegado hasta ahí. Al llegar lo pusieron en una cucheta al lado de la de Martín Gras y allí, bajo los efectos del somnífero, por una rendija entre el tabique y la pared, pudo contarle lo que le había ocurrido. Después durmió un día entero.

Asales había sido suboficial de la ESMA. Gras piensa que tal vez por eso los suboficiales le dieron un trato especial y, al momento de regresar desde el aeropuerto, lo subieron a la cabina del camión en lugar de llevarlo en la caja. Allí le dijeron que volvía porque los integrantes del Servicio de Inteligencia Naval querían interrogarlo. Cuenta que Tincho le dijo que en el camino se iba quejando de que lo llevaran a la ESMA, justo cuando estaba por ser legalizado, cuando ya creía que no iban a volver a torturarlo. Y entonces el conductor del camión le dijo algo como “Pibe, no sabés la suerte que tenés, no sabés de la que te salvaste”.^[10]

El segundo hecho sucedió a fines de agosto del mismo año, en un traslado atípico en el que llamaron solo a tres detenidos que estaban en la zona de la ESMA denominada “Capuchita”. Algo falló en el plan y los tres fueron devueltos, dormidos y sucios de vómito, traídos por el marino apodado Pedro Bolita y algunos guardias. Pocos días después los volvieron a llevar y ya no regresaron.

Un tercer hecho similar fue vivido por un prisionero que había sido secuestrado por pertenecer al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). A él solo llegaron a subirlo al camión, y allí una persona que usaba el apodo de “Pedro Morrón” ordenó que lo llevaran de vuelta a “Capucha”. Al igual que las víctimas de los otros casos, durmió un día entero por efecto de los sedantes. Luego pudo contar lo que había vivido. Más tarde fue trasladado.

Estos hechos sustentaron las denuncias efectuadas por algunos sobrevivientes en el exilio y, más tarde, ante la CoNaDeP. En su testimonio ya citado, Norma Susana Burgos dedicó un punto específico a los traslados. Allí describió la metodología, poniendo énfasis en la forma progresiva en que las personas secuestradas fueron tomando conocimiento de lo que realmente sucedía. Contó que, la primera vez que escuchó el procedimiento, no tenía conciencia de lo que estaba viviendo, pero aun así sintió un miedo horrible.

A continuación, describió lo que fue sabiendo: que el sótano quedaba vacío; que los trasladados eran bajados de a uno; que los sentaban en bancos y les ponían una inyección. “Al principio creíamos que éste era el final de los secuestrados. Luego fuimos completando la historia”. Continuó detallando qué era la inyección, supuesta vacuna para enfrentar la adversidad del campo de trabajo al que serían llevados. Señaló que los adormecían para evitar que se resistieran, pero que, si aun así lo hacían, los guardias respondían con palos y trompadas. Dijo que solo presenciaban la situación Pedro, su ayudante, el jefe de guardia, el ayudante de este último y el enfermero. La mayoría de ellos eran personas que cubrían roles rotativos. Nótese que Burgos, al igual que otros sobrevivientes que declararon sobre este punto, enumera solo suboficiales. Ningún oficial participaba de esta fase.

Continuó narrando el caso de Tincho y todo lo que gracias a su relato se pudo saber. Sumó las marcas que el calzado de las víctimas dejaba en el piso, que fueron vistas por algunas compañeras. Contó, además, una escena vivida por ella cuando, mientras asistía a una compañera embarazada, abrió sin permiso una puerta:

… veo sobre el piso, casi en la puerta del cuarto, a dos prisioneros que estaban tirados sobre un trapo blanco. Parecían desmayados o adormecidos y tenían la ropa sucia, como si los hubiesen mojado o se hubiesen vomitado encima. Desde horas antes se vivía el angustioso clima de los días de traslado. Instantes antes habíamos oído que se abría la puerta de acceso al tercer piso y un ruido parecido al arrastrar de una bolsa. Teníamos elementos para darnos cuenta de que se estaba realizando un traslado desde hacía aproximadamente dos horas. Cuando un guardia ve que hemos abierto la puerta, se pone fuera de sí y de un golpe la cierra gritándonos que no volvamos a abrirla o nos molerá a palos.

Burgos describe que fue difícil averiguar cómo eran los traslados, ya que el tema desataba la ira de los militares y, además, el riesgo de mostrar curiosidad podía equivaler al propio traslado. Describe el terror que les daba eso que ocurría aunque no sabían bien qué era: “Ese miedo a lo desconocido que todos sentimos alguna vez, pero que allí adentro aumentaba mil veces”.

Sobre lo que los militares comentaban, describe que, al principio de 1977, decían que los trasladados eran llevados a penales donde permanecerían detenidos legalmente. Pero recuerda que, contradictoriamente, Acosta decía que los únicos que iban a sobrevivir eran quienes estaban en proceso de “recuperación”. Además, un oficial había dicho “que los trasladados eran arrojados al mar, vivos, desde un avión”.^[11]

El rompecabezas de indicios que permitieron, con el tiempo, describir el proceso de eliminación se fue completando con elementos diversos. Por ejemplo, Carlos Muñoz, también sobreviviente de la ESMA, contó tiempo después cómo un día quienes habían sido asignados a trabajar en documentación descubrieron un libro “muy sugestivo” donde se describía el proceso de descomposición de un cuerpo debajo del mar.^[12]

Cuando digo que hechos como los vividos por Tincho o la escena vivida por Susana Burgos sellaron una verdad, me refiero a que se convirtieron en el argumento más fuerte de verosimilitud con el que las personas secuestradas confrontaron su desconocimiento o su posible negación. La verdad dicha por quienes vieron el procedimiento fue indiscutible, sobre todo habiéndose reiterado la misma experiencia y el mismo relato. Ya no eran suposiciones o dichos de dichos, eran personas que atestiguaron el proceso y pudieron volver para contar. Así se abrió un espacio para la certeza, aquella propia del tekmerion.

El testimonio de Lila Pastoriza permite ver cómo circulaba la información en el interior de la ESMA y cómo las personas cautivas iban compartiéndola. Ella narra el momento en que coincidió en el encierro con Pilar Calveiro, cuando el Servicio de Inteligencia Naval decidió que trabajaran juntas en el altillo denominado “Capuchita”. Calveiro venía de estar detenida en manos de la Fuerza Aérea:

Y Pilar me dijo, me acuerdo, “flaquita, los matan a todos”. Yo decía “¿pero vos estás segura?”. Y ahí hablamos, empezamos a hablar de… “los matan a todos” […]. Después, cuando a mí me pasan al grupo de… a fines del 77 cuando el SIN me pasa al grupo que controlaba Acosta […] al grupo de recuperación que tenía el GT, cuando llego ahí, la gente del grupo que trabajaba en la pecera, ellos son los que me dicen qué eran los traslados. Y me fundamentan por qué sabían, porque yo tampoco quería creerles. Y me dicen por qué saben, porque vieron, porque a uno se lo llevaron equivocado y lo trajeron, por esto y por lo otro. Pero, hasta ese momento, yo no lo creía. Creo que era un mecanismo de defensa, pero bueno, tampoco es muy fácil pensar que… si vos pensabas que se llevaban 20, 25 personas, 30, 40, no sé cuántas por semana y que los iban a matar a todos era como demasiado difícil de enfrentar, ¿no?

Acá aparece el problema de la verdad en toda su complejidad, con su contenido demasiado duro, con sus voces más o menos autorizadas –los que suponen y afirman, los que saben porque vieron, los que repiten lo que dijeron los que vieron–, con las dificultades de asimilación frente a la necesidad de seguir sobreviviendo.

