Teorías, actores y transformaciones sociales y políticas en América Latina
Karolina Gilas[1]
Introducción
El estudio del género y su impacto en la sociedad y el gobierno ha adquirido una creciente relevancia en las últimas décadas. La comprensión de las desigualdades de género y la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+ se han convertido en temas centrales en el ámbito académico, político y social, lo cual evidencia que la importancia de estudiar el género radica en su carácter transversal y su influencia en todos los ámbitos de la vida social. El género “es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott 1986, p. 1067). Comprender cómo se construyen y se reproducen las desigualdades de género es fundamental para identificar los mecanismos de opresión y discriminación, y para diseñar estrategias de transformación social.
El concepto de género, central en este análisis, se refiere a la construcción social de roles, comportamientos, expresiones e identidades de mujeres, hombres y personas de diversas identidades de género. Es un concepto dinámico que varía entre culturas y a lo largo del tiempo, y que interactúa con otras categorías sociales como la raza, la clase y la sexualidad (Butler, 1990). El género, como categoría analítica, ha sido objeto de intensos debates teóricos. Mientras que algunas corrientes lo entienden como un sistema binario basado en diferencias biológicas, otras perspectivas, como la teoría queer, desafían esta concepción binaria y argumentan que el género es fluido y performativo (Butler, 1990; Fausto-Sterling, 2000).
Este trabajo se propone explorar las teorías, los actores, sus estrategias e impacto del género en el gobierno y la sociedad, con el objetivo de visibilizar las desigualdades y los desafíos pendientes. Para ello, se abordarán las principales teorías que han contribuido a la comprensión del género; se analizará el papel de los diversos actores que han impulsado la lucha por la igualdad de género y sus estrategias para visibilizar las desigualdades y promover cambios sociales y políticos. Asimismo, se reflexionará sobre el impacto del género en el gobierno y la sociedad, analizando cómo las desigualdades de género se manifiestan en diferentes ámbitos, como la participación política. Se evidenciarán los avances en materia de políticas públicas y legislación con perspectiva de género, así como los desafíos para su implementación efectiva.
En un contexto global marcado por los desafíos de la pandemia, la crisis climática y el auge de los movimientos autoritarios y conservadores, el estudio del género y la lucha por la igualdad adquieren una renovada urgencia. Como argumenta Amorós (2000), el feminismo es un proyecto emancipatorio que no puede ser solo para las mujeres, sino que debe ser un proyecto de emancipación humana. Este trabajo busca contribuir a ese proyecto, visibilizando las aportaciones del feminismo y estudios de género en la construcción del conocimiento y de las sociedades más justas e inclusivas.
Este capítulo se estructura en cinco secciones principales. Primero, se abordan las teorías fundamentales sobre género, explorando desde el feminismo liberal hasta los enfoques interseccionales y transnacionales. Luego, se analizan los actores clave en el ámbito del género, incluyendo movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la academia. La tercera sección examina el impacto del género en el gobierno y la sociedad, focalizándose en la participación política y las transformaciones sociales. Posteriormente, se discuten los desafíos contemporáneos y la reacción conservadora. Finalmente, se presentan las conclusiones, reflexionando sobre los avances logrados y los retos pendientes en la lucha por la igualdad de género.
Teorías fundamentales sobre género
El feminismo es un movimiento social, político e intelectual multifacético, dedicado a lograr la igualdad y la justicia de género. En su esencia, el feminismo desafía los sistemas de patriarcado y dominación masculina que han subordinado históricamente a las mujeres y a otros géneros marginados. Aunque se enfoca en los derechos y experiencias de las mujeres, el feminismo también examina jerarquías sociales más amplias y formas interseccionales de opresión basadas en raza, clase, sexualidad, discapacidad y otros factores.
La teoría feminista surgió como el brazo intelectual del movimiento feminista, desarrollando marcos críticos para analizar la desigualdad y opresión basadas en el género. Abarca una amplia gama de perspectivas y enfoques en las disciplinas académicas de las humanidades y las ciencias sociales (Jaggar, 1983). Las teóricas feministas examinan cómo el género configura las instituciones sociales, las prácticas culturales, la producción de conocimiento y las experiencias individuales. Su objetivo es desnaturalizar las suposiciones sobre el género y destacar la naturaleza socialmente construida de los roles de género, las identidades y las relaciones de poder (Butler, 1990).
Una de las características definitorias de la teoría feminista es su compromiso con integrar las experiencias y perspectivas vividas por las mujeres en los marcos de conocimiento (Lagarde, 1996). Las académicas feministas argumentan que las disciplinas académicas tradicionales y los cánones de pensamiento han sido androcéntricos, dado que han reflejado y reforzado el privilegio masculino mientras marginan o excluyen las voces y preocupaciones de las mujeres. La teoría feminista busca transformar las disciplinas al centrar los puntos de vista de las mujeres y desarrollar nuevas herramientas conceptuales y metodológicas.
