Esteban Espejo[2], Pablo Lorenzo[3], Mariel Payo Esper[4]
y María Malena Lenta
Este capítulo se propone abordar algunas reflexiones en torno a los temas críticos del proceso de trabajo en el campo de las políticas públicas de restitución de derechos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Las puntualizaciones parten de un proceso de Investigación Acción Participativa (IAP), desarrollado entre el colectivo de trabajadores/as de un programa perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), cuya modalidad de trabajo es en territorio, y al cual denominaremos a lo largo del capítulo como ‘El Programa’[5], y el ‘Equipo de Investigación’ del proyecto UBACyT “Salud mental comunitaria: contextos de precarización y políticas del cuidado” y el proyecto de Extensión Universitaria “Observatorio de prevención y promoción de la salud comunitaria” de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Desde el enfoque de la IAP, todo proceso de investigación social supone una incidencia en el campo que busca conocer e interpelar las experiencias y los saberes de quienes forman parte de dicho proceso de indagación. El encuentro entre quienes investigan y los/as investigados/as no solo permite evidenciar los sentidos y significados que las personas producen en torno a sus experiencias y prácticas, sino que también puede implicar la producción de conocimiento en el proceso mismo de desnaturalización y problematización de las experiencias cotidianas. Al mismo tiempo, el carácter participativo de la IAP enfatiza en la apropiación de la experiencia como una estrategia para la reflexión crítica y la potenciación de procesos de exigibilidad de derechos, en cuanto se concibe la investigación como situada en relación con las necesidades y demandas que se co-construyen con quienes participan de ella.
En dicho marco, este texto es una experiencia de escritura conjunta entre los dos espacios en el intento de lograr una convergencia narrativa para producir la validez interpretativa del proceso de IAP desplegado. Asimismo, permite elaborar algunas conceptualizaciones que impacten en las prácticas del colectivo. Nos proponemos caracterizar el dispositivo territorial, identificar los objetivos de las prácticas, precisar la población juvenil destinataria del programa, desarrollar las tensiones emergentes en las prácticas y reflexionar sobre las afectaciones singulares y colectivas del trabajo en este campo.
A lo largo del capítulo aparecerán entrelazadas diferentes narrativas, tanto producciones, comentarios y sensaciones que emergieron en los encuentros previos a la confección de este trabajo (que aparecen entrecomilladas y en cursiva), como las resignificaciones y conceptualizaciones que desarrollamos en la escritura.
Por último, caracterizaremos el Programa a partir de tres dimensiones analítico-experienciales en permanente diálogo. Para quienes formamos parte de él, nuestra labor constituye una práctica cotidiana, un posicionamiento teórico, que es eminentemente político, y una intemperie, que es a la vez dificultad y condición de posibilidad.
Contextualización del campo: de los derechos y lo “penal juvenil”
A comienzos del siglo XIX, con la sanción de la Ley 10.903/1919 de Patronato de Menores, la judicialización y criminalización de la infancia pobre fue la base del paradigma predominante que trazó una línea divisoria entre “niños/as” y “menores”, según el carácter de sus cunas. Bajo este paradigma un/a joven podía ser institucionalizado/a tanto por el criterio de riesgo de “peligro material o moral” como por haber, presuntamente, cometido un delito. El encierro en instituciones fue la salida estratégica empleada con el fin de “proteger” a la sociedad de una posible “amenaza” de parte de estas niñeces.
Desde mediados del siglo XX, a partir del surgimiento del discurso y los movimientos de Derechos Humanos, se comenzó a interpelar el lugar de la niñez y adolescencia como objeto de tutela, para incorporar la noción de derechos, participación y sujetos/as sociales. Con la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) (1989), los principios de interés superior del niño y la integralidad de derechos, se instaura el paradigma de la Protección Integral, pasando de la objetivación de la niñez a la ciudadanización de las infancias. En nuestro país, en 2005 se sanciona la Ley 26.061 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes que funda el sistema de protección integral. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de la Ley 114/1998, se incluyen en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes los programas del área de desarrollo social junto con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en tanto organismo de exigibilidad de derechos al propio Estado.
