Crimen organizado, violencia y vida cotidiana
en el plano local en México

Francisco Reveles Vázquez^[1]

Introducción

El objetivo de este trabajo es exponer los alcances del poder del crimen organizado en la vida de las personas. No solo en cuanto a su seguridad, sino en relación con las distintas facetas de su desenvolvimiento social, como el entorno familiar, el espacio escolar y la vida cotidiana. Las organizaciones delictivas debilitan el Estado de derecho, restringen el ejercicio de derechos sociales y políticos, merman la autoridad de las instituciones, afectan la capacidad del gobierno para responder a las demandas sociales e invalidan la función del Estado de brindar seguridad a la sociedad.

La violencia de los grupos delincuenciales en las contiendas electorales es un fenómeno común desde hace algunos años a la fecha. Como ha sido ampliamente documentado, el proceso de 2024 fue el más violento de la historia electoral mexicana.^[2] Ello es así por el poder de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de droga, que no ha dejado de crecer pese a la democratización y a la alternancia en la presidencia de partidos con distinto signo ideológico desde el año 2000.

Su influencia no se reduce a desafiar el Estado de derecho, las instituciones y la seguridad nacional. Sus actividades delictivas forman parte de la vida de muchas personas, con incidencia en el entorno social, en la familia, la escuela y la comunidad; de esa forma afectan lo que algunos autores definen como la seguridad pública (Guerrero y Moloeznik, 2022; Moloeznik, 2022).^[3] De modo que el desafío al poder estatal es tan solo uno de los problemas que genera este cáncer social.

El crimen organizado es un fenómeno de dimensiones inimaginables porque afecta el funcionamiento de las instituciones, reproduce la corrupción y cuestiona el monopolio legítimo de la violencia estatal. En la dimensión política, los grupos delictivos intervienen en la postulación de candidaturas, en las campañas de proselitismo electoral, en la formación de gobiernos y en la toma de decisiones en ciertas materias que son de su interés. Y en la vida diaria, su impacto es superior. Los delincuentes llegan a participar en distintas facetas de la cotidianeidad de comunidades, pueblos o municipios. En el ámbito económico, sus actividades delictivas son numerosas y han trascendido la producción de mariguana para pasar al procesamiento de distintos narcóticos cuya compra-venta controlan. Asimismo, su intervención en la economía local se resiente por la extorsión a productores de alimentos y el control que llegan a tener del transporte y distribución de dichos productos. No conformes con eso, también se da el caso de que participen en comercios y servicios de diversa índole que les permiten “lavar” el dinero obtenido de manera ilícita. En algunas de estas actividades controlan la oferta y la regulación del empleo informal a su servicio, e ignoran la normativa laboral vigente.

Su actividad ilegal influye también en las formas de convivencia social, empezando por la restricción de tiempos y formas de disfrute del espacio público y del tiempo libre; pasando por las creencias religiosas, las formas de vestir y las preferencias musicales (donde se reproducen estereotipos sexistas). Por supuesto, el asesinato, el secuestro o la desa­parición de personas deja una huella indeleble en las familias o comunidades, lo mismo que el reclutamiento y el trabajo normalizado bajo la égida de los grupos delincuenciales.

Nuestro análisis se divide en cuatro partes: en la primera se dan algunos antecedentes que ayudan a comprender el ascenso de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, generalmente con la complicidad encubierta de gobiernos y fuerzas del orden. Y debido a la falta de atención al tema de seguridad pública de parte de las élites en el periodo de democratización del régimen político. En el siguiente apartado, señalamos cómo va creciendo el problema con la participación de los grupos delictivos no solo como actores que causan violencia y debilitan a las fuerzas de seguridad locales, sino que presionan o influyen directamente en la formación e integración de gobiernos locales. En la tercera parte, destacamos su participación en la instalación de un nuevo orden social donde su presencia se deja ver en la vida cotidiana de la gente, al moldear formas de trabajo, de convivencia y del uso del tiempo libre. Esta faceta es la que tratamos de poner de relieve, porque es consecuencia de la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad de las personas. En el cuarto apartado hacemos una recapitulación del problema estudiado, puntualizando algunas ideas respecto de la magnitud de la influencia de la delincuencia organizada en el gobierno y en la sociedad. Cerramos con un epílogo sobre el futuro poco promisorio que se percibe ante la magnitud del problema.

El artículo tiene un carácter exploratorio de un fenómeno que trasciende la política, pero que sin duda representa un desafío para los gobiernos democráticos porque está de por medio la vida de las personas y la convivencia social. Aunque en el plano nacional parece un fenómeno controlado que no implica el debilitamiento de las instituciones, en la vida diaria en el plano local su gran magnitud es inocultable.

Antecedentes de la normalización del delito por parte del Estado y la sociedad

Uno de los mayores desafíos al Estado en la actualidad es la violencia generada por el crimen organizado. Lesiona la seguridad nacional y la de las personas como nunca. En América Latina y el Caribe, hace menos de medio siglo, el problema se circunscribía a algunos espacios territoriales en unos cuantos países. El tráfico de estupefacientes se originaba en Colombia y llegaba a Estados Unidos, el principal consumidor del continente. En la actualidad, esta ruta sigue activa pero el flujo de sustancias adictivas trasciende América y llega a varios países de Europa. Las actividades delictivas son realizadas ahora por grupos que cometen diferentes delitos, además del tráfico de drogas. Los de México son de los más poderosos en la región y su presencia sobrepasa las fronteras, por lo que está presente en muchos países del mundo, como España, Italia y Países Bajos.^[4]

La debilidad del Estado de derecho en México generó las condiciones propicias para el desenvolvimiento de estas actividades. La delincuencia entabló complicidad con gobernantes, funcionarios públicos, policías e incluso con el ejército. El soborno fue método usual de intercambio, con lo cual la producción de droga se desarrolló en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Mientras que México se democratizaba, las zonas controladas por el narco fueron aumentando de manera considerable debido a que, de acuerdo con Trejo y Ley (2022), las élites políticas no hicieron reformas legales para salvaguardar la seguridad pública. Fue una materia que permaneció inalterada, por lo que primaron los acuerdos informales entre gobernantes. Es probable que la liberación de los gobernadores del control del presidente de la República desde el año 2000 fuera funcional a los grupos delincuenciales. Algunos gobernadores o presidentes municipales ganaron autonomía para tomar decisiones, lo que incluyó acuerdos informales con los productores de estupefacientes, sin que esto significara que los grupos actuaran de manera sigilosa y en territorios bien delimitados. Más bien al contrario: con la connivencia de los gobernantes, desde los años ochenta la violencia producto del crimen organizado afectó a municipios de gran magnitud, como Tampico, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Morelia. Después de las alternancias en el poder, fue notable la expansión de los grupos delictivos en otros municipios y estados que no habían pasado por esa experiencia.