Feminismo liberal
El feminismo liberal representa una de las corrientes más tempranas y duraderas en la teoría feminista. Basado en los ideales de la Ilustración sobre los derechos individuales y la igualdad, las feministas liberales abogan por la autonomía personal y la igualdad política, legal y económica de las mujeres dentro de los sistemas sociales existentes. Se enfocan en eliminar la discriminación de género y en expandir las oportunidades y opciones de las mujeres.
La vindicación de los derechos de la mujer (1792) de Mary Wollstonecraft es considerado un texto fundamental del feminismo liberal. Wollstonecraft argumentaba que el estatus inferior de las mujeres no era natural, sino el resultado de una educación limitada y las expectativas sociales, por lo que abogaba por la educación de las mujeres como un medio para lograr la igualdad y la plena ciudadanía. En el siglo XIX y principios del siglo XX, el feminismo liberal se centró en el sufragio y los derechos legales. Posteriormente, el de la segunda ola, ejemplificado por La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan, abordó el confinamiento doméstico de las mujeres de clase media y abogó por su inclusión en la fuerza laboral.
Las feministas liberales contemporáneas, como Martha Nussbaum, han ampliado el alcance de la teoría feminista liberal. El enfoque de las capacidades de Nussbaum enfatiza la creación de condiciones para que las mujeres desarrollen su potencial humano completo, abordando cuestiones de desigualdad de género global y desarrollo (Nussbaum, 2000).
Los críticos argumentan que el enfoque del feminismo liberal en los derechos individuales y la igualdad formal no considera las desigualdades estructurales más profundas y las intersecciones del género con la raza, la clase y otras formas de opresión. Algunos sostienen que el énfasis del feminismo liberal en que las mujeres ingresen a esferas dominadas por hombres refuerza en lugar de desafiar los valores patriarcales. A pesar de estas críticas, el feminismo liberal sigue siendo influyente en la formulación de políticas y en el discurso principal sobre la igualdad de género.
Feminismo radical
En contraste, el feminismo radical, que surgió en los años 60 y 70 del siglo pasado, se denomina “radical” porque busca ir a la raíz de la opresión de las mujeres, la que se identifica en el sistema patriarcal. Este enfoque postula que la opresión basada en el género es la forma más fundamental de opresión, de la cual derivan todas las demás. Las feministas radicales argumentan que el patriarcado ‒el sistema de dominación masculina‒ está en la raíz de la opresión de las mujeres y debe ser completamente desmantelado para lograr una verdadera igualdad (Millett, 1970). El análisis feminista radical se enfoca en temas como la violencia contra las mujeres, la sexualidad y los derechos reproductivos (Dworkin, 1974).
Un concepto clave en la teoría feminista radical es que “lo personal es político”, acuñado por Carol Hanisch (1970), que significa que las experiencias personales de opresión de las mujeres no son incidentes aislados, sino parte de un sistema más amplio de poder patriarcal. Este entendimiento llevó a las feministas radicales a analizar y politizar cuestiones previamente consideradas privadas, como la violencia doméstica, el acoso sexual y la violación.
El feminismo radical también ha abordado el debate sobre el esencialismo, es decir, la idea de que existe una esencia femenina innata. Mientras que algunas feministas radicales han adoptado posturas esencialistas, argumentando que las mujeres tienen cualidades únicas y superiores, otras han criticado esta visión por reforzar estereotipos de género y excluir a mujeres que no se ajustan a estas nociones esencialistas (Echols, 1989).
Las feministas radicales se han preocupado particularmente por cuestiones de sexualidad y violencia contra las mujeres. Teóricas como Andrea Dworkin (1981) y Catharine MacKinnon (1989) desarrollaron críticas influyentes de la pornografía, argumentando que normaliza la violencia contra las mujeres y refuerza la dominación masculina. Estos análisis llevaron a estrategias legales para combatir la pornografía como una forma de discriminación sexual.
Otra contribución significativa del feminismo radical es el desarrollo de espacios y organizaciones solo para mujeres. Las feministas radicales argumentaban (luchaban, defendían, respaldaban) la importancia de que las mujeres se organizaran autónomamente, libres de la influencia masculina, para desarrollar una conciencia feminista y estrategias para la liberación, lo que llevó a la creación de refugios para mujeres, entre otros.
Los críticos del feminismo radical objetan que esencializa las experiencias de las mujeres, ignorando las diferencias entre ellas basadas en la raza, la clase y la sexualidad. Algunos también sostienen que su enfoque en la dominación masculina como la forma principal de opresión simplifica en exceso las relaciones sociales complejas. A pesar de estas críticas, el feminismo radical ha tenido un impacto duradero en la teoría y el activismo feminista, particularmente en su análisis de la sexualidad, la violencia y la necesidad de una transformación social fundamental.