En estos casos, los marinos pudieron haber evitado que las víctimas narraran lo que habían vivido, pero, como afirma Calveiro, la revelación clandestina del secreto potenciaba el terror; era funcional al secreto mismo (Calveiro, 1998). Era necesario que las personas cautivas presintieran la muerte posible, del mismo modo que era necesario, como decía Whamond, que conservaran la ilusión de vivir. En el enclave de ambas cosas, reside, en buena medida, la perversión de aquel sistema concentracionario.

Esa verdad que narraban quienes ocasional y fugazmente sobrevivieron a los vuelos era a veces combatida por quienes la recibían, ya fuera directa o indirectamente. Que se dijera no significaba que fuera a pasar a ser parte de la vida de los secuestrados. Miriam Lewin lo sintetizó diciendo: “Es imposible vivir con la certeza de que te van a matar cada semana”.^[13] Así es como la certeza se alcanza, pero también se modula, buscando el punto en el que se convierte en la verdad posible, la que permite seguir sobreviviendo.

2.2.b. La trascendencia de la información hacia otros centros de detención

En 1980 declararon ante Amnistía Internacional Horacio Cid de la Paz y Oscar González, sobrevivientes del circuito de detención clandestina de la Ciudad de Buenos Aires conocido hoy como “ABO” –que comprendía los centros denominados Atlético, Banco y Olimpo– y de la División Cuatrerismo de Quilmes. En su declaración realizaron una pormenorizada descripción del modo en que tomaron conocimiento de que el proceso que, al igual que en otros lugares de detención, era referido como “traslados” significaba la muerte.

Describieron los días de traslado como momentos de una rutina de excepción en la que todo comenzaba alrededor de las 15 horas. Los designados para ser trasladados eran convocados con la excusa de que los llevarían a un lugar en el norte; que les esperaba un largo viaje para el que les aplicaban una inyección, sin más detalles sobre las razones o los efectos. A continuación, se les quitaba la ropa, diciendo que no la necesitarían porque les darían un uniforme. Inconscientes y desvanecidos, se los subía a camiones que partían con destino incierto.

Contaron que a quienes permanecían secuestrados les provocaba desconfianza, entre otras cosas, el hecho de haber encontrado más tarde pertenencias de los trasladados que supuestamente habían llevado consigo, como una cadenita o alguna prenda. También los documentos de identidad eran conservados en los lugares de detención.

Los denunciantes afirmaron que ese era el conocimiento que tenían del procedimiento hasta que, en un momento, llegó un secuestrado que había estado en la ESMA. Él les dijo que los trasladados eran lanzados al mar desde aviones. Desde ese momento, esa explicación fue la verdad temida, más que asumida por ellos, que todo el tiempo intentaban buscar una verdad en la palabra de los secuestradores que afirmaban la supervivencia de quienes eran llevados en los traslados. De hecho, en esos centros clandestinos de detención, los captores se jactaban de ser los únicos que no eliminaban a las víctimas.

La denuncia deja ver la tensión respecto del valor de la palabra de quienes conocían la verdad. Los secuestrados oscilaban entre saber que los secuestradores les mentían todo el tiempo y necesitar que su negación de la muerte fuera cierta.

González y Cid de la Paz narraron cómo, una vez en libertad, continuaron intentando cotejar la falsedad de tal destino, buscando noticias sobre cada persona trasladada que habían conocido. Pero esa tarea fue infructuosa, ya que de ninguno pudieron saber nada más.

2.2.c. La voz del victimario

En los centros de detención, para algunas personas secuestradas, la voz de los militares adquiría un estatus de veracidad particular. Por un lado, eran los que sabían qué pasaba realmente y jugaban con los contextos de enunciación. Varios detenidos y detenidas de la ESMA testimoniaron más tarde acerca de situaciones en las que se daban conversaciones con el tono de confidencias, donde supuestamente los militares se permitían dar a conocer determinada información sobre alguien en particular –el destino de una persona, por ejemplo– o sobre algo atinente a todas las víctimas –como los métodos de exterminio–. En ese contexto, la información cobraba fuerza de verdad. La conversación entre Labayru y Astiz es un ejemplo.

Sobre la relación entre las personas secuestradas y los secuestradores y sus conversaciones, en las que estos últimos revelan una supuesta verdad respecto del destino final, se abre todo un tema de análisis –de la mano de los estudios de Foucault– sobre la relación entre sujeto y verdad, o más específicamente sobre las formas de veridicción. En línea con lo expuesto en la introducción, quiero retomar una pregunta central que formula el autor:

… bajo qué forma, en su acto de decir la verdad, el individuo se auto-constituye y es constituido por los otros como un sujeto que emite un discurso de verdad; bajo qué forma se presenta, a sus propios ojos y los de los otros, aquel que es veraz en el decir; cuál es la forma del sujeto que dice la verdad (Foucault, 2009: 19).

Sus estudios no refieren al discurso en el cual puede decirse la verdad sobre el sujeto, sino al discurso de verdad que el sujeto está en condiciones y es capaz de decir sobre sí mismo. Estas prácticas requieren de forma necesaria la presencia de un otro que escucha, que exhorta a hablar y habla. Foucault considera que ese otro tiene condición de imprescindible.

Las conversaciones entre cautivos y secuestradores dentro de la ESMA tienen varias particularidades. En primer lugar, están dadas en un contexto donde uno de los sujetos puede expresarse sin que ello tenga un costo en su destino, en sus posibilidades de supervivencia, mientras que el otro, el que escucha, no tendría la libertad de decir, aunque sí la de juzgar internamente. Además, quien escucha necesitaría de la verdad que le pudiera ser enunciada, necesitaría de la información para tornar legibles el entorno propio del cautiverio y el transcurso de los días.

Es una relación asimétrica, donde entran en juego las posibilidades de supervivencia de uno, que no solo no tiene libertad para expresarse, sino tampoco para decidir si escuchar o no. Además, que necesite esa presunta verdad no significa que pueda recibirla, que esté dispuesto a asumir el costo de saberla. El secuestrado es literalmente lo que se denomina “público cautivo”. Su libertad tendrá espacio únicamente en el hecho de poder negarle estatus de verdad a lo que le sea dicho. No obstante, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra posiblemente haya minado esa facultad –no sus capacidades intelectuales, sino la base emocional que se requiere para ejercerlas–.

Se puede suponer que el que habla pretende revelar algo de sí –sea esto cierto o no– y sitúa al otro en un contexto tal vez similar al de una confesión. Se muestra ante el otro mediante el relato de algo de lo que él es parte. El que escucha debe recibir lo dicho como tal y tramitarlo con relación a lo que ya conoce, a lo que sabe, a lo que puede llevar consigo.

En una de sus declaraciones en el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, en el año 2010, Martín Gras contó una conversación que tuvo en 1978 con el oficial de la Armada Juan Carlos Rolón, integrante del área de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2. Si bien no versa sobre los traslados, me interesa tomarla para ver cómo aparece allí el tema de la verdad en el vínculo entre secuestrado y secuestrador. Gras llevaba entonces dos años cautivo y esperaba ser liberado.

“Pero si hubiera un juicio, ¿vos testimoniarías?”, me preguntó.

Le dije que sí. No por un excesivo valor de mi parte, sino porque era un oficial inteligente, me conocía y si le decía que no, no me iba a creer. 

“¿Y vos dirías que yo te torturo?”, insistió. “Usted tortura”, le dije.

“Pero vos sabés que a mí no me gusta torturar”. 

“Es cierto”.

“Sabés que cuando estoy de oficial de inteligencia de turno, muchas veces me encierro en el camarote; apago la luz, cierro la puerta y no contesto las llamadas para no tener que torturar”. 