Sin embargo, la retórica de derechos humanos para la infancia se pone en tensión en función de la realidad de la exclusión social y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de la persistencia de instituciones y criterios tutelares, especialmente respecto de la población en conflicto con la ley penal. En este ámbito rige el Régimen Penal de Minoridad establecido en el Decreto Ley N° 22.278/1980, sancionado durante la última dictadura militar. Este paradigma se desprende de la Ley del Patronato, y mantiene un fuerte sesgo tutelar y de control, en contradicción con la CIDN y la Ley 26.061, sosteniendo la posibilidad de privación de libertad si fuera necesario en virtud del “peligro material o moral” o por “problemas de conducta”, independientemente del delito y la condición de punibilidad que establece la ley. Recién en 2015 se sanciona la Resolución 313/2015, que busca limitar la discrecionalidad de los jueces nacionales para la privación de libertad de los/as no punibles.
La ley 2.451/2007 que regula el Régimen Procesal Penal Juvenil en CABA sostiene la existencia de cuatro tipos de Dispositivos/Programas: el Centro de Admisión y Derivación (en reemplazo a ingreso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en comisarías), los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado, las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida y los Programas de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad mediante dispositivos de seguimiento y acompañamiento en el ámbito socio-comunitario.
Sobre el programa y la práctica cotidiana
Incluir el Programa para el cual trabajamos en este universo institucional resulta complejo, ya que por un lado asume tareas de protección/promoción de derechos y, por otra, se ancla en el sistema penal juvenil, que históricamente fue desde donde se castigó y reprimió a los sectores populares. El Programa no se encuadra en lo que se denomina “medida penal”, pero se constituye dentro del ámbito penal como una posible intervención estatal en relación con la transgresión a la ley, de modo que se garantice la restitución de los derechos que han sido vulnerados.
En su protocolo se establecen los siguientes objetivos:
Llevar a cabo acciones en las dimensiones individual, familiar y comunitaria que tiendan a la promoción y restitución de aquellos derechos que se observan vulnerados. (…) Generar articulaciones territoriales con organismos gubernamentales, organizaciones civiles y privadas, que propicien el armado de redes desde las cuales no solo brindar respuestas a las necesidades que circunstancialmente se puedan presentar, sino también en aquello en lo que los niños, niñas y adolescentes manifiesten su interés singular y particular y (…) motorizar la intervención de los efectores correspondientes (Sistema de Protección de Derechos, Sistema de Salud, Sistema Educativo, entre otros) en virtud de garantizar la restitución de derechos.
Para abordar la dimensión de la práctica cotidiana, resulta útil recurrir a una de las imágenes metafóricas evocadas en diálogos del equipo: “es una artesanía diaria”, “hacemos lo que podemos con lo que tenemos”. Estas sensaciones explicitadas por quienes conformamos el Programa dan cuenta de que, además de un saber técnico y teórico, la práctica en territorio requiere creatividad, manejo de la frustración propia y ajena, lecturas urgentes de la coyuntura y apuestas diversas.
La población a la que se dirige el Programa accede a partir de una evaluación y en un contexto particular, pues los equipos evaluadores de los dispositivos penales deben considerar necesario para el/la adolescente el acompañamiento, en el marco del Programa, de un/a operador/a en su territorio, es decir, en su comunidad, barrio o ámbito por el que transite fuera de los dispositivos penales. A la vez, una característica particular del Programa es que la incorporación de los/as jóvenes se plantea como voluntaria. El carácter de voluntariedad adquiere gran importancia, si bien entendemos que no siempre se va a enunciar de manera explícita y concreta. No hay sujeción penal que obligue a los/as adolescentes con los cuales trabajamos a sostener las intervenciones ni a aceptarlas. Esta característica, que para el equipo del Programa representa cierta libertad en los términos en los que se plantea el vínculo, entraña el enorme desafío de incorporar al/a otro/a en la intervención y ubicarlo/a en el papel de interlocutor/a válido capaz de pensar/pensarse, problematizando sus condiciones de vida y generando estrategias que le permitan una relación de mayor cuidado ante su familia, su barrio, sus proyectos de vida y las instituciones.
El carácter voluntario de la participación de los/as adolescentes en una intervención enmarcada a partir del pasaje por el ámbito penal nos impone el desafío de pensar el acercamiento a los/as jóvenes a partir de una propuesta abierta a construir, y no como sanción frente a la transgresión. Por esto, y ante la ausencia de coordenadas claras, quienes formamos parte del Programa desde su inicio asumimos la tarea de construir y explicitar un “proceso de admisión” y un “protocolo de intervención”, con el fin de establecer un encuadre frente a lo que en un principio aparece como intemperie, es decir, falta de marcos de referencias, acuerdos y límites.
