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2 Organizaciones de mujeres en la gestión habitacional

Experiencias y tramas organizativas en una villa del conurbano bonaerense

Claudia Gabriela Reta

Introducción

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[1], muchas de las problemáticas urbanas están ligadas a las necesidades materiales más inmediatas, como la reproducción de la vida. Gestión de comedores comunitarios y merenderos, reclamos por servicios básicos, denuncias por los niveles de contaminación son algunas de las luchas que han movilizado y generado diferentes niveles de organización y politicidad popular entre mujeres en contextos de precariedad habitacional, insolvencia económica, falta de acceso a bienes y servicios urbanos y segregación socioespacial, como es el caso de las villas y los asentamientos[2].

En estos territorios de precariedad (Reta, 2023a), la desigualdad socioeconómica se conjuga con otras variables como las de género y orientación sexual, etarias, de nacionalidad y rasgos étnicos, entre otros diacríticos, estableciendo diferentes percepciones sobre los lugares, las posibilidades de utilización de los bienes y servicios urbanos y la construcción de imaginarios geográficos (Soto Villagrán, 2018; Lindón, 2012). Si bien hay dificultades operativas para dar cuenta de las relaciones entre la desigualdad socioeconómica y el género dada la falta de indicadores específicos (Batthyány, 2008), la identidad de las mujeres con su biología (principalmente los asociados a la posibilidad de gestar) y los roles de género que se naturalizan las posiciona de modo desventajoso junto con otras –de manera no sumatoria– condiciones relacionadas con la pobreza (como se retomará en el capítulo de Paula Boldrini y Débora Decima); por lo que consideramos central mantener un enfoque interseccional para no homogeneizar la categoría de mujer[3].

La feminización de la precariedad habitacional, sin embargo, no solo se relaciona con la feminización de la pobreza, la desigual inserción laboral de las mujeres y la desigual responsabilidad en las tareas de cuidado (Paura y Zibechi, 2017), sino también con la falta de perspectiva de género en la planificación y gestión de las ciudades (Falú, 2016) y con patrones socioculturales y condiciones del mercado –formal e informal– de la vivienda y de las políticas públicas (Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020). Además, la zonificación en la disposición urbana establece que estas tengan que realizar más desplazamientos, demandando un mayor tiempo a las tareas de cuidados y mantenimiento del hogar (Dmuchowsky y Velázquez, 2018). A estos elementos se les agregan las barreras simbólicas que actúan sobre las mujeres a partir de la percepción de miedo e inseguridad por violencia sexual que actúa como mecanismo disciplinario (Falú, 2014; Lindón, 2009), junto con otros sentimientos como la vergüenza, la impotencia, la resignación y la sensación de indefensión causadas por el Estado y las instituciones.

En este contexto en el que las desigualdades se articulan, las experiencias de las mujeres resultan doblemente silenciadas. El análisis de la participación política y comunitaria desde la perspectiva de las mujeres que nos proponemos en este capítulo nos permite integrar una parte de la historia que no se visibiliza cuando se analizan los procesos sin tener en cuenta las diferencias genéricas (Andújar, 2006). Además, analizar las dimensiones subjetivas en la participación nos permitirá comprender de qué manera el género se implica en una diferencial construcción simbólica de los procesos de lucha social.

Nos interesa interrogarnos sobre las experiencias y transformaciones subjetivas en un grupo de mujeres de una villa de la zona norte del conurbano bonaerense, a partir de una serie de prácticas de organización colectiva que se sitúan dentro del marco de implementación de una política habitacional, durante los años 2008-2011[4]. Analizaremos cómo se inscribieron dichos procesos en la sensibilidad de las mujeres, entendiendo que estos procesos no están exentos de contradicciones y conflictos. Estas preguntas se inscriben en el cruce entre las problemáticas de género y del habitar popular, la politicidad popular y las políticas habitacionales.

Estos procesos serán analizados en el marco de un programa que tuvo entre sus propuestas y objetivos la participación de las mujeres en actividades laborales, la enseñanza de oficios y diferentes capacitaciones para su inserción sociolaboral, y la organización política (Reta, 2023b, 2024). Este, además de haber sido estigmatizado por el proceso judicial que tuvo como protagonista a Sergio Schoklender –lo que contribuyó a una mirada condenatoria sobre la organización de Madres de Plaza de Mayo y sus experiencias en la cogestión de políticas públicas[5]–, ha sido escasamente abordado en la bibliografía académica[6], por lo que consideramos relevante analizar aspectos de esta experiencia en la cual el Estado nacional financió un programa creado y gestionado por una organización social de derechos humanos. Específicamente, nos centramos en la experiencia de Mujeres al Frente, de Villa Garrote, en el municipio de Tigre. Surgida alrededor de 2002-2003 entre un grupo de vecinas que gestionaban un comedor social, se integró en la estructura de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) en 2007-2008. Es a partir de este vínculo como entraron en contacto con la Fundación Madres de Plaza de Mayo[7] (en adelante la Fundación) y su programa Misión Sueños Compartidos (en adelante el Programa Sueños Compartidos).

En términos metodológicos, trabajamos con una serie de entrevistas semiestructuradas, conversaciones informales y registros observacionales que formaron parte del trabajo de campo realizado entre fines del 2020 y mediados del 2022[8]. Este se basó en un abordaje cualitativo, en el que la etnografía articuló las diferentes actividades y técnicas[9]. Las entrevistas y los registros de campo se procesaron y analizaron con ayuda del software de procesamiento de datos Atlas.ti[10], lo que permitió establecer codificaciones relacionadas con los avances en las construcciones teóricas en un proceso iterativo.

Consideramos, siguiendo a Pérez Sanz y Gregorio Gil (2020) y a Jaspers (2012), que una perspectiva etnográfica es apropiada para identificar y problematizar las emociones y subjetividades involucradas en los conflictos y las prácticas de resistencia del habitar, así como en las prácticas cotidianas de dichas dimensiones políticas (Auyero, 2012). Esta se vuelve central en cuanto nos permite pensar en términos relacionales la construcción de un objeto de estudio, en interacción entre las perspectivas de los sujetos y nuestros supuestos teóricos, que partieron del campo de los estudios urbanos centrados en asentamientos populares y desigualdad de género, así como estudios sobre participación, movimientos sociales, acciones colectivas y emociones, sensibilidades y subjetividades[11].

Las experiencias analizadas dan cuenta de procesos del pasado reciente, por lo que hacemos brevemente mención de la articulación entre memoria e historia, dado que las reconstrucciones de la primera son tanto individuales como sociales y se realizan dentro de un entramado de tensiones y disputas. En esa dirección, Andújar sostiene que

aquello que se evoca o se silencia, lo que se recuerda y se olvida, se halla limitado por un marco social presente, por las posiciones diferenciadas que los sujetos ocupan en la organización social de que se trate, y por los conceptos, nociones y juicios de valor que, no sin pugna, se imponen en cada época histórica (2006, p. 22).

Es en este sentido en el que entendemos que la memoria se construye con y a partir de las marcas de las diferentes desigualdades –de clase, género, racial/étnica, entre otras– pasadas y presentes tanto en lo relativo a las experiencias que se recuerdan, como a la organización del relato (Andújar, 2006; Jelin, 2020). Se les suma, en nuestro caso, la presencia de las narrativas estigmatizadoras sobre el programa Misión Sueños Compartidos y sus participantes, difundidos desde los medios de comunicación y el Estado.

A continuación, proponemos una estrategia argumental que se desarrolla en cuatro apartados. En un primer momento, realizamos una breve revisión sobre el lugar de las mujeres en los estudios sobre organizaciones sociales y políticas de los sectores populares. Luego, introducimos el programa Misión Sueños Compartidos con sus principales características, deteniéndonos en su dimensión de género. En el tercer apartado, analizamos la experiencia de implementación en villa Garrote de la mano de Mujeres al Frente, la organización local que articuló con la Fundación y gestionó el programa, para a continuación analizar los efectos de este entre quienes participaron, deteniéndonos en la dimensión individual, en los arreglos familiares y las dinámicas hacia el interior de los hogares y en la participación en espacios colectivos. Finalmente, expondremos una serie de reflexiones a modo de conclusiones preliminares.