Feminismo socialista y marxista
El feminismo socialista y marxista surgió de la tradición del pensamiento socialista, argumentando que la opresión de las mujeres está intrínsecamente vinculada a la explotación capitalista. Estos enfoques sostienen que la desigualdad de género no puede abordarse adecuadamente sin enfrentar la desigualdad de clase y el modo de producción capitalista (Hartmann, 1979).
Las feministas marxistas se basan directamente en el análisis de Marx sobre el capitalismo, extendiéndolo para comprender la opresión de las mujeres. Argumentan que el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo reproductivo de las mujeres son esenciales para la reproducción de la fuerza laboral y, por lo tanto, para la acumulación capitalista. Este “trabajo reproductivo” se ve como una forma de explotación que beneficia tanto a los hombres individuales como a la clase capitalista.
Las feministas socialistas, aunque influenciadas por el pensamiento marxista, a menudo incorporan ideas del feminismo radical sobre el patriarcado. La “teoría de los sistemas duales” de Heidi Hartmann sostiene que el patriarcado y el capitalismo son sistemas de opresión separados pero que interactúan. Este enfoque intenta explicar cómo la opresión de género persiste en las sociedades socialistas y cómo la explotación de clase afecta a las mujeres de manera diferente que a los hombres (Hartmann, 1979).
Una contribución clave del feminismo socialista es el concepto de “reproducción social”, que abarca todas las actividades necesarias para reproducir la clase trabajadora en una base diaria y generacional. Académicas feministas como Lise Vogel han desarrollado análisis sofisticados de cómo la reproducción social es integral a la producción capitalista, moldeando las relaciones de género y la opresión de las mujeres (Vogel, 1983).
Las feministas socialistas y marxistas también han hecho contribuciones significativas para entender el trabajo de las mujeres. Han analizado la división de género del trabajo, tanto en el hogar como en la fuerza laboral, y cómo esta división sirve a los intereses capitalistas. Teóricas como Angela Davis han examinado cómo la raza, el género y la clase se entrecruzan para moldear las experiencias laborales de las mujeres, particularmente para las mujeres de color y las mujeres de clase trabajadora (Davis, 1981).
Los críticos del feminismo socialista y marxista argumentan que estos enfoques pueden ser reduccionistas en términos económicos, potencialmente pasando por alto aspectos culturales y psicológicos importantes de la opresión de género. Algunos también sostienen que el enfoque en la clase puede oscurecer otros ejes importantes de opresión. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un resurgimiento del interés en los enfoques feministas socialistas, particularmente a la luz de la creciente desigualdad económica y la precariedad que afecta a las mujeres globalmente.
Feminismo posmoderno y posestructuralista
Surgidos en las décadas de 1980 y 1990, estos enfoques desafían las nociones estables de identidad y critican las grandes narrativas sobre las experiencias de las mujeres (Nicholson, 1990). El trabajo de Judith Butler, El género en disputa (1990), revolucionó la teoría feminista al desestabilizar la noción de una identidad de género fija, argumentando que el género es performativo, no una identidad esencial, algo que “hacemos” a través de actos repetidos. Esta teoría trastoca la noción de una identidad de género natural o fija y abre posibilidades para subvertir las normas de género (Butler, 1990).
A su vez, las feministas posestructuralistas como Hélène Cixous y Luce Irigaray han desarrollado teorías de la diferencia sexual que desafían el falocentrismo del pensamiento occidental y abogan por nuevas formas de pensar y escribir que abracen la especificidad y la multiplicidad femenina, en lugar de intentar encajar a las mujeres en categorías definidas por los hombres (Irigaray, 1985; Cixous, 1976).
Feminismo interseccional
Se origina en el trabajo de académicas feministas negras, como Kimberlé Crenshaw, quien acuñó el término “interseccionalidad” en 1989, desafiando el pensamiento de un solo eje en el análisis de la desigualdad y postulando que varias categorías sociales, como género, raza, clase, sexualidad, discapacidad y nacionalidad ‒entre muchas otras‒ no operan de manera independiente, sino que interactúan para crear experiencias únicas de opresión y privilegio (Crenshaw, 1989).
El feminismo interseccional ha tenido un impacto significativo en la teoría y la práctica feminista al resaltar la diversidad de las experiencias de las mujeres y la complejidad de las relaciones de poder. Ha llevado a análisis más matizados de privilegio y opresión, desafiando las nociones simplistas de feminidad universal o hermandad (hooks, 1984). En la academia, la interseccionalidad se ha convertido en una herramienta analítica crucial en varias disciplinas, incluyendo sociología, derecho y ciencia política, impulsando reconsideraciones sobre cómo conceptualizan y estudian la identidad, la desigualdad y la justicia social.
