Nunca una discordancia o un disfuncionamiento anunciaron la muerte de una máquina social que, por el contrario, tiene la costumbre de alimentarse de las contradicciones que levanta, de las crisis que suscita, de las angustias que engendra, y de operaciones infernales que la revigorizan: el capitalismo lo ha aprendido y ha dejado de dudar de sí mismo […]. Nunca se ha muerto nadie de contradicciones. Y cuanto más ello se estropea, más esquizofreniza, mejor marcha, a la americana (Deleuze y Guattari, 2005: 158; énfasis original).

Para comenzar la investigación es indispensable especificar una serie de conceptos que atraviesan todo el planteo y servirán para ordenar los datos que tienen como objetivo registrar los cambios en el sector agropecuario contemporáneo.

Si bien varios de los autores mencionados en la introducción trabajan sobre estas transformaciones, considero que sería interesante repensarlas partiendo de una vertiente de pensamiento económico que se desarrolló a partir de la década de 1970 bajo el nombre de “Teoría de la regulación”. Esta perspectiva carece de todo vínculo con aquellos planteos en boga a partir del “Consenso de Washington” que impulsaban la delegación de los servicios públicos estatales a empresas privadas, limitando el rol del Estado al control de las mismas a través de agencias o entes reguladores. Por el contrario, el interés de este heterogéneo grupo de académicos que se incluyen entre los teóricos de la regulación es muy distinto. Haciendo eco en la tradición marxista, estos autores buscan identificar los mecanismos susceptibles de asegurar una cierta coherencia y viabilidad de la economía capitalista en un tiempo y espacio determinado (Boyer, 2007: 34). Estos momentos se dan entre crisis de distinta magnitud, las cuales, en no pocas oportunidades, son generadas por los propios éxitos anteriores. Esto obliga a prestar atención al cambio en “las relaciones sociales que dan lugar a nuevas formas económicas y no económicas simultáneamente; dichas formas están organizadas en estructuras y reproducen una estructura dominante, el modo de producción” (Aglietta, 1988: 8). En definitiva, la Teoría de la Regulación busca explicar los arreglos circunstanciales que se desarrollan en el marco del capitalismo y permiten que las contradicciones que le son propias como sistema aparezcan difusas avalando su continuidad. Estas alternativas son acotadas a espacios y tiempos concretos pues la constante mutación y reconfiguración de las contradicciones del capitalismo^[1] generan sucesivas crisis que exigen distintas alternativas.

Considero que este planteo tiene ciertas similitudes con algunas de las dimensiones de la regulación planteadas por Boaventura de Sousa Santos (2002, 2003 y 2006). Si bien prima facie el sentido que el teórico portugués otorga al término es mucho más amplio, pues lo considera uno de los conceptos centrales de la modernidad junto a la emancipación (su par/opuesto), no es menos cierto que la noción de orden que se encierra tras la regulación incluye al menos tres principios: Estado, mercado y comunidad. Si bien estos tienen un alumbramiento filosófico relativamente equilibrado en las figuras y planteos de Hobbes, Locke-Smith y Rousseau, los acontecimientos de finales del siglo XX y principios del XXI marcan una doble ruptura de los equilibrios del paradigma de la modernidad: en el caso de la regulación la primacía se da a favor del mercado, y la tensión primaria entre emancipación y regulación se rompe a favor de esta última. Justamente aquí se encuentra el punto de contacto con la Teoría de la Regulación, pues es el propio Santos quien describe una acepción o dimensión económico-política de la regulación. El intento será reconstruir analíticamente ciertas condiciones de estabilidad económica (las cuales no se encuentran exentas de conflictos y desencadenantes de futuras crisis) “em que é grande a complementaridade e a compatibilidade entre as instituições. Por esta via, o tecido institucional tem uma capacidade antecipatória ante possíveis ameaças desestruturantes” (Santos, 2002: 78). Este esfuerzo teórico por entender la estabilidad o el orden económico a través de ciertas instituciones nos ayuda a comprender las reconfiguraciones temporales y espaciales que permitieron y permiten que el capitalismo conforme una lógica organizativa dinámica que, en su escala global, se adapta a realidades muy diversas y las reconfigura.

Como propuesta para la reconstrucción y estudio de los mencionados procesos, las investigaciones regulacionistas se despliegan a lo largo de tres niveles de análisis que van de mayor a menor grado de abstracción: (1) los modos de producción y su articulación con el/los (2) régimen/es de acumulación y (3) las formas institucionales o estructurales que definen las regularidades sociales y económicas de una época y espacio dado. En este sentido, existen cinco formas que, de acuerdo a su configuración y relativa jerarquía, definen el denominado modo de regulación. Ellas son la moneda, la relación salarial, las formas de competencia, el régimen internacional caracterizado por los vínculos entre el Estado-Nación y el espacio internacional, y finalmente las formas del Estado en cuanto a la dinámica y vínculo de las autoridades públicas (Boyer y Saillard, 1996: 55 a 64).

Reconstruyendo los conceptos, en la cima de la escala de abstracción se encuentran las relaciones sociales que rigen la producción y reproducción de las condiciones materiales (Modo de producción)^[2]. Luego el régimen de acumulación definido como el “conjunto de regularidades que aseguran un progreso general y relativamente coherente en la acumulación del capital” (Boyer y Saillard, 1996: 210) a través de una compatibilidad dinámica entre la producción, la distribución del ingreso y los patrones de consumo. Finalmente, está el modo de regulación que implica “los encadenamientos coyunturales de las principales variables macroeconómicas, tal como las perciben los agentes económicos” (Boyer, 2007: 61). Este conjunto de normas, instituciones, organizaciones y pactos sociales (la mayoría de los cuales son incluidos en las cinco formas institucionales enumeradas párrafo anterior) aseguran la reproducción del campo de relaciones sociales sobre las que se asienta el régimen de acumulación (Santos, 2002: 92).

Una vez concretada esta definición general será necesario pensar cómo se comportan estas formas institucionales en un sector determinado de la economía, lo cual a su vez puede mostrarnos cual de estas formas debe priorizarse para captar sus particularidades. En este sentido debe aclararse que el interés de la investigación se circunscribe a las dinámicas que afectan al sector agropecuario que se encuentra en la región conocida como Cuenca Deprimida del Río Salado en la provincia de Buenos Aires. Por ello es necesario repensar este marco teórico a partir de una dimensión sectorial y un recorte territorial.

La dimensión sectorial en la Teoría de la Regulación y la tierra como problema

El primero a quien habiendo cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío, y encontró gente tan simple como para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad (Rousseau, 2003: 324).

El cruce entre las variables globales de la Teoría de la Regulación y el sector agropecuario permiten entender las especificidades del modelo del agronegocio (Giarraca y Teubal, 2008) a partir de las regulaciones concretas del sector agropecuario, las cuales se corporizan en ciertas configuraciones institucionales que han permitido su despliegue al menos desde las últimas dos décadas. Para fundamentar esta afirmación será necesario dejar en claro qué se entiende por sector, cuáles son los alcances de dicho concepto y qué particularidades presenta el sector agropecuario.