La participación política de las mujeres de los sectores populares

Retamozo (2009) problematiza la articulación entre estructura y acción, o agencia, estructura y relaciones sociales, para poder pensar la subjetividad en los estudios de los movimientos sociales. Para el autor, el lugar de las subjetividades individuales y colectivas que se construyen y reconfiguran en los procesos de acción es uno de los ejes abiertos al debate para poder pensar los movimientos sociales hoy. Consideramos, además, que los elementos subjetivos tienen funciones cognoscitivas, prácticas, identitarias y vinculares que restituyen la complejidad de los análisis sobre movimientos sociales o dinámicas asociativas (Torres Carrillo, 2009).

En gran parte de los estudios locales sobre movimientos sociales y acciones colectivas, la dimensión de género no aparece como una variable por analizar, sino como registro testimonial o estadístico. Este gender blindness, al decir de Barrera (2011), contribuye a la reproducción de una lógica que no nos permite identificar particularidades en los procesos de participación colectiva y politización popular llevados adelante por las mujeres. Consideramos, pues, central una perspectiva sensible a las desigualdades de género en el abordaje de las diferentes problemáticas de indagación sobre los movimientos sociales, desde una perspectiva interseccional que no ocluya las articulaciones de las diferentes desigualdades en las que se desenvuelven las mujeres de los sectores populares.

Las mujeres han sido incorporadas tempranamente a la vida pública por parte del Estado, a partir de un rol en la transmisión de los valores nacionales, como madres y gestoras del hogar (Andújar, 2006). Este lugar ha sido reforzado desde la década de 1990 por la focalización de las políticas públicas y la territorialización de la asistencia estatal. Subyace a esta modalidad una asociación entre su identidad y la maternidad o el cuidado de la familia y el hogar, desconociendo el impacto de las dobles y triples jornadas en término de desgastes físicos y emocionales (Massolo, 1997; De Sena, 2014; Paniagua Arguedas, 2018). Así, la maternidad ocupó (y ocupa) un lugar central en la legitimación de las mujeres en el ámbito político.

Por otra parte, si analizamos no solo su participación, sino también su distribución dentro de la estructura organizativa, observamos una desigualdad en términos de una hegemonía masculina de los lugares de representación (Barrera, 2011), pero también una desigualdad cualitativa si consideramos el prestigio y los prejuicios de las tareas en las que se involucran (Gutiérrez Villalpando et al., 2013). En este punto, retornamos nuevamente a las reflexiones de Andújar (2006), quien sostiene que la asociación o la disposición de las mujeres al cuidado y todos los corolarios asociados a la responsabilidad, afectividad, etc., son insuficientes para explicar las asimetrías en la participación y representación políticas, por lo que hay que incluir los significantes y las disposiciones culturales asociados a las tareas de cuidado, en contraposición a los aceptados en los modos de hacer política. No basta con denunciar la naturalización de la feminización de las tareas de cuidado y todo su universo asociado, sino que hay que ver que otras configuraciones en juego tienen asociados significantes que condicionan la participación y el despliegue de las mujeres en diferentes ámbitos.

Otro interrogante refiere al lugar que ocupan los reclamos de género en las organizaciones populares y la incidencia de la participación política en la construcción de las relaciones de género. Cross y Partenio (2004) mencionan las problemáticas en torno a la participación-militancia y el ámbito doméstico y remarcan la importancia de los espacios de mujeres, tales como los Encuentros Nacionales de Mujeres, para poder conformar espacios de género más o menos institucionalizados. Sin embargo, nos interesa no dar la participación como un dato por sentado, sino interrogarnos por sus efectos en cuanto sujetos atravesados por la desigualdad de género. Analizando el caso del movimiento piquetero en la década de 1990, por ejemplo, Andújar señala que, si bien el uso de la maternidad como legitimación para la acción política de las mujeres no implicó una revisión de la desvalorización de las tareas asignadas a las mujeres por la desigualdad de género por parte de los varones, en el caso de las mujeres,

fue utilizada políticamente para romper los lazos de la domesticidad y apropiarse de los espacios públicos […]. Si bien ellas construyeron su inserción en la vida pública/política a partir de los lazos sanguíneos, no retornaron al “hogar” en las mismas condiciones en que estaban antes de su salida (2006, pp. 89-90).

Esto nos permite problematizar el significado político y subjetivo de las experiencias de participación y nos abre interrogantes en torno a las características de esta en el caso de las mujeres que habitan los territorios de precariedad. Hallamos, en esta dirección, una serie de trabajos de investigación situados en el AMBA que se interrogan específicamente por las experiencias y transformaciones entre mujeres que participan en procesos de producción social del hábitat (Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020), en organizaciones sociales de base territorial (Tabbush y Caminotti, 2015; Gil y De Anso, 2011) y en otros espacios de organización y participación como las asambleas del movimiento piquetero y en empresas recuperadas por sus trabajadores (Raía, 2009; Di Marco, 2011). En ellos, las autoras dan cuenta de una serie de cambios que valorizaron las capacidades de las participantes en los procesos de negociación, demandas y gestión de recursos, lo que generó modificaciones en la autoestima y prestigio social, y esto, por su parte, dio lugar, en algunos casos, a experiencias de liderazgo y participación en la vida política (Longo, 2007; Massolo, 2003).

Encontramos, a su vez, autoras que dan cuenta de efectos en la subjetividad de las mujeres, en dirección a una desnaturalización de asociaciones normativas derivadas de visiones tradicionales de género, y una desnaturalización de otros pares de oposiciones que son también reproductoras de desigualdades y exclusiones (Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020; Pacífico, 2019; Ossul-Vermehren, 2018). Además, la puesta en común con realidades de otras mujeres dio lugar a procesos de fortalecimiento colectivo con redes de apoyo grupal que trascendió las fronteras del propio barrio, a partir, por ejemplo, de la identificación de problemáticas que se pensaban de modo individual como colectivas y compartidas (Longo, 2007). Estas experiencias colectivas, además, posibilitaron el reconocimiento de una propia voz política con opiniones y aprendizajes en torno a derechos ciudadanos y dinámicas de subordinación y desigualdad de género (Massolo, 1999).

De todos modos, si bien en estas experiencias hay una apertura al espacio público y al activismo, no se suelen dejar de lado las tareas de cuidado, lo que genera una sobrecarga que se vive con tensión en el fuero individual, dentro del ámbito familiar y dentro del colectivo de participación –a partir de una jerarquización en la que los reclamos de género aparecen con menor importancia y como “amenazantes” de la unidad y fuerza del colectivo (De Sena, 2014; Barrera, 2009; Longo, 2007)–. Con relación al plano subjetivo de estas tensiones, Barrera (2009) nos invita a pensar en la dimensión emocional en la que se encuentran las mujeres, que incluye la culpa y autoincriminación:

Esta tensión se expresa en lo que la filósofa Isabel Rauber ha denominado como «conciencia contradictoria», pues en ciertos casos las mujeres luchan, participan, se organizan y protagonizan su historia, pero todavía ven a la vida familiar y los roles allí adjudicados a hombres y mujeres como algo divorciado de lo social (Rauber, 2003) (Barrera, 2009, p. 6).

Por fuera de un planteo dicotómico, recientes trabajos miran estas tensiones entre la participación política y las tareas de reproducción de la vida como espacios en los que se pueden construir otras formas de politización diferentes de las tradicionales. Zibecchi (2022) señala que hay una serie de prácticas de cuidado colectivo en los movimientos sociales que surgen a partir de lo territorial y que es imposible separar de la dimensión política, ya que, a partir de ellas, se da lugar a nuevas formas de sociabilidad y politicidad vinculada a estos. Por otra parte, Pacífico (2019) analiza las dinámicas de politización que se dan entre las mujeres a partir de la participación en un programa social que implica formas de organización colectiva, lo que permite pensar que su politización no exclusivamente va de la mano de “salir de la casa al espacio público”, sino que los espacios que se suelen pensar como privados albergan potentes formas de organización política y redes comunitarias. En este caso, aparece en un lugar central el Estado, quien establece como contraprestación a un programa de transferencias condicionadas de ingresos ciertos requisitos, como el de la asociación en cooperativas de trabajo.

Sueños Compartidos, ¿un programa con perspectiva de género?