“Es cierto, pero también es cierto que a veces te han encontrado y a veces has torturado”.

“¿Pero vos dirías eso, que a mí no me gusta torturar?”.

“Sí, lo diría, pero también diría que llegado el caso torturaste”.

“Bueno, me parece bien porque entonces dirías la verdad”.^[14]

La escena parece extraída de una tragedia griega. Hay un personaje que está destinado a hablar y otro al que le espera un juicio hipotético. La suerte del segundo puede modificarse (por lo menos en el plano de la ilusión) con lo que el primero diga o calle. Ambos saben que, de existir esa situación, el secuestrado va a contar lo que vivió. Entonces, no siendo ya el silencio una posibilidad, la alternativa buscada por el victimario es la verdad, que no es, en este caso, exculpatoria, pero transmite algo de la subjetividad del juzgado, algo que no lo desvincula de la tortura en los hechos, pero sí en su esencia: él torturó, pero ese acto no es natural a su ser.

El punto acá no es la responsabilidad de Rolón, sino el acto de tematizar esto referido a su subjetividad en conversación con el detenido. Podría tratarse de la necesidad de subrayar una verdad que en el futuro pudiera incidir en su destino; de garantizar un saber que incida en una acción.

Volviendo al tema de los traslados, tanto en este tipo de enunciaciones semiprivadas, como en aquellas dichas en voz alta a modo de sentencias –las que coloquialmente podríamos llamar “bravuconadas”, del estilo de las que los sobrevivientes atribuyen a Jorge Acosta, quien vociferaba cosas como “Esto se arregla dándote un Pentonaval y mandándote para arriba”–, existe una pretensión por parte de quien habla de que aquello que dice sea recibido como sentencia de verdad. No tanto por la transmisión efectiva del contenido de lo que enuncia, sino por el estatus de poder que el decir de esa manera y en ese contexto otorga. Acosta hablaba situándose en el acto enunciativo como quien dice la verdad, pero sobre todo como quien decide la verdad.^[15]

Ahora, excluyendo las vociferaciones de Acosta, en estos actos en los que podemos afirmar que estos hombres se constituyen ante las personas cautivas como alguien que dice la verdad, ¿la verdad sobre qué enuncian?; ¿sobre la asunción de un acto como propio?; ¿son confesiones? No tienen la forma real de una confesión. Antes, parecen describir una maquinaria de la que son parte, pero no ánima. Son parte porque “hay que terminar con la subversión”. Como un mandato. Entonces, no parece ser la confesión de un acto propio, sino una descripción de algo que “pasa”, donde ellos son sujetos fungibles, sustituibles por cualquier otro, de modo que la suspensión de sus acciones no suspendería el proceso al que aportan.^[16]

Graciela García Romero, sobreviviente de este centro clandestino de detención, declaró en la causa ESMA que el oficial de Prefectura Naval Gonzalo Sánchez, apodado “Chispa”, en una ocasión en que la llevaba a su casa por una salida autorizada, le contó que la forma en que se eliminaba a los detenidos era inyectándoles una sustancia que los dejaba atontados pero conscientes, para luego subirlos a un avión y arrojarlos al mar. Eso fue, según declaró, cerca de finales de 1978.^[17]

El relato de Sánchez coincidía con los de los secuestrados que un año antes habían sido devueltos a la ESMA luego de ser alistados para un vuelo. Reafirmaba lo narrado por ellos, completando el trayecto hasta el mar.

Su relato era enunciado en una situación de resguardo respecto de quienes podían escuchar, ya que ocurrió afuera de la ESMA, y en la ficción de cierta forma de libertad que implicaban las salidas vigiladas. Sánchez –al igual que cualquier otro que cumpliera esa misma función– era, al mismo tiempo, gestor de un momento de mayor libertad y garante de la continuidad del cautiverio. La forma en que se daban esas conversaciones habrá tenido que ver con este enclave particular, con la extensión de los mecanismos del encierro en esa gestión de los límites de la libertad. De todo ese contexto, sumado a las vivencias previas, dependía el estatus de verdad que una persona secuestrada pudiera otorgarle a eso que escuchaba.

Mientras tanto, Liliana Gardela, también sobreviviente de ESMA, afirmó que durante años estuvo convencida de que los desaparecidos estaban vivos.

Yo había preguntado por determinadas personas y algún marino me había dicho que estaban libres. Con ese convencimiento seguí insistiendo, estando afuera, durante mucho tiempo, al punto de pelearme con gente conocida que decía que eso no era verdad. Yo les decía “tiene que estar vivo en algún lado porque el marino me lo dijo”. […]. Creo que tiene que ver con que si en su momento admitía que estaban muertos, yo también moría. Era como aceptar la posibilidad de mi muerte. Si ese marino me había mentido y el compañero no estaba vivo, yo también iba a morir; entonces ese compañero tenía que estar vivo hasta 1987. Hasta que acepté que estaba muerto y yo viva (Actis, Aldini, Gardela y Lewin, 2001: 103-104).

En el caso de Gardella, no solo el contexto y la voz de enunciación inciden, sino también la necesidad desesperada de sobrevivir. La información sobre la muerte de un tercero, como lo afirma ella misma, no era solo un dato sobre un destino ajeno, sino un vaticinio sobre el propio.

Munú Actis, otra sobreviviente, sintetizó lo que ocurría más allá de lo que se dijera en voz alta: “Nosotros sabíamos que traslado significaba muerte y ellos sabían que nosotros lo sabíamos”. Afirmó esto de manera general. Agregó que nunca supo que había vuelos. Que cuando fue detenida durmió como cinco meses en la enfermería, donde se guardaban las ampollas que se les inyectaban a los trasladados. Que ella sabía que les ponían una inyección y se los llevaban, pero no tenía conocimiento acerca de los vuelos.

No se puede hacer una interpretación general de las escenas de este tipo, que han sido narradas por los y las sobrevivientes. Se trata de experiencias muy disímiles y formas diferentes de narrar. Como afirma Miriam Lewin, “hay una ESMA por cada secuestrado”. No obstante, es lícito hacer algunas observaciones sobre algunos casos, que podrán o no ser ilustrativos de una experiencia común a todos, pero son todos ellos muestra de una misma forma de ejercer el poder en relación con los mecanismos propios de la verdad, específicamente con el secreto como forma de ocultamiento y revelación.

El secreto es acá un signo acechado. A diferencia del silencio, su sucesor en esta historia, que intenta no ser signo o, como diría Roland Barthes, ser por fuera de los signos, antes que anular su potencialidad significante, el secreto la multiplica. Este secreto en particular coqueteaba con los sentidos posibles. No era una forma que se pretendía vacía. Era un acertijo macabro y, en cuanto tal, diseminaba pistas reales y falsas en su entorno.

2.2.d. Diciembre

El año 1977 sería, con el tiempo, un período clave para el conocimiento de la fase final del circuito de secuestros y asesinatos llevados a cabo por los marinos en la ESMA. Los sucesos ya narrados, sobre los tres casos de personas llevadas para ser arrojadas al mar y devueltas antes de que se concretaran los vuelos, fueron identificados en su importancia rápidamente por aquellos que tomaron conocimiento. Pero hubo otro hecho que, en este aspecto en particular, no reveló su trascendencia real hasta décadas más tarde. Me refiero al secuestro de quienes fueron conocidos como “el grupo de la Santa Cruz”.

Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, fue secuestrado un grupo de personas que se reunían para planificar acciones de resistencia y reclamo por los desaparecidos, entre ellos algunas madres de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas. En esa ocasión juntaban plata para publicar una solicitada en el diario La Nación. Su llegada a la ESMA provocó sorpresa por dos razones: entre las doce personas, había varias mujeres mayores, de alrededor de 60 años. Su edad superaba el promedio general de los detenidos y las detenidas. La segunda razón era que el grupo estaba integrado por dos religiosas extranjeras, también mayores, Leonie Duquet y Alice Domon.