En este sentido, existen dos factores que pueden justificar la demarcación de un sector: la homogeneidad del producto y la “construcción social compleja de la esfera productiva ubicable históricamente” (du Tertre, 1997a: 125). En el presente caso, se puede adelantar que existe una homogeneidad relativa de la producción agropecuaria de la Cuenca Deprimida del Río Salado. Esta denominación, surgida de la burocracia bonaerense, incluye una región formada por 27 partidos^[3] ubicados mayoritariamente hacia el margen sur del Río Salado. En 2002, esta circunscripción incluía 14604 Explotaciones Agropecuarias (EAP) con límites definidos de las 51107 registradas en la provincia de Buenos Aires, lo cual significa el 28,57% (Ver Anexo, Cuadro I). Tradicionalmente ha sido una zona de cría de ganado de bovino con algunos sectores lecheros y agrícolas, aunque en los últimos años, (gracias al boom de los commodities^[4]) se ha registrado un notable avance del cultivo de soja, el cual ha desplazado a otras producciones. En definitiva, puede afirmarse que en la zona se desarrolla un sector agropecuario cuya producción se centra en la ganadería de cría bovina con un cierto volumen de invernada obtenido principalmente mediante engorde a corral, y en una agricultura que gana cada vez más espacios.

Esta relativa homogeneidad quizá no sea suficiente para hablar de sector agropecuario en la región, por lo que se hace indispensable reforzar el análisis con el segundo factor. Según du Tertre, una esfera de producción deviene en sector cuando puede registrarse el despliegue específico de los dispositivos institucionales; principalmente la competencia de capitales, la relación social de trabajo vinculada a una configuración productiva específica y las influencias del régimen internacional y los actores externos (1997a: 126). Como puede observarse, estos dispositivos están estrechamente conectados a las formas institucionales mencionadas párrafos atrás, generándose una doble imbricación entre los procesos de diferenciación al interior de cada sector y el contexto macroeconómico y una mutua influencia entre ambos niveles. Así, se produce una lógica sectorial híbrida que oscila entre la autonomía y la heteronomía con respecto al modo de regulación global. El objetivo analítico implica, entonces, reconstruir las particularidades históricas y regionales de una determinada actividad (en este caso la producción agropecuaria), a la vez que se destacan las interacciones y articulaciones con la economía nacional y global. En definitiva, lo que se busca son aquellas regularidades que forman un cierto espacio o marco de competencia entre diferentes unidades productivas, intentando comprender “los mecanismos que estabilizan o desestabilizan este marco, considerando diferentes horizontes temporales” (Allaire, 1997: 158).

Para el caso francés, Lacroix y Mollard (1994) proponen centrarse en las particularidades de la relación salarial en el agro haciendo hincapié en la centralidad de esta forma institucional durante el modo de regulación fordista y su influencia en el surgimiento mismo de la Teoría de la Regulación. En este sentido, los autores destacan los cambios a partir de la década de 1970 donde se produce el pasaje desde la relación social de trabajo productivista agrícola, cuyo modelo técnico-económico se asienta en la intensificación, la concentración y la especialización, a una agricultura “post-industrial” que combina diversidad, flexibilidad, calidad y respeto al medio ambiente con un rápido crecimiento de la productividad (Lacroix y Mollard, 1994: 281-289). Sin embargo, en este trabajo, me interesa priorizar aquellas dimensiones que cruzan los períodos históricos y permiten a los autores hablar de un sector agrícola en Francia. Estos puntos pueden sintetizarse en: el sector como espacio de concurrencia de los productores, con una importante movilidad intra-agrícola y escasa rotación de los productores; la existencia de numerosos dispositivos institucionales (públicos, privados y mixtos) construidos históricamente a nivel sectorial; preeminencia del trabajo familiar independiente vinculado frecuentemente a la constitución de un patrimonio; similares estructuras de formación/educación inicial; el trabajo se asienta sobre la explotación de la tierra, los recursos naturales y la materia viva^[5].

Más allá de la pertinencia de la propuesta de Lacroix y Mollard, se hace evidente que varias de estas características son compartidas con la actividad agropecuaria bonaerense en particular y la argentina en general. Principalmente en lo que respecta a la tradicional estabilidad de los productores, el trabajo familiar y la explotación del recurso tierra y la materia viva que en ella crece.

A propósito del primer punto, existe un clásico trabajo de Archetti y Stölen (1975) sobre la controvertida figura del colono/chacarero (que si bien tradicionalmente está vinculada a la producción granaria su definición analítica puede ampliarse a otras actividades agropecuarias) donde se lo define a partir de la combinación de las formas productivas campesinas y capitalistas. Según los autores, los chacareros combinan la posibilidad de acumular capital con el trabajo familiar y una “tendencia natural [al] ahorro de la compra de trabajo de terceros” (Archetti y Stölen, 1975: 148). Este comportamiento lo lleva a evaluar las posibilidades de inversión teniendo en cuenta la relación entre el trabajo doméstico y la cantidad de recursos disponibles en tierra y tecnología, de manera que la nueva inversión no afecte o afecte lo menos posible la participación familiar en la producción. En las últimas décadas, varios autores han registrado un paulatino cambio en el modo de vida de los chacareros que puede resumirse en un doble éxodo: desde sus explotaciones hacia los pueblos y ciudades; y desde el trabajo predial hacia las tareas de gestión y control de la producción (Balsa, 2004; Cloquell, 2007; Giarracca, Gras y Barbetta, 2005). Sin embargo, el trabajo familiar sigue teniendo una importancia vital en el agro argentino en la medida que caracteriza a un alto porcentaje de las EAP relevadas en 2002. Según un reciente análisis sobre pequeños productores realizado a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 (Tsakoumagkos, 2009) existen en Argentina 218868 EAP en las cuales el productor trabaja directamente en la explotación y no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes, lo cual implica un 65,62% del total de las explotaciones con y sin límites definidos. En la región pampeana^[6] dicho porcentaje cae al 42,22% pero llega al 61,75% si se incluyen las EAP que combinan trabajo familiar con asalariados. Similares conclusiones puede extraerse del mencionado trabajo de Silvia Cloquell realizado sobre familias rurales santafesinas. Allí se vinculan las estrategias familiares con los cambios tecnológico-productivos, mostrando la convivencia entre las tareas de supervisión y coordinación fuertemente ligadas a los centros urbanos y las labores culturales clásicas del agro pampeano, destacando que “en los períodos claves de la producción en general todos los miembros de la familia participan de los requerimientos de la unidad” (Cloquell, 2007: 47). Estos análisis ponen en dimensión el nexo entre los intereses patrimoniales e inmobiliarios y la relación capital/trabajo enmarcados en una “relación social de trabajo que, por un lado, tiene en cuenta las diferentes maneras en que la actividad de trabajo se une no solamente a las tecnologías, sino también a los recursos vivos y al “espacio rural”, y por otro, extiende el enfoque a los no asalariados” (du Tertre, 1997b: 138)

A esta cualidad del mundo laboral agrario se suma otra característica que considero primordial para reafirmar el análisis sectorial del agro: la tierra, los recursos naturales y la materia viva como contexto y escenario de la producción agraria. Es por ello que se hace necesario priorizar la idea de que “la actividad agrícola se apoya en procesos de valorización del capital que no sólo incorporan capital fijo, capital circulante y trabajo viviente –lo que define el proceso de trabajo- sino también tierras, recursos naturales y recursos vivientes” (du Tertre, 1997b: 138). En este sentido la forma institucional que refiere a la competencia entre los capitales queda atravesada por una nueva variable que la complejiza: la propiedad y distribución de la tierra o los recursos naturales. Aparece el tema central de la “cuestión agraria” en el capitalismo que refiere al control y la mercantilización de la tierra y el pago por su puesta en producción encarnado en la renta.