Al hacer un análisis de la política de seguridad de Felipe Calderón, Trejo y Ley señalan que el despliegue de la delincuencia se amplificó y la violencia se multiplicó debido al sesgo partidista de la estrategia, que impidió que los gobiernos locales en manos de la izquierda tuvieran el apoyo de la federación para enfrentar el problema (Trejo y Ley, 2022, p. 55). Es probable que ese mismo sesgo explique los elevados índices de violencia que acontecen en Guanajuato desde hace algunos años, puesto que no ha recibido el apoyo del gobierno federal por ser una entidad donde el Partido Acción Nacional ha gobernado desde 1991. Pero eso no explica la experiencia de otros estados y municipios gobernados por otros partidos y que siguen teniendo problemas semejantes. O de aquellos que recién padecen inéditos sucesos de violencia, como Chiapas o Quintana Roo. Más bien, como señala Pansters,

… la relación entre el Estado y el narcotráfico ha cambiado de un orden dominado por el Estado Federal a uno de un desorden cada vez más descentralizado y de soberanías fragmentadas, pasando por una etapa de fortalecidas organizaciones de narcotráfico y soberanías criminales que competían con instituciones estatales y políticas cada vez más débiles (2014, p. 113).

Los enfrentamientos entre bandas, policías y ejército, o entre las propias bandas, afectaban de manera ocasional la vida de las comunidades. En el pasado, en la década de los ochenta del siglo XX, la operación de los criminales se limitaba a ciertos barrios, colonias o pueblos, aunque se hicieran visibles en persecuciones y balaceras en las principales calles o en zonas de alta concentración poblacional.

Después del año 2000, el problema se visibilizó en medios de comunicación masiva y sirvió para la propaganda política en contra de gobiernos de diferente signo ideológico. El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional e incluso el Partido de la Revolución Democrática ocuparon gubernaturas o presidencias municipales laceradas por esta problemática. Fue el presidente Felipe Calderón quien reconoció el problema, por lo que decretó la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que resultó contraproducente, porque la violencia se incrementó de manera exponencial (Astorga, 2015; Benítez, 2022; Martínez, 2022; Silva y Padilla, 2022).

No es este el espacio adecuado para desarrollar este tema. Lo que queremos destacar aquí es el desafío que el crimen organizado representa para las instituciones estatales al afectar la vida cotidiana de las personas: su trabajo, sus valores, sus costumbres, su vida familiar, sus formas de convivencia social, el uso del tiempo libre y sus aficiones culturales.

Crimen organizado y Estado

El principal problema para el Estado es que su monopolio de la violencia ha sido puesto en duda. El número de sicarios y la capacidad de armamento de la delincuencia organizada suele ser el principal motivo por el cual las fuerzas armadas prefieren evitar el enfrentamiento directo.^[5] En diferentes episodios de confrontación en el ámbito local, los activos del ejército, la marina, la Guardia Nacional o la policía municipal han sido superados por las bandas. Hay que señalar que las policías locales son el núcleo más débil de todas las fuerzas de seguridad, y esto por varias razones. La primera es que fueron descartadas por las políticas en la materia desde finales de los años ochenta debido a que se les identificó más como parte del problema que de la solución (Lomnitz, 2022, pp. 41 y 44). En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se descartó a las policías eventualmente más cercanas a la gente debido a su falta de capacitación, bajos salarios, inadecuadas condiciones de trabajo, falta de recursos para el cumplimiento de sus funciones, complicidad con grupos delincuenciales y desprestigio ante la sociedad (Salgado, 2022). Desde entonces, el gobierno federal ha llegado a distintos municipios a disolver las policías municipales para investigarlas y, en su caso, sustituirlas por otros mandos e integrantes.^[6]

En el sexenio mencionado, comunidades de diversas localidades formaron grupos de “autodefensa”, iniciativa que fue contenida casi de inmediato por el gobierno federal. La experiencia de otros países al respecto (como Colombia o Brasil) sirvió para que el gobierno tomara cartas en el asunto y de ese modo evitara la formación de grupos paramilitares que hicieran más complejas las labores de seguridad y pacificación (Girado-Ramírez y Duncan, 2014).

La capacidad bélica de los delincuentes se ha publicitado en varios momentos, ya sea en vivo o a través de las redes sociales. De hecho, algunos de los grupos, notoriamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de manera ocasional se dejan ver con uniforme, armamento y equipo parecidos a los del ejército. No conformes con eso, sus vehículos, chalecos, chamarras o gorras suelen tener las iniciales del cártel, como un claro desafío a las fuerzas institucionales de seguridad. Este camuflaje eventualmente se utiliza para establecer retenes en puntos clave de carreteras federales o locales, que se instalan para mantener bajo control el flujo de automóviles o transporte de carga en territorios bajo su dominio. Así sucede especialmente cuando un cártel busca extender su control y se enfrenta con otro previamente establecido. Pero también es común que ocurra simplemente como medida de vigilancia del tránsito de las personas, para que se reconozca su autoridad.^[7]

Hay territorios donde ese control impregna a las policías municipales, que actúan tolerando su comportamiento, en complicidad con los criminales o sencillamente bajo el mando no del presidente municipal sino de los narcotraficantes.^[8] En algunos lugares, la policía local está integrada por sicarios, que reciben el pago normal por su encargo y también una cuota por parte del cártel. El nuevo orden político que se establece en el municipio asegura una vida pacífica para la población, siempre y cuando cumplan con las reglas informales establecidas por las autoridades reales, las cuales hacen la vista gorda, se cruzan de brazos o quedan maniatadas, siendo testigos mudos de una realidad que los supera.