Los testimonios de quienes estaban detenidos en ese momento permiten saber que el secuestro de las monjas incomodaba también a algunos de los marinos, aunque eso no las eximió de la tortura ni del destino final. Algunas de las personas cautivas conocieron también las gestiones que la Armada hizo para deslindar la responsabilidad y culpar a Montoneros del secuestro.^[18]

En sus denuncias realizadas en Suiza en 1982 ante diversos organismos internacionales (ONU, Cruz Roja, entre otros), Graciela Daleo y Andrés Castillo relataron el hecho, afirmando que las víctimas fueron trasladadas una noche “en un operativo en el que participaron el Teniente de Fragata Astiz, los Tenientes de Navío Shelling y Pernía, los Tenientes de Fragata González Menotti y Radizzi, y el Prefecto Favre, y el suboficial ‘oca’”. Agregaron que “algunos secuestrados los vieron regresar de madrugada, con los zapatos embarrados”.^[19] En su declaración en el juicio a las Juntas Militares, Daleo agregó que los marinos comentaban que “los bultos habían sido dejados”.^[20]

Como decía, se trató de un hecho que llamó la atención y quedó registrado en la memoria de los sobrevivientes, pero no porque aportase información sobre el mecanismo de exterminio.

Unos años más tarde, algunas de las personas que continuaban bajo el control de la Armada pudieron atestiguar una conversación en la que Jorge Radice, oficial integrante del grupo de tareas de la ESMA, ante la aparición del cadáver de la diplomática Elena Holmberg, el 11 de enero de 1979, flotando en las aguas del río Luján, afirmó: “Pobre Elenita, le pasó lo mismo que a las monjitas voladoras”. Esa referencia permitía inferir que las religiosas francesas habían sido arrojadas al agua y agregaba, además, la posibilidad de que hubiesen sufrido una caída en altura. Era una forma de referir a los vuelos, con todo el cinismo de la expresión, que aludía a una serie norteamericana de televisión que se llamaba La novicia voladora, en la que la protagonista era una religiosa que tenía una cofia con dos alas laterales alargadas, con las que volaba.^[21]

2.3. General Lavalle

Pocos días después del traslado del grupo de la Santa Cruz, el 20 de diciembre de 1977 a las dos de la tarde, Juan Leonardo D’Alessandro tomaba sol en la playa costanera de Santa Teresita, a la altura de calle 46, cuando vio flotando en el mar un bulto similar al de un cuerpo humano. La corriente lo estaba empujando hacia la orilla.

Varias personas se acercaron a ver de qué se trataba. Cuando estuvo cerca y no hubo dudas de que eran restos humanos, D’Alessandro se dirigió a la dependencia local de la policía para dar aviso.^[22]

El informe de la inspección ocular que se realizó una hora más tarde indicaba que ese día había una fuerte sudestada y que esa era la razón de que el mar hubiera desplazado el cuerpo de sur a norte, en dirección a la orilla.

Ese mismo día se ordenó la autopsia, con el fin de determinar sexo, edad presunta y causales de muerte. El médico forense Roberto Dios suscribió un primer informe sobre el cuerpo, en el que detalló, entre otras cosas, las múltiples fracturas producidas “por choque violento desde altura, sobre superficie dura”. Al finalizar la autopsia, que tuvo lugar en la morgue de Mar de Ajó y duró dos horas y cuarto, concluyó que podría tratarse de una persona de sexo masculino, agregando lo siguiente: “… estaríamos en presencia de un presunto homicidio, en virtud del estudio realizado y el carácter de las lesiones que el occiso presentaba”. Indicó asimismo haber seccionado las manos para un posterior estudio necropapiloscópico en la sección correspondiente de la policía provincial. La inhumación se realizó ese mismo día.

Al día siguiente, a las seis de la mañana, un cadáver de sexo femenino fue hallado en las playas de La Lucila del Mar. En torno de este hallazgo, se instruyó un nuevo expediente, del mismo tenor que el anterior. La autopsia, realizada en Mar de Ajó por el médico forense Serafín Luis Bertelotti, concluyó que la muerte se produjo “por las fracturas múltiples de miembros, cabeza, costillas, y el estallido de vísceras, cuyo mecanismo ha sido por choque contra o sobre una superficie dura.”

Ambos cadáveres fueron sepultados en el cementerio de General Lavalle y las cajas que se utilizaron para ello fueron provistas por gestión de los delegados municipales que, en cada caso, tomaron conocimiento de los pormenores de los hechos.

Detallo a continuación el devenir del expediente referido al hallazgo del día 20 –n.º 44.216/78–, a fin de observar la gestión de la información en los ámbitos oficiales.

Allí consta que la comunicación al juzgado se efectuó el día 23 de diciembre y fue recibida el 26, casi una semana después de encontrado el cuerpo. Tiene la forma de un telegrama y comunica el hallazgo, pero no el resultado de la autopsia que proponía la hipótesis del homicidio.

El certificado de defunción se labró el 3 de febrero de 1978. En él se afirma que se trataba de una persona de sexo masculino –aun cuando el médico lo planteó como hipótesis–, y la causa de defunción asentada dice “politraumatismos”.

A fojas 20 del expediente, se encuentra la respuesta de necropapiloscopía, que indicaba, respecto del cadáver “de sexo femenino” objeto del requerimiento, que no se había podido identificar por el escaso valor de las muestras para el cotejo.

Sin realizar más medidas, el 2 de abril se dictó el sobreseimiento provisorio respecto del homicidio y el día 19 se archivó la causa.

Estos expedientes contemplan solo un caso cada uno, aunque por esas fechas fueron seis los cuerpos devueltos por el mar. Si se hubiesen incluido todos los hallazgos en un único expediente, habrían quedado registrados como un hecho unificado, ya que era evidente su vinculación. La tramitación por separado dio lugar a la dilución de cada caso entre numerosos expedientes judiciales, y derivó rápidamente en un acto de archivo silencioso, lo que, de otro modo, no hubiese podido ser tan así.

2.3.a. Los dioses tienen la certeza

En los casos analizados y otros más de ese momento, se realizaron autopsias para intentar determinar lo que no se podía deducir en un primer análisis de los cuerpos. Sobre esos procedimientos declaró décadas más tarde Juan de Jesús, quien en ese entonces era médico del Hospital de San Clemente.

De Jesús narró que, un día de semana en horas de la mañana, lo visitó Roberto León Dios, que era médico de policía en Santa Teresita. En esa ocasión le solicitó utilizar la morgue del hospital para realizar una autopsia a un cuerpo que habían encontrado en la playa, a lo que él accedió. A la semana se reiteró el pedido, y, al finalizar el médico Dios la autopsia, tuvo lugar una conversación entre ambos.

Como conclusión él me dice que estaba sorprendido por la cantidad de fracturas que el cuerpo tenía y dada la proximidad de las fechas en que habían aparecido los cuerpos, él lo intuía como que eran dos marineros que habían tenido alguna pelea adentro de un barco.^[23]

Pero Dios no escribió eso. Anotó la frase “choque violento desde altura, sobre superficie dura”. Eso no es compatible con lo que su colega afirma que le dijo en el hospital.