Así, se hace indispensable en este punto desarrollar la especificidad a la que he referido en tanto tendrá consecuencias importantes al momento de pensar la regulación del sector agropecuario. Exceptuando los aportes de la teoría fisiocrática, los fundamentos más sólidos del análisis de la renta en la teoría clásica deben remontarse a los aportes del economista inglés David Ricardo. Al comienzo de su libro Principios de Economía Política y Tributación (1817), el autor subraya la centralidad que tiene para la Economía Política las leyes de la distribución de los productos de la tierra a partir de los distintos ingresos que le corresponden a cada una de las tres grandes “clases de la comunidad”: los salarios para los trabajadores; las utilidades o ganancias de los dueños del capital; y la renta percibida por el propietario de la tierra. Según Ricardo, en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX, cada uno de estos grupos o clases destina sus ingresos para fines que le son propios. En tanto los trabajadores usan el salario para cubrir sus necesidades básicas y los dueños del capital reinvierten parte de sus ganancias en el proceso de producción, los terratenientes compran artículos suntuarios. Este esquema analítico ubica al dueño de la tierra en el lugar de un agente económico parasitario^[7], en tanto que la renta “es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo” (Ricardo, 1994: 51). Es decir, que en cierto sentido este ingreso no depende completamente de las mejoras que un suelo pueda tener sino de la existencia de un dueño que reclama para sí una retribución por el uso del mismo. A esta situación, se suma la fertilidad de la tierra como factor fundamental a la hora de determinar el monto de la renta.

La teoría desarrollada por Ricardo se centra en el análisis de la relación entre la fertilidad del suelo y la distribución del ingreso entre los distintos dueños. Según su hipótesis, el aumento de la demanda de alimentos presionaba para el corrimiento de la frontera productiva hacia tierras cada vez menos fértiles. En la medida que los costos de producción generados en los suelos de peor calidad se convertían en los reguladores de toda la actividad agrícola, los propietarios de las tierras mejores percibían una renta en tanto los costos de producción unitarios en las mismas eran menores. De este proceso surge el nombre de renta diferencial en tanto que la misma está directamente determinada por las distintas fertilidades de la tierra. Para aportar mayor claridad a este argumento considero interesante incorporar unos ejemplos, cuyas cifras son hipotéticas, extraídos de un trabajo de Miguel Teubal (2006).

Cuadro 1: Producto, distribución y precio unitario

Predio	Producto en Kg.			Renta Total		Salarios Totales		Ganancias Totales		Precio Unitario en $
	Margi­nal	Total	Medio	en Kg.	%	en Kg.	%	en Kg.	%
I	100	100	100	0	0	20	20	80	80	1
II	90	190	95	10	5,3	40	21,1	140	73,7	1,11
III	80	270	90	30	11,1	60	22,2	180	66,7	1,25
IV	70	340	85	60	17,6	80	23,5	200	58,8	1,43
V	60	400	80	100	25	100	25	200	50	1,66

Fuente: Teubal (2006).

Según puede verse en el cuadro 1, en el análisis ricardiano la incorporación de cada unidad nueva de tierra a la producción (derivado del aumento de la demanda de productos agrícolas y por consiguiente del alza de sus precios) incrementa el volumen y el porcentaje de renta que se distribuirá entre los predios más fértiles. Así cuando las cinco tierras estén cultivadas, habrá 100 Kg. de renta que se distribuirá de la siguiente manera: en el predio I obtendrán 40 Kg.; el II, 30 Kg.; el III, 20 Kg.; y el IV, 10 Kg., mientras el predio V no generará renta diferencial en tanto es la tierra de peor calidad. Si se considera que los costos de producción de esta parcela son los que rigen al resto de la actividad, puede afirmarse que el precio unitario de cada Kg. de cereal será $ 1,66 en tanto es necesaria la inversión de $ 100 para producir 60 Kg. (100/60= 1,66). Paralelamente, el cuadro muestra que este avance de la frontera agropecuaria hacia las peores tierras produce una constante caída de la tasa de ganancia de toda la economía a la vez que, en términos relativos, aumentaba el peso de la renta y los salarios. La conjunción de estos factores tendería a estancar el proceso de acumulación del capital, por lo que Ricardo creía necesario encontrar mecanismos que transfirieran las rentas de los terratenientes a los productores capitalistas, ya fueran industriales o arrendatarios para amortiguar y revertir esta caída de las ganancias^[8].

Aquí es donde Marx retoma y discute ciertos planteos de Ricardo, dejando en claro que todo su análisis sobre la renta tiene como principal característica el estar encuadrado por el modo de producción capitalista. Esto presume la existencia de un mercado laboral al cual los obreros concurren “libremente” para ofrecer su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, cuyos capitales compiten también libremente^[9]. En este marco, la renta es la forma en que la tierra o el suelo se valorizan en tanto recursos limitados, monopolizados y monopolizables que generan un ingreso para aquel que lo posea. Además, este recurso deviene en medio de producción sin ser producido ni reproducible; es decir que a pesar de no tener valor por carecer per se de trabajo humano, adquiere las propiedades de una mercancía que incluso funciona como capital. Estas características permiten sostener la diferenciación ricardiana de las tres clases sociales en tanto a cada uno de ellos le corresponde un tipo distinto de ingreso. Sin embargo, más allá de este recurso analítico, Marx reconoce varias situaciones productivas concretas en donde las figuras del asalariado, el arrendatario capitalista y el terrateniente se superponen^[10].