La corrupción es un facilitador de la reproducción del nuevo orden por dos razones: permite la comisión de los delitos y desprestigia a los supuestamente encargados de seguridad pública (es decir, la policía o el ejército) ante la sociedad. Por ello, en ocasiones los grupos delictivos se presentan como “salvadores” de la comunidad y reciben una aceptación tácita de su parte.^[9]

En un pasado no tan remoto, los pagos ilegales del narco sirvieron para el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Después, fueron utilizados para los gastos de campaña de candidatos de diverso signo ideológico. En este terreno, no hubo un favorecimiento selectivo hacia algún partido político. Los compromisos aumentaron de manera considerable, pues si en el pasado la delincuencia solamente buscaba libertad para ejercer su actividad, después pasó a tratar de designar a personajes cercanos o a quienes pudieran tomar decisiones para favorecerles. Por ello fueron importantes tanto las carteras encargadas de la seguridad como las de los establecimientos mercantiles y, después, también las de obras públicas (Lomnitz, 2022, p. 76).

La composición de gobiernos municipales se contaminó con estas prácticas. Ya no solo los partidos designaron al funcionariado encargado de la seguridad, sino que también cedieron parte de su poder a quienes les habían apoyado económicamente para llegar al cargo. Gobernantes y funcionarios electos o designados no tuvieron más remedio que hacer caso de las indicaciones de sus patrocinadores.^[10]

La proliferación de estos comportamientos se incrementó del espacio municipal al estatal en algunas entidades. Por ello, gobernadores de distintos partidos políticos cayeron en las redes del narco. A la fecha, hay exgobernantes encarcelados o procesados por denuncias al respecto.^[11] El tratamiento del tema es estridente en medios y en redes sociales, lo que ha generado un alud de acusaciones a propios y extraños, sobre todo en tiempos electorales. En 2024, el tema fue utilizado por una parte de la oposición para tratar de desacreditar incluso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Hubo una supuesta denuncia de financiamiento de la campaña de López Obrador por parte de grupos delictivos. @narcopresidente y @narcocandidata fueron tendencias en redes, y la candidata de la oposición usó esos calificativos en su campaña y en los debates presidenciales transmitidos en cadena nacional. Sin pruebas sólidas, el asunto no pasó de ser un recurso banal para cuestionar al gobierno en campaña.

Lo cierto es que la vida de muchas personas corre bajo la égida de autoridades sometidas de un modo u otro a la autoridad del crimen organizado. Y hay gobernantes electos o designados que son representantes de los cárteles, como afirmó el gobernador de Guanajuato respecto de ocho presidentes municipales electos en 2024.^[12] En esta entidad y en otras como Veracruz, Morelos o Hidalgo, se han vertido diversas denuncias en contra de los fiscales estatales, cuyo proceder es guiado no por las instituciones y leyes vigentes, sino por las directrices de los grupos delincuenciales. No es materia de este artículo tratar a fondo este tema. Aquí solamente destacamos que el poder de la delincuencia organizada trasciende el del monopolio de la violencia e incide en la integración de cuadros de la administración local y en sus acciones de gobierno. De modo que es un actor con autoridad y poder político con mayor influencia que en el pasado.

La más cruda muestra del dominio de los grupos delictivos es cuando son capaces de provocar un nivel de violencia de tal magnitud que las personas deben abandonar sus viviendas para migrar a otros lugares. Los casos son numerosos y ocurren en diferentes entidades de todo el país. Ejemplos recientes son el de Huitzilac, en el estado de Morelos, y los de Chicomuselo y Tila, en el estado de Chiapas (Miranda, 2024). Según datos oficiales, fueron más de 4 mil desplazados (Henríquez, 2024), pero una organización no gubernamental calcula que fueron seis mil 800 personas (Mandujano, 2024).

Crimen organizado y vida cotidiana

La influencia de los cárteles comenzó con el cultivo de mariguana, actividad que fue ampliándose conforme el mercado creció. De este modo se incrementó la oferta de trabajo para las personas, tanto en la producción como en la venta de la droga. Si al principio se trató de una actividad sigilosa, se fue ampliando hasta colocarse como el principal empleo para pueblos enteros, ubicados en entidades claves para la producción y la distribución. En 2022, una investigación publicada en la revista Science aseguraba que los grupos delincuenciales eran el quinto empleador a nivel nacional, superado por las empresas FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil. La cantidad de trabajadores de los cárteles pasó de 115 mil en 2012 a 175 mil en 2022. También señalaba que el 17.9 % de estos trabajadores formaban parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 8.9 % del Cártel de Sinaloa, el 6.2 % de la Nueva Familia Michoacana, el 4.5 % del Cártel del Noreste y el 3.5 % de la Unión Tepito (Prieto, Campedelli y Hope, 2023).

Con el tiempo, también las actividades a desarrollar se diversificaron. Solo hablando por el momento del “ramo” del narcotráfico, al cultivo, distribución y venta de droga se sumaron el transporte, la vigilancia de zonas de bajo control, el cobro de “derechos”, la adquisición y mantenimiento de propiedades para la comisión de delitos, la contabilidad de las actividades ilícitas convertidas en lícitas y la defensa legal de los detenidos pertenecientes a los cárteles. Es de suponer que los empleos de este tipo recibían emolumentos superiores a los ingresos que se podían obtener mediante un trabajo formal o informal no vinculado con algún acto delictivo. Pese a que las mayores ganancias quedaban en manos de unos cuantos, los sicarios recibían ingresos mayores a los de la media.^[13] Un ejemplo es el de los policías municipales, que a principios de 2024 en promedio ganaban 8 mil pesos al mes, cuando el salario mínimo mensual era de 6 mil pesos. Sus enemigos podían llegar a recibir el doble o más, dependiendo de las diferentes entradas de las cuales pudieran beneficiarse.^[14]

Los empleos en el crimen organizado proliferan, incluso para menores de edad de ambos sexos.^[15] Sin embargo, no siempre son vistos con interés por muchas personas. La irracionalidad del crimen organizado ha llegado a practicar el reclutamiento forzado de personas (principalmente jóvenes del sexo masculino) seleccionados al azar, que son secuestrados y obligados a integrarse a las filas de la delincuencia. Los métodos violentos utilizados dejan como única opción la aceptación de la “oferta”, so pena de perder la propia vida o la seguridad de las familias.^[16]

El involucramiento de las familias en la trama delincuencial es muchas veces inevitable. Los recursos extraordinarios son bien recibidos, sobre todo en los extensos territorios donde priva la marginación (Reinserta, 2024, pp. 65-66). No hay que olvidar que alrededor de 46.8 millones de personas viven en la pobreza, de los cuales 9.1 millones padecen pobreza extrema (CONEVAL, 2022). Sus necesidades no pueden ser cubiertas ni por las políticas sociales, ni por las remesas que ocasionalmente llegan a recibir de familiares en el extranjero.