Sueños Compartidos fue un programa de integración social a partir de la capacitación e inserción laboral en tareas de construcción de viviendas de las y los habitantes de territorios con altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y precariedad habitacional y de provisión de servicios públicos. Operó con casi la totalidad de mano de obra local, con una perspectiva de desarrollo de la politicidad popular por medio del fortalecimiento comunitario a partir de la articulación con organizaciones locales que gestionaron las implementaciones y, por otro lado, al introducir la problemática habitacional de estos sectores al campo de los DD. HH., cuando este ocupaba un lugar central en la discusión política. Entendemos, de este modo, al programa como parte de una propuesta política de la Fundación, quienes, a comienzos del siglo, decidieron diferenciarse de otras organizaciones de DD. HH. en torno a mantener un posicionamiento no partidario o activo en la política local (Barros y Morales, 2017)[12].

El programa se desarrolló en varias provincias con recursos del Estado nacional, dentro del marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas[13]. Contó, además, con participación de los Institutos Provinciales de Viviendas, los gobiernos locales y una organización social de la zona, que en nuestro caso fue la Asociación Civil Fundación de Asistencia Educativa (FUNDAE)[14]. Cuando en 2009 el programa pasó a depender de la Subsecretaría de Obras Públicas, se reemplazaron los anteriores convenios por un Convenio Único de Colaboración y Transferencia, del que quedaron excluidas las asociaciones civiles.

Con relación al modo de producción, el Estado nacional enviaba los fondos acordados al municipio, quien se lo transfería a la Fundación por sistema de ajuste alzado, siendo esta la encargada de la planificación y el diseño del proyecto y, en cuanto empresa constructora, la coordinación del trabajo[15]. El control de la ejecución y el seguimiento quedaba a cargo del gobierno municipal. La ONG, por su parte, era originariamente la encargada de la confección del listado de adjudicatarios, luego reemplazada por la municipalidad. Las tareas laborales las realizaban, en gran parte (con excepción principalmente de puestos profesionales), personas del barrio, contratadas bajo relación de dependencia por la Fundación[16], bajo la dirección de referentes técnicos de esta y acompañadas por trabajadores/as sociales. La tecnología y el método constructivo que implementaron[17] se fundamentaron en motivos técnicos y sociales, dado que, por un lado, se alineaban a los objetivos de inclusión social y formación en el empleo –por ser una tecnología que se puede aprender rápido, al mismo tiempo que se construyen las obras–, permitiendo emplear trabajadores/as con poca o nula capacitación en las tareas de construcción. Además, al no requerir gran fuerza física, facilitaban el empleo de mano de obra de mujeres.

En cuanto al diseño, el equipamiento comunitario de cada obra también variaba según las necesidades relevadas y era negociado con las autoridades estatales que financiaban los proyectos[18]. Esto se pudo registrar en la experiencia del Elefante Blanco (contiguo a la Villa 15-Mataderos, lugar en el que se realizó el plan piloto), en donde, dada la cantidad de trabajadoras mujeres, tuvieron que organizar espacios de cuidados y de tareas comunitarias[19]. En Villa Garrote, sin embargo, el proyecto llegó al barrio ya con las etapas de diseño realizadas. Este constó de 288 viviendas de uno, dos, tres y cuatro ambientes, en 24 consorcios de tres plantas cada uno, con cuatro unidades por planta. Esta tipología no fue modificada, más allá de los reclamos de los/as vecinos/as que no querían departamentos, dado que todas las viviendas de la villa son casas bajas que cuentan con patio.

En relación con la ejecución de la obra, esta varió en las diferentes experiencias entre la contratación formal de los/as trabajadores/as por parte de la Fundación a la conformación de cooperativas que luego eran contratadas por la Fundación –caso que parece ser el de los inicios del programa en las experiencias de CABA (Najman, 2017)–. Como señalamos con anterioridad, al ser quienes trabajaron en la construcción en su mayoría personas del barrio y, en muchos casos, luego adjudicatarios, hay quienes refirieron a él en términos de un programa de autoconstrucción (Spinelli Álvarez, 2011), lo que puede ser cuestionado en relación con cómo se llevaron adelante las obras en cada territorio. A partir de nuestra reconstrucción de la implementación en Villa Garrote, sostenemos que fue una experiencia de cogestión, dado que, si bien los fondos provenían del Estado y le cabía a este también su seguimiento, el resto de las fases de producción, como el diseño, la construcción y la gestión, estuvieron a cargo de una organización de DD. HH., que no persigue una finalidad de lucro con dicha construcción, sino que se rige por la lógica en la que la vivienda construida es un bien de uso, construida en un marco en el que participa el barrio, lo que la acerca a una experiencia de producción social del hábitat.

El programa buscó no solo la reurbanización de los asentamientos, sino la generación de capacidades y disposiciones que transformasen las posibilidades socioeconómicas de quienes habitaban los barrios de intervención, como trabajadores/as o posteriores usuarios/as de las viviendas. En ese sentido, fue central su perspectiva de inclusión al mundo del trabajo de personas que tenían menos posibilidades de ser parte, sea por la edad, por el género o, como en el caso de expresidiarios/as, por portar antecedentes penales[20]. En este marco, dada la feminización de los asentamientos informales y el alto nivel de desempleo de las mujeres, la inclusión de ellas terminó ocupando un lugar relevante en el programa.

Como un antecedente a la propuesta de participación de mujeres específicamente en las tareas de construcción, puede pensarse el Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH)[21], a partir del cual mujeres beneficiarias de programas de asistencia estatal se desempeñaron en tareas laborales de obras de construcción habitacional o mejoramiento barrial. En un análisis de este último programa bajo la experiencia de cooperativas conformadas por diferentes organizaciones sociales, Cravino, Moreno y Mutuberría (2013) dan cuenta de cómo en una de ellas los equipos de obra fueron conformados solo por varones, a raíz de reclamos propios de los miembros de la organización que consideraban que, aun cuando se desempeñaban en tareas administrativas o de gestión, el trabajo de las mujeres no era tal; mientras que, en la otra organización, desde la dirigencia tomaron la decisión de capacitar a mujeres en oficios para que se desempeñasen en la obra, hecho que fue resistido tanto por mujeres como por varones. En otro caso de implementación, Moreno (2010) da cuenta de cómo el ciclo de vida de las mujeres era visto como un problema laboral, porque, dadas las precarias condiciones laborales, estando embarazadas estas tenían que tomarse licencia. Esto implicaba un puesto de trabajo menos para la obra. Además, como las mujeres no suelen estar capacitadas en oficios de construcción, su trabajo no era considerado al igual que el trabajo de un varón. En este sentido, hubo una reproducción de los estereotipos de género por la cual las mujeres terminaron desempeñándose en tareas cuasi domésticas.

Sueños Compartidos se desarrolló ya con algunos años transcurridos de la experiencia del PFEH, en medio de discusiones en torno a los planes sociales y el trabajo en relación de dependencia. Sin entrar en profundidad en la experiencia de este último programa, no contó con financiación para capacitaciones ni asesoramiento técnico, no hubo un fortalecimiento del componente de asociativismo como modelo productivo ni una estrategia de transición a la actividad laboral formal, además de que la financiación por vivienda era menor que la destinada a las modalidades de producción por parte de empresas constructoras privadas (Vío et al., 2007). Tomando nota de lo que fueron las principales críticas de estas experiencias estatales de construcción por medio de cooperativas de trabajo, Sueños Compartidos dejó de lado la modalidad cooperativa de trabajo (utilizada principalmente en las obras de la Ciudad de Buenos Aires) y operó como empresa constructora, apuntando a la calidad del trabajo formal en relación de dependencia.

El programa de las Madres se encuentra con Mujeres al Frente. La implementación en Villa Garrote

Villa Garrote se encuentra en el partido de Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Además de las barreras naturales y espaciales que dificultan el tránsito cotidiano[22] y que le imprimen cierto encierro e invisibilidad desde la perspectiva del resto de la ciudad, se encuentra emplazada en una zona de desarrollo inmobiliario para sectores de alta renta (principalmente urbanizaciones cerradas), por lo que, durante muchos años, fue un territorio abandonado por las políticas estatales.