Al adentrarse en el análisis particular de las distintas formas que adquiere la renta, Marx adhiere al desarrollo ricardiano de la renta diferencial aunque incorpora algunas observaciones. En primer lugar y al comienzo del análisis de este tópico en El Capital, Marx hace un desarrollo sobre la influencia de la ubicación del predio con respecto a los centros de consumo y la importancia de monopolizar ciertos recursos naturales que pueden reducir los costos de producción^[11] unitarios dando una ventaja económica a aquel que los posea^[12]. En segundo lugar, propone un análisis matemático de la cuestión que se encuentra acorde con la teoría del valor que subyace a El Capital, y permite hacer más evidente el vínculo entre la plusvalía y la renta, en tanto que “Toda renta de la tierra es plusvalor, producto de plustrabajo. Es directamente plusproducto, aun, en su forma sin desarrollar, la renta en especie” (Marx, 2006: 816, Tomo III, Vol. 8). En tercer lugar, descarta la idea de que la expansión de la frontera agropecuaria debe hacerse necesariamente hacia las peores tierras; la puesta en producción de nuevas parcelas puede hacerse en suelos de distinta fertilidad sin que ello afecte el marco general de la teoría. Sin embargo, esta reflexión tiene consecuencias sobre las conclusiones políticas que Ricardo extrae del avance hacia nuevas tierras, pues complejiza el tema del aumento de precios de los alimentos. En cuarto lugar, propone que dentro del modo de producción capitalista, la renta diferencial existe más allá de la forma y el sujeto que se apropie de ella en tanto su origen es una diferencia de producción generada por fertilidades o ubicaciones distintas con cantidades iguales de capital y trabajo. Mientras prime el capitalismo, esta renta se mantendría incluso “[…] suponiendo que la renta diferencial fuese a parar a manos del estado- [pues] los precios de los productos del suelo permanecerían inalterados de permanecer constantes las demás circunstancias” (Marx, 2006: 849, Tomo III, Vol. 8). Como se verá más adelante, esta observación es central para el caso argentino pues a lo largo de la historia se conjugaron situaciones de fuerte diferenciación entre el sujeto terrateniente y el capitalista con períodos de acceso a la tierra por parte de pequeños y medianos productores agropecuarios en quienes coincidían ambos sujetos analíticos. A ellos debe añadirse la acción del Estado que por medio de políticas públicas ha influido sobre la distribución de la renta en los distintos sectores de la economía. Finalmente Marx, hace un extenso desarrollo de la “Segunda forma de la renta diferencial” o renta diferencial de tipo II. En este caso Marx hace hincapié en “las diferencias en la distribución del capital (y capacidad de crédito) entre los arrendatarios” (2006: 869, Tomo III, Vol. 8) que se encuentran estrechamente vinculadas al avance paulatino y desigual del modo de producción capitalista en la agricultura. Lo que se analiza aquí es la productividad de unidades adicionales de capital sobre las tierras que ya están incorporadas a la producción de alimentos y la posición desigual que tienen los distintos capitalistas para acceder a las mismas. Así, el atraso relativo del capitalismo en la agricultura permite que el precio de producción individual para algunos arrendatarios capitalistas sea inferior que en las peores tierras pues disponen de recursos y tecnología cuya difusión es limitada. Los ingresos extras generados por la caída de los costos de producción de cada unidad de cereal, pueden fluir al terrateniente a través del aumento del canon de arrendamiento hasta el punto que los arrendatarios sólo obtengan la tasa media de ganancias. Según puede deducirse del planteo, el avance del modo de producción capitalista tendería a disolver este tipo de renta en cuanto se cumpla una difusión masiva de ciertas tecnologías productivas y la mayor parte de los arrendatarios capitalistas tengan acceso al crédito.

Hasta aquí se han descrito los aportes de Marx acerca de la renta diferencial y sus avances con respecto al análisis de David Ricardo. Sin embargo queda un punto muy importante por tratar vinculado a un tipo distinto de renta propuesto por el autor alemán: la renta absoluta. Esta elucubración surge al preguntarse sobre la posición del dueño de las tierras menos fértiles y las condiciones para la puesta en producción de las mismas:

Suponiendo el caso de que la demanda requiera la incorporación de nuevas tierras, digamos que menos fértiles que las cultivadas hasta el presente, ¿el terrateniente arrendará en forma gratuita dichas tierras porque el precio de mercado del producto agrícola se haya elevado lo suficiente como para que la inversión de capital en ese suelo le abone al arrendatario el precio de producción, y por lo tanto arroje la ganancia corriente? De ninguna manera. La inversión de capital debe arrojar renta para él (Marx, 2006: 963, Tomo III, Vol. 8).

El cobro de esta renta sólo se hace posible por la capacidad que tiene el terrateniente de negarse a ceder las peores tierras si no obtiene por ello una contraprestación. Así, el carácter monopolizable^[13] de la tierra otorga a sus dueños el poder de cobrar una renta para que la inversión de capitales sea posible en las mencionadas parcelas. Esta presión permite que el precio de mercado de los productos agrícolas se mantenga por encima de los costos de producción en las parcelas menos fértiles permitiendo que los dueños de dichas tierras puedan cobrar una renta. Según Marx, la renta absoluta “ingresa al precio de su producto –que, conforme al supuesto, regula el precio general de mercado- de la misma manera que ingresa un impuesto en el precio de la mercancía a la cual grava, es decir, como un elemento independiente de su valor” (2006: 963, Tomo III, Vol. 8). Esto permite que, desde el momento que esta renta forma parte del precio de mercado de los productos agrícolas, su cobro se extienda a todos los propietarios.

Al fundamento vinculado con el poder de la clase terrateniente, Marx agrega que la composición orgánica del capital^[14] en la agricultura de su época era inferior a la de otras ramas de la economía. Estos dos factores combinados permiten que los precios de los productos agrícolas se ubiquen por encima del precio de producción pero por debajo del valor generado en el sector. En tanto el capital variable es proporcionalmente más importante en la agricultura, también lo será la plusvalía extraída, generando una tasa de ganancia en el sector superior a la media. En definitiva, la particularidad de la composición orgánica del capital en el agro está estrechamente asociada con las condiciones de posibilidad de la renta diferencial de tipo II, en tanto presuponen un retraso relativo de la agricultura con respecto a las demás ramas de la economía. Varios años después Kautsky analiza estos supuestos y concluye que ya hacia finales del siglo XIX difícilmente “la agricultura de tipo intensivo presente una composición orgánica del capital inferior de la media” (2002: 88). No obstante, el autor considera que la renta absoluta mantiene su vigencia en tanto es fruto exclusivo de la propiedad privada de la tierra y la capacidad de los terratenientes de retener las mismas hasta que el precio de mercado de los alimentos haya subido lo suficiente como para que el dueño de las parcelas menos fértiles obtenga su ingreso. Para el autor existen múltiples factores que permiten a los terratenientes sostener el precio de los medios de subsistencia por encima del valor de subsistencia: la competencia entre los propietarios terratenientes; la competencia extranjera; el volumen en que los capitales adicionales se incorporan (atraídos por un aumento de los precios) a los terrenos mejores aumentando la producción; y finalmente el factor más importante encarnado en el poder adquisitivo de la población (Kautsky, 2002: 89).