Feminismos transnacionales y poscoloniales
Estos enfoques critican la tendencia del feminismo occidental a universalizar las experiencias de las mujeres del norte global. Analizan el género dentro de sistemas globales de poder, incluyendo el colonialismo y la globalización. Chandra Talpade Mohanty, en su ensayo Bajo los ojos occidentales (1984), criticó la construcción monolítica de la “mujer del tercer mundo” en la academia feminista occidental, como una víctima singular y sin poder, puesto que ignora la diversidad y la agencia de las mujeres en el sur global.
El feminismo transnacional, a su vez, enfatiza la interconexión de las luchas de las mujeres a través de las fronteras nacionales, al tiempo que presta atención a las diferencias y desigualdades entre las mujeres. También analiza cómo los procesos económicos y políticos globales afectan a las mujeres de manera diferente según sus ubicaciones geográficas y sociales (Grewal y Kaplan, 1994).
Las diversas corrientes teóricas del feminismo, aunque divergen en sus análisis y propuestas, comparten el objetivo común de comprender y desmantelar las estructuras de opresión basadas en el género. El feminismo liberal ha sido fundamental en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades dentro de los marcos institucionales existentes. El feminismo radical, por su parte, ha profundizado en el análisis de las raíces de la opresión de género y ha politizado aspectos de la vida privada. Los enfoques socialistas y marxistas han vinculado la opresión de género con las estructuras económicas, mientras que las perspectivas posmodernas, interseccionales y transnacionales han ampliado nuestra comprensión de la complejidad y diversidad de las experiencias de género. Cada una de estas corrientes ha contribuido a enriquecer el debate teórico y a informar las estrategias de lucha por la igualdad de género en diferentes contextos históricos y culturales.
Estas corrientes teóricas también han tenido un impacto significativo en las políticas públicas y los movimientos sociales en América Latina. Por ejemplo, el feminismo liberal ha influido en la implementación de leyes de cuotas y paridad de género en la política (Htun, 2016). El feminismo radical ha sido fundamental en la visibilización y lucha contra la violencia de género, por ejemplo, llevó a la adopción de leyes como la Ley Maria da Penha en Brasil (Macaulay, 2006). Los enfoques interseccionales y decoloniales han sido cruciales para abordar las experiencias específicas de las mujeres indígenas y afrodescendientes, dado que han influido en políticas de reconocimiento y redistribución (Rousseau, 2011).
Actores clave en el ámbito del género
Movimientos sociales
Los movimientos sociales ‒feministas y de diversidad sexogenérica‒ han sido actores fundamentales en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Estos movimientos han desafiado las normas y estructuras sociales opresivas, y han logrado impulsar cambios significativos en las políticas, las leyes y las actitudes sociales.
Los movimientos feministas tienen sus raíces en la lucha por la emancipación y los derechos de las mujeres en el siglo XIX, centrados en la lucha por los derechos políticos y legales, incluyendo el derecho al voto. La “segunda ola” del feminismo, que surgió en la década de 1960, amplió la agenda feminista para incluir temas como la liberación sexual, la igualdad en el ámbito laboral y la violencia contra las mujeres. La “tercera ola”, que surge en la década de 1990, ha enfatizado la individualidad y la diversidad de experiencias de las mujeres, cuestionando el género como constructo social y no binario. Más reciente, la “cuarta ola” del feminismo ha puesto énfasis en la justicia para las mujeres, combate su cosificación, el acoso sexual, la humillación corporal o la cultura de la violación. Surgido en la década de 2010, el movimiento emplea herramientas digitales y algunas de sus corrientes incorporan en el debate la defensa de los derechos a otros grupos, como personas homosexuales, transgénero o racializadas.
El movimiento feminista en América Latina tiene una rica historia, con movilizaciones significativas que ocurrieron durante las décadas de 1970 y 1980 en el contexto de regímenes autoritarios y procesos de democratización (Jaquette, 1994).[2] En años recientes, el feminismo en América Latina ha visto un resurgimiento con movimientos como #NiUnaMenos, que se originó en Argentina en 2015 para protestar contra la violencia de género. Este movimiento se extendió rápidamente por la región, movilizó a millones y puso los temas de feminicidio y violencia contra las mujeres en la vanguardia de las agendas políticas (Acosta, 2018). Tienen impacto en la adopción de las legislaciones relativas al aborto y a la violencia de género.
Por su parte, los movimientos LGBTQ+ modernos, que surgieron tras los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York, han luchado por los derechos y la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y otras identidades no normativas. Los movimientos LGBTQ+ en América Latina han logrado avances significativos en las últimas décadas. Países como Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, a menudo como resultado de un activismo sostenido (Corrales, 2015).
Tanto los movimientos feministas como los LGBTQ+ han utilizado diversas estrategias de activismo, como marchas, manifestaciones, acciones directas, educación y sensibilización, para visibilizar sus demandas y generar cambios sociales y políticos. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, enfrentan aún muchos desafíos, como la persistencia de la discriminación y la violencia, la resistencia de sectores conservadores, y la necesidad de una mayor inclusión y representación de las voces y experiencias de las personas más marginalizadas dentro de sus propias comunidades.
Organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los activistas han desempeñado un papel crucial en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQ+ a nivel global. A menudo actúan como intermediarios entre los movimientos de base y las instituciones estatales, proporcionando recursos, experiencia y conexiones internacionales (Alvarez, 1999).
En la década de 1990, muchos países latinoamericanos vieron una proliferación de OSC enfocadas en temas de mujeres. Estas organizaciones a menudo asumieron roles de prestación de servicios y han sido particularmente importantes en áreas donde los Estados han sido reacios a actuar, como los derechos reproductivos. Por ejemplo, organizaciones como MYSU en Uruguay han sido fundamentales en la defensa e implementación de educación sexual integral y el acceso al aborto seguro (Wood et al., 2017).
En México, las OSC feministas y de mujeres han sido fundamentales en el avance de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en diversos ámbitos. Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han estado a la vanguardia de la defensa de los derechos reproductivos, desempeñando un papel crucial en la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007 y en los avances legales subsecuentes en todo el país (Lamas, 2017). La Red Nacional de Refugios ha sido instrumental en proporcionar apoyo y protección a las sobrevivientes de violencia doméstica, no solo ofreciendo refugio inmediato, sino también trabajando en prevención y en la defensa de políticas más fuertes para combatir la violencia de género. En el ámbito político, organizaciones como Mujeres en Plural o 50+1 han trabajado para aumentar la participación y representación política de las mujeres, desempeñando un papel crucial en la implementación de cuotas de género y de la paridad (Freidenberg y Gilas, 2022).
Las organizaciones de derechos LGBTQ+ también han sido muy importantes en el avance de la igualdad y la visibilidad para las minorías sexuales y de género. En México, organizaciones como Yaaj México y El Clóset de Sor Juana han contribuido significativamente a los avances legales y sociales para las personas LGBTQ+, y han sido cruciales para conquistar derechos, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en los 32 estados a partir de octubre de 2022 (Corrales, 2015). Y también para abordar los desafíos continuos, incluyendo la violencia contra las personas LGBTQ+, la discriminación en la atención sanitaria y el empleo y la presión para la aprobación de leyes de reconocimiento de identidad de género.
Organismos internacionales
Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQ+ a nivel global. Estas entidades tienen la capacidad de establecer políticas, leyes y programas que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la transformación de las sociedades, y han impulsado la creación de las instituciones específicas para abordar las cuestiones de género, como los ministerios o secretarías de la mujer o de igualdad de género (McBride y Mazur, 2010).
Las Naciones Unidas y sus agencias especializadas han sido fundamentales en el establecimiento de estándares y objetivos globales para la igualdad de género. La ONU ha adoptado numerosos tratados y declaraciones que consagran estos derechos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008. Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, particularmente la Conferencia de Beijing de 1995, fueron instrumentales para establecer compromisos globales con los derechos de las mujeres; mientras que las agencias como ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han trabajado en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desempeñado un papel importante en la despatologización de la homosexualidad y la promoción de la salud y los derechos de las personas LGBTQ+.
A nivel regional, organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido claves en el avance de la igualdad de género en América Latina. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por la OEA en 1994, fue el primer tratado internacional en abordar la violencia contra las mujeres.
A pesar de estos avances, las instituciones gubernamentales y los organismos internacionales a menudo enfrentan desafíos y limitaciones en su trabajo por la igualdad de género y los derechos LGBTQ+. Como señala Zwingel (2016), la implementación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos a nivel nacional sigue siendo un desafío, y las instituciones gubernamentales a menudo carecen de los recursos y la capacidad necesarios para cumplir plenamente con sus compromisos.
Academia y centros de investigación
La academia y los centros de investigación han llevado a cabo un papel fundamental en el estudio y la comprensión de las cuestiones de género, así como en la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+ en América Latina. Los programas de Estudios de Mujeres y Género han proliferado en la región desde la década de 1980, proporcionando espacios institucionales para la producción de conocimiento feminista (Saporta Sternbach et al., 1992).
Los estudios de género y los estudios LGBTQ+ han surgido como campos interdisciplinarios que analizan las relaciones de género y la diversidad sexual desde una perspectiva crítica. Como señala Berger (2013), “los estudios de género y los estudios LGBTQ+ han desafiado los paradigmas tradicionales de conocimiento y han generado nuevas formas de entender la identidad, la sexualidad y las relaciones de poder” (p. 1).