Sueños Compartidos fue la primera intervención estatal significativa en términos de transformaciones del hábitat urbano. Entre fines del año 2008 y mediados del año 2011, se implementó un plan de 288 viviendas, con su correspondiente infraestructura, pavimentación de calles y espacios comunitarios. En el año 2011, en el marco del conflicto por la causa de corrupción y defraudación al Estado en la que se vio envuelta la Fundación[23], se rescindieron los contratos de obra y estas fueron entregadas al gobierno local, que, luego de un freno de alrededor de tres años, entregó en septiembre de 2015 108 viviendas. Como se puede observar en el mapa n.º 1, el programa modificó el territorio por medio de la incorporación de un espacio que no era considerado con anterioridad como parte de la villa. En ese sentido, configuró un nuevo sector al que refieren como “arriba”, “las torres” o “los departamentos”. Además, gran parte del territorio quedó con restos de obra abandonada en diferentes estadios de avance.

Mapa 1. Villa Garrote

Fuente: elaboración de Carla Fainstein.

Nacida y criada en el barrio, con tres hijos vivos, uno fallecido y tres nietas, Nadia siempre colaboró en instancias comunitarias o participó de ellas, ya sea en grupos de la iglesia, de la escuela o entre vecinas. El punto crítico, sin embargo, se dio cercano al año 2000, cuando la situación socioeconómica se recrudeció. Para ese entonces, ya se desempeñaba, junto con otras vecinas, como manzanera y comadre del Plan Más Vida[24]. En ese momento, varias de ellas se juntaron para hacer un comedor que alimentó primero a los/as niños/as y luego a familias enteras. Lo llamaron Mujeres al Frente, dado que todas eran mujeres. Luego de un tiempo, decidieron formar parte de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV).

La FTV es una organización que surgió a partir de la crisis socioeconómica de la década de 1990, si bien tiene sus orígenes en las tomas de tierras de la década de 1980 en el partido de La Matanza y la posterior conformación de redes barriales y comunitarias. De carácter popular, representaba la articulación de una serie de sectores atravesados por similares experiencias de precariedad habitacional, falta de trabajo y pobreza dentro del movimiento piquetero, por lo que se fue expandiendo a partir de sumar pequeñas organizaciones barriales. En este punto, Barrera señala:

Las mujeres de las clases populares no sólo devinieron administradoras cotidianas de los efectos de la crisis producto de las políticas neoliberales –los hombres en su mayor parte desocupados se encontraban dominados por sentimientos y situaciones de angustia, depresión y aislamiento–, sino que, recurriendo a los vínculos sociales de afecto, confianza o parentesco acumulados en las redes barriales, se asociaron y comenzaron a ensayar respuestas colectivas […]. De ese modo, la FTV creció a escala local activando redes barriales femeninas preexistentes que se encontraban relativamente estructuradas, redes que se vieron consolidadas y politizadas a partir de los recursos materiales y simbólicos (planes sociales, alimentos, cursos de capacitación) que aportó la organización (Barrera, 2011, pp. 207-208).

La organización, sin embargo, trascendió las fronteras territoriales; en el plano institucional, se integró a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con un modelo organizativo de federaciones por ramas de actividad o con base en organizaciones sociales. De 2003 al 2006, su principal dirigente se desempeñó como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, área reemplazada luego por la Comisión Nacional de Tierras Padre Carlos Mugica, a cargo de referentes de la misma organización. Al momento en que la organización tomó contacto con Mujeres al Frente, eran parte de una alianza de gobierno. De este modo, Nadia narraba el ingreso del grupo a la organización, o, como lo diría otra compañera, “el darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo era política”:

Nosotros cuando fuimos Mujeres al Frente y empezamos a trabajar en el comedor, dijimos que “política no”, nada. Con el tiempo uno va aprendiendo… Y sabe que la política es todo […], después se acercó una organización social… FTV, Federación de Tierras y Vivienda. Yo le decía: “Mirá que política no queremos saber”, ya estábamos acá adelante, me dijeron que nos iban a ceder los alimentos ellos, era menos, el tema plata. Lo que más nos costaba era el gas […] y, bueno, aceptamos. Fue creciendo (Nadia, referenta de la FTV y encargada de la obra en el barrio, 2021).

Fue así como el grupo comenzó a referenciarse con la FTV, a recibir ayudas como el Plan Trabajar[25], a realizar otras tareas en el barrio como operativos de limpieza y desratización, talleres de computación y de oficios. A fines del año 2008, les contaron que la Fundación Madres de Plaza de Mayo estaba haciendo viviendas y estaban interesadas en comenzar una obra en el barrio. Mujeres al Frente le aseguraba a la Fundación el ingreso al barrio y un grupo organizado que pudiera hacer convocatorias, tener un espacio hasta que se pudieran construir lugares propios para la obra y el conocimiento de la situación de los/as vecinos/as del barrio. La FTV, por su parte, contaba ya con experiencia en la formación de cooperativas de trabajo para la gestión de programas de acceso a la vivienda o infraestructura, principalmente a partir del PFEH.

Si bien el programa incluía la incorporación de un mínimo de mujeres en la obra, la implementación tuvo sus propias características. En un primer momento, estas fueron incluidas en el comedor de los/as trabajadores/as, cuando se iniciaron las tareas de preparación del terreno. La incorporación a la obra fue posterior, dado que había resistencias relacionadas con características propias del rubro, con tensiones dentro de las familias –en relación con la conciliación con las tareas de cuidado–, dentro del barrio –dado que en muchos casos consideraban que tenían que tener trabajo primero los varones– y con estereotipos compartidos en torno a lo que eran los trabajos habilitados para las mujeres.

Más allá de que la desigualdad de género permea toda la sociedad, en nuestro caso de estudio, observamos la conjunción de un ámbito laboral altamente masculinizado, junto con unas condiciones de habitabilidad que tiñen la asociación entre mujeres, maternidad y trabajos de cuidado con características particulares. En los asentamientos informales, las condiciones estructurales de la reproducción de la vida a partir de la precariedad en los servicios y la calidad de la vivienda sobrecargan las labores domésticas. La generización de las tareas, que establecen un trabajo femenino en contraposición a uno masculino, tiene su contraparte en una tendencia a la falta de socialización y de recursos de cuidado para los varones, que opera no solo en el medio laboral, sino también para la vida familiar. Suelen ser hogares con niños/as y adultos/as que necesitan asistencia a cargo y con altos índices de monoparentalidad femenina. A esto se le suma que las tareas de cuidado muchas veces incluyen la atención a que los/as niños/as no estén solos/as en la calle, dados los riesgos a los que se pueden ver expuestos/as, o el estar atenta a ver con quiénes se relacionan y a dónde van. En el siguiente relato, podemos observar en la voz de una de las participantes el modo en que se le planteaba en el seno de su hogar la disputa por la inserción laboral en el programa:

Y eso que fue una lucha en casa, porque yo tenía un bebe de siete meses cuando empecé a trabajar… Y bueno, mi marido no quería saber nada que yo trabaje en una obra con obreros […]. Me decía que cómo voy a trabajar donde está lleno de hombres, esas cosas. Machista (K, trabajadora en diferentes oficios de obra durante dos años, 2021).

Sumado a esto, quien estaba a cargo de la parte técnica de la obra no quería que se contrataran mujeres, lo que marcó en gran medida la cantidad de ingresos a la parte de obra en relación con las tareas que realizó la mayoría de quienes participaron. El registro de las primeras mujeres que fueron a trabajar en obra, a varios meses de comenzada esta, da cuenta de dichas tensiones:

En la tercera lista, me dice “Poné diez mujeres”. Puse las diez mujeres. Pero el arquitecto no quería mujeres, no mujeres […]. Me las puso en el sol desde las 8 A. M. hasta las 12 del mediodía… en el rayo del sol a las 12 que ya entraban al comedor. Ya estaba instalado […]. Las mujeres se empezaban a desmayar… Muchas me decían “Ya está, no, yo renuncio” […]. “No, no, no, no van a dejar. No van a dejar. No van a dejar. No podemos. Esto no es para nosotros”. Las senté… “Esto tiene que ser para nosotros, depende de ustedes que tomen más mujeres” […]. Les digo “Tienen que aguantar, tienen que aguantar”, en eso viene el arquitecto y me dice “Eh, ¿qué pasa? ¿Se sienten mal las chicas?” (Nadia, referenta de la FTV y encargada de la obra en el barrio, 2021).