Continuando el derrotero teórico, resulta interesante rescatar algunos análisis que cruzan el debate conceptual con la realidad argentina en diversos momentos históricos. En esta línea, los aportes de Guillermo Flichman son centrales. A partir de la década de 1970 este autor realiza una serie de trabajos vinculados a la problemática de la tierra y considera que el desarrollo alcanzado por la agricultura mundial en general, y la argentina en particular, permite discutir los supuestos vinculados al atraso del sector que Marx esboza en El Capital. En lo que respecta a la menor composición orgánica del capital, Flichman retoma las advertencias de Marx sobre las condiciones históricas de escritura de su obra y acuerda con Kautsky en la necesidad de desestimar esta condición sin que ello implique descartar la noción de renta absoluta. Esta renta representaría “toda ganancia extraordinaria, apropiable por los terratenientes que supere a la renta diferencial. Su magnitud depende exclusivamente de condiciones de mercado y productividad” (Flichman, 1977: 56). Esto significa que, según la combinación de dichos factores, la plusvalía apropiada por los dueños de la tierra en forma de renta absoluta o diferencial puede provenir del sector agrícola o del prorrateo de la plusvalía del conjunto social^[15]. Algo similar ocurre con la idea de la distribución desigual del capital agrario que permite la existencia de la renta diferencial de tipo II. Entre la década de 1950 y los 70’s se produjo en Argentina una importante difusión de tecnología y técnicas de producción en el mundo agrario. Esta particularidad permitió que la gran mayoría de los productores capitalizados o en proceso de capitalización utilizaran exitosamente los avances científicos hechos y difundidos por organismos públicos tales como las universidades y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, el economista argentino observa que la distribución desigual del capital es más bien una generalidad del capitalismo monopolista que una particularidad de la agricultura y que rige con mayor fuerza en las ramas más avanzadas de la economía. Quizá este punto deba ser retomado posteriormente en tanto que en la actualidad el sector agroexportador es uno de los más avanzados tecnológicamente de la economía, por lo que sería interesante vislumbrar cómo se reconfigura la competencia de capitales y la disponibilidad de los mismos.

Para terminar con este desarrollo conceptual, creo fundamental dejar sentada una definición de renta que permita incluir las distintas dinámicas que afectan al problema de la tierra y la distribución de su producto. En este sentido creo acertado optar por la propuesta de Flichman, la cual es producto de la consideración de varios puntos problemáticos. Según el autor, la renta del suelo

es una parte de la plusvalía social, de la que se apropian los terratenientes por la existencia de la propiedad privada de la tierra […] Esto sucede, principalmente por estar simultáneamente en producción tierras de diferentes aptitudes productivas, de tal modo que al obtener los capitales invertidos en las de peor calidad, al menos la tasa media (o alternativa) de ganancia, aquellos que se vuelcan sobre las mejores generan ganancias extraordinarias, apropiables por lo dueños de la tierra, sean o no ellos mismos los capitalistas. Además de esta renta diferencial, la propiedad privada del suelo provoca que los precios agrícolas suban, al no permitir el libre acceso al capital ni siquiera a las peores tierras, a un nivel superior al del precio de producción en las peores tierras. De esta manera se genera la renta absoluta. Este tipo de renta tiene necesariamente un nivel muy pequeño, ya que está regulada por la productividad de las inversiones adicionales del capital sobre la tierra (Flichman, 1977: 61) ^[16].

Tener presente esta especificidad del mundo agrario insertado en el modo de producción capitalista es central tanto para nuestro país como para muchas regiones del mundo signadas por la producción y exportación primaria. Desde la llegada de los españoles a América, las economías agroexportadoras se basan en la explotación de los recursos naturales, lo cual ubica a la renta y su distribución en un lugar central para entender la configuración de los sectores económicos primordiales. Los ingresos percibidos por estos grupos dependían fundamentalmente, y en muchos casos aun dependen, del control efectivo ejercido sobre las mejores tierras y los recursos minerales. Las “ventajas comparativas” en los países primario-exportadores se sustentan en mejores condiciones de fertilidad relativa de la tierra, y en la disponibilidad de productos mineros y/o petroleros. Como se resaltó en el desarrollo teórico, estas condiciones permiten una reducción de los costos de producción unitarios y generan grandes rentas. Aun en los contextos donde existía sobreexplotación de la mano de obra (por ejemplo la minería de socavón) el ingreso del sector también se incrementó producto de ciertas condiciones naturales proliferas.

Como puede entreverse, Argentina se encuentra dentro del grupo de países donde la producción primaria adquiere un papel central, es por ello que existen numerosos trabajos que destacan el rol de las rentas como ordenador de la economía nacional a lo largo de toda su historia. Para algunos autores la magnitud de esta variable fue tan importante durante el primer siglo de independencia argentina que consolidó “una estructura de ingresos determinada en buena medida por el nivel de las exportaciones agropecuarias [donde] la renta era muy superior al beneficio agrario, como fuente de riqueza” (Laclau, 1975: 36). Con el control de unas tierras más fértiles que las europeas, los terratenientes argentinos pudieron apropiarse de una importante renta diferencial a escala global^[17]. Esta situación, en lugar de sedimentar las estructuras coloniales, permitió desplegar y consolidar un sistema capitalista fuertemente dependiente de la economía mundial que, gracias a la intensa expansión de la renta y su efecto “derrame”, mantuvo períodos de pleno empleo de los recursos laborales relativamente duraderos. En un análisis del período comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX, Enrique Arceo discute ciertas condiciones que complejizan el problema de la renta en Argentina al contrastar el concepto de renta diferencial con el de renta internacional. Esta última es definida como el “tributo que impone, merced al control exclusivo que ejerce sobre su territorio, el capital que opera en el país nuevo al conjunto del capital del centro” (Arceo, 2003: 93). El autor incorpora este concepto en tanto considera que en el contexto histórico estudiado se genera una tasa de ganancia y salario medio distinto entre el centro y la periferia, lo cual impide pensar en un mercado internacional unificado. Según su argumento, mientras el precio de los alimentos es regulado por los peores suelos europeos puede generarse una diferencia entre el precio individual de producción y el precio de producción de la tierra marginal en el centro, el cual se convierte en una especie de tributo impuesto al capital del centro en virtud de su exclusión de la explotación de las tierras en los países nuevos a causa de las trabas que existen a la movilidad internacional del capital. Para el período comprendido entre 1920 y 1924, Arceo afirma que en la región pampeana la renta internacional asciende al 14,34% del PBI y la renta del suelo alcanza el 10,74%, mientras que la ponderación de ambas rentas representa el 20,06%^[18]. Esta última representa “más del 40% del valor de las exportaciones; el 36% del PBI del sector agropecuario y la mitad, aproximadamente, del monto total de la inversión anual, hecho que la transforma en una categoría central para la comprensión de la economía argentina durante el período” (Arceo, 2003: 284).

En lo que respecta a los años posteriores, existen trabajos de Miguel Teubal (1975 y 1980) acerca del “excedente financiero” que se focalizan sobre la economía argentina de mitad de siglo XX. Si bien los estudios no se circunscriben al cálculo de la renta agropecuaria, la noción de excedente permite observar cuál es el monto y el origen de aquella parte de la producción que se encuentra por encima de lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo y la capacidad productiva. Para el período 1950-1967, se demuestra que el excedente financiero del sector agropecuario siempre fue positivo con un promedio del 3,11% del Producto Bruto Interno del país y valores que oscilan entre el 6,61% y el 0,47%^[19]. Estos porcentajes confirman la hipótesis de que una parte sustancial de dicho valor es generada por el sector primario, principalmente vinculado a la ganadería extensiva de exportación. Este excedente adquiere el sentido “financiero” en tanto “refleja la disponibilidad de fondos excedentes o “plusvalía” en manos de los miembros del sector agropecuario (generalmente propietarios) que pueden ser transferidos a otros sectores de la economía o al exterior” (Teubal, 1975: 679). La mencionada distribución puede adoptar fines productivos, impositivos, suntuarios y/o financieros.