Esta condición de pobreza hace más vulnerables a las niñas y mujeres en todos los terrenos. Por ello son presa fácil de la trata de personas, un “empleo” ilícito que ha llegado a convertirse en el principal en municipios de Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México.^[17] Un negocio que trasciende fronteras tal como lo hace el narcotráfico. La trata de personas es un problema que destaca por afectar principalmente a infantes y personas del sexo femenino. De acuerdo con datos de la organización no gubernamental REDIM, desde 2017 el número de personas víctimas de trata fue en aumento, pues pasó de 537 en 2017 a 936 en 2022. De ellas, al menos en 2021, 2022 y 2023, la mitad fueron menores de 17 años, y de este grupo, el 74 % eran mujeres (Pérez, 2023). Es un problema que afecta a niñas y mujeres mexicanas y migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente. En algunos pueblos, como en Tenancingo, Tlaxcala, es una actividad que ha alcanzado un nivel de impunidad sorprendente (De los Reyes, 2012; Consejo Educativo CED, 2015). El empleo de “padrote” ha adquirido un nivel de distinción social insospechado entre jóvenes y niños, cuya aspiración para su vida adulta es convertirse en tratantes de personas; si se puede, de sus hermanas o primas, porque, se arguye, de esa manera todo es más fácil y provechoso para sus propias familias (Pérez, 2010; Avendaño, 2014).

Las bandas ofrecen empleos bien remunerados con el riesgo latente de perder la vida. Cuando esto ocurre, las familias padecen una ruptura que suele ser más profunda que una pérdida de vida en condiciones normales. En efecto, porque el deceso no siempre es confirmado y simplemente los sicarios son “desaparecidos”. La desaparición suele ser una estrategia de las bandas para deshacerse fácilmente de cuadros desleales o ineficaces; también lo es para eliminar a sus adversarios. Como sea, sicarios y víctimas de la delincuencia son desaparecidos, por lo que sus familiares difícilmente pueden reclamar sus cuerpos, realizar exequias y mucho menos interponer denuncias al respecto.

Por esta razón, la búsqueda de personas desaparecidas pasó de ser un tema motivado por causas políticas (por falta de respeto a los derechos humanos o de represión a la disidencia) a uno de seguridad pública. Los grupos organizados y no organizados de la sociedad dan cuenta de la gran magnitud del problema, especialmente los colectivos de “madres buscadoras” o grupos en general que acometen la trágica tarea de buscar a sus familiares.^[18] El caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos presuntamente por grupos de narcotraficantes, es el más conocido, pero no el único. Tan solo el número de fosas clandestinas y cadáveres encontrados por buscadores y buscadoras revela las atrocidades del crimen organizado, que no repara en la vida de las personas ni en la de sus familias.^[19]

Otro delito recurrente es el de la extorsión a pequeños y medianos comerciantes, que deben pagar cuotas a cambio de “protección” contra la violencia del extorsionador o de sus enemigos. Sirva como ejemplo el caso del Estado de México, entidad que forma parte de la zona metropolitana de la CDMX. De acuerdo con el Segundo Informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en 2024 había 25 células delictivas dedicadas a la extorsión en 72 de los 125 municipios de la entidad. Varios de estos grupos operaban en las alcaldías colindantes de Hidalgo y la Ciudad de México. Los más poderosos son la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (González, 2024).

Las familias suelen padecer en silencio la pérdida de alguno de sus integrantes. La impunidad reproduce el poder del narco, lo que finalmente también lacera el tejido social (Lomnitz, 2022; Azaola, 2020). El orden social informal sigue su curso, sin posibilidad de cambio.

De entrada, hay que reiterar que las leyes no funcionan en los territorios controlados por el crimen organizado. Pero hay un orden que se sostiene mediante reglas informales bien establecidas. Las directrices de los cárteles se siguen al pie de la letra, so pena de perder la vida. Los horarios de interacción social son determinados por ellos, tal como podría hacerlo un gobierno que decretara un estado de excepción. El acceso a lugares de esparcimiento está restringido a ciertos horarios y, en ocasiones, solo para integrantes del cártel dominante. El libre tránsito de personas o vehículos particulares también está limitado a ciertas zonas y en determinados horarios. Cualquier comportamiento sospechoso, diferente, irregular desde el punto de vista de los sicarios, puede ser merecedor de por lo menos una advertencia, seguida de una amenaza o de la violencia simple y llana.

La influencia del crimen organizado no se reduce a esta dimensión. Tiene incidencia en la toma de decisiones políticas e incluso en el ámbito educativo. La extensa presencia del narcotráfico en muchos territorios implica que sus familias tienen una vida diaria semejante a la de cualquier otra. Los narcos no son grupos de personas que viven en la sierra, en la selva o en algún pueblito distante del poder estatal. Ellos y sus familias cohabitan con el resto de las personas en pueblos y municipios de distinta magnitud, incluso en algunos de los más importantes del país, como pueden ser Tampico, Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, León, Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Monterrey, Culiacán, Pachuca, Ecatepec, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (estas dos últimas en el centro histórico de la Ciudad de México). La normalización de su proceder ilícito (de la violencia en particular) no ha generado su exclusión social. Por el contrario, su integración y reproducción forman parte de tal normalización (incluida la violencia que practican) (Kloppe y Karey, 2021, p. 34).

Esta convivencia social presiona las costumbres de personas, familias, comunidades o pueblos de diferentes maneras. Un caso es la aspiración de los infantes por ser tratantes, sicarios o capos del narco (Azaola, 2020, p. 41). Pero hay un abanico amplio de fenómenos en los que se distingue su influencia. En primer término, hay que considerar cómo influye en un tema crucial como es el de la educación. Lejos de ser islas protegidas de su ascendiente, las escuelas han llegado a ser espacios de instrucción y convivencia social donde subsiste el delito y su tolerancia.