Julia Francisca Alderete era ayudante del Dr. Dios en Santa Teresita e intervino con él en las autopsias. Su tarea era asistirlo y limpiar los cuerpos. En su declaración en la causa ESMA relató que el médico, que era muy reservado, había afirmado que los cuerpos sufrieron el impacto de una caída; que se habían caído de un avión.^[24]

El destacamento de policía de San Clemente quedaba al lado del hospital cuya morgue utilizaba el médico Dios. Allí Etnio Llorens, por ese tiempo a cargo de esa dependencia, recibió la orden de que no se realizaran más autopsias a los cuerpos devueltos por el mar. Esa orden fue transmitida al médico De Jesús, quien a su vez se la comunicó a Dios.^[25] De todas maneras, a esa altura de los hechos, ya se había constatado la regularidad necesaria para una conclusión común sobre el origen de todos los cadáveres hallados.

Gustavo Ezequiel Catulo integraba el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita. En su declaración ante el juez federal de Dolores, en 2016, contó que, en una fecha que no pudo recordar, el Dr. Dios visitó el cuartel junto al jefe local de bomberos, Mario Cabo. En esa oportunidad el médico les dijo que los cuerpos estaban cayendo de una altura superior a los 100 metros, indicando que, en una caída desde esa distancia, el agua “se transforma en una pared”. Que después de esa conversación tuvieron la certeza de que eran lanzados desde el aire.^[26]

2.3.b. Otras lecturas de los informes forenses

Al igual que en el caso de Rosa Mora, la información siguió varios cursos burocráticos. Uno de ellos fue el recién descripto, destinado a clausurar el tema, dejando la menor cantidad de registros posibles, y a consolidar la desaparición del cuerpo mediante la inhumación como N.N.

Algunos rastros documentales que aparecieron muchos años más tarde permiten saber que, contemporáneamente a los hallazgos, las autoridades militares supieron que se trataba de los cuerpos de las personas del grupo de la Santa Cruz. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran la inquietud de ese país y de Francia respecto del destino de las monjas francesas Domon y Duquet. Hay una serie de ellos que permiten ver la deriva de respuestas esquivas y erróneas brindadas por el gobierno argentino y la progresiva aparición de una hipótesis cercana a la realidad.

Reproduzco a continuación uno de los documentos, precisamente el que introduce la hipótesis con mayor cantidad de datos.

El documento, fechado el 30 de marzo de 1978, fue emitido desde la embajada en Buenos Aires para la Secretaría de Estado en Washington, referido a información de la embajada en París. El tema es “Informe sobre la muerte de las monjas”.

El cuerpo del mensaje dice, en el punto 1, que un cable de la agencia AFP informaba que los cuerpos de las dos monjas francesas que habían sido secuestradas en diciembre junto a once activistas de derechos humanos fueron identificados entre algunos cadáveres hallados cerca de Bahía Blanca.

El punto 2 dice que Buenos Aires se había llenado de esos rumores unos meses atrás, cuando una sudestada inusual había devuelto a las playas a lo largo del Atlántico un número de cadáveres cerca de la desembocadura del Río de la Plata, entre 300 y 350 millas al norte de Bahía Blanca.

El punto 3 dice que la embajada francesa, que había intentado rastrear la fuente de esos rumores, tenía información confidencial de que las monjas habían sido secuestradas por agentes de seguridad argentinos y que, en algún momento, habían sido trasladadas a una prisión en la localidad de Junín, a unas 150 millas de Buenos Aires.

El punto 4 dice (traduzco lo más fielmente posible):

La embajada tiene también información confidencial, obtenida a través de una fuente del gobierno argentino (protegida), de que siete cuerpos fueron descubiertos algunas semanas atrás en las playas del Atlántico, cerca de Mar del Plata. De acuerdo con esta fuente, los cuerpos pertenecen a las dos monjas francesas y a cinco madres de Plaza de Mayo desaparecidas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977.

Continúa diciendo que la misma fuente informó que los secuestros fueron realizados por miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de su lucha contra el terrorismo y la subversión y que pocos en el gobierno estaban al tanto de ello.

El punto 5 finaliza valorando la fuente, refiriendo que en el pasado ha sido útil y confiable respecto de información sobre desapariciones. Agrega que la información fue recibida confidencialmente desde la embajada de Francia y debía ser resguardada.

Para el gobierno francés, se trataba de una posible versión de los hechos. Esa versión, leída desde el presente y con la información certera de las identificaciones posteriores, da cuenta de que las Fuerzas Armadas, o por lo menos la Armada en particular, tuvo conocimiento de la identidad de los cadáveres en el momento o muy poco tiempo después.

Respecto del contenido del cable, pude cotejar cómo parte de la información continuó su curso y se hizo pública ese mismo día mediante una nota de prensa en el diario La Nación. Ese medio venía siguiendo el caso de las monjas, no tanto para intentar clarificarlo como para deslindar de responsabilidad al gobierno.

2.4. Dolores, 1978

El 26 de diciembre de 1978, se presentaron en el Juzgado en lo Penal n.º 2 de Dolores Nora Morales de Cortiñas, Hebe Pavello de Mascia, Josefina García de Noia, conocida como “Pepa”, Emilio Mignone y su esposa Angélica Sosa, apodada “Chela”, todos ellos familiares de personas desaparecidas. En ese juzgado acababan de abrirse catorce expedientes destinados a investigar los hechos vinculados a la aparición de catorce cuerpos en los partidos de La Costa, Pinamar y Villa Gesell.^[27] Ellos no lo sabían, o al menos no con precisión.

Décadas más tarde, Nora Cortiñas lo recordaría como un viaje “tan triste” en el que el juez Carlos Alberto Facio los recibió muy fríamente y solo les dijo que no se sabía nada y que en algún momento se iba a investigar.

Así nos volvimos de esa reunión, sin ninguna noticia […]. Yo lloraba, terrible, no podía hablar con el juez y mi compañera, Pepa, me abrazaba y me palmeaba. Yo lloraba y lloraba y no podía hablar. Y Chela mirándome también, tan sufrida, porque en la casa de la familia Mignone, todas las denuncias se iban a llevar ahí. […]. Y así pasó el tiempo. Yo nunca recibí del juez una citación, ni tampoco Emilio, para poder volver a ver cómo se investigaba.^[28]

A fin de impulsar la investigación, ellos viajaron a la costa –por separado y en distintas fechas– para realizar averiguaciones. El 30 de diciembre, viajó Nora Cortiñas a Santa Teresita. Allí le dijeron que los cadáveres encontrados eran diecisiete. En un informe presentado por ella pocos días después en el juzgado, detalló:

Los vieron dos jóvenes que se habían internado en el mar a pescar, con una pequeña embarcación. Dieron la voz de alarma y procuraron empujar los cuerpos hacia la orilla. Intervinieron entonces la policía provincial y los bomberos voluntarios, adonde puede recurrir V.S. para completar detalles. Sin embargo transcurridas algunas horas se presentaron autoridades y fuerzas militares las que se hicieron cargo del caso e impidieron, a partir de ese momento, la presencia de vecinos y civiles. A estos les llamó la atención que desde hacía varios días algunos helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaban la región, como tratando de localizar algún objeto que flotaba en el mar y que seguramente eran los cadáveres citados. […]. A tenor de las mismas informaciones, los cuerpos fueron depositados en bolsas de plástico por las fuerzas militares y enterrados en algún lugar próximo a la playa de Santa Teresita.

Las madres sospechaban –y así se lo hicieron saber al juez– que entre los cadáveres hallados podían encontrar a sus hijos y solicitaban la posibilidad de realizar un reconocimiento. “Se trata evidentemente, de asesinatos en masa, cometidos con toda impunidad por elementos que dispusieron de barcos o aviones como para arrojarlos al mar, hecho que, por otra parte, se comenta habitualmente en la zona de playas”.