En el trabajo mencionado anteriormente, Guillermo Flichman (1977) caracteriza los años transcurridos entre 1937-1974 como un período de estancamiento de la producción agrícola cuya tasa de crecimiento apenas alcanza el 0,57% anual. Sin embargo, este hecho no significó la desaparición de la renta diferencial a escala internacional sino su reorientación hacia otros sectores de la economía. Según el autor, los ingresos provenientes de la alta fertilidad de la región pampeana se convirtieron en la fuente de la política redistributiva de los gobiernos peronistas (principalmente de los que se extienden entre el año 1946 y 1955) gracias a su apropiación vía control de precios internos, control estatal del comercio internacional y control de cambios. En lo que respecta a la estructura agraria, estas medidas afectaron fuertemente a los terratenientes ausentistas por el congelamiento de los cánones de arrendamientos en un contexto de fuerte inflación, pero permitió la capitalización (a través de la compra de tierras) de muchos arrendatarios, principalmente aquellos que se dedicaban a la actividad ganadera. Los cambios macroeconómicos incrementaron la fusión entre la ganancia capitalista y la renta, en tanto la figura del terrateniente seguía siendo importante pero paulatinamente perdía centralidad. Para fundamentar esta afirmación, Flichman propone retomar un enunciado de Marx según el cual el precio de la tierra es la renta capitalizada: “La propiedad de la tierra capacita al propietario para apoderarse de la diferencia entre la ganancia individual y la ganancia media; la ganancia así embolsada, que se renueva anualmente, puede capitalizarse y aparece entonces como precio de la propia fuerza natural” (2006: 832). Si se abona a este supuesto y se considera que entre 1930 y 1960 el precio de la tierra asciende un 60% y para llevar adelante una explotación ganadera típica la inversión en tierra representa entre el 60 y 70% del desembolso total, es plausible aseverar que la importancia de la renta en el período fue enorme.

Para cuantificar el monto de la renta agraria en los años posteriores, el trabajo de Juan Iñigo Carrera (2007) propone una serie de algoritmos que muestran su distribución entre los distintos actores económicos, como así también su relación con “la plusvalía total neta de gastos de circulación apropiada en el proceso argentino de acumulación de capital” (Iñigo Carrera, 2007: 44). El gráfico 1 permite observar las importantes variaciones en la magnitud de la renta agraria a través del tiempo, las cuales tienen picos que van desde los 39220 millones de pesos en 1974 a los 6110 millones en 2002^[20]. Es importante aclarar que la totalidad de estos montos no son absorbidos por los terratenientes sino que a lo largo de los años se han activado diversos mecanismos^[21] que permiten a distintos sujetos sociales apropiarse de una parte de este monto.

Gráfico 1: Renta total de la tierra agraria apropiada en la economía argentina entre 1960 y 2004

Fuente: Iñigo Carrera, 2007.

Quizá a los efectos del presente desarrollo teórico interese un poco más el cruce del monto de la renta con la plusvalía total neta de la economía argentina. Esta operación también muestra numerosas oscilaciones pero en términos generales los datos de Iñigo Carrera refuerzan la idea acerca de la centralidad que tiene la renta agraria en la plusvalía total del país. Tal es así que

[…] si bien ha perdido el peso dominante que tenía hasta la crisis de 1930, y el que alcanzó durante la década posterior a 1945, que haya continuado aportando un promedio del 9% de dicha plusvalía durante la década de 1995-2004, constituye un rasgo que distingue al proceso argentino de acumulación de capital (Iñigo Carrera, 2007: 45).

Para los últimos años (1991-2004), también existe un trabajo de Ingaramo (2004)^[22] que intenta calcular la magnitud de la renta agrícola en la región pampeana. Según el autor, los números obtenidos marcan tres períodos claros; aquel que se extiende entre 1991/92 y 1997/98 muestra una renta promedio por hectárea de U$S 78,7. Luego, entre las campañas 1998/99 y 2000/01 hay una fuerte depresión de dicho valor (2,7 U$S/ha), e incluso en 1998/99 la renta es negativa (-18 U$S/ha). Finalmente, a partir de la campaña 2001/02 hasta 2003/04 asciende a los 125,4 U$S/ha producto de la modificación del contexto nacional e internacional. A partir de estos mismos datos, Javier Rodríguez y Nicolás Arceo (2006) se proponen determinar los cambios en la apropiación de la renta por parte de los productores agropecuarios a partir de la modificación abrupta del tipo de cambio que se dio hacia el año 2002. Los autores aclaran en una nota al pie que frente a la limitación de los datos su análisis omitirá diferenciar al propietario de la tierra del productor agropecuario. Como se señaló anteriormente, esto supone un importante problema teórico ya que si bien la renta del sector puede entenderse “fundamentalmente por las diferencias internacionales de costos, originadas en la calidad de nuestros suelos y clima” (Flichman, 1977: 77; énfasis original), fusionar ambas figuras analíticas diluye uno de los principios fundantes de la teoría de la renta: la propiedad privada de la tierra.

Si bien en nuestro país existe una alta proporción de EAP donde coinciden el propietario y el productor^[23], este peso se atenúa si se consideran las provincias de la región pampeana donde, según el CNA 2002, el 26,35% de la tierra es puesta a producir bajo arrendamiento, aparcería o contratos accidentales y el 66,3% se trabaja en tierras propias^[24]. Más aun, para la segunda mitad de la década del 2000, varios analistas acuerdan que la brecha entre explotaciones arrendadas y en propiedad se ha acortado, e incluso fuentes periodísticas del sector afirman que para 2008 más del 60% de la tierra destinada a la producción de granos es arrendada (La Nación, 2008; Bertello, 2009a). Hecha esta aclaración se pueden considerar los valores propuestos por Rodríguez y Arceo como el total de renta generada por la agricultura pampeana, la cual durante la convertibilidad promedió los 7721 millones de pesos anuales, mientras que entre el 2001 y el 2004 la media aritmética anual ascendió a 9022 millones de pesos. Asimismo, los autores afirman que en los 90’s las explotaciones del sector

sólo percibieron 12.879 millones de pesos de una masa total estimada en 77.209 millones de pesos. Por lo tanto, como consecuencia de la sobrevaluación cambiaria […] los productores agropecuarios transfirieron la suma de 64.330 millones de pesos del año 2004 (Rodríguez y Arceo, 2006: 89).