El funcionamiento ordinario de escuelas de diversos niveles educativos es afectado por la venta de droga al menudeo de parte de cárteles, bandas o pandillas de rango inferior. Actividad común en sus orígenes, el narcomenudeo ha generado la reproducción de numerosos grupos delincuenciales que actúan por su cuenta, bajo el cobijo de un cártel o en su contra. Eso sucede de forma notable en la zona metropolitana de la capital del país, donde pulula una enorme cantidad de grupos, lo que genera constantes casos de violencia por la disputa del territorio, que a menudo se resuelven mediante el asesinato.^[20]

Pero en no pocos casos la incidencia de las actividades ilícitas de estos actores se halla en las escuelas, en el mismo salón de clases. En parte por la convivencia que naturalmente ocurre entre niños y niñas con familiares dedicados al narco y aquellos que no, y en parte por la posible omisión de los encargados de la labor educativa (maestros y autoridades) para enseñar el respeto al Estado de derecho como principio fundamental de comportamiento social. Aunque los contenidos de formación cívica tratan el tema del tráfico ilegal de estupefacientes y el crimen organizado, es probable que se omita para evitar problemas en las escuelas ubicadas en territorios bajo su dominio. Es difícil impartir contenidos de civismo cuando los estudiantes portan armas o drogas en sus mochilas. Los docentes no pueden tratar el respeto al Estado de derecho en clase, a riesgo de verse enfrentados por los familiares involucrados en actividades ilícitas (Conde, 2014). De ese modo se da otra forma de invisibilización del delito, por la omisión o la aceptación de la falta de respeto a las leyes que cometen estos grupos día tras día.

Otro suceso cotidiano en las escuelas es la exposición a la violencia delincuencial. Los enfrentamientos entre los cárteles suelen ocurrir con balaceras y bombazos en las calles, que obviamente perturban las clases. En algunas zonas ya existen protocolos que se aplican en las escuelas ante sucesos de esta índole, parecidos a los que se utilizan en casos de alarmas por sismos o catástrofes naturales. Ello es así porque es un tipo de violencia que ocurre con frecuencia y que tiene afectaciones psicológicas entre los infantes.

Pasa lo mismo con los reiterados hechos de brutalidad, como las confrontaciones a mano armada, la quema de vehículos particulares o de transporte público, el cierre de calles o carreteras, los ataques a comercios pequeños y medianos, los asesinatos en la vía pública y el abandono de cadáveres, cuerpos desmembrados, ahorcados o embolsados en las calles. Los infantes están expuestos a ver el salvajismo in situ o a través de redes sociales o medios de comunicación locales, donde la nota roja es prolija en imágenes y noticias de estos irracionales actos. Aunque se supondría que ni las escuelas ni las familias deberían ser omisas acerca de la comprensión y explicación de esta violencia, lo que sucede es precisamente la evasión de esta amarga realidad. Una evasión que hace posible que el “orden social” impuesto por la delincuencia funcione y se reproduzca de manera indefinida.

Para colmo, en ciertas comunidades ocurre la asimilación de las formas de vivir, de vestir y de esparcimiento que practican los narcotraficantes. Si en algunos pueblos ellos hacen aportes para solventar los gastos de fiestas patronales o para la construcción o mantenimiento de recintos religiosos, en otros dan la pauta para las celebraciones a través de su vasta capacidad financiera. En adición, la entrega de obsequios para adultos o infantes en fechas cívicas o sociales claves (como el día del niño o el día de las madres) es una forma de clientelismo que legitima su actividad y su autoridad en el ámbito local. En la contingencia por la pandemia de COVID-19, distintos grupos delictivos repartieron despensas en sus territorios de dominio. Fueron los casos del Cártel del Golfo en Tamaulipas, el CJNG en Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, y la Familia Michoacana en la zona de Tierra Caliente.^[21]

El modo de vida de los narcotraficantes ha generado una subcultura que se expresa en películas, series, música, objetos decorativos y hasta creencias religiosas, como el culto a la Santa Muerte o al santo patrono de los narcos, Jesús Malverde, un bandido de buen corazón que se venera como cualquier otro santo reconocido por la Iglesia católica (como San Judas Tadeo, venerado también por la delincuencia en general).

Desde los años ochenta, el cine mexicano plasmó en el celuloide las andanzas de delincuentes que eran retratados con condescendencia. Casi siempre se les concebía como héroes populares que desafiaban o eran víctimas de las corruptas y violentas fuerzas gubernamentales de seguridad. Sin llegar a la exaltación que se hacía de este actor en el cine comercial de antaño, las series actuales hacen eco de tal percepción y contribuyen al enaltecimiento del estereotipo del narcotraficante como víctima social, como una persona que llega a delinquir de forma azarosa, por necesidad económica o por la violencia y corrupción de las fuerzas del orden. El enorme éxito de series y películas sobre el tema refleja la existencia de un amplio público interesado. Las razones de este comportamiento son un enigma, pero en sí mismo contribuye a la reproducción de la fama (buena o mala) de los narcotraficantes.

La música es otro ámbito donde la subcultura de este actor social se percibe fácilmente. Abarca desde los ya viejos corridos norteños y canciones de banda sinaloense hasta las de reguetón y los corridos tumbados de la actualidad. Letras y videos de distintas piezas musicales aluden directa o indirectamente a las actividades ilícitas de la delincuencia. Son retratadas con orgullo y de manera recurrente destacan el supuestamente excéntrico modo de vida de los delincuentes, acompañados siempre por mujeres a su servicio que generalmente son acosadas o tratadas como objeto sexual o decorativo. Sin ser exclusivas de este tipo de música, las agresiones hacia la mujer y la cosificación femenina en letras y videos de ese subgénero son permanentes. Por ello sorprende la exorbitante difusión que tiene entre la gente y de manera primordial entre la juventud. Esto constituye un desafío tanto para la instrucción escolar como para quienes demandamos la eliminación de estas formas de maltrato hacia las mujeres.^[22]

Recapitulación: el nuevo orden político y social del crimen organizado

La incidencia cada vez mayor de la delincuencia organizada en las instituciones políticas ha facilitado su influencia social, porque

1. El gobierno ha perdido el monopolio de la violencia legítima para salvaguardar la seguridad en el ámbito local. El número de personas reclutadas por el narco y el tipo de armamento han llegado a sobrepasar las capacidades de las fuerzas armadas, por lo que hay zonas bajo su control y no el de las autoridades electas por el voto popular.
2. Su autoridad se ha debilitado debido al poder económico de los llamados cárteles de la droga. Si al principio el soborno era lo usual, después los grupos aportaron recursos para candidatos y campañas electorales de partidos de diferente signo ideológico, a cambio solamente de mantener su negocio ilícito sin intervención de la autoridad.
3. En vez de disminuir, la influencia de la delincuencia organizada aumentó cuando intervinieron en la formación de gobiernos, especialmente en la designación de los funcionarios de seguridad pública. Posteriormente, su participación o influencia se amplió a otros cargos de peso en la administración local, como los responsables de la regulación de establecimientos mercantiles.
4. Ya consolidados, los cárteles de la droga demandaron también contratos de obra pública a través de los cuales “lavar” el dinero obtenido ilegalmente. Asimismo, sin muchas dificultades, tramitaron permisos para diversas actividades económicas con las que buscaban el mismo objetivo.
5. Finalmente, el acceso al poder de manera indirecta les facilitó la obtención de información de primera mano sobre la situación legal de propiedades inmobiliarias disponibles para ejercer sus actividades ilícitas.