Aquel informe, presentado el 5 de enero de 1979, dio origen al expediente 39.675, y el secretario a cargo de las actuaciones informó de inmediato a los destacamentos de policía de Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell que la señora Cortiñas y un grupo de personas más se encontraban autorizadas a reconocer a las víctimas halladas en el mar que aún no hubieran podido ser identificadas.

Al no haber notificado a las mujeres –ni haberse enterado estas por medio alguno– de la autorización para realizar el reconocimiento, ellas no acudieron a ninguna de las dependencias mencionadas.

Lo siguiente que sucedió fue que el juez remitió el expediente al Departamento Judicial de Morón, en razón de que, en caso de existir un delito en los hechos denunciados, “el mismo se habría perpetrado en el domicilio de la denunciante”. Nora Cortiñas vivía en esa localidad.

Del informe elevado en esa oportunidad, específicamente de lo narrado respecto de las averiguaciones en las playas, surge que el tema de los aviones fue asumido por estas madres de Plaza de Mayo como un dato posible a partir de aquella circunstancia. Esto podría extenderse a los referentes de los organismos de derechos humanos que entonces recogían información de manera conjunta. De hecho, Emilio Mignone, uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), viajó a la costa también a realizar averiguaciones y se entrevistó con familiares de víctimas, algunos de los cuales eran bomberos y habían colaborado levantando cuerpos en las playas.^[29]

Podría afirmarse que los vuelos eran entonces, para quienes podían tener acceso a algún tipo de información, una hipótesis que comenzaba a tomar forma y protagonismo frente a otras.

Los cuerpos hallados en diciembre de 1978 deben haber convulsionado a las localidades costeras, por la cantidad en poco tiempo. Como quien reparte una baraja de naipes, entre el 16 y el 20 de ese mes, el mar depositó cadáveres a las playas de Santa Teresita, Pinamar, San Clemente del Tuyú, Mar de Ajó, Villa Gesell, San Bernardo, La Lucila y Las Toninas. Unos días antes había aparecido también el cadáver de un hombre en la Isla Flores, en Montevideo.^[30]

Los bomberos voluntarios de esas localidades eran los primeros en enterarse cuando ocurría un hallazgo. Ellos trasladaban los cuerpos hasta los destacamentos en cooperación con la policía local. Hacerlo era parte de su función como bomberos, pero eran civiles, ajenos a las fuerzas de seguridad. Por ello no participaban directamente de los circuitos de información respecto de los hechos, ni eran informados sobre lo que ocurría después con los cadáveres. Lo que sabían lo sabían como el resto de los vecinos: por conocer a alguien que sabía, por haber escuchado algo, por rumores más o menos lejanos.

Florencio Gabriel Quiroga, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, declaró en la causa instruida actualmente en Dolores y refirió a la relación entre policías y bomberos respecto del mandato de reserva en estos casos:

Había una orden expresa pero no escrita de no hablar del tema, de parte del comisario Andina. Al jefe de bomberos le llega la orden no escrita de no difundir este tipo de actividad. De esta orden tengo conocimiento que ocurrió en 1978.^[31]

Juan Luján Ceballos, compañero de Quiroga, declaró en la misma causa y afirmó:

Después de diciembre de 1978 no nos llamaron más. Nuestra teoría es que hubo alguna orden al respecto y que la policía directamente los empezó a cargar, porque era extraño que aparecieron varios cuerpos de golpe y después por un tiempo no aparecieran más.^[32]

2.5. La verdad como medio para impulsar la historia

La clandestinidad del método represivo y la desaparición como herramienta central de la dictadura argentina obligaron a las víctimas a organizar sus acciones de oposición y resistencia detrás de un objetivo primario: correr el velo de lo oculto y conocer lo que sucedía realmente con las personas que iban desapareciendo. Cuando progresivamente se fue sabiendo qué era lo que ocurría, cuando se verificó la existencia de centros de detención clandestina, se comprobaron ejecuciones sumarias y se fueron conociendo distintas acciones del terrorismo estatal, un paso inmediato consistió en la búsqueda de canales para difundir esa información.

Ya vimos cómo la agencia de noticias clandestina ANCLA diseminaba, a través de sus cables, un cúmulo de noticias recolectadas artesanalmente desde fuentes directas. Los cables llegaban tanto a individuos como a instituciones como la Iglesia católica o las propias Fuerzas Armadas. Por lo menos en este último caso, la difusión era una acción compleja: no se trataba únicamente de hacer conocer la información que el cable contenía, sino de hacer saber que esa información era conocida y estaba circulando. La clandestinidad y la doble misión de ANCLA ya mencionada convertían el acto de remisión de un cable en lo que los militares denominaban “estrategias de acción psicológica”, en busca de acciones desconcertadas de contrainteligencia.

También vimos cómo algunas madres de Plaza de Mayo y otros familiares de desaparecidos accionaban demandando verdad al Estado de distintas maneras. La solicitada en torno de cuya preparación se produjeron los secuestros del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, publicada en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977, estaba dirigida al presidente de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a la Junta Militar, a las Autoridades Eclesiásticas y a la prensa nacional. Se titulaba “Por una navidad en paz. Solo pedimos la verdad”. A todas esas instituciones, les pedían la verdad, partiendo de un hecho indiscutible a esa altura, que era la desaparición de sus familiares, y entendiendo que tenían posibilidades de entregarla, es decir, que la conocían.

El texto refería a una declaración de Videla en el exterior, donde afirmaba que quien dijera la verdad no iba a sufrir represalias. En consecuencia, preguntaban:

¿A quién debemos recurrir para saber la verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos? […]. La verdad que pedimos es saber si nuestros desaparecidos están vivos o muertos y dónde están. […]. Hemos agotado todos los medios para llegar a la verdad, por eso hoy, públicamente, requerimos la ayuda de los hombres de bien que realmente amen la verdad y la paz, y de todos aquellos que auténticamente creen en Dios y en el juicio final, del que nadie podrá evadirse.^[33]

Era una verdad acotadísima la que reclamaban y reclamarían durante los años siguientes: dónde buscar a sus hijos y si buscarlos vivos o muertos.

Mientras tanto, al juez de Dolores, no le demandaban del mismo modo, sino que le presentaban herramientas para buscar otra verdad, la relacionada con los cuerpos aparecidos en las playas. Le decían con quién hablar, dónde preguntar, cómo avanzar en aquella investigación que no estaba impulsando. Le llevaban aquello que habían logrado saber para que él, con las herramientas de la Justicia, avanzara en completar el conocimiento de los hechos. Y finalmente le pedían la posibilidad de constatar si entre esos cadáveres estaban sus hijos. Que les permitiera buscarlos allí, verificar si estaban muertos. Por respuesta recibieron el silencio.

Mientras que los familiares abrían canales para reclamar la verdad, los sobrevivientes en el exilio, a la inversa, procuraban vías para dar a conocer aquello que sabían por su experiencia en los lugares clandestinos de detención.

Cuando las personas liberadas de la ESMA comenzaron a dar sus testimonios en el exterior, muchos de ellos lo hicieron a través de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, conocida como CADHU,^[34] ante diversas instancias gubernamentales europeas y organizaciones internacionales como la ONU y el ACNUR. Eran testimonios con la forma de denuncias, en los que se plasmaban todos los datos precisos que ellos eran capaces de recordar. Algunos lo hacían de manera individual y otros grupalmente, pero no eran hechos solitarios, sino que se planificaban y sostenían entre grupos de exiliados.