Las académicas feministas latinoamericanas han hecho contribuciones significativas a la teoría feminista global. Por ejemplo, el trabajo de María Lugones sobre la “colonialidad de género” ha sido influyente en el pensamiento feminista decolonial, puesto que destaca cómo las categorías de género son productos de procesos coloniales (Lugones, 2010). Mara Viveros Vigoya, a su vez, ha explorado las intersecciones de género, raza y sexualidad en la región, y ha aportado así a la teoría de interseccionalidad (Viveros Vigoya, 2016).
Los centros de investigación especializados en género y sexualidad, como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (antes Programa Universitario de Estudios de Género) de la UNAM en México, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile o el Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil, entre muchos otros, han sido espacios clave para la generación y difusión de conocimientos sobre estas temáticas en América Latina (Careaga y Jiménez, 2020).
En particular, el CIEG de la UNAM ha contribuido significativamente a la producción de conocimiento feminista y de género, abordando temas como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, las masculinidades, entre otros (CIEG-UNAM, 2022). Otras instituciones mexicanas, como El Colegio de México a través de su Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), también han sido fundamentales en el desarrollo de la investigación de género en el país.
Si bien la academia ha sido un sitio importante para la producción de conocimiento feminista, también enfrenta desafíos. Estos incluyen la continua subrepresentación de mujeres en posiciones académicas de alto rango y las tensiones entre el feminismo académico y los movimientos activistas, además del enorme reto de incorporar la perspectiva de género en la investigación y enseñanza (Espinosa Miñoso, 2016).
Impacto del género en el gobierno y la sociedad
En las últimas décadas, la participación política y la representación de mujeres y personas de diversidad sexogenérica han visto un progreso significativo a nivel global. En muchos países, la representación de las mujeres en los Parlamentos nacionales ha aumentado, y algunas naciones han rebasado, alcanzado o se han acercado a la paridad de género. En enero de 2024, las mujeres ocupaban el 26.9 % de los escaños parlamentarios a nivel mundial, un aumento lento pero constante respecto a décadas anteriores (Unión Interparlamentaria, 2024).
En América Latina, las cuotas de género han sido instrumentales para aumentar la representación política de las mujeres. Países como México, Argentina, Costa Rica o Ecuador han implementado leyes de paridad, que requieren que los partidos políticos nominen un número igual de hombres y mujeres para puestos electivos (Freidenberg y Gilas, 2022). Esto ha llevado a incrementos sustanciales en la representación de las mujeres, y así la región ha alcanzado 31 %, encabezada por Cuba (55.7 %), Nicaragua (53.9 %) y México (50.4 %).
En México, los avances en materia de igualdad de género han sido notables en algunas áreas, pero persisten desafíos importantes. En términos de representación política, México ha logrado la paridad en el Congreso federal, con 50 % de mujeres en la Cámara de Diputados y 49.2 % en el Senado en 2021, así como la paridad exacta en la Cámara de Diputados y en el Senado después de las elecciones de 2024. Sin embargo, a nivel municipal, la representación femenina es menor, con solo 22.9 % de las presidencias municipales ocupadas por mujeres en 2022 (INMUJERES, 2021).
En el ámbito laboral, la brecha salarial de género en México es del 18.8 %, ligeramente por debajo del promedio mundial (INEGI, 2022). La participación de las mujeres en la fuerza laboral es del 45 %, comparado con el 77 % de los hombres (INEGI, 2022). En cuanto a la violencia de género, el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida (ENDIREH, 2021). En el país, los mayores avances se han logrado en el ámbito de la política, mientras que la participación en la economía y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres siguen siendo tareas pendientes, donde los avances son lentos e insatisfactorios.
En general, el aumento de la representación política de las mujeres ha tenido un impacto variado en las políticas públicas en América Latina. Algunos estudios sugieren que una mayor presencia de mujeres en los Parlamentos ha llevado a una mayor atención a temas como la violencia de género, los derechos reproductivos y las políticas de cuidado (Franceschet y Piscopo, 2008). Por ejemplo, en Argentina, la presencia de legisladoras fue crucial para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 (Felitti, 2020). Sin embargo, otras investigaciones advierten que la mera presencia de mujeres no garantiza cambios sustantivos, y que factores como la ideología partidaria y las normas institucionales también juegan un papel importante en la formulación de políticas con perspectiva de género (Htun et al., 2013; Htun, 2016; Freidenberg et al., 2022).
La representación LGBTQ+ en la política también ha aumentado, aunque más lentamente. En 2020, había casi 2,000 funcionarios electos abiertamente LGBTQ+ a nivel global, con variaciones significativas entre países (Victory Institute, 2020). Sin embargo, los individuos LGBTQ+, especialmente las personas transgénero y no binarias, siguen estando gravemente subrepresentados en la mayoría de las instituciones políticas. Para contrarrestar este fenómeno, en América Latina, cinco países (Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú) establecieron protocolos especiales para garantizar el voto de las personas trans, mientras que México ha adoptado, desde 2021, una cuota de género para la comunidad de diversidad sexogenérica en las elecciones legislativas (Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, 2022).