En ese “proceso de admisión”, este primer momento de la intervención supone el acercamiento hacia un/a sujeto/a, con sus vínculos familiares y comunitarios. Se trata de un proceso que requiere flexibilidad y creatividad en ambas posiciones, para iniciar una búsqueda plagada de encuentros y desencuentros entre sus intereses y los nuestros. Estos procesos nunca son lineales ni estáticos, fluctúan con las diversas propuestas y respuestas de los/as jóvenes, el estilo y formación de cada profesional y con la realidad dinámica (o simplemente nómade) donde los/as sujetos/as transitan. El cambio constante de los números de celular o las coordenadas territoriales para los encuentros con los/as jóvenes, por ejemplo, son algunos de los indicadores de esta dinámica con cierta inestabilidad o inconsistencia primera en la configuración del proceso de intervención. Es por ello que establecer objetivos-guía resulta necesario para ordenar la intervención y no eternizar la permanencia en un Programa que se vincula con el tránsito por el sistema penal.
Del territorio y la intemperie: “hacer el encuadre”
El escenario de nuestra práctica es el territorio en el que los/as jóvenes transitan atravesados/as por condiciones de clase, diferencias (que se vuelven jerarquías) de género y cultura, diversas formas de racialización y exclusiones generacionales. Este territorio configura una inclusión precaria de los/as adolescentes en las instituciones de protección social, que les restringe en gran medida el acceso a los consumos socialmente valorados y estigmatiza sus prácticas sociales y culturales.
Si bien trabajar en el territorio propio en el que habitan y transitan los/as jóvenes y no en una oficina o espacio oficial del Estado supone la posibilidad de intervenciones creativas para los/as jóvenes y para nosotros, la ausencia de un espacio físico propio dificulta la organización y gestión operativa del Programa y la instauración de un encuadre, por la labilidad de algunas coordenadas para el encuentro. Esto no solo predispone intervenciones erráticas (reuniones que se cancelan a último momento, malentendidos con interlocutores institucionales y familiares de los jóvenes), sino que la propia institución en la que se enmarca el Programa supone al/a joven como un/a sujeto/a pasivo/a que se debe encontrar a la ‘espera’ de nuestra ida a su territorio. Al mismo tiempo, muchas veces somos los/as trabajadores/as del Programa quienes debemos ‘esperar’ la habilitación del/a joven para la entrada a su ámbito territorial. Frente a esta dinámica de búsqueda, encuentro y desencuentro, encarnar el encuadre de la intervención en nuestra propia presencia en el territorio, sin tener anclaje en un lugar concreto, muchas veces imposibilita un acercamiento y comunicación más directa con la población. Podría pensarse que el solo hecho de contar con esa posibilidad habilitaría ciertos movimientos genuinos de acercamiento de los/as adolescentes a un lugar fijo y estable, donde intuyan que siempre habrá alguien esperándolos/las.
El territorio se convirtió poco a poco en el espacio en el que se pueden poner en tensión las generalizaciones desde las cuales se piensan muchos de los dispositivos de las políticas públicas, en especial, del ámbito penal juvenil. Pues “el armado de estrategias para una intervención posible es caso por caso”, ya que en el territorio singular de cada joven resalta aún más la singularidad de las trayectorias de vida. Sin embargo, en este armado artesanal, la intemperie cotidiana y colectiva tiene implicancias subjetivas complejas. En los espacios de reflexión que sostiene nuestro equipo, surgió la idea de que nosotros/as mismos/as éramos el encuadre que podía, a través de objetivos y del vínculo con los/las jóvenes, recortar la intemperie, acotar la inermidad, armar un borde y organizar coordenadas, es decir, construir un espacio de posibilidad, que diera lugar a una intervención. “Encarnar el encuadre” implica también ceder parte de nuestro cuerpo personal. Somos nosotros/as y nuestros cuerpos quienes sostenemos el devenir de la intervención. Cuerpo presente en territorio frente a un/a otro/a pero, tal como se mencionó anteriormente, en tensión con el orden institucional que nos ‘alberga’ y al cual pertenecemos como política pública. Nos encontramos “transitando el desamparo constante de los y las pibas” en la contradicción entre “lo que pueden y lo que ‘responden’ las instituciones”.