En muchos casos, las mujeres pudieron ser parte del programa cuando sus maridos, hermanos o padres ya se encontraban trabajando, siendo este un paso necesario para que pudieran ingresar a él. Por otra parte, cuando se hicieron convocatorias en la villa, hubo mujeres que no quisieron enlistarse para las tareas de obra y muchos de los puestos de trabajo en el comedor ya estaban ocupados por quienes eran parte de la organización, por lo que las mujeres que se emplearon en tareas de obra fueron alrededor de veinte. Dentro de la obra, el trabajo de las mujeres no era considerado de la misma manera que el de los varones. Muchas veces eran los mismos trabajadores y vecinos quienes no querían que ellas se desempeñasen en la obra, aduciendo que “no sabían” y había que enseñarles, o simplemente porque no querían compartir dicho espacio de trabajo.

Ahí en revoque hubo un grupito de chicos que no me dejaban trabajar, [decían] que no, que era mujer, que me vaya a otro lado. Pero en otros espacios me enseñaban […] en los paneles entré, y me enseñaban, todo bien, eran chicos de mi edad, estaba mi cuñada, también… me enseñaron bien […]. Después [en] pintura…, me mandaron a… herrería. Que también me encantó… Aparte estaba mi cuñado, me enseñaba mucho, me tenía mucha paciencia, era la única mujer y me enseñaba todo […]. No estuve ni en plomería ni electricidad, después en todos lados. Ah, carpintería, tampoco, ahí no había mujeres. Era más pesado. Era para poder hacer… los pisos arriba. Esa parte… de carpintería, creo que no podía trabajar [una] mujer (Laura, trabajadora en diferentes oficios de obra durante dos años, 2021).

Lo que la participación dejó

Ante la consulta en torno a la participación del programa, la primera respuesta de todas las participantes fue en relación con sentimientos de alegría al ver el barrio con una obra grande que les daba esperanza, el que había trabajo para muchas personas y el orgullo de poder, al día de hoy, ver los edificios y decir que ellas lo construyeron. A diferencia del momento actual, en el que, en gran parte de los asentamientos informales del AMBA, están presentes un abanico de organizaciones, movimientos sociales, cooperativas o personas organizadas en función de algún programa o alguna articulación gubernamental, en la época de implementación de Sueños Compartidos había muy poca asistencia estatal, las transferencias condicionadas de ingresos[26] eran de poco valor monetario, y las organizaciones piqueteras y cooperativas del Plan Argentina Trabaja[27] estaban recién ingresando en el barrio. En este sentido, la experiencia del programa marcó un punto de inflexión en un territorio al que se le habían acercado con promesas, pero en el que en pocas ocasiones habían implementado políticas estatales.

En cuanto a los procesos individuales, nuestra primera reflexión apunta a un abanico de experiencias entre las que hay que considerar, en primer lugar, las diferencias en el rol que tuvieron en la implementación del programa. Como veremos a continuación, para quienes estuvieron a cargo o con responsabilidades, implicó la posibilidad de articular con miembros de la Fundación, conocer otros barrios en los que se estaba desarrollando el programa y otras experiencias de implementación, articular con otros/as referentes/as barriales, funcionarios/as municipales y nacionales de diversas áreas, así como con otras organizaciones relacionadas al programa, como la Universidad de Buenos Aires o la UOCRA. Por su parte, quienes se desempeñaron cocinando en el comedor de Mujeres al Frente y pasaron a cocinar para los hombres de la obra en vez de para los/as niños/as, sin más involucramiento en el programa –dado que en muchos casos no participaron de las otras actividades del componente social o educativo–, la experiencia fue diferente.

Por otro lado, cobra importancia en el análisis la trayectoria individual de cada una de las mujeres, entendiendo que esta es imprescindible para comprender el derrotero de emociones, decisiones y acciones (Auyero, 2004). En los casos de quienes estuvieron en puestos de representación o responsabilidad, experimentaron situaciones nuevas, diferentes de las conocidas, lo que dio lugar a grandes transformaciones. Este es el caso de Nadia, a quien la participación en el programa le significó el inicio de un derrotero que la encuentra hoy como una delegada de la UOCRA, referente de las luchas de género dentro de la organización.

“Me mandaron a hablar con una mujer que es la encargada de todo eso”. Yo le dije “No, no hay”. “Sí, dejame que voy a hacer una llamada… ¿Vos sos Nancy?”. “Sí”. “Bueno, la encargada sos vos, te voy avisando”. Yo todavía no lo sabía […]. Ahí llamé al hombre del coche gris, me dio buenos consejos. Yo no me estaba dando cuenta de la magnitud que tenía todo. Para mí todo era familiar (Zelko, 2018).

Este párrafo nos permite identificar el paso de una lógica en donde se realizaban tareas comunitarias motivadas por sentimientos de amor y responsabilidad a otra en la cual las mismas tareas se inscribieron en dimensiones políticas y en una territorialidad más amplia que el propio barrio. El tomar conciencia de ese cambio llevó en algunos casos cierto tiempo. En el fragmento arriba citado, Nadia daba cuenta de un proceso de conocimiento para poder comprender las aristas de una experiencia que podía ser similar a otras ya conocidas (cocinar para los/as vecinos/as de la villa), pero que se encontraba inscripta en una lógica política y organizativa de otra escala.

Un aspecto que mencionar en relación con las transformaciones en las vecinas de Villa Garrote tiene que ver con el aprendizaje que vino de la mano de la participación. Poma y Gravante (2019) señalan que el empoderamiento está relacionado con la participación de un colectivo en el cual la confianza es central para los efectos de larga duración, como las transformaciones subjetivas. Este sentimiento puede provenir de la adquisición de nuevas habilidades o de la valorización de habilidades propias, así como de las opiniones propias y la expresión de los pensamientos. En este punto, sin embargo, tenemos que recordar que no hubo una continuidad del programa desde la política pública, lo que generó que muchos de los procesos que estaban propuestos no se pudieran desarrollar, o se desarrollaran en poco tiempo. Por ejemplo, para las mujeres, en muchos casos la experiencia fue solo de un año, tiempo que sostenemos no llegó a ser suficiente para que pudieran realizarse ciertas transformaciones simbólicas.

Quienes estuvieron trabajando en las tareas de obra señalaron el aprendizaje de oficios y de experiencias de trabajo que antes del programa no estaban siquiera dentro de su horizonte de posibilidades. Esta valoración se dio más allá de que estos no hubieran podido ser utilizados para la inserción laboral, tal como estaba planteado en los objetivos del programa. Para poner esto en contexto, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que dicha posibilidad no radica solo en el desarrollo de capacidades individuales, sino en la de ciertas transformaciones en el campo simbólico, así como en las lógicas y prácticas cotidianas, en este caso del ámbito laboral de la construcción. Como nos relataba Nadia:

El tema es… la salida laboral, que hay muy poca para mujeres. Entonces se está peleando el día a día, para un ingreso. Para nosotros un ingreso de mujer es todo un triunfo…, y hoy por hoy ellos están encaminados a ingresar una mujer por obra, al menos… Y tenemos un promedio de, por decirte, en Tigre, de 30 obras, son 30 mujeres. Pero no están las 30 mujeres. En Tigre somos dos mujeres (Nadia, referenta de la FTV y encargada de la obra en el barrio, 2021).

La inserción en este campo, de todos modos, estuvo acompañada por consecuencias propias de un espacio de trabajo que continúa considerándose masculino, como nos relataba en relación con su experiencia posterior al programa en el ámbito de la construcción:

Teniendo una persona con cargo por arriba mío, sí, eh, sufrí como… discriminación, sufrí violencia, eh, institucional… Sentí, acoso […]. Mi mentalidad era que querían demostrar que la mujer era débil, entonces, al encerrarme en eso, y no quería renunciar, yo quería seguir… quería seguir, fui soportando muchas cosas. Cuando dije “Basta”, que, en realidad… la fuerza es cuando vos decís “Basta”, no cuando vos soportás. Al no conocer todas esas herramientas, me llevó a… a pasar… un año y ocho meses… así, soportando (Nadia, referenta de la FTV y encargada de la obra en el barrio, 2021).

En este sentido, para que se generen cambios en un campo laboral altamente masculinizado, tienen que tenerse en cuenta ciertas racionalidades y principios que rigen la participación de dicho campo, a lo que podemos sumar ciertas prácticas y costumbres que son parte de su cotidianeidad. Estos elementos que obturan el ingreso y la participación de las mujeres se encontraron presentes, a su vez, en la decisión de muchas de ingresar en áreas de trabajo generalmente asociadas a las tareas femeninas (como la cocina y la limpieza), o simplemente desarrollando tareas que les resultaban habituales, en las cuales tenían un saber reconocido[28].