A pesar del progreso en la promulgación de políticas de igualdad de género en la región y en el mundo, la implementación sigue siendo un desafío significativo. Muchos países han adoptado amplios marcos legales, pero traducir estos en la práctica enfrenta a menudo obstáculos (Incháustegui Romero, 1999). Estos incluyen recursos limitados, falta de voluntad política, normas culturales arraigadas y la resistencia de grupos conservadores (Htun y Weldon, 2018).
La implementación efectiva de estrategias de transversalización de género también enfrenta retos. Aunque muchos gobiernos han adoptado la transversalización de género como un enfoque para integrar perspectivas de género en todas las áreas de la política, su aplicación práctica a menudo queda corta. La resistencia burocrática, la falta de experiencia en género entre los formuladores de políticas y los mecanismos de monitoreo inadecuados dificultan la implementación efectiva.
Otro desafío radica en abordar la violencia de género. A pesar de la adopción generalizada de leyes contra la violencia doméstica y el acoso sexual, la aplicación sigue siendo débil en muchos contextos. La falta de recursos para servicios de apoyo, la capacitación inadecuada del personal de seguridad y las actitudes culturales persistentes que normalizan la violencia contra mujeres e individuos LGBTQ+ impiden el progreso (Htun y Jensenius, 2020).
Las resistencias están también en los valores de la ciudadanía. Aunque las actitudes sociales hacia los roles y estereotipos de género han experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, el cambio es a menudo lento y desigual. Las representaciones en los medios, los sistemas educativos y las culturas laborales juegan roles cruciales en la formación y el desafío de las normas de género.
Las representaciones culturales de género en los medios y la cultura popular también han evolucionado. Ha habido un aumento en las representaciones diversas y complejas de mujeres e individuos LGBTQ+ en el cine, la televisión y la literatura. Las redes sociales y las plataformas en línea han proporcionado nuevas avenidas para desafiar las normas y estereotipos de género tradicionales, permitiendo que se escuchen voces y perspectivas más diversas. El auge de las redes sociales y las plataformas digitales ha proporcionado nuevas vías para desafiar los estereotipos de género y promover narrativas alternativas. Movimientos como #MeToo han aprovechado estas plataformas para concienciar sobre la violencia de género y la discriminación, lo que ha generado conversaciones globales y, en algunos casos, cambios en políticas.
En muchas sociedades, ha habido un cambio gradual hacia actitudes de género más igualitarias, incluyendo una mayor aceptación de las mujeres en roles de liderazgo, cambios en las percepciones de la masculinidad y un reconocimiento creciente de las identidades de género diversas. Sin embargo, estos cambios, aunque significativos, no son uniformes entre ni dentro de las sociedades, y a menudo coexisten con actitudes tradicionales persistentes, con debates y conflictos sobre roles de género, derechos e identidades entre los progresistas y la reacción conservadora.
Desafíos contemporáneos y reacción conservadora
A pesar de los avances logrados en materia de igualdad de género, el movimiento feminista y LGBTQ+ enfrenta desafíos significativos en la actualidad. Uno de los más prominentes es el surgimiento de movimientos conservadores y antigénero que buscan revertir los logros alcanzados. Este fenómeno, conocido como “backlash” o reacción conservadora, se manifiesta de diferentes formas en todo el mundo.
En América Latina, por ejemplo, se ha observado un auge de movimientos que se oponen a lo que denominan “ideología de género”, un término utilizado para desacreditar las perspectivas de género en políticas públicas y educación (Corrêa, 2017). Estos movimientos han ganado influencia política en varios países, incluso han logrado en algunos casos bloquear o revertir políticas progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral y derechos LGBTQ+.
La pandemia de COVID-19 también ha exacerbado muchas desigualdades de género preexistentes. Las mujeres han sido desproporcionadamente afectadas por la pérdida de empleos, el aumento del trabajo de cuidados no remunerado y el incremento de la violencia doméstica durante los confinamientos (ONU Mujeres, 2020). Esto ha puesto de relieve la necesidad de políticas de recuperación con perspectiva de género.
Otro desafío significativo es la persistencia de la violencia de género en todas sus formas. A pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva de leyes y políticas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y las personas LGBTQ+ sigue siendo un reto en muchos contextos (Htun y Jensenius, 2020).
En el ámbito digital, si bien las redes sociales han proporcionado nuevas plataformas para el activismo feminista, también han dado lugar a nuevas formas de acoso y violencia en línea dirigidas a mujeres y personas LGBTQ+. Este fenómeno plantea desafíos complejos en términos de regulación y protección de derechos en el espacio digital (Ging y Siapera, 2018).