Según postula Carballeda (1996), toda intervención consiste en la construcción de un espacio y un tiempo artificial, un escenario integrado por los diferentes actores, con la finalidad de modificar o revertir una situación. Es decir, no se trata de un episodio “natural” y produce consecuencias sobre ese/a otro/a. Nuestro objetivo es asumir el enorme desafío de sostener una noción de praxis que incorpore a los/as adolescentes y los/as ubique como interlocutores válidos/as, capaces de problematizar sus propias condiciones de existencia y de construir y llevar adelante en conjunto estrategias y acciones orientadas hacia posibles soluciones a sus problemas. Apostamos a la construcción de un espacio de reconocimiento y aceptación mutua, condición que consideramos necesaria para que una propuesta de trabajo devenga en capacidad de transformación. Recurriendo nuevamente al intertexto: “nuestro objetivo implica que los/as pibes/as se interroguen y, quizás, conmoverlos/as”.
La posibilidad de transformación, no solo se encuentra íntimamente relacionada a nuestra posición y la mirada con que se aborda la otredad, sino también al compromiso de una praxis que se desenvuelve en lo ético y en lo político. Paul Ricouer (2011) define la ética como la aspiración a una vida cumplida bajo el signo de las acciones estimadas buenas. Según el autor, la ética es tender a la vida buena “con otros y para los otros”, en instituciones justas, lo que está ligado a la noción de cuidados.
Cuando hablamos de intervención en nuestro trabajo, nos parece importante poner el foco en la subjetividad que la envuelve. Nuestra labor se desliza en los intersticios de “lo demandado”, lo esperado, lo posible y “lo logrado”. Las urgencias son intermitentes, las demandas son múltiples y provienen en general de la dirección de la institución, pero también de las familias, juzgados, instituciones escolares y de los/as adolescentes. En muchas oportunidades, parte del trabajo es justamente construir esa demanda, tarea cotidiana que realizamos en conjunto con cada joven y también su entorno. Dichas intervenciones no tienen que ver únicamente con los/as adolescentes, sino que también se extienden al plano familiar y comunitario de cada joven.
Resulta entonces un desafío, apelando a la figura de intemperie, ubicar “la intervención” en un “más allá” del tiempo de la urgencia, conjugando quizás lo demandado, lo esperado y lo posible. Se trata tal vez de provocar un pliegue, una discontinuidad en la linealidad del tiempo. Para abordar esta idea, recurrimos a la mitología griega y las tres figuras que han organizado la experiencia del tiempo en la Grecia Antigua: Aión, Kronos y Kairós. El primero, Aión, es el dios creador del mundo. Él no tiene origen ni descendencia, él es “todo”: ha existido desde siempre y existirá por siempre (Sferco, 2015). Por otro lado, Kronos señala los límites de un tiempo entre la vida y la muerte humana, es el tiempo humano. La “duración”, introducida en el mundo por Kronos, marca por primera vez los límites de un espacio de tiempo, el tiempo mensurable. En los términos de la dicotomía: Aión-Kronos, el mundo clásico intenta introducir una tercera figura que habilite a concebir un tiempo otro, un tiempo “propio” que permita realizar una lectura de las emergencias singulares de la experiencia humana. De ahí surge Kairós, entonces, como tercer tiempo capaz de sortear la dualidad planteada en la separación de las dos figuras anteriores. Kairós se vuelve la figura del “momento oportuno” (Sferco, 2015).
El tiempo de la intervención debiera ser el tiempo de Kairós. Carballeda (1996) lo denomina “un tiempo artificial”, que introduce un corte, una pausa al movimiento lineal y continuo de Kronos. En esta pausa o pliegue, se habilita un espacio para la reflexión y la lectura de la experiencia singular. Nuestra labor se despliega, como dijimos, entre múltiples demandas y supuestos, de ahí nuestra necesidad de tomar distancia respecto del supuesto ideal según el cual deberíamos ser un programa capaz de abordar “todo lo que se nos deriva”, o del supuesto de omnipotencia, según le cual un único programa, dispositivo o disciplina posee todas las respuestas. Se trata entonces de constituirnos como Programa, a través del pasaje del todo al no-todo, y ser capaces de demorarnos frente a la “urgencia”, intentando de este modo ir delimitando un campo de posibilidad y encuentro.
¿Por qué hablamos de urgencias?