La primera declaración que tematizó los vuelos de la muerte brindada de manera pública fue suscripta por Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Alicia Milia de Pirles.^[35] Fue un testimonio en que un grupo de exiliados militantes de Montoneros volcó todo lo que sabían, lo que habían vivido. Reunidos en España, trabajaron el texto con la decisión de no completar los huecos de su conocimiento. No afirmar nada deducido, por claro que se presentara. Decidieron decir exactamente lo que sabían, sin disimular las inconsistencias.^[36]

Ese testimonio se produjo poco después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina (en adelante CIDH), en septiembre de 1979, aprovechando la repercusión internacional de los cuestionamientos a la dictadura militar. Las denunciantes viajaron desde España, donde permanecían exiliadas, hasta Francia con custodia provista por François Miterrand y brindaron una conferencia de prensa el 12 octubre ante la Asamblea Francesa.

Allí narraron detalladamente el funcionamiento de la ESMA y afirmaron que los supuestos traslados no conducían a ningún campo de trabajo, sino a aviones o helicópteros desde los que los prisioneros eran arrojados vivos al mar. Describieron el procedimiento tan minuciosamente como era posible, señalando la dificultad que ellas habían tenido para asumir esta información como verdadera. Enumeraron, a continuación, las vivencias en que sustentaban sus dichos.

Afirmaron que, de las miles de personas trasladadas, no habían sabido nunca nada más y que ocasionalmente habían encontrado la vestimenta que esos hombres y mujeres llevaban al momento de sus traslados, en un depósito que denominaban “el Pañol”, donde se ponía la ropa que debían usar los secuestrados.

Narraron que, a uno de los suboficiales que participaban de los vuelos, que se hacía llamar Pedro, lo vieron regresar después de un traslado y descender de una camioneta de la Armada, llevando una caja metálica llena de grilletes. Y que el oficial de Prefectura Gonzalo Sánchez “dijo que los cuerpos eran tirados al mar en el Sur, en zonas cercanas a dependencias de la Marina”.

Contaron el caso de Tincho y el de las tres personas devueltas porque algo había fallado en la logística del vuelo.

Describieron cómo, al día siguiente de los traslados, el sótano parecía más limpio, y que los marinos decían que esos días había “desinfección”. Que, a pesar de eso, algunas veces se podían ver las marcas que los cuerpos arrastrados hacia la salida dejaban en el piso, sobre todo las suelas de goma del calzado.

En las horas siguientes al traslado la angustia se nos hacía más grande. Por un lado, nos quedaba una semana más de vida, por otro, íbamos descubriendo a qué compañero habían llevado por las colchonetas que quedaban vacías.

La denuncia abarcaba numerosos temas sensibles además de este, pero la descripción minuciosa de los vuelos fue lo que hizo que se lo considerase un testimonio de ruptura. Así lo describió Martín Gras en la entrevista ya citada con el Museo:

No se sabía qué había pasado con los desaparecidos. De hecho, estaban los compañeros que estaban presos. Estaban los muertos en combate, enfrentamientos, etcétera. Pero había todo otro enorme grupo de gente que estaba desaparecida. Y en general, las expectativas que tenían entre el exilio los parientes, etc., era que esa gente estuviera viva, probablemente en malas condiciones, situaciones angustiosas, pero vivas. […]. Y de golpe estamos diciendo que hay una especie de maquinaria de exterminio y que el grueso de la gente está muerta. Fue muy chocante. No todo el mundo recibió con aprobación ese testimonio. Muchos dudaron del testimonio.

En su tesis sobre el exilio en Francia, Marina Franco abordó el momento en que se llevó a cabo esta declaración, indicando que sintetizaba algunas cuestiones claves como la pregunta sobre si los desaparecidos estaban vivos o muertos y por qué algunas personas sobrevivían y eran liberadas y otras no (Franco, 2008: 157). Esos fueron sin duda temas críticos del exilio. Ella lo expuso así:

En el ámbito de los emigrados militantes, esto generó serios conflictos: muchos rechazaban la idea de la muerte de los desaparecidos y para otros, aún si era cierto, ¿había que decirlo? ¿cuáles eran las consecuencias sobre la tarea de denuncia? Los miembros de la CAIS,^[37] por ejemplo, impulsaron una acción alternativa para demostrar que no todos estaban muertos y que aquel testimonio era una iniciativa de la Junta para terminar con la campaña de “Aparición con Vida” de las madres de Plaza de Mayo, y que esa “gente llamada chupada” había sido enviada al exilio para decir, como precio por su libertad, que todos los desaparecidos estaban muertos.

Franco sostiene que esto provocó una crisis que desalentó posibles declaraciones similares o que hicieran referencia a la muerte de los desaparecidos.

Aquella declaración entró en línea con la brindada en 1978 por Rubén Dri y Horacio Maggio, con la de Silvia Labayru en 1979 ante el ACNUR, la de Martín Gras en 1980 ante un órgano de Naciones Unidas, las de Daleo y Castillo en 1982, entre otras. Todos ellos habían estado secuestrados en la ESMA. En la sucesión de los textos, pueden verse las tensiones respecto de qué contar, y también de las interpretaciones de la coyuntura política.

Aun con todas esas adversidades, incluyendo la mirada de desconfianza que pesaba sobre los sobrevivientes –que se acentuaba ante la noticia de la muerte de los demás–, esos testimonios buscaban que la verdad se conociera. Que el mundo supiera lo que ellos habían vivido, pero, sobre todo, que todas esas aberraciones seguían ocurriendo. Más allá de la intencionalidad que agrupaciones políticas como Montoneros pudieran tener sobre el efecto de lo transmitido en las propias filas y en otras esferas, estas denuncias buscaban “despabilar” a la sociedad argentina y también activar la presión internacional sobre el régimen dictatorial. Aun con las inmensas dificultades para permear las barreras para su difusión en el país, fueron las primeras narraciones de vivencias en primera persona que trascendieron. Y en el caso de la realizada por las mujeres, la primera denuncia pública de los vuelos de la muerte efectuada a partir de lo vivido en el interior de la ESMA.

En estos ejemplos, la verdad es portada por distintas personas, reconstruida y transmitida con el fin de provocar un efecto en el presente, de modificar el curso acelerado de los acontecimientos y, en cierta forma, de cambiar el futuro.

2.5.a. La CIDH

La resonancia internacional que provocaban las denuncias que de manera sistemática se realizaban desde 1976 llevaron a que, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitara el país. La visita implicó una serie de reuniones con representantes del gobierno de facto, expresidentes y referentes de grupos sindicales, empresariales, etc. Respecto de las víctimas, la comisión decidió tomar denuncias en forma directa. Visitaron centros de detención legal y también lugares de detención ilegal referidos en las denuncias colectadas.

El informe resultante de esta visita fue publicado en abril de 1980. Allí se indicaba que el problema más grave que se había podido constatar era el de las desapariciones de personas.

El capítulo II se titula “Derecho a la vida” y tiene un punto dedicado a los muertos no identificados, donde deja ver el estado del conocimiento de los hechos –en términos de verificación casi judicial–, que se refleja en las descripciones de los crímenes y sus métodos.

La investigación fue dirigida a recoger evidencias acerca de las denuncias que ya tenía la OEA y de las que recibió in situ. Constatar la desaparición, más allá de los relatos de los secuestros y de la realidad de la ausencia, era –y es– un objetivo complejo. Por ello, buscaron en los lugares donde los perpetradores pudieran estar escondiendo a las víctimas, vivas o muertas: visitaron los lugares de posible detención clandestina y los cementerios donde podrían haber sido inhumadas como N.N. Sobre esto último expresó la Comisión, a partir de una visita al cementerio de la ciudad de La Plata.