Frente a estos desafíos, los movimientos feministas y LGBTQ+ continúan adaptando sus estrategias, forjando alianzas interseccionales y transnacionales, y utilizando nuevas tecnologías para amplificar sus voces y demandas. La resistencia a estos movimientos regresivos y la continuación de la lucha por la igualdad de género y los derechos LGBTQ+ se perfilan como temas centrales para el activismo y la política de género en los próximos años.
En América Latina, el feminismo ha establecido importantes intersecciones con otros movimientos sociales, así, ha enriquecido sus perspectivas y ampliado su alcance. La colaboración entre movimientos feministas e indígenas ha sido particularmente fructífera, como se observa en la articulación del “feminismo comunitario” en Bolivia y Guatemala, que integra perspectivas de género con cosmovisiones indígenas (Paredes, 2017). Asimismo, la convergencia entre feminismo y ecologismo ha dado lugar al “ecofeminismo latinoamericano”, que vincula la lucha por los derechos de las mujeres con la defensa del territorio y el medio ambiente (Svampa, 2015). Estas intersecciones han permitido abordar de manera más integral las múltiples formas de opresión y han fortalecido las luchas por la justicia social y ambiental en la región, que seguirán como un punto central en la política de la región en los próximos años.
Conclusiones
El análisis multidimensional de las teorías, actores, estrategias e impacto del género en el gobierno y la sociedad revela la complejidad y el dinamismo de este campo de estudio y acción. La evolución de las teorías feministas y de género, desde los enfoques liberales y radicales iniciales hasta las perspectivas interseccionales, poscoloniales y transnacionales más recientes, refleja un reconocimiento creciente de la diversidad de las experiencias de las mujeres y de la interrelación del género con otras formas de opresión y desigualdad.
A pesar de los avances logrados en diversos ámbitos, las desigualdades de género persisten en áreas como la participación política, las oportunidades económicas, la cultura y la libertad frente a la violencia. La violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana para muchas mujeres y personas LGBTQ+. La brecha salarial de género, aunque se ha reducido en muchos países, sigue siendo un problema global. Según datos de la OIT (2023), a nivel mundial, las mujeres ganan en promedio 20 % menos que los hombres. En el ámbito político, aunque la representación de las mujeres ha aumentado, aún está lejos de la paridad en muchos países.
Además, han surgido nuevos desafíos, incluyendo la reacción contra las iniciativas de igualdad de género y los impactos de las crisis globales en las relaciones de género, incluyendo la más reciente, originada por la pandemia del COVID-19. El surgimiento de movimientos anti género y la reacción conservadora (backlash) en varios países representa un desafío importante para los logros alcanzados. Estos movimientos buscan revertir avances en derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y derechos LGBTQ+, lo que subraya la necesidad de una vigilancia constante y una defensa activa de los derechos conquistados.
La interseccionalidad sigue siendo un desafío crucial, ya que las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación (por raza, clase, discapacidad, etcétera) a menudo quedan relegadas incluso dentro de los movimientos por la igualdad. Abordar estas desigualdades superpuestas requiere un enfoque más matizado y complejo en las políticas y el activismo.
Es fundamental, para la ciencia política, continuar los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la investigación y docencia, reaccionando a los nuevos desafíos que se siguen presentando. El conocimiento feminista, sensible ante las relaciones y desigualdades de género, es indispensable para impulsar ‒desde la academia, las instituciones y los movimientos sociales‒ la construcción de las sociedades más justas e igualitarias.
De cara al futuro, la investigación en estudios de género en el contexto latinoamericano se enfrenta a varios desafíos y oportunidades. Es crucial profundizar en el análisis de las intersecciones entre género, raza, clase y sexualidad, especialmente en relación con las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región. Además, se necesita más investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías y los medios digitales en las relaciones de género y los movimientos feministas. El estudio de las masculinidades y su transformación en el contexto latinoamericano también emerge como un campo cada vez más relevante. Finalmente, es fundamental seguir explorando cómo las políticas de igualdad de género interactúan con los modelos de desarrollo económico y las estructuras de poder existentes en la región, en especial en los contextos de erosión democrática y surgimiento de los liderazgos populistas.
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- Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesora de la FCPyS de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Fue asesora de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a 2019. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas de México, Brasil y Colombia, sobre representación política de las mujeres, libertad de expresión, sistemas electorales y derecho electoral. Forma parte del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos. ↵
- El desarrollo de los movimientos feministas ha estado intrínsecamente ligado a los contextos políticos en los que surgen. En regímenes democráticos, estos movimientos han podido organizarse más libremente y han tenido mayor capacidad de influir en las políticas públicas. Sin embargo, incluso en contextos autoritarios, los movimientos feministas han desempeñado un papel crucial en la resistencia y la lucha por la democratización. En América Latina, por ejemplo, los movimientos de mujeres fueron actores clave en la oposición a las dictaduras militares de los años 70 y 80, y contribuyeron significativamente a los procesos de transición democrática (Jaquette, 1994; Alvarez, 1990).↵