Nuestra actividad se desarrolla, como bien dijimos, en un espacio que construimos dentro de ese territorio de intemperies por el que transitamos junto a los/as jóvenes. El universo institucional penal juvenil está inmerso en un mar de urgencias que debe constantemente atender. Hablamos de urgencia como un componente heredado del ámbito penal, resistido y muchas veces incorporado por quienes somos parte del Programa. Nuestra tarea, entonces, tensiona ese universo, ya que procura constituirse para desplegarse en su opuesto. La paradoja también es cómo se visibiliza a un/a joven a partir de la transgresión y la acción de la ley, pues las urgencias de las que hablamos tienen que ver con dar respuesta a una realidad que sucede a diario o, más bien, con las transgresiones de los derechos de los/as propios/as adolescentes incluso por parte del Estado.
Al ir ubicando y visibilizando estas tensiones y contradicciones, nace la necesidad de instituir y habitar otros espacios que nos permitan desplegar aquellos interrogantes que se nos presentan cotidianamente, y que anticipamos a lo largo del capítulo. Como partícipes de experiencias de acción social, nos planteamos ciertas dudas con respecto a las prácticas que llevamos adelante y sobre nuestra relación con los/as adolescentes en conflicto con la ley penal con los/as que trabajamos. Muchos de estos interrogantes tienen que ver con las nociones de cuidado, y la posibilidad real de inclusión y restitución de derechos. Consideramos que poder detenernos y reflexionar sobre ello debería sin dudas ser parte de nuestra labor, ser una constante que se instale con su propio tiempo y lugar. Es por ello necesario gestionar espacios de reflexión, dejando de lado momentáneamente estas urgencias ‘heredadas’ y también reales de la praxis, incluso teniendo en cuenta que quizás muchos de esos interrogantes se queden sin respuesta.
Algunas de las preguntas que surgieron durante espacios de reflexión fueron: ¿qué nos piden? ¿Qué es la inclusión? ¿A qué mundo y de qué maneras los/as estaríamos incluyendo? ¿Qué es la restitución/institución de derechos? ¿Qué es el cuidado? ¿Coexiste el cuidado con la moral? ¿Trabajamos desde la reducción de daños? ¿Con quiénes trabajamos?
Texto y contexto
Resulta necesario incorporar la dimensión socio-económica para intentar comprender las consecuencias e impacto producidos en los “modos de exclusión/inclusión”, y las condiciones materiales y simbólicas de nuestra realidad social. En las sociedades del capitalismo neoliberal, el mercado, más que cualquier dispositivo, se erige como el “gran ordenador” social. El impacto en las subjetividades es siempre significativo: la sociedad productora de mercancías nos enseña que “somos lo que tenemos”, mientras perpetúa la exclusión, la marginalidad y la alienación. Estas condiciones, sumadas a las sucesivas crisis socioeconómicas, fueron el trasfondo de distintos procesos, como el aumento del desempleo, la pobreza, la indigencia y el deterioro de los servicios públicos estatales (Epele y Pecheny, 2010).
La intemperie en la que trabajamos es histórica, surge como consecuencia de las políticas neoliberales de los noventa, donde la precarización laboral y la incertidumbre ante las posibilidades de supervivencia son una constante en los barrios populares, que profundiza las desigualdades materiales que impactan también en el orden simbólico. En este escenario, según Carballeda (1996), el mercado resulta el gran disciplinador. Donde antes el Estado benefactor regulaba, en parte, las reglas de la oferta y la demanda, el capital en el neoliberalismo es arbitrario e insaciable, ya que impone un modo de existencia orientado a consumir cada vez más, desde mercancías hasta comportamientos e ideologías. De este modo, y cobrando aún mayor visibilidad en nuestra labor, las diversas problemáticas y afectaciones de los/as jóvenes con quienes trabajamos encuentran su correlato. Resuena la pregunta: ¿qué es entonces inclusión? ¿Qué es la restitución? ¿Restitución de qué y hacia dónde?
Entre los objetivos de nuestra labor, se enuncia la promoción y restitución de los derechos consagrados en la CIDN y su correspondiente adecuación en CABA. La tarea debiera desarrollarse desde una perspectiva comunitaria y territorial, para garantizar la inclusión social de las y los niños, niñas y adolescentes, con miras a ampliar las posibilidades de construir un proyecto vital, novedoso y singular. En nuestra práctica, “la inclusión” de los/as adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil muchas veces resulta ser “un enigma”, a pesar y a sabiendas de que dicha inclusión se vincula directamente con el acceso y ejercicio pleno de derechos vulnerados. La pregunta que resuena subsiguientemente es. ¿incluirlos/as en qué, y para qué? Una respuesta irritante y displacentera con la que nos encontramos a veces es: incluirlos/as ¿en la explotación? En términos prácticos, sin embargo, la respuesta se traduce en estrategias ensayadas, repetidas y en su mayoría fallidas (por múltiples razones), para el acceso a la salud, educación, trabajo, actividades lúdicas, etc.
Resulta imprescindible pensar que para los/as niños, niñas y adolescentes la inclusión está ligada por un sentido de pertenencia a un colectivo que nos excede, a un sistema de creencias que se construye en su territorio. Podemos reconocer que se inscriben prácticas y escenarios asociados a la precariedad, la marginalidad y que muchas veces ese universo se vuelve el único espacio de identificación y de pertenencia
(…) la verdadera patología de esta subjetividad está dada por la necesidad imperiosa de la pertenencia social y los vínculos instituidos y a la vez por la imposibilidad de éstos. El individuo precisa estar con otros/as para su reconocimiento y tener garantizada, así, la vivencia de existir. La necesidad imperiosa de la pertenencia social y los vínculos instituidos se enfrenta con la amenaza constante de un no lugar social. Se trata de que el lazo social mismo está bajo la amenaza de su fragilidad creciente y su pérdida, haciendo que los modos de integración con los otros en la vida social se haga crispada (…) (Galende, 1998, p. 251).
Pensar los afectos, prestar el cuerpo
Hay tres hilos que habría que tejer conjuntamente: el individual, el familiar y el social. Pero el familiar está un poco podrido, el social está lleno de nudos. Entonces uno teje solamente el individual. Y se asombra de no haber hecho más que un bordado (…) artificial y frágil.
Fernand Deligny (Semilla de crápula)
Como se refirió más arriba, las afectaciones no tienen que ver únicamente con lo que sucede en territorio, se vinculan también con el aparato institucional en el que se inserta nuestra práctica. Por eso, a partir de la filosofía de Baruch Spinoza y del modo en que la interpreta Gilles Deleuze, nos proponemos repensar las afectaciones que experimentamos en nuestro cuerpo, que es a la vez encuadre y recurso del Programa.
Spinoza (1961) critica la filosofía de Descartes, que considera que la res cogitans debe tender hacia “ideas claras y distintas” y la res extensa, el cuerpo, debe ser un mero soporte del sujeto pensante. Spinoza (1961, p. 97) contrapone lo siguiente: “Sustancia pensante y sustancia extensa es una sola y misma sustancia, comprendida tan pronto bajo un atributo como bajo el otro”. Para su filosofía, lo digno de pensar incluía tanto el pensamiento como las afecciones que impactaban en el cuerpo.
Spinoza (1961, p. 188) distinguía las pasiones tristes de las pasiones alegres. Entiende la tristeza como: “una pasión por la que [el Alma] pasa a una perfección menor”. La disminución en la potencia de acción, dice Deleuze (2006, p. 52), “se manifiesta tanto en la desesperación del infeliz como en los odios del malvado”. La tristeza, además, nos mantendría en cierta pasividad que podría expresarse como disminución o inhibición de la potencia de acción. En nuestra práctica, la “tristeza” implicaría la disminución de la potencia en las intervenciones con los jóvenes, debido al malestar que puede provocar la intemperie donde se juega nuestra práctica; y también la “tristeza” cuando nos cansamos de “poner el cuerpo” y no saber para qué.
En la práctica en contextos de vulnerabilidad a veces se habla de “poner el cuerpo”, pero pocas veces se interroga esta frase. La frase tiene la resonancia de un gesto anónimo e incluso que puede prescindir de otro para quien se ponga el cuerpo. Además, tiene una implicación heroica e imperativa que indicaría lo siguiente: si trabajamos en territorio, “hay que poner el cuerpo”. Es decir, el cuerpo ya no nos pertenecería a los/as trabajadores/as, sino que sería de la institución estatal, de la intemperie o de “nuestros/as pibes/as”. En línea del planteo de Spinoza, este modo de relacionarnos con el cuerpo nos deja en la impotencia de la acción: nos desgasta, nos entristece, nos sumerge en la queja. En algunos de los encuentros llevados a cabo en el espacio de reflexión con el Programa ubicamos el cansancio o la tristeza como el común denominador de las afectaciones producidas en nuestro cotidiano.
Mientras “pongamos el cuerpo” nunca vamos a ser retribuidos/as en función de nuestras expectativas, los dioses del neoliberalismo no responderán a nuestro sacrificio. Más que “poner el cuerpo”, proponemos otra orientación: “prestar el cuerpo”. No lo prestamos en cualquier momento ni a cualquiera ni ante cualquier “urgencia” impuesta desde cualquiera de las instituciones, sino en función del encuentro entre los intereses de los/as jóvenes y los nuestros. Lo prestamos si hay una o un joven que quiera recibirlo. Cuando este interés proviene del/a otro/a, resulta el mejor antídoto ante el cansancio nuestro, cuando los afectos se oxidan y se coagulan en la impotencia.
Ahora bien, esta situación afectiva impacta contra la complejidad del encargo institucional de nuestro Programa. Como fue mencionado más arriba, este encargo implica la tensión entre las distintas líneas ideológicas de la política pública del Estado. Nuestro Programa es el único con carácter estrictamente proteccional en el ámbito de la ley penal, donde los programas deben sostener la ejecución de una pena. Además, se agrega otra tensión puesto que la política proteccional hacia los/as jóvenes se sostiene con reiteradas situaciones de autoritarismo (restricciones de reunión de equipo, traslados arbitrarios de trabajadores/as) y burocratización (compulsión en mensurar el trabajo por la cantidad de horas, por informes y supervisiones estandarizadas, etc.) hacia los/as trabajadores/as. Por último, estos afectos paradojales entre la gran flexibilización de la tarea junto con un control excesivo se encuentran en nuestro cuerpo con la subjetividad producto de la formación profesional, la ideología e historia personal.
Frente a todos estos condicionantes en los que se juega la experiencia y el vínculo que podemos establecer con los y las jóvenes y sus referentes, ¿queda un lugar para el deseo, de los jóvenes y el nuestro, para producir pasiones alegres? ¿Cómo “prestar el cuerpo” sin sentir que se nos expropia, sin sentir que “ponemos el cuerpo” para una institución o por la presión progresista de una “subjetividad heroica”?
Palabras finales
Hace dos siglos, el poeta Hölderlin (2002, p. 46) escribió: “Donde hay peligro crece también lo que nos salva”. El peligro sería que nuestra práctica cediera a la indeterminación constante del trabajo en territorio o a la burocratización de nuestra coyuntura estatal. Estos dos grandes peligros pueden sumirnos en la tristeza que, referíamos más arriba, para Deleuze (op. cit.) se expresa en desesperación u odio; y, agregamos, en queja o apatía. Ahora bien, en el peligro de que nuestro rol quede indeterminado, el azar puede devenir potencia para la acción. Claro que el azar no aparece solo, también se trata de que tanto nosotros/as como los/as jóvenes y sus familias le dejemos un espacio no determinado por la burocracia o cierta desidia que a veces se respira en los barrios populares. Mientras podamos leer y tomar distancia respecto de ciertas determinaciones del encargo institucional y podamos darle sentido al vacío que a veces presentimos en territorio, lograremos construir un lugar donde escucharlos/as y pensar la demanda que muchas veces expresan sin palabras. Esto no implica cavar una trinchera, no vamos a la guerra a los barrios populares. En todo caso, se tratará de cortar la maleza, despejar algunos escombros, mantener en suspenso algunos discursos y producir con cada joven algo inesperado. “Donde hay peligro/crece también lo que nos salva”. Eso implica dejarnos sorprender y “prestar el cuerpo” fuera, por unos momentos, de la máquina neoliberal.
Una pregunta generalizada que surge en los espacios de reflexión es: ¿adónde incluir a estos/as jóvenes? ¿Incluirlos/as en qué? Los horizontes profesionales de nuestra práctica prescriben salud, trabajo, educación y lazo social (a veces con la comunidad, la familia, amigos/as o parejas). Sin embargo, la mayoría de estas inclusiones no implica una reversión de la situación de subalternidad en la que viven los/las jóvenes de barrios populares, que se disputan entre los rezagos del Estado de bienestar o las ofertas laborales casi esclavistas del neoliberalismo. En nuestro país, si bien algunos gobiernos de corte más popular permitieron a las clases subalternas un mejor acceso a los bienes de consumo, las desigualdades económicas, sociales y simbólicas aún están lejos de ser mitigadas del todo. Durante el último gobierno neoliberal esta vulneración se agravó. Los recortes presupuestarios estatales significaron una mayor precariedad para programas y políticas públicas de toda índole. Pero ¿adónde incluirlos/as, entonces? La pregunta persiste, incomoda.
Como señala con preocupación más de un integrante del equipo, “el territorio abre un montón de cosas que intentamos sistematizar, pero que por la inestabilidad propia del trabajo no puede hacerse”. La sensación colectiva es que “falta de todo” y, ante la pregunta “¿qué hacemos con lo que hay?”, la respuesta es “lidiar con esa falta”. Los espacios de reflexión y el trabajo en equipo transforman la sensación de intemperie en estrategias de encuentro con los/as jóvenes. Además, son la condición de posibilidad para la construcción de un posicionamiento metodológico que es a su vez político: politiza nuestras prácticas y los lugares desde los cuales pensamos a los/as adolescentes con quienes trabajamos para su inclusión.
La primera certeza colectiva es que esa inclusión no puede ser a través de la vía de “una subjetividad heroica”, como lo plantea Elena de la Aldea (1999). No podemos ni pretendemos suplir la vulnerabilidad que se produce en la subalternidad, tampoco “corregir” las falencias de los programas de políticas de salud, educación o desarrollo social. Por eso, tampoco se trata de “poner el cuerpo”, sino de “prestarlo”, prestar nuestros afectos cuando las condiciones subjetivas de los/as adolescentes lo permitan. En el mejor de los casos, se trata de provocar un encuentro con los/as jóvenes donde puedan revalorizarse sus prácticas comunitarias y de interés, donde no pongan en riesgo su vida. En este encuentro, también se tratará de ofrecer una escucha diferenciada, un espacio de contención del malestar y de reflexión. Se trata de establecer, en la medida de lo posible –sin sustituir a sus familias– prácticas de amparo y cuidado. Para ello, valga la paradoja, los/as jóvenes también deben consentir, alojar nuestras propuestas e intereses. Tal vez, de lo que se trata, es de proyectar, desde la intemperie, ese tiempo “propio” que restituya la posibilidad de pensar mundos mejores. Esa restitución, sabemos, no es heroica, pero tampoco es la receta elaborada desde la ortodoxia “bienpensante” de nuestras disciplinas profesionales. Esa restitución es una quimera, pero también es una provocación que nos interpela, y nos sirve para caminar.
Referencias bibliográficas
Carballeda, A. (1996). Práctica del Trabajo Social; nuevas formas de pobreza; crisis y administración de recursos. En Desde el Fondo. Cuadernillo Temático N° 4, “La Pobreza”. Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Trabajo Social.
Ciafardo, E. (1992). Los niños en la Ciudad de Buenos Aires (1890-1810). Buenos Aires: CEAL.
Epele, M. y Pecheny, M. (2007). Harm reduction policies in Argentina: a critical view. En Global Public Health, 46 (12), 342-358.
De la Aldea, E. (1999). La subjetividad heroica. Un obstáculo en las prácticas comunitarias de la salud. Disponible en https://bit.ly/30IICpS.
Deleuze, G. (2006). Spinoza: filosofía práctica. Buenos Aires: Tusquets.
Galende, E. (1998). De un horizonte incierto. Buenos Aires: Paidós.
Hölderlin, F. (2002). Antología poética. Madrid: Cátedra.
Ricoeur, P. (2011). Ética y moral. En Gómez, C. (ed.) Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX (pp. 241-255). Madrid: Alianza editorial [original en portugués, 1990].
Sferco, S. (2015). Foucault y Kairós: los tiempos discontinuos de la acción política. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Spinoza, B. (1961). Ética. Buenos Aires: Aguilar.
- Colaboradoras/es en el desarrollo del capítulo y participantes el proceso de IAP: Mariana Terrafino, Romina Fernández, María Mercedes Cheuquel, Ivanna Pérez, Paola Pieruzzini, Susana Borda y Alejandro Nowik miembras/os del Equipo Técnico de El Programa.↵
- Psicólogo del Equipo Técnico del programa.↵
- Psicólogo del Equipo Técnico del programa.↵
- Socióloga del Equipo Técnico del programa.↵
- En función de resguardos vinculados al cuidado del equipo técnico y de los/as jóvenes usuarios/as, se ha optado por no mencionar de manera explícita su nombre.↵