Se comprobó posteriormente que durante los años 1976, 1977, 1978 y 1979 existió un número apreciable de personas enterradas bajo esta nominación. Asimismo, pudo establecerse que en muchos de estos casos el diagnóstico de la causa de la muerte consistió en establecer que el fallecimiento se produjo por “estallido de masa encefálica producido por proyectil de arma de fuego”.
Al solicitar explicaciones a las autoridades acerca de los procedimientos seguidos para tratar de establecer la identidad de las personas, se indicó a la CIDH que la mayoría de estos casos corresponden a hombres y mujeres muertos en enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno y que por el estado de destrucción o incineración del cadáver, no fue posible identificarlos.

La comisión solicitó al Ministerio del Interior información sobre la cantidad de personas inhumadas como N.N., así como también el “número y nombres de personas que hayan fallecido en enfrentamientos”. Sobre el primer requerimiento, recibió una respuesta que indicaba que, entre el 1.º de enero de 1976 y el 25 de julio de 1979, fueron inhumados como N.N. en todo el país aproximadamente 1.554 cadáveres. Esa información habría surgido de una supuesta consulta del Ministerio a las provincias. Sobre la segunda cuestión, el informe indica que no se recibió respuesta.

Entre las conclusiones arribadas por la Comisión, el primer ítem enunciado refirió a la afectación del derecho a la vida. Al respecto, el texto expresa:

… en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto.

Tal vez esta haya sido la primera afirmación de un organismo oficial acerca de la posibilidad de que los desaparecidos estuvieran muertos. Esto sin dudas afectó el modo en que el informe fue recibido entre los familiares.

En su tesis sobre la historia política del informe Nunca Más, el sociólogo Emilio Crenzel afirmó, respecto del efecto del informe de la CIDH, que “tuvo una gran circulación entre los denunciantes en el país y en el exterior y puede afirmarse que universalizó entre ellos el conocimiento sobre el sistema de desaparición y la responsabilidad militar en su planificación”. Agregó que, “sin embargo, ello no significó que el reconocimiento de la naturaleza última de los desaparecidos, el exterminio, fuese aceptado por todos” (Crenzel, 2008: 42).

Es interesante reparar en el rol que él atribuye a este documento, que puede extenderse a otros de su tipo, aun cuando su circulación fuese acotada a quienes estaban directamente afectados por los hechos denunciados. Este acto de unificar lo que se sabe o, por lo menos, de poner a disposición una cantidad de información tendrá como consecuencia la conformación progresiva de un estado de situación sobre el que se montarían de ahí en más los reclamos. En ese sentido, el conocimiento sobre el sistema concentracionario –dicho con un término anacrónico, ya que no era referido así entonces– cristalizó en cierta forma en una verdad. Y, en el marco de ese mismo efecto, las afirmaciones sobre la muerte de los desaparecidos provocaron reacciones inmediatas. El informe era necesario, pero decía algo que resultaba inadmisible, aun cuando reafirmara lo que los sobrevivientes venían sugiriendo desde el exterior cuando abordaban el tema de los traslados en general y de los vuelos en particular.

Crenzel habla de “conocimiento o reconocimiento” de la naturaleza de las desapariciones. Me detengo en esto porque la suma de ambos términos expone la relación entre saber y aceptar. Conocer y reconocer son pasos hacia la consolidación de una verdad, así como también reconocerse en ese saber. Vuelvo acá a Foucault para pensar a la CIDH como un actor que tiene un lugar reconocido como enunciador de la verdad, pero ese reconocimiento solo es tal si aquellos a quienes está destinada esa verdad la reciben y la aceptan.

Para una madre cuyo hijo se encontraba desaparecido, no era lo mismo identificarse como quien buscaba a su hijo, que hacerlo como quien lo perdió. Y la resistencia frente a esa idea –no existía aún la certeza, era solo una presunción– comportó una batalla compleja, no siempre colectiva. El proceso hacia la aceptación de la muerte –lo veremos más adelante– implicó el tránsito de un largo período de tiempo y posiblemente mucha soledad.

En algún sentido, fue ese mismo camino el que siguió la información sobre los vuelos de la muerte. Las noticias sobre los hallazgos de cadáveres y sus signos rotundos de violencia, sumadas a la coherencia de los testimonios de los sobrevivientes, pudieron haber dado lugar a deducciones inmediatas. Si esto no sucedió, fue porque todavía faltaba transitar el largo camino hasta el momento en que los distintos actores pudieran reconocerse en esa verdad, como compañeros o familiares de las víctimas de ese destino o también como habitantes de una comunidad donde eso era posible.

2.5.b. Conocimiento y acción

En este período, la verdad comenzó a aflorar con la solidez de los testimonios de primera mano y los distintos actores diseñaron estrategias de acción –más o menos planificadas– para que fluyera. El objetivo era interrumpir el curso de los hechos. Como los hechos denunciados eran perpetrados por el accionar coordinado de instituciones del Estado, aquellos mensajes estuvieron destinados a la sociedad civil y a la comunidad internacional.

Todas las acciones descriptas –las del periodismo clandestino, de los familiares, de los sobrevivientes– fueron estrategias para impulsar la historia en un modo que rompiera con la inercia de la inacción de la ciudadanía o la inercia de la delegación de la acción en quienes usaban la violencia para garantizar un determinado curso de los acontecimientos. Fueron estrategias basadas en la certeza de que la difusión de la verdad era el medio para provocar una reacción que llevase a poner fin a la dictadura.

Todas estas personas actuaban bajo la convicción de que revelando lo oculto se podría cambiar el curso de la historia.

El hombre que escribió a ANCLA contando lo sucedido en el lago San Roque intentó darle curso policial a eso que llegó a conocer, pero no lo logró. Recurrió entonces a la prensa clandestina para que fuera replicado su saber. Para que llegara a otros que pudieran hacer algo. Su acción fue la de la transmisión. No dudó de la veracidad del relato de los buzos. Lo tomó y lo hizo saber. La función de esa verdad era propagar el espanto y provocar nuevas acciones, en lo posible aquellas necesarias para investigar específicamente los hechos, cuya consecuencia fueron esos cadáveres en el fondo del lago.

Con la declaración de las mujeres en París, la verdad de esa forma de la muerte al ser enunciada en ese lugar estaba destinada a cambiar el presente, para romper con la continuidad de las muertes en la ESMA; a suspender la historia en ese punto. Eso podía lograrse, sobre todo, a partir de las presiones que la comunidad internacional pudiera ejercer. El programa de la CADHU, que había motorizado ese y otros testimonios, rezaba: “La denuncia que alerta a la opinión pública es la que permite que la presión internacional se ejerza para corregir las flagrantes violaciones a los derechos humanos…”.^[38]

Sin embargo, en lo inmediato el efecto de ese mensaje, si se le otorgaba estatus de verdad, sería el desplazamiento de los cálculos optimistas de quienes esperaban la reaparición con vida de sus seres queridos por una certeza complejísima que no era solo la de la muerte, sino también la de la desaparición del cuerpo posiblemente para siempre. Era una información que implicaba ir más allá del miedo a tener que dejar de buscar personas vivas para pasar a buscar personas muertas. Implicaba poner a los familiares en la situación de ya no poder siquiera buscar. Esa era la tragedia portada por ese testimonio. Por eso fue tan difícil de aceptar y también por eso se urdieron conspiraciones diversas como la narrada por Marina Franco y otras tantas.^[39]

También la nota enviada por las madres de Plaza de Mayo al juez de Dolores se basaba en la ilusión de que aquello que habían averiguado impulsara una acción concreta de investigación. Buscar la verdad implicaba para ellas una acción física, un movimiento. Encontrarla significaba el impulso de nuevas acciones. Esa idea de la verdad como una llave que daría lugar a un nuevo curso de acciones cobró una dimensión muy concreta cuando, ya en democracia, se abrió el camino de la justicia.