Para concluir con este apartado, es necesario reconocer que muchos de los autores discuten y critican mutuamente las propuestas y herramientas metodológicas desarrolladas. Sin embargo, no he recuperado dichos debates en tanto mi objetivo parcial es resaltar la importancia de la renta y su análisis en la evolución económica del país a pesar de que su rol muchas veces es solapado en los análisis coyunturales. Más allá de las distancias, la gran mayoría de los aportes analizados sostienen la centralidad de la renta agraria, y en muchos casos la vinculan con la posibilidad o el poder político coyuntural de los terratenientes para apropiarla, pues su reproducción como clase no requiere que acaparen el monto total de la misma. En este sentido, la cuestión de la renta es importante tanto para señalar la especificidad del sector agropecuario como para vincularla con la forma institucional competencia propuesta desde la Teoría de la Regulación. A la vez se hace necesario destacar el papel central del Estado para reorientar la renta hacia distintos sectores de la economía a través de múltiples mecanismos. Estas dos variables se convierten en los vectores centrales del análisis por lo que será necesario realizar en este apartado algunas especificaciones que anclen los sentidos a conceptos tan amplios como competencia y Estado.

La forma institucional “competencia” en el agro: la disputa por la tierra y el capital

Como se afirmó anteriormente, incorporar el factor tierra al análisis despliega en el sector agropecuario una doble dinámica que vincula la competencia por los capitales y por ese recurso limitado, monopolizado y monopolizable que es la tierra, tanto en la forma de propiedad como en lo que respecta a su control productivo. Básicamente, la introducción del factor “tierra” en el esquema analítico de la regulación obliga a considerar un doble espacio de competencia en el sector agrario: la competencia por los suelos y por la producción. Con ello se da una complejización de las dimensiones de esta forma institucional que obliga a prestar atención a la cantidad de intervinientes del lado de la oferta y la demanda; las relaciones de competencia y cooperación entre las empresas; el objeto de la competencia; su dimensión geográfica (Hollard, 1996). Se despliegan múltiples interrogantes vinculados con

el tamaño de la unidades de producción, el tamaño de las empresas, las relaciones entre empresas situadas en diferentes estadios de un eslabonamiento productivo, el papel del mercado y de la organización en los procedimientos de coordinación, las relaciones entre vendedores y compradores en los mercados y, especialmente, la parte relativa a los bienes materiales y servicios (Hollard, 1996: 155).

Esta diversidad de preguntas podría sintetizarse en un interrogante crucial acerca del ordenamiento de la producción y la tierra en el sector agropecuario teniendo en cuenta las tendencias hacia la concentración y/o centralización de ambos factores. La distinción reconstruida por Michel Aglietta implica considerar la forma y el contenido de determinada configuración de la producción. Si se ratificara la existencia de una cantidad menor de EAP y/o propietarios, y ello responde a un desarrollo desigual de los capitales que buscan concentrar medios para la valorización como forma de incrementar la productividad del trabajo, se estará frente a un proceso de concentración. Sin embargo, cuando se despliegan procesos de centralización se produce “una modificación cualitativa que remodela la autonomía de los capitales y crea nuevas relaciones de competencia […] que se produce simultáneamente en el conjunto de la economía, y cuyos efectos son irreversibles” (Aglietta, 1988: 195; énfasis original). Esta dinámica, entendida como una forma violenta de la competencia, es intermitente a lo largo del desarrollo del capitalismo y genera la desaparición de innumerables capitales individuales por absorción y el agrupamiento de otros por fusión o consolidación.

En este sentido se destaca la aparición de nuevas estructuras empresariales que han ganado protagonismo, principalmente por la extensión de cultivo que manejan y el volumen de sus operaciones. Si bien en Argentina siempre existieron grandes empresas y propietarios que controlaban importantes superficies, el avance de estos nuevos actores (fondos de inversión, pooles de siembras^[25] y grandes empresas agropecuarias) parece afectar principalmente a los pequeños y medianos productores. Frente a esta competencia, existen múltiples derroteros que van desde el desplazamiento de la producción y el arrendamiento de las tierras (en el caso que el productor sea propietario y haya sobrevivido a los procesos de endeudamiento de las décadas pasadas) hasta la ampliación de la escala para poder competir^[26]; desde el abandono completo de la actividad agropecuaria a la incorporación subalterna de los productores al modelo convertidos en prestadores de servicios y contratistas. Esto último se sustenta en la estrategia de estas grandes empresas que optan por mantener una dotación de capital fijo bastante reducida mediante la utilización de contratistas, el alquiler de campos, la compra a granel de insumos y semillas, etcétera. Con ello buscan la desconcentración de las tareas y evitan la inmovilización de capital en maquinarias e incluso tierras. Así los contratistas menores quedan atrapados en un mercado oligopsónico donde los grandes productores tienen el poder de fijar el precio de las tareas culturales (siembra, fumigación, cosecha, etc.) generando niveles mayores de explotación y autoexploración hacia debajo de la pirámide. De esta manera se produce una reducción de sus costos por una combinación de economías de escala, por el volumen de producción que manejan, y economías de flexibilidad, por la amplitud y el grado de flexibilidad de las instalaciones y servicios, (du Tertre, 1997b: 137).

Estas dinámicas tienen lugar en un escenario con múltiples influencias entre las que se destacan el rol del Estado y las políticas públicas. Por lo tanto se hace necesario delimitar estas nociones y registrar su influencia tanto en el ámbito productivo como impositivo.

La forma institucional “Estado” en el agro: acerca de la redistribución de la renta

Como se mencionó páginas atrás, la Teoría de la Regulación propone una escala de abstracción que tiene al modo de regulación como su escalón más bajo. El contenido coyuntural de este concepto está dado por la articulación de algunas variables macroeconómicas estrechamente vinculada a las formas institucionales, entre las que se incluye al Estado.

Por ello, esta perspectiva se mantiene atenta a una serie de factores que ponen en evidencia el rol y la influencia del Estado en la configuración de un determinado ordenamiento económico, resaltando la ilusión analítica de separar la esfera de la producción con la política. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es el régimen monetario controlado a partir de la función del Banco Central, el cual mantiene una cierta autonomía con respecto a la lógica de la ganancia. Así sostiene la viabilidad, siempre coyuntural y por momentos frágil, del sistema de pagos y fija un tipo de cambios que afecta sobre la relación entre los productores internos y el mercado internacional. También, existen ciertas políticas públicas orientadas a gestionar las formas de competencia, colaborando o impidiendo la concentración del capital y la formación de mercados oligopólicos o monopólicos. A ellas se suman las decisiones sobre las reglas generales que ordenan las relaciones salariales y la cobertura de la asistencia social a diversos sectores de la sociedad. Finalmente, hay que incluir la “economía fiscal financiera de recaudación” es decir, la estructura presupuestaria que vincula los ingresos y egresos del Estado con sus efectos en la economía privada a través del tipo de impuesto; la forma de recaudación; el carácter regresivo o progresivo de las erogaciones; etcétera. (Boyer, 2007; Boyer y Saillard, 1996).