Entre quienes se desempeñaron en las tareas de cocina, relataron como aspectos positivos de la experiencia la posibilidad de trabajar cerca de su casa, sin tener que trasladarse y estar próximas a sus hijos/as o familia. En este contexto, la posibilidad de ganar un salario bien remunerado y con aportes previsionales por realizar un trabajo que en muchos casos era el que venían realizando, pero sin considerarlo como tal, fue algo altamente valorado. Esto les permitió jerarquizar ciertas cualidades como la empatía, la solidaridad y la ayuda a las demás personas, la escucha del otro/a y la preocupación por el bienestar de los/as niños/as del barrio, características que suelen ser vistas como naturales en las mujeres. Que este reconocimiento haya sido remunerado da cuenta de una valorización social en el barrio y hacia adentro de la familia.

—Mirta: A mí me gustaba… el… cocinar de por sí, me encanta, y sí, estuvo bueno porque… entré y salí re contenta. Nos costó mucho cuando quedamos sin trabajo. A mí me costó mucho, a mí me quedaba cerquita, me gustaba el trabajo.
—Gabriela: ¿Después de eso buscaste otro trabajo?
—Mirta: Sí, en casa de familia… Sí, trabajé perfectamente, de lo de siempre (Mirta, trabajadora en el sector de cocina durante dos años y medio, 2022).

Más allá del lugar en donde se hayan desempeñado, hay una serie de conocimientos y recursos que se pusieron a disposición en el marco del programa que, de otro modo, no hubieran sido posibles por la ausencia de oportunidades de acceso a ellos, dado el carácter precario del vínculo con las instituciones y el Estado. Quienes estuvieron en la cocina, por ejemplo, mencionaron las jornadas de formación en alimentación y nutrientes, nutrición infantil, nutrición para embarazadas y nociones de seguridad e higiene, entre otras.

En segundo lugar, consideramos importante observar las huellas del proceso a nivel de los arreglos familiares y las dinámicas hacia el interior de los hogares. Aquí, a su vez, remarcamos la diversidad de situaciones que se atravesaron durante la experiencia del programa. Desde madres solteras que consiguieron un ingreso hasta mujeres que tuvieron que discutir con sus parejas, hijos/as, padres y hombres y mujeres de su familia extendida para poder aceptar un trabajo dentro del programa. Tenemos que recordar que esto se da en un contexto posterior a una fuerte crisis socioeconómica, por la que, en muchos casos en los que los varones se encontraban desempleados, o tenían trabajos esporádicos que no llegaban a cubrir las necesidades, la oportunidad de que las mujeres entrasen a trabajar en el programa tuvo que ser aceptada. En algunos casos, frente a una mejora en las condiciones laborales de los varones, se recrudecieron las tensiones y los reclamos en torno a la ausencia de las mujeres en la casa.

De todos modos, los arreglos familiares que debieron enfrentar las mujeres fueron trascendentes más allá de que estas no hubieran seguido el camino esperado por la política pública, es decir: lograr un oficio y capacitarse como para salir al mercado laboral a emplearse. En varios casos, las mujeres quisieron volver a su casa y a las tareas de cuidado, sin que eso implicase que no hubieran atravesado transformaciones. En ese sentido, sostenemos que hay otras formas de politicidad que se pueden dar a partir de prácticas en el espacio privado y de crianza, que una transformación entre las mujeres no necesariamente tiene que estar dada por su inserción en el mundo laboral o a partir de la participación en un movimiento social. Esto nos lo muestran, por ejemplo, las experiencias de la Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza[29], en donde las tareas reproductivas en el espacio comunitario dan lugar a posiciones de politización y de disputa frente al Estado. En estos procesos, más allá de los elementos de mayor visibilidad o determinados hitos de la lucha como ser un reclamo particular al Estado, hay una construcción colectiva política de años en la que se van gestando transformaciones subjetivas. Poder vislumbrar las capas de procesos cotidianos que se encuentran por detrás de los acontecimientos que cobran más visibilidad es una tarea que consideramos esencial.

Un tercer elemento que tuvo un desigual impacto en las mujeres que participaron del programa se relaciona con el nivel de involucramiento en los espacios colectivos. En el caso de las trabajadoras, en su mayoría no continuaron con un vínculo político o de participación con la organización social que coordinó el programa. A la retirada de los equipos del programa del territorio, se sumaron las incertidumbres, una vez finalizados los contratos sin previo aviso, en relación con la continuidad de las obras y de los puestos de trabajo o con si iban a cobrar por lo trabajado. A esto se le sumaron todos los discursos mediáticos sobre la corrupción en los que se vieron envueltas las obras de la Fundación. De hecho, las dos mujeres que continuaron con una participación activa en términos políticos lo hicieron en el marco de la UOCRA y, al día de hoy, se siguen referenciando con dicho espacio más allá de la alta estima que le tengan a la Fundación. En este sentido, ni este organismo de DD. HH. ni la FTV generaron una organización propia en el barrio. De todos modos, esto no implica que no hayan existido transformaciones al nivel de la organización colectiva o huellas en quienes, en su momento, integraron dichos espacios.

En casos donde hubo compromiso e involucramiento con la organización, como el caso de Nadia, identificamos un proceso que dio lugar a una socialización en términos políticos y espacios de intercambio en los que ella, como otros/as participantes, pudieron revisar su historia, lo que dio lugar a una resignificación de la propia historia y de ciertos recuerdos que se articularon con el marco histórico social:

¿Sabés qué? Recuperamos valores con Madres. Yo te hablaría horas de Madres, horas. Aprendí tanto, aprendí tanto… aprendí tanto de la historia […]. Yo pude hablar en casa de política, podía transmitirle a mis hijos, y ahí conocí […] que [un]a imagen que yo tenía de mi papá […]. Mi papá en ropa interior […] él jamás se mostró en ropa interior. Pero yo tenía en mi cabeza que él estaba en ropa interior tirado boca abajo en el piso… [Ahora sé que] eran los años del tiempo de los Militares, cuando entraban al barrio, pateaban las puertas… Yo era chiquita, entraron una vez a casa… todos al piso […]. Hacían las requisas… y esa era la imagen [que guardé de mi papá]; ahí después me di cuenta… (Nadia, referenta de la FTV y encargada de la obra en el barrio, 2021).

El participar en el marco de un proyecto gestionado por una organización que no se circunscribe al marco territorial del barrio permitió espacios de intercambios con personas de barrios vecinos, con otras organizaciones e instituciones y con el Estado, a partir de los cuales pudieron acceder a nuevos vínculos y a información. Se generaron espacios, por ejemplo, en los que aparecieron cuestiones del mundo privado relacionadas con las situaciones domésticas de violencia o de crianza. Estas redes y estos intercambios de pares son espacios en los cuales las mujeres pudieron expresar sus opiniones y deseos, lo que posibilitó la valorización de sus conocimientos y capacidades y de su autoestima. Recordamos en ese sentido la experiencia analizada por Rodríguez y Arqueros Mejica (2020) de las mujeres en procesos de producción social del hábitat, que sostienen que las instancias colectivas de toma de decisiones “dan lugar a procesos de resignificación cultural que posibilitan un distanciamiento de roles y prácticas naturalizadas, entre ellas las de género” (2020, p. 70), por lo que habilitan tendencias de despatriarcalización a partir de la construcción de nuevas sociabilidades, que viene de la mano de un cambio hacia una actitud activa capaz de reclamar, llevar adelante procesos de lucha y ejercer influencia sobre otras personas en el espacio público.

Reflexiones finales

A lo largo de este escrito, realizamos un análisis que indagó en las dimensiones subjetivas de las transformaciones entre un grupo de mujeres de los sectores populares a partir de su participación en redes comunitarias y organizaciones sociales. Si bien el Programa Misión Sueños Compartidos no tuvo la continuidad y el tiempo de implementación necesarios como para poder evidenciar ciertos procesos, dicha participación las atravesó de múltiples maneras, por lo que es un proceso que consideramos debe seguirse analizando en el tiempo de larga duración.