La delincuencia diversificó sus actividades de manera extraordinaria, como se distingue en la siguiente relación:

1. Producción y distribución de mariguana y cultivos afines.
2. Procesamiento y distribución de drogas sintéticas.
3. Trata de personas, principalmente de infantes y mujeres.
4. Secuestro.
5. Robo de casas habitación, de automóviles particulares, transporte público y comercial.
6. Robo y venta de gasolina.
7. Cobro de derecho de piso o protección a negocios de pequeños y medianos propietarios.
8. Participación en actividades lícitas para lavado de dinero.

A través de estas actividades, su influencia alcanzó magnitudes inimaginables. Con base en ellas contribuyó al deterioro de las condiciones de vida de las personas, en la medida en que su objetivo último es la obtención de beneficios económicos para unos cuantos. Tan es así que su competencia por el control de territorios tiene un elevado costo para la sociedad: la vida de millares de personas y la afectación a sus familias, sus comunidades o sus pueblos. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, “73.6 % de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro a consecuencia de la delincuencia”, porcentaje ligeramente menor que el del año anterior, que se ubicó en 74.6 %. Ciertamente, la tendencia de 2019 a la fecha ha sido descendiente. Pero 73.6 % es un dato todavía superior a los que se tuvieron durante cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Asimismo, llaman la atención los elevados niveles de once entidades que se ubican entre 79.3 y 90.1 %: Morelos, Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Colima (ENVIPE, 2024, pp. 19-21). Pese a la disminución experimentada en los años más recientes, los porcentajes son sumamente elevados.

En adición, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes ha ido en descenso desde 2017. Pero la de 2023 es apenas menor a la de 2019 (33 mil 267 y 33 mil 601, respectivamente). Similar tendencia se presenta en el número total de delitos en el mismo periodo, sin embargo, la cifra de 2023 sigue estando por encima de la de 2019 (31.3 millones y 30.3 millones, respectivamente). En adición, la tasa de incidencia delictiva aumentó en 11 entidades (Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Tabasco, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Ciudad de México), y solo descendió en tres (ENVIPE, 2024, pp. 11-12). Los datos negativos de las entidades mencionadas en cuanto a incidencia delictiva y percepción no dejan de evidenciar la preocupante situación que padecen millones de personas en el ámbito local.

La normalización de las actividades ilícitas de los grupos delincuenciales ha ocurrido, primero, por la complicidad de funcionarios públicos, policías y militares, y después por la participación de las personas en la comisión de delitos y la aceptación tácita de la comunidad. Los ingresos económicos de los empleados del crimen organizado suelen ser superiores a los que se pueden obtener en cualquier empleo formal. La diversidad de ilícitos ofrece diferentes “entradas” de dinero para quienes participan en ello. Y las bandas suelen practicar más de una falta a la vez, con lo que sus emolumentos varían generalmente al alza. Asimismo, participar en ellos repercute en alcanzar un estatus superior entre la comunidad, por los ingresos y también por los privilegios que se pueden obtener de esa manera. Estos privilegios abarcan, entre otras cosas, el trato preferencial de las autoridades encargadas de la seguridad, lo que revela el poder de la delincuencia en la realidad y en la percepción de la sociedad (Azaola, 2020).

El elevado nivel de violencia utilizado por los grupos del crimen organizado ha provocado que algunas fuerzas políticas sostengan una estrategia gubernamental de “mano dura” contra la delincuencia. La guerra contra las drogas impulsada por el gobierno de Estados Unidos hace tiempo tuvo eco en la guerra contra el narco emprendida por el gobierno panista de Calderón. Tal estrategia careció de éxito porque el nivel de violencia se acrecentó. Los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador instrumentaron medidas que, si bien revirtieron la violencia de manera paulatina, no pudieron restringir la acción de los delincuentes en el ámbito local. El problema persiste y ha aumentado si se considera que su ascendiente es claro ya no solamente en pequeños pueblos, colonias, barrios o municipios rurales de pequeña magnitud, sino en alcaldías de gran tamaño, política y económicamente relevantes para algunas entidades del país. Esto puede llegar a generar de nuevo una especie de “ciudadanía autoritaria” de la que habla Pearce, que es aquella que reclama el uso de la violencia contra la violencia, negando los derechos no solo de quienes delinquen, sino de las personas en general (por ejemplo, al decretar un estado de excepción o el uso indiscriminado de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad) (2022, p. 318).

El encumbramiento del crimen organizado también ha generado una subcultura en los territorios bajo su dominio. El estatus de los narcotraficantes se nota en sus propiedades inmobiliarias, en sus aficiones y en los lugares de esparcimiento que frecuentan (y que generalmente controlan), en sus creencias religiosas, en su forma de vestir y en la música que es de su preferencia. De un modo u otro, la actividad delincuencial afecta el tejido social paulatinamente, en algunos casos es apenas perceptible y en otros son el referente cultural más importante en los territorios bajo su control (Lomnitz, 2022). La normalización de su existencia resulta funcional para la comunidad y para la autoridad política, por lo que a menudo personas y gobernantes suelen usar una frase que condensa precisamente la normalización: “mientras que no te metas con ellos, no hay problema”. De ese modo, el crimen organizado es elefante en la sala, es el empleo vergonzoso pero que da de comer, son los recursos mal habidos pero necesarios para la familia, son las dádivas que se reciben a cambio de tolerancia y gratitud. Es todo eso de lo que se evita hablar pero que, en los hechos, implica la abdicación de las funciones del Estado para la salvaguarda de la seguridad y el bienestar de las personas.

Epílogo

El papel del Estado es cuestionado por la delincuencia organizada, principalmente en el plano local, porque anula el imperio de la ley, tiene la capacidad para intervenir en la elección y formación de gobiernos, así como en la toma de decisiones de otras materias del ejercicio de gobierno, como seguridad pública, bienes inmobiliarios, establecimientos mercantiles y obra pública. La debilidad o la corrupción de las fuerzas del orden facilitan su desenvolvimiento, con la consecuente impunidad.

Aunque en el plano nacional hay una ligera reducción de la percepción de inseguridad en los últimos diez años, y una tímida reducción de algunos de los delitos derivados de las actividades de la delincuencia organizada en el sexenio 2018-2024, la situación en el espacio local sigue siendo preocupante.

La violencia producto del crimen organizado afecta la seguridad de las personas, pero su influencia no se limita a eso. Impacta en su vida cotidiana, en su formación escolar, en la cohesión familiar, en las creencias religiosas, en costumbres de convivencia social, modos de vida, formas de vestir y usos del tiempo libre. En otras palabras, afecta a la comunidad. De ahí también que se pueda afirmar que lesiona al Estado, porque afecta su capacidad para regular la convivencia social y la vida de las personas. Tal regulación es sustituida por reglas informales que se derivan de los actos delictivos de los grupos criminales. Su autoridad es tal que llega a ser tolerada por los gobiernos formalmente establecidos y su influencia social es igualmente sobrellevada y hasta aceptada por la comunidad.

Lo que también llama la atención, y debe ser motivo de preocupación, es que recientemente la política de uso indiscriminado de la violencia estatal en contra de la delincuencia organizada está siendo aplicada por gobiernos como los de El Salvador o de Ecuador. Más allá de la evaluación de su eficacia, la afectación a los derechos humanos y a derechos políticos en general es una consecuencia de esta estrategia. Además de que su impacto en la forma de gobierno y en las instituciones encargadas de la seguridad es difícil de precisar por ahora. Lo cierto es que constituye un problema que los gobiernos democráticos no han logrado resolver sin caer en prácticas autoritarias.

Fuentes consultadas

Aldaba Guzmán, A. G. (2022). Entre vírgenes y niñas: la devoción religiosa a figuras femeninas en la narcocultura en México. QVADRATA. Estudios Sobre Educación, Artes y Humanidades, 4(7), 177-192. https://doi.org/10.54167/qvadrata.v4i7.1001.

Animal Político (2023, 15 de agosto). Dos vehículos, uno incendiado, y un cateo, los avances de la Fiscalía por el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. https://tinyurl.com/mtf5awhp.

Animal Político (2023, 27 de septiembre). Encuentran muertos a los otros seis jóvenes que fueron secuestrados en Malpaso, Zacatecas. https://tinyurl.com/mr3xype3.

Artículo 19 (2024). La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas revela inconsistencias y falta de transparencia entre los registros de fosas de las fiscalías. 14 de agosto. https://tinyurl.com/mryfn77m.

Astorga, L. (2015). ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón. Grijalbo.

Astorga, L. (2023). ¿Sin un solo disparo? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Enrique Peña. IIS-UNAM.

Avendaño Flores, J. C. (2014, 26 de junio). Ser padrote, atractivo para niños y adolescentes. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2014/06/26/estados/029n2est.

Azaola, E. (2020). “Entonces caes”: testimonios de adolescentes que han cometido delitos violentos. En Treviño, J. y Atuesta, L. H. (Coords.), La muerte es un negocio. Miradas cercanas a la violencia criminal en América Latina (pp. 33-58). CIDE.

Balderas, Ó. (2023). La mafia de la prostitución. En Romandía, S. (Coord.), Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la CDMX? (pp. 191-212). Penguin Random House.

Bataillon, G. (2015). Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el siglo XXI. Nueva Sociedad, 255. https://nuso.org/articulo/narcotrafico-y-corrupcion-las-formas-de-la-violencia-en-mexico-en-el-siglo-xxi/.

Benítez Manaut, R. (2022). El sistema de defensa en México en el siglo XXI. En Guerrero, L. F. y Moloeznik, M. P. (Coords.), Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021 (pp. 431-452). Universidad de Guanajuato, Foca, Akal.

Bobea, L. (2016). El estado como demiurgo de la criminalidad. Nueva Sociedad, 263. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2.TC_Bobea_263.pdf.

Cano, J. (2023, 7 de diciembre). Cuánto dinero gana un sicario del Cártel de Sinaloa al mes. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2023/12/07/cuanto-dinero-gana-un-sicario-del-cartel-de-sinaloa-al-mes/.

Chávez, A. (2023). La mafia del despojo. En Romandía, S. (Coord.), Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la CDMX? (pp. 169-190). Penguin Random House.

Conde, S. (2014). La violencia y la cultura de la calle entran a la escuela: acciones y reacciones. Sinéctica, 42. https://tinyurl.com/3zk4j72r.

CONEVAL (2022). Medición de la pobreza. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf.

Consejo Educativo CED (2015). Trata de mujeres de Tenancingo a Nueva York. Documental por Discovery en español, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dN7Ur1uV6vo.

Contreras, L. (2024, 16 de septiembre). “Seguridad en Sinaloa no depende de nosotros, depende de grupos antagónicos”, afirma comandante militar. Infobae. https://tinyurl.com/yeyrtd8b.

Cuenca, A. (2023). La mafia de los ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX. En Romandía, S. (Coord.), Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la CDMX? (pp. 83-132). Penguin Random House.

De los Reyes, I. (2012, 22 de mayo). Tenancingo, viaje a la capital de la esclavitud sexual en México. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120522_trata_mujeres_mexico_eeuu_sexual_pea.

Del Río, T. (2023). Las rastreadoras. Mujeres sabueso en el infierno de un país que siembra cuerpos. Aguilar.

El financiero (2024, 10 de mayo). CJNG y Cártel de Sinaloa traspasan fronteras: ¿Qué países dominan los cárteles mexicanos? https://tinyurl.com/ydp45dnj.

ENVIPE (2024). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (inegi.org.mx).

Fúnez, R. (2024, 6 de junio). Diego Sinhue asegura que 8 nuevos alcaldes en Guanajuato tienen nexos con el narco. Correo. https://tinyurl.com/bdz7az2t.

Girado-Ramírez, J. y Duncan, G. (2014). Criminales y rebeldes. Las hibridaciones del crimen organizado en el caso colombiano. En Míguez, D., Misse. M. e Isla, A., Estado y crimen organizado en América Latina (pp. 189-220). Libros de la Araucaria.

González, C. (2024, 14 de mayo). Ubican a 25 grupos que extorsionan en Edomex. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/edomex/ubican-a-25-grupos-que-extorsionan-en-edomex/.

Guazo, D. (2023, 12 de noviembre). Crimen sin fronteras: la expansión de los cárteles mexicanos. El universal, https://tinyurl.com/ywm5pa3h.

Guerra, E. (2020). Sujeción: forma y función de los rituales criminales en la operación de los Caballeros Templarios. En Treviño, J. y Atuesta, L. H. (Coords.), La muerte es un negocio. Miradas cercanas a la violencia criminal en América Latina (pp. 111-136). CIDE.

Guerrero, L. F. y Moloeznik. M. P. (Coords.) (2022). Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021. Universidad de Guanajuato, Foca, Akal.

Henríquez, E. (2024, 17 de junio). Desplazados de Tila realizan “peregrinación por la paz y la vida”. La Jornada. https://tinyurl.com/4nzf8bfk.

Hernández, G. (2024, 12 de marzo). Policías en México ganan 8,000 pesos en promedio, AMLO busca duplicarlo. El Economista. https://tinyurl.com/yc63bw79.

Infobae (2022). Así se ve el mapa del narco en la CDMX. https://tinyurl.com/3jd7pn3z.

Kloppe, G. y Carey, D. (Eds.) (2021). Violencia y crimen en América Latina. Representaciones, poder y política. CIDE.

Lomnitz, C. (2022). El tejido social rasgado. Era.

Mandujano, I. (2024, 19 de junio). No hay condiciones para un retorno seguro y la crisis humanitaria sigue, dicen desplazados de Tila, Chiapas. Chiapas Paralelo. https://tinyurl.com/4f5s7d7f.

Martínez Nava, S. (2022). Evolución de las políticas públicas en materia de seguridad en México y su impacto en los derechos humanos en un Estado constitucional. En Guerrero, L. F. y Moloeznik, M. P. (Coords.), Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021 (pp. 97-130). Universidad de Guanajuato, Foca, Akal.

Martínez, R. (2023, 13 de noviembre). Narcotráfico en Europa. ¿Qué cárteles mexicanos han sido reconocidos en el “viejo continente?”. Infobae. https://tinyurl.com/5ytpjbec.

Miranda, J. (2024, 14 de mayo). Crece el temor en Huitzilac por pugna entre criminales. El Universal.

Moloeznik, M. P. (2022). Seguridad, defensa e instrumentos coercitivos mexicanos. En Guerrero, L. F. y Moloeznik, M. P. (Coords.), Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021 (pp. 27-65). Universidad de Guanajuato, Foca, Akal.

Olvera, R. G. y Vásquez Mejías, A. (2022). Lo narco: definiciones, incertidumbres, interpretaciones y resonancias en la cultura, la política y lo estético. QVADRATA. Estudios sobre Educación, Artes y Humanidades, 4(7), 123-128. https://doi.org/10.54167/qvadrata.v4i7.999.

Ortega, J. C. (2024, 28 de mayo). El millonario sueldo que el CJNG y el Cártel de Sinaloa ofrecen a sus nuevos sicarios. Prensa libre. https://tinyurl.com/d4c6hpw4.

Pansters, W. G. (2014). Del control centralizado a la soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México. En Míguez, D., Misse, M. e Isla, A., Estado y crimen organizado en América Latina (pp. 111-140). Libros de la Araucaria.

Pearce, J. (2021). Conclusión. La política de control de la violencia en América Latina. En Kloppe, G. y Carey, D. (Eds.), Violencia y crimen en América Latina. Representaciones, poder y política (pp. 317-336). CIDE.

Pérez, G. (2010). Lenocinio como proyecto de vida de niños y adolescentes de Tenancingo [Tesis de Licenciatura en Trabajo Social]. Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Pérez, M. (2023, 30 de julio). Infancias, tres de cada 10 víctimas de trata en México., El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Infancias-tres-de-cada-10-victimas-de-trata-en-Mexico-20230730-0073.html.

Prieto Curiel, R., Campedelli, G. M. y Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381, 6664, 31 de septiembre, pp. 1312-1316. https://www.science.org/stoken/author-tokens/ST-1447/full.

Quirós, L. (2020). Cárteles mexicanos en el mercado europeo de drogas sintéticas: alcances y lecciones desde la pandemia de SARS-CoV2. https://tinyurl.com/5n7fks9v.

Red por los Derechos de la Infancia (2024). Trata de personas de niñas, niños y adolescentes en México. https://tinyurl.com/bdzkfrsn.

Reforma (2020, 21 de abril). Reparten narcos sus despensas. Reforma. https://tinyurl.com/5e958r73.

Reinserta (2024). Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. https://tinyurl.com/ycxcrbm5.

Reveles, J. (2019). Narco México. Catarata.

Reveles, J. (2024). Necropolítica y narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México. Grijalbo.

Rodríguez Castañeda, R. (2011). La guerra del narco. Proceso.

Ruiz, V. (2024, 8 de junio). Especialista afirma que al menos 15 alcaldes y diputados en Guanajuato están vinculados con el narco. El Sol del Bajío. https://tinyurl.com/yx3jwyuz.

Salgado, J. (2022). Reforma policial y actos de investigación policial en México: alcances, límites y prácticas promisorias en el ámbito local. En Guerrero, L. F. y Moloeznik, M. P. (Coords.), Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021 (pp. 233-262). Universidad de Guanajuato, Foca, Akal.

Silva, C. y Padilla, S. (2022). Cambios en los patrones de violaciones a los derechos humanos de militares y policías durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. En Guerrero, L. F. y Moloeznik, M. P. (Coords.) (2022), Seguridad y monopolio de la fuerza en México, 2018-2021 (pp. 339-364). Universidad de Guanajuato.

Trejo, G. y Ley, S. (2022). Votos, drogas y violencia. Debate.

Treviño, J. y Atuesta, L. H. (Coords.) (2020). La muerte es un negocio. Miradas cercanas a la violencia criminal en América Latina. CIDE.

Valdés Castellanos, G. (2013). Historia del narcotráfico en México. Aguilar.

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