Julieta Leveratto[2], Fabio Muente[3], Roxana Longo
y Graciela Zaldúa
La línea de la pobreza que solo equipara a la pobreza con los bajos ingresos ignora y oscurece las dimensiones simbólicas, las características específicas de los procesos de marginación y la cadena de eventos y condiciones que conducen a los procesos de exclusión social.
L. Wacquant, 2000
La disposición universal a lo cruel en todo sujeto humano supone una posible connivencia frente al sufrimiento de los otros. El término connivencia admite dos significados, el primero reenvía a escotomas, como ojos ciegos a lo real, el segundo alude a guiño cómplice y su significado va más allá de la indiferencia, aquí la connivencia se trueca en crueldad. Azaroso destino de una comunidad, de hecho, extendida a un país, donde algunos ciudadanos yacen en la pobreza, que llega con frecuencia a la indigencia, en tanto otros –incluidos en el sistema– aceptan como natural la connivencia respecto de la miseria y sus sufrimientos.
F. Ulloa, 2012
Recordemos que Levinas también nos dice que el rostro, el rostro del Otro y por consiguiente la demanda ética del Otro, es esa vocalización de la agonía que no es todavía lenguaje o que ya dejó de serlo –el rostro a través del cual tomamos conciencia de la precariedad de la vida del Otro.
J. Butler, 2006
Los acápites que anteceden dan cuenta de miradas diversas pero convergentes sobre la exclusión, la indigencia y la precariedad que interpelan, haciendo imposible la ajenidad, sobre las existencias afectadas por injusticias múltiples. A su vez, remiten a un más allá de la descripción de desigualdades socioeconómicas y de los padecimientos psicosociales, enfatizando las discriminaciones de géneros, clases, razas, etnias, culturas, para propiciar reflexiones críticas de las inequidades desde recortes discursivos de un sociólogo, un psicoanalista y una filósofa feminista y sus dimensiones ético-políticas.
Diversos dispositivos psicosociales operan en territorios de desigualdad con modalidad de mediación ante las demandas poblacionales y los programas y políticas estatales o de la sociedad civil. La persistencia de paradigmas tradicionales de atención a la demanda singular, fragmentados en las diversas profesiones, no facilitan la posibilidad de apertura a otras instancias que propicien espacios participativos integrales, consoliden lazos comunitarios y aborden la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad en territorios. La implementación de un programa interdisciplinario de acceso a la justicia (ATAJO) surge ante la vulneración de los derechos de ciudadanía en sectores urbanos en situación de exclusión social como otra modalidad de accesibilidad y exigibilidad de esos derechos conculcados. Su sentido de acortar camino, como sugieren sus siglas, abre una posibilidad de potenciar otras subjetividades que enfrenten los obstáculos al ejercicio de derechos y espacios de políticas públicas para facilitar su accesibilidad. Desde este enfoque, el programa se constituye en una doble posibilidad de analizador de las demandas de justicia y potenciador de procesos instituyentes de acceso a derechos de ciudadanía.
Esta escritura compartida con psicólogo/as de varios equipos del programa ATAJO junto con investigadoras del proyecto UBACyT da cuenta de que este libro es parte de un proceso de encuentros desde la perspectiva de la psicodinámica del trabajo y la Investigación Acción Participativa (IAP). En el intercambio se analizaron los efectos subjetivos de las dinámicas de trabajo y de la precarización así como la vulnerabilidad poblacional y la valoración de la interseccionalidad, la cooperación y el reconocimiento como dimensiones de la praxis y las dificultades que operan para consolidarlas.
Territorios y problemáticas
Los ATAJO se asientan en territorios complejos, atravesados por lógicas de producción espacial fragmentadas, insustentables e inherentemente incompatible con el bienestar y la salud en las ciudades (Firpo Porto, 2013). La distribución espacial de las desigualdades se encuentra condicionada por factores sociales, económicos, demográficos, naturales, de géneros, etarios y culturales (Fuenzalida, 2015).
En el paisaje físico, político y social de la región metropolitana, se introducen nuevos recursos destinados a exacerbar las desigualdades, como la fragmentación de los espacios (Harvey, 2004). Las transformaciones urbanas se inscriben en un proceso multiescala de reconfiguración territorial, mediado por relaciones de poder, dominio y apropiación, que involucran interacciones entre lo material y lo ideal, la naturaleza y la sociedad, la actividad económica, el poder político y la creación de significado (Rodríguez y Di Virgilio, 2016). Muestra una segregación social que devela las diferencias de densidad poblacional y calidad de servicios públicos urbanos. Las comunidades, poblaciones y personas viven asediadas bajo modos de vivir devastadores que son producto de la inequidad social; pero además y fundamentalmente, porque conecta los sufrimientos sanitarios y subjetivos con la estructura social capitalista y la decadencia de los espacios y modos de vivir en los bordes urbanos.
Esta situación estructura un conjunto de inequidades que los constituye en espacios permeados por dinámicas de vulnerabilidad y precarización social. Se constituyen territorios de precariedad en un sentido más amplio, que podríamos definir como aquella desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos, que supone la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los recursos adecuados para satisfacer el conjunto de necesidades humanas (Vicent, 2017). Los problemas de accesibilidad, calidad y oportunidad conjugan una problemática de inequidad manifiesta y de vulnerabilidad en los derechos de ciudadanía (Zaldúa, Sopransi y Longo, 2007). Las brechas de desigualdad e injusticia social expresan la deuda con sectores poblacionales por la precarización de la ciudadanía social y son nudos críticos para la producción de actos asistenciales, preventivos y promocionales del campo de la salud, las políticas públicas y la justicia (Zaldúa, 2013).
Para los/as psicólogos/as insertos/as en esta dirección, se les presenta el desafío cotidiano de tener que reflexionar sobre un campo epistémico y práxico de la psicología social comunitaria, referidos a la necesidad de generar cambios para lograr mayores niveles de igualdad y justicia social en los contextos comunitarios en los que despliegan sus prácticas (Montenegro, Rodríguez y Pujo, 2014). Los/as psicólogos/as son interpelados/as intensamente por las realidades precarias de la población y las problemáticas de los/as usuarios/as que acuden al dispositivo/programa. La existencia de ATAJO en diversos espacios con derechos vulnerados convoca al equipo interdisciplinario a considerar la incidencia de problemas y las rutas críticas a transitar en la apropiación de derechos de ciudadanía. Las situaciones que por su impacto y urgencia priorizan los equipos son: “la violencia en niños/as, la violencia de género, el consumo problemático, las dificultades habitacionales y las discriminaciones reiteradas que vivencian la población asistida, en particular la situación de migrantes”.
Esto les exige ampliar sus herramientas teóricas y metodológicas para aprehender la complejidad en las relaciones entre una diversidad de contextos, actores, discursos y prácticas que interactúan simultáneamente. Asimismo, les exige un diálogo interdisciplinario y un reposicionamiento político comunitario (Morales, 2017).
En este sentido, las acciones de cuidado que se despliegan desde el dispositivo se transforman en herramientas sustanciales en el sentido de intentar construir colectiva y comunitariamente estrategias alternativas y democráticas –de cuidar y ser cuidado (Gelabert, 2016). Trabajar desde una ética del cuidado como un proceso que adquiere una doble responsabilidad: cuidar a la persona, grupo, institución y/o comunidad con la cual el profesional trabaja y, también, procurar el cuidado del equipo de psicólogos/as que opera en esos ámbitos (Holguín, Velázquez, Espinoza, Hildenbran y Wakeham, 2019).
Uno de los retos fundamentales es generar estrategias de cuidado que tengan como horizontes escenarios de justiciabilidad con sentido preventivo profundo, que ahorren sufrimiento humano y apunten a la accesibilidad de derechos ciudadanos (Zaldúa, Longo, Sopransi y Lenta, 2013).
A continuación, se historizará el surgimiento y los objetivos de la dirección y luego se retomará la reflexión sobre algunos de los desafíos que se presentan en los equipos comunitarios/territoriales que se desenvuelven en los ATAJO.
Historización de ATAJO
Para analizar la dinámica y funcionalidad de las agencias territoriales de acceso a la justicia resulta conveniente remitirnos a los inicios de la creación del programa, ahora dirección. Fue en el año 2014 que la Procuración General de la Nación, órgano directivo del Ministerio Publico Fiscal, dispuso la creación de un programa de acceso a la justicia. Durante el año 2015 alcanzó el estamento de Dirección de Acceso a la Justicia.
La impronta de la Dirección, cuya tarea principal en un primer momento fue crear agencias territoriales (ATAJO) que garanticen el acceso a los derechos a aquellas personas y poblaciones históricamente relegadas, tenía un horizonte conceptual interdisciplinario para abordar como objetivo primario aquellos obstáculos en el acceso a sus derechos. Así se dispuso como función de los ATAJO: la toma de denuncia en casos específicos, los asesoramientos jurídicos, la búsqueda de información judicial y/o administrativa, la realización de informes, la facilitación en la gestión administrativa y judicial de problemas, la derivación responsable a otras instituciones, entre otras.
Por este motivo y teniendo como orientación las 100 reglas de Brasilia (2008) sobre el acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, es que se instalan los ATAJO en los barrios vulnerados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Posteriormente se sumaron también otras zonas de la provincia de Buenos Aires con ATAJO en Avellaneda, Moreno, La Plata y San Martín. Hoy son más de 14 ATAJO en todo el país.
Desde el inicio el director, Dr. Julián Axat, ideó dichas agencias entendiendo que los obstáculos para el acceso a la justicia de los sectores vulnerados son múltiples, complejos y variados. Y para remover dichos obstáculos es precisa una acción y mirada capaz de abarcar las distintas aristas del conflicto. Por este motivo las agencias fueron integradas por abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, sociólogos/as, comunicadores/as sociales y referentes territoriales.
Una mención aparte merece estos últimos. Los referentes territoriales son aquellas personas que viven en el territorio, que realizan tareas con y para la comunidad, desde comedores comunitarios, organizaciones sociales, radios comunitarias, iglesia, etc. Fueron no solo convocadas para la inserción de las agencias en los territorios, sino que además contratadas e incorporadas al Ministerio Público Fiscal. Esta particularidad resultó central para la comprensión de que la llegada del poder judicial a los barrios no sería meramente formal, sino que implicaría un profundo conocimiento del territorio desde adentro, sus costumbres, horarios, conflictos, zonas y recorridos. Para remover los obstáculos de acceso a la justicia debía también modificarse y tensionarse en buena medida la lógica de acción del Ministerio Público Fiscal. Todo un desafío.
Tengamos presente que históricamente la referencia del Poder Judicial en estos territorios y para los sectores de menores recursos económicos fue la policía. El acceso a la justicia era a través del sistema punitivo y de las comisarías.
La instalación de los ATAJO plantea el desafío de permitir un acceso al sistema de administración de justicia, desde una concepción amplia, inclusiva y con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. Vale aclarar que los ATAJO no son la única herramienta de esta dirección. También está conformada por un área de promoción y formación de derechos, dedicada a la realización de talleres, actividades de difusión y generación de materiales didácticos e informativos sobre el acceso a derechos y su cumplimiento, un área de gestión de la información dedicada a recabar los datos de los/as consultantes y de las intervenciones realizadas por las agencias y tres áreas específicas que reúnen a las distintas disciplinas: Área Jurídica, Área de Psicología y Área de Trabajo Social.
Inserción territorial, entrecruzamientos discursivos y construcción de demandas de derechos
Instalar oficinas del sistema de administración de justicia en los barrios vulnerados y villas de la CABA y de otros sitios del país fue una experiencia sin precedentes. Generar una puerta de acceso implicó el compromiso de la escucha a las diversas demandas que la población tenía para realizar. Derechos de diversas índoles y características. Algunos explícitos, otros implícitos. Resignificando esos momentos iniciales un psicólogo dice:
Recordando aquellas primeras intervenciones la sensación más palpable que me queda como registro es la desesperación y la angustia de nuestrxs consultantes. Desesperación de poder darse a entender, de dar a conocer los padecimientos sufridos a diario, la falta de servicios esenciales, la incertidumbre sobre el propio techo, la falta de papeles, la falta de recursos económicos para acercarse a las oficinas desde donde los citaban. La angustia de no encontrar un camino de salida a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.
Ante la magnitud de la tarea a emprender, ATAJO decidió mantener la puerta de acceso abierta, de manera directa, sin intermediaciones ni barreras. Entonces, tempranamente comenzó el diálogo interdisciplinar. En esas primeras intervenciones se puede estimar el comienzo de la delimitación del rol del/la psicólogo/a en el dispositivo de acceso a la justicia. Y si implicó para el discurso jurídico un límite y una apertura, también lo implicó para el marco teórico y la profesión psicológica.
Fue preciso resignificar la imagen prevalente del/a psicólogo/a en su consultorio a la escucha del significante. Aquí, citando a Arlt (1968, p. 5), podemos decir que “sobre los ruidos de un edificio social que se desmorona, no es posible pensar en bordados”. Escucha en el contexto de necesidad construyendo junto con el/la consultante y con el discurso jurídico formas posibles de delimitar y crear los mecanismos para reclamar el derecho incumplido. Doble efecto en el reconocimiento de la palabra enunciada que se inscribe en los documentos (acta, oficio, informe de comparecencia, denuncia) y, a su vez, produce efectos subjetivantes y replica en la potenciación de la transmisión entre las/los vecinas/os que habilita el alojamiento comunitario.
Una modalidad de ampliación de la accesibilidad territorial lo constituye la creación de talleres de promoción de derechos, previo recorridos y mapeos de actores y espacios comunitarios. También se implementó el ATAJO Móvil, participando una parte del equipo en lugares facilitadores por cercanía de las demandas.
Desafíos de los equipos de trabajo territoriales
Es un requerimiento necesario superar los límites unidisciplinarios, haciendo posible el conocimiento transformador (Breilh, 2020) en el que se rescate la importancia de la generación de mapeos y diagnósticos comunitarios que favorezcan procesos de empoderamientos locales, pero que también aporten a la generación de políticas públicas, más inclusivas y enfocadas desde el paradigma de promoción de los derechos humanos (Zaldúa, 2013).
Se requiere de reflexión crítica, identificación y atención a los dilemas éticos y formación contextualizada para los miembros de los equipos (Ruiz-Casares, 2014). Un compromiso desde los/as profesionales de contribuir, de manera solidaria y responsable, con la co-comprensión y reflexión crítica de tales condiciones (problematización, desnaturalización, concientización) y facilitar procesos (organización, participación, fortalecimiento, pertenencia) que favorezcan su transformación (Wiesenfeld, 2014).
La interseccionalidad como herramienta para el análisis de las múltiples (in)justicias de género, clase, etnia/raza del sistema de violencia patriarcal capitalista es clave para comprender las relaciones socioculturales diferenciales, las vivencias, las experiencias y condiciones de existencia de quienes demandan derechos. Pero, a su vez, remite al lugar que se ejerce desde las profesiones y las políticas públicas y, como señala Ulloa (2010), a examinar las connivencias. Complejidad que alude a relaciones de poder por las que están/estamos atravesados.
También implica un proceso de problematización de parte del equipo de profesionales sobre los sentidos de la política pública, su diseño e implementación; las características que se configuran como contexto para la práctica, desde el cual se reconozcan grados de autonomía para realizar acciones complementarias o alternativas a lo establecido formalmente por las instituciones.
Reflexiones finales
El proceso de intervención y diálogo que establecimos con el equipo de psicólogos/as que integran los ATAJO fue situado desde el monitoreo estratégico participativo y la psicodinámica del trabajo para potenciar instancias reflexivas, participativas y dialógicas. Los encuentros facilitaron la valorización de los trabajos en equipos interdisciplinarios, la revisión del trabajo psi y su impacto, resignificando dimensiones de situaciones traumáticas de las demandas y analizando los mecanismos de defensa frente a espacios que exigen otras modalidades al supuesto saber prescripto tradicional. Interrogarse sobre la valoración social profesional habilitó tanto a dimensionar la cooperación en el hacer y el reconocimiento intersubjetivo como a analizar los obstáculos, en particular, espaciales y de recursos materiales como el equipamiento, en el marco de las prácticas psicológicas en territorio. También permitió potenciar recursos para propiciar vínculos comunitarios y accesibilidad a derechos a través de “valorizar las principales acciones ante situaciones complejas: escucha psicológica, pensar en equipo, acompañar a otras profesiones o instituciones y articular con actores comunitarios”.
La reflexividad sobre el rol profesional en el recorrido permitió desarrollar otras expectativas en el equipo interdisciplinario, no inscriptas en el rol pericial tradicional, y habilitó aperturas en la identidad profesional con diálogos interdisciplinarios en las intervenciones comunitarias.
Para concluir, consideramos que los dispositivos que apuestan a procesos instituyentes de subjetividades autónomas y ciudadanías activas se instalan en la perspectiva de nuevos paradigmas fundados en la defensa de derechos humanos, la equidad de géneros, la no discriminación, el cuidado ambiental, la igualdad y equidad social y requieren de una reflexividad crítica del pensar y hacer en comunidad. Este es el camino que nos proponemos como colectivo.
Bibliografía de referencia
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