Queremos subrayar, en ese sentido, la heterogeneidad de situaciones y la complejidad de los procesos y las contradicciones entre y en las propias mujeres, así como en la comunidad, frente a las profundas desigualdades y exclusiones que se entrelazan. Los estudios sobre la organización y politicidad popular deben poder contemplar las transformaciones que se dan al nivel de la subjetividad en las microprácticas cotidianas, dado que, más allá de los grandes cambios, se producen pequeñas fracturas que son acumulativas y muchas veces pueden quedar latentes durante un tiempo considerable. Por tal motivo consideramos imprescindible, para restituir la complejidad de dichos procesos, el análisis situado, a modo de poder identificar y visibilizar las posibilidades de cambio.

Sueños Compartidos ensayó un modelo de cogestión que apuntaba tanto a la producción habitacional desmercantilizada, como a la transformación socioeconómica de los barrios destinatarios. La estructura flexible de la Fundación permitió que en algunos barrios se realizasen experiencias de trabajo cooperativo, diferentes grados de participación en las etapas de diseño del proyecto y no solo en la construcción y el fortalecimiento de las organizaciones existentes con las que trabajaba. En nuestro caso de indagación, estos elementos no estuvieron presentes, sino que primó la generación de trabajo de calidad por medio de una relación de dependencia formal con sindicalización de los/as trabajadores/as. Esta experiencia se situó, pues, en el contexto político de debates alrededor del mundo del trabajo de los sectores populares y de la implementación de programas estatales, en la que la promoción del trabajo cooperativo se ensayó como alternativa a la contratación de empresas constructoras para la ejecución de obra pública.

El que la organización social que diseñó el programa fuera Madres de Plaza de Mayo no es un dato que soslayar, dado que situó la problemática habitacional dentro del marco de los derechos humanos, construyendo lo habitacional más allá de la materialidad de la vivienda, junto a las condiciones socioeconómicas, comunitarias, políticas y simbólicas de quienes habitan los asentamientos informales. Por otro lado, se inscribió en el plano del debate político, dado que la Fundación desarrolló estos proyectos en el marco de un posicionamiento como actor que discutió el rol del Estado, de la organización popular y de los DD. HH. La importancia que se les asignaron, por ejemplo, a las redes de organizaciones que intermedian con el Estado, desde las redes barriales –con las mujeres como protagonistas–, las organizaciones federales como la FTV y los sindicatos, o la importancia que se les dio a la escolarización y salud de niños/as, las problemáticas de violencia o los consumos problemáticos, entre otros temas en los dispositivos sociales, debe ser leída desde ese lugar.

El programa analizado fue presentado como un programa de inclusión social por medio de la urbanización de “los lugares más marginados de las ciudades”, con personas cercanas al mundo del delito, con antecedentes penales y sin modelos de inserción sociolaboral. En el desarrollo de su implementación, sin embargo, las mujeres aparecieron como el principal actor desempleado, sin formación, con hijos/as y mayores a cargo y, en muchos casos, único sostén de familia. Esta impronta de género, sin embargo, no se presta a una lectura lineal en la experiencia analizada en Villa Garrote, por la suma de elementos relatados con anterioridad. Las cristalizaciones y estigmatizaciones en torno a los roles masculinos y femeninos en la sociedad y en el ámbito laboral, así como la fuerte asociación entre mujeres, maternidad y cuidados, operaron como resistencias a la implementación de dimensiones que el programa proponía. De todos modos, encontramos que este fue un hito importante en el barrio y en la vida de las mujeres que participaron en él.

En relación con estas últimas, encontramos que las experiencias fueron heterogéneas y estuvieron atravesadas por tensiones principalmente en torno a los espacios y las tareas que se consideran femeninas y masculinas, que se evidenciaron en el espacio familiar de las mujeres, entre los/as participantes del programa y en las propias mujeres. Estas tensiones no solo se relacionan con estereotipos o imaginarios de lo que deben o no hacer las mujeres en términos morales, sino además con usos y costumbres propios de los campos en juego – el ámbito tanto de la construcción y de la participación en organizaciones sociales/políticas, como de la gestión del hogar– y con disposiciones y habilidades tradicionalmente desarrolladas y socialmente valoradas por las identidades generizadas. En esa dirección, hubo mujeres que se involucraron en las discusiones políticas que el programa habilitó, ya sea en la política nacional o la política relativa al mundo laboral; hubo quienes participaron de las actividades para la obra de construcción y esta experiencia resultó determinante en su trayectoria laboral; y hubo también quienes participaron en tareas de cocina y limpieza en el marco del proyecto, sin más relación con los otros componentes. Para todas, sin embargo, fue una experiencia significativa en su biografía.

Queremos resaltar, por último, la importancia de las redes territoriales de mujeres en una dimensión temporal de más larga duración que la del acontecimiento que se estudia. En nuestro caso, nos encontramos con un grupo de mujeres que vinieron organizándose colectivamente desde el Plan Vida (luego Más Vida), el Plan Comadres, la gestión de un comedor y su institucionalización, luego, en Mujeres al Frente. La llegada al barrio de la FTV y de la Fundación potenció la organización, acercó recursos y tendió puentes entre diferentes redes fuera del asentamiento popular y con actores/as gubernamentales e instituciones de diversa índole, más allá de que las sociabilidades previas terminaron mostrándose más fuertes.