A este abanico, incompleto por cierto, de potestades del Estado deben sumarse una serie de factores que generan decisiones diversas e incluso opuestas de las agencias públicas. La presión de los grupos de interés locales e internacionales; la influencia de ciertas corrientes o paradigmas administrativos; las protestas de movimientos sociales y actores de la sociedad civil permean e influyen de múltiples maneras en las esferas del Estado nacional, provincial o municipal. De ello resultan dos consecuencias: por un lado, es imposible encontrar una coherencia total en las acciones estatales; por el otro, las esferas estatales se inscriben en un inestable equilibrio entre la autonomía y la subordinación a ciertas dinámicas de los grandes actores económicos, cuya configuración dependerá de ciertas prácticas políticas al interior del Estado y entre sus agencias y distintos grupos de interés.

Frente a esta multiplicidad, será útil demarcar los límites analíticos del Estado circunscribiéndolo al conjunto de instituciones nacionales o locales en donde: se elaboran el derecho y su contralor; se configuran instituciones que llevan adelante estas reglas; se ordena el funcionamiento de los poderes del Estado, su centralización, administración y circunscripción territorial; se fijan las reglas impositivas y de financiamiento; y las relaciones con otros estados (Delorme, 1996). Más allá de las prerrogativas de ordenamiento, en el Estado pueden encontrarse al menos dos de los cuatro elementos que conforman el régimen de política económica. El primero de ellos está constituido por las formas de intervención, entendiendo como tales a los instrumentos macroeconómicos típicos del Estado: presupuesto, dinero, tasa de cambio, política ingresos, etc. El segundo, un poco más complejo, refiere al marco institucional de intervención donde se despliegan diversos organismos y agencias encargadas de la concepción y/o de llevar adelante la política económica. Aquí se imbrican distintos niveles espaciales (local; nacional; internacional; supranacional) y los aparatos del Estado comparten en mayor o menor medida su influencia con organismos extragubernamentales (Lordon, 1996)^[27]. En este marco, me interesa ver la influencia sobre el sector agropecuario de la política fiscal (presupuestaria y monetaria, principalmente) y las transformaciones que sufrieron algunos de los organismos estatales de intervención y regulación en los últimos años.

Pero para que el análisis “histórico” y la delimitación de las áreas temáticas de interés (fiscal y regulatorias de la actividad agropecuaria) sean posibles es necesario optar por una definición de políticas públicas que permita reconstruir el rol de la forma institucional “Estado” en el agro nacional y regional. Tal y como afirmé anteriormente, el Estado no puede considerarse una institución homogénea sino más bien una arena de conflicto donde tienen lugar interacciones que pueden derivar en una determinada toma de posición del Estado, que a pesar de cierta estabilidad nunca es definitiva. Este proceso puede asumir un carácter negociado o abiertamente conflictivo, producto del enfrentamiento entre algunas de las unidades dentro del aparato estatal que tiene variables grados de autonomía. Este marco se acerca notablemente a la noción propuesta por Oszlak y O’Donnell para quienes las políticas públicas son “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil.” (Oszlak y O’Donnell, 1982:112).

Esta definición implica considerar al menos dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de ciertas cuestiones que son socialmente interesantes e involucran a diversos actores no estatales con las unidades de deliberación y ejecución del Estado. En este sentido, las políticas públicas se desarrollan en contextos sociales complejos donde “el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y eventual resolución de la cuestión” (Oszlak y O’Donnell, 1982: 125) es de vital importancia. Por el otro lado, la reconstrucción de un complejo proceso que dé sentido a diferentes tomas de posición con sus consecuentes acciones y/o omisiones frente a estas problematizaciones de la sociedad civil. En definitiva se trata de hallar algún sentido ordenador que dé unidad en la dispersión de los cursos de acción de las unidades del aparato estatal.

La puesta en práctica de esta definición pondrá en evidencia la historicidad de aquellos temas que son considerados como problemáticos por algunos sectores de la sociedad civil. En el caso del presente trabajo, se verá cómo cambian o se mantienen ciertas tomas de posición, considerando también los temas problematizados por distintos actores agrarios. Por ello, reconstruir las dinámicas que se desarrollan entre los actores públicos y privados y los efectos de las políticas estatales sobre un sector, en este caso el agropecuario, muestra las limitaciones de los argumentos que sustentan las nociones del Estado mínimo. Como ya lo había expresado Polanyi (1957]) a mediados del siglo XX o como lo enuncia Evans (1996) hacia finales de dicho período, para que el mercado pueda sostener su funcionamiento y expandir su lógica, el Estado debe poner su estructura al servicio de ese proyecto y permitir mediante ciertas políticas la difusión de la lógica del beneficio. Lo que se minimiza del Estado son aquellas instituciones de bienestar cuyo objeto es atenuar las consecuencias negativas de la expansión mercantil (bienestar y seguridad laboral; salud y educación universal y gratuita; políticas proteccionistas para la producción local; etc.), las cuales en la mayoría de los casos fueron resultado del triunfo de luchas sociales.

A modo de recapitulación

En este apartado teórico se ha intentado recuperar ciertas particularidades tanto del agro como del desarrollo económico de Argentina. El cruce entre el análisis de la renta enmarcado en la teoría económica crítica con algunas herramientas aportadas por la Teoría de la Regulación permite vincular esta particularidad de la producción agropecuaria con otra serie de variables (formas institucionales) que dan una idea más amplia de la organización sectorial. En este sentido competencia y Estado se presentan como las más pertinentes para poder “medir” cuan inclusivos y beneficiosos son los cambios en la producción tanto para el sector agrícola bonaerense como para el conjunto de la economía nacional.

En definitiva, los aportes regulacionistas plantean una determinada manera de ordenar el enorme aluvión de datos que suelen encontrarse acerca del sector en un corpus más o menos estructurado en diversos niveles de análisis. Con esta propuesta queda en evidencia la influencia e imbricación de distintas variables (competencia intracapitalista; contexto internacional; influencia del Estado a través de políticas macroeconómicas y monetarias; mercados de trabajo; etc.) en la generación de un escenario económico relativamente estable. A la vez los actores de dicho contexto se mantienen visibles sin que ello signifique olvidar los “grandes números” pues todo encadenamiento coyuntural implica el entrevero de ciertas variables macroeconómicas y las percepciones de los agentes económicos. En este sentido, considero que pensar al modelo de desarrollo agropecuario como un modo de regulación del sector agrario en la Argentina de los últimos tiempos permite introducir varias fuentes explicativas que combinadas pueden mostrar el por qué y el cómo de muchos procesos contemporáneos. Es verdad y muy importante señalar que este modo de regulación no es total ni unívoco y aun existen resistencias que sostienen la lucha a favor de la soberanía alimentaria y del control territorial por parte de comunidades originarias y campesinas. Sin embargo, también es justo afirmar que el avance del modelo ha sido notable en los últimos años y junto con el corrimiento de la frontera agropecuaria ha llevado consigo una nueva forma de producción y la influencia de actores hasta el momento ausentes. Por ello resulta interesante analizar que ocurre al interior de la región pampeana donde, al contrario de lo que suele pensarse y decirse, la realidad productiva y social está lejos de ser homogénea. La misma provincia de Buenos Aires se ve inmersa en un escenario diverso pero cada vez más presionado por la agriculturización que desplaza a otras producciones tradicionales.

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