Lautaro Ojeda Ledesma
En esta entrada se propone revisar el concepto de “informalidad urbana” desde la movilidad como enfoque, leyendo la ciudad y sus apropiaciones informales como una constelación de prácticas y objetos en movimiento que son socialmente producidos definiéndose-construyéndose una y otra vez dependiendo de las interacciones de sus habitantes (Massey, 2012). Tradicionalmente, la informalidad urbana ha sido entendida como todas las prácticas socioeconómicas y espaciales que se desarrollan fuera de los marcos regulatorios urbanos promovidos y sostenidos por el Estado. En esta entrada se focalizará en la economía informal y el hábitat informal: la primera refiere a una estructura de producción económica que actúa fuera del marco regulatorio estatal y que al mismo tiempo es codependiente del sistema económico formal o regulado, y la segunda refiere a una producción socioespacial que se expresa mediante la autoconstrucción irregular de asentamientos o viviendas en terrenos ajenos o periféricos producto de la histórica ausencia e incapacidad de los Estados para responder adecuadamente al déficit de viviendas.
Prestar atención al rol de la movilidad en la producción de la informalidad urbana podría poner de relieve, por ejemplo, que en los asentamientos informales las movilidades residenciales, las migraciones y los desplazamientos forzados han sido factores desencadenantes para la proliferación de estos, donde sus localizaciones periféricas han significado que sus habitantes implementen o utilicen sistemas alternativos de movilidad. O cómo la economía informal se sostiene principalmente por la circulación cotidiana de personas, bienes y servicios, donde la calle, espacio de uso público, es el escenario con mayores interacciones de intercambio de bienes y servicios, y donde a la vez los comerciantes callejeros transitan diversos espacios de provisión, manufactura, fabricación o almacenamiento antes de llegar a vender en la calle.
En primer lugar, la entrada aborda el concepto y los debates acerca de la informalidad urbana, buscando superar la dicotomía entre formal e informal. Luego, tomando el caso latinoamericano, desarrolla la relación entre movilidad y comercio callejero y movilidad y hábitat informal. Finalmente, ofrece algunas sugerencias para futuros estudios.
Informalidad urbana
Históricamente, los estudios urbanos han analizado la economía informal y el hábitat informal como campos asociados a las clases sociales más desfavorecidas bajo el prisma dicotómico formal-informal, lo que en algunos casos ha generado miradas teóricas, técnicas, tecnocráticas o empíricas muy focalizadas en una de las subdimensiones de uno de estos dos campos, omitiendo las complejidades sistémicas del fenómeno (Banks, Lombard y Mitlin, 2020). Esto es importante, pues economía informal y hábitat informal, y todas sus respectivas subdimensiones, son parte constituyente y estructural de la informalidad urbana (Roy, 2005), en la que existe una clara interdependencia entre los actores independientes de su clase socioeconómica que la construyen, reproducen o utilizan directa o indirectamente.
Desde los años 60 con las publicaciones de Oscar Lewis (1959), John Turner (1965), Keith Hart (1973) y de Manuel de Solá-Morales (1974) comenzaron a analizar los fenómenos urbanos no regulados, paralelos, vernáculos, tradicionales, folclóricos bajo el tan criticado prisma de la cultura de la pobreza de Oscar Lewis asociando informalidad con ilegalidad, lo que creó los dos campos de análisis de la informalidad urbana: la economía urbana informal y el hábitat informal (Torres, 2011; De Soto, 1989; Hardoy y Satterthwaite, 1987; Hart, 1973; Turner, 1977).
En el campo de la economía urbana informal, la mayoría de los estudios tendieron a anclarse en cinco miradas o enfoques (Brown y McGranahan, 2016). La primera visión, denominada “dualista” e influenciada por Keith Hart (1973), consistió en definir la informalidad urbana como un espacio de mediación entre el sistema formal y el desempleo, una dicotomía muy criticada. Luego se instaló la visión legalista, liderada por Hernando de Soto (1989), la que comprendía la economía informal como una contestación del sector privado a la excesiva regulación estatal, sublimando el derecho privado por sobre el colectivo. Paralelamente a la visión legalista, se instaló la visión estructuralista liderada por Castells y Portes (1989), quienes planteaban que la economía informal era la expresión de una complicidad de actuación sistémica entre el sector privado y el Estado para aumentar las flexibilidades económicas y contractuales de los trabajadores, propiciando la explotación obrera, el clientelismo y la precarización del empleo.
Posteriormente, apareció la visión voluntarista. Maloney (2004) la definió como el cuerpo de quienes decidieron voluntariamente actuar fuera del sistema regulatorio al analizar los costos y beneficios de ambos sistemas formal-informal. Finalmente, iniciando la década del 2000, surgió la visión inclusionista, liderada por Lindell (2010) y sus estudios en los países africanos, quien comprende la economía urbana informal como un derivado no deseado de una actuación sistémica del Estado para combatir la pobreza mediante políticas públicas sesgadas que marginan, segregan, entorpecen o impiden el acceso a servicios públicos y empleos a los productores y comerciantes informales, visión que acuñó los conceptos de “revanchismo” y “posrevanchismo urbano” del comercio callejero informal (Lindell, 2010; Bromley y Mackie, 2009).
En tanto, el enfoque en el campo del hábitat informal, del especialista John Turner (1965), es uno de los más aceptados y más utilizados para estudiar y analizar el hábitat informal. Este enfoque definió los asentamientos informales como barrios desordenados fuera de toda norma y regulación estatal o formal, y que se autoconstruyen producto de la ausencia de una institucionalidad que los acoja (Torres, 2011). Lo que se complementa con la visión de Roy (2005), quien señala que “la vivienda informal es un tipo distintivo de mercado donde la asequibilidad se acumula a través de la ausencia de planificación y regulación formal” (Roy, 2005: 149). Al respecto, Di Virgilio (2014) precisa que el hábitat informal se puede entender como una informalidad dominial, sitio o lote o una informalidad urbano-ambiental: asentamiento-conjunto de viviendas más espacios públicos. A lo anterior se suma la variable temporal que genera un derecho consolidado a la titularidad del suelo (Fernandes, 2008), lo que refuerza la idea de Raquel Rolnik (2019) de que estos procesos de apropiación de suelos ajenos no necesariamente tienen que considerarse como procesos ilegales.
En resumen, muchos autores concuerdan en que los asentamientos informales son procesos socioculturales insertos en un complejo sistema de irregularidades urbanísticas, económicas y de bienes raíces (Abramo, 2012), incubados en un modelo estatal-privado de producción espacial de desregulación territorial, lo que Mike Davis (2007) ha denominado como la “favelización” de las ciudades del sur global. Lo anterior revela que el sinfín de estudios y enfoques sobre economía informal o hábitat informal no nos permite tener una definición clara de ambos campos, sin embargo, cuando Castells y Portes argumentaban que “la economía informal no es un eufemismo de la pobreza sino más bien una forma específica de relaciones de producción” (Castells y Portes, 1989: 12), declarando que la economía informal es una estructura o un escenario que cruza y hace interactuar a todos los estratos sociales y económicos de una sociedad, reforzaban la idea de comprender la relación formal-informal como un continuo y no como una relación dicotómica.
Mirada que sostiene el enfoque sistémico de Banks, Lombard y Mitlin (2020), quienes señalan que la informalidad urbana debería verse como un campo de análisis crítico de las dinámicas sociales, espaciales, económicas, políticas del continuum formal-informal que se producen en la urbanidad, superando los enfoques sesgados, dicotómicos o muy focalizados que se han desarrollado hasta el presente.
Movilidad y comercio callejero informal en América Latina
En Latinoamérica existen abundantes investigaciones sobre informalidad urbana y comercio callejero informal, en las que las ciudades de México, Puebla, Juárez, Guadalajara, Morelia, Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Quito, Guayaquil, Lima, Cuzco, Arequipa, La Paz, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Concepción y Valparaíso han concentrado la mayor cantidad de estudios al respecto. Estos estudios han abordado el comercio callejero desde cinco campos de análisis. El primero refiere a las dinámicas sociales del comercio callejero analizando la vida cotidiana de los comerciantes, los imaginarios colectivos asociados a ellos, las organizaciones sociales internas y externas, y las relaciones de poder con algunos sectores políticos (Turner y Schoenberger, 2012; De La Garza, 2011; Peña, 1999).
El segundo se ha enfocado en desarrollar el análisis de las dinámicas económicas del comercio callejero informal enfocándose en los mecanismos grupales e individuales de funcionamiento, en las dialécticas con el comercio formal, y en las dinámicas con redes criminales (ver “Tráfico ilegal”), mafias o comerciantes formales que controlan algunos sectores de la ciudad (Peña, 2000, 1999).
El tercer campo de análisis refiere al de las políticas públicas, en el que se han analizado aquellas que se han enfrentado al comercio callejero y cómo esto ha generado procesos de segregación o inclusión del comercio callejero (Ojeda y Pino, 2019; Roever y Skinner, 2016; Bromley y Mackie, 2009).
En el cuarto campo, los estudios se han centrado en la espacialidad del comercio callejero, analizando las tipologías de ocupación del espacio, las estrategias y dinámicas de localización, y las dinámicas de uso del espacio público (Ojeda y Pino, 2019, 2020; Martínez et al., 2017; De Souza y Bustos, 2016), y de forma muy liminar han aparecido estudios de movilidad asociados al comercio callejero en la Ciudad de México (Sarmiento, 2018; Meneses, 2013) y en Río de Janeiro (Galarce et al., 2020).
Finalmente, se ha desarrollado el análisis desde el enfoque de la salud pública, en el que estudios en Brasil y Colombia han analizado el impacto que tiene el espacio público de la ciudad en la salud de los comerciantes callejeros (Queiroz et al., 2019; Garzón et al., 2018; Noor Fatihah et al., 2017), y el que tiene en la salud de los compradores la comida que compran en la calle (Colli et al., 2013) (ver “Movilidad y alimentos”).
Desde lo anterior, Veronica Crossa (2016) señala la importancia que tiene desarrollar estudios integrales que permitan analizar el comercio callejero y sus comerciantes como sujetos y objetos, como un escenario complejo de interacciones sociales, económicas, espaciales y política; es lo que ha definido bajo el concepto de “deshomogeneización” del comercio callejero informal.
Finalmente, las investigaciones sobre comercio callejero informal y movilidad son muy recientes y se han concentrado principalmente en estudios de casos en Asia, África y Latinoamérica. Balarabe y Sahin (2020), Taylor y Song (2020), Adama (2020) y Turner y Oswin (2015) analizaron las estrategias y los patrones de movilidad para vender y escapar del control de las fuerzas públicas. Balarabe y Sahin (2020), Li et al. (2018) y Eidse et al. (2016) analizan los patrones de movilidad de los comerciantes callejeros de Beijing (China) y Hanoi (Vietnam) desde la perspectiva del modelo de las seis facetas de Creswell (2010) (fuerza motriz, ruta, velocidad, ritmo, experiencia y fricción), revelando cómo se expresan y acomodan según las políticas públicas prohibitivas o restrictivas a las que se los somete. En el caso de los comerciantes callejeros en Yuncheng (China), Sun (2021) desarrolló un ritmo-análisis de las calles apropiadas por el comercio callejero y de cómo este ritmo vincula espacio, tiempo y cotidianidad del comercio callejero.
En el caso de Latinoamérica, los estudios de comercio callejero y movilidad se han desarrollado en Río de Janeiro con Galarce et al. (2020), en Ciudad de México con Bakić (2021), Sarmiento (2018) y Meneses (2013), y en Santiago de Chile con Jirón et al. (2021) y Carrasco et al. (2021). Galarce y Pettena (2020) analizan el uso que los comerciantes callejeros les dan a las infraestructuras del sistema de transporte público (ver “Infraestructura”), interviniendo o modificando su espacialidad para construir sus puestos de forma esporádica.
Meneses (2013) realizó un análisis que combina movilidad con una perspectiva sociojurídica, revelando los conflictos socioespaciales entre comerciantes formales e informales. El autor señala que los comerciantes formales son inmóviles, debido a su institucionalización, lo que se contrapone a los informales, que, al no estar dentro del marco jurídico, tienen que moverse para vender y no ser atrapados por la autoridad. Sarmiento (2019) propone utilizar el enfoque de motilidad acuñado por Kaufmann et al. (2004), señalando que los comerciantes callejeros utilizan la motilidad como un capital de movilidad, que les permite desplazarse por diversos lugares distintos y apropiarse de estos. Bakić (2021) desarrolla un estudio del impacto que tiene en los usuarios la constante erradicación de los puestos de comida callejera informal de la Ciudad de México. En el caso chileno, Jirón et al. (2021) analizaron los trabajadores móviles digitales (ver “Trabajos móviles”) que trabajan de manera irregular o informal para empresas de delivery, transportes o logística tipo Uber, Cornershop, PedidosYa y Rappi en la ciudad de Santiago, revelando que los TMD, al no tener un lugar fijo de operación, han establecido una nueva forma de uso del espacio vial y del espacio público, y al mismo tiempo este tipo de trabajo se enmarca en la lógica del multitrabajo formal-informal. Carrasco et al. (2021) analizan cómo los comerciantes de comida callejera que se instalan en las estaciones de metro de Santiago de Chile transforman los espacios públicos donde se instalan, y al mismo tiempo modifican las prácticas de movilidad y alimentación de los transeúntes (ver Movilidad y alimentos).
Movilidad y hábitat informal en América Latina
Carlos Torres (2011), citando el artículo “La urbanización marginal y la formación de plusvalía del suelo” de Solá Morales (1974), señala que los primeros estudios sobre ciudad o hábitat informal se sostenían en cuatro miradas: la primera era la geográfica, que definía el fenómeno como crecimientos urbanos descontrolados; la segunda era la mirada sociológica, que analizaba el fenómeno como un universo de precariedad social y espacial causada por la pobreza que, en la mayoría de los casos, estaba asociado a procesos migratorios campo-ciudad de los años 50-60; la tercera mirada era la macroeconómica, entendiendo el fenómeno de apropiaciones informales de tierras seguidas de autoconstrucciones de viviendas como una forma o estrategia de desarrollo económico de grupos familiares vulnerables o de bajos recursos; y, finalmente, estaba la mirada antropológica con el tan criticado prisma de la cultura de la pobreza de Lewis.
Superadas las miradas liminares de los estudios sobre hábitat y ciudad informal, surgieron estudios como los de Nora Clichevsky (2006), Edesio Fernandes (2011) o Mercedes di Virgilio (2014), quienes realizaron un análisis crítico sobre el rol que tienen las políticas públicas en los procesos de regulación y desregulación del suelo urbano junto a la proliferación de los asentamientos informales latinoamericanos. Estos concluyen que la producción del hábitat informal está estrechamente relacionada con las reglas y normas urbanas que fijan los Estados. Di Virgilio (2014) señala que el estudio de Clichevsky (2003) distingue tres tipos de políticas regulatorias de los países latinoamericanos, de las cuales la primera consiste en la regularización de los sitios (titulación), la segunda, en el mejoramiento urbano del asentamiento (urbanización), y la tercera, en la sumatoria de la titulación con la urbanización, que tiene como paradigma el programa Favela Bairro de Brasil.
Los estudios sobre asentamientos informales y movilidad aún son escasos, y la mayoría han abordado el tema desde un enfoque clásico o tradicional “utilizando las movilidades residenciales como instrumento para analizar la estratificación social y la reproducción de clases sociales” (Imilan et al., 2020: 60), lo que implica que se las observe como unidades fijas e insulares. Por ejemplo, Di Virgilio (2012) analizó las movilidades residenciales de los habitantes de asentamientos informales de Buenos Aires mediante una metodología cuantitativa, y concluyó que los habitantes más vulnerables económica y socialmente tienden a tener mayor movilidad residencial que los otros estratos sociales (Di Virgilio, 2012). En una línea similar, Brikman (2020) desarrolla un análisis cuantitativo de patrones de movilidad y de prácticas de movilidad cotidiana de los habitantes de dos asentamientos informales de Buenos Aires, y observó que la segregación residencial diferencial produce una prevalencia de una movilidad intrabarrial por sobre una movilidad extrabarrial, declarando tácitamente que la segregación residencial convierte a los asentamientos informales en unidades urbanas fijas insulares.
Bajo la misma lógica de segregación por localización y de accesibilidad a bienes y servicios de la ciudad consolidada, Lucero et al. (2022) señalan que la ausencia de integración a la planeación urbana de los asentamientos informales de Puebla (México) se ha convertido en un instrumento de control político, y al mismo tiempo ha generado el desarrollo de un transporte colectivo informal para acceder a la ciudad. Otra mirada es la que han tenido Campos Medina y otros (2020), quienes, al analizar la movilidad residencial posdesastre socionatural en Chile, concluyeron que el Estado ha utilizado los escenarios posdesastre para acelerar los desplazamientos forzados de quienes habitan en asentamientos informales y, de este modo, controlar la plusvalía del suelo “negociada” por la alianza público-privada.
Los estudios anteriores de movilidad residencial y asentamientos informales no contemplan un enfoque de movilidad (Jirón e Imilan, 2019), lo que implica que estos sean definidos como unidades fijas que incuben marginalidad, pobreza, exclusión y segregación. En el caso de los asentamientos informales, el enfoque de la movilidad podría permitir, revelar y comprender cómo las estrategias de vida, las trayectorias cotidianas y las trayectorias residenciales definen y redefinen prácticas materiales e inmateriales, saberes e imaginarios, y cómo estas dimensiones les dan forma y significado a los espacios de la(s) ciudad(es) y de los territorios en que sus habitantes viven en el cotidiano.
En línea con lo anterior, podemos destacar dos estudios que se enfocan en comprender cómo las prácticas de movilidad de los habitantes de los asentamientos informales hacen que estos últimos sean parte constitutiva de la trama urbana y social de las ciudades o los territorios. Primero destacamos el estudio realizado por Andrea Pino (2013, 2015, 2016), el que reveló la importancia que tienen las trayectorias de vida, los saberes, idearios e imaginarios y las prácticas cotidianas de movilidad en la construcción y consolidación socioespaciales de los asentamientos informales en Valparaíso (Chile).
La autora señala que estas dinámicas se sostienen en tres formas de habitar: el saber hacer, la soberanía comunitaria y los conjuntos residenciales familiares (Pino, 2015). El saber hacer consiste en los conocimientos constructivos que los habitantes adquieren en sus redes familiares, amicales, barriales y laborales y en el modo como ello es utilizado para idear y construir, ampliar y mejorar sus viviendas y barrios a través del tiempo, es decir, la movilidad de los saberes e imaginarios, que son de diversas procedencias, son fundamentales para construir y habitar en un asentamiento informal.
La soberanía comunitaria refiere al control que ejercen los habitantes sobre quienes puedan llegar a vivir al asentamiento, lo que implícitamente define quién se moverá en el barrio y desde él, es decir, las prácticas inmateriales y los imaginarios de los habitantes inciden en la forma y significación del espacio urbano del asentamiento y su relación con la ciudad.
Los conjuntos residenciales familiares son entendidos como “sistemas familiares de viviendas donde cada familia recompone y construye una parte del medio urbano complejizándolo y dándole forma, generando así una red de interconexiones y ramificaciones residenciales” (Pino y Ojeda, 2013: 160), lo que revela que las estrategias de vida y las trayectorias residenciales de los habitantes de los asentamientos informales se sostienen en un sistema decisional estructurado por relaciones familiares o amicales y oportunidades laborales.
Finalmente, el estudio desarrollado por Imilan, Osterling, Mansilla y Jirón (2020) en la ciudad de Alto Hospicio (Chile) demuestra a través de un estudio de prácticas de movilidad desde una perspectiva relacional que los asentamientos informales no son espacios autocontenidos (insulares), aislados o autosustentables, sino que están en una relación interdependiente con la ciudad formal donde se encuentra la mayoría de los bienes y servicios que requieren sus habitantes (ver “Centralidades”). Los autores concluyen que “la relación formal-informal está presente a lo largo de todas las movilidades residenciales tanto en el acceso a la vivienda como en las actividades laborales” (Imilan et al., 2020: 76).
Desafíos futuros: la movilidad como enfoque para analizar la informalidad urbana
Jirón e Imilan (2019) plantean que el giro de la movilidad permitió superar la mirada positivista que utilizaba datas estadísticas para comprender los procesos de movilidad, migración, turismo, infraestructura urbana, entre otros. Los estudios que tienen un enfoque de la movilidad demuestran que las prácticas cotidianas de los habitantes de los asentamientos informales y de los comerciantes callejeros son parte constitutiva en la producción y reproducción del continuum formal-informal planteado por Banks, Lombard y Mitlin (2020), continuum por el cual todos transitamos, todos fluimos, todos habitamos y todos consumimos.
En Latinoamérica, la crisis socioeconómica pospandemia, sumada a la migratoria, debería tener incidencia en este transitar en el continuum formal-informal, mejorando o deteriorando la modalidad multitrabajo (presencial-virtual + formal-informal), en la que la superposición de la vida laboral con la vida cotidiana podría incidir en las trayectorias de vida y trayectorias cotidianas de los más de 140 millones de trabajadores informales y de los 110 millones de habitantes de asentamientos informales.
Analizar la informalidad desde este escenario mediante el enfoque de la movilidad permitirá, entre otras cosas, estudiar el impacto social y espacial que tendrá la incorporación de migrantes en la economía informal y en el hábitat informal. También se podrá analizar cómo el uso de los teléfonos inteligentes y sus múltiples aplicaciones comerciales y sociales impactarán en las formas y dinámicas de apropiación informal de la urbanidad. Así mismo, en un escenario pospandemia, el enfoque de la movilidad podría revelar si cambiaron o no las prácticas de movilidad cotidiana de quienes habitan en asentamientos informales o de quienes trabajan como comerciantes callejeros informales. Se podrá analizar cómo las trayectorias cotidianas de los habitantes de una ciudad o un territorio se desarrollan en escenarios formales e informales al mismo tiempo. En el caso de los trabajadores móviles digitales, se podrá analizar el sentido y la forma de los espacios que utilizan en sus trayectorias cotidianas o laborales y cómo ello construye o no espacios comunes e íntimos.