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  1. El AMBA es el área más densamente poblada del país. En las últimas décadas, aumentaron la población y la superficie ocupada en las villas y los asentamientos populares, lo cual llega a constituirse en la principal forma de crecimiento poblacional. Cravino, Del Río y Duarte (2008) señalan para el período entre 1981-2006 un crecimiento del 220 % en villas y asentamientos frente a un 35 % de incremento poblacional en los 24 partidos del conurbano bonaerense.
  2. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se autoconstruyeron villas y asentamientos populares que se densificaron y extendieron en superficie con el correr de las décadas. La precariedad e inconveniencia habitacional producto de las características de la vivienda y la infraestructura en servicios se conjuga con una alta densidad poblacional y una conformación socioeconómica de la población que, si bien es heterogénea, se caracteriza por la pobreza y una inserción ocupacional precaria y de baja calificación (Cravino, 2008).
  3. Para nuestro caso de análisis, dentro de las diferentes dimensiones de desigualdad que atraviesan a las mujeres, encontramos que las más relevantes son la de género y la de clase. Otras dimensiones como las étnicas/raciales, etarias, religiosas, etc., no resultaron relevantes para la pregunta de investigación, por lo que no las incluimos en la investigación.
  4. La experiencia sufrió una interrupción a mediados del 2011 en todo el territorio nacional, en medio de un escándalo mediático por denuncias de corrupción y defraudación al Estado. En julio de 2011, se firmó el contrato de rescisión de obra con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y finalmente en abril del 2012 el Honorable Concejo Deliberante de Tigre sancionó la Ordenanza n.º 3.268/12, que redujo de 288 a 108 el número total de viviendas que ejecutar. A los pocos días, la Fundación rescindió los contratos de obra y entregó las obras al municipio, que continuó empleando a las mismas personas que venían trabajando bajo la inclusión en cooperativas municipales enmarcadas dentro del Programa Argentina Trabaja. Luego de un período de cinco o seis meses, las obras se frenaron, y las personas del barrio quedaron sin trabajo. En febrero del 2015, se retomó la obra de viviendas y estuvo a cargo de diferentes empresas tanto privadas como cooperativas de trabajo del municipio y de organizaciones, que terminaron una parte de la obra proyectada originalmente. Para ahondar en el Programa Misión Sueños Compartidos, se puede consultar Reta (2023b, 2024).
  5. En 2015, luego del proceso electoral que estableció un cambio de gobierno a nivel nacional y en varias provincias, se llevó adelante un cambio de paradigma en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos caracterizado por un cuestionamiento a las políticas de DD. HH. desarrolladas por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2055-2009 y 2009-2015), así como a la centralidad que los organismos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado tuvieron. En ese proceso, hubo no solo una desfinanciación de programas y espacios institucionales asociados a los organismos de DD. HH., sino además un avance en la estigmatización de estos (Barros y Morales, 2019).
  6. Entre las excepciones, encontramos análisis de algunas experiencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el programa adoptó elementos diferentes al desarrollo federal (Spinelli Álvarez, 2011; Najman, 2017; Palombi, 2019).
  7. La Fundación Madres de Plaza de Mayo es una institución de derechos humanos que surgió a partir de la detención, tortura y desaparición de personas en el período de la dictadura militar de 1976. Además de las acciones de reclamos por justicia, llevan adelante proyectos como la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, la Radio AM 530, el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas y el Espacio Cultural Nuestros Hijos, entre otros.
  8. Este formó parte del proceso de investigación para la Tesis de Maestría en Estudios Urbanos (UNGS) y de Doctorado en Antropología (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires) de quien escribe, en el marco de una beca financiada por el FONCYT y una beca de finalización de doctorado financiada por el CONICET (Argentina).
  9. Además de la observación participante y las entrevistas, realizamos un relevamiento de fuentes secundarias como informes del Programa Misión Sueños Compartidos, fuentes hemerográficas publicadas en diversos medios de comunicación nacionales y locales, publicaciones en Facebook y redes sociales de organizaciones políticas y sociales que retoman experiencias del programa y los archivos de la causa judicial en la que se vio envuelto el programa.
  10. Este programa se basa en la perspectiva de análisis cualitativo grounded theory, por lo que permite integrar datos de diferente naturaleza a un mismo entorno, facilitando la tarea de codificar, establecer relaciones entre códigos, y escribir memos y comentarios que se transforman al mismo tiempo en documentos que analizar.
  11. Hay una trayectoria en el estudio de las emociones, los movimientos sociales y las acciones colectivas en la que no solo se analizan la movilización de afectividades y estados anímicos que dan lugar a las protestas y los conflictos y que ocurren durante ellos, sino también los efectos y las transformaciones en las sensibilidades y subjetividades sociales (Scribano, 2017, 2009; Jaspers, 2012).
  12. En una emisión televisiva de difusión de Sueños Compartidos, Hebe de Bonafini, presidenta de la Fundación, dijo que, al ver la lentitud de los juicios, se preguntó “qué era más importante, si condenar a dos militares o salvar del hambre a un niño”. La respuesta fue que los abogados siguieran haciendo ese trabajo, pero que ellas iban a comenzar a dedicarse a una tarea social (“Proyecto de Vivienda Madres de Plaza de Mayo I”, 2007).
  13. El Programa Federal de Construcción de Viviendas fue un conjunto de programas habitacionales de nivel nacional ejecutados por el nivel provincial o local, que formó parte de una serie de políticas anticíclicas de tipo keynesiano implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner luego de la crisis económica y social de 2001-2002, que se ejecutó entre 2003 y 2015.
  14. FUNDAE es una fundación que trabaja en el municipio desde 1984.
  15. El programa se organizó a partir de cuatro áreas o sectores principales, entre los que se encontraba un sector administrativo-jurídico, un sector técnico responsable de los proyectos y convenios, un sector operativo de coordinación y control territoriales en obra, y un sector social, al que le correspondían las tareas de educación, salud, asistencia social y deportes en la comunidad.
  16. En relación con la calidad del trabajo, se firmaron con el MTEYSS los convenios n.º 41 y 142, del 2008 y 2010 respectivamente –con sus protocolos adicionales–, que establecieron como obligación el cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo n.º 20.744 y sus modificatorias; la Ley n.º 24.557 de Riesgo de Trabajo, reglamentada por Decreto 334/96 y modificatorias; Ley n.º 23.660 de Obra Social y modificatorias; Decreto n.º 1567/74 de Seguro de Vida Obligatorio; Ley n.º 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, reglamentada por Decreto 911/96 y modificatorias; Ley n.º 22.250 de Estatuto de la Industria de la Construcción, Art. 15: Fondo de cese laboral (Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales. Departamento de Control de Transferencias a Municipios, CABA y Sector Privado, 2011).
  17. El sistema M2 o Emmedue es una técnica creada en Italia (cuya empresa, Cassaforma S. A., le cedió la patente a la FMPM) que se basa en paneles de poliuretano expandido (telgopor) contenidos entre dos mallas de metal que se encastran entre sí y se las cubre con capas de una mezcla base a cemento que es proyectada sobre las placas hasta conseguir un espesor de unos tres centímetros de cada lado. Estos materiales en términos constructivos aportan también un mayor aislamiento térmico y acústico a la estructura. Al mismo tiempo permite reducir los tiempos de ejecución de una obra.
  18. Spinelli Álvarez (2011) señala algunas modificaciones entre los primeros prototipos de vivienda y los posteriores en relación con la evaluación informal de estos, esto es, por ejemplo, lo que estableció menores superficies de patios y terrazas compartidas, dado que eran motivo de disputas entre vecinos.
  19. Videla, E. (8/06/2008). “Las Madres y su construcción de sueños”. Página 12. Recuperado de https://tinyurl.com/49daa3c3 (consultado el 15/10/2021).
  20. Es importante tener en cuenta la biografía personal de quien diseñó el programa y fuera el encargado de la gestión: Sergio Shocklender, quien se dedicó a trabajar desde la cárcel en programas de inserción socioocupacional para población con antecedentes penales antes de ponerse en contacto con la Fundación.
  21. Dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenía como objetivo “contribuir al mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda e infraestructura básica de hogares con ingresos por debajo del nivel de pobreza y grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad. Generar la inserción laboral de personas desocupadas y beneficiarios de planes asistenciales o subsidios por desempleo” (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2003). El programa articulaba subsidios de desempleo (del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desempleado) con el objetivo de que los beneficiarios pudieran insertarse en cooperativas de trabajo –formadas por las organizaciones sociales o por el municipio– dedicadas principalmente a la ejecución de obras de mejoramiento habitacional en los barrios populares. Esto implicaba una relación política con el movimiento piquetero y con los gobiernos locales para abordar de manera focalizada y territorial la situación de pobreza (Rodríguez, 2010).
  22. Asentado sobre terrenos fiscales del Estado nacional, se ubica a la vera del río Luján –límite entre el sector continental e isleño del municipio–, la desembocadura del canal San Fernando –por el cual desemboca el río Reconquista en el Río de la Plata– y las vías de la estación del Tren de la Costa. Conformada alrededor de la década de 1940 con población proveniente de migraciones internas de las provincias del norte, se consolidó alrededor de la década de 1970.
  23. Causa n.º 6204/11 caratulada “De Vido Julio y otros s/defraudación contra la administración pública”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 8, Secretaría n.º 16, a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandón.
  24. Plan Más Vida fue un plan de la provincia de Buenos Aires creado en 1994 que entregaba alimentos a mujeres embarazadas o con hijos/as menores de seis años por intermedio de una “manzanera”, que era una vecina que se encargaba de empadronar a las mujeres de un determinado territorio. Se integraba a este el programa Comadres, que entregaba un ajuar a las embarazadas.
  25. El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) comenzó a implementarse en 2002 y consistía en una ayuda financiera mensual no remunerativa de 150 pesos a cambio de una serie de contraprestaciones. Lo siguió el Programa Familias por la Inclusión Social, que fue sucesor del programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, implementado del 2002 al 2005.
  26. En ese momento se encontraba en vigencia el Programa Familias por la Inclusión Social, que fue sucesor del programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, implementado del 2002 al 2005 (base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe – CEPAL).
  27. El Plan Argentina Trabaja se desarrolló de 2009 a 2018 y contaba con cuatro componentes, dentro de los cuales se encontraba el ingreso social con trabajo, a partir del cual se conformaron cooperativas de trabajo para la ejecución de obras de infraestructura y mejoramiento barrial (base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe – CEPAL).
  28. Remarcamos en este punto el elemento del reconocimiento, dado que, indagando en las experiencias de las mujeres, casi todas habían participado con anterioridad de espacios y tareas asociados a la construcción o los arreglos de su propia casa o de algún familiar. De todos modos, estas experiencias parecen no ser valoradas muchas veces por las propias mujeres.
  29. En un relevamiento realizado en 2012-2013, se identificó que la coordinadora estaba compuesta por 34 organizaciones y en casi su totalidad (97 %) por mujeres. La conformación de la red permitió no solo visibilizar una tarea que venía realizándose en los barrios, sino que sirvió como espacio de interlocución con el Estado, frente al cual obtuvieron el reconocimiento laboral y económico por su labor. Conformada en la década de 1990 frente a la ausencia estatal en términos de políticas de cuidados, logró el reconocimiento de la labor educativa de los jardines que la integran en 2003 por el Estado provincial y municipal, estableciendo no solo la incorporación de la modalidad comunitaria a la educación formal, sino también el reconocimiento de un régimen específico de derechos laborales (Ierullo y Maglioni, 2015).